La Fiscalía abre una investigación a Olga Sánchez por la libertad de un procesado por el 11-M

12-03-06

La Fiscalía abre una investigación a Olga Sánchez por la libertad de un procesado por el 11-M

MARIA PERAL

MADRID.- La fiscal Olga Sánchez, encargada del sumario del 11-M, será citada a declarar ante la Inspección de la Fiscalía General sobre las circunstancias por las que el procesado Saed el Harrak ha tenido que ser excarcelado.

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El Harrak ha superado el plazo de prisión preventiva sin que Sánchez, que se dedica en exclusiva a este proceso -en el que sólo hay 16 encausados en prisión- haya instado medida alguna.

La Fiscalía General del Estado abrió ayer unas diligencias informativas sobre la excarcelación del marroquí Saed el Harrak, procesado en el sumario por los atentados del 11 de marzo.

El Harrak, al que se imputa un delito de colaboración con banda armada castigado con hasta 10 años de prisión, tuvo que ser puesto en libertad el pasado miércoles, cuatro días después de que venciera el plazo legal de prisión preventiva, ya que fue detenido el 6 de mayo de 2004.

Los datos que obran en el procedimiento y el propio comportamiento de la fiscal apuntan a que se ha tratado de una excarcelación indebida. En su reciente auto de procesamiento, el juez instructor, Juan del Olmo, citaba a El Harrak para la declaración indagatoria «e igualmente se celebrará comparecencia y prórroga de prisión provisional», ordenó el magistrado. Del Olmo fijó como fecha de la comparecencia el 16 de mayo, es decir, 10 días fuera del plazo legal.

Por su parte, la fiscal Sánchez recurrió ayer la excarcelación de El Harrak subrayando la peligrosidad de este islamista.

Fuentes de la Fiscalía admitieron que ha sido una reacción tardía y previsiblemente destinada al fracaso, dado lo taxativo de la ley y de la jurisprudencia constitucional sobre la inmediata puesta en libertad de presos preventivos que han superado el plazo legal.

Lo grave es que este presunto implicado en la masacre terrorista del 11-M hubiera podido permanecer en prisión provisional dos años más, hasta el 6 de mayo de 2008, si el juzgado hubiera convocado la vistilla (audiencia a las partes) establecida en la ley para decidir sobre la prórroga de su situación de privación de libertad.Ni el juez actuó ni la fiscal, encargada de velar por el procedimiento, le instó a ello.

Sánchez se dedica exclusivamente al sumario del 11-M desde que comenzó el proceso. En esta causa sólo estaban en prisión preventiva 17 procesados, incluyendo a Saed el Harrak.

Una Instrucción dictada por el fiscal general el 8 de noviembre de 2004 recordaba a los fiscales su deber de llevar a cabo «un control individualizado de la situación personal de todos los imputados que se encuentren en prisión preventiva».

El motivo de la Instrucción fue la alarma que produjo la indebida excarcelación de Allekema Lamari, considerado uno de los cerebros del 11-M y que había sido condenado en un proceso judicial anterior a nueve años de prisión, que no cumplió.

Para evitar sucesos similares, Conde-Pumpido recordó que el papel constitucional de la Fiscalía «exige de sus miembros extremar la atención para evitar que disfunciones en la tramitación de las causas provoquen dilaciones que hagan ineficaces las medidas cautelares en su momento adoptadas».

El incumplimiento de esta Instrucción fue esgrimido el pasado febrero por Conde-Pumpido como una de las causas por las que relevó a Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El fiscal general, que se quejó de la falta de comunicación con Fungairiño para conocer las vicisitudes del sumario del 11-M, afirmó que se enteró por la prensa de que dos de los condenados por el 11-S iban a quedar en libertad por cumplimiento del plazo de prisión preventiva.

En actitud victimista y con voz temblorosa, Olga Sánchez manifestó ayer a los medios de comunicación a su salida de la Audiencia Nacional que se le había abierto un «expediente por falta muy grave».

Fuentes de la Fiscalía General negaron la veracidad de esa afirmación y señalaron que lo que se ha abierto es una investigación -llamada «diligencias informativas»- en el marco de las cuales se ha pedido un informe a Jesús Santos, fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, y se ha solicitado la remisión de determinados documentos del sumario (dictámenes de la fiscal y pieza de situación personal de El Harrak). Olga Sánchez tendrá que acudir a declarar ante la Inspección para explicar su comportamiento profesional.

Paralelamente, el jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, José María Gil, inició ayer por orden del presidente, Francisco Hernando, una «información previa» para investigar eventuales responsabilidades judiciales.

La próxima semana Gil llevará a cabo personalmente una visita extraordinaria de inspección al Juzgado de Juan del Olmo, que deberá informar por escrito de lo sucedido. También ha pedido informes a la juez Teresa Palacios (que puso en libertad a El Harrak por ser la sustituta de Del Olmo, que se encuentra de baja por enfermedad), al secretario judicial adscrito al sumario del 11-M y al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar.El presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, ha abierto unas diligencias que remitirá a Dívar.

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