POR UNA SENTENCIA QUE IMPULSE DE NUEVO LA INVESTIGACION DEL 11-M
03-07-07
Editorial
POR UNA SENTENCIA QUE IMPULSE DE NUEVO LA INVESTIGACION DEL 11-M
Editorial
POR UNA SENTENCIA QUE IMPULSE DE NUEVO LA INVESTIGACION DEL 11-M
El juicio más importante de la historia de España quedó ayer visto para sentencia. El Estado de Derecho ha salido, sin duda, reforzado por la celebración de esta vista oral tres años después de los atentados y con todas las garantías legales que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.
Hay que destacar, en primer lugar, la acertada labor del tribunal en la conducción de este difícil juicio, aunque resta a sus tres magistrados el reto más complicado: emitir una sentencia coherente con los hechos que han quedado acreditados durante la instrucción y el proceso, teniendo en cuenta que han sido tan escasos como poco relevantes de cara al esclarecimiento de lo ocurrido.
La sesión final de ayer -tras la que todos los imputados aprovecharon su última palabra para declararse inocentes- resultó una especie de compendio de lo que ha venido sucediendo en estos cinco meses: los abogados de El Egipcio y Jamal Zougam lograron poner de manifiesto la debilidad de las acusaciones que pesan sobre sus clientes.
El Egipcio se sienta en el banquillo por su autoincriminación en una conversación telefónica en la que se atribuye ser el instigador de la masacre de Madrid mientras demuestra desconocer importantes datos sobre lo sucedido. La traducción de esa conversación suscita dudas sobre su fiabilidad, pero, al margen de ello, El Egipcio era un indigente sin empleo y sin formación que difícilmente pudo planificar una acción criminal como la de Madrid.
La Fiscalía pide también casi 40.000 años de cárcel para Jamal Zougam porque fue reconocido en los trenes por varios testigos que se contradicen. La principal prueba de cargo contra él es que una de las tarjetas telefónicas de un lote que vendió su socio fue hallada en la mochila de Vellecas. Pero ni siquiera ha quedado demostrado que esas tarjetas que vendió el locutorio de Zougam fueran las que se activaron en Morata y las que sirvieron para hacer estallar los explosivos. Parece absurdo que si Zougam -que ayer alegó que ha sido utilizado para reforzar la hipótesis de la trama islamista- participó en los atentados fuera tan lerdo de proporcionar unas tarjetas que conducían hasta él.
La ausencia de pruebas
Tampoco ha quedado apuntalada la versión oficial sobre la mochila que apareció en la comisaría de Vallecas en la noche del 11-M porque en el juicio no se ha podido acreditar que alguien la viera en la estación de El Pozo, ni que existiera una cadena de custodia de los objetos. El inspector Alvarez, que era el responsable de su recogida, no fue llamado a declarar y el propio Sánchez Manzano aseguró haber recorrido los andenes de arriba abajo sin ver la mochila.
El juicio ha servido también para corroborar las dudas sobre los restos de dinamita, los detonadores y la cinta islámica hallados en el interior de la Kangoo, objetos que no fueron detectados por la Policía de Alcalá ni por los perros cuando la furgoneta fue hallada en la mañana del 11-M. Más dudas cabe albergar todavía sobre el Skoda Fabia, aparecido de forma inverosímil meses después de los atentados en el lugar donde estaba la Kangoo.
Los interrogantes sobre estas pruebas podrían haber quedado amortiguados si la Fiscalía hubiera logrado reforzar su versión de los hechos al demostrar que lo que estalló en los trenes fue Goma 2 ECO. Pero el juicio ha servido para desbaratar esa hipótesis, ya que los análisis de los peritos han encontrado DNT en los restos de los focos y nitroglicerina en la única muestra que no fue lavada con acetona. Ni el DNT ni la nitroglicerina forman parte de la composicion de la Goma 2 ECO, lo que echa por tierra esa versión oficial. Ahí queda el patético empeño de los peritos de la Policía Científica y de la Fiscalía por buscar explicaciones inverosímiles -como la de las «moléculas voladoras»- para justificar la presencia de esos componentes en los restos de los explosivos.
El reto del tribunal
El tribunal afronta ahora el reto de dictar una sentencia coherente con pruebas tan magras y respetuosa con la presunción de inocencia -in dubio pro reo-, lo cual no será fácil tras las continuas maniobras del Gobierno para apuntalar la versión oficial, amplificada por sus terminales mediáticos y elevada a la categoría de dogma.
Es verdad que a lo largo del juicio no ha quedado demostrada la implicación de ETA pero también lo es que brillan por su ausencia las pruebas que conduzcan a la participación de Al Qaeda o alguno de sus apéndices.
Tras una instrucción plagada de lagunas y teledirigida por la Policía y después de esta vista oral, lo único que puede afirmarse es que los miembros del comando de Leganés y alguna de las personas que se han sentado en el banquillo no pudieron cometer solos los atentados: ni tenían los conocimientos para idear y montar las bombas ni hemos podido averiguar ni el origen ni la naturaleza de los explosivos empleados.
Con estas incógnitas los tres jueces van a tener que dictar una sentencia que no consiste en reconstruir lo que sucedió el 11-M sino en determinar si los acusados participaron en la organización y ejecución de los atentados, lo cual es mucho más que acreditar que traficaron con dinamita o que eran fanáticos islámicos.
Lo más sencillo para el tribunal sería ratificar la versión del Gobierno, que siempre tiene los medios para premiar a los jueces afines, pero mantenemos la confianza en la independencia y en la profesionalidad de estos magistrados. Ellos nos representan a todos, ellos representan la exigencia de justicia de cada uno de los ciudadanos y, por ello, creemos que sabrán estar a la altura de las circunstancias.
Por ello, estamos también convencidos de que van a deducir testimonio en su fallo contra quienes han mentido de forma flagrante en el juicio. Pero lo más importante es que la sentencia no implique un carpetazo sino más bien un nuevo impulso al empeño por esclarecer los enigmas que siguen rodeando aquella matanza que alteró el curso de nuestro proceso democrático.
Hay que destacar, en primer lugar, la acertada labor del tribunal en la conducción de este difícil juicio, aunque resta a sus tres magistrados el reto más complicado: emitir una sentencia coherente con los hechos que han quedado acreditados durante la instrucción y el proceso, teniendo en cuenta que han sido tan escasos como poco relevantes de cara al esclarecimiento de lo ocurrido.
La sesión final de ayer -tras la que todos los imputados aprovecharon su última palabra para declararse inocentes- resultó una especie de compendio de lo que ha venido sucediendo en estos cinco meses: los abogados de El Egipcio y Jamal Zougam lograron poner de manifiesto la debilidad de las acusaciones que pesan sobre sus clientes.
El Egipcio se sienta en el banquillo por su autoincriminación en una conversación telefónica en la que se atribuye ser el instigador de la masacre de Madrid mientras demuestra desconocer importantes datos sobre lo sucedido. La traducción de esa conversación suscita dudas sobre su fiabilidad, pero, al margen de ello, El Egipcio era un indigente sin empleo y sin formación que difícilmente pudo planificar una acción criminal como la de Madrid.
La Fiscalía pide también casi 40.000 años de cárcel para Jamal Zougam porque fue reconocido en los trenes por varios testigos que se contradicen. La principal prueba de cargo contra él es que una de las tarjetas telefónicas de un lote que vendió su socio fue hallada en la mochila de Vellecas. Pero ni siquiera ha quedado demostrado que esas tarjetas que vendió el locutorio de Zougam fueran las que se activaron en Morata y las que sirvieron para hacer estallar los explosivos. Parece absurdo que si Zougam -que ayer alegó que ha sido utilizado para reforzar la hipótesis de la trama islamista- participó en los atentados fuera tan lerdo de proporcionar unas tarjetas que conducían hasta él.
La ausencia de pruebas
Tampoco ha quedado apuntalada la versión oficial sobre la mochila que apareció en la comisaría de Vallecas en la noche del 11-M porque en el juicio no se ha podido acreditar que alguien la viera en la estación de El Pozo, ni que existiera una cadena de custodia de los objetos. El inspector Alvarez, que era el responsable de su recogida, no fue llamado a declarar y el propio Sánchez Manzano aseguró haber recorrido los andenes de arriba abajo sin ver la mochila.
El juicio ha servido también para corroborar las dudas sobre los restos de dinamita, los detonadores y la cinta islámica hallados en el interior de la Kangoo, objetos que no fueron detectados por la Policía de Alcalá ni por los perros cuando la furgoneta fue hallada en la mañana del 11-M. Más dudas cabe albergar todavía sobre el Skoda Fabia, aparecido de forma inverosímil meses después de los atentados en el lugar donde estaba la Kangoo.
Los interrogantes sobre estas pruebas podrían haber quedado amortiguados si la Fiscalía hubiera logrado reforzar su versión de los hechos al demostrar que lo que estalló en los trenes fue Goma 2 ECO. Pero el juicio ha servido para desbaratar esa hipótesis, ya que los análisis de los peritos han encontrado DNT en los restos de los focos y nitroglicerina en la única muestra que no fue lavada con acetona. Ni el DNT ni la nitroglicerina forman parte de la composicion de la Goma 2 ECO, lo que echa por tierra esa versión oficial. Ahí queda el patético empeño de los peritos de la Policía Científica y de la Fiscalía por buscar explicaciones inverosímiles -como la de las «moléculas voladoras»- para justificar la presencia de esos componentes en los restos de los explosivos.
El reto del tribunal
El tribunal afronta ahora el reto de dictar una sentencia coherente con pruebas tan magras y respetuosa con la presunción de inocencia -in dubio pro reo-, lo cual no será fácil tras las continuas maniobras del Gobierno para apuntalar la versión oficial, amplificada por sus terminales mediáticos y elevada a la categoría de dogma.
Es verdad que a lo largo del juicio no ha quedado demostrada la implicación de ETA pero también lo es que brillan por su ausencia las pruebas que conduzcan a la participación de Al Qaeda o alguno de sus apéndices.
Tras una instrucción plagada de lagunas y teledirigida por la Policía y después de esta vista oral, lo único que puede afirmarse es que los miembros del comando de Leganés y alguna de las personas que se han sentado en el banquillo no pudieron cometer solos los atentados: ni tenían los conocimientos para idear y montar las bombas ni hemos podido averiguar ni el origen ni la naturaleza de los explosivos empleados.
Con estas incógnitas los tres jueces van a tener que dictar una sentencia que no consiste en reconstruir lo que sucedió el 11-M sino en determinar si los acusados participaron en la organización y ejecución de los atentados, lo cual es mucho más que acreditar que traficaron con dinamita o que eran fanáticos islámicos.
Lo más sencillo para el tribunal sería ratificar la versión del Gobierno, que siempre tiene los medios para premiar a los jueces afines, pero mantenemos la confianza en la independencia y en la profesionalidad de estos magistrados. Ellos nos representan a todos, ellos representan la exigencia de justicia de cada uno de los ciudadanos y, por ello, creemos que sabrán estar a la altura de las circunstancias.
Por ello, estamos también convencidos de que van a deducir testimonio en su fallo contra quienes han mentido de forma flagrante en el juicio. Pero lo más importante es que la sentencia no implique un carpetazo sino más bien un nuevo impulso al empeño por esclarecer los enigmas que siguen rodeando aquella matanza que alteró el curso de nuestro proceso democrático.
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