El espejo de la ilegalización
26-08-07
VUELTA A LAS ARMAS / La situación de la izquierda 'abertzale'
El espejo de la ilegalización
Cinco años después de la suspensión de actividades de Batasuna, sus sucesores en los consistorios y en la Cámara vasca mantienen su silencio ante los atentados
MARCOS IRIARTE
VUELTA A LAS ARMAS / La situación de la izquierda 'abertzale'
El espejo de la ilegalización
Cinco años después de la suspensión de actividades de Batasuna, sus sucesores en los consistorios y en la Cámara vasca mantienen su silencio ante los atentados
MARCOS IRIARTE
BILBAO.- Cinco años. Es el tiempo que ha pasado desde que Batasuna luce el apellido de la ilegalización. El 26 de agosto de 2002, la formación del hoy encarcelado Arnaldo Otegi vio cómo sus actividades eran judicialmente suspendidas, sus sedes cerradas y sus fondos retenidos. Prohibida su actuación política, se abrió entonces una nueva época en el País Vasco y en Navarra, que pronto supuso la salida de los ayuntamientos y del Parlamento navarro de quienes no condenaban la violencia.
Hoy, un lustro después, la izquierda abertzale, con otros nombres, sigue en la Cámara vasca -en realidad, nunca la llegó a abandonar gracias al nacionalismo-, está viva a través de manifestaciones y ruedas de prensa casi diarias y ha recuperado buena parte de su peso municipal, gobernando en 43 ayuntamientos del País Vasco y Navarra de la mano de una formación histórica, ANV, con la que ha obtenido más de 430 concejales en casi un centenar de municipios y que gestiona un presupuesto de más de 230 millones de euros al año.
(.../...)
En este escenario, el auto decretado hace ahora cinco años por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón parece haber quedado reducido a papel mojado.
El día que vio la luz, Batasuna recibió su primer golpe, pero no el último. Esa misma tarde, el Congreso, a partir de la recién estrenada Ley de Partidos, aprobó una resolución en la que instaba al Tribunal Supremo a iniciar los trámites pertinentes para la ilegalización efectiva de Batasuna; una ilegalización que se materializó definitivamente en marzo de 2003 para sus marcas Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna.
No especificó más, y eso permitió al tripartito vasco interpretar que la ilegalización no era extensible a su recién rebautizado grupo parlamentario en Euskadi, Sozialista Abertzaleak (SA); una interpretación que no arraigó en Navarra, cuya Cámara no dudó en aprobar una reforma para enviar a los parlamentarios de Batasuna a las filas del Grupo Mixto.
Pero, en el País Vasco, tal fue la determinación del nacionalismo en amparar a los nueve aforados de SA, que el propio presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y dos miembros de su mesa de gobierno, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB), tuvieron que afrontar un tortuoso proceso judicial, que duró casi tres años, por negarse a disolver este grupo. Resultaron absueltos, pero su hazaña no evitó que el sustituto de SA, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), vetara la reelección de Atutxa.
Durante estos cinco años, Batasuna ha tratado incansablemente de sacar cabeza política y se ha jactado constantemente del «fracaso de la estrategia ilegalizadora» del Estado. Y puede decirse que parte de razón no le ha faltado, a tenor de su actual representación institucional a través del PCTV y ANV y de su actividad diaria. Rara vez Batasuna o su entorno no ofrecen una rueda de prensa.
En teoría no pueden. La suspensión cautelar de actividades decretada por Garzón y prorrogada en 2006 por Fernando Grande-Marlaska -el plazo vence en febrero de 2008- les impide convocar manifestaciones o ruedas de prensa, si bien cuando han querido no ha tenido excesivos problemas para celebrar multitudinarios actos políticos, como el que tuvo lugar en el Velódromo de Anoeta en 2004 para presentar su particular «ramo de olivo». Tras este evento, y aunque extraoficialmente, el peso político de Batasuna fue ganando terreno a ojos de algunas formaciones vascas, que pronto llegaron a defender públicamente como el único camino posible el escenario de dos mesas que Otegi propuso para «sacar el conflicto de las calles».
La declaración del alto el fuego de ETA en marzo de 2006 y la apertura por parte del Gobierno, con el aval previo del Congreso, de un proceso de diálogo con la banda dejaron una Batasuna crecida, cuya interlocución era defendida, y hasta jaleada, como irrenunciable por todas las formaciones del País Vasco, excepto el PP.
También por el PSE, cuyo secretario general, Patxi López, no dudó en entrevistarse con la comisión negociadora de Batasuna en julio de 2006. Fue una foto histórica que, al igual que le sucede ahora por otros encuentros al lehendakari, Juan José Ibarretxe, puede terminar sentando en el banquillo de los acusados al líder de los socialistas vascos.
El atentado mortal de ETA en Barajas quebró la credibilidad de Batasuna ante quienes la seguían presentando como un interlocutor necesario para acabar con la violencia. Su sumisión ante la banda y su incapacidad para defender con hechos su repetida apuesta «por las vías políticas» hicieron que formaciones como el PNV -con la que, junto al PSE, había mantenido intensas conversaciones a tres bandas durante el alto el fuego- marcaran distancias con ella.
La irrupción de las elecciones permitió a Batasuna y a su entorno volver a sacar cabeza y, gracias a la resurrección de la histórica ANV, recuperar, aunque de modo parcial, buena parte de su peso en los ayuntamientos vascos y navarros.
La formación durmiente de la izquierda abertzale, que el viernes se negó a condenar el nuevo atentado, se impuso por mayoría absoluta en 31 de los 97 municipios vascos en los que se pudo presentar y consiguió representación en otros 62, erigiéndose de esta forma, con sólo dos concejales menos que el PSE y gobernando en 34 municipios de la Comunidad, en la tercera fuerza local.
Su irrupción en Navarra fue más modesta, logrando únicamente nueve alcaldías y sin haber podido presentar lista en el Parlamento foral.
El silencio de ANV y del PCTV ante el último acto terrorista, de igual manera que Batasuna hacía en sus tiempos de formación legal, ha reavivado el debate sobre su posible ilegalización. Igual que hace cinco años.
La cúpula se reestructura por la ruptura del proceso y la prisión de Otegi
BILBAO.- «Las labores de dirección política no se pueden desarrollar desde la cárcel». Con estas palabras, Arnaldo Otegi, encarcelado desde junio en Martutene, dejaba entrever hace unas semanas a Gara que urge una reestructuración de la actual cúpula de Batasuna. Su última renovación, a principios de 2006, diseñó una Mesa Nacional ad hoc para encarar la negociación que ya se estaba gestando, aunque también preparada para gestionar su posible fracaso.
Entonces, la renovación trajo consigo la incorporación a su cúpula de pesos pesados del sector más duro de la izquierda abertzale.
Llegaron Rufino Etxeberria, antiguo integrante del comando Txirrita y promotor en 1995 de la ponencia Oldartzen, que postuló la llamada «socialización del sufrimiento»; Mikel Zubimendi, el parlamentario que arrojó una bolsa de cal viva sobre el escaño del socialista Ramón Jauregui, además de ser miembro del Comité Ejecutivo de Jarrai y de estar procesado por pertenencia a ETA; o Ane Lizarralde, antigua portavoz de Jarrai, detenida por actuar como «comisaria política» de ETA en el sumario Ekin y que fue condenada por exaltación del terrorismo y por verter amenazas directas incluso en ruedas de prensa.
No fueron los únicos recién llegados a la Mesa Nacional. De sus 38 miembros, 22 fueron nuevas incorporaciones; de los 13 cargos con mayor peso en su estructura, sólo siete repetían en su sitio.
Hoy, un año y medio después de esa renovación, Batasuna parece desorientada. Con Otegi en la cárcel y aparentemente olvidado por sus bases -apenas han puesto en marcha una simbólica recogida de firmas en internet en favor de su liberación-, la estructura directiva de la izquierda abertzale radical parece demandar un nuevo lavado de cara.
Obedecer sin rechistar
Tal y como ya adelantó EL MUNDO, la dirección de ETA podría tener en la cabeza relevar de los órganos de decisión a destacados dirigentes de Batasuna por no estar del todo de acuerdo con la forma en la que éstos gestionaron el proceso de paz. Su intención, según los expertos de la lucha antiterrorista, sería la de poner en su lugar a representantes más próximos ideológicamente a sus bases, mucho más dispuestas a aceptar sus postulados sin cuestionarlos.
Con Otegi fuera -ETA siempre retira el poder a quien cumple condena-, algunas fuentes no dudan en augurar la salida inmediata de su hombre de confianza, Juan José Petrikorena, hasta ahora responsable de la comunicación de la Mesa Nacional.
Otro histórico que parecen abocados a abandonar es Rafael Díez Usabiaga, todavía secretario general del sindicato LAB -ya ha anunciado que no repetirá- y uno de los bastiones del hoy fracasado proceso.
Quienes seguirán en la Mesa Nacional, casi con seguridad, son su actual coordinador, Joseba Permach, y el antes mencionado Etxeberria, de cuyas gestiones el entorno de ETA parece no haber tenido queja.
Hoy, un lustro después, la izquierda abertzale, con otros nombres, sigue en la Cámara vasca -en realidad, nunca la llegó a abandonar gracias al nacionalismo-, está viva a través de manifestaciones y ruedas de prensa casi diarias y ha recuperado buena parte de su peso municipal, gobernando en 43 ayuntamientos del País Vasco y Navarra de la mano de una formación histórica, ANV, con la que ha obtenido más de 430 concejales en casi un centenar de municipios y que gestiona un presupuesto de más de 230 millones de euros al año.
(.../...)
En este escenario, el auto decretado hace ahora cinco años por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón parece haber quedado reducido a papel mojado.
El día que vio la luz, Batasuna recibió su primer golpe, pero no el último. Esa misma tarde, el Congreso, a partir de la recién estrenada Ley de Partidos, aprobó una resolución en la que instaba al Tribunal Supremo a iniciar los trámites pertinentes para la ilegalización efectiva de Batasuna; una ilegalización que se materializó definitivamente en marzo de 2003 para sus marcas Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna.
No especificó más, y eso permitió al tripartito vasco interpretar que la ilegalización no era extensible a su recién rebautizado grupo parlamentario en Euskadi, Sozialista Abertzaleak (SA); una interpretación que no arraigó en Navarra, cuya Cámara no dudó en aprobar una reforma para enviar a los parlamentarios de Batasuna a las filas del Grupo Mixto.
Pero, en el País Vasco, tal fue la determinación del nacionalismo en amparar a los nueve aforados de SA, que el propio presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y dos miembros de su mesa de gobierno, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB), tuvieron que afrontar un tortuoso proceso judicial, que duró casi tres años, por negarse a disolver este grupo. Resultaron absueltos, pero su hazaña no evitó que el sustituto de SA, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), vetara la reelección de Atutxa.
Durante estos cinco años, Batasuna ha tratado incansablemente de sacar cabeza política y se ha jactado constantemente del «fracaso de la estrategia ilegalizadora» del Estado. Y puede decirse que parte de razón no le ha faltado, a tenor de su actual representación institucional a través del PCTV y ANV y de su actividad diaria. Rara vez Batasuna o su entorno no ofrecen una rueda de prensa.
En teoría no pueden. La suspensión cautelar de actividades decretada por Garzón y prorrogada en 2006 por Fernando Grande-Marlaska -el plazo vence en febrero de 2008- les impide convocar manifestaciones o ruedas de prensa, si bien cuando han querido no ha tenido excesivos problemas para celebrar multitudinarios actos políticos, como el que tuvo lugar en el Velódromo de Anoeta en 2004 para presentar su particular «ramo de olivo». Tras este evento, y aunque extraoficialmente, el peso político de Batasuna fue ganando terreno a ojos de algunas formaciones vascas, que pronto llegaron a defender públicamente como el único camino posible el escenario de dos mesas que Otegi propuso para «sacar el conflicto de las calles».
La declaración del alto el fuego de ETA en marzo de 2006 y la apertura por parte del Gobierno, con el aval previo del Congreso, de un proceso de diálogo con la banda dejaron una Batasuna crecida, cuya interlocución era defendida, y hasta jaleada, como irrenunciable por todas las formaciones del País Vasco, excepto el PP.
También por el PSE, cuyo secretario general, Patxi López, no dudó en entrevistarse con la comisión negociadora de Batasuna en julio de 2006. Fue una foto histórica que, al igual que le sucede ahora por otros encuentros al lehendakari, Juan José Ibarretxe, puede terminar sentando en el banquillo de los acusados al líder de los socialistas vascos.
El atentado mortal de ETA en Barajas quebró la credibilidad de Batasuna ante quienes la seguían presentando como un interlocutor necesario para acabar con la violencia. Su sumisión ante la banda y su incapacidad para defender con hechos su repetida apuesta «por las vías políticas» hicieron que formaciones como el PNV -con la que, junto al PSE, había mantenido intensas conversaciones a tres bandas durante el alto el fuego- marcaran distancias con ella.
La irrupción de las elecciones permitió a Batasuna y a su entorno volver a sacar cabeza y, gracias a la resurrección de la histórica ANV, recuperar, aunque de modo parcial, buena parte de su peso en los ayuntamientos vascos y navarros.
La formación durmiente de la izquierda abertzale, que el viernes se negó a condenar el nuevo atentado, se impuso por mayoría absoluta en 31 de los 97 municipios vascos en los que se pudo presentar y consiguió representación en otros 62, erigiéndose de esta forma, con sólo dos concejales menos que el PSE y gobernando en 34 municipios de la Comunidad, en la tercera fuerza local.
Su irrupción en Navarra fue más modesta, logrando únicamente nueve alcaldías y sin haber podido presentar lista en el Parlamento foral.
El silencio de ANV y del PCTV ante el último acto terrorista, de igual manera que Batasuna hacía en sus tiempos de formación legal, ha reavivado el debate sobre su posible ilegalización. Igual que hace cinco años.
La cúpula se reestructura por la ruptura del proceso y la prisión de Otegi
BILBAO.- «Las labores de dirección política no se pueden desarrollar desde la cárcel». Con estas palabras, Arnaldo Otegi, encarcelado desde junio en Martutene, dejaba entrever hace unas semanas a Gara que urge una reestructuración de la actual cúpula de Batasuna. Su última renovación, a principios de 2006, diseñó una Mesa Nacional ad hoc para encarar la negociación que ya se estaba gestando, aunque también preparada para gestionar su posible fracaso.
Entonces, la renovación trajo consigo la incorporación a su cúpula de pesos pesados del sector más duro de la izquierda abertzale.
Llegaron Rufino Etxeberria, antiguo integrante del comando Txirrita y promotor en 1995 de la ponencia Oldartzen, que postuló la llamada «socialización del sufrimiento»; Mikel Zubimendi, el parlamentario que arrojó una bolsa de cal viva sobre el escaño del socialista Ramón Jauregui, además de ser miembro del Comité Ejecutivo de Jarrai y de estar procesado por pertenencia a ETA; o Ane Lizarralde, antigua portavoz de Jarrai, detenida por actuar como «comisaria política» de ETA en el sumario Ekin y que fue condenada por exaltación del terrorismo y por verter amenazas directas incluso en ruedas de prensa.
No fueron los únicos recién llegados a la Mesa Nacional. De sus 38 miembros, 22 fueron nuevas incorporaciones; de los 13 cargos con mayor peso en su estructura, sólo siete repetían en su sitio.
Hoy, un año y medio después de esa renovación, Batasuna parece desorientada. Con Otegi en la cárcel y aparentemente olvidado por sus bases -apenas han puesto en marcha una simbólica recogida de firmas en internet en favor de su liberación-, la estructura directiva de la izquierda abertzale radical parece demandar un nuevo lavado de cara.
Obedecer sin rechistar
Tal y como ya adelantó EL MUNDO, la dirección de ETA podría tener en la cabeza relevar de los órganos de decisión a destacados dirigentes de Batasuna por no estar del todo de acuerdo con la forma en la que éstos gestionaron el proceso de paz. Su intención, según los expertos de la lucha antiterrorista, sería la de poner en su lugar a representantes más próximos ideológicamente a sus bases, mucho más dispuestas a aceptar sus postulados sin cuestionarlos.
Con Otegi fuera -ETA siempre retira el poder a quien cumple condena-, algunas fuentes no dudan en augurar la salida inmediata de su hombre de confianza, Juan José Petrikorena, hasta ahora responsable de la comunicación de la Mesa Nacional.
Otro histórico que parecen abocados a abandonar es Rafael Díez Usabiaga, todavía secretario general del sindicato LAB -ya ha anunciado que no repetirá- y uno de los bastiones del hoy fracasado proceso.
Quienes seguirán en la Mesa Nacional, casi con seguridad, son su actual coordinador, Joseba Permach, y el antes mencionado Etxeberria, de cuyas gestiones el entorno de ETA parece no haber tenido queja.
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