LA DEBILIDAD DEL PSOE ANTE UN CURSO POLITICO CLAVE
27-08-06
Editorial
Editorial
LA DEBILIDAD DEL PSOE ANTE UN CURSO POLITICO CLAVE
En los dos años y medio que llevamos de legislatura, no ha habido prácticamente un día en que el Partido Socialista no se haya encargado de subrayar la enorme soledad política y parlamentaria de su adversario, el Partido Popular. El «todos contra el PP» -con sus variantes, el «todos salvo el PP aprueban...» o «el todos excepto el PP rechazan...»- se ha convertido a la vez en un eslogan y en una potente consigna política. Su alianza con ERC e IU, y su complicidad con los nacionalistas vascos y catalanes frente a un PP demonizado, le ha permitido a Zapatero gobernar con un margen de tranquilidad y comodidad mucho mayor del que podrían haber presagiado los escasos 164 diputados obtenidos por el PSOE. Ahora bien, el tiempo no pasa en balde y lo que ayer parecía imposible hoy puede convertirse en realidad. A las puertas de un nuevo curso político, el Gobierno y el PSOE no pueden asegurar que contarán con el número de votos suficiente para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2007. No sólo eso. Algunas leyes clave del programa socialista, como la Ley de Dependencia, la Ley de Igualdad o la polémica Ley de Memoria Histórica, son ahora ampliamente rechazadas por la mayoría de los grupos parlamentarios. Hasta el punto que podrían acabar encallando en el Congreso.
Las causas de la inestabilidad parlamentaria que aqueja al Gobierno -y eso en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas que tendrán mucho de primarias- son variadas. Sin embargo, hay una que destaca sobre las demás y que vuelve a corroborar el enorme error que, tanto desde el punto de vista del interés general como desde la perspectiva más estrechamente partidista, cometió Zapatero al permitir, incluso alentar, la aprobación del nuevo Estatuto catalán. Al alimentar las expectativas de ERC -tanto con su promesa explícita de respetar el texto que fuera aprobado en Cataluña como con su actitud condescendiente hacia el nacionalismo en su conjunto-, Zapatero creó las condiciones para una gran decepción. El inevitable recorte del texto en Madrid ha radicalizado aún más a los independentistas, cuyas bases no entenderían un nuevo apoyo cerrado al Gobierno que les traicionó. A esto se añade el desastroso resultado del referéndum catalán, que ha forzado una convocatoria electoral en vísperas de la votación de los Presupuestos. Es decir, en el peor momento para el PSOE, ya que es improbable que CiU respalde a un partido cuya filial en Cataluña es su gran adversario en la batalla por la Generalitat.
En todo caso, un acuerdo con CiU alejaría a una Izquierda Unida ya azotada por sus contradicciones internas. Y en cuanto al PNV, probablemente prefiera esperar a ver cómo se desarrolla la negociación con ETA -y sobre todo, qué ocurre con su potencial rival por el voto nacionalista, Batasuna- antes de comprometer su apoyo. La situación del PSOE y del Gobierno es, por lo tanto, mucho más precaria de lo que sus portavoces quisieran reconocer. Aleja todavía más el gran objetivo de la reforma constitucional con el que se comprometió públicamente Zapatero en el inicio de la legislatura. Y convierte en verosímil la hipótesis de un adelanto electoral.
En los dos años y medio que llevamos de legislatura, no ha habido prácticamente un día en que el Partido Socialista no se haya encargado de subrayar la enorme soledad política y parlamentaria de su adversario, el Partido Popular. El «todos contra el PP» -con sus variantes, el «todos salvo el PP aprueban...» o «el todos excepto el PP rechazan...»- se ha convertido a la vez en un eslogan y en una potente consigna política. Su alianza con ERC e IU, y su complicidad con los nacionalistas vascos y catalanes frente a un PP demonizado, le ha permitido a Zapatero gobernar con un margen de tranquilidad y comodidad mucho mayor del que podrían haber presagiado los escasos 164 diputados obtenidos por el PSOE. Ahora bien, el tiempo no pasa en balde y lo que ayer parecía imposible hoy puede convertirse en realidad. A las puertas de un nuevo curso político, el Gobierno y el PSOE no pueden asegurar que contarán con el número de votos suficiente para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2007. No sólo eso. Algunas leyes clave del programa socialista, como la Ley de Dependencia, la Ley de Igualdad o la polémica Ley de Memoria Histórica, son ahora ampliamente rechazadas por la mayoría de los grupos parlamentarios. Hasta el punto que podrían acabar encallando en el Congreso.
Las causas de la inestabilidad parlamentaria que aqueja al Gobierno -y eso en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas que tendrán mucho de primarias- son variadas. Sin embargo, hay una que destaca sobre las demás y que vuelve a corroborar el enorme error que, tanto desde el punto de vista del interés general como desde la perspectiva más estrechamente partidista, cometió Zapatero al permitir, incluso alentar, la aprobación del nuevo Estatuto catalán. Al alimentar las expectativas de ERC -tanto con su promesa explícita de respetar el texto que fuera aprobado en Cataluña como con su actitud condescendiente hacia el nacionalismo en su conjunto-, Zapatero creó las condiciones para una gran decepción. El inevitable recorte del texto en Madrid ha radicalizado aún más a los independentistas, cuyas bases no entenderían un nuevo apoyo cerrado al Gobierno que les traicionó. A esto se añade el desastroso resultado del referéndum catalán, que ha forzado una convocatoria electoral en vísperas de la votación de los Presupuestos. Es decir, en el peor momento para el PSOE, ya que es improbable que CiU respalde a un partido cuya filial en Cataluña es su gran adversario en la batalla por la Generalitat.
En todo caso, un acuerdo con CiU alejaría a una Izquierda Unida ya azotada por sus contradicciones internas. Y en cuanto al PNV, probablemente prefiera esperar a ver cómo se desarrolla la negociación con ETA -y sobre todo, qué ocurre con su potencial rival por el voto nacionalista, Batasuna- antes de comprometer su apoyo. La situación del PSOE y del Gobierno es, por lo tanto, mucho más precaria de lo que sus portavoces quisieran reconocer. Aleja todavía más el gran objetivo de la reforma constitucional con el que se comprometió públicamente Zapatero en el inicio de la legislatura. Y convierte en verosímil la hipótesis de un adelanto electoral.
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