Moscoso y un enviado de Rubalcaba se reunieron con ETA tras la T-4
04-02-08
LUCHA ANTITERRORISTA / Reforzado por Eguiguren, fue el tándem elegido para intentar reconducir una situación frente a etarras que no eran de primera fila pero que venían avalados como interlocutores por la Fundación Dunant
Moscoso y un enviado de Rubalcaba se reunieron con ETA tras la T-4
ANGELES ESCRIVA
LUCHA ANTITERRORISTA / Reforzado por Eguiguren, fue el tándem elegido para intentar reconducir una situación frente a etarras que no eran de primera fila pero que venían avalados como interlocutores por la Fundación Dunant
Moscoso y un enviado de Rubalcaba se reunieron con ETA tras la T-4
ANGELES ESCRIVA
MADRID.- El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró pertinente enviar a un hombre de su confianza a los contactos que el Gobierno mantuvo con los representantes de la banda terrorista ETA tras el atentado de la T-4 de Barajas. Se trata de un hombre relacionado con el mundo de las leyes, que no tiene relevancia pública, por lo menos en el ámbito de la política, pero que garantizaba que el titular de Interior pudiera estar exhaustiva y directamente informado de todos los detalles ocurridos en aquellos encuentros.
El interlocutor elegido por Rubalcaba reforzó así el trabajo de Javier Moscoso, el ex fiscal considerado hombre de Zapatero en esas reuniones y en algunas de las anteriores habidas, tanto con la banda como con Batasuna, una vez anunciada la tregua en marzo de 2006. Este fue el tándem elegido por el Gobierno para intentar resolver una situación muy delicada que no tuvo un buen desenlace.
(.../...)
Este equipo, en algún encuentro puntual que pudiera resultar ineludiblemente relevante, estuvo reforzado por Jesús Eguiguren, el presidente del PSE, que conocía todos los recovecos de los planteamientos realizados hasta el momento. No en vano, es el político que estuvo desde el origen en la preparación de la tregua -años antes incluso de que José Luis Rodríguez Zapatero alcanzase la presidencia-, y en su desarrollo, una vez la banda terrorista mostró su disposición a interrumpir indefinidamente su actividad.
ETA, por su parte, envió a negociadores que no eran de primera fila pero que estaban investidos de suficiente representación -no fueron ni el que había sido considerado número uno de la organización Josu Ternera ni Lopez Peña, que fue el etarra que le sustituyó en la reunión mantenida 15 días antes del atentado de Barajas- por temor a que, en los traslados hasta la sede de los encuentros, un lugar próximo a Ginebra, pudieran ser detenidos.
De hecho, uno de los participantes en algunos encuentros entre el Gobierno y la banda antes de la T-4, Juan Carlos Yurrebaso, fue arrestado en el sur de Francia por un gendarme cuando, según aseguró, acudía a una reunión de estas características; y no le sirvió de nada esgrimir los teléfonos de los asesores de Nicolás Sarkozy, entonces ministro del Interior. En cualquier caso, la Fundación mediadora, la Henry Dunant, garantizaba, no obstante, que los presentes eran los autorizados por la dirección de la organización para mantener las conversaciones.
El jurista enviado por Alfredo Pérez Rubalcaba estaba menos entrenado en estas lides. Moscoso había estado presente en otras reuniones, no sólo con ETA sino también con Batasuna. El fiscal habría participado en otoño de 2005 en un encuentro para concretar las fechas de la tregua. A partir del alto el fuego anunciado por la banda se incorporó en alguna ocasión a las reuniones que los representantes del PSE venían manteniendo desde hacía años con Arnaldo Otegi y Pernando Barrena en el caserío Txillarre, en Guipúzcoa.
Efectivamente, como reconoció el presidente del Gobierno en la entrevista concedida a este periódico, y como remarcó la vicepresidenta De la Vega el pasado viernes, la iniciativa de dichos contactos tras la T-4 no fue del jefe del Ejecutivo sino de una organización internacional, y varios gobiernos dieron apoyo y cedieron sus infraestructuras para que los encuentros pudieran llevarse a cabo. Pero no hubo sólo conversaciones indirectas en las que los mediadores eran los que se veían cara a cara con los etarras.
Este periódico publicó tras la T-4 que Batasuna y el PSE habían mantenido conversaciones con el fin de intentar reconducir la situación y encontrar una salida. Poco después, Arnaldo Otegi realizó un comunicado pactado con la banda que se consideró prometedor en su día porque, a pesar de que no condenaba el atentado, solicitaba el regreso a la situación inicial de la declaración de tregua. Todavía se creía que Batasuna podría encarrilar la situación por temor a que sus bases no entendieran lo que estaba ocurriendo y a las consecuencias que podía tener la ruptura sobre los dirigentes de la formación ilegalizada, unas consecuencias que se vieron en octubre con su ingreso en prisión.
Meses más tarde, durante la precampaña electoral de los pasados comicios municipales, EL MUNDO también informó de que el Ejecutivo y ETA habían recuperado los contactos, que habían abordado -no se sabe en qué términos concretos- la presencia de la izquierda abertzale en la citada convocatoria a la que finalmente pudo presentarse ANV, y que se había hablado también de ciertas filtraciones periodísticas que la banda estaba realizando y que estaban perjudicando el proceso.
Pero medios del entorno de ETA concretaron más. Aseguraron que esas reuniones se produjeron a finales de marzo, el 31, a mediados de mayo, los días 14, 15 y 16, y, la última, en la que se certificó el fracaso del intento, el día 21 de ese mismo mes. Se trasladó, en definitiva, a una capital europea, probablemente Ginebra, el esquema de las dos mesas entre Batasuna y el PSE, y entre el Gobierno y ETA.
Respecto a la iniciativa de las conversaciones, este periódico explicó el 7 de julio de 2007, que ETA se puso en contacto con los representantes del Sinn Fein -con quienes tanto la banda terrorista como Batasuna habían tenido una relación extraordinariamente fluida antes y durante el tiempo de la negociaciones- y éstos hicieron llegar al Gobierno el mensaje. Sostenían, según se informó entonces, que ETA tenía una oferta que realizar e insistieron en que no se debía dar por finalizado el proceso. Fue entonces cuando, a instancias de esta organización, Rodríguez Zapatero consideró conveniente sondear si ambos puntos eran ciertos. El Sinn Fein, actualmente copartícipe en el Gobierno noirlandés, se incorporó al grupo de cinco árbitros aceptados por la Henry Dunant.
La oferta de la banda terrorista, como se supo ya entonces, no fue más que la exigencia de unidad jurídico política del País Vasco y Navarra -la llamada autonomía a cuatro-, que Batasuna había planteado in extremis al PSE y al PNV en otoño de 2006, en las fracasadas reuniones preparatorias de la mesa de partidos vascos que debían negociar un nuevo marco político. Cuando esta propuesta estuviese en marcha, ETA se comprometía a dejar el terrorismo.
El Gobierno explicó que la propuesta era imposible legalmente y cualquier otra salida fue rechazada por la banda terrorista que, probablemente, estaba intentando con todas estas maniobras justificar ante los suyos -hasta ese momento lo había intentado con escasa fortuna- que quien tenía la culpa de que el proceso hubiese fracasado no era el atentado de la T-4 sino la intransigencia del Ejecutivo.
Estos serían los contactos en las que estuvieron presentes los dos interlocutores citados y, de manera puntual, algunos otros.
El interlocutor elegido por Rubalcaba reforzó así el trabajo de Javier Moscoso, el ex fiscal considerado hombre de Zapatero en esas reuniones y en algunas de las anteriores habidas, tanto con la banda como con Batasuna, una vez anunciada la tregua en marzo de 2006. Este fue el tándem elegido por el Gobierno para intentar resolver una situación muy delicada que no tuvo un buen desenlace.
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Este equipo, en algún encuentro puntual que pudiera resultar ineludiblemente relevante, estuvo reforzado por Jesús Eguiguren, el presidente del PSE, que conocía todos los recovecos de los planteamientos realizados hasta el momento. No en vano, es el político que estuvo desde el origen en la preparación de la tregua -años antes incluso de que José Luis Rodríguez Zapatero alcanzase la presidencia-, y en su desarrollo, una vez la banda terrorista mostró su disposición a interrumpir indefinidamente su actividad.
ETA, por su parte, envió a negociadores que no eran de primera fila pero que estaban investidos de suficiente representación -no fueron ni el que había sido considerado número uno de la organización Josu Ternera ni Lopez Peña, que fue el etarra que le sustituyó en la reunión mantenida 15 días antes del atentado de Barajas- por temor a que, en los traslados hasta la sede de los encuentros, un lugar próximo a Ginebra, pudieran ser detenidos.
De hecho, uno de los participantes en algunos encuentros entre el Gobierno y la banda antes de la T-4, Juan Carlos Yurrebaso, fue arrestado en el sur de Francia por un gendarme cuando, según aseguró, acudía a una reunión de estas características; y no le sirvió de nada esgrimir los teléfonos de los asesores de Nicolás Sarkozy, entonces ministro del Interior. En cualquier caso, la Fundación mediadora, la Henry Dunant, garantizaba, no obstante, que los presentes eran los autorizados por la dirección de la organización para mantener las conversaciones.
El jurista enviado por Alfredo Pérez Rubalcaba estaba menos entrenado en estas lides. Moscoso había estado presente en otras reuniones, no sólo con ETA sino también con Batasuna. El fiscal habría participado en otoño de 2005 en un encuentro para concretar las fechas de la tregua. A partir del alto el fuego anunciado por la banda se incorporó en alguna ocasión a las reuniones que los representantes del PSE venían manteniendo desde hacía años con Arnaldo Otegi y Pernando Barrena en el caserío Txillarre, en Guipúzcoa.
Efectivamente, como reconoció el presidente del Gobierno en la entrevista concedida a este periódico, y como remarcó la vicepresidenta De la Vega el pasado viernes, la iniciativa de dichos contactos tras la T-4 no fue del jefe del Ejecutivo sino de una organización internacional, y varios gobiernos dieron apoyo y cedieron sus infraestructuras para que los encuentros pudieran llevarse a cabo. Pero no hubo sólo conversaciones indirectas en las que los mediadores eran los que se veían cara a cara con los etarras.
Este periódico publicó tras la T-4 que Batasuna y el PSE habían mantenido conversaciones con el fin de intentar reconducir la situación y encontrar una salida. Poco después, Arnaldo Otegi realizó un comunicado pactado con la banda que se consideró prometedor en su día porque, a pesar de que no condenaba el atentado, solicitaba el regreso a la situación inicial de la declaración de tregua. Todavía se creía que Batasuna podría encarrilar la situación por temor a que sus bases no entendieran lo que estaba ocurriendo y a las consecuencias que podía tener la ruptura sobre los dirigentes de la formación ilegalizada, unas consecuencias que se vieron en octubre con su ingreso en prisión.
Meses más tarde, durante la precampaña electoral de los pasados comicios municipales, EL MUNDO también informó de que el Ejecutivo y ETA habían recuperado los contactos, que habían abordado -no se sabe en qué términos concretos- la presencia de la izquierda abertzale en la citada convocatoria a la que finalmente pudo presentarse ANV, y que se había hablado también de ciertas filtraciones periodísticas que la banda estaba realizando y que estaban perjudicando el proceso.
Pero medios del entorno de ETA concretaron más. Aseguraron que esas reuniones se produjeron a finales de marzo, el 31, a mediados de mayo, los días 14, 15 y 16, y, la última, en la que se certificó el fracaso del intento, el día 21 de ese mismo mes. Se trasladó, en definitiva, a una capital europea, probablemente Ginebra, el esquema de las dos mesas entre Batasuna y el PSE, y entre el Gobierno y ETA.
Respecto a la iniciativa de las conversaciones, este periódico explicó el 7 de julio de 2007, que ETA se puso en contacto con los representantes del Sinn Fein -con quienes tanto la banda terrorista como Batasuna habían tenido una relación extraordinariamente fluida antes y durante el tiempo de la negociaciones- y éstos hicieron llegar al Gobierno el mensaje. Sostenían, según se informó entonces, que ETA tenía una oferta que realizar e insistieron en que no se debía dar por finalizado el proceso. Fue entonces cuando, a instancias de esta organización, Rodríguez Zapatero consideró conveniente sondear si ambos puntos eran ciertos. El Sinn Fein, actualmente copartícipe en el Gobierno noirlandés, se incorporó al grupo de cinco árbitros aceptados por la Henry Dunant.
La oferta de la banda terrorista, como se supo ya entonces, no fue más que la exigencia de unidad jurídico política del País Vasco y Navarra -la llamada autonomía a cuatro-, que Batasuna había planteado in extremis al PSE y al PNV en otoño de 2006, en las fracasadas reuniones preparatorias de la mesa de partidos vascos que debían negociar un nuevo marco político. Cuando esta propuesta estuviese en marcha, ETA se comprometía a dejar el terrorismo.
El Gobierno explicó que la propuesta era imposible legalmente y cualquier otra salida fue rechazada por la banda terrorista que, probablemente, estaba intentando con todas estas maniobras justificar ante los suyos -hasta ese momento lo había intentado con escasa fortuna- que quien tenía la culpa de que el proceso hubiese fracasado no era el atentado de la T-4 sino la intransigencia del Ejecutivo.
Estos serían los contactos en las que estuvieron presentes los dos interlocutores citados y, de manera puntual, algunos otros.
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