El Gobierno vasco pide que excarcelen a los etarras igual que a Rafael Vera
25-08-06
ALTO EL FUEGO / Política penitenciaria
El Gobierno vasco pide que excarcelen a los etarras igual que a Rafael Vera
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, acusa al PSOE de «poner una alfombra roja a sus presos» y perjudicar a los de ETA - Roldán exige también el tercer grado tras 11 años en prisión
ROBERTO L. DE CALLE
ALTO EL FUEGO / Política penitenciaria
El Gobierno vasco pide que excarcelen a los etarras igual que a Rafael Vera
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, acusa al PSOE de «poner una alfombra roja a sus presos» y perjudicar a los de ETA - Roldán exige también el tercer grado tras 11 años en prisión
ROBERTO L. DE CALLE
BILBAO.- El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, se tomó un día para meditar su respuesta a la concesión del tercer grado penitenciario al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. El resultado fue un duro comunicado con el que el político nacionalista acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de poner «alfombra roja» a «sus presos», mientras «retuerce la ley» con los reclusos de ETA con el único propósito de «dar la impresión» de «firmeza ante el terrorismo» a los sectores mediáticos y políticos.
Azkarraga llegó incluso a considerar un «escándalo» la excarcelación de Rafael Vera porque, según insistió, ha constituido el «acto final de la compra de silencio» por parte de los responsables gubernamentales socialistas, y pidió que estos beneficios penitenciarios se apliquen «a todos», incluidos los presos de la banda terrorista.
(.../...)
El consejero vasco de Justicia dijo que Vera ha sido «el único de los mandos intermedios» del Gobierno de Felipe González que ha permanecido en prisión «cuando sus inmediatos superiores disfrutan de una libertad inmerecida». El también dirigente de Eusko Alkartasuna indicó este episodio como un «ejemplo» de la forma de actuar del Ejecutivo en materia antiterrorista.
Así, no dudó en afirmar que el Gobierno trata de hacer «chantaje» con el mantenimiento de la ilegalización de Batasuna -al que calificó como «un partido político de amplia representación social»- mientras «juega con la libertad de cientos de ciudadanos» -en alusión a los presos de la banda terrorista ETA- por meros intereses estratégicos.
Tras esta retahíla de descalificaciones, el consejero vasco explicó su disposición a aceptar políticas penitenciarias que permitan la excarcelación de presos, como la progresión de grados y el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, «siempre y cuando sean para todos y no con carácter selectivo». Porque éste es, insistió, el caso del ex secretario de Estado para la Seguridad, que ha obtenido el tercer grado pese a estar condenado por «delitos terroristas y apropiación de dinero perteneciente al conjunto de la ciudadanía».
Por eso denunció la «diferente vara de medir» que emplea el Ejecutivo de Zapatero con sus presos y los de ETA, contra quienes «retuerce las leyes», en alusión al papel que ha jugado contra dirigentes de la banda terrorista como Henri Parot y José Ignacio de Juana Chaos, a quienes se realizaron nuevas imputaciones tras haber cumplido ya las tres cuartas partes de sus condenas.
De esta manera, Azkarraga insistió en que la estrategia del Gobierno no es otra que la de «jugar» con la libertad de los reclusos de la banda terrorista, en contraposición con la actitud mantenida hacia otros presos, como el propio Vera.
También Aralar, la formación escindida de Batasuna, se refirió ayer a la concesión del tercer grado a Rafael Vera. Su número dos, Mikel Basabe, consideró «vergonzosa» la decisión del Gobierno.
Basabe coincidió con Azkarraga en denunciar «hasta qué punto hay raseros diferentes para medir a los delincuentes, no exclusivamente en comparación con los presos políticos, también en comparación con los presos comunes».
El dirigente de Aralar agregó que, «si Vera está en la calle, se debería abrir la puerta para muchos más» y, en este sentido, apostó por que los «movimientos de distensión con los presos se den ya», siempre en referencia a los reclusos de ETA, informa Europa Press.
«Si hay razones jurídicas para que Vera esté en la calle, hay razones jurídicas para que cientos de presos vascos estén en la calle. Y eso es lo único positivo que se puede decir de la excarcelación de Vera», concluyó.
Por su parte, la Unión del Pueblo Navarro (UPN) consideró la decisión de «escandalosa» porque es «una vuelta al lado más oscuro y vergonzoso de nuestra democracia, al asalto y violación del Estado de Derecho y a la malversación de fondos públicos».
Los regionalistas subrayaron que Rafael Vera «siempre ha negado los hechos, jamás ha colaborado con la Justicia y apenas ha pasado año y medio en la cárcel, y sin haber devuelto el dinero defraudado». Consideran que detrás de esta medida puede estar la «amenaza» de «tirar de la manta» que Vera lanzó al PSOE después de que este partido llegara al poder.
Por su parte, Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, tiene planteados ante los tribunales varios recursos para que se le conceda también un tercer grado.
Fuentes próximas a Roldán informaron a Servimedia de que la defensa argumenta que ya ha cumplido 11 de los 20 años de pena efectiva, por lo que debería poder acceder a ese régimen penitenciario.
Azkarraga llegó incluso a considerar un «escándalo» la excarcelación de Rafael Vera porque, según insistió, ha constituido el «acto final de la compra de silencio» por parte de los responsables gubernamentales socialistas, y pidió que estos beneficios penitenciarios se apliquen «a todos», incluidos los presos de la banda terrorista.
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El consejero vasco de Justicia dijo que Vera ha sido «el único de los mandos intermedios» del Gobierno de Felipe González que ha permanecido en prisión «cuando sus inmediatos superiores disfrutan de una libertad inmerecida». El también dirigente de Eusko Alkartasuna indicó este episodio como un «ejemplo» de la forma de actuar del Ejecutivo en materia antiterrorista.
Así, no dudó en afirmar que el Gobierno trata de hacer «chantaje» con el mantenimiento de la ilegalización de Batasuna -al que calificó como «un partido político de amplia representación social»- mientras «juega con la libertad de cientos de ciudadanos» -en alusión a los presos de la banda terrorista ETA- por meros intereses estratégicos.
Tras esta retahíla de descalificaciones, el consejero vasco explicó su disposición a aceptar políticas penitenciarias que permitan la excarcelación de presos, como la progresión de grados y el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, «siempre y cuando sean para todos y no con carácter selectivo». Porque éste es, insistió, el caso del ex secretario de Estado para la Seguridad, que ha obtenido el tercer grado pese a estar condenado por «delitos terroristas y apropiación de dinero perteneciente al conjunto de la ciudadanía».
Por eso denunció la «diferente vara de medir» que emplea el Ejecutivo de Zapatero con sus presos y los de ETA, contra quienes «retuerce las leyes», en alusión al papel que ha jugado contra dirigentes de la banda terrorista como Henri Parot y José Ignacio de Juana Chaos, a quienes se realizaron nuevas imputaciones tras haber cumplido ya las tres cuartas partes de sus condenas.
De esta manera, Azkarraga insistió en que la estrategia del Gobierno no es otra que la de «jugar» con la libertad de los reclusos de la banda terrorista, en contraposición con la actitud mantenida hacia otros presos, como el propio Vera.
También Aralar, la formación escindida de Batasuna, se refirió ayer a la concesión del tercer grado a Rafael Vera. Su número dos, Mikel Basabe, consideró «vergonzosa» la decisión del Gobierno.
Basabe coincidió con Azkarraga en denunciar «hasta qué punto hay raseros diferentes para medir a los delincuentes, no exclusivamente en comparación con los presos políticos, también en comparación con los presos comunes».
El dirigente de Aralar agregó que, «si Vera está en la calle, se debería abrir la puerta para muchos más» y, en este sentido, apostó por que los «movimientos de distensión con los presos se den ya», siempre en referencia a los reclusos de ETA, informa Europa Press.
«Si hay razones jurídicas para que Vera esté en la calle, hay razones jurídicas para que cientos de presos vascos estén en la calle. Y eso es lo único positivo que se puede decir de la excarcelación de Vera», concluyó.
Por su parte, la Unión del Pueblo Navarro (UPN) consideró la decisión de «escandalosa» porque es «una vuelta al lado más oscuro y vergonzoso de nuestra democracia, al asalto y violación del Estado de Derecho y a la malversación de fondos públicos».
Los regionalistas subrayaron que Rafael Vera «siempre ha negado los hechos, jamás ha colaborado con la Justicia y apenas ha pasado año y medio en la cárcel, y sin haber devuelto el dinero defraudado». Consideran que detrás de esta medida puede estar la «amenaza» de «tirar de la manta» que Vera lanzó al PSOE después de que este partido llegara al poder.
Por su parte, Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, tiene planteados ante los tribunales varios recursos para que se le conceda también un tercer grado.
Fuentes próximas a Roldán informaron a Servimedia de que la defensa argumenta que ya ha cumplido 11 de los 20 años de pena efectiva, por lo que debería poder acceder a ese régimen penitenciario.
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