La Fiscalía no ve ningún motivo para «prohibir ni restringir» la marcha 'abertzale' del viernes

23-08-06



ALTO EL FUEGO / Se basa en un informe del Gobierno vasco que sostiene que no hay pruebas de que el solicitante tenga relación con ninguna formación suspendida / La AVT pide una investigación y denuncia «fraude de ley»

La Fiscalía no ve ningún motivo para «prohibir ni restringir» la marcha 'abertzale' del viernes

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve ningún motivo para «prohibir ni restringir» la manifestación convocada por un ciudadano para este viernes en Bilbao bajo el lema Autodeterminación para Euskal Herria porque, a su parecer, no hay pruebas, por el momento, de que detrás de la iniciativa pudiera estar la ilegalizada Batasuna.

La decisión del Ministerio Público se circunscribe a las características sólo del convocante y se basa en informes elaborados por la Ertzaintza y remitidos por el Gobierno vasco. Por este motivo, el fiscal se cura en salud y aclara que ésa es su decisión, «sin perjuicio de que con anterioridad a la celebración de la marcha se revelaren indicios de que ha sido convocada por o a favor de organizaciones suspendidas, y se comunique de inmediato al juzgado».
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No obstante, el trabajo de la Fiscalía no ha finalizado y tendrá que volver a pronunciarse próximamente porque cuatro organizaciones han presentado sendas denuncias sobre otros aspectos distintos de la convocatoria con el fin de impedir que la marcha se lleve a cabo. De hecho, el caso, en estos momentos, está repartido en tres juzgados de la Audiencia Nacional, aunque lo más probable es que sea dirimido por el juez Pedraz.

Todas ellas -la Asociación de Víctimas del Terrorismo, las plataformas España y Libertad, Rosas Blancas por la Dignidad y Dignidad y Justicia-, sostienen que se está produciendo un «fraude de ley».

Aunque lo cierto es que la izquierda abertzale, en esta ocasión, ha empleado el ardid de evitar una convocatoria directa por parte de Batasuna y, tras el auto redactado por el juez Garzón para la anterior manifestación, hay muy pocas posibilidades de que sea suspendida.

La Fiscalía se ha pronunciado después de que el pasado viernes llegase a la Audiencia Nacional una solicitud firmada por el departamento de Interior del Gobierno vasco reclamando un informe sobre la manifestación convocada para el viernes para saber qué actitud definitiva adoptar. Se adjuntaba una fotocopia de la petición de un ciudadano, José Ignacio Ladislao Eguiarte, del que se especificaba que no tiene «filiación explícita de ninguna clase», y se daba como única referencia la participación en los actos de un sindicato cuyas siglas el portavoz del Ministerio Público no especificó y que merecieron la calificación por éste de «hechos menores».

En su informe, la Ertzaintza, que ni siquiera menciona a Batasuna, sostiene que no tiene conocimiento de que haya relación alguna entre este ciudadano y la formación suspendida y sostiene que, en su opinión, «no va a haber ningún problema» en el desarrollo de la marcha. En consecuencia, se adjunta la resolución administrativa por la que el Gobierno vasco no prohíbe y, por ende, permite, que el convocante organice la manifestación.

La Fiscalía de la Audiencia ha advertido al Ejecutivo de Vitoria que debe indicar a la Ertzaintza que si durante la manifestación «se exhibiesen símbolos de las organizaciones suspendidas por la Justicia, o se expresaren consignas o frases de apoyo favorables a esas organizaciones, debería procederse a la disolución inmediata» del evento.

Dicho esto, no ve inconveniente en que se celebre la convocatoria al amparo del artículo 21 de la Constitución, que sostiene que «ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización» y el desarrollo de este punto efectuado en su correspondiente Ley Orgánica.

Sin embargo, ésa no es la lectura jurídica de la ley que realizan la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ni España y Libertad, Rosas Blancas por la Dignidad, y Dignidad y Justicia, que solicitan del Ministerio Público que investigue y ordene la elaboración de informes policiales para demostrar lo que, para ellas, es «evidente»: que detrás está la formación ilegalizada y que, por lo tanto, se está burlando la Ley de Partidos.

Las tres primeras presentaron ayer una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco en Bilbao -y registraron después un duplicado en la Audiencia-, argumentando que se está preparando la comisión de un delito de desobediencia y de quebrantamiento de medida cautelar. Las afectadas por esta acusación son, no sólo el convocante, sino las personas que el pasado lunes anunciaron la manifestación en una rueda de prensa, según la AVT, «en apoyo y propaganda de los fines políticos perseguidos por Batasuna».

Las víctimas sostienen que, «con independencia» de la persona física que haya solicitado la autorización, ésta ha sido organizada y alentada por la ilegal Batasuna, «y la verdadera realidad que se esconde detrás de una convocatoria realizada en fraude de ley es su clara intención de burlar las prohibiciones legales a que está sometida ETA».

La Asociación Dignidad y Justicia comparte este punto de vista, convencida de que hay una relación entre todas las manifestaciones organizadas hasta ahora, y de que es imposible que un ciudadano particular tenga la capacidad de articular una cita como la convocada. Tras resaltar que «el uso de personas interpuestas no puede obviar esta circunstancia», añade en su escrito presentado ayer que «la manifestación presenta el mismo lema que la convocada en su momento por Don José Luis Sayés Alzúa y cuyo protagonismo asumió Batasuna», y que la «cartelería es la misma». Y, en igual sentido, sostiene que «cinco de los ciudadanos anónimos que participaron en la convocatoria habrían sido candidatos electorales de la izquierda abertzale», según información de prensa que remite al juez.

Por ello realiza una lectura distinta a la de la Fiscalía sobre el artículo 21 de la Constitución. Precisa que «las reuniones sometidas a la presente ley sólo podrán ser promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles» y que todos los datos mencionados -y que refuerzan la idea de fraude- indican que este precepto legal se está incumpliendo.

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