El ministro Alonso excluye ahora una investigación interna sobre los confidentes policiales
09-07-04
11-M / El titular de Interior asegura que no hay más investigación que la judicial y la política del Congreso / En abril anunció una indagación interna sobre las relaciones entre las Fuerzas de Seguridad y algunos de los implicados
El ministro Alonso excluye ahora una investigación interna sobre los confidentes policiales
FERNANDO GAREA
MADRID.- El ministro del Interior, José Antonio Alonso, dio a entender ayer que no hay ninguna investigación interna sobre las relaciones entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y los confidentes encarcelados por su presunta relación con la masacre del 11-M.(.../...)
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alonso repitió en varias ocasiones, cuando se le preguntó si había en marcha una investigación interna, que los hechos «están siendo investigados judicial y parlamentariamente».
Es decir, que según se deduce de las palabras del titular de Interior sólo está en marcha la actuación del juez y la de la Comisión parlamentaria.
De forma implícita, el responsable de Interior excluyó la investigación interna, lo que supone incumplir el compromiso que él mismo asumió.
De hecho, la nueva versión de Alonso contradice la que el propio Ministerio ofreció el pasado 29 de abril cuando hizo pública una nota que aseguraba: «Interior ordena investigar si dos cómplices clave de los autores del 11-M eran confidentes policiales».
Esa nota señalaba que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, había dado orden a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía para que abrieran una investigación.
Desde entonces, no se conoce ninguna conclusión de la supuesta indagación, ya que el ministro del Interior no ha dado ninguna explicación pública.
Desde que se anunció la investigación sí se conocen hechos nuevos relevantes como que uno de los encarcelados, Rafá Zouhier, denunció a través de EL MUNDO que miembros de la Guardia Civil le habían presionado para dirigir sus declaraciones ante el juez y ante la Comisión de Investigación.
Esa última información se publicó el martes, pero por lo que dijo ayer Alonso de forma implícita no hay ningún proceso interno para determinar si eso es cierto y si la actuación de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que tenían contacto con varios de los encarcelados fue correcta.
De hecho, otros dos presuntos implicados también tuvieron relación con agentes de la policía: Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro. El propio auto del juez Juan del Olmo, el primero en el que se hacía un relato de los hechos, daba por confirmada esta relación de los confidentes.
La supuesta investigación interna que Alonso no admite ahora se referiría no a los presuntos autores del 11-M, sino a la actuación de los agentes que trataban habitualmente con ellos, sin haberse enterado de que planeaban el atentado.
El propio comisario general de Información, Telesforo Rubio, aseguró el jueves ante la Comisión de Investigación que «no hay abierta» ninguna indagación interna en el seno del Ministerio del Interior. El responsable policial dijo de forma explícita ante la Comisión lo que Alonso insinuó ayer.
El ministro del Interior repitió ayer que «las reglas de funcionamiento indican que el Gobierno tiene que respetar al Parlamento y a los jueces».
Explicó que el Gobierno «está en la posición de neutralidad constitucional, que es la que nos corresponde, no podemos salir de ese marco conceptual porque es el marco de la Constitución y las leyes».
Por otra parte, el ministro se mostró dispuesto a comparecer en el Congreso cuando así lo decidan los grupos para dar explicaciones sobre el caso, incluidas las denuncias del PP sobre la supuesta visita de un mando policial a la sede del PSOE para preparar su declaración ante la Comisión de Investigación del Congreso.
Ayer, tampoco quiso pronunciarse sobre la actuación de Telesforo Rubio, alto cargo policial que trabaja a sus órdenes. Según su teoría, tampoco en este caso abrirá una investigación interna para determinar si visitó la sede socialista.
Ni el ministro del Interior ni la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quisieron valorar los trabajos de la Comisión de Investigación del 11-M.
Según dijeron, el Gobierno no quiere interferir en los trabajos de los diputados.
De la Vega explicó que «no es el Gobierno quien debe opinar» sobre esta cuestión y que su obligación se limita a «colaborar y facilitar la información y documentación y contestar de forma inmediata a cuantos temas se nos planteen».
José Antonio Alonso subrayó: «No creo que debamos hacer ningún juicio de valor que pueda perturbar la tarea de los jueces y la del Parlamento».
Para el ministro, la «posición institucional» del Gobierno y su relación con el Parlamento y con los jueces debe ser una de «independencia y respeto» y de colaboración.
El ministro Alonso excluye ahora una investigación interna sobre los confidentes policiales
FERNANDO GAREA
MADRID.- El ministro del Interior, José Antonio Alonso, dio a entender ayer que no hay ninguna investigación interna sobre las relaciones entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y los confidentes encarcelados por su presunta relación con la masacre del 11-M.(.../...)
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alonso repitió en varias ocasiones, cuando se le preguntó si había en marcha una investigación interna, que los hechos «están siendo investigados judicial y parlamentariamente».
Es decir, que según se deduce de las palabras del titular de Interior sólo está en marcha la actuación del juez y la de la Comisión parlamentaria.
De forma implícita, el responsable de Interior excluyó la investigación interna, lo que supone incumplir el compromiso que él mismo asumió.
De hecho, la nueva versión de Alonso contradice la que el propio Ministerio ofreció el pasado 29 de abril cuando hizo pública una nota que aseguraba: «Interior ordena investigar si dos cómplices clave de los autores del 11-M eran confidentes policiales».
Esa nota señalaba que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, había dado orden a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía para que abrieran una investigación.
Desde entonces, no se conoce ninguna conclusión de la supuesta indagación, ya que el ministro del Interior no ha dado ninguna explicación pública.
Desde que se anunció la investigación sí se conocen hechos nuevos relevantes como que uno de los encarcelados, Rafá Zouhier, denunció a través de EL MUNDO que miembros de la Guardia Civil le habían presionado para dirigir sus declaraciones ante el juez y ante la Comisión de Investigación.
Esa última información se publicó el martes, pero por lo que dijo ayer Alonso de forma implícita no hay ningún proceso interno para determinar si eso es cierto y si la actuación de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que tenían contacto con varios de los encarcelados fue correcta.
De hecho, otros dos presuntos implicados también tuvieron relación con agentes de la policía: Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro. El propio auto del juez Juan del Olmo, el primero en el que se hacía un relato de los hechos, daba por confirmada esta relación de los confidentes.
La supuesta investigación interna que Alonso no admite ahora se referiría no a los presuntos autores del 11-M, sino a la actuación de los agentes que trataban habitualmente con ellos, sin haberse enterado de que planeaban el atentado.
El propio comisario general de Información, Telesforo Rubio, aseguró el jueves ante la Comisión de Investigación que «no hay abierta» ninguna indagación interna en el seno del Ministerio del Interior. El responsable policial dijo de forma explícita ante la Comisión lo que Alonso insinuó ayer.
El ministro del Interior repitió ayer que «las reglas de funcionamiento indican que el Gobierno tiene que respetar al Parlamento y a los jueces».
Explicó que el Gobierno «está en la posición de neutralidad constitucional, que es la que nos corresponde, no podemos salir de ese marco conceptual porque es el marco de la Constitución y las leyes».
Por otra parte, el ministro se mostró dispuesto a comparecer en el Congreso cuando así lo decidan los grupos para dar explicaciones sobre el caso, incluidas las denuncias del PP sobre la supuesta visita de un mando policial a la sede del PSOE para preparar su declaración ante la Comisión de Investigación del Congreso.
Ayer, tampoco quiso pronunciarse sobre la actuación de Telesforo Rubio, alto cargo policial que trabaja a sus órdenes. Según su teoría, tampoco en este caso abrirá una investigación interna para determinar si visitó la sede socialista.
Ni el ministro del Interior ni la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quisieron valorar los trabajos de la Comisión de Investigación del 11-M.
Según dijeron, el Gobierno no quiere interferir en los trabajos de los diputados.
De la Vega explicó que «no es el Gobierno quien debe opinar» sobre esta cuestión y que su obligación se limita a «colaborar y facilitar la información y documentación y contestar de forma inmediata a cuantos temas se nos planteen».
José Antonio Alonso subrayó: «No creo que debamos hacer ningún juicio de valor que pueda perturbar la tarea de los jueces y la del Parlamento».
Para el ministro, la «posición institucional» del Gobierno y su relación con el Parlamento y con los jueces debe ser una de «independencia y respeto» y de colaboración.
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