El PSOE desactiva la Comisión del 11-M al impedir que declaren testigos clave
09-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LAS COMPARECENCIAS
El PSOE desactiva la Comisión del 11-M al impedir que declaren testigos clave
11-M LA INVESTIGACION / LAS COMPARECENCIAS
El PSOE desactiva la Comisión del 11-M al impedir que declaren testigos clave
Anuncia que vetará sistemáticamente que se cite a los confidentes - Anula las comparecencias de dos generales de la Guardia Civil que podrían aclarar la trama de los explosivos y la relación de Zouhier con la UCO
MANUEL CERDAN / AGUSTIN YANEL
MADRID.- El PSOE devaluó ayer la Comisión del 11-M en el Congreso al oponerse a que comparezcan la próxima semana los confidentes policiales y dos generales de la Guardia Civil que estaban convocados para el miércoles y cuya presencia tuvo que postergarse por falta de tiempo.
(.../...)
El Grupo Socialista anunció al resto de formaciones con representación en la Comisión que se opondrá de forma sistemática a la presencia en el Congreso de los confidentes policiales que colaboraron en la compra de los explosivos que se utilizaron para la masacre de Madrid. Se trata, principalmente, de Rafá Zouhier, el confidente de la Guardia Civil que hizo de intermediario entre Emilio Suárez Trashorras y Jamal Ahmidan, alias El Chino, para conseguir en Avilés la dinamita utilizada en las mochilas bomba.
Zouhier, que está preso en el centro penitenciario de Valdemoro, en Madrid, declaró a EL MUNDO que está dispuesto a comparecer ante los diputados, a pesar de que fue presionado en la cárcel por tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El testimonio de otro de los confidentes, Emilio Suárez Trashorras, la persona que robó y vendió la dinamita a los terroristas, sería de gran importancia para aclarar el funcionamiento de la célula de Avilés y los fallos sobre los controles de explosivos.
La negativa de los socialistas a que declaren los confidentes fue apoyada por todos los grupos de la Comisión, excepto por IU y el PP. Gaspar Llamazares comunicó que votará a favor de que comparezca al menos Rafá Zouhier, el marroquí que ha pedido acudir al Congreso.
El PP insistió en que, como ya solicitó su portavoz Vicente Martínez Pujalte, comparezcan todos los integrantes de la denominada célula de Avilés, entre ellos los hermanos Carmen y Antonio Toro.
La insistencia de los populares provocó la airada reacción de los socialistas. El comisionado del PSOE Alvaro Cuesta amenazó a sus colegas del PP con que, si seguían en sus trece, su grupo presentaría un escrito ante la Comisión solicitando la comparecencia de la ex delegada del Gobierno en Asturias, Mercedes Fernández, como vinculada a los confidentes por su condición de máxima responsable de los servicios de seguridad estatales en el Principado.
El comisionado popular Jaime Ignacio del Burgo señaló a EL MUNDO que su grupo consideraba esta respuesta como un «chantaje inadmisible que demuestra el grado de desesperación absoluta» del PSOE ante los derroteros que está tomando la Comisión, ya que, a su juicio, «no están pudiendo demostrar que el Gobierno anterior mintió».Del Burgo avanzó que el PP estará encantado -y no se opondrá- con que comparezca la ex delagada del Gobierno.
Sea como fuere, los integrantes de la Comisión estudiarán el martes próximo la solicitud que ha presentado el PP sobre los confidentes.
Los generales de la Guardia Civil que no pudieron comparecer el pasado miércoles y que ahora quedan fuera de la Comisión son José Manuel García Varela, subdirector general de Operaciones, y ex jefe de Información en la fecha del atentado, y Vicente Faustino Pellicer, ex subdirector de Operaciones.
García Varela, cuyo testimonio fue solicitado por CiU y ERC, era un testigo clave para aclarar por qué no desarticularon el comando cuando el confidente Zouhier informó de que los explosivos iban destinados a los integristas.
El general Faustino Pellicer, cuyo testimonio había sido reclamado por PP, IU y PNV como máxima autoridad en la escala de mando de la Guardia Civil, debía explicar por qué fallaron los controles sobre los explosivos, una tarea que es competencia de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, tenía que explicar cómo Suárez Trashorras llegó a almacenar 300 kilos de Goma 2 ECO sin que sus agentes se percataran de ello.
El próximo miércoles por la mañana declararán ante la Comisión el agente responsable del perro que examinó la furgoneta que los terroristas dejaron aparcada cerca de la estación de trenes de Alcalá de Henares (Madrid); el máximo responsable de los policías que inspeccionaron allí ese vehículo y, finalmente, el comisario Santiago Cuadro, ex jefe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana que avisó del uso de Titadine al jefe de la Brigada que participó en la inspección de la furgoneta Renault Kangoo.
Esa misma tarde comparecerán tres expertos en terrorismo islamista y en el mundo árabe: el sociólogo Manuel Castells; Xabier Picaza, profesor de Religiones de la Universidad de Salamanca, y el comandante Jesús Núñez, colaborador del Centro de Investigaciones para la Paz.
El jueves comenzará con la declaración del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha sido llamado no por ser magistrado, sino como experto en terrorismo.
El PP había planteado en su día que, si Garzón era llamado, también podían comparecer otros jueces y fiscales. La Comisión aceptó anoche que ese mismo día, tras Garzón, acuda el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.
Esa tarde comparecerá Gemma Martín Muñoz, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid especialista en el mundo árabe.
La Comisión dedicará toda la mañana del martes próximo, e incluso más allá si fuera preciso, a revisar los 19 documentos del Centro de Información de la Defensa (CNI) declarados secretos y que el Gobierno no va a desclasificar.
A esa sesión acudirá «una autoridad», tal y como establece la ley. Los diputados podrán ver esos textos y tomar algunas notas, pero no les estará permitido hacer fotocopias, informar de su contenido ni utilizarlo en los interrogatorios.
Ese mismo día, por la tarde, decidirá si solicita los números de teléfono de diversos dirigentes del PSOE y de Izquierda Unida, que ha solicitado el PP, así como los de otros dirigentes del PP que ha pedido ERC. Se trata de aclarar a quiénes enviaron mensajes el 13 de marzo, jornada de reflexión, en relación con las concentraciones de protesta ante las sedes del PP.
MANUEL CERDAN / AGUSTIN YANEL
MADRID.- El PSOE devaluó ayer la Comisión del 11-M en el Congreso al oponerse a que comparezcan la próxima semana los confidentes policiales y dos generales de la Guardia Civil que estaban convocados para el miércoles y cuya presencia tuvo que postergarse por falta de tiempo.
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El Grupo Socialista anunció al resto de formaciones con representación en la Comisión que se opondrá de forma sistemática a la presencia en el Congreso de los confidentes policiales que colaboraron en la compra de los explosivos que se utilizaron para la masacre de Madrid. Se trata, principalmente, de Rafá Zouhier, el confidente de la Guardia Civil que hizo de intermediario entre Emilio Suárez Trashorras y Jamal Ahmidan, alias El Chino, para conseguir en Avilés la dinamita utilizada en las mochilas bomba.
Zouhier, que está preso en el centro penitenciario de Valdemoro, en Madrid, declaró a EL MUNDO que está dispuesto a comparecer ante los diputados, a pesar de que fue presionado en la cárcel por tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El testimonio de otro de los confidentes, Emilio Suárez Trashorras, la persona que robó y vendió la dinamita a los terroristas, sería de gran importancia para aclarar el funcionamiento de la célula de Avilés y los fallos sobre los controles de explosivos.
La negativa de los socialistas a que declaren los confidentes fue apoyada por todos los grupos de la Comisión, excepto por IU y el PP. Gaspar Llamazares comunicó que votará a favor de que comparezca al menos Rafá Zouhier, el marroquí que ha pedido acudir al Congreso.
El PP insistió en que, como ya solicitó su portavoz Vicente Martínez Pujalte, comparezcan todos los integrantes de la denominada célula de Avilés, entre ellos los hermanos Carmen y Antonio Toro.
La insistencia de los populares provocó la airada reacción de los socialistas. El comisionado del PSOE Alvaro Cuesta amenazó a sus colegas del PP con que, si seguían en sus trece, su grupo presentaría un escrito ante la Comisión solicitando la comparecencia de la ex delegada del Gobierno en Asturias, Mercedes Fernández, como vinculada a los confidentes por su condición de máxima responsable de los servicios de seguridad estatales en el Principado.
El comisionado popular Jaime Ignacio del Burgo señaló a EL MUNDO que su grupo consideraba esta respuesta como un «chantaje inadmisible que demuestra el grado de desesperación absoluta» del PSOE ante los derroteros que está tomando la Comisión, ya que, a su juicio, «no están pudiendo demostrar que el Gobierno anterior mintió».Del Burgo avanzó que el PP estará encantado -y no se opondrá- con que comparezca la ex delagada del Gobierno.
Sea como fuere, los integrantes de la Comisión estudiarán el martes próximo la solicitud que ha presentado el PP sobre los confidentes.
Los generales de la Guardia Civil que no pudieron comparecer el pasado miércoles y que ahora quedan fuera de la Comisión son José Manuel García Varela, subdirector general de Operaciones, y ex jefe de Información en la fecha del atentado, y Vicente Faustino Pellicer, ex subdirector de Operaciones.
García Varela, cuyo testimonio fue solicitado por CiU y ERC, era un testigo clave para aclarar por qué no desarticularon el comando cuando el confidente Zouhier informó de que los explosivos iban destinados a los integristas.
El general Faustino Pellicer, cuyo testimonio había sido reclamado por PP, IU y PNV como máxima autoridad en la escala de mando de la Guardia Civil, debía explicar por qué fallaron los controles sobre los explosivos, una tarea que es competencia de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, tenía que explicar cómo Suárez Trashorras llegó a almacenar 300 kilos de Goma 2 ECO sin que sus agentes se percataran de ello.
El próximo miércoles por la mañana declararán ante la Comisión el agente responsable del perro que examinó la furgoneta que los terroristas dejaron aparcada cerca de la estación de trenes de Alcalá de Henares (Madrid); el máximo responsable de los policías que inspeccionaron allí ese vehículo y, finalmente, el comisario Santiago Cuadro, ex jefe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana que avisó del uso de Titadine al jefe de la Brigada que participó en la inspección de la furgoneta Renault Kangoo.
Esa misma tarde comparecerán tres expertos en terrorismo islamista y en el mundo árabe: el sociólogo Manuel Castells; Xabier Picaza, profesor de Religiones de la Universidad de Salamanca, y el comandante Jesús Núñez, colaborador del Centro de Investigaciones para la Paz.
El jueves comenzará con la declaración del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha sido llamado no por ser magistrado, sino como experto en terrorismo.
El PP había planteado en su día que, si Garzón era llamado, también podían comparecer otros jueces y fiscales. La Comisión aceptó anoche que ese mismo día, tras Garzón, acuda el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.
Esa tarde comparecerá Gemma Martín Muñoz, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid especialista en el mundo árabe.
La Comisión dedicará toda la mañana del martes próximo, e incluso más allá si fuera preciso, a revisar los 19 documentos del Centro de Información de la Defensa (CNI) declarados secretos y que el Gobierno no va a desclasificar.
A esa sesión acudirá «una autoridad», tal y como establece la ley. Los diputados podrán ver esos textos y tomar algunas notas, pero no les estará permitido hacer fotocopias, informar de su contenido ni utilizarlo en los interrogatorios.
Ese mismo día, por la tarde, decidirá si solicita los números de teléfono de diversos dirigentes del PSOE y de Izquierda Unida, que ha solicitado el PP, así como los de otros dirigentes del PP que ha pedido ERC. Se trata de aclarar a quiénes enviaron mensajes el 13 de marzo, jornada de reflexión, en relación con las concentraciones de protesta ante las sedes del PP.
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