Las acusaciones particulares pedirán un millón de euros por fallecimiento, el doble que la Fiscalía
24-05-07
JUICIO POR UNA MASACRE / El debate sobre la responsabilidad civil / Día 41
Las acusaciones particulares pedirán un millón de euros por fallecimiento, el doble que la Fiscalía
MANUEL MARRACO
JUICIO POR UNA MASACRE / El debate sobre la responsabilidad civil / Día 41
Las acusaciones particulares pedirán un millón de euros por fallecimiento, el doble que la Fiscalía
MANUEL MARRACO
El temporal que ha recorrido España también afectó al normal desarrollo del juicio: la sesión tuvo que suspenderse cuando un rayo provocó que la sede se quedase sin luz. Antes, se había abierto el debate sobre las indemnizaciones. Todas las acusaciones, excepto la pública, reclamarán un millón por fallecimiento.
MADRID.- La veintena de acusaciones personadas en el juicio del 11-M mantuvieron una reunión ayer a mediodía para llegar a un acuerdo sobre las cantidades que solicitarán en concepto de indemnización para las víctimas. Según indicaron fuentes del proceso, la cifra por fallecimiento será de un millón de euros, el doble de lo solicitado por la Fiscalía en su escrito de acusación.
(.../...)
Mucho más difícil será unificar los criterios de indemnización para los más de 1.800 heridos por los atentados. Puede llegarse a una cifra conjunta por cada día de hospitalización y de tiempo de curación, pero el acuerdo se complica a la hora de valorar los daños morales sufridos.
Fuentes de la Fiscalía indicaron ayer que ésta no tiene previsto elevar la cantidad solicitada en un principio, que se ha convertido en el baremo habitual de la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza para fallecidos por terrorismo. El propio fiscal jefe solicitó ese medio millón de euros en el último juicio en el que ejerció la acusación, celebrado contra el asesino de Francisco Tomás y Valiente, Jon Bienzobas.
Todas las modificaciones quedarán reflejadas por escrito dentro de dos semanas, cuando concluyan la prueba pericial -sólo falta la relativa a los explosivos- y la documental. Será el momento para que todas las partes modifiquen o eleven a definitivas las conclusiones que presentaron de manera provisional antes del comienzo de la vista oral.
Es evidente que quienes resulten condenados no podrán hacer frente a las elevadas indemnizaciones. Será el Estado, cumpliendo con la Ley de Solidaridad con Víctimas del Terrorismo, el que afronte todos los pagos recogidos en la sentencia y quien podrá luego exigírselos a los condenados.
Al margen de las indemnizaciones, las acusaciones, que en sus escritos provisionales solicitaban la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, tienen previsto renunciar a ella en su escrito final. Según fuentes de las mismas, el hecho de que el tribunal no comunicara a la Abogacía del Estado la petición en este sentido del letrado Gonzalo Boyé podría plantear graves problemas procesales que aconsejarían plantear esa responsabilidad en un proceso posterior.
«Tener un titular»
Por otra parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, respondió ayer a los abogados de oficio que el martes denunciaron retrasos en el pago de sus sueldos, asegurando tener dudas de si sus quejas eran «una reivindicación legítima de alguien que quiere cobrar» o más bien «alguien pretendía tener un titular por ahí», según informa Europa Press.
Además, el tribunal acordó ayer prorrogar por otros dos años la prisión provisional de Mohamed Larbi, acusado por la Fiscalía de pertenecer a la célula terrorista.
Los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás también acordaron denegar la petición de libertad del acusado Rachid Aglif.
Una de las pruebas periciales celebradas en la jornada de ayer fue la comparecencia de un psiquiatra que ha reconocido a diversos afectados representados por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M que preside Angeles Domínguez. El experto hizo referencia a diversas secuelas que, a su juicio, padecen algunas de las víctimas y que no han sido reconocidas por los forenses de la Audiencia Nacional.
Además, el perito ha examinado a vecinos de Leganés que se vieron afectados por los sucesos del 3 de abril de 2004. Según el letrado de la Asociación, José María de Pablo, 17 han sufrido secuelas psicológicas, aunque la Fiscalía no ha reconocido como víctima a ninguno de ellos. Al margen de los daños en el edificio, el Ministerio Público considera que no sufrieron otro tipo de daños, porque cuando los terroristas se suicidaron ellos ya se encontraban detrás del cordón policial.
El tercer punto expuesto por la Asociación de Ayuda son nueve afectados directamente por las explosiones de los trenes que tampoco han sido reconocidos como víctimas.
MADRID.- La veintena de acusaciones personadas en el juicio del 11-M mantuvieron una reunión ayer a mediodía para llegar a un acuerdo sobre las cantidades que solicitarán en concepto de indemnización para las víctimas. Según indicaron fuentes del proceso, la cifra por fallecimiento será de un millón de euros, el doble de lo solicitado por la Fiscalía en su escrito de acusación.
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Mucho más difícil será unificar los criterios de indemnización para los más de 1.800 heridos por los atentados. Puede llegarse a una cifra conjunta por cada día de hospitalización y de tiempo de curación, pero el acuerdo se complica a la hora de valorar los daños morales sufridos.
Fuentes de la Fiscalía indicaron ayer que ésta no tiene previsto elevar la cantidad solicitada en un principio, que se ha convertido en el baremo habitual de la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza para fallecidos por terrorismo. El propio fiscal jefe solicitó ese medio millón de euros en el último juicio en el que ejerció la acusación, celebrado contra el asesino de Francisco Tomás y Valiente, Jon Bienzobas.
Todas las modificaciones quedarán reflejadas por escrito dentro de dos semanas, cuando concluyan la prueba pericial -sólo falta la relativa a los explosivos- y la documental. Será el momento para que todas las partes modifiquen o eleven a definitivas las conclusiones que presentaron de manera provisional antes del comienzo de la vista oral.
Es evidente que quienes resulten condenados no podrán hacer frente a las elevadas indemnizaciones. Será el Estado, cumpliendo con la Ley de Solidaridad con Víctimas del Terrorismo, el que afronte todos los pagos recogidos en la sentencia y quien podrá luego exigírselos a los condenados.
Al margen de las indemnizaciones, las acusaciones, que en sus escritos provisionales solicitaban la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, tienen previsto renunciar a ella en su escrito final. Según fuentes de las mismas, el hecho de que el tribunal no comunicara a la Abogacía del Estado la petición en este sentido del letrado Gonzalo Boyé podría plantear graves problemas procesales que aconsejarían plantear esa responsabilidad en un proceso posterior.
«Tener un titular»
Por otra parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, respondió ayer a los abogados de oficio que el martes denunciaron retrasos en el pago de sus sueldos, asegurando tener dudas de si sus quejas eran «una reivindicación legítima de alguien que quiere cobrar» o más bien «alguien pretendía tener un titular por ahí», según informa Europa Press.
Además, el tribunal acordó ayer prorrogar por otros dos años la prisión provisional de Mohamed Larbi, acusado por la Fiscalía de pertenecer a la célula terrorista.
Los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás también acordaron denegar la petición de libertad del acusado Rachid Aglif.
Una de las pruebas periciales celebradas en la jornada de ayer fue la comparecencia de un psiquiatra que ha reconocido a diversos afectados representados por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M que preside Angeles Domínguez. El experto hizo referencia a diversas secuelas que, a su juicio, padecen algunas de las víctimas y que no han sido reconocidas por los forenses de la Audiencia Nacional.
Además, el perito ha examinado a vecinos de Leganés que se vieron afectados por los sucesos del 3 de abril de 2004. Según el letrado de la Asociación, José María de Pablo, 17 han sufrido secuelas psicológicas, aunque la Fiscalía no ha reconocido como víctima a ninguno de ellos. Al margen de los daños en el edificio, el Ministerio Público considera que no sufrieron otro tipo de daños, porque cuando los terroristas se suicidaron ellos ya se encontraban detrás del cordón policial.
El tercer punto expuesto por la Asociación de Ayuda son nueve afectados directamente por las explosiones de los trenes que tampoco han sido reconocidos como víctimas.
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