La infamia, en el banquillo

15-02-07



JUICIO POR UNA MASACRE / Las claves

La infamia, en el banquillo

Hoy comienza la vista oral por la mayor matanza terrorista de la Historia de Europa: 29 procesados, 650 testigos, 98 peritos, 49 abogados, 93.226 folios de sumario, dos fiscales, tres jueces... y muchas incógnitas por resolver


JOAQUIN MANSO

MADRID.- Hoy comienza El Juicio. Fue hace casi tres años. Madrid se despertaba aquel 11 de marzo de 2004 en plena campaña electoral, a sólo tres días de los comicios generales. Como cada mañana, los trenes de Cercanías que bajan hacia la capital desde el Corredor del Henares viajaban atestados de gente. En su mayor parte, estudiantes y trabajadores. En apenas cuatro minutos, esa rutina se tornó en caos, horror y sangre: entre las 7.39 horas y las 7.42, 10 mochilas bomba estallaron en cuatro convoyes; los dos primeros, cerca de la estación de Atocha, el tercero junto al apeadero de El Pozo y el cuarto, en el de Santa Eugenia.

El resultado fue la infamia, una masacre indiscriminada, nunca antes vista en Europa, que dejó 192 muertos (incluido el GEO Francisco Javier Torronteras, que falleció el 3 de abril de 2004 en el suicidio de Leganés) y 1.824 heridos.

(.../...)

Lo que ocurrió entre ese día y el 14 de marzo, en que el PSOE ganó contra todo pronóstico las elecciones, y la respuesta de algunos representantes institucionales a los descubrimientos que las averiguaciones periodísticas han alentado desde entonces, han generado una preocupante fractura social y un clima de crispación política sin precedentes en la Historia de la democracia española. Y han despertado muchas incógnitas que los 93.226 folios del sumario 20/04, distribuidos en 241 tomos, que incluyen todas las diligencias practicadas por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo para investigar los atentados, todavía no han conseguido despejar.

No han sido suficientes los más de 60 careos, 30 ruedas de reconocimiento, una veintena de comisiones rogatorias (a Italia, Francia, Argelia, Marruecos, Bélgica, Gran Bretaña, Serbia y Libia), 200 pruebas de ADN, 50 inspecciones oculares, otras tantas pruebas de documentoscopia en castellano y árabe, 25 inspecciones de vehículos, medio centenar de dactiloscopias ni las casi 50.000 operaciones de rastreo telefónico.

En el aire sigue la determinación exacta de los explosivos que estallaron en los trenes, y en solfa alguna de las pruebas clave que sustentan la acusación de la fiscal Olga Sánchez contra los 29 procesados que desde hoy se sientan en el banquillo. Para siete de ellos pide penas que suman, en total, 270.600 años de cárcel.

El tribunal lo formarán el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez -que también será ponente-, y los de las secciones Segunda y Tercera: Fernando García Nicolás y Alfonso Guevara, respectivamente. La acusación pública estará representada por Olga Sánchez, asistida por el fiscal Carlos Bautista. Se han personado además tres acusaciones populares (la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo (que preside Pilar Manjón); 20 particulares, y 26 abogados defensores (tres representan a dos acusados).

La cita es esta mañana a las 10.00 horas en la sede de la Casa de Campo de la Audiencia Nacional. En adelante, las sesiones tendrán lugar de lunes a miércoles (de 10.00 horas a 14.00, y de 16.00 horas a 20.00) y, excepcionalmente, los jueves.

Fuentes judiciales confirmaron ayer que la voluntad del tribunal es comenzar la vista oral interrogando hoy mismo al primer acusado. La Sala considera que si alguna parte tuviera algún artículo de previo pronunciamiento, debería haberlo puesto de manifiesto en los tres primeros días del plazo que se dio para calificar los hechos. Como ninguna planteó cuestiones previas, si quisiese hacerlo ahora deberá esperar a la fase de prueba.

También se solventará el trámite de la lectura de las conclusiones provisionales de cada una de las acusaciones y defensas optando por la fórmula de preguntar a cada uno de los procesados si conoce los hechos delictivos de los que se le acusa. De esta manera, se ahorra una formalidad que hubiese llevado varios días, sin vulnerar por ello las debidas garantías procesales.

De cumplirse estas previsiones, la vista oral comenzará con el interrogatorio de Rabei Osman, El Egipcio, uno de los supuestos autores intelectuales de la masacre. Seguirán las declaraciones de los otros dos presuntos ideológos; los tres acusados de ejecutar materialmente los atentados; el cooperador necesario (José Emilio Suárez Trashorras); los 13 islamistas que habrían colaborado con la célula a la que se señala como responsable de la tragedia, y, por último, los 10 integrantes de la trama asturiana, a quienes se atribuye que facilitasen los explosivos que la fiscal sostiene que estallaron en los trenes.

La siguiente fase es la prueba testifical. Nada menos que 650 testigos responderán -algunos de ellos por videoconferencia- a las preguntas de acusaciones y defensas. Tras ellos, 98 peritos expondrán las conclusiones de los diferentes análisis y exámenes técnicos practicados.

A continuación, la prueba documental y, finalmente, los informes de conclusiones definitivas en los que cada una de las partes concretarán la petición de pena para cada uno de los acusados, y los argumentos de hecho y de derecho que la fundamentan. Concluido este trámite, los procesados podrán hacer uso de su última palabra y el juicio quedará visto para sentencia. Los cálculos más optimistas vaticinan que la resolución podría conocerse en un plazo máximo de cuatro o cinco meses.

Tanta es la expectación, que los 140 periodistas acreditados que podrán acceder al interior del edificio han sido citados tres horas antes. En los alrededores, otros 250 profesionales de la información ejercerán su trabajo. En total, 53 emisoras de televisión y radio (de todo el mundo, desde Al Jazeera a la CNN) emitirán desde el exterior.

Unas 150 víctimas podrán acceder al edificio para seguir cada sesión. Contarán con el apoyo de psicólogos, asistentes sociales y funcionarios de la Oficina de Apoyo a las Víctimas. Fuera del pabellón, la Comunidad de Madrid ha instalado una carpa para ayudar a afectados y familiares a soportar el trauma que supondrá rememorar la tragedia.

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