Gobierno y ETA pactaron la declaración de Zapatero
21-06-07
Gobierno y ETA pactaron la declaración de Zapatero
Gobierno y ETA pactaron la declaración de Zapatero
La tregua etarra del 22 de marzo de 2006 vino precedida de múltiples reuniones entre los terroristas y el Gobierno. En ellas se pactó no sólo el texto de la declaración con que la banda abría el 'proceso', sino que también se llegó a acuerdos sobre lo que debía decir el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su declaración en el Congreso de los Diputados, según publica hoy el diario 'Gara'.
Finalmente, Zapatero no compareció ante la Cámara, sino que lo hizo, el 29 de junio de ese año, en uno de los pasillos, ante una mesa repleta de periodistas.
(.../...)
Los numerosos encuentros facilitaron un pacto definitivo en julio de 2005. Ahí se llegó a lo que ambas partes llamaron el 'punto cero': el acuerdo para los textos con los que ETA declararía la tregua y el Gobierno daría por abiertas las conversaciones con la banda, bajo la premisa expresa de que Zapatero daría en su declaración el peso al «respeto a la decisión de la ciudadanía vasca».
El acuerdo no se produjo, según 'Gara', hasta que ETA aceptó algunas precisiones hechas por el Gobierno pues éste temía que «la AVT y el PP entraran a saco».
El pacto no fue total y fue necesario crear un preámbulo y varios anexos, en donde ambas partes reconocen la existencia de «una realidad [...] llamada Euskal Herria».
Siempre según 'Gara', el acuerdo incluía «garantías». En ellas, ETA se comprometía a que la tregua fuera «permanente», para que no se viera como «más de lo mismo», y el Gobierno aceptaba «no realizar detenciones» y «aceptar de facto [...] que la izquierda 'abertzale'» pudiera «desarrollar una vida política». Incluso se marcó un plazo para que el Gobierno de Zapatero pudiera aplicar su particular tregua: «7-10 días».
La banda también se comprometía a «no realizar acciones contra personas (incluidas cartas)», y a no realizar «abastecimiento de armas y explosivos».
Otra garantía del Gobierno a ETA, según 'Gara', fue el compromiso de buscar un «pacto de Estado» para dar continuidad al acuerdo si se producía un relevo en Moncloa. El Ejecutivo dijo que eso entrañaba «grandes dificultades» y pidió un plazo de seis meses entre la declaración de tregua y la de Zapatero en el Congreso para lograrlo.
También se incluyó la gestión de los «accidentes», entendidos como el incumplimiento de las «garantías» pactadas, que se resolverían en la mesa de diálogo, «con voluntad de seguir avanzando en las negociaciones».
Finalmente, Zapatero no compareció ante la Cámara, sino que lo hizo, el 29 de junio de ese año, en uno de los pasillos, ante una mesa repleta de periodistas.
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Los numerosos encuentros facilitaron un pacto definitivo en julio de 2005. Ahí se llegó a lo que ambas partes llamaron el 'punto cero': el acuerdo para los textos con los que ETA declararía la tregua y el Gobierno daría por abiertas las conversaciones con la banda, bajo la premisa expresa de que Zapatero daría en su declaración el peso al «respeto a la decisión de la ciudadanía vasca».
El acuerdo no se produjo, según 'Gara', hasta que ETA aceptó algunas precisiones hechas por el Gobierno pues éste temía que «la AVT y el PP entraran a saco».
El pacto no fue total y fue necesario crear un preámbulo y varios anexos, en donde ambas partes reconocen la existencia de «una realidad [...] llamada Euskal Herria».
Siempre según 'Gara', el acuerdo incluía «garantías». En ellas, ETA se comprometía a que la tregua fuera «permanente», para que no se viera como «más de lo mismo», y el Gobierno aceptaba «no realizar detenciones» y «aceptar de facto [...] que la izquierda 'abertzale'» pudiera «desarrollar una vida política». Incluso se marcó un plazo para que el Gobierno de Zapatero pudiera aplicar su particular tregua: «7-10 días».
La banda también se comprometía a «no realizar acciones contra personas (incluidas cartas)», y a no realizar «abastecimiento de armas y explosivos».
Otra garantía del Gobierno a ETA, según 'Gara', fue el compromiso de buscar un «pacto de Estado» para dar continuidad al acuerdo si se producía un relevo en Moncloa. El Ejecutivo dijo que eso entrañaba «grandes dificultades» y pidió un plazo de seis meses entre la declaración de tregua y la de Zapatero en el Congreso para lograrlo.
También se incluyó la gestión de los «accidentes», entendidos como el incumplimiento de las «garantías» pactadas, que se resolverían en la mesa de diálogo, «con voluntad de seguir avanzando en las negociaciones».
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