La Policía Científica al banquillo por falsificar el informe 'ETA/11-M'
24-02-07
11-M LA INVESTIGACION / La Audiencia de Madrid confirma la decisión de la juez Gallego de iniciar la preparación del juicio contra Santano, Mélida, Andradas y Ramírez / Ve contra ellos «indicios sólidos» que EL MUNDO denunció
La Policía Científica al banquillo por falsificar el informe 'ETA/11-M'
MARIA PERAL
11-M LA INVESTIGACION / La Audiencia de Madrid confirma la decisión de la juez Gallego de iniciar la preparación del juicio contra Santano, Mélida, Andradas y Ramírez / Ve contra ellos «indicios sólidos» que EL MUNDO denunció
La Policía Científica al banquillo por falsificar el informe 'ETA/11-M'
MARIA PERAL
MADRID.- La cúpula de la Comisaría General de Policía Científica, encabezada por su jefe, Miguel Angel Santano, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados al existir «indicios sólidos» de que pudo cometer un presunto delito de falsedad documental al alterar un informe pericial incorporado al sumario del 11-M.
Así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Madrid en un auto en el que rechaza el recurso que Santano, Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez interpusieron contra la decisión de la juez Gemma Gallego de iniciar la preparación del juicio oral contra los cuatro mandos policiales. La Audiencia ha respaldado a la instructora.
(.../...)
La resolución supone un nuevo espaldarazo a la actuación de la juez instructora, Gemma Gallego -que «cumple escrupulosamente con las exigencias legales y jurisprudenciales», afirma la Audiencia-, en la misma medida en que representa otro varapalo a la Fiscalía y la Abogacía del Estado en este proceso. La posición de ambas en apoyo al recurso de los imputados es desautorizada.
La Sección Tercera de la Audiencia de Madrid, que ha confirmado todas las decisiones de Gallego recurridas en apelación, ha ratificado esta vez el auto por el que, el pasado 10 de enero, la instructora acordó concluir la investigación e iniciar la fase de preparación de juicio oral contra el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, el secretario general Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas; y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez.
La juez insistía en la existencia de indicios de falsedad documental y/o falso testimonio en la conducta de los cuatro mandos policiales, a los que se acusa de participar en la alteración del informe elaborado por sus subordinados Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en la vivienda de un detenido por el 11-M, Hasan Haski, ahora sentado en el banquillo de los acusados de la Casa de Campo.
Los tres peritos a los que Ramírez, el jefe del laboratorio, asignó el informe hicieron constar unas Observaciones en las que recordaban que esa misma sustancia fue hallada en un piso franco de ETA.
De tres a seis años
La alteración de ese informe con el fin de que al sumario del 11-M no llegara ninguna referencia a ETA es lo que va a conducir al banquillo a los cuatro principales responsables de la Policía Científica. Tras la resolución de la Audiencia, la juez Gallego tiene vía libre para resolver sobre la apertura de juicio oral, solicitada por varias acusaciones populares, que piden para los cuatro imputados penas de tres a seis años de cárcel. La previsible decisión de Gallego de abrir juicio oral es irrecurrible, por lo que, en la práctica, Santano, Mélida, Andradas y Ramírez tienen ya un pie en el banquillo.
Para la Audiencia, «resulta evidente» que existen «sólidos indicios de la comisión de hechos punibles» en la alteración del informe pericial de Escribano, López y Manrique.
A su juicio, el debate sobre si ese informe inicial era o no un documento oficial es «inane» porque «lo esencial es examinar el informe elaborado por Ramírez», que fue el que se envió al sumario del 11-M.
«En dicho informe», dice la Audiencia, «se contienen una serie de afirmaciones que no se corresponden con la realidad». El auto las enumera:
«Se expresa como objeto del informe el 'análisis de las muestras' cuando, en el oficio de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) exactamente se solicitaba 'estudio, análisis e informe pericial'».
«Se afirma que de las muestras se hizo cargo el facultativo con carné profesional 195, esto es, el imputado Ramírez, cuando lo cierto es que fue Manrique».
«Se expresa que Ramírez procedió a utilizar las técnicas analíticas que permitieron identificar las muestras como ácido bórico, cuando Ramírez ni llevó a cabo personalmente tales técnicas, ni formó parte del equipo que las realizó».
Pero, además, Ramírez «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes, donde constaba como perito designado Escribano, y confeccionó personalmente un nuevo sobre en el que ya aparecía él como perito». Item más, Ramírez «ordenó al encargado del cuarto de muestras que variara el Libro de Registro de Muestras, tapando con tippex el nombre de Escribano y poniendo el de Ramírez».
La Audiencia contesta el argumento de la Fiscalía y del defensor de los imputados, José Antonio Choclán, de que todas esas actuaciones de Ramírez carecen de relevancia delictiva porque, como jefe del laboratorio, podía hacerlas y, además, eran intrascendentes.
«No es tal el parecer de esta Sala», contesta la Audiencia, que estima, por el contrario, que «las diligencias practicadas no permiten, en modo alguno, asumir las argumentaciones de los recurrentes sobre la atipicidad [penal] de los hechos».
El Tribunal indica que si el cargo de Ramírez le confería tan amplio poder, «habría bastado con que reprodujera textualmente el informe emitido por los peritos, suprimiendo las observaciones de las que discrepaba y firmándolo en su condición de jefe de laboratorio».
«Sin embargo no lo hizo así, sino que introdujo las variaciones descritas en el informe pericial y además llevó a cabo una serie de actuaciones concretas que, podría inferirse, iban destinadas a dotar de verosimilitud a tales alteraciones», añade.
La Audiencia considera de especial trascendencia la alteración relativa a la persona que se hizo cargo de las muestras de la sustancia intervenida a Haski, «variación que se vio acompañada de la desaparición de la hoja de custodia en la que se reflejaba la cadena de custodia de las muestras». Ramírez, que ha declarado a la juez que actuó tras consultarlo con Mélida, «varió la persona receptora de las muestras y se designó nuevo perito no mediante un procedimiento de reasignación que constara documentalmente, sino acudiendo, al parecer, a las vías de hecho, esto es, rompiendo el sobre original, confeccionando personalmente y a pesar de su condición de jefe de laboratorio uno nuevo y alterando con tippex el Libro de Registro».
La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Abad, añade que Ramírez, «tampoco realizó ninguna técnica analítica -quizá porque su titulación es la de geólogo y no la de químico- sino que se limitó a reproducir las citadas por los peritos en su informe, suprimiendo tres de ellas -ignoramos por qué razón - y firmando como único perito -contrariamente a la practica constante- el mencionado informe».
Lea el auto íntegro en: www.elmundo.es/
CONTRA LOS PERITOS, 'EL MUNDO' Y LA JUEZ
«Fabricar pruebas o el fin que justifica los medios. Los peritos colaboraron en la trama montada por el ex director de la Policía, Agustín Díaz de Mera, y el diario 'EL MUNDO'» El País, 30-9-2006
«...desmonta la veracidad de la información publicada por EL MUNDO [...] empeñados, a toda costa y pasando por encima de cualquier principio de responsabilidad pública y ética, en mantener el 11-M en el centro de la vida pública española...» ABC, 30-9-2006
«...la juez Gemma Gallego, instructora del caso y candidata de los jueces conservadores al CGPJ...» «...admitió una denuncia de la asociación que patrocina Esperanza Aguirre y les abrió diligencias por falsedad». El País, 23-2-2007
Así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Madrid en un auto en el que rechaza el recurso que Santano, Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez interpusieron contra la decisión de la juez Gemma Gallego de iniciar la preparación del juicio oral contra los cuatro mandos policiales. La Audiencia ha respaldado a la instructora.
(.../...)
La resolución supone un nuevo espaldarazo a la actuación de la juez instructora, Gemma Gallego -que «cumple escrupulosamente con las exigencias legales y jurisprudenciales», afirma la Audiencia-, en la misma medida en que representa otro varapalo a la Fiscalía y la Abogacía del Estado en este proceso. La posición de ambas en apoyo al recurso de los imputados es desautorizada.
La Sección Tercera de la Audiencia de Madrid, que ha confirmado todas las decisiones de Gallego recurridas en apelación, ha ratificado esta vez el auto por el que, el pasado 10 de enero, la instructora acordó concluir la investigación e iniciar la fase de preparación de juicio oral contra el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, el secretario general Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas; y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez.
La juez insistía en la existencia de indicios de falsedad documental y/o falso testimonio en la conducta de los cuatro mandos policiales, a los que se acusa de participar en la alteración del informe elaborado por sus subordinados Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en la vivienda de un detenido por el 11-M, Hasan Haski, ahora sentado en el banquillo de los acusados de la Casa de Campo.
Los tres peritos a los que Ramírez, el jefe del laboratorio, asignó el informe hicieron constar unas Observaciones en las que recordaban que esa misma sustancia fue hallada en un piso franco de ETA.
De tres a seis años
La alteración de ese informe con el fin de que al sumario del 11-M no llegara ninguna referencia a ETA es lo que va a conducir al banquillo a los cuatro principales responsables de la Policía Científica. Tras la resolución de la Audiencia, la juez Gallego tiene vía libre para resolver sobre la apertura de juicio oral, solicitada por varias acusaciones populares, que piden para los cuatro imputados penas de tres a seis años de cárcel. La previsible decisión de Gallego de abrir juicio oral es irrecurrible, por lo que, en la práctica, Santano, Mélida, Andradas y Ramírez tienen ya un pie en el banquillo.
Para la Audiencia, «resulta evidente» que existen «sólidos indicios de la comisión de hechos punibles» en la alteración del informe pericial de Escribano, López y Manrique.
A su juicio, el debate sobre si ese informe inicial era o no un documento oficial es «inane» porque «lo esencial es examinar el informe elaborado por Ramírez», que fue el que se envió al sumario del 11-M.
«En dicho informe», dice la Audiencia, «se contienen una serie de afirmaciones que no se corresponden con la realidad». El auto las enumera:
«Se expresa como objeto del informe el 'análisis de las muestras' cuando, en el oficio de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) exactamente se solicitaba 'estudio, análisis e informe pericial'».
«Se afirma que de las muestras se hizo cargo el facultativo con carné profesional 195, esto es, el imputado Ramírez, cuando lo cierto es que fue Manrique».
«Se expresa que Ramírez procedió a utilizar las técnicas analíticas que permitieron identificar las muestras como ácido bórico, cuando Ramírez ni llevó a cabo personalmente tales técnicas, ni formó parte del equipo que las realizó».
Pero, además, Ramírez «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes, donde constaba como perito designado Escribano, y confeccionó personalmente un nuevo sobre en el que ya aparecía él como perito». Item más, Ramírez «ordenó al encargado del cuarto de muestras que variara el Libro de Registro de Muestras, tapando con tippex el nombre de Escribano y poniendo el de Ramírez».
La Audiencia contesta el argumento de la Fiscalía y del defensor de los imputados, José Antonio Choclán, de que todas esas actuaciones de Ramírez carecen de relevancia delictiva porque, como jefe del laboratorio, podía hacerlas y, además, eran intrascendentes.
«No es tal el parecer de esta Sala», contesta la Audiencia, que estima, por el contrario, que «las diligencias practicadas no permiten, en modo alguno, asumir las argumentaciones de los recurrentes sobre la atipicidad [penal] de los hechos».
El Tribunal indica que si el cargo de Ramírez le confería tan amplio poder, «habría bastado con que reprodujera textualmente el informe emitido por los peritos, suprimiendo las observaciones de las que discrepaba y firmándolo en su condición de jefe de laboratorio».
«Sin embargo no lo hizo así, sino que introdujo las variaciones descritas en el informe pericial y además llevó a cabo una serie de actuaciones concretas que, podría inferirse, iban destinadas a dotar de verosimilitud a tales alteraciones», añade.
La Audiencia considera de especial trascendencia la alteración relativa a la persona que se hizo cargo de las muestras de la sustancia intervenida a Haski, «variación que se vio acompañada de la desaparición de la hoja de custodia en la que se reflejaba la cadena de custodia de las muestras». Ramírez, que ha declarado a la juez que actuó tras consultarlo con Mélida, «varió la persona receptora de las muestras y se designó nuevo perito no mediante un procedimiento de reasignación que constara documentalmente, sino acudiendo, al parecer, a las vías de hecho, esto es, rompiendo el sobre original, confeccionando personalmente y a pesar de su condición de jefe de laboratorio uno nuevo y alterando con tippex el Libro de Registro».
La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Abad, añade que Ramírez, «tampoco realizó ninguna técnica analítica -quizá porque su titulación es la de geólogo y no la de químico- sino que se limitó a reproducir las citadas por los peritos en su informe, suprimiendo tres de ellas -ignoramos por qué razón - y firmando como único perito -contrariamente a la practica constante- el mencionado informe».
Lea el auto íntegro en: www.elmundo.es/
CONTRA LOS PERITOS, 'EL MUNDO' Y LA JUEZ
«Fabricar pruebas o el fin que justifica los medios. Los peritos colaboraron en la trama montada por el ex director de la Policía, Agustín Díaz de Mera, y el diario 'EL MUNDO'» El País, 30-9-2006
«...desmonta la veracidad de la información publicada por EL MUNDO [...] empeñados, a toda costa y pasando por encima de cualquier principio de responsabilidad pública y ética, en mantener el 11-M en el centro de la vida pública española...» ABC, 30-9-2006
«...la juez Gemma Gallego, instructora del caso y candidata de los jueces conservadores al CGPJ...» «...admitió una denuncia de la asociación que patrocina Esperanza Aguirre y les abrió diligencias por falsedad». El País, 23-2-2007
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