SI HAY ESTADO DE NECESIDAD, ENTONCES HAY TAMBIÉN EXTORSION

25-06-06


Editorial

SI HAY ESTADO DE NECESIDAD, ENTONCES HAY TAMBIÉN EXTORSION


La patronal navarra y numerosos dirigentes nacionalistas criticaron ayer al juez Grande-Marlaska por ordenar la detención de dos empresarios de la construcción que habían pagado 64.000 euros a ETA hace algunas semanas. Todos ellos coincidían en subrayar que los dos detenidos actuaron bajo el estado de necesidad, que les exime de cualquier responsabilidad penal. Así se manifestó también el jurista Emilio Olabarría, diputado del PNV, que afirmó que resulta «aberrante» que se pueda encarcelar a dos personas que han pagado para protegerse de las represalias de una banda terrorista y condicionadas por el miedo.

El razonamiento, aunque discutible, es perfectamente coherente y sostenible. Pero lo que no se puede es defender, como hacen los nacionalistas, que el estado de necesidad justifica aceptar el chantaje de ETA y luego afirmar que la banda está cumpliendo escrupulosamente el alto el fuego y que ha cesado toda actividad violenta.

Las dos cosas a la vez no son posibles. Si existe estado de necesidad porque hay intimidación, entonces ETA no está respetando la tregua y sigue con sus prácticas mafiosas. Lo que no se puede sostener, como hace el PNV, son dos argumentos que se excluyen mutuamente.

El sentido común dice que si los empresarios han pagado es, primero, porque alguien se lo ha exigido. Y, segundo, porque tienen miedo.

El MUNDO revela hoy que ETA ha seguido enviando cartas -con matasellos de junio- a los empresarios, contradiciendo la versión del Gobierno y de la Fiscalía que señalaba que estas misivas estaban datadas antes de la tregua. No es cierto. Fueron enviadas a sus destinatarios a comienzos de este mes, en las mismas fechas en las que los dos empresarios navarros detenidos pagaban a la banda.

El Gobierno ha intentado minimizar estas acciones de ETA, pero cada vez tiene menos credibilidad porque los hechos son elocuentes. Ayer mismo, un grupo violento atentó contra la sede del PSE en Baracaldo mientras otro atacaba el juzgado de Amorebieta.

Si el alto el fuego se define como ausencia total de violencia o coacción, ETA no está respetándolo. Por el contrario, cada día que pasa aumentan los incidentes violentos que ponen de relieve que la banda no quiere desarmarse. Empeñarse en negar lo evidente es un acto de masoquismo, propio de quien disculpa la agresión ajena con una justificación imaginaria.

Zapatero dijo ayer que va a trabajar «sin descanso para lograr la comprensión y la ayuda del PP». El problema no reside en Rajoy, sino en la actitud de ETA. Es la banda quien tiene que garantizar que no va a recurrir a ningún tipo de violencia para que el proceso pueda avanzar. Lo que cuenta son los hechos y éstos son innegables: ETA ha dejado de matar, pero no de intimidar a la sociedad vasca

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