La juez acusa a los mandos de los peritos de dos delitos por el informe ETA/11-M
11-11-06
LA CUPULA DE LA POLICIA CIENTIFICA CAMINO DEL BANQUILLO
La juez acusa a los mandos de los peritos de dos delitos por el informe ETA/11-M
MARIA PERAL
LA CUPULA DE LA POLICIA CIENTIFICA CAMINO DEL BANQUILLO
La juez acusa a los mandos de los peritos de dos delitos por el informe ETA/11-M
MARIA PERAL
MADRID.- El máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica, Miguel Angel Santano, y tres de sus subordinados -Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez- han sido imputados por parte de la juez Gemma Gallego por la manipulación de un informe pericial relativo al sumario del 11-M en el que se mencionaba a ETA.
La juez considera que existen indicios suficientes para que los cuatro mandos policiales se sienten en el banquillo por presuntos delitos de falsedad documental y/o falso testimonio. En el caso de Santano, y de forma subsidiaria a la autoría, aprecia un presunto encubrimiento del delito de sus inferiores.
(.../...)
Gallego, cuya decisión es recurrible, da 10 días al fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral o pidan el archivo. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo anunciaron ayer que instarán la celebración del juicio contra los cuatro imputados.
Tras una rápida investigación, que ha durado tan sólo 45 días, la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha declarado concluida la tramitación de las diligencias previas que inició tras la presentación de una querella por parte de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.
La querella fue interpuesta después de que EL MUNDO revelara que mandos de la Comisaría General de Policía Científica alteraron un informe pericial sobre el ácido bórico intervenido en casa de Hasan Haski, procesado como inductor de los ataques del 11-M.
La finalidad principal de la alteración era que al sumario de la Audiencia Nacional no llegara un dictamen en el que aparecía la palabra ETA. Los peritos autores del informe incluyeron unas observaciones en las que daban cuenta de los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección por perros entrenados, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos.
Tras el interrogatorio de los facultativos autores del informe como testigos y de los mandos policiales implicados, y después de recabar diversas pruebas documentales, Gallego ha dictado una resolución en la que, además de dar por concluida la instrucción, se pronuncia sobre las opciones que indica la ley para estos supuestos: archivar las diligencias, si aprecia que no hay delito o que no hay autor conocido; enviarlo al juez competente si estima que se ha producido no un delito, sino una falta, o abrir la fase de preparación del juicio oral si considera que existen indicios de delito.
Indicios
Esto último es lo que ha sucedido en este caso. La juez estima que hay indicios para que se sienten en el banquillo el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y el jefe del laboratorio químico-toxicológico, Francisco Ramírez.
Gallego aprecia un posible delito de falsedad documental (castigado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial) y/o un delito de falso testimonio, que castiga con multa y suspensión al perito que, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con inexactitudes o silenciando hechos relevantes.
La juez ve indicios de que los cuatro imputados pueden ser autores de la infracción penal. Pero en el caso de Santano deja la puerta abierta a que, en lugar de autor, sea encubridor de lo que presuntamente hicieron sus subordinados.
El relato indiciario que la juez plasma en la resolución señala que el 14 de marzo de 2005 tuvo entrada en la Comisaría General de Policía Científica un oficio de la Comisaría General de Información solicitando «se realice estudio, análisis e informe pericial» sobre las muestras de una sustancia intervenida en el domicilio de Hasan Haski.
Añade que, «elaborado el informe solicitado por los peritos del laboratorio químico, los facultativos Escribano y López y el técnico Manrique, tras analizar la sustancia, incluyeron en el informe unas 'observaciones' en las que se hacía una relación de otros informes periciales en los que había sido encontrada idéntica sustancia, y se cuestionaba la posible vinculación de aquéllos en cuyo poder se había intervenido».
La juez afirma que Ramírez, Mélida y Santano «consideraron inconveniente que constaran esas observaciones», por lo que el primero de ellos, «que seguía las indicaciones de sus superiores, requirió a los peritos para que las suprimieran».
Como Escribano, López y Manrique no quisieron cambiar su informe, Ramírez, «con conocimiento y anuencia de los otros imputados», alteró el documento de los tres peritos.
La resolución detalla la manipulación del dictamen: «Para que no constara en el informe ninguna de tales observaciones, [Ramírez] alteró el objeto de la petición de la Comisaría requirente, sustituyendo lo que se había pedido por 'análisis de muestras'; suprimió que los peritos 'se hicieron cargo de lo recibido', atribuyéndose él mismo la recepción de las muestras y la práctica de las técnicas analíticas; eliminó la mención de los peritos autores del informe, así como tres de las técnicas que habían practicado aquéllos; [y] suprimió íntegramente las 'observaciones' del informe».
El dictamen así manipulado y firmado por Ramírez fue enviado por Andradas a la Comisaría General de Información, que lo elevó al juez Del Olmo, quedando incorporado al sumario del 11-M.
La juez da un plazo de 10 días al fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento y archivo de la causa. De manera excepcional pueden solicitar diligencias complementarias, aunque durante la fase de instrucción ni acusaciones ni defensas han instado pruebas. Tampoco lo han hecho el fiscal o la Abogacía del Estado.
El letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M José María de Pablo anunció ayer que formulará acusación contra los cuatro mandos policiales y pedirá la apertura del juicio oral. En idéntico sentido se pronunció Juan Carlos Rodríguez Segura, abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
La Fiscalía, por su parte, estudiará la posibilidad de recurrir la imputación de, al menos, Santano, Mélida y Andradas.
La juez considera que existen indicios suficientes para que los cuatro mandos policiales se sienten en el banquillo por presuntos delitos de falsedad documental y/o falso testimonio. En el caso de Santano, y de forma subsidiaria a la autoría, aprecia un presunto encubrimiento del delito de sus inferiores.
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Gallego, cuya decisión es recurrible, da 10 días al fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral o pidan el archivo. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo anunciaron ayer que instarán la celebración del juicio contra los cuatro imputados.
Tras una rápida investigación, que ha durado tan sólo 45 días, la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha declarado concluida la tramitación de las diligencias previas que inició tras la presentación de una querella por parte de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.
La querella fue interpuesta después de que EL MUNDO revelara que mandos de la Comisaría General de Policía Científica alteraron un informe pericial sobre el ácido bórico intervenido en casa de Hasan Haski, procesado como inductor de los ataques del 11-M.
La finalidad principal de la alteración era que al sumario de la Audiencia Nacional no llegara un dictamen en el que aparecía la palabra ETA. Los peritos autores del informe incluyeron unas observaciones en las que daban cuenta de los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección por perros entrenados, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos.
Tras el interrogatorio de los facultativos autores del informe como testigos y de los mandos policiales implicados, y después de recabar diversas pruebas documentales, Gallego ha dictado una resolución en la que, además de dar por concluida la instrucción, se pronuncia sobre las opciones que indica la ley para estos supuestos: archivar las diligencias, si aprecia que no hay delito o que no hay autor conocido; enviarlo al juez competente si estima que se ha producido no un delito, sino una falta, o abrir la fase de preparación del juicio oral si considera que existen indicios de delito.
Indicios
Esto último es lo que ha sucedido en este caso. La juez estima que hay indicios para que se sienten en el banquillo el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y el jefe del laboratorio químico-toxicológico, Francisco Ramírez.
Gallego aprecia un posible delito de falsedad documental (castigado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial) y/o un delito de falso testimonio, que castiga con multa y suspensión al perito que, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con inexactitudes o silenciando hechos relevantes.
La juez ve indicios de que los cuatro imputados pueden ser autores de la infracción penal. Pero en el caso de Santano deja la puerta abierta a que, en lugar de autor, sea encubridor de lo que presuntamente hicieron sus subordinados.
El relato indiciario que la juez plasma en la resolución señala que el 14 de marzo de 2005 tuvo entrada en la Comisaría General de Policía Científica un oficio de la Comisaría General de Información solicitando «se realice estudio, análisis e informe pericial» sobre las muestras de una sustancia intervenida en el domicilio de Hasan Haski.
Añade que, «elaborado el informe solicitado por los peritos del laboratorio químico, los facultativos Escribano y López y el técnico Manrique, tras analizar la sustancia, incluyeron en el informe unas 'observaciones' en las que se hacía una relación de otros informes periciales en los que había sido encontrada idéntica sustancia, y se cuestionaba la posible vinculación de aquéllos en cuyo poder se había intervenido».
La juez afirma que Ramírez, Mélida y Santano «consideraron inconveniente que constaran esas observaciones», por lo que el primero de ellos, «que seguía las indicaciones de sus superiores, requirió a los peritos para que las suprimieran».
Como Escribano, López y Manrique no quisieron cambiar su informe, Ramírez, «con conocimiento y anuencia de los otros imputados», alteró el documento de los tres peritos.
La resolución detalla la manipulación del dictamen: «Para que no constara en el informe ninguna de tales observaciones, [Ramírez] alteró el objeto de la petición de la Comisaría requirente, sustituyendo lo que se había pedido por 'análisis de muestras'; suprimió que los peritos 'se hicieron cargo de lo recibido', atribuyéndose él mismo la recepción de las muestras y la práctica de las técnicas analíticas; eliminó la mención de los peritos autores del informe, así como tres de las técnicas que habían practicado aquéllos; [y] suprimió íntegramente las 'observaciones' del informe».
El dictamen así manipulado y firmado por Ramírez fue enviado por Andradas a la Comisaría General de Información, que lo elevó al juez Del Olmo, quedando incorporado al sumario del 11-M.
La juez da un plazo de 10 días al fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento y archivo de la causa. De manera excepcional pueden solicitar diligencias complementarias, aunque durante la fase de instrucción ni acusaciones ni defensas han instado pruebas. Tampoco lo han hecho el fiscal o la Abogacía del Estado.
El letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M José María de Pablo anunció ayer que formulará acusación contra los cuatro mandos policiales y pedirá la apertura del juicio oral. En idéntico sentido se pronunció Juan Carlos Rodríguez Segura, abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
La Fiscalía, por su parte, estudiará la posibilidad de recurrir la imputación de, al menos, Santano, Mélida y Andradas.
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