La trampa del 656000311
28-05-07
POR UNA MASACRE / Los peritos tropiezan con el juez Bermúdez. / Resumen de la semana
La trampa del 656000311
No se sabe quién envió los mensajes clave a los implicados
Por FERNANDO MUGICA
POR UNA MASACRE / Los peritos tropiezan con el juez Bermúdez. / Resumen de la semana
La trampa del 656000311
No se sabe quién envió los mensajes clave a los implicados
Por FERNANDO MUGICA
La Policía insistió al juez Juan Del Olmo, durante más de un año, en que no podía identificar un número que resultó ser el de mensajería de Amena / La Guardia Civil atribuyó a Antonio Toro el número de mensajería de Vodafone / Mensajes anónimos sirvieron para situar a El Chino cerca de Mina Conchita y de Morata
Los presuntos terroristas que hicieron el 11-M eran idiotas. Dejaron todo tipo de pistas como ADN, huellas, llamadas y evidencias para que sus crímenes no quedaran impunes. Y eso que conocían el sistema operativo de las Fuerzas de Seguridad, ya que muchos de los implicados eran confidentes.
(.../...)
A pesar de tantas facilidades, los peritos que intentan apuntalar la versión oficial lo han tenido esta semana muy complicado. Ofende al sentido común que una persona -Jamal Ahmidan- que medía 1,65 fuera capaz de bajar, dos veces, a oscuras, por un camino impracticable y en medio de una gran nevada, mochilas con 45 kilos a la espalda. Si tres personas bajaron 275 kilos de explosivos, en dos tandas, hasta la base de Mina Conchita, es evidente que tuvieron que llevar a cuestas, cada uno de ellos, 45 kilos, cada vez. Y eso que uno de los peritos manifestó que transportar cualquier peso por aquel camino -¡de día y, por tanto, con luz!- suponía un «esfuerzo titánico».
Es lo malo de las versiones que se aceptan globalmente. Fallan por completo cuando se desciende al detalle. El juez Javier Gómez Bermúdez lo enfatizó cuando se peritaba en la vista oral los viajes de tres jóvenes de Asturias a Madrid transportando bolsas pesadas. Los peritos comprobaron en su día la capacidad de las mochilas introduciendo bolsas con cartuchos de Goma 2 ECO y hachís. «¿Por qué no hicieron la prueba pericial cargando la bolsa con CD si esto era lo que uno de ellos dijo que creía que llevaba?», les espetó el juez. Y no supieron qué decir.
Argumentaron que descartaron que llevaran hachís porque lo «hubieran olido los transportistas». Pero el juez les recordó que el olor del hachís puede camuflarse ya que, si no, en el tráfico ilegal por cualquier frontera «lo oleríamos todos». Y para rematar advirtió a los peritos de que utilizaban frases de un testigo cuando les convenía para la conclusión de su informe y omitían otras cuando no les convenía. «Pero es que El Gitanillo dijo... y hay sentencia firme». La contestación del juez no pudo ser más concluyente, «la sentencia de El Gitanillo no tiene nada que ver con este proceso».
Por cierto que los peritos conectaron un presunto viaje de Emilio Suárez Trashorras en la madrugada del 6 de febrero de 2004 con un viaje de El Gitanillo en esos días transportando una bolsa pesada a Madrid en autobús de línea. Es raro porque en esa fecha El Gitanillo permanecía recluido en un centro social asturiano, como puede probarse por los escritos emitidos por el propio centro.
Ante la presión de los abogados y del propio juez, los peritos se han agarrado a un clavo ardiendo para argumentar el transporte de explosivos a Madrid. Se basan en lo que declaró Iván Granados. O sea, en alguien que dijo que alguien le había dicho. Como argumento para una pericial no parece muy consistente.
La realidad es que el vídeo que presentó la Guardia Civil, hace dos semanas, de aquel camino imposible en Mina Conchita,no pudo resultar más demoledor para los que aún sostienen esa procedencia para los explosivos que volaron los trenes. ¿De noche, con una gran nevada, con 45 kilos a la espalda y por aquel camino, dos veces? No puede tomarse en serio.
Pero vayamos al laberinto de las tarjetas y los teléfonos. Hemos dicho, al comienzo, que los presuntos autores de la matanza eran idiotas y ahora vamos a argumentar el porqué de esa afirmación.
En teoría, un terrorista intenta dejar la menor huella de la preparación de sus crímenes. Por eso toma todas las precauciones posibles para no dejar rastro.
Los presuntos autores del 11-M hicieron justo lo contrario. De hecho, y según el auto de procesamiento del juez Juan del Olmo, utilizaron un número de teléfono concreto para llamarse entre sí en los momentos clave, la noche del 28 al 29 de febrero de 2004, cuando en teoría estaban robando los explosivos en Asturias, y los días inmediatamente anteriores a los atentados, incluida la madrugada del 11-M.
Fue por ese número de teléfono por el que la instrucción pudo saber que Jamal Ahmidan, El Chino, se encontraba en las localidades asturianas de Salas y Soto de la Barca a las 00.10 horas, a la 01.52 h., a las 06.16 h. y a las 12.02 h. del día 29 de febrero de 2004, cerca de Mina Conchita. El Gitanillo también dijo que desde la mina El Chino había llamado por teléfono, pero eso se vino abajo cuando delante del juez Del Olmo se demostró que no había cobertura en cinco kilómetros a la redonda.
La única constancia telefónica de la presencia de Jamal Ahmidan en localidades próximas a la mina es por las llamadas del 656000311 al móvil atribuido a El Chino. No fue una llamada entre dos móviles. Los presuntos terroristas hicieron la llamada de la única forma en que se puede establecer perfectamente dónde está ubicado el que llama y dónde está el que recibe. Usaron un mensaje corto a través de un servicio de mensajería. El comunicante transmite el mensaje al número de servicio de la compañía telefónica. Ésta localiza la posición del receptor y después le envía el mensaje. En resumen, los terroristas utilizaron para comunicarse, en los momentos clave, un servicio que delataría la posición exacta de todos ellos, los que hablaban y los que recibían.
Por qué lo hicieron es un misterio. Pero lo más curioso es que la Policía ocultó al juez durante más de un año que ése hubiera sido el procedimiento empleado.
El número que nos ocupa es el 656000311. En los informes oficiales los investigadores le dijeron al juez dos cosas: que sería muy importante averiguar la identidad del que tenía la tarjeta Sim con ese número y que por muchas gestiones que se habían hecho no habían podido averiguar de quién se trataba.
En el año 2005, -¡un año después de los atentados!- el juez insistió en que necesita saber a quién pertenecía ese número y otros utilizados por los terroristas en momentos decisivos. La contestación de la UCI, la Unidad Central de Inteligencia, produce hoy estupor.
'ARDUAS' GESTIONES
Aseguran los investigadores -no nos olvidemos que está firmado en marzo de 2005- que «no se tienen datos relativos al usuario de la tarjeta SIM 656000311, pero que en los datos comprobados siempre aparece como llamante, enviando SMS». «Ello obliga» -en negrita en el original- «a investigar en mayor medida este número, bien en la función expresada o de comunicaciones con la célula terrorista o entre ellos, en momentos clave».
En definitiva, a pesar de las arduas gestiones realizadas durante un año y de lo importante que sería la identificación del usuario para la investigación, la UCI no había podido averiguarlo.
La tomadura de pelo al juez no puede ser de mayor calibre. El lector puede hacer la prueba. Abran internet, coloquen el número 656000311 en el buscador de Google y verán como salen decenas de páginas en las que se advierte que ese número es el del servidor de mensajes de la compañía Amena. Es más, el número estaba publicitado, en 2004, en todos los rincones del planeta ya que se trataba del número a marcar desde el extranjero para enviar un mensaje a España.
LA MEJOR FORMA DE LOCALIZAR A ALGUIEN
Cualquiera puede mandar esos mensajes, a través del sistema roaming, desde cualquier lugar del mundo. La compañía utilizada localiza geográficamente al receptor final de la llamada y esos datos quedan grabados. Por supuesto que la compañía que presta el servicio de mensajería sabe quién es el autor de la llamada, entre otras cosas porque necesita facturarle el servicio.
Un año después de los atentados, la UCI le dijo oficialmente al juez que no podía saber quién era el propietario del 656000311. El retraso fue clave dado que sólo el tiempo puede dar una excusa a cualquier compañía para asegurar que los datos de los usuarios se han borrado.
En cada tarjeta de teléfono hay un código personal que viaja con los mensajes sin que el usuario lo sepa. No hay manera de camuflarlo. La UCI hubiera podido obtener esos datos con un simple requerimiento del juez a Amena. ¿Recuerdan la diligencia con la que Enrique García Castaño, el responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el verdugo de Agustín Díaz de Mera, gestionó en Amena los datos de la tarjeta de la mochila de Vallecas?
El juez Del Olmo se conformó, según figura en el auto de procesamiento, con la localización geográfica del receptor de los mensajes, datos que sí se obtuvieron inmediatamente. Es como si de esas llamadas clave sólo les hubiera preocupado el lugar en el que se encontraban los receptores de las llamadas pasando por alto quién era el que llamaba. Aún hoy, siguen anónimos los que enviaron mensajes a los implicados en lugares y momentos clave. Un año y un mes más tarde de los atentados y después de que la UCI le mandara un informe para explicarle su incapacidad para identificarlo, concretamente el 5 de abril de 2005, el juez Del Olmo firma un auto por el que solicita a Amena que le dé los números telefónicos que hubieran remitido o recibido mensajes a través del número de su centro servidor 656000311 -al fin ya sabe de quién se trata- a seis números concretos de teléfonos en seis días determinados. El juez se olvida de pedir lo mismo para las llamadas que hizo el 656000311 al teléfono 649436246, el del policía Manuel García Rodríguez el 12 de febrero de 2004, a las 15.33 horas y el 13 de marzo de 2004 a las 21.30 horas.
El juez Del olmo se conformó, según figura en el auto de procesamiento, con la localización geográfica de algunos de los receptores de los mensajes sin entrar en más consideraciones. Nadie ha parecido preocuparse porque el número de Emilio Suárez Trashorras estuviera recibiendo, en la noche famosa del 28 de febrero de 2004, mensajes de forma automática, primero cada dos horas y más tarde cada cuatro. Así figura en los listados de la compañía telefónica aunque él ni siquiera se enterara de que había recibido esos mensajes, ya que en su teléfono receptor no pudo captarlos.
En mayo de 2004, -un mes y medio después de los atentados- la Guardia Civil ya le pidió al juez que recabara información detallada sobre los usuarios del 656000311. Un año más tarde seguía sin tener datos, ya que le mandó un nuevo escrito al juez para pedirle la misma información.
Pero la miopía de las Fuerzas de Seguridad en la investigación del 11-M parece que fue contagiosa.
LAS TRAMPAS DE LOS MOVILES
La Guardia Civil redactó y envió al juez, en la primavera de 2004, un informe sobre el entorno de Emilio Suárez Trashorras, el ex minero de Avilés. En el escrito, -operación Páramo-, la Benemérita atribuyó a Antonio Toro Castro dos números de teléfono. El 607471482 y el 607003110.
Explicaba que la utilización de dos números que no estaban relacionados con su actividad laboral denotaba la adopción de especiales medidas de seguridad. Desde el primero, aseguraban, mantenía contactos frecuentes con Rafá Zouhier -el confidente de la UCO, la Unidad Central Operativa- y pudo ser situado en Madrid el 10 y 11 de marzo de 2004.
Desde el 607003110, -según el informe de la Guardia Civil- Antonio Toro contactó con Jamal Ahmidan, Zouhier, Trashorras, Carmen Toro y con el policía Manuel García Rodríguez. El informe especificaba que «el teléfono 607003110 de Antonio Toro Castro únicamente realiza llamadas salientes, sin que se detecten llamadas entrantes». «De ello se infiere que el uso de este teléfono estaba reservado a impartir instrucciones al resto de implicados, lo que le sitúa como un elemento clave del Grupo de Avilés».
El ridículo, una vez más, no puede ser mayor. El número 607003110, atribuido por la Guardia Civil a Antonio Toro no era otro que el teléfono de mensajería de la compañía Vodafone. Como en el caso de Amena, alguien utilizó el teléfono intermediario de mensajería de una compañía telefónica para contactar con los implicados de Avilés y con el policía Manuel García Rodríguez. Dice la Guardia Civil que desde ese teléfono se impartían órdenes. ¿También le transmitían órdenes al policía? ¿Quienes eran los usuarios de ese servicio?
Además los mensajes al servidor no sólo pueden mandarse desde un teléfono móvil. También se pueden enviar desde módem, terminales digitales o internet. La hora de recepción no significa que el mensaje se haya enviado en ese momento, ya que el usuario puede programar que llegue horas más tarde. Técnicos en telefonía nos han explicado que si aparece el número de mensajería de una compañía como llamante es casi seguro que el mensaje procede del extranjero.
Queremos señalar que esas llamadas en momentos clave, que delataban la ubicación de los implicados, no responden a la ingenuidad de una comunicación normal. Tanto el procedimiento de las llamadas como el que, ante el juez, se retrasara más de un año su procedencia indica una intención deliberada. Alguien se preocupó de dejar ese rastro.
No hay nada más tramposo que una llamada desde un móvil. Existen procedimientos técnicos para acoplar varios números de teléfono a una misma tarjeta o para que conste una llamada desde un número de teléfono sin que el usuario se haya enterado. El avance técnico es tal que la relación de llamadas tiene un valor probatorio muy escaso.
Tal vez por estas últimas reflexiones, una inteligente policía de Información que participó en el cerco del piso de Leganés -la que llamó al timbre- le dijo a un compañero poco después de que el piso volara por los aires: «Sólo tenemos unas cuantas llamadas cruzadas entre los sospechosos. O sea, nada». La policía fue inmediatamente relevada de sus funciones. Visto con perspectiva, puede que le hicieran un gran favor al apartarla de los focos de tanta mentira.
Los presuntos terroristas que hicieron el 11-M eran idiotas. Dejaron todo tipo de pistas como ADN, huellas, llamadas y evidencias para que sus crímenes no quedaran impunes. Y eso que conocían el sistema operativo de las Fuerzas de Seguridad, ya que muchos de los implicados eran confidentes.
(.../...)
A pesar de tantas facilidades, los peritos que intentan apuntalar la versión oficial lo han tenido esta semana muy complicado. Ofende al sentido común que una persona -Jamal Ahmidan- que medía 1,65 fuera capaz de bajar, dos veces, a oscuras, por un camino impracticable y en medio de una gran nevada, mochilas con 45 kilos a la espalda. Si tres personas bajaron 275 kilos de explosivos, en dos tandas, hasta la base de Mina Conchita, es evidente que tuvieron que llevar a cuestas, cada uno de ellos, 45 kilos, cada vez. Y eso que uno de los peritos manifestó que transportar cualquier peso por aquel camino -¡de día y, por tanto, con luz!- suponía un «esfuerzo titánico».
Es lo malo de las versiones que se aceptan globalmente. Fallan por completo cuando se desciende al detalle. El juez Javier Gómez Bermúdez lo enfatizó cuando se peritaba en la vista oral los viajes de tres jóvenes de Asturias a Madrid transportando bolsas pesadas. Los peritos comprobaron en su día la capacidad de las mochilas introduciendo bolsas con cartuchos de Goma 2 ECO y hachís. «¿Por qué no hicieron la prueba pericial cargando la bolsa con CD si esto era lo que uno de ellos dijo que creía que llevaba?», les espetó el juez. Y no supieron qué decir.
Argumentaron que descartaron que llevaran hachís porque lo «hubieran olido los transportistas». Pero el juez les recordó que el olor del hachís puede camuflarse ya que, si no, en el tráfico ilegal por cualquier frontera «lo oleríamos todos». Y para rematar advirtió a los peritos de que utilizaban frases de un testigo cuando les convenía para la conclusión de su informe y omitían otras cuando no les convenía. «Pero es que El Gitanillo dijo... y hay sentencia firme». La contestación del juez no pudo ser más concluyente, «la sentencia de El Gitanillo no tiene nada que ver con este proceso».
Por cierto que los peritos conectaron un presunto viaje de Emilio Suárez Trashorras en la madrugada del 6 de febrero de 2004 con un viaje de El Gitanillo en esos días transportando una bolsa pesada a Madrid en autobús de línea. Es raro porque en esa fecha El Gitanillo permanecía recluido en un centro social asturiano, como puede probarse por los escritos emitidos por el propio centro.
Ante la presión de los abogados y del propio juez, los peritos se han agarrado a un clavo ardiendo para argumentar el transporte de explosivos a Madrid. Se basan en lo que declaró Iván Granados. O sea, en alguien que dijo que alguien le había dicho. Como argumento para una pericial no parece muy consistente.
La realidad es que el vídeo que presentó la Guardia Civil, hace dos semanas, de aquel camino imposible en Mina Conchita,no pudo resultar más demoledor para los que aún sostienen esa procedencia para los explosivos que volaron los trenes. ¿De noche, con una gran nevada, con 45 kilos a la espalda y por aquel camino, dos veces? No puede tomarse en serio.
Pero vayamos al laberinto de las tarjetas y los teléfonos. Hemos dicho, al comienzo, que los presuntos autores de la matanza eran idiotas y ahora vamos a argumentar el porqué de esa afirmación.
En teoría, un terrorista intenta dejar la menor huella de la preparación de sus crímenes. Por eso toma todas las precauciones posibles para no dejar rastro.
Los presuntos autores del 11-M hicieron justo lo contrario. De hecho, y según el auto de procesamiento del juez Juan del Olmo, utilizaron un número de teléfono concreto para llamarse entre sí en los momentos clave, la noche del 28 al 29 de febrero de 2004, cuando en teoría estaban robando los explosivos en Asturias, y los días inmediatamente anteriores a los atentados, incluida la madrugada del 11-M.
Fue por ese número de teléfono por el que la instrucción pudo saber que Jamal Ahmidan, El Chino, se encontraba en las localidades asturianas de Salas y Soto de la Barca a las 00.10 horas, a la 01.52 h., a las 06.16 h. y a las 12.02 h. del día 29 de febrero de 2004, cerca de Mina Conchita. El Gitanillo también dijo que desde la mina El Chino había llamado por teléfono, pero eso se vino abajo cuando delante del juez Del Olmo se demostró que no había cobertura en cinco kilómetros a la redonda.
La única constancia telefónica de la presencia de Jamal Ahmidan en localidades próximas a la mina es por las llamadas del 656000311 al móvil atribuido a El Chino. No fue una llamada entre dos móviles. Los presuntos terroristas hicieron la llamada de la única forma en que se puede establecer perfectamente dónde está ubicado el que llama y dónde está el que recibe. Usaron un mensaje corto a través de un servicio de mensajería. El comunicante transmite el mensaje al número de servicio de la compañía telefónica. Ésta localiza la posición del receptor y después le envía el mensaje. En resumen, los terroristas utilizaron para comunicarse, en los momentos clave, un servicio que delataría la posición exacta de todos ellos, los que hablaban y los que recibían.
Por qué lo hicieron es un misterio. Pero lo más curioso es que la Policía ocultó al juez durante más de un año que ése hubiera sido el procedimiento empleado.
El número que nos ocupa es el 656000311. En los informes oficiales los investigadores le dijeron al juez dos cosas: que sería muy importante averiguar la identidad del que tenía la tarjeta Sim con ese número y que por muchas gestiones que se habían hecho no habían podido averiguar de quién se trataba.
En el año 2005, -¡un año después de los atentados!- el juez insistió en que necesita saber a quién pertenecía ese número y otros utilizados por los terroristas en momentos decisivos. La contestación de la UCI, la Unidad Central de Inteligencia, produce hoy estupor.
'ARDUAS' GESTIONES
Aseguran los investigadores -no nos olvidemos que está firmado en marzo de 2005- que «no se tienen datos relativos al usuario de la tarjeta SIM 656000311, pero que en los datos comprobados siempre aparece como llamante, enviando SMS». «Ello obliga» -en negrita en el original- «a investigar en mayor medida este número, bien en la función expresada o de comunicaciones con la célula terrorista o entre ellos, en momentos clave».
En definitiva, a pesar de las arduas gestiones realizadas durante un año y de lo importante que sería la identificación del usuario para la investigación, la UCI no había podido averiguarlo.
La tomadura de pelo al juez no puede ser de mayor calibre. El lector puede hacer la prueba. Abran internet, coloquen el número 656000311 en el buscador de Google y verán como salen decenas de páginas en las que se advierte que ese número es el del servidor de mensajes de la compañía Amena. Es más, el número estaba publicitado, en 2004, en todos los rincones del planeta ya que se trataba del número a marcar desde el extranjero para enviar un mensaje a España.
LA MEJOR FORMA DE LOCALIZAR A ALGUIEN
Cualquiera puede mandar esos mensajes, a través del sistema roaming, desde cualquier lugar del mundo. La compañía utilizada localiza geográficamente al receptor final de la llamada y esos datos quedan grabados. Por supuesto que la compañía que presta el servicio de mensajería sabe quién es el autor de la llamada, entre otras cosas porque necesita facturarle el servicio.
Un año después de los atentados, la UCI le dijo oficialmente al juez que no podía saber quién era el propietario del 656000311. El retraso fue clave dado que sólo el tiempo puede dar una excusa a cualquier compañía para asegurar que los datos de los usuarios se han borrado.
En cada tarjeta de teléfono hay un código personal que viaja con los mensajes sin que el usuario lo sepa. No hay manera de camuflarlo. La UCI hubiera podido obtener esos datos con un simple requerimiento del juez a Amena. ¿Recuerdan la diligencia con la que Enrique García Castaño, el responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el verdugo de Agustín Díaz de Mera, gestionó en Amena los datos de la tarjeta de la mochila de Vallecas?
El juez Del Olmo se conformó, según figura en el auto de procesamiento, con la localización geográfica del receptor de los mensajes, datos que sí se obtuvieron inmediatamente. Es como si de esas llamadas clave sólo les hubiera preocupado el lugar en el que se encontraban los receptores de las llamadas pasando por alto quién era el que llamaba. Aún hoy, siguen anónimos los que enviaron mensajes a los implicados en lugares y momentos clave. Un año y un mes más tarde de los atentados y después de que la UCI le mandara un informe para explicarle su incapacidad para identificarlo, concretamente el 5 de abril de 2005, el juez Del Olmo firma un auto por el que solicita a Amena que le dé los números telefónicos que hubieran remitido o recibido mensajes a través del número de su centro servidor 656000311 -al fin ya sabe de quién se trata- a seis números concretos de teléfonos en seis días determinados. El juez se olvida de pedir lo mismo para las llamadas que hizo el 656000311 al teléfono 649436246, el del policía Manuel García Rodríguez el 12 de febrero de 2004, a las 15.33 horas y el 13 de marzo de 2004 a las 21.30 horas.
El juez Del olmo se conformó, según figura en el auto de procesamiento, con la localización geográfica de algunos de los receptores de los mensajes sin entrar en más consideraciones. Nadie ha parecido preocuparse porque el número de Emilio Suárez Trashorras estuviera recibiendo, en la noche famosa del 28 de febrero de 2004, mensajes de forma automática, primero cada dos horas y más tarde cada cuatro. Así figura en los listados de la compañía telefónica aunque él ni siquiera se enterara de que había recibido esos mensajes, ya que en su teléfono receptor no pudo captarlos.
En mayo de 2004, -un mes y medio después de los atentados- la Guardia Civil ya le pidió al juez que recabara información detallada sobre los usuarios del 656000311. Un año más tarde seguía sin tener datos, ya que le mandó un nuevo escrito al juez para pedirle la misma información.
Pero la miopía de las Fuerzas de Seguridad en la investigación del 11-M parece que fue contagiosa.
LAS TRAMPAS DE LOS MOVILES
La Guardia Civil redactó y envió al juez, en la primavera de 2004, un informe sobre el entorno de Emilio Suárez Trashorras, el ex minero de Avilés. En el escrito, -operación Páramo-, la Benemérita atribuyó a Antonio Toro Castro dos números de teléfono. El 607471482 y el 607003110.
Explicaba que la utilización de dos números que no estaban relacionados con su actividad laboral denotaba la adopción de especiales medidas de seguridad. Desde el primero, aseguraban, mantenía contactos frecuentes con Rafá Zouhier -el confidente de la UCO, la Unidad Central Operativa- y pudo ser situado en Madrid el 10 y 11 de marzo de 2004.
Desde el 607003110, -según el informe de la Guardia Civil- Antonio Toro contactó con Jamal Ahmidan, Zouhier, Trashorras, Carmen Toro y con el policía Manuel García Rodríguez. El informe especificaba que «el teléfono 607003110 de Antonio Toro Castro únicamente realiza llamadas salientes, sin que se detecten llamadas entrantes». «De ello se infiere que el uso de este teléfono estaba reservado a impartir instrucciones al resto de implicados, lo que le sitúa como un elemento clave del Grupo de Avilés».
El ridículo, una vez más, no puede ser mayor. El número 607003110, atribuido por la Guardia Civil a Antonio Toro no era otro que el teléfono de mensajería de la compañía Vodafone. Como en el caso de Amena, alguien utilizó el teléfono intermediario de mensajería de una compañía telefónica para contactar con los implicados de Avilés y con el policía Manuel García Rodríguez. Dice la Guardia Civil que desde ese teléfono se impartían órdenes. ¿También le transmitían órdenes al policía? ¿Quienes eran los usuarios de ese servicio?
Además los mensajes al servidor no sólo pueden mandarse desde un teléfono móvil. También se pueden enviar desde módem, terminales digitales o internet. La hora de recepción no significa que el mensaje se haya enviado en ese momento, ya que el usuario puede programar que llegue horas más tarde. Técnicos en telefonía nos han explicado que si aparece el número de mensajería de una compañía como llamante es casi seguro que el mensaje procede del extranjero.
Queremos señalar que esas llamadas en momentos clave, que delataban la ubicación de los implicados, no responden a la ingenuidad de una comunicación normal. Tanto el procedimiento de las llamadas como el que, ante el juez, se retrasara más de un año su procedencia indica una intención deliberada. Alguien se preocupó de dejar ese rastro.
No hay nada más tramposo que una llamada desde un móvil. Existen procedimientos técnicos para acoplar varios números de teléfono a una misma tarjeta o para que conste una llamada desde un número de teléfono sin que el usuario se haya enterado. El avance técnico es tal que la relación de llamadas tiene un valor probatorio muy escaso.
Tal vez por estas últimas reflexiones, una inteligente policía de Información que participó en el cerco del piso de Leganés -la que llamó al timbre- le dijo a un compañero poco después de que el piso volara por los aires: «Sólo tenemos unas cuantas llamadas cruzadas entre los sospechosos. O sea, nada». La policía fue inmediatamente relevada de sus funciones. Visto con perspectiva, puede que le hicieran un gran favor al apartarla de los focos de tanta mentira.
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