El Gobierno niega a la comisión del 11-M documentos clave sobre lo ocurrido
03-07-04
11-M LA INVESTIGACION / LA ENTREGA DE INFORMES
El Gobierno niega a la comisión del 11-M documentos clave sobre lo ocurrido
11-M LA INVESTIGACION / LA ENTREGA DE INFORMES
El Gobierno niega a la comisión del 11-M documentos clave sobre lo ocurrido
De los 38 clasificados como secretos, sólo entregará 5 sin restricción; 8 podrán ser consultados por los portavoces pero no utilizarse en las conclusiones; 19 irán a la Comisión de Secretos Oficiales, que no podrá desvelar su contenido, y 6 no serán mostrados a nadie
FERNANDO GAREA
MADRID.- El Gobierno aprobó ayer la desclasificación parcial de los documentos secretos solicitados por la comisión de investigación del 11-M, pero no se incluyen los informes clave del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que pueden servir para esclarecer los hechos.
(.../...)
Tan parcial es la desclasificación como que sólo se hará público el contenido de cinco de los 38 documentos secretos solicitados por el Congreso. Seis han sido denegados y otros ocho podrán ser consultados únicamente de forma reservada por los representantes de los distintos grupos parlamentarios que pertenecen a esa comisión.
Todos esos documentos proceden del Ministerio del Interior. Sin embargo, ninguno de los papeles secretos del CNI podrá ir a la comisión de investigación o ser consultado por sus miembros y, por tanto, no han sido desclasificados.
Esos 19 documentos del Centro Nacional de Inteligencia mantienen la clasificación de secretos y a lo único que accede el Gobierno es a permitir que sean vistos por los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales, sin posibilidad de hacer copias ni informar de su contenido.
Se da la circunstancia de que los miembros de esa Comisión, que son elegidos por los tres quintos del Congreso, tienen obligación de guardar secreto sobre la información que reciban, según el Reglamento de la Cámara y la ley del CNI.
Si desvelaran la información secreta podrían ser sancionados con penas que pueden suponer hasta su suspensión temporal como diputados, según los artículos 99 y 101 del Reglamento del Congreso.
Dado que los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales no son los mismos que los de la Comisión de Investigación, teóricamente no puede haber trasvase de información entre ellos. En todo caso, la información sobre esos documentos del CNI no puede ser utilizada luego en los interrogatorios de los comparecientes, ni en las propuestas de informes finales, ni por supuesto en las conclusiones que cierren la Comisión.
Es decir, a efectos de la Comisión de Investigación esos documentos no existirán.
Sólo coincide como miembro de la Comisión de Investigación y de la de Secretos Oficiales el diputado de Coalición Canaria Paulino Rivero, pero como presidente de la del 11-M tiene un papel arbitral e institucional, sin representar a su grupo.
La ley del CNI dificulta que pueda haber una delegación de los miembros de la Comisión de Secretos en sus compañeros de la del 11-M, ya que, en su artículo 11, la ley que regula los servicios secretos especifica claramente quiénes pueden tener acceso a esos documentos, dentro de la llamada comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados o Comisión de Secretos Oficiales.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se remitió ayer al presidente del Congreso, Manuel Marín, para que determine las circunstancias de acceso a esa documentación.Marín preside, según el Reglamento del Congreso, la Comisión de Secretos.
Entre esos papeles del CNI que no se harán públicos se encuentran los informes sobre armas de destrucción masiva en Irak y vínculos del régimen de Sadam con grupos terroristas que manejó el Gobierno de José María Aznar. Esos papeles seguirán siendo secretos, en contra de la promesa de José Luis Rodríguez Zapatero, quien aseguró durante la campaña electoral, en el Foro de EL MUNDO, que si llegaba a ser presidente del Gobierno los haría públicos porque ya no afectan a la seguridad.
El entonces líder de la oposición aseguró en ese momento que disponía ya de esos documentos del CNI. Fuentes próximas a Zapatero explican que el ahora presidente del Gobierno no ha querido dar imagen de venganza contra su antecesor y menos en el marco de una comisión de investigación sobre un atentado y el día que empezaba el Congreso del PSOE.
Amenazas de Bin Laden
En este grupo de documentos se incluyen, entre otros, un informe de 27 de octubre de 2003 sobre las amenazas de Bin Laden que mencionan a España, otro sobre el peligro potencial del terrorismo islamista, otros sobre las consecuencias del atentado de Casablanca, los elaborados por el CNI tras el 11-M y el citado sobre «la posible existencia de armas de destrucción masiva en Irak».
Hay otros seis documentos que el Gobierno mantiene en secreto y ni siquiera podrán ser vistos por los diputados de forma reservada.Son los referidos a servicios secretos de otros países que están protegidos frente a cualquier desclasificación, según el artículo 11 de la ley del CNI.
Por ejemplo, se incluyen los informes remitidos por servicios secretos extranjeros sobre posibles atentados terroristas no etarras en España antes del 11-M; el informe de los servicios secretos de Marruecos tras los atentados de Casablanca «para comprobar si se estuvo realizando seguimiento a Jamal Zougam, por estar conectado con el ataque de Casablanca»; documentos procedentes del exterior sobre posibles autores del 11-M; dos escritos del Mosad (servicios secretos israelíes) sobre Al Qaeda, e informes de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña.
Los cinco informes desclasificados de Interior fueron enviados ayer mismo al Congreso para que se hagan públicos. Sin embargo, los representantes del Gobierno llegaron tarde al registro del Congreso de los Diputados, cuando éste ya estaba cerrado, por lo que no pudieron depositarlos. Previsiblemente, llegarán hoy a la Cámara Baja.
Entre esos documentos hay, por ejemplo, notas de despacho intercambiadas entre los responsables del Ministerio del Interior, los medios dedicados en las Fuerzas de Seguridad a combatir el terrorismo islamista, el análisis policial de las amenazas tras el 11-S y la confección de los retratos robot de los presuntos autores, entre otros.
Los que verán los miembros de la Comisión de Investigación de forma reservada, pero que no se harán públicos, proceden de Interior y son, por ejemplo, los informes de Europol, los documentos policiales procedentes de otros países sobre Al Qaeda, los informes policiales extranjeros y españoles tras el 11-M y los referidos a supuestas relaciones entre ETA y terroristas islamistas, entre otros.
Un capítulo importante es el de los nueve que, según el Gobierno, no constan o no aparecen en ningún archivo. Por ejemplo, las actas del Gabinete de Crisis que supuestamente se celebró en La Moncloa el mismo día de la masacre de Madrid.
Otro grupo de documentos es el de los 17 pedidos por el Congreso al Gobierno y que tampoco serán entregados para la investigación del 11-M, porque fueron ya remitidos al juez y es éste quien debe autorizar si se hacen públicos, dado que el sumario está declarado secreto.
Otros 20 documentos que no estaban declarados secretos ya fueron entregados el martes al Congreso por el Gobierno, que hoy hará llegar siete más.
FERNANDO GAREA
MADRID.- El Gobierno aprobó ayer la desclasificación parcial de los documentos secretos solicitados por la comisión de investigación del 11-M, pero no se incluyen los informes clave del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que pueden servir para esclarecer los hechos.
(.../...)
Tan parcial es la desclasificación como que sólo se hará público el contenido de cinco de los 38 documentos secretos solicitados por el Congreso. Seis han sido denegados y otros ocho podrán ser consultados únicamente de forma reservada por los representantes de los distintos grupos parlamentarios que pertenecen a esa comisión.
Todos esos documentos proceden del Ministerio del Interior. Sin embargo, ninguno de los papeles secretos del CNI podrá ir a la comisión de investigación o ser consultado por sus miembros y, por tanto, no han sido desclasificados.
Esos 19 documentos del Centro Nacional de Inteligencia mantienen la clasificación de secretos y a lo único que accede el Gobierno es a permitir que sean vistos por los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales, sin posibilidad de hacer copias ni informar de su contenido.
Se da la circunstancia de que los miembros de esa Comisión, que son elegidos por los tres quintos del Congreso, tienen obligación de guardar secreto sobre la información que reciban, según el Reglamento de la Cámara y la ley del CNI.
Si desvelaran la información secreta podrían ser sancionados con penas que pueden suponer hasta su suspensión temporal como diputados, según los artículos 99 y 101 del Reglamento del Congreso.
Dado que los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales no son los mismos que los de la Comisión de Investigación, teóricamente no puede haber trasvase de información entre ellos. En todo caso, la información sobre esos documentos del CNI no puede ser utilizada luego en los interrogatorios de los comparecientes, ni en las propuestas de informes finales, ni por supuesto en las conclusiones que cierren la Comisión.
Es decir, a efectos de la Comisión de Investigación esos documentos no existirán.
Sólo coincide como miembro de la Comisión de Investigación y de la de Secretos Oficiales el diputado de Coalición Canaria Paulino Rivero, pero como presidente de la del 11-M tiene un papel arbitral e institucional, sin representar a su grupo.
La ley del CNI dificulta que pueda haber una delegación de los miembros de la Comisión de Secretos en sus compañeros de la del 11-M, ya que, en su artículo 11, la ley que regula los servicios secretos especifica claramente quiénes pueden tener acceso a esos documentos, dentro de la llamada comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados o Comisión de Secretos Oficiales.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se remitió ayer al presidente del Congreso, Manuel Marín, para que determine las circunstancias de acceso a esa documentación.Marín preside, según el Reglamento del Congreso, la Comisión de Secretos.
Entre esos papeles del CNI que no se harán públicos se encuentran los informes sobre armas de destrucción masiva en Irak y vínculos del régimen de Sadam con grupos terroristas que manejó el Gobierno de José María Aznar. Esos papeles seguirán siendo secretos, en contra de la promesa de José Luis Rodríguez Zapatero, quien aseguró durante la campaña electoral, en el Foro de EL MUNDO, que si llegaba a ser presidente del Gobierno los haría públicos porque ya no afectan a la seguridad.
El entonces líder de la oposición aseguró en ese momento que disponía ya de esos documentos del CNI. Fuentes próximas a Zapatero explican que el ahora presidente del Gobierno no ha querido dar imagen de venganza contra su antecesor y menos en el marco de una comisión de investigación sobre un atentado y el día que empezaba el Congreso del PSOE.
Amenazas de Bin Laden
En este grupo de documentos se incluyen, entre otros, un informe de 27 de octubre de 2003 sobre las amenazas de Bin Laden que mencionan a España, otro sobre el peligro potencial del terrorismo islamista, otros sobre las consecuencias del atentado de Casablanca, los elaborados por el CNI tras el 11-M y el citado sobre «la posible existencia de armas de destrucción masiva en Irak».
Hay otros seis documentos que el Gobierno mantiene en secreto y ni siquiera podrán ser vistos por los diputados de forma reservada.Son los referidos a servicios secretos de otros países que están protegidos frente a cualquier desclasificación, según el artículo 11 de la ley del CNI.
Por ejemplo, se incluyen los informes remitidos por servicios secretos extranjeros sobre posibles atentados terroristas no etarras en España antes del 11-M; el informe de los servicios secretos de Marruecos tras los atentados de Casablanca «para comprobar si se estuvo realizando seguimiento a Jamal Zougam, por estar conectado con el ataque de Casablanca»; documentos procedentes del exterior sobre posibles autores del 11-M; dos escritos del Mosad (servicios secretos israelíes) sobre Al Qaeda, e informes de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña.
Los cinco informes desclasificados de Interior fueron enviados ayer mismo al Congreso para que se hagan públicos. Sin embargo, los representantes del Gobierno llegaron tarde al registro del Congreso de los Diputados, cuando éste ya estaba cerrado, por lo que no pudieron depositarlos. Previsiblemente, llegarán hoy a la Cámara Baja.
Entre esos documentos hay, por ejemplo, notas de despacho intercambiadas entre los responsables del Ministerio del Interior, los medios dedicados en las Fuerzas de Seguridad a combatir el terrorismo islamista, el análisis policial de las amenazas tras el 11-S y la confección de los retratos robot de los presuntos autores, entre otros.
Los que verán los miembros de la Comisión de Investigación de forma reservada, pero que no se harán públicos, proceden de Interior y son, por ejemplo, los informes de Europol, los documentos policiales procedentes de otros países sobre Al Qaeda, los informes policiales extranjeros y españoles tras el 11-M y los referidos a supuestas relaciones entre ETA y terroristas islamistas, entre otros.
Un capítulo importante es el de los nueve que, según el Gobierno, no constan o no aparecen en ningún archivo. Por ejemplo, las actas del Gabinete de Crisis que supuestamente se celebró en La Moncloa el mismo día de la masacre de Madrid.
Otro grupo de documentos es el de los 17 pedidos por el Congreso al Gobierno y que tampoco serán entregados para la investigación del 11-M, porque fueron ya remitidos al juez y es éste quien debe autorizar si se hacen públicos, dado que el sumario está declarado secreto.
Otros 20 documentos que no estaban declarados secretos ya fueron entregados el martes al Congreso por el Gobierno, que hoy hará llegar siete más.
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