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7.12.06

 

El PP califica de 'involución democrática' el nuevo montaje de Interior contra EL MUNDO

 

7-12-06



BAJO SOSPECHA / La decisión del juez

El PP califica de 'involución democrática' el nuevo montaje de Interior contra EL MUNDO


Angel Acebes equipara la divulgación de las conversaciones privadas de un periodista con la falsificación documental y con la detención de militantes del PP

C. REMIREZ DE GANUZA / J. MANSO

MADRID.- El secretario general del PP, Angel Acebes, calificó ayer de «absolutamente inaceptable e intolerable» la publicación de las conversaciones privadas de un periodista de EL MUNDO porque, según afirmó, «supone un retroceso y una involución democrática».

El número dos del PP descartó que la publicación de dichas transcripciones telefónicas sea una «casualidad» y recordó que ese periodista, Fernando Lázaro, «es el mismo que denunció el chivatazo policial a los miembros de la red de extorsión de ETA».
(.../...)

Acebes destacó que ese hecho fue judicializado y que «el Ministerio del Interior no ha dado explicación alguna» hasta el momento, ni mucho menos ha «depurado responsabilidades». «La publicación de estas conversaciones privadas del periodista es la primera noticia que se produce después de un acontecimiento de la máxima gravedad como es el citado chivatazo», comentó.

Una segunda observación del dirigente popular llevaba implícita, además, una denuncia política directa contra el Ministerio del Interior. Y es que Acebes comparó ayer la publicación de las conversaciones privadas del periodista con «la falsificación de documentos» -en relación con las imputaciones que pesan sobre los policías que presuntamente manipularon los informes periciales del 11-M- y con las «detenciones ilegales» practicadas, según sentencia, contra dos militantes del PP por parte de agentes de Interior.

«Lo que ocurre en estos momentos en España, en el Ministerio del Interior, es de una enorme gravedad», declaró Acebes. «Hacía muchos años que no pasaba algo así y, de hecho, no ocurre en ninguna democracia que se precie», añadió, dirigiendo todas las «sospechas» hacia el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.

La alarma trasladada ayer por Angel Acebes se basa, según dijo, en la «forma de presión» que el PP advierte tras la propia publicación de las conversaciones. «En una democracia no se puede perseguir a la oposición ni a los periodistas o a cualquiera que exija transparencia y verdad sobre un asunto, o simplemente discrepe». «El PP», terminó, «va a exigir en todos estos asuntos la máxima claridad y transparencia, y que se determinen los responsables políticos.

El auto del juez Del Olmo conocido el martes dedica dos folios y medio a hacer públicas 14 comunicaciones telefónicas privadas entre el periodista de EL MUNDO Fernando Lázaro y una supuesta fuente. Además, difunde el modelo de vehículo y el número de teléfono móvil de Lázaro, pese a que éste no está imputado.

Del auto se desprende que la Policía, con la aquiescencia del magistrado, desvió la investigación de una trama de tráfico de explosivos y de drogas en el Cuerpo a otra de revelación de secretos, en cuanto conoció que EL MUNDO podía destapar la noticia. En ese momento, Del Olmo ordenó intervenir el teléfono de una de las supuestas fuentes, Celestino Rivera.

Reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido señalando que la observación de las telecomunicaciones supone una grave injerencia en la esfera de la intimidad y que, por tanto, debe exigirse que la infracción que se persigue revista una cierta gravedad.

Asimismo, las conversaciones que recoge el auto muestran que Celestino Rivera tenía interés en despertar la investigación ya que, según dice, «se ha archivado» -pese a que se desconocen el origen de los explosivos y las motivaciones de los imputados-. Por esa razón, apremia al periodista a que publique una determinada información, aunque en ningún momento queda claro que fuese él quien la filtró.

Cuando este periódico desveló la noticia, Del Olmo hizo coincidir la detención del grupo corrupto con la de las dos personas acusadas de filtrar la información a EL MUNDO, como si entre las conductas delictivas de unos y otros existiese alguna conexión. Curiosamente, de la lectura del auto se descarta de forma palmaria que la hubiese.

Aun así, el juez continuó prolongando esa apariencia cuando decidió, en la misma resolución, mantener en prisión incondicional a los dos agentes imputados sólo por revelación de secretos, y a tres integrantes de la trama mafiosa que aquéllos habían denunciado.

Para mantener en la cárcel a dos policías que sólo están acusados de haber revelado una información a un periódico -algo que tampoco se deduce del auto de manera evidente-, el magistrado sigue el criterio del fiscal Miguel Angel Carballo, para quien existe riesgo de destrucción de pruebas, pese a que los domicilios y las taquillas de los dos agentes ya han sido registrados.

El auto del juez Del Olmo no se pronuncia sobre su posible inhibición en favor de otro juzgado para la instrucción de la causa. La Audiencia Nacional sólo sería competente para seguir investigando si observara algún indicio de que el tráfico de explosivos tenía fines terroristas, o de que el de drogas lo llevaba a cabo una banda organizada y afectaba al territorio de más de una provincia.

Y, aunque se diese ese caso, Del Olmo tendría que renunciar a continuar persiguiendo el presunto delito de revelación de secretos en favor de un juzgado de instrucción.



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NO SABEMOS A QUIÉN IBA LA DINAMITA PERO SI QUIÉN HABLABA CON EL MUNDO

 

7-12-06



Editorial

NO SABEMOS A QUIÉN IBA LA DINAMITA PERO SI QUIÉN HABLABA CON EL MUNDO


Como de costumbre, resulta difícil seguir el hilo del relato en el confuso y mal redactado último auto del juez Del Olmo, pero hay una cosa que sí queda meridianamente clara: que ni el fiscal, ni el magistrado, ni la Policía han sido capaces de descubrir en cuatro meses quién le dio la dinamita al confidente de Leganés, de dónde procedía el explosivo y, lo que es más importante, cuál era el objeto del tráfico. Esto debería ser lo esencial.

Algunos medios se han hecho eco estos días de la inverosímil teoría de una simulación para que la Udyco se apuntara un éxito policial a cambio de impunidad para un agente corrupto y de favores al confidente que les entregó la dinamita. Habría sencillamente que pensar que los protagonistas de tal enredo son idiotas al prestarse a ser acusados de un delito castigado con más de cinco años de prisión, como así ha sucedido.
(.../...)

Lo fundamental, pues, sigue siendo un enigma, pero en cambio las conversaciones grabadas entre el agente Celestino Rivera y nuestro periodista Fernando Lázaro dejan traslucir que la cúpula policial había decidido enterrar el asunto, aunque la investigación judicial siguiera abierta. ¿Por qué el Ministerio del Interior no quería llegar hasta el final? Nuestra hipótesis es que bastaba que existieran elementos circunstanciales que permitían evocar la inconsistencia de la versión oficial del 11-M para que lo conveniente fuera echar tierra sobre el asunto.

Lo que sucedió en el transcurso de la investigación es que la Fiscalía e Interior vieron la posibilidad de desviar la atención sobre este escándalo hacia otro absolutamente colateral, que era la filtración de la noticia a nuestro periódico, que no estaba más que cumpliendo con su obligación de informar. Para esta finalidad era necesaria la complicidad del juez, que -no sabemos si por incompetencia o afán de venganza hacia EL MUNDO- decidió tragarse este indigesto guiso cocinado por la cúpula policial. Además de lanzar un claro mensaje a los funcionarios tentados a denunciar la corrupción, la maniobra de Interior apuntaba a intentar desacreditar al periodista y al periódico que habían informado sobre el chivatazo policial a un intermediario de ETA. Con razón, el secretario general del PP tildó ayer estos hechos de «involución democrática».

Resulta muy elocuente que, al día de la fecha, se encuentren en prisión incondicional dos policías por tener relaciones con un periódico -uno de ellos, simplemente por asistir a una reunión- y que no haya ninguno ni siquiera imputado por el chivatazo a ETA. Como declaró ayer a Efe nuestro director, Interior, la Fiscalía y la Audiencia deberían explicar esta «vergüenza».

Del Olmo, que no se caracteriza precisamente por su sutileza profesional, ha cometido, además, cuatro graves errores jurídicos que ponen en cuestión su actuación. El primero es seguir investigando un hecho del que no es competente, ya que el tráfico de explosivos -si no hay finalidad terrorista- debe ser instruido por un juzgado ordinario. Del Olmo puede argumentar que en agosto desconocía a dónde le iba a llevar esa investigación, pero cuatro meses después no hay atisbo alguno de vínculo de los agentes y sus colaboradores con una organización terrorista.

El segundo error es no haber deducido testimonio para abrir una causa separada al aparecer la revelación de secretos, ya que no existe conexión entre el tráfico de dinamita y la filtración de secretos.

El tercer error es haber autorizado las escuchas por un delito de revelación de secretos, algo que vulnera la jurisprudencia del Constitucional, que estableció que esa práctica sólo está justificada en el caso de graves delitos.

Y el cuarto error es el haber decretado prisión preventiva incondicional contra los dos agentes por un delito en el que ni existe riesgo de fuga ni los acusados pueden alterar las pruebas, únicos supuestos legales para adoptar una medida tan grave.

La conducta de nuestro redactor, como demuestra el propio auto, ha sido intachable, y lo que prueban sus palabras es su loable afán por comprobar una noticia. Lástima que algunos medios se hayan preocupado más de publicar las conversaciones con sus fuentes y de difamar a quien investiga, que de conocer la verdad. El tiempo, como en el caso del informe de los peritos, pondrá a cada uno en su lugar.


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Una compleja trama aún sin esclarecer

 

7-12-06



BAJO SOSPECHA / El análisis

Una compleja trama aún sin esclarecer


El juez Del Olmo no aclara quién robó los cinco kilos de Goma 2 ECO localizados en agosto en Madrid y para qué iban a ser utilizados

EL MUNDO

Las investigaciones judiciales y policiales iniciadas tras la aparición en Leganés (Madrid) de cinco kilos de Goma 2 tienen aún muchas lagunas. El auto del juez Del Olmo corrobora las informaciones publicadas por este periódico, según las cuales tras el explosivo se podía encontrar una mafia policial. Del Olmo detuvo a siete personas, cuatro de ellas policías. A dos les acusa, entre otros delitos, de tráfico de explosivos y de drogas. Y a los otros dos, de revelación de secretos a EL MUNDO. En el auto, apunta que los datos revelados se referían a las investigaciones policiales sobre la trama. En ningún punto se habla ni de los atentados del 11-M ni de 'extrañas maniobras' entre EL MUNDO y los policías. El juez reproduce las conversaciones entre el periodista y un policía.


MADRID.- La investigación comenzó el pasado mes de agosto, cuando fueron localizados cinco kilos de Goma 2 ECO en Leganés (Madrid). Inicialmente, se trataba de desentrañar un extraño caso sobre tráfico de explosivos. Pero el juez Del Olmo aprovechó las circunstancias para perseguir a policías que presuntamente hablaron con un periodista de EL MUNDO para desvelar la trama criminal.
(.../...)


ACTO PRIMERO

Aparecen cinco kilos de Goma 2 ECO en agosto en Leganés

El 19 de agosto pasado, el diario EL MUNDO desvela que había sido detenido un correo que debía entregar cinco kilos de Goma 2 ECO cerca del piso donde murieron los presuntos autores del 11-M. El correo abrió el paquete al retrasarse su contacto y, al ver que eran explosivos, avisó a la Policía. Este periódico destacó la coincidencia entre el material localizado y el que, al parecer, fue utilizado en la masacre de Madrid. Al día siguiente trascendió que la investigación la llevaba Del Olmo y que había tomado declaración a todos los protagonistas. Ese día se supo también que el que había alertado del explosivo era un confidente.

ACTO SEGUNDO

Una primera versión de los implicados difícil de entender

Según los primeros datos que recopiló la investigación, el confidente Manuel Romero, en la noche del 15 de agosto, se puso en contacto telefónico con el policía González Clares, El Moro, para decirle que tenía en su poder dinamita y detonadores. En una farragosa versión incorporada en el auto, se indica que El Moro avisó a dos miembros de la Udyco. En el auto no se aclara si el explosivo se lo entrega el confidente a El Moro en casa de este último, ni dónde está el paquete cuando llegan los agentes de la Udyco. Estos agentes también están imputados por el juez en la causa. Tras el descubrimiento del explosivo en el interior de una bolsa, los policías allí desplazados alertaron al 091 para que se trasladaran a la zona las unidades especializadas policiales, incluidos los Tedax y la Brigada Provincial de Información de Madrid.

En sus declaraciones iniciales del pasado mes de agosto, Manuel Romero aseguró que fue un tal Adolfo Rodríguez quien le entregó los explosivos. El juez tomó declaración a todos y los dejó en libertad.

ACTO TERCERO

Los pinchazos desvelan una trama policial

Pero ya nada está claro y el juez, tal y como detalla el escrito judicial, autoriza la intervención telefónica del confidente policial que tiene en su poder el explosivo y de la persona que en ese momento se presumía que se lo había dado. Además de por el cruce de llamadas, los investigadores constatan la implicación en esta trama de los autores iniciales y lo corroboran con las graves contradicciones que existen entre sus versiones tras el hallazgo de la dinamita en agosto y tras ser detenidos.

El auto deja clara la participación directa en toda la trama de los explosivos tanto de González Clares como de su confidente y de la mujer de este último. Pero, en ningún caso, el auto del juez construye una teoría sobre cuál era el destino final de los explosivos. De hecho, la deja en el aire y sólo pone sobre la mesa las contradicciones entre sus versiones. Aún no se sabe, pues, de dónde fueron robados los explosivos ni quién los robó, ni mucho menos cuál era su fin, qué estaba previsto que pasara o en manos de quién iba a acabar la Goma 2 y los detonadores localizados en agosto en Leganés.

Algunos medios apuntaron que se trataba de un montaje del propio policía para ganarse el favor de los agentes de la Udyco central para poder blindarse en sus actividades ilícitas. Esta teoría no ha quedado plasmada en el auto del juez. Incluso, se insinuó que podría tratarse de un montaje para vincular ese hallazgo de la Goma 2 con el 11-M. En algunos medios se apuntó que algunos de los implicados en esta trama de explosivos, pese a saber que sus teléfonos estaban pinchados, se pusieron en contacto con un periodista del diario EL MUNDO para aportar datos. Según el escrito del juez, los policías implicados en la trama mafiosa no tuvieron ninguna relación con EL MUNDO.

ACTO CUARTO

Implicados en un falso delito para implicar a una rusa

Y es fruto de estas investigaciones policiales y judiciales sobre el caso del tráfico de explosivos cuando los agentes de la Brigada Provincial de Información se encuentran ante el caso de un falso delito contra una ciudadana rusa provocado por varios de los ahora encarcelados.

En concreto, los agentes González Clares y Luis López Hidalgo detuvieron el 19 de octubre pasado a una ciudadana rusa a la que le intervinieron casi un kilo de cocaína. En esta trama también estarían implicados el confidente de la Goma 2, Manuel Romero, y su mujer, Isabel García.

Todos ellos estuvieron en contacto con el abogado Gerardo Hermoso, ex suegro de esta ciudadana rusa, 14 días antes de la detención de la mujer. Y la sospecha es que el ex suegro ideó con El Moro una maniobra para colocarle la droga a la rusa, detenerla y encarcelarla. El objetivo del letrado: lograr la custodia de sus nietos. Según el auto, el agente López Hidalgo estaba al tanto de todo, pero no diseñó el delito. Por esta actuación, los ahora encarcelados por estos hechos recibieron no menos de 50.000 euros.

La rusa estaba ya en prisión, pendiente de juicio, cuando se destapó esta trama. Tras las preceptivas consultas judiciales, esta mujer quedó en libertad.

ACTO QUINTO

Un acusado de desvelar secretos impulsa la investigación

Aparece Funci. Según describe el juez Del Olmo en el auto, los días 2 y 3 de noviembre de 2006, un funcionario de la Brigada Provincial de Información tuvo reuniones con Celestino Rivera, Funci, encarcelado ahora bajo la acusación de revelación de secretos. Según el auto, en estas reuniones, Funci pretendía «facilitar información que obraba en su poder sobre la incautación el 15 de agosto de algo más de cinco kilos de explosivos».

Poco después, González Clares recibe informaciones de una persona «relacionada con Celestino Rivera» que hacen sospechar a los investigadores que este último estaba recibiendo datos sobre las pesquisas contra aquél. En sus comunicaciones intervenidas, González Clares indica que «está preparado para la guerra, que a ver si estos pencos que le tienen pinchado el teléfono lo escuchan, que están dedicándose ahora a dar su nombre y apellidos a los delincuentes...», indica el auto.

En otra conversación, con su hijo, indica que «una persona» le ha contado que esa semana iban a ser detenidos y que esa misma persona le dijo también que la mujer de Manuel Romero ha declarado que fue José [en referencia a González Clares] quien le ha dado el explosivo, «según le dice esta persona a Funci, que se lo ha dicho el de la Brigada, y que el juez decretará su detención» y «que sabe que todo esto saldrá en la prensa, que ya tienen hasta un titular y todo».

Pese a la pésima redacción de Del Olmo, se entiende que alguien avisa a González Clares de que Funci, con quien le une algún tipo de enemistad, ha conocido sus conductas delictivas, y pretende informar de ellas a la prensa. Esto descarta que Funci participase de alguna manera en la trama mafiosa, y confirma que se habría limitado a destaparla.

En ese momento, según detalla el auto, «se produjo una ampliación en el objeto de las iniciales investigaciones. Se autoriza la intervención del teléfono móvil de Celestino Rivera».

EPILOGO

Seguimiento y control de los contactos con EL MUNDO

A raíz de estas investigaciones se detecta, según el auto, que Celestino Rivera «mantiene una relación constante con el periodista del diario EL MUNDO Fernando Lázaro y que está teniendo contactos para preparar una información que saldrá en este periódico relativa al asunto de los explosivos intervenidos el 15 de agosto». El juez detalla que el día 27 de noviembre «se produjo una cita entre ambos a la que acudió igualmente Antonio Parrilla [en prisión también, acusado de revelación de secretos]». «Los funcionarios que realizaron las vigilancias observaron que encima de la mesa del bar donde se produjo el encuentro se podían ver varios documentos (aunque sin distinguir lo que había escrito en ellos)».

El juez indica el número de móvil del periodista y el modelo de su vehículo particular y referencia hasta 14 comunicaciones entre el policía y el periodista (telefónicas y a través de SMS). El juez no detalla ningún contacto más con el agente Antonio Parrilla. De las conversaciones se puede deducir que el afán de Celestino Rivera, que se muestra convencido de que la Brigada Provincial de Información quiere archivar las investigaciones sobre la mafia policial, es empujar la actuación policial contra los sospechosos de traficar con la Goma 2.

En el auto judicial no hay ninguna referencia, ni directa ni indirecta, a que los agentes acusados de revelación de secretos estuvieran urdiendo una trama para que se publicaran datos falsos sobre el 11-M.

EL MUNDO publicó el pasado 30 de noviembre que la Policía estaba investigando una trama policial dedicada a traficar con Goma 2 ECO.




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Ramírez: «Es una vergüenza»

 

7-12-06



Ramírez: «Es una vergüenza»


El director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, consideró ayer «una vergüenza que haya policías en la cárcel por hablar con un periódico y no haya ninguno por haber dado el chivatazo a ETA» sobre una operación contra su aparato de extorsión.


En opinión de Ramírez, «el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Audiencia Nacional tendrían que explicar a la opinión pública por qué no han actuado contra ningún policía por ese chivatazo gravemente delictivo y persiguen con tanta saña a unos agentes que hablan con un periodista» de EL MUNDO que, se da la circunstancia, fue el mismo que destapó el asunto «del chivatazo».

Cree que lo que ha ocurrido en este caso es que, «como no han sido capaces de averiguar nada sobre la dinamita, han aprovechado la investigación y los pinchazos telefónicos en una operación de muy dudosa legalidad para tratar de criminalizar a los supuestos informantes de EL MUNDO y para inventarse un montaje inexistente entorno al 11-M».

«Es una manera de dificultar aún más nuestras investigaciones y de proteger la versión oficial del 11-M a la que se están aferrando Del Olmo -que fue el que instruyó la causa-, la Fiscalía y el Gobierno a pesar de que saben que está llena de lagunas y de manipulaciones», aseguró.

Afirmó que la veracidad de lo que se ha contado en su periódico sobre este asunto «es incontestable» y retó a 'El País' a que demuestre «dónde está el montaje sobre el 11-M».


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6.12.06

 

Prisión para un policía de la trama de la Goma 2 y para sus denunciantes

 

6-12-06



BAJO SOSPECHA / La decisión del juez

Prisión para un policía de la trama de la Goma 2 y para sus denunciantes


El juez Del Olmo envía a la cárcel a un agente, acusado de tráfico de explosivos, y a sus tres cómplices Imputa a otros tres funcionarios pero los deja en libertad Encarcela, en cambio, a los dos acusados de revelar secretos a EL MUNDO, uno de los cuales intentó ayer suicidarse

JOAQUIN MANSO

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó ayer el ingreso preventivo en prisión sin fianza de un policía y tres civiles presuntamente implicados en una trama de corrupción policial por tráfico de explosivos y de drogas.

También tomó la misma medida para otros dos agentes a los que acusa de desvelar esa trama a EL MUNDO. A estos últimos sólo se les imputa un delito de revelación de secretos, lo que aparentemente descarta que participasen de las actividades delictivas de los otros cinco.

(.../...)

En cambio, uno de los imputados por tráfico de drogas podrá eludir la cárcel si paga una fianza de 10.000 euros. Del Olmo se justifica en que Luis López Hidalgo, aunque tenía conocimiento de los hechos, no participó materialmente en ellos.

El agente Celestino Rivera, que llevaba ya cuatro días en la cárcel con la única acusación de informar presuntamente a este periódico de la trama, intentó suicidarse tras conocer la petición de la Fiscalía. Rivera ingirió en los calabozos de la Audiencia una gran cantidad de pastillas contra una dolencia cardíaca que padece.

Inmediatamente, el policía encargado de su custodia le provocó el vómito y avisó al Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA). Tras ser atendido por los médicos, Rivera se encontraba fuera de peligro, según la información proporcionada por la propia Audiencia.

El juez imputa al policía José Antonio González Clares -El Moro- por tráfico de explosivos, tenencia de estupefacientes, detención ilegal, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad en documento oficial y atentado a un agente de la autoridad; por los mismos delitos, excepto por el de tráfico de explosivos, al también policía Luis López Hidalgo -Rompepuertas-; al confidente Manuel Romero y a la esposa de éste, Isabel Garcia, por los de tráfico de explosivos, tráfico de drogas y detención ilegal, y por estos dos últimos, al letrado Gerardo Hermoso. Todos ellos ingresarán en prisión provisional sin fianza atendiendo a la gravedad de sus conductas, excepto Luis López Hidalgo, que podrá eludirla pagando 10.000 euros.

En cambio, al inspector Antonio Jesús Parrilla y al agente Celestino Rivera tan sólo se les imputa un delito de revelación de secretos con grave afectación a la causa pública, castigado en el Código Penal con prisión de uno a tres años. No obstante, Del Olmo, atendiendo el criterio del fiscal Miguel Angel Carballo, también decretó que ambos continuasen provisionalmente en la cárcel. Carballo justificó su petición en la existencia, a su juicio, de riesgo de destrucción de pruebas, pese a que los domicilios y las taquillas de los dos policías ya han sido registrados.

El lunes habían declarado un agente de la Brigada Provincial de Información, y dos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco). Los tres se encuentran imputados en la causa, los dos últimos también por tráfico de explosivos. No obstante, ni fiscal ni juez consideraron oportuno imponerles alguna medida cautelar.

Del relato de hechos que hace el auto como «extremos indiciarios de incriminación» se confirma punto por punto la información que ha venido publicando EL MUNDO. Este periódico destapó el pasado jueves que la Brigada Provincial de Información, a las órdenes de Del Olmo, investigaba una trama policial por traficar con Goma 2 ECO en Madrid. Las pesquisas se iniciaron en agosto, cuando varios agentes de la Policía incautaron a un confidente un paquete de cinco kilos de esa dinamita.

Efectivamente, aunque de manera muy farragosa, el auto describe cómo el confidente Manuel Romero, en la noche del 15 de agosto de 2006, se puso en contacto telefónico con El Moro para comunicarle que tenía en su poder una bolsa con cinco cartuchos de dinamita (tres de ellos, con la inscripción Goma 2 ECO) y seis detonadores.

El Moro, a su vez, avisó a dos agentes de la Udyco, los cuales alertaron a los Tedax y a la Brigada Provincial de Información. A partir de ese momento, el Juzgado de Instrucción del que es titular Juan del Olmo inicia sus pesquisas. De la secuencia de llamadas telefónicas entre El Moro, su confidente y su esposa, y de sus declaraciones, parecen inferirse numerosas contradicciones.

El auto no explica el origen de dos de los cartuchos de dinamita. De otros dos, dice que «pudieron sustraerse de una empresa concreta que realizaba obras en la zona de Colmenar Viejo y Torrelodones. Del restante, señala que «pudo sustraerse bien en la zona de Colmenar Viejo, bien en la zona de Villacastín (Segovia), bien en la provincia de Barcelona». El juez tampoco mantiene ninguna hipótesis acerca de las motivaciones de la actuación de El Moro y su confidente.

A continuación, Del Olmo explica cómo El Moro y Rompepuertas urden una trama con el abogado Gerardo Hermoso para que éste pueda obtener la custodia de sus nietos, que ostentaba su ex nuera, una ciudadana rusa. Para ello, según narra el auto, Isabel García, la esposa de Manuel Romero, le hace entrega de un paquete de heroína a la ciudadana rusa, que es inmediatamente detenida por los dos policías.

Otro de los puntos clave del relato que traza Del Olmo es una conversación telefónica -captada por la Policía- entre El Moro y su hijo. El agente le dice que una persona le ha advertido de que va a ser detenido. También le cuenta que Celestino Rivera, con el que parece enemistado, habría filtrado la historia a la prensa. Esto descarta que entre el grupo corrupto y quienes, supuestamente, desvelaron la trama a EL MUNDO existiese alguna connivencia.

Seguidamente, el auto detalla las conversaciones telefónicas entre el periodista de EL MUNDO Fernando Lázaro (de quien difunde públicamente su número de móvil) y Celestino Rivera. En ellas no hay ni una sola mención a un montaje entre ambos para relacionar las informaciones que pudiera haber recibido Lázaro con los atentados del 11-M.

Antonio Jesús Parrilla aparece citado someramente por su participación en una reunión en una cafetería con el periodista y Celestino Rivera. El juez no acredita que de ese encuentro este diario hubiese recibido alguna información relevante.


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'GARZONADA' DE DEL OLMO

 

6-12-06



Editorial

'GARZONADA' DE DEL OLMO


Siguiendo en parte la petición del fiscal, el juez Del Olmo decidió enviar anoche a prisión a un agente de la Policía Nacional implicado en el tráfico de explosivos. Pero, en un auto que más parece destinado a restringir la libertad de información de EL MUNDO que a otro propósito, también acordó la cárcel preventiva para otros dos policías a los que acusa de revelación de secretos a este periódico. Uno de ellos había intentado suicidarse horas antes tras cuatro días de detención e interrogatorios.

Estamos ante una operación muy similar a la del juez Garzón cuando intentó presentar a los peritos del ácido bórico como responsables de una falsificación que habían perpetrado sus jefes. Sin llegar a exonerar a los verdaderos culpables, Del Olmo ha actuado de forma parecida al medir con el mismo rasero a los responsables de una red de tráfico de explosivos y a quienes se acusa de haber revelado a EL MUNDO ese comercio ilegal.
(.../...)


La actuación de Del Olmo en este asunto ha sido lamentable. Se ha dejado manipular por la Fiscalía y por Interior, que, para tapar el escándalo, ha intentado sembrar de nuevo la confusión con filtraciones contradictorias y sin ningún sentido.

El propio Ministerio del Interior ha manifestado de forma oficiosa que este asunto carecía de importancia, que no tenía ninguna relación con el 11-M ni con el terrorismo y que incluso se trataba de un caso de simulación de delito. Si es así, resulta difícil de entender el envío a prisión de tres agentes de la Policía Nacional, dos de ellos, por revelación de secretos.

El proceder del juez Del Olmo se puede calificar de nueva garzonada no sólo por el paralelismo del montaje para manipular a la opinión pública e intentar disuadir a los miembros de las Fuerzas de Seguridad de denunciar la corrupción policial. También existe una gran similitud en los aspectos intrínsecamente judiciales.

Al igual que Garzón en el caso del informe de los peritos, Del Olmo carece de competencias, ya que los delitos de tráfico de explosivos -si no es con fines terroristas- deben ser instruidos por un juzgado ordinario. En segundo lugar, los delitos de revelación de secretos no están castigados con penas de cárcel salvo que afecten a «la causa pública», lo cual parece insostenible en este caso. En tercer lugar, no hay conexión entre el tráfico de explosivos y la revelación de un secreto sumarial o policial, que debería ser investigada en otra causa. En cuarto lugar, la prisión preventiva para la revelación de secretos es desproporcionada, excesiva y contraria a la doctrina del Constitucional. Y en quinto lugar, se ha vulnerado la jurisprudencia constitucional en materia de escuchas, ya que éstas habían sido autorizadas por el juez solamente para el tráfico de explosivos y no para la revelación de secretos.

Estamos ante otra chapuza judicial que muy probablemente será desmontada por un tribunal superior, aunque la maniobra ya ha surtido efecto: crear la confusión y manipular a la opinión pública.


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El confidente 'Cartagena' denuncia que la 'operación Nova' fue un montaje de la Policía

 

6-12-06



11-M / La investigación

El confidente 'Cartagena' denuncia que la 'operación Nova' fue un montaje de la Policía


El comando del marroquí Mohamed Achraf pretendía atentar contra la Audiencia Nacional y contra los jueces Baltasar Garzón y Juan del Olmo con un camión cargado con 500 kilos de explosivo

ANTONIO RUBIO

MADRID.- Abdelkader Farssaoui, más conocido por el alias de Cartagena, mantiene en la denuncia que presentó el pasado día 1 en la Audiencia Nacional que la operación Nova, cuyo objetivo principal consistía en atentar contra los jueces Baltasar Garzón y Juan del Olmo con un camión cargado de explosivos, fue un montaje de la Policía.


Cartagena sustenta su denuncia en el hecho de que los agentes de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) se encargaron de preparar una serie de pruebas falsas para hacer creíble el atentado: contactaron con el islamista Mohamed Achraf para que un policía se hiciera pasar por traficante de explosivos, después prepararon un comunicado de reivindicación que enviaron a dos periódicos de Almería y por último elaboraron un informe sobre los atentados que entregaron al juez Garzón.
(.../...)

La operación Nova, que se llevó a cabo por los agentes de la UCIE entre octubre y noviembre de 2004 bajo la supervisión del juez Garzón, dio un balance de más de 20 detenidos. Todos ellos eran de ideología salafista, formaban parte del grupo Mártires por Marruecos y su máximo dirigente era Mohamed Achraf.

El juicio contra los islamistas radicales está previsto que comience en la Audiencia Nacional en el mes de febrero de 2007. Mohamed Achraf, el cabecilla de la organización, fue detenido en Suiza en el mes de octubre de 2004 por estar en territorio helvético como inmigrante ilegal y posteriormente fue extraditado a España por forma parte de un comando de islamistas radicales.

Farssaoui obtuvo la condición de testigo protegido del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional con el número 11304 (11 de marzo de 2004) después de que el 14 de septiembre de 2004 prestara la siguiente declaración policial: «Med Achraf le confesó al testigo [se refiere a Cartagena], en una reunión cerrada, que necesitaba darle a España el golpe más duro en su Historia [sic], para lo cual necesitaba 1.000 kilogramos de Goma 2. El atentado quería que fuera en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo».

Sin embargo, dos años y dos meses después el mismo testigo, Abdelkader Farssaoui, cuestiona su propia declaración y mantiene en su escrito-denuncia que todo fue una farsa montada por la Policía: «La UCIE me dijo que dijese que Mohamed Achraf poseía gran cantidad de dinero en Suiza, para que la compra de explosivos fuese creíble».

El confidente policial va aún más lejos sobre el tema de los explosivos que quería comprar Achraf: «También me pidieron [se refiere a los agentes de la UCIE] que le mandase un correo electrónico a Mohamed Achraf a Suiza para comunicarle que hay una persona que nos puede facilitar explosivos para poder atentar en España, aunque él nunca mencionó nada sobre atentar».

Cartagena también descubre la forma en que, supuestamente, los agentes policiales intentan provocar el delito del dirigente islamista: «Los de la UCIE me aseguraron que uno de ellos se podría presentar como traficante de armas y explosivos (y me aseguraron que eso no para venderlo de verdad, sino solamente para tener pruebas)».

Se da la circunstancia de que, antes de los atentados del 11-M, Abdelkader Farssaoui abandonó Madrid por expreso consejo de sus controladores policiales. Terminó en Almería y allí volvió a ejercer de imam y a dirigir la asociación musulmana de aquella provincia.

Y en Almería Cartagena establece nuevos contactos y amistades entre los islamistas de la zona. Entre ellos estaba el mauritano Kamara Birahima Diadie, amigo y correligionario de Mohamed Achraf. El supuesto cabecilla del grupo terrorista viajó en julio de 2004 desde el extranjero hasta Almería, conoció al imam Abdelkader Farssaoui y, al parecer, entablaron una estrecha amistad.

Tras los encuentros de Achraf con Farssaoui y Birahima, el dirigente islamista emprendió viaje a Francia y Suiza. Entonces, según declaración policial de Cartagena, Kamara quedó encargado de la localización de los explosivos a través de un supuesto Antonio, de raza gitana.

Cuando Achraf ya estaba en Suiza, Abdelkader Farssaoui se puso en contacto con el dirigente islamista para seguir el operativo marcado por los agentes de la UCIE con respecto al tema de los explosivos. En la denuncia que Cartagena presentó ante la Audiencia Nacional se recogen las instrucciones que el imam recibió de sus controladores: «Los mensajes enviados a Achraf eran copias facilitadas por la UCIE para provocarle y ver cómo reaccionaba, ya que le envié un correo electrónico, en árabe, sobre la compra de explosivos. Y él comunicó telefónicamente que no pudo llegar a leer el mensaje porque el ordenador suyo no pudo descifrar los caracteres árabes. Yo le vuelvo a mandar otro en castellano y no respondió».

En el sumario de la operación Nova no queda claro, en ningún momento, cómo iban a conseguir los miembros de la célula de Achraf los explosivos para atentar contra la Audiencia Nacional.

El imam de la mezquita de Villaverde y Almería también explica en su denuncia que «a comienzos de septiembre [se refiere al año 2004] me hacen firmar una cantidad de informes redactados por ellos, sobre la operación Nova».

Manipulación

En septiembre de 2004 la operación Nova ya está en marcha. Cartagena explica los preparativos por parte de la Policía: «Me entregan una carta en árabe, tipo comunicado, supuestamente escrita por islamistas, para que yo la mande a algún medio de comunicación». Las instrucciones de los agentes de la UCIE son aún más concretas: «Aconsejándome la utilización de guantes para no dejar huellas».

Abdelkader Farssaoui, que tiene estudios superiores, avisa de los errores que se aprecian en el comunicado policial: «Cuando yo la he leído, les he comunicado que contiene muchas faltas de expresión y de ortografía, y ellos me contestaron con firmeza que deje la carta tal como está y que no cambie nada de su contenido». La misiva, según Cartagena, fue enviada a los diarios almerienses La Voz e Ideal y sólo la publicó el segundo.

Y después de las cartas y los comunicados, Cartagena, ya con su condición de testigo protegido, declaró el 21 de octubre de 2004 ante el juez Baltasar Garzón sobre sus relaciones con Achraf y el supuesto atentado contra la Audiencia Nacional: «Sentados en el salón de su domicilio, Achraf le comenzó a dibujar cómo era la zona donde está la Audiencia Nacional... El declarante le dijo que eso sería difícil, ya que es de suponer que habría policía... Achraf le comentó que no habría problema porque la acción se llevaría a cabo con un camión cargado con un mínimo de 500 kilos de explosivos».

Abdelkader Farssaoui mantiene en el transcurso de toda su denuncia que los agentes policiales manipularon los informes de la operación Nova y otros.

El imam concluye el apartado sobre la operación Nova de su denuncia con esta afirmación: «La UCIE decidió cerrar la investigación montando la llamada operación Nova... se reúnen conmigo para redactar el último informe, donde figura que este grupo quería atentar... contra la Audiencia Nacional, para destruir archivos que afectan a islamistas y matar a los jueces que llevan las causas... Baltasar Garzón y Juan del Olmo... algo que nunca he llegado a saberlo [sic] durante mi investigación».

Ahora, Cartagena tendrá que demostrar que todo lo que dice en su denuncia es verdad y que no está presionado o amenazado por los islamistas radicales.


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El imam elaboraba los informes al dictado y no cobraba por su trabajo

 

6-12-06



El imam elaboraba los informes al dictado y no cobraba por su trabajo


En el principio del escrito-denuncia que 'Cartagena' presenta ante la Audiencia Nacional ya se subraya que «es falso que yo solicitase compensación económica alguna o protección (ya que nunca cobré por colaborar con la UCIE)». Esa información del confidente policial viene a colación porque en algunas de las «notas informativas» de la Unidad Central de Información Exterior se especifica que Abdelkader Farssaoui cobraba una media de 300 euros mensuales.

El imam de la mezquita de Almería y Villaverde, según ha podido saber EL MUNDO, está muy indignado por ese apartado, porque mantiene que nunca cobró y que todavía no sabe a dónde ha ido a parar ese dinero.

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'Cartagena' también aclara en su denuncia ante la Audiencia Nacional cómo y de qué manera elaboraban los informes los agentes de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), tanto en la época de la célula de Serhane 'El Tunecino' -en Madrid- como con el supuesto comando de Mohamed Achraf, en Almería: «Me comunican que solamente anote los puntos importantes y cuando nos volvamos a reunir ellos se encargan de dictármelo y yo iré copiando».

Después, en Almería, el sistema cambió: «Ellos posteriormente lo redactan y me lo mandan a través de intermediarios para que lo copie y se lo envíe mediante correo electrónico o a través del intermediario».



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Un falso delito para implicar a una rusa a cambio de 50.000 euros

 

6-12-06



Un falso delito para implicar a una rusa a cambio de 50.000 euros


MADRID.- Parece el guión de una película de cine negro. Los protagonistas, los dos agentes destinados en la Comisaría de Móstoles presuntamente implicados en la trama mafiosa. Se trata de González Clares, El Moro, y López Hidalgo, Rompepuertas.

Según relata el auto del juez Juan del Olmo, ambos agentes son sospechosos de haber participado en una actuación delictiva, por encargo, cuyo fin era quitarle la custodia de sus hijos a la ciudadana rusa Svetlana Murinova para que quedaran en manos de su abuelo, el abogado Gerardo Hermoso, también encarcelado por su supuesta implicación en la trama.

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Aunque el auto no lo detalla, fuentes de la investigación señalaron a EL MUNDO que el letrado contrató a los agentes para que realizaran un trabajo sucio. A cambio de algo más de 50.000 euros, los dos agentes debían «embarrar» a una ciudadana rusa, casada con el hijo del abogado. Éste pretendía quedarse con la custodia de sus nietos.

La resolución de Del Olmo indica que los agentes utilizaron a Isabel García, la mujer del confidente policial Manuel Romero, que habría entregado a la ciudadaba rusa un paquete. A la zona se acercaron, como si pasaran de forma accidental, los dos agentes ahora encarcelados. Pidieron la identificación a esta mujer y registraron su vehículo. En el paquete había un kilo de cocaína.

La ciudadana rusa fue inmediatamente detenida. El abogado se quedó con la custodia de sus nietos y los agentes se llevaron más de 50.000 euros por el trabajo.

De las conversaciones telefónicas que recoge el auto parece deducirse que parte de esa suma fue a parar a Manuel Romero y a su esposa.

Tras desvelarse la trama policial y realizarse las comprobaciones judiciales pertinentes, se puso en libertad a la mujer rusa, que había sido detenida por un falso delito.


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5.12.06

 

'Cartagena' revela que la Policía le pidió que captara a Zougam para 'El Tunecino'

 

5-12-06



11-M / Farssaoui, testigo protegido y confidente policial, revela que los agentes de la UCIE le prohibieron seguir controlando a Allekema Lamari / También dice que le impidieron contar al juez que estuvo en el chalé de 'El Chino'

'Cartagena' revela que la Policía le pidió que captara a Zougam para 'El Tunecino'

ANTONIO RUBIO

MADRID.- El imam, confidente policial y testigo protegido Abdelkader Farssaoui revela en el escrito-denuncia que presentó el pasado día 1 de diciembre en la Audiencia Nacional que, desde un primer momento, los agentes policiales de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) querían involucrar a Jamal Zougam con los radicales islamistas. Farssaoui también recibió órdenes, primero, para que controlara a Allekema Lamari y después para que se olvidara de él. Pero lo más interesante es que a Abdelkader Farssaoui, más conocido en los ambientes policiales por el alias de Cartagena, le prohibieron que reconociera ante el juez que estuvo en el chalé que Jamal Ahmidan, El Chino, tenía en Morata de Tajuña (Madrid) y donde se prepararon las mochilas bomba que estallaron el 11-M.

El marroquí Jamal Zougam, según el juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, fue una de las piezas fundamentales en la estructura de los atentados del 11-M y, además, está acusado de ser uno de los terroristas, vivo, que colocaron las mochilas-bomba en los trenes de la muerte.
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Allekema Lamari, argelino y miembro del Grupo Armado Islámico (GIA), estaba considerado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el jefe militar del comando del 11-M y se suicidó el 3 de abril de 2004 en el piso de Leganés junto al resto del comando.

Abdelkader Farssaoui mantiene en su denuncia ante la Audiencia Nacional que los agentes policiales le dieron una serie de instrucciones sobre un marroquí que tenía una tienda de teléfonos móviles en el barrio madrileño de Lavapiés: «En uno de los encuentros con la UCIE me hablaron de Jamal Zougam para que me acerque a él y así poder facilitar información sobre su persona y las actividades que desarrolla».

Tras un tiempo siguiendo y controlando a Zougam, Cartagena llega a la siguiente conclusión sobre el presunto terrorista: «Pasado un tiempo no les he podido [se refiere a los agentes de la UCIE] dar información sobre el mismo, porque parecía que lleva una vida normal».

En ese momento, siempre según el escrito-denuncia que Abdelkader Farssaoui presentó el pasado viernes en la Audiencia Nacional, los agentes policiales se abrieron con su confidente y le confesaron cuáles eran sus auténticas pretensiones: «Es cuando me dicen que no le pudieron encausar [se refiere a Zougam] por el 11-S, y que quieren que intente acercarle a las reuniones de Serhane El Tunecino -que estaba ejerciendo de líder del grupo- para así tenerle controlado como a los demás».

En las «notas informativas» que la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) elaboró a partir de las informaciones facilitadas por Farssaoui y que EL MUNDO reveló el 31 de mayo de 2005 se recogía una serie de datos sobre Zougam y su tienda de Lavapiés. En la «Nota número SIETE» (17-febrero-2003) se indicaba: «Ha confirmado que en los mencionados rezos del viernes también asisten a esa mezquita dos individuos marroquíes, que trabajan ambos en la tienda que tiene en Lavapiés el marroquí Mohamed Chaoui. En ese momento se le muestran varias fotografías en las que reconoce a ambos individuos, que el pasado lunes coincidieron con él en la fiesta del cordero, que llegaron en un vehículo marca Mitsubishi, 0720 BLX. A dicho vehículo le figura como titular Jamal Zougam».

En la tienda de telefonía de Lavapiés trabajaban Jamal Zougam, su hermanastro Mohamed Chaoui y Mohamed Bakali. Zougam y Chaoui fueron detenidos tras los atentados del 11-M. El primero está acusado por ser uno de los autores materiales de aquella matanza y el segundo salió en libertad seis días después de su arresto.

EL MUNDO ha podido saber que cuando la Policía investigaba la célula de Al Qaeda en España -que, según sentencia judicial, dirigía Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah- se reunió en dos ocasiones con Jamal Zougam para convencerlo de que debía trabajar para ellos como colaborador. Zougam rechazó de manera rotunda la oferta de los agentes policiales.

Otro de los trabajos y objetivos que la UCIE encomendó a Cartagena, con anterioridad a los sucesos del 11-M, fue el control y seguimiento de Allekema Lamari. Ese argelino estuvo en la cárcel en España entre 1997 y 2002 por pertenecer al Grupo Islámico Armado (GIA) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantiene que fue el jefe militar del comando que atentó en el 11-M.

Abdelkader Farssaoui, en referencia a la destrucción de determinadas pruebas incriminatorias contra los agentes de la UCIE, recuerda en su escrito-denuncia: «Se aprovecharon para poder deshacerse de algunas pruebas, por ejemplo, grabaciones telefónicas con algunos agentes de la UCIE y también fotografías de Allekema Lamari que me fueron facilitadas por la UCIE para que yo pudiera localizar a dicha persona, un pequeño informe sobre el mismo y otros informes no relacionados».

Cartagena amplía sus comentarios-declaraciones sobre el jefe militar del comando terrorista: «Cuando localizo a Allekema Lamari se lo comunico [se refiere a los agentes policiales], estaban interesados y me pidieron datos sobre la zona donde se encontraba, y me dijeron que yo me fuese de esa zona».

El colaborador policial concluye ese punto con la siguiente afirmación: «Días después, pregunto sobre él y me dicen que está controlado y que mi tarea de observarle ha finalizado».

Desde el primer momento en que Allekema Lamari salió en libertad, en el año 2002, estuvo controlado y financiado económicamente por un hombre del CNI, el sirio Sabagh Safwan. A través de Safwan los agentes del CNI estaban al tanto de todos los movimientos del terrorista argelino, hasta el punto de que en una ocasión el sirio trasladó a Lamari desde Valencia a Madrid para que se entrevistara con El Tunecino.

Por esas circunstancias el juez Del Olmo solicitó el 22 de noviembre de 2004 al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, que remitiera a su juzgado toda la información que tuviera sobre Allekema Lamari y que le hubiera proporcionado el CNI.

Camacho contestó al magistrado el 7 de diciembre de 2004 y aclaró que sobre las «notas o comunicaciones recibidas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativas a Allekema Lamari, en el año 2003 y en el año 2004, le comunico que la documentación relativa al periodo del 6 de noviembre de 2003 al 6 de marzo de 2004 no se encontraba en este Ministerio, ni en esta Secretaría de Estado, ni en ninguna de las dos direcciones generales, Policía y Guardia Civil, a nuestra llegada a este Ministerio en el mes de abril pasado». Hay que recordar que el PSOE ganó las elecciones el 14 de marzo de 2004.

El secretario de Estado, al parecer, no sabía que la propia Policía había encargado a Cartagena el seguimiento y control de Allekema Lamari y que los agentes de la UCIE tenían amplia y detallada información sobre el jefe militar del comando terrorista del 11-M.

Abdelkader Farssaoui acaba el punto relativo a Allekema Lamari en su escrito-denuncia de la siguiente forma: «También me dijeron que si alguien me preguntaba sobre Allekema Lamari les dijese que no le conocía. Aunque yo lo he localizado y fue transmitida la localización a la UCIE».

En otro momento de la denuncia, Cartagena recuerda las advertencias que recibe de los agentes policiales: «Me aconsejaron de que no hablase con nadie y, de que [sic] en el caso de detención por otro servicio, que no hable nada hasta que estén ellos presentes. Y que me deshaga de mi tarjeta telefónica (tragándola si hace falta)».

El confidente policial subraya en sus nuevas declaraciones judiciales que los policías españoles le pidieron que se infiltrara en los servicios secretos marroquíes: «Me pidieron acercarme a los servicios secretos marroquíes para espiarles y me dijeron que tenían grandes sospechas acerca de algunos agentes de dicho servicio, prometiéndome encubrimiento». La propuesta de la UCIE no fue considerada por Cartagena: «Yo rechacé porque no quería meterme en problemas con un país donde he nacido y he crecido y donde tengo a mi familia».

Otro de los puntos que el imam de la mezquita de Takouma (Madrid) refleja en sus nuevas declaraciones es que recibió instrucciones de la UCIE para que no revelara que estuvo en el chalé que Jamal Ahmidan, El Chino, tenía en Morata de Tajuña (Madrid) y donde los terroristas prepararon las mochilas-bomba de los trenes de la muerte.

Sobre ese apartado, Cartagena es muy directo: «Me dijeron en diversas ocasiones que si algún juez me preguntaba si había estado en la finca de Morata de Tajuña, les debería decir que nunca he estado... aunque yo he estado una vez allí y he facilitado los datos».

Por las afirmaciones del confidente policial se deduce que la UCIE tenía conocimiento de que El Chino y los suyos tenían un centro de reunión fuera de Madrid mucho antes de que se llevaran a cabo los atentados del 11-M.

Por último, Abdelkader Farssaoui recuerda, con respecto a los agentes de la UCIE que «todo lo declarado ante el juez Garzón fue lo que ellos mismos me pidieron que declarase».



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De la extraña captación de Zougam...

 

5-12-06



Impresiones

De la extraña captación de Zougam...


Las denuncias del confidente Cartagena ante la Audiencia Nacional arrojan cada vez más sospechas sobre la actuación de sus controladores policiales. Cartagena asegura que los agentes de la UCIE le pidieron que trabara relación con Zougam y que lo pusiera en contacto con El Tunecino y su grupo, los presuntos autores del 11-M. Los policías querían coger a Zougam, al que no habían podido encausar por el 11-S y a quien «querían tener controlado como a los demás». Según la versión del sumario, Zougam no sólo vendió las tarjetas de los móviles del 11-M sino que puso las bolsas en los trenes y se quedó esperando a que lo detuvieran. Conviene recordar que los agentes que detuvieron a Trashorras le pidieron que incriminara a El Tunecino y a Zougam -a los que no había visto en su vida- y que fue la detención de este último la que convenció a la ciudadanía de la autoría islamista de la masacre. ¿Tiene esto algo que ver con el empeño policial por involucrarle?


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...y el empeño por que fuera a Leganés

 

5-12-06



Impresiones

...y el empeño por que fuera a Leganés


En la madrugada del 3 de abril de 2004, la Policía visitó en Almería al confidente Cartagena y se lo trajo a Madrid para una tarea urgente. Una vez en la capital y aún por la mañana, le dicen que les cuente todo lo que sabe del supuesto comando del 11-M y le piden que vaya a visitar al grupo a un piso de Leganés. Según el confidente, se trataba de saber cuántas personas estaban allí y si había alguna que no estuviera controlada por la Policía. Cartagena consideró la misión demasiado peligrosa y se negó en redondo a llevarla a cabo, después de lo cual permaneció detenido durante horas y fue liberado con la severa advertencia de que «no hablase con nadie». La importancia de lo que cuenta Cartagena reside en que tanto el juez como la fiscal como el entonces comisario jefe de la UCIE, Mariano Rayón, sitúan la localización del piso de los terroristas después de las tres de la tarde. Los dos primeros deberían retomar la investigación y el tercero debería aclarar su versión de los hechos.


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...al control permanente de Lamari...

 

5-12-06



Impresiones

...al control permanente de Lamari...


Si inquietantes son las palabras del confidente en torno a Zougam no es menos alarmante lo que cuenta sobre el argelino Alekema Lamari, a quien el CNI considera el jefe militar del comando del 11-M. Cartagena asegura que fue él quien localizó para la Policía a Lamari. Asegura que enseguida se lo comunicó a los agentes y que éstos le pidieron datos sobre su domicilio. Unos días después de su chivatazo, los policías le dijeron que el argelino estaba ya controlado y que su tarea de observación había acabado. El episodio es muy sospechoso. No sólo porque sus jefes le pidieron a Cartagena que negara ante los jueces cualquier contacto con Lamari sino porque transmite la impresión de que la trama del 11-M estaba más controlada de lo que se nos ha dicho. Lamari se encontraba seguido y financiado por el CNI. De hecho, fue uno de sus agentes quien le trajo de Valencia a Madrid el 2 de abril de 2004, el día antes de que saltara por los aires en el piso de Leganés.


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'El Tunecino' quería mártires en España

 

5-12-06



'El Tunecino' quería mártires en España


El confidente avisó de que el líder islamista organizó una 'última cena'

A. R.

MADRID.- El escrito-denuncia de Abdelkader Farssaoui está lleno de detalles y nuevas revelaciones. Uno de los hechos más llamativos que describe Cartagena es cuando Serhane ben Abdelmajik Fahket El Tunecino organiza una cena con sus colaboradores más íntimos, y les plantea que ha llegado el momento de convertirse en mártires y llevar a cabo la yihad en España o Marruecos. Cartagena informó a sus controladores sobre aquella peligrosa y delicada reunión un viernes de madrugada y recibió la respuesta de que ya lo tratarían el lunes siguiente.

Farssaoui no concreta la fecha de esa última cena, pero según todos los indicios es antes de que el imam de Villaverde abandone Madrid y se marche a Granada. Farssaoui, según las «notas informativas» de la UCIE, se traslada a Granada en junio de 2003.
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En esa última cena, a semejanza de Jesucristo con sus apóstoles, Serhane El Tunecino comunica a sus allegados el siguiente mensaje o visión: «Intentó reducir el número de miembros del grupo. Una vez todos sentados, nos pidió desconectar los móviles, incluso separar las baterías de los terminales... comenzó la reunión diciendo que sepamos [sic] que en ese grupo no necesita muyahidines para luchar en Afganistán o Chechenia, ya que buscaba personas que fuesen capaces de convertirse en mártires».

El Tunecino, una vez que comprobó que todos los presentes habían apagado sus móviles y habían retirado la batería de la terminal del teléfono, continuó su exposición y aclaró lo que realmente quería: «Mártires haciendo la yihad en territorio español y como muy lejos en Marruecos, Argelia o Túnez».

Y, a partir de aquel momento, el líder espiritual de aquel grupo de radicales islamistas, Serhane ben Abdelmajik Fahket El Tunecino, preguntó «quién estaba preparado, y todos aceptamos». El siguiente paso fue poner el operativo en marcha y tomar las precauciones necesarias: «Añadió que esta información no podía ser transmitida al resto del grupo, y, si alguien se interesaba por el asunto de la reunión, solamente debíamos decir que habíamos cenado y rezado».

El Tunecino, incluso, ordenó: «A partir de ahora tenemos que andar con más cuidado y nos reuníamos menos y nunca hablar por los móviles de lo que nos une y que sepamos todos que estamos en observación por Moukhabarat [sic]». En árabe, los servicios secretos de un país reciben el nombre de moujabarat.

Cartagena, siempre según su escrito-denuncia presentado en la Audiencia Nacional, se sorprendió cuando osó molestar a los agentes de la UCIE un viernes de madrugada, nada más terminar la última cena de El Tunecino: «Me transmitió inquietud y en esa misma madrugada comuniqué con la UCIE para solicitar una reunión de carácter urgente, y no les gustó que llame a esas horas de un viernes... como el fin de semana no trabajan pues me dijeron que lo aplazábamos para el lunes».

La cita entre Cartagena y los agentes de la UCIE se produjo el lunes siguiente: «El lunes nos reunimos y les transmití toda la información y uno de ellos, preocupado, se disculpó para realizar una llamada».

Farssaoui no sabe cuál fue la respuesta que recibió el agente de la UCIE cuando habló con sus superiores, pero él recibió la orden de que se retirara a su casa y de que «no vuelva a tener contacto con dicho grupo».

Cartagena iba de sorpresa en sorpresa y al día siguiente recibe una orden, que al parecer, nunca ha entendido: «Me dicen que abandone el grupo definitivamente, ya que afirman que dicho grupo está bajo su supervisión y añadieron que ese grupo solamente decía muchas palabras, pero que no actuarían».

Meses más tarde, según las calificaciones del juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, el grupo de El Tunecino y de Jamal Ahmidan, El Chino, atentaron contra los trenes de la muerte produciendo 191 muertos y más de 1.500 heridos.

Cartagena vuelve a recibir una nueva orden de sus controladores: «Me sugirieron que me traslade a Barcelona para investigar a un individuo (según ellos) muy peligroso y más importante que El Tunecino». Farssaoui, siempre según su denuncia, se niega a trasladarse a Barcelona y recibe la recomendación de que «al menos abandone Madrid, que es algo por mi bien».

Farssaoui tiene la sensación de que se ha convertido en un «testigo negativo» y sale de Madrid sin avisar a nadie. Sin embargo, después del 11-M Cartagena es localizado en Granada por los agentes de la UCIE y, según él, lo obligan a preparar la operación Nova.


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El piso de Leganés estaba controlado

 

5-12-06



11-M / La investigación

El piso de Leganés estaba controlado


Farssaoui contradice la versión del comisario Rayón, el juez y la fiscal
A. R.

MADRID.- Cómo, cuándo y de qué manera llega la Policía el día 3 de abril de 2004 hasta el piso de Leganés, donde se había refugiado el comando terrorista que atentó contra los trenes de la muerte el 11-M, sigue siendo una incógnita. Han pasado más de dos años y medio y todo sigue confuso. Abdelkader Farssaoui, según su nueva declaración, deja en entredicho la información del comisario Mariano Rayón, jefe de la UCIE, la del juez Del Olmo y la de la fiscal Olga Sánchez.


Todos ellos, comisario, juez y fiscal, sitúan la localización del piso de los terroristas después de las 15.00 horas del 3 de abril, y Cartagena centra el tema a las 7.00 horas de ese mismo día. Farssaoui, que se encontraba viviendo en Almería, relata los hechos de aquella jornada de la siguiente manera: «El día 3 de abril, a las 7.00, me vino a buscar un coche oficial para que los acompañe a Madrid, ya que es urgente. Nos reunimos en el parque Juan Carlos I, con algunos ya conocidos de la UCIE y a otros no les conocía (uno me lo presentan como comisario para que le cuente lo que sé relacionado con el grupo del 11-M)».
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Abdelkader aprovecha el momento para criticar el comportamiento que tuvo la UCIE cuando él informó sobre la última cena de El Tunecino. La respuesta de sus controladores fue rápida y directa: «Me pedían que yo me olvidase del pasado». Cartagena prosigue su relato: «El supuesto comisario se levantó para realizar una llamada, y le oí decir: Como este moro hable de esa manera la hemos cagado. (No sé si se refiere a mí o a otra persona)».

Todos esos hechos están ocurriendo antes de las 15.00 horas del 3 de abril de 2004, cuando el comisario Rayón dice que supo que los terroristas estaban en un piso en Leganés. Cartagena detalla, aún más, aquel encuentro en medio del parque Juan Carlos I de Madrid: «Al final de la reunión me pidieron que vaya a visitar al grupo [se refiere a El Tunecino, Allekema Lamari, Jamal Ahmidan y el resto del comando] a un piso de Leganés, ya que están reunidos y así saber el número de personas que hay y si hay alguien nuevo que no conocía de reuniones anteriores».

Farssaoui, a pesar de las presiones policiales, se lo piensa. La última vez que vio a El Tunecino y al resto del grupo fue en junio de 2003, y además desapareció sin despedirse de sus compañeros: «Yo no quise, puesto que ya no sé nada de ellos y no quiero que sospechen nada de mí, ya que nunca acudí a las reuniones sin previo aviso o sin una invitación anterior. Y menos ir a un piso que no conocía y ellos se iban a preguntar cómo había llegado hasta allí».

El confidente policial está en medio de una situación realmente complicada. Si no va, tendrá problemas con sus controladores, y si acepta la invitación policial, sabe que posiblemente no vuelva a Almería vivo. Definitivamente, Abdelkader dice no y recibe la siguiente orden: «Me mandaron a comer y, no recuerdo un día o dos más tarde, quedamos en un punto de Madrid, y me sorprenden dos agentes en plena calle, dándome el alto, esposándome y leyendo mis derechos».

Tras varias horas retenidos, Abdelkader sale en libertad, pero bajo la amenaza de que «no hablase con nadie y de que en el caso de detención por otro servicio que no hable hasta que estén ellos presentes».

Mientras, la situación en Leganés sube muchos enteros y los terroristas se suicidan a las 21.00 horas de aquel fatídico 3 de abril de 2004.

El imam de la mezquita de Villaverde termina su denuncia con una reflexión: «Después de ver las imágenes del piso de Leganés, empecé a vivir con mucho miedo, ya que me imaginado [sic] muerto en dicho piso dejando detrás mía mi familia y mis hijos». Y plantea una pregunta a los agentes de la UCIE: «No había manera de olvidarme de pensar en el pequé [sic] querían realmente que me vaya a ese piso aquel día».

Hay que recordar que un día antes, el 2 de abril de 2004, el CNI trajo a Madrid, desde Valencia, a Sabag Safwan, confidente de los servicios de Inteligencia y hombre encargado de controlar a Allekema Lamari, el supuesto jefe militar del comando que atentó en el 11-M.


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La juez reabre la instrucción sobre el informe ETA/11-M

 

5-12-06



La juez reabre la instrucción sobre el informe ETA/11-M


MARIA PERAL

MADRID.- La juez Gemma Gallego, que investiga la presunta falsificación de un informe pericial sobre el 11-M, ha estimado un recurso de los mandos policiales imputados y ha reabierto la instrucción para garantizar de forma «escrupulosa» el derecho de defensa.

La resolución rectifica un anterior auto de la magistrada por el que dio por concluida la investigación e inició la preparación del juicio oral contra el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, y sus subordinados Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez por presuntos delitos de falsedad documental y/o falso testimonio. Según la juez, existen indicios de que intervinieron en la alteración de un informe pericial sobre el ácido bórico encontrado a un procesado por el 11-M, Hassan Haski, con el fin de que no llegara al sumario el dato de que esa misma sustancia fue hallada en un piso franco de ETA.
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Gallego ha estimado un recurso del abogado defensor, José Antonio Choclán, que alegó que entre la finalización de la instrucción y la imputación judicial de los mandos policiales no habían transcurrido los 10 días establecidos en la ley procesal penal, lo que les había privado de la posibilidad de proponer pruebas. El fiscal apoyó esta alegación.

Defecto formal

La juez no comparte ese criterio, pero subraya que «este Juzgado es escrupuloso, en el cumplimiento de la tutela con la que siempre ampara, con cualesquiera alegaciones atinentes a cualquier restricción del derecho de defensa».

Por ello, «en evitación de un simple defecto formal» (que la juez no comparte, pero que en todo caso sería subsanable), da un plazo de siete días a las partes personadas para que propongan pruebas.

La instructora explica que levantó el secreto de sus actuaciones el 26 de octubre y que la imputación judicial de los mandos policiales no se acordó hasta el 10 de noviembre, «sin que ninguna de las demás partes [a excepción del fiscal] interesara la práctica de pruebas».

La única documentación que estuvo secreta hasta el 7 de noviembre fue una pieza de un sumario del juez Garzón sobre Haski «cuyo contenido nula trascendencia tuvo en estos autos», por lo que no pudo generar indefensión a los imputados.



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4.12.06

 

«La Policía me prohibió mencionar al juez la relación ETA-islamistas»

 

4-12-06



EL CONFIDENTE 'CARTAGENA' DENUNCIA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL LA MANIPULACION DE LAS INVESTIGACIONES EN LOS SUMARIOS DEL 11-M Y LA 'OPERACION NOVA'

«La Policía me prohibió mencionar al juez la relación ETA-islamistas»


ANTONIO RUBIO

MADRID.- El testigo protegido Abdelkader Farssaoui, más conocido en la Policía por el seudónimo o alias de Cartagena, presentó el pasado viernes un escrito de 16 folios en la Audiencia Nacional donde denuncia, entre otras cosas, que fue presionado y coaccionado por los agentes de la UCIE (Unidad Central de Información Exterior) para que no informara a los jueces Baltasar Garzón y Juan del Olmo de las informaciones que tenía sobre la banda terrorista ETA y su relación con grupos islamistas.

El marroquí Abdelkader Farssaoui hace hincapié en su escrito de denuncia en que los agentes policiales le indicaron expresamente que no revelara nada al juez Baltasar Garzón sobre ETA e islamistas, y que al magistrado Juan del Olmo no le dijera nada de nada sobre el 11-M.
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Cartagena también revela en su denuncia que la Policía le obligó a elaborar notas informativas falsas o al «dictado» de los agentes sobre una serie de islamistas que frecuentaban su mezquita, con el único fin de presentarlos como radicales y así imputarles en los diferentes procedimientos judiciales que estaban abiertos en la Audiencia Nacional.

Abdelkader Farssaoui, marroquí y ex ima de la mezquita de Villaverde (Madrid), era confidente de la Policía e informó a sus controladores un año antes de los atentados del 11-M de que un grupo de radicales islámicos tenía la intención de hacer la yihad (guerra santa) en España y -según revela en el escrito del viernes- que Serhane ben Abdelmajik Fakhet, El Tunecino, tenía un piso dúplex en Bilbao.

Cartagena, nombre de guerra de Farssaoui, también indicó a la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Policía que ese grupo estaba compuesto por algunos de los islamistas que el 3 de abril de 2004 se suicidaron en el piso de Leganés, como El Tunecino y Alekema Lamari.

Pero el mayor éxito policial y del confidente Cartagena se produjo en octubre de 2004, cuando la UCIE, bajo la supervisión del magistrado Baltasar Garzón, llevó a cabo la operación Nova, que sirvió para detener a más de 20 islamistas.

Entre los detenidos de la operación Nova se encontraba Mohamed Achraf, marroquí y un importante dirigente islamista a nivel europeo que, según el juez y la Policía, pretendía atentar contra la Audiencia Nacional con un camión cargado de explosivos.

En septiembre de 2004, el juez Baltasar Garzón, a instancias de la UCIE, convirtió a Abdelkader Farssaoui en testigo protegido con el número 11.304, que curiosamente coincide con la fecha en la que los terroristas islamistas llevaron a cabo los atentados en los trenes de la muerte: 11 de marzo de 2004.

Desde aquella fecha hasta hoy, Abdelkader Farssaoui recibe protección policial y una ayuda económica del Ministerio del Interior. Cartagena, según cuenta en su escrito, se ha sentido «amenazado y chantajeado» desde el momento en que los agentes de la UCIE contactaron con él en la mezquita de Villaverde (Madrid), a mediados del año 2002.

En el relato de hechos que realiza en su denuncia indica, entre otras muchas cosas, que «días antes de la declaración ante Garzón, la UCIE me prohibió mencionar ante el juez la relación ETA-islamistas».

De Madrid a Almería

Cartagena, que ejercía de imán de la mezquita madrileña de Takouma (Villaverde) y solía dirigir los rezos de una parte del grupo que luego atentó en el 11-M, era muy respetado por los islamistas. Eso le permitió introducirse en el grupo que preparó los atentados y saber cuáles eran las intenciones de Serhane ben Abdelmajik Fakhet, El Tunecino (muerto en Leganés) y Said Berraj (huido días antes del 11-M). Después, en Almería, Farssaoui contactó con el marroquí Mohamed Achraf, que se convirtió en el máximo dirigente de la operación Nova.

Farssaoui también consiguió saber lo que hablaban los islamistas entre ellos, y sus razonamientos. En la página 14 de la denuncia, Cartagena narra una conversación que mantuvo con dos islamistas antes de los sucesos del 11-M: «En un encuentro de Ramadán con Mustafá Rifi y Said Berraj estuvimos hablando sobre la colaboración de infieles con islamistas para actos terroristas en lugares públicos» (refiriéndose a organismos oficiales), «y el primero me puso el ejemplo de ETA, diciéndome: 'A estos les vendría bien, por dos motivos. Uno, porque así no estaría hecho por ellos mismos y conseguirían su objetivo, y, por otro lado, obtendrían un beneficio económico con la venta de explosivos'».

Mustafá Rifi llega aún más lejos en sus reflexiones islamistas o coránicas sobre la posible colaboración con ETA: «Así está permitido tener este tipo de contactos».

Said Berraj, que ejercía de vigilante jurado en una urbanización madrileña, logró huir días antes de los atentados del 11-M y era uno de los hombres duros de la célula de El Tunecino. Vivía en Villaverde y estaba siendo investigado desde hacía tiempo porque se le relacionó con Barakat Yarkas, Abu Dahdah, condenado por el Tribunal Supremo, en junio de 2006, a 12 años de prisión por dirigir el grupo de Al Qaeda en España.

Otro de los interlocutores de Cartagena era Mustafá Rifi y, según ha podido saber EL MUNDO, se trata de un marroquí de la zona del Rif -de ahí su apodo o alías de Rifi- que acudía con frecuencia a las reuniones de Serhane ben Abdelmajik Fakhet, El Tunecino.

El Rifi, que en la actualidad se encuentra en paradero desconocido, estaba dispuesto a convertirse en un mártir de la yihad. El seguidor de El Tunecino ya fue mencionado por Cartagena en la declaración judicial que prestó el 20 de octubre de 2004 ante el magistrado Baltasar Garzón, pero en ningún momento ha sido investigado y mucho menos imputado en ninguna causa.

Las reflexiones de los islamistas y otras informaciones sobre ETA, según quedan reflejadas en la denuncia de Cartagena, fueron transmitidas por el confidente policial a los agentes de la UCIE en tiempo real. Pero los inspectores de la Unidad Central de Información Exterior, que en aquella época dirigía el comisario Mariano Rayón, prohibieron a Abdelkader Farssaoui comunicar o trasladar esas informaciones al juez Baltasar Garzón.

Cartagena recuerda uno de aquellos momentos: «Días antes de la declaración ante Garzón» -la primera, según consta en el sumario de la operación Nova, se produjo el 29 de septiembre de 200-, «la UCIE me prohibió mencionar ante el juez la relación ETA-islamistas».

Según el escrito presentado el viernes en la Audiencia Nacional, los comentarios o informaciones que Farssaoui facilitó a la UCIE sobre ETA fueron aún más lejos: «Una vez les comenté que Mohamed Achraf», supuesto cabecilla de la operación Nova, «había coincidido en la cárcel con el etarra que intentó asesinar al rey. Creo que se llama Rego Vidal y este le ofreció contactos con otros miembros de la banda por si necesitaba algo. Med Achraf me enseñó algunos números de teléfono supuestamente de etarras y me aseguró que es [sic] buena gente y de importancia».

En efecto, EL MUNDO ha podido comprobar que días antes de la declaración judicial, el 14 de septiembre de 2004, Cartagena manifestó a la UCIE: «Med Achraf le dijo al testigo que había coincidido en una ocasión en los calabozos de la Audiencia Nacional con el miembro de ETA que intentó matar en una ocasión al Rey de España, y que el ETARRA (sic) le había dejado teléfonos de contactos por si necesitaba alguna colaboración». Esa declaración policial está incorporada al sumario de la operación Nova.

Siguiendo las instrucciones de la UCIE, Abdelkader Farssaoui logró llegar a lo más alto del grupo que dirigía Serhane ben Abdelmajik Fakhet, El Tunecino. La confianza entre el líder del comando de Leganés y el imam era total, y por ese motivo el primero invitó al segundo a que cambiara su lugar de residencia: «Les comuniqué» (se refiere a los agentes policiales) «que El Tunecino me preguntó que si me gustaría vivir en alrededores de Bilbao [sic] con mi ex esposa, ya que él tenía allí un piso de dos plantas y quería hacerme un contrato en mi nombre, pagando él las mensualidades».

En trámite de separación

La respuesta de la UCIE a la propuesta de El Tunecino fue tajante: no. Cartagena tenía que justificar, de la mejor forma posible, ante Serhane ben Abdelmajik Fakhet su rechazo ante tan atrayente oferta: «Yo le dije que tenía problemas y que estoy con trámites de separación con mi anterior esposa».

El Tunecino, siempre según la denuncia del imam de Villaverde, insistió en su propuesta: «Entonces, me dijo que así podría compartir el piso con otros hermanos y que él vendría solamente los fines de semana».

La nueva oferta de Serhane puso nervioso a los agentes de la UCIE que, sin razón aparente, se negaban una y otra vez a que su confidente se ausentara de Madrid: «Les comuniqué a la UCIE la propuesta de El Tunecino y ellos no quisieron que me marchase en ese momento». Sherhane volvió a insistir ante el topo policial: «Cuando le dije a El Tunecino que no me podía ir me pidió que le acompañase para hacer la gestión del contrato. Y también la UCIE rechazó que le acompañase poniendo yo excusa a El Tunecino para no ir».

El resultado final de ese largo tira y afloja entre la UCIE y El Tunecino, con Cartagena de por medio, fue que el líder del comando Leganés pidió al imam que no hablara con nadie de aquella oferta, y mucho menos del piso dúplex de Bilbao. De todas formas, la puerta de Sherhane quedó abierta para Cartagena cuando el terrorista le dijo: «Si algún día tiene las cosas resueltas y quiero irme allí, bienvenido seré [sic]».

Hay que recordar que Jamal Ahmidam, El Chino, otro de los terroristas islamistas que participaron en el 11-M y que después se suicidó en el piso de Leganés junto a El Tunecino, también se movía con bastante facilidad por Bilbao y San Sebastián. Incluso tenía su almacén o centro de operaciones muy cerca de Bilbao, en un apartamento de Laredo (Santander).

Tiros en Bilbao

En el último trimestre de 2003 y en los meses de enero y febrero de 2004, El Chino vendió cientos de kilos de hachís en el País Vasco y tuvo dos importantes incidentes. El primero, en Bilbao. Jamal Ahmidam se presentó la noche del 31 de diciembre de 2003 en el bar Txikia y le pegó un tiro en la rodilla a un compatriota suyo. El segundo fue en San Sebastián, horas más tarde, y allí esgrimió un cuchillo contra otro marroquí (ver EL MUNDO del 8 y 23 enero de 2006).

Rafá Zouhier, confidente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, también informó telefónicamente el 17 de marzo de 2004, seis días después de los atentados del 11-M, a uno de sus controladores de que El Chino consiguió detonadores y «otras cosas» en el País Vasco.

Todos los inconvenientes y negativas que la UCIE puso a Abdelkader Farssaoui para que viajara a Bilbao se transformaron en ruegos y suplicas cuando los agentes policiales propusieron al imam de Villaverde que se desplazara hasta un país árabe: Siria. En esa ocasión, el que dijo no de manera rotunda fue Cartagena: «En una ocasión se enfadaron conmigo muchísimo, porque he rechazado realizar un viaje que me pidieron a Siria [sic]. Entregándome un pasaporte español con datos árabes y allí me iba a buscar un tal Carlos que me explicaría cual es el objetivo de dicho viaje».

El documento español que la UCIE ofreció a Abdelkader Farssaoui era auténtico, pero los datos que aparecían en él estaban falsificados. De repente, el imam de Villaverde pasaba a llamarse Karim Badr.

Este periódico ha podido saber que Cartagena nunca se fió de aquel pretendido viaje a tierras sirias y que, incluso, llegó a temer por su vida porque pensaba que se había convertido en un «testigo negativo».

El misterio y la intriga, al parecer, fueron dos constantes en la relación entre el confidente policial y los agentes de la UCIE. Tras la operación Nova, que se llevó a cabo entre los meses de octubre y noviembre de 2004, y cuando Farssaoui ya había sido calificado por el juez Baltasar Garzón como testigo protegido, con el número 11.304, el magistrado Juan del Olmo citó a declarar a Cartagena por los atentados del 11-M.

Automáticamente, los agentes de la Unidad Central de Información Exterior se pusieron nerviosos y en guardia y le dieron una serie de indicaciones o recomendaciones a Cartagena: «Al recibir un telegrama para asistir a declarar ante el magistrado Juan del Olmo, los de la UCIE se reúnen conmigo un día antes de ir a declarar, y me aseguraron que puedo negarme a declarar ante el magistrado ya que soy testigo protegido de otro juzgado».

Los intentos de los agentes de la UCIE para que Cartagena no declarara ante el magistrado Del Olmo continuaron, según indica el confidente policial en la denuncia que presentó el pasado viernes ante la Audiencia Nacional: «Cuando les he enseñado el telegrama» -se refiere a los policías- «donde especifica la obligación de declarar como testigo, me dicen que intente no declarar y que si me es obligatorio [sic] que le diga que acuda a mis declaraciones ante el juez Baltasar Garzón y ni un dato más (y eso es lo que yo hice)».

Cartagena termina ese capítulo de su denuncia judicial con un nuevo recordatorio al pretendido boicoteo de los policías de la UCIE al magistrado Del Olmo: «Me llamaron varias veces para decirme nuevamente que no declarase».


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LA UCIE TENIA LA MISMA CONSIGNA QUE LA POLICIA CIENTIFICA

 

4-12-06



Editorial

LA UCIE TENIA LA MISMA CONSIGNA QUE LA POLICIA CIENTIFICA


El escrito presentado el pasado viernes ante las dos salas de la Audiencia Nacional que deberán juzgar el 11-M y la llamada operación Nova por el confidente Abdelkader El Farssaoui, apodado por la Policía como Cartagena, es de una gravedad extrema y debería tener consecuencias tanto judiciales como políticas.

De acuerdo con la Policía española, Cartagena logró la confianza tanto de El Tunecino como de Achraf, cabecilla de la presunta trama para volar la Audiencia, y facilitó valiosísimas informaciones sobre sus actividades. Mientras en el caso del 11-M sus muy detalladas advertencias cayeron en saco roto, en el de la operación Nova sirvieron para detener a los miembros de la red islamista.
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Pues bien, en ambos trabajos como infiltrado, Cartagena se encontró con un inaudito obstáculo que impidió que el Estado pudiera sacar todo el fruto de su arriesgada labor: la Policía y, más concretamente la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) le «prohibió» que contara a la Justicia los datos que había obtenido sobre posibles relaciones entre esos islamistas y ETA. Ésa fue la expresa consigna que recibió la víspera de comparecer ante el juez Garzón por parte de sus controladores policiales. Los mismos que poco después le dieron instrucciones precisas para que se negara a declarar ante el juez Del Olmo, cuando éste le citó en el sumario del 11-M.

Por mucho que les pese a los diarios gubernamentales empeñados en echar tierra sobre este asunto, la manipulación policial ha sido la pauta de la instrucción sumarial de todo lo relacionado con los islamistas tras el 11-M. En concreto la obsesión por hurtar a la Justicia cualquier pista que les relacionara con ETA ha quedado ya reiteradamente acreditada. Es obvio que en la UCIE regía la misma consigna que en la Policía Científica: lo de ETA no podía figurar ni en el informe de los peritos ni en el relato de Cartagena.

En su escrito de denuncia, el confidente incluye al menos tres episodios que deberían haber sido exhaustivamente investigados por la Policía bajo control judicial. El primero es una conversación en la que participa nada menos que Said Berraj, huido clave de la trama del 11-M a quien se atribuye haber participado en la planificación del atentado y en la que se argumenta a favor de la colaboración con ETA para cometer «actos terroristas en lugares públicos» y se alega que la banda vasca podría obtener el doble beneficio de actuar a través de otros y venderles los explosivos. ¿Ocurrió eso en el 11-M?

Tampoco es baladí el hecho de que El Tunecino tuviera alquilado un piso en Bilbao y la UCIE le negara a Cartagena el permiso para aceptar compartirlo «con otros hermanos». Se trata de un nuevo lazo de los principales «suicidas de Leganés» con el País Vasco. Recuérdese que allí es donde El Chino traficaba con drogas, participaba en tiroteos y obtenía -según otro confidente, Zouhier- armas y detonadores. Tampoco conviene olvidar que Trashorras declaró a EL MUNDO que El Chino le había dicho que conocía a los etarras de Cañaveras y que así lo hizo constar durante su interrogatorio.

Y, por último, también es muy significativo que Achraf se jactara ante Cartagena de su relación con Rego Vidal -el jefe del comando que trató de matar al Rey en Mallorca- y que le mostrara los números de teléfono de una serie de etarras. Es inevitable relacionar estos datos con el hecho de que a Benesmail -el lugarteniente de Lamari cuya celda se registró en el contexto de la operación Nova- se le encontraran, además de la fórmula de la cloratita, los nombres y direcciones de tres sanguinarios etarras.

Todo este entramado de elocuentes coincidencias ha sido minimizado por la Policía y hurtado, en la mayoría de los casos, a la acción de la Justicia. Es obvio que ha existido y existe una consigna política para mantener a ETA al margen de las investigaciones, bien por temor a que aparezca algo que pueda enturbiar la interpretación del triunfo electoral del PSOE, bien para proteger el proceso de paz de esas sombras tremendas. Esto es gravísimo y la opinión pública tiene derecho a saberlo y a actuar en consecuencia.


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De imam a colaborador policial

 

4-12-06



11-M / La investigación

De imam a colaborador policial


Se llama Abdelkader Farssaoui, nació en Marruecos, en la región de la Gharb, tiene 33 años y está casado con una española. Estudió el Corán, ha ejercido de imam y de periodista.


A nuestro país llegó hace unos 10 años en patera atravesando el Estrecho, y finalmente aterrizó en Madrid. Durante un tiempo vivió en la calle, y poco a poco se fue situando hasta terminar de imam en la mezquita de Villaverde.

Hasta aquella mezquita llegaron, a mediados del año 2002, los agentes de la UCIE. Los policías abordaron a Abdelkader en la calle y le comunicaron que tenían grabados todos sus sermones. Los agentes le amenazaron con expulsarlo de España porque incitaba a la 'yihad'.
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En un principio, Farssaoui se mantuvo firme ante los policias, pero las amenazas de expulsión terminaron por convencer al imam de que debía colaborar con la UCIE.

La colaboración entre la UCIE y Farssaoui comenzó de manera oficial en octubre de 2002 y se prolongó hasta noviembre de 2004, cuando el juez Garzón abrió un sumario por la 'operación Nova' e imputó a Mohamed Achraf.

El imam de la mezquita de Takouma se convirtió en confidente de la UCIE y los agentes policiales lo bautizaron con el seudónimo o alias de 'Cartagena'. A partir de ese momento, el topo policial comenzó a introducirse en diferentes células islamistas para informar sobre quiénes eran sus miembros y a lo que se dedicaban.

Antes de que acabara el año 2002, 'Cartagena' informó a la UCIE de que existía una célula muy peligrosa de islamistas entre los que estaban Amer Azizi (uno de los ideólogos del grupo que huyó antes del 11-M), Rabei Osmán 'El Egipcio' (detenido en Italia y extraditado a España por ser uno de los autores intelectuales del 11-M), Sherhane Ben AbdelmajiK Fakhet, 'El Tunecino' (que se suicidó en el piso de Leganés), Mohamed Larbi ben Sellam (que huyó y después fue detenido en Barcelona) y Mustafá Maimouni (cuñado de 'El Tunecino' y que en la actualidad está detenido en Marruecos por los atentados de Casablanca).

Todas las informaciones que 'Cartagena' facilitó a los agentes de la UCIE, entre octubre de 2002 y noviembre de 2004, quedaron reflejadas en unas notas informativas internas (ver EL MUNDO del 31 mayo 2005). En ellas quedaba reflejado que 'Cartagena' avisó, con antelación al 11-M, de que algo muy importante estaba preparando el comando que dirigía 'El Tunecino'.

Farssaoui también colaboró en Madrid con Radio Babel y Radio Interactiva, y como corresponsal de un periódico marroquí.


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«Con el PP hubo una tregua-trampa de ETA y ahora hay una tregua-trampa de Zapatero»

 

4-12-06



ALTO EL FUEGO / El testimonio de una víctima / JOSÉ JAVIER URANGA

«Con el PP hubo una tregua-trampa de ETA y ahora hay una tregua-trampa de Zapatero»


Tiene 81 años, pero hace 26 volvió a nacer. Un día de agosto, en el periódico que ha dirigido durante 30 años -'El Diario de Navarra'- dos terroristas del 'comando Nafarroa' de ETA le dispararon 27 balas. Pese al tiro de gracia, sobrevivió. La entrevista se celebra en la sede del rotativo donde, a pesar de estar jubilado, mantiene una mordaz columna semanal.

Una entrevista de ESTHER ESTEBAN

Pregunta.- El 22 de agosto podía haber sido el día de su muerte...

Respuesta.- Efectivamente. Iba al periódico, como todos los días. Salió un individuo a mi paso con un anorak, se abrió la cremallera, sacó una metralleta y me disparó 27 tiros con balas explosivas que me dejaron deshecho. Caí al suelo y apareció una individua, Mercedes Galdós, que me disparó a bocajarro para rematarme. Yo puse las manos sobre la cabeza y eso me salvó.

P.- Vamos, que Galdós, con un currículo de 13 asesinatos, tuvo la sangre fría de darle el tiro de gracia...

R.- Me pegó un tiro junto al ojo, arrancándome las muelas. Un segundo disparo me dio en el pecho, rebotó en una medalla y me hizo un hilván. Vi perfectamente que era una mujer, supe que me iba a dar el tiro de gracia, pero afortunadamente falló.
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P.- Entonces había una situación muy tensa en Navarra. Han pasado 26 años y Navarra sigue siendo una reivindicación de ETA, ¿no?

R.- Desgraciadamente, han pasado 26 años y todo sigue igual. Urralburu fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Navarra para defender su personalidad. Había un pacto por el que UPN apoyaba al PSOE cuando estaba en el Gobierno, y al revés. Ese pacto se cumplía. Pero ha llegado Zapatero y nadie sabe por dónde se anda. Si pacta -como todos creemos que va a pactar o ha pactado ya-, ¿cómo va a respetar Navarra si para él nosotros no somos nada?

P.- ¿Usted se siente navarro, español, o las dos cosas?

R.- Yo soy primero español, luego navarro. Navarra ha sido siempre España, desde el siglo X. Los navarros queremos seguir siendo navarros, y Navarra es de los navarros.

P.- Una de las reivindicaciones de ETA y que Batasuna llevará a la mesa de partidos es la autodeterminación. Cuando lo oye, ¿piensa que su tierra está en peligro?

R.- Yo pensaba que no estaba en peligro, que Navarra jamás sería Euskadi, pero después de lo que ha pasado en Cataluña con el Estatuto, aquí pueden pensar que ellos no son menos. Emplearán todo lo que esté en su mano, porque no pueden vivir sin Navarra. No tienen sitio. Somos su objeto de deseo, porque la ensoñación de Euskal Herria sin Navarra no puede existir. Navarra es mayor que las tres provincias vascas juntas. Aquí hay huerta, Pirineo, frontera con Francia... y ellos no tienen nada. No tienen más que un paso.

P.- Está 11 meses en el hospital, y al salir le ofrecen trabajo fuera de su tierra, pero cree que si abandona, ETA se habría salido con la suya...

R.- ETA quería que yo desapareciera. Estuve 11 meses en el hospital y 15 veces en quirófano. Al salir me ofrecieron de todo, pero yo pensaba que si me iba no podía volver y si me echaban de mi tierra, en vez de una bala me mataría el whisky. Si me iba, es que ETA me había matado. Si a un periodista se le calla se le mata.

P.- ¿Qué opinión tiene del proceso de paz?

R.- Es una trampa. El otro fue el proceso-tregua-trampa de ETA, y éste, el proceso-tregua-trampa de Zapatero. No cabe duda. Tiene todo atado, y me temo mucho que nos hagan una representación de que rompen, que luego haya un atentado sin víctimas, o si hay una víctima dirán que es una circunstancia, y luego salven el bache y retomen el proceso.

P.- Cuando un presidente dice, el día que ETA roba las pistolas, que habrá consecuencias, ¿debe explicarlas?

R.- Debería haberlo hecho, pero Zapatero no ha hecho más que mentirnos; cada día es una mentira nueva. Dijo en las Cortes que si había violencia no había proceso, y ha habido sucesos muy gordos y el proceso sigue. Dijo: primero la paz y luego la política, pero está demasiado impaciente por conseguir algo, y los etarras lo saben.

P.- ¿Y qué consecuencias tendrá tal impaciencia?

P.- Si cede ante los terroristas, será su hundimiento. Tiene en contra a las víctimas y a gran parte de la sociedad. El hecho de que las víctimas salgan a la calle es una china que tiene en el zapato y le aprieta demasiado.

P.- Ellos dicen que las víctimas están manipuladas por el PP.

R.- Yo soy de la AVT, no soy del PP, ni lo he sido nunca ni lo seré. Yo soy una víctima, y entre nosotros hay gente del PP y del PSOE que no está dispuesta a que la callen, a volver al ostracismo de esos años de plomo en los que se nos hacían los funerales en los cuarteles de la Guardia Civil porque no se atrevían a llevarnos a las iglesias. Podrán intentar humillarnos, pero no nos callarán.

P.- De la AVT se dice de todo, incluso les han llamado fascistas...

R.- De fascistas nada. Los fascistas son los que vienen por detrás y te pegan un tiro en la nuca. Eso es lo que hacía Hitler. Es demencial que seamos nosotros, las víctimas, quienes tengamos que defendernos de las acusaciones, y no los verdugos.

P.- ¿Por qué cree que Zapatero quiere seguir con todos los elementos en contra? ¿Por convicción o por electoralismo?

R.- Pues no sé. Sólo tendrá una baza para seguir en el poder si hace una paz honorable. Si no es así, la gente no tragará. Da la imagen de obrar por venganza, porque a su abuelo le mataron por espía. Esto es la revancha. Quiere ganar una guerra que perdió. Todo gira en torno a eso. Si puede cambiar el sistema, el régimen español, lo cambiará. Y si hace eso, ¿cómo va a tener miramientos en pactar con los terroristas?

P.- Volviendo a Navarra, ¿cuál es la solución si UPN es derrotada?

R.- Lo razonable sería que el ganador vaya al Gobierno y sea apoyado en las cosas fundamentales por la oposición. En cuanto a la cuestión de Navarra, lo ha apoyado el PP cuando han estado los socialistas, y los socialistas cuando ha estado el PP. No ha habido ninguna discusión. Pero si el PSOE se alía con ese barullo de siglas que componen Nafarroa Bai: el PNV, EA, Aralar, IU e incluso Batasuna si se presenta, sería un desastre. No hay nada más antitético que el nacionalismo y el socialismo, pero parece que la ideología ya no cuenta.

P.- ¿Es partidario de cambiar la Ley Electoral para que los partidos pequeños no tengan la sartén por el mango?

R.- Sí, claro que soy partidario. Sería fundamental para evitar que esos partidos sean quienes deciden las cuestiones importantes.

P.- ¿Comparte con Enrique Múgica que esto tiene que acabar con vencedores y vencidos?

R.- Sin duda. O esto acaba con vencedores y vencidos o no acaba.

P.- ¿Ha sido capaz de olvidar y perdonar?

R.- Yo he perdonado, pero no he olvidado. Perdono a Galdós. Pero no puedo perdonar esas ideas de una organización destinada al terrorismo. Eso no.

P.- Mercedes Galdós fue condenada a 27 años por su intento de asesinato y tenía 800 años más por otros crímenes. Salió tras cumplir 19 años. ¿Qué pensó al verla en libertad?

R.- Yo soy partidario de que cumplan las penas. Cuando detuvieron a Mercedes Galdós, el gobernador civil me propuso ver el interrogatorio tras un cristal oscuro; dije que no, que no quería saber nada de ella. Luego me comentó un capitán que nunca había conocido una persona tan dura, que contaba los asesinatos con regodeo, como un torero cuenta su gran faena en las Ventas.

P.- ¿Qué le parece la huelga de hambre de De Juana Chaos?

R.- Un chantaje. De Juana es un tipo que celebraba las muertes con champán. Por mí, que siga en la cárcel y que se muera allí. Pero el Gobierno debe mantenerlo con vida para no convertirlo en un mártir, y mucho menos, claro, en un héroe.

P.- Por parte de las víctimas no ha habido actos de venganza, y eso es de una dignidad incuestionable, ¿no?

R.- Las víctimas han tenido la dignidad democrática que no tuvieron los inductores del GAL, pero ahora la gente está muy caliente; algunos piensan que cuando no hay Justicia debe haber venganza. Hay mucha inquietud entre las víctimas. Nos piden que perdonemos, sin pedirnos perdón.

P.- ¿Usted ha vivido con miedo?

R.- No, nunca. He vivido 20 años con escolta, y eso es lo más horrible. Me quedan secuelas, tengo un 48% de minusvalía. Sin embargo, el miedo nunca ha podido conmigo.

P.- ¿Si PP y PSOE tuvieran voluntad de entenderse, cambiaría todo o hay ya demasiadas heridas abiertas?

R.- Claro que cambiaría todo. Es fundamental que estuvieran de acuerdo los dos grandes partidos. Yo, desde luego, no puedo votar a Zapatero. Si no me dejan otra opción, votaré al PP, que al menos se ha mantenido coherente en su discurso. Si Zapatero cede ante ETA, a la larga se acabó el PSOE. Ni los propios socialistas pueden aguantar esto. Tantas mentiras y tantas promesas incumplidas. Se ríe del Parlamento, se salta todo a la torera... ¿En qué clase de democracia cree? Yo pienso que es un radical, pero no un visionario. Sabe manejar tiempos e imagen, y engaña a la gente. Sabe adónde va, tiene todo programado, y eso es lo peligroso.

P.- Puede que cometa errores, pero de ahí a llamarle traidor...

R.- Llamarle traidor es un insulto grave, pero en su actuación política hay indicios de traición, no cabe duda.

P.- ¿Batasuna será legalizada?

R.- Harán todo lo posible. Pero si se cumple la ley, primero tiene que condenar el terrorismo, todo el terrorismo. Y aceptar las leyes del país. La ley debe cumplirse. De momento tiene que aceptar la Ley de Partidos.

P.- Aceptarla o cambiar la Ley...

R.- Si cambian la Ley, el panorama cambia. Si el Parlamento dice que la Ley no sirve y hay que hacer otra, será legal. Mientras tanto, no.

P.- Ya se pretende hacer una mesa de partidos fuera del Parlamento vasco. ¿Qué le parece?

R.- La mesa de partidos es una comuna extralegal que no se puede admitir porque sería como poner una bomba en la línea de flotación de las instituciones.

P.- ¿Qué le parece el vídeo del PSOE sobre Aznar y la tregua?

R.- Aznar fue claro como la luz. El PP no negoció, fue el PNV. Cuando ETA le dio al Gobierno sus condiciones, éste se levantó de la mesa. Que Zapatero haga como Aznar, que rompa con ETA y todos aplaudiremos. Dicho esto, a mí no me gustan los vídeos. Los ciudadanos quieren respuestas, no vídeos.

P.- ¿Colaboró ETA con el 11-M?

R.- Por ahora, no hay argumentos para decir que fue ETA. Ahora, que colaboró es posible, sí lo creo. Hay demasiadas incógnitas, demasiado empeño en dar carpetazo y algunas mentiras intolerables.


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