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7.10.06

 

Los peritos dicen a la juez que se respetaron sus informes hasta que citaron a ETA

 

07-10-06



11-M LA INVESTIGACION / La magistrada mantuvo a Escribano y López como testigos, rechazando una petición de la fiscal para considerarles imputados / La defensa solicitará la nulidad de todas las diligencias de Garzón

Los peritos dicen a la juez que se respetaron sus informes hasta que citaron a ETA


MARIA PERAL

MADRID.- Los peritos de la Policía Científica Manuel Escribano e Isabel López declararon ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid que normalmente sus informes no eran revisados por sus superiores, quienes se limitaban a enviarlos a la autoridad correspondiente.

Los expertos indicaron que no fue así con su informe 48-Q3-05, relativo al ácido bórico hallado en la casa de un procesado por el 11-M, dictamen en el que mencionaron que la misma sustancia, que sirve para estabilizar explosivos y enmascararlos, fue hallada en un piso franco de ETA.

Desvinculándose de la actuación de Garzón, la magistrada Gemma Gallego rechazó la petición de la Fiscalía de que los peritos declarasen en calidad de imputados y no como testigos.

(.../...)


La juez Gallego escuchó ayer los testimonios de Manuel Escribano e Isabel López sobre cómo entregaron a su jefe, Francisco Ramírez, un informe para el sumario del 11-M en el que aludían a ETA y cómo descubrieron un año y cuatro meses después que a manos del instructor Del Olmo no había llegado su dictamen original, sino otro manipulado.

Escribano y López fueron, junto a un tercer miembro de la Policía Científica, Pedro Manrique, los autores de una pericia solicitada por el juez del 11-M tras el hallazgo de 1.300 gramos de ácido bórico en el domicilio de Hasan Haski, a quien la Fiscalía considera instigador de los atentados islamistas de Madrid.

Su informe, de 21 de marzo de 2005, indicaba que el ácido bórico también fue hallado en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y en la casa de un joven antisistema detenido en 1999.

Los peritos mencionaban a continuación la «posibilidad» de que «los autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean los mismos autores».

El inspector jefe Escribano, que declaró durante una hora y media en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid (al que correspondió por reparto una querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M), relató que el 21 de marzo de 2005 metió el informe 48-Q3-05 en un sobre junto a una nota informativa y lo dejó en el despacho del jefe de sección Ramírez.

«A los dos o tres días», Ramírez le pidió que modificara el informe y que suprimiera la referencia a ETA por ser una pura elucubración. Escribano se negó a cambiar el dictamen y a partir de ese momento se despreocupó del asunto.

La afirmación de que Ramírez le habría pedido que modificara el dictamen «dos o tres días» después del 21 de marzo de 2005 es llamativa porque el documento oficial enviado a Del Olmo lleva fecha de 22 de marzo de 2005. Está firmado por el propio Francisco Ramírez, cuyo número de carné profesional figura igualmente en el escrito como si hubiera sido él quien realizó las pruebas analíticas que, en realidad, llevaron a cabo sus subordinados. La referencia a ETA fue suprimida.

El testigo indicó también que el pasado 11 de julio el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, le encargó recopilar todos los informes sobre explosivos realizados para el sumario del 11-M. Escribano fue a los sobres donde se conservan y se dio cuenta de que el dictamen 48-Q3-05 no era el que él elaboró con sus compañeros, sino otro, el firmado en exclusiva por Ramírez, que mantenía el mismo número de referencia.

El inspector jefe puso esta circunstancia en conocimiento de Andradas, a quien entregó una copia del informe original conservado en su ordenador y que los tres peritos volvieron a firmar ese día de julio.

Escribano explicó que su intención fue recopilar «todos» los informes sobre el 11-M, como se le había encargado, y que constara que el auténtico informe 48-Q3-05 fue el elaborado por él y sus dos compañeros. Precisó que Andradas le firmó un «recibí» de la documentación.

Preguntado si era habitual que sus superiores revisaran y corrigieran sus dictámenes, Escribano respondió que no. Manifestó que normalmente los informes que entregan los peritos a sus superiores son enviados tal cual a la autoridad correspondiente, lo que no se hizo precisamente con la pericia 48-Q3-05.

Con posterioridad a Escribano testificó Isabel López, que entró a declarar 30 minutos antes de la hora señalada ya que la comparecencia del primero se desarrolló con agilidad. Por contraste, Garzón hizo esperar al inspector jefe más de siete horas antes de recibirle declaración, ya en la madrugada, mientras que a López la recibió a las 19.15 horas, cuando la había citado a las 17.00.

La perito señaló que a ella no le solicitaron directamente que cambiara el dictamen del 21 de marzo de 2001, sino que Escribano le informó de su conversación con Ramírez. Añadió que, a la vista de que la copia del informe original no estaba en el sobre donde debía conservarse, le pareció lógico firmar otra copia del mismo dictamen íntegro para dárselo a Andradas.

López pidió a la juez protección para abandonar la sede judicial dada la presencia de numerosas cámaras e informadores a las puertas del Juzgado. La perito salió escoltada por vigilantes de seguridad y tapándose la cabeza con su chaqueta.

Con anterioridad a cada una de las dos declaraciones, la fiscal adscrita al Juzgado número 35 solicitó a la juez que suspendiera las comparecencias para poder instruirse del testimonio de actuaciones remitido por Garzón. Gallego no accedió dado que el testimonio, que ella ha venido solicitando a su compañero de la Audiencia Nacional durante más de una semana, no llegó hasta ayer al Juzgado y ni siquiera le habían dado cuenta aún de su recepción.

La magistrada tampoco aceptó la petición de la fiscal de cambiar la condición procesal de Escribano y López, pasando de testigos a imputados. El Ministerio Público fundamentó su solicitud indicando que ambos agentes han sido acusados por Garzón de una presunta falsedad documental por el hecho de haber vuelto a firmar su informe en julio de 2006. Gallego respondió que esa imputación no consta oficialmente en el procedimiento que ella tramita, por lo que no procedía modificar la situación de unos agentes contra los que no se dirige la querella de la Asociación del 11-M.

Fuentes de la defensa de los peritos anunciaron que pedirán la nulidad de las diligencias practicadas por Garzón, al haber investigado un delito que no es de su competencia.


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El Gobierno denuncia que se está intentando dilatar el proceso judicial

 

07-10-06



El Gobierno denuncia que se está intentando dilatar el proceso judicial

F. G.

MADRID.- El Gobierno, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, denunció ayer un intento de retrasar el procedimiento judicial y la vista oral del 11-M.

La portavoz del Ejecutivo aseguró, en referencia a ese sumario, que «da la impresión de que algunos mantienen un interés muy especial en que todo parezca enmarañado o confuso, o en dilatar algunos procedimientos. Incluso a veces da la sensación de que algunos tienen interés o intención de que se instale en la ciudadanía una cierta fatiga civil o que los ciudadanos desconfíen de las instituciones».

Fernández de la Vega no dio nombres, ni se refirió a nadie en concreto y de forma expresa.

Añadió que «la Justicia tiene sus competencias y procedimientos y el Gobierno tiene que respetarlos».

Además, hizo un llamamiento «al respeto a las instituciones y al Poder Judicial que tiene un papel esencial en el sistema constitucional». Tampoco en este apartado hizo referencia a nadie en concreto. Del procedimiento judicial del 11-M aseguró que «el sumario está avanzado, el juicio se celebrará y esperemos que se celebre en un tiempo razonable, como estaba previsto».

Como hace cada viernes, Fernández de la Vega insistió en que el Gobierno colabora con la Justicia.

La vicepresidenta hizo una defensa cerrada de las instituciones y del Poder Judicial, así como de la imagen que de ellas tienen los ciudadanos. Por eso, auguró el fracaso de quienes, según ella, pretenden su desprestigio.

«Estoy convencida de que eso no va a ocurrir, porque tenemos unas instituciones y un Poder Judicial con buena salud y todos sus miembros van a funcionar como siempre, en el marco de la Constitución y con respeto absoluto a la Ley», explicó la número dos del Ejecutivo. Alegando ese respeto a las instituciones y las actuaciones judiciales, la vicepresidenta del Gobierno evitó referirse a actuaciones concretas sobre el 11-M que han sido objeto de polémica.

Respecto a la controversia sobre el Consejo General del Poder Judicial, Fernández de la Vega insistió en que «el Gobierno confía en las instituciones y los ciudadanos también, y debemos garantizar su funcionamiento».

Tampoco hizo referencias expresas, pero dio la impresión de que la última parte de su respuesta se refería a la actuación del vocal conservador José Luis Requero, que pidió que se investigara la actuación del juez Baltasar Garzón en la toma de declaración de los peritos.

La vicepresidenta primera hizo una distinción clara entre la actuación «política» del Consejo y la que se refiere a la actuación jurisdiccional de los jueces. Dio a entender que el citado vocal ha pasado esa raya para inmiscuirse en la actuación jurisdiccional, o sea, la referida a un sumario concreto.

Así, Fernández de la Vega explicó que «el órgano de gobierno de los jueces es un órgano político y, como todo órgano político, discute de política y hace política. Hay que hacer política, pero lo que no hay que hacer es confundir las funciones del órgano político de los jueces con la función jurisdiccional».


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Requero se defiende de las críticas del PSOE recordando los GAL

 

07-10-06



11-M LA INVESTIGACION / La polémica

Requero se defiende de las críticas del PSOE recordando los GAL


El vocal del CGPJ sostiene que ha percibido «un verdadero ataque de nervios rayando en la histeria» tras pedir diligencias informativas contra Garzón


MADRID.- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Luis Requero defendió ayer su decisión de pedir la apertura de diligencias informativas contra el juez Baltasar Garzón por el interrogatorio a los peritos del ácido bórico, al tiempo que respondió a las críticas del PSOE recordando que algunos de los miembros de su Grupo Parlamentario «fueron a la cárcel por terrorismo de Estado».

Al ser preguntado sobre si se siente tratado injustamente tras su decisión de solicitar la actuación de la Inspección del CGPJ contra Garzón, Requero señaló, en declaraciones a Telemadrid, que en este asunto «hay palabras muy gruesas» y se refirió directamente a las críticas que le dirigió el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Julio Villarrubia.
(.../...)

«Esta mañana leía en un periódico que determinado parlamentario decía que de personas como yo hay que prescindir. Claro, cuando eso lo dice un señor que forma parte de un Grupo Parlamentario algunos de cuyos miembros fueron a la cárcel por terrorismo de Estado, digo: ¡Dios mío!, ¿qué está ocurriendo aquí?, ¿qué palabras son ésas? Son palabras bastantes fuertes», dijo Requero. Y añadió que declaraciones de ese tipo forman parte de la «lucha política» y que «el CGPJ, en algunos casos, tiene que hacer política con el objetivo judicial».

Villarrubia había dicho que el vocal «está fuera del sistema» y que «este tipo de gente es la que estorba, entre comillas, en un sistema democrático que sea mínimamente decente».

El vocal del órgano de gobierno de los jueces afirmó que, tras su decisión, ha percibido «un verdadero ataque de nervios rayando en la histeria que no es normal».

«Por lo que se ve, o hay determinados jueces que son intocables o hay determinados asuntos con los que cualquier cosa que se haga por parte del Consejo va a ser interpretada en clave política», señaló.

Requero negó que con su actuación haya puesto en riesgo la independencia judicial de Garzón, y recalcó que ha ejercitado «aquellas competencias» que le atribuye el ordenamiento del Consejo.

El vocal del CGPJ se refirió a EL MUNDO cuando explicó que «el Consejo tiene que intervenir cuando se nos dice en un medio de comunicación de tirada nacional y en un asunto de especial importancia que determinadas personas han sido tratadas de una forma que a uno se le ponen los pelos como escarpias».

Julio Villarrubia declinó responder a las declaraciones de Requero y se limitó a decir que el vocal del CGPJ se «ha retratado» a sí mismo.

«En su trayectoria ya ha demostrado lo que es, y no voy a perder un minuto más en entrar en descalificaciones e insultos con un hombre que ya he definido como una persona antidemocrática y fuera del sistema», dijo a Europa Press.


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El Gobierno afirma que ha apoyado al máximo a los abogados de oficio

 

07-10-06



11-M LA INVESTIGACION / La defensa de los acusados

El Gobierno afirma que ha apoyado al máximo a los abogados de oficio


Dice al PP que ha triplicado sus honorarios y ha dado los medios precisos
AGUSTIN YANEL

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha realizado «un esfuerzo sin precedentes», tanto económico como en medios, para garantizar que los abogados del turno de oficio que defienden a los acusados de cometer los atentados del 11-M puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías. Así lo ha comunicado a la diputada del PP Alicia Castro, en respuesta a cuatro preguntas que ésta planteó en junio.

Aunque existen unas normas y unos honorarios que se aplican a todos los abogados del turno de oficio en general, el Ministerio de Justicia tuvo en cuenta las especiales características de este sumario y firmó un convenio de colaboración con el Consejo General de la Abogacía y con el Colegio de Abogados de Madrid.

(.../...)

Ese convenio ha permitido que los letrados que intervienen en el caso cobren el triple que por cualquier otro asunto, debido al mucho trabajo que les va a llevar.

Además, el Ministerio que dirige Juan Fernando López Aguilar ha puesto a disposición de esos abogados de oficio un equipo de 18 traductores de árabe, que ha servido para la comunicación de los letrados con sus clientes y que intervendrán en el juicio oral.

El Ejecutivo socialista también ha explicado a la diputada popular que, para facilitar los medios materiales y los instrumentos que necesiten esos letrados, no es necesario crear un fondo especial.

Reunión en el Ministerio

La diputada Castro también preguntó al Gobierno cuándo iba a recibir a los abogados para ver de qué manera se podían resolver los problemas que ellos denunciaban.

En respuesta a esta pregunta, el Ejecutivo ha explicado que ya fueron recibidos en una ocasión en el Ministerio de Justicia, donde plantearon sus problemas y necesidades. Posteriormente, ha habido varios contactos entre ese Departamento y representantes del turno de oficio del Colegio de Madrid.

«Tanto en el juicio oral como en la fase procesal», ha indicado el Gobierno, «el derecho de defensa de los afectados por el 11-M, la asistencia letrada, está asegurada y se desarrollará en las condiciones que se consideren por parte de la Sala [Penal de la Audiencia Nacional] y del propio Ministerio de Justicia».

En relación con estos abogados, la senadora del PP Rosa Vindel acusó el miércoles al Gobierno de haberles facilitado los medios que necesitan cuando faltan sólo cuatro meses para que comience el juicio, porque así no tendrán tiempo para prepararlo bien.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, rechazó esas acusaciones y dijo que el Ejecutivo apoya a esos letrados y a todas las partes que intervienen en este proceso para que el juicio se celebre «con todas las garantías».


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6.10.06

 

Garzón renuncia a investigar la falsificación y exculpa a los superiores de los peritos

 

06-10-06



11-M LA INVESTIGACION / Sigue el criterio expresado ayer por la Fiscalía, que hasta ahora defendía la competencia de la Audiencia Nacional / Duda de que el Juzgado de Instrucción número 35 sea el que deba investigar

Garzón renuncia a investigar la falsificación y exculpa a los superiores de los peritos


MANUEL MARRACO

MADRID.- El juez Baltasar Garzón renunció ayer a seguir investigando la presunta falsificación de un informe pericial del 11-M y acordó remitir todo lo practicado a los juzgados de Instrucción de Madrid, a los que considera competentes.

El criterio de Garzón sigue el expresado ayer por la Fiscalía, que hasta el momento defendía la competencia de la Audiencia Nacional en contra de la postura reiterada de la Sala de lo Penal. En un escrito dirigido ayer al juez, el Ministerio Público «estima que en atención a los nuevos hechos surgidos en las declaraciones realizadas» por los peritos que firmaron el análisis que relacionaba a ETA con el 11-M, «procede la inhibición a favor del juez decano de Madrid, a fin de que turne a quien corresponda».
(.../...)

Las decisiones de la Fiscalía y el magistrado llegaron después de que una juez de instrucción de Madrid acordara tomar declaración como testigos a los mismos peritos a los que Garzón había imputado.

En un segundo auto, el juez exculpa a los cuatro mandos policiales denunciados por la plataforma España y Libertad el mismo día en que este diario informó de la existencia de dos informes distintos sobre el mismo asunto. Pese a que rechaza la denuncia alegando que la falsificación «no es el objeto de la investigación», sí hace consideraciones acerca de esa falsificación: sobre los dos superiores directos de los peritos, dice que «queda claramente acreditada la ausencia de indicios de criminalidad». Según explica, el jefe de Analítica de la Policía Judicial, Francisco Ramírez, y el jefe de Análisis de este departamento, José Andradas, actuaron «en el ámbito de las propias competencias respecto de un documento que no alcanzó carácter oficial y que fue rechazado antes de que tuviera virtualidad oficial y por tanto jurídica, según la propia normativa de la Comisaría General de la Policía Científica y los controles de calidad de la misma».

Respecto al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, subraya que estaba de vacaciones cuando se produjeron los hechos denunciados. Por último, sobre el ex comisario general de Información Telesforo Rubio dice que «no existe indicio alguno que le relacione con los hechos».

Garzón defiende su actuación en este caso y afirma que ha acordado la inhibición «con celeridad máxima». Y hace la suma: en cinco días, «de los cuales dos eran sábado y domingo y dos más han sido empleados en una licencia por estudios». El magistrado explica que, desde el momento de la imputación, sólo ha practicado «las diligencias mínimas e imprescindibles» en un caso «en el que se precisaba actuar urgentemente, por lo que no cabían otras alternativas». El auto da por suspendidas las nuevas declaraciones de los peritos previstas para el día 18, con el fin de las practique «el juzgado que resulte competente».

A este respecto, el juez aprovecha su escrito para poner en duda que el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid sea el competente para seguir el caso: «A pesar de que tiene incoadas diligencias previas por falsificación de determinadas personas que no han sido objeto de imputación aquí, ni respecto a las cuales han aparecido indicios de criminalidad, se considera que al tratarse de un hecho nuevo la competencia debe ser decidida por quien legalmente le corresponde, es decir, por el magistrado juez decano de los jueces de instrucción de Madrid».

Garzón añade que continuará investigando al presunto terrorista Hasan Haski dentro del sumario por los atentados de Casablanca «hasta tanto concluyan las diligencias solicitadas en relación al empleo y utilización del ácido bórico».



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GARZON TIRA LA TOALLA PERO HACE DOS TRAMPAS POSTUMAS

 

06-10-06



Editorial

GARZON TIRA LA TOALLA PERO HACE DOS TRAMPAS POSTUMAS


El juez Baltasar Garzón renunció anoche a seguir investigando a los peritos de la Policía Científica. Así se lo había requerido horas antes la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, que le pidió que se inhibiera y remitiera el caso al decanato de los juzgados de Madrid.

El oscuro auto del fiscal jefe de la Audiencia no venía sino a rendirse a la evidencia tras el varapalo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dejaba muy claro que Garzón no puede instruir un delito de falsedad documental por carecer de competencias, la tesis sostenida por EL MUNDO desde el primer día.

Pero la decisión de Garzón tiene trampa porque, a la vez que se inhibía, dictó otro auto exculpando a Francisco Ramírez y los demás mandos policiales acusados de falsificación. Resulta bastante difícil de entender que un juez que se inhibe se pronuncie al mismo tiempo sobre el fondo del asunto como si actuara a título póstumo. La maniobra no puede ser más chapucera y pone en evidencia los propósitos del juez: ayudar al Gobierno a tapar este asunto.

Hay, además, otra segunda trampa en la inhibición de Garzón, ya que, al enviarlo al decanato, lo que pretenden el magistrado y el fiscal jefe de la Audiencia es que el asunto vaya de nuevo a reparto, a pesar de que la juez Gema Gallego lo ha admitido a trámite y ha iniciado ya las primeras diligencias, citando a declarar para hoy mismo a los peritos. La Fiscalía de la Audiencia argumenta que los informes y los imputados son distintos, por lo que la investigación de Garzón debería ser asumida por otro juez de instrucción, que abriría un nuevo sumario, diferente del que instruye Gema Gallego.

La tesis es absurda porque provocaría dos instrucciones en paralelo sobre dos aspectos de un mismo episodio. Dada la evidente conexidad de los hechos, la única juez competente es la que ya está investigando. Por tanto, no hay necesidad de proceder a un nuevo reparto, que sería un verdadero disparate jurídico.

El decanato tendrá que decidir al respecto, pero lo que ya está fuera de toda duda es que Garzón ha fracasado en su intento de retener el caso. A pesar de ello, el juez envió ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una relación de artículos publicados en este periódico y en otros medios para justificar su petición de amparo. Garzón asegura que EL MUNDO le ha atacado estos días con «ferocidad» para intentar «perturbar» su independencia.

No es cierto. Este periódico no le ha insultado ni le ha menospreciado ni le ha ridiculizado. Hemos criticado con argumentos jurídicos que Garzón asumiera un caso en el que carece de competencias, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, dijimos en su día que existen «muchos de los elementos indiciarios de la prevaricación», una afirmación que se sustenta en la doctrina del Supremo sobre este delito y que está perfectamente matizada. La decisión de inhibirse de Garzón nos da, en definitiva, la razón.

Aquí hasta ahora no ha habido más víctimas que los tres honrados peritos vapuleados por una campaña de desprestigio sin motivo alguno. Para ellos, se abrió ayer un rayo de esperanza cuando la juez Gallego les citó como testigos a pesar de estar imputados por Garzón. La verdad acabará abriéndose paso.


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La secretaria judicial relata las «incidencias» en la declaración de Escribano que niegan los fiscales

 

06-10-06



11-M LA INVESTIGACION / El informe de los peritos

La secretaria judicial relata las «incidencias» en la declaración de Escribano que niegan los fiscales


Garzón acusa a EL MUNDO de «perturbarle con ferocidad», al diputado Del Burgo de «quebrantar la división de poderes» y al vocal del CGPJ Requero de «atacar la independencia judicial»


MARIA PERAL

MADRID.- La secretaria judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha relatado en un escrito enviado al Consejo General del Poder Judicial la forma en que se desarrollaron las declaraciones que prestaron ante el juez Garzón los peritos de la Policía Científica Manuel Escribano e Isabel López, a los que citó a declarar el pasado jueves.

La secretaria judicial desmiente que se produjeran incidencias durante la testifical de Isabel López, pero describe una comparecencia de Escribano alejada de la «absoluta normalidad» que han asegurado los fiscales Pedro Rubira y Olga Sánchez, para los cuales «no se produjo ninguna incidencia digna de mención».
(.../...)

«La declaración no presentó incidencias, salvo en dos ocasiones en las que su señoría [Garzón] debió advertir [al inspector jefe Escribano] que no alzara la voz al estar prestando declaración ante el juez y deber el respeto que exige una Audiencia Nacional», indica la secretaria judicial.

«Al final de su declaración», añade, «su señoría le indicó que, si lo deseaba, podía corregir los posibles errores que hubieran podido cometerse al transcribir la misma o puntualizar algún extremo de aquélla que no hubiera quedado claro, indicándole que podía aproximarse al ordenador, como se había hecho con todos los testigos».

El relato prosigue así: «Su señoría, mientras esta operación se producía, salió fuera del despacho, regresando unos tres minutos después, indicándole uno de los miembros del Ministerio Fiscal que el declarante estaba cambiando párrafos completos de la declaración».

«En ese momento, y delante de su señoría, comenzó a redactar nuevamente un párrafo e introducir uno nuevo, ante lo que su señoría le indicó que su declaración había concluido y que se trataba de rectificar errores y no hacer otra nueva declaración eliminando cosas que había dicho».

«Ante ello, alterado, [Escribano] indicó que era su declaración y que lo podía hacer. Su señoría dejó que concluyera el párrafo y le formuló varias preguntas aclaratorias, advirtiéndole que no podía alterar la declaración. No obstante, continuó añadiendo frases y corrigiendo la declaración, dejándola a su gusto y firmándola posteriormente de conformidad».

La declaración duró «aproximadamente una hora y media», señala la secretaria judicial, según la cual una vez firmada la declaración Escribano se quejó de que llevaba toda la tarde en el Juzgado. «Su Señoría le informó que también el Juzgado estaba en funcionamiento sin parar desde las 9 horas y le preguntó si esa circunstancia le había impedido prestar declaración o si quería que se avisara al médico forense, y dijo que ése no era el sentido de sus palabras y que no lo precisaba. Su Señoría se disculpó por el hecho de que hubiera tenido que esperar, pero que ya había visto cómo toda la tarde-noche habíamos estado trabajando».

Según la secretaria judicial, el inspector jefe Escribano, que había sido citado a comparecer como testigo a las 17 horas del jueves, no empezó su declaración hasta las 0.10 del viernes y estuvo declarando hasta la 1.40. Los policías que estaban de servicio esa noche en la Audiencia Nacional establecen en las 2 de la madrugada la hora de finalización de la declaración de Escribano. Los peritos abandonaron la sede judicial a las 2.35 horas.

A diferencia de lo sucedido con Escribano, la comparecencia de Isabel López -la primera de los tres peritos en prestar declaración- es descrita como normal por la secretaria judicial. López estuvo declarando desde las 19.15 horas del jueves hasta las 20.47 y desde las 21.05 hasta las 22.20. «En ningún momento la testigo dio muestras de cansancio, alteración o intranquilidad, ni se percibió que llorara o siquiera mostrara intención de hacerlo», dice la fedataria judicial.

Este escrito ha sido enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el juez Garzón junto a las manifestaciones de los fiscales y a su propia petición de amparo, en la que afirma que su decisión de imputar a los tres peritos «supuso que al día siguiente el diario EL MUNDO publicara una información que titulaba 'Montaje de Garzón para criminalizar a los peritos que denunciaron la falsificación', seguida por una campaña de dicho diario que continúa hasta el día de hoy, dirigida no sólo a imputar hechos delictivos a este instructor sino a perturbar con una ferocidad tan evidente como injusta (...) la acción judicial y la independencia en el ejercicio de mi profesión».

También solicita amparo «frente al ataque a la independencia judicial por parte del diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo», que ha acusado al juez de «estar prestando un servicio al Gobierno». «Tales afirmaciones hechas por un representante del Poder Legislativo invaden y quebrantan el principio de división de poderes», afirma.

No obstante, es el vocal del CGPJ José Luis Requero quien «en forma principal» motiva la petición de amparo. Para el juez, el hecho de que el consejero haya pedido a la Inspección que investigue el trato dado por Garzón a los peritos es una «interferencia injustificada en la actividad jurisdiccional» y un «ataque a su independencia».

«Es la primera vez que en casi 25 años de profesión judicial me veo agredido en forma tan cruel como injusta por quien tiene la obligación de defender mi independencia», dice.


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Los tres expertos que mencionaron a ETA declaran hoy como testigos llamados por la juez Gallego

 

06-10-06



Los tres expertos que mencionaron a ETA declaran hoy como testigos llamados por la juez Gallego

M. P.

MADRID.- La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha citado a declarar para hoy y el próximo lunes a los tres peritos de la Policía que en marzo de 2005 elaboraron un informe sobre el 11-M en el que mencionaban a ETA.

Ese informe fue rechazado por sus superiores, que manipularon el contenido del documento y enviaron al juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, un dictamen en el que ya no aparecía la mención a ETA.

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La juez Gallego, a la que correspondió por reparto una querella presentada el pasado 22 de septiembre por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, ha llamado a declarar a los agentes Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique en calidad de testigos.

No puede hacerlo de otro modo, pese a que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó el 29 de septiembre a los tres peritos por un presunto delito de falsedad documental. La magistrada actúa en virtud de una querella que no se dirige contra estos agentes, sino contra su jefe inmediato, Francisco Ramírez, que es el que rubrica el informe remitido a Del Olmo, y en el que aparece como si hubiera sido el perito que realizó los análisis. La querella también insta la imputación, entre otros, de Telesforo Rubio, ex jefe de la Comisaría General de Información.

La asociación querellante pidió que Escribano, López y Manrique declararan como testigos y la juez ha atendido esa petición después de esperar inútilmente durante más de una semana a que Garzón le enviara un testimonio de las actuaciones que ha estado practicando desde el 23 de septiembre, cuando, a instancias del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se hizo cargo del caso de los informes.

La ley obliga a los jueces entre los que se plantea una cuestión de competencia a que «se remitan recíprocamente ambos juzgados testimonio de lo actuado», así como a «comunicarse cuantas diligencias practiquen».

Pese a las solicitudes de la titular del Juzgado de Instrucción número 35, Garzón no le ha enviado sus actuaciones y, cuando finalmente se ha inhibido (tras dos declaraciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de que no es competente en este caso), no ha remitido sus diligencias a la juez que se las reclama, sino al Decanato de los Juzgados madrileños para su reparto.

La magistrada pidió la pasada semana un informe sobre competencia al fiscal. El dictamen no fue presentado hasta el pasado martes e indicaba que no corresponde al Ministerio Público pronunciarse sobre la competencia hasta que el conflicto esté planteado ante el Supremo.

Sin apoyar la posición mantenida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal de Madrid solicitaba tener acceso a todas las actuaciones practicadas por el juez Garzón y la Sala de lo Penal de esa Audiencia antes de pronunciarse.


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El SUP llama «terroristas» a periodistas y políticos

 

06-10-06



El SUP llama «terroristas» a periodistas y políticos


MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitió ayer un comunicado titulado Policías decentes en el que llama «terroristas con mayúsculas» a «políticos, periodistas y otros personajes sin escrúpulos» que, según sostienen los dirigentes del sindicato, están utilizando a la Policía para beneficiar «su interés partidario» o reforzar «sus intereses espurios». Sin precisar su identidad, se centran asimismo en un comunicador al que denominan «terrorista de la iglesia».

Los representantes del SUP se lamentan porque «cuando un político miente, manipula o tergiversa, pierde votos pero continúa como político», y «cuando un periodista miente manipula o tergiversa pierde audiencia o lectores y continúa como periodista». Pero cuando, como consecuencia de las «batallas entre diferentes trincheras políticas o mediáticas», un policía es condenado a un solo día de inhabilitación pierde su trabajo y «ve a su familia condenada al hambre».

Por eso, señala el SUP, «nos rebelamos», «porque con la vida de una persona, además de con una bomba o un tiro en la nuca, se puede acabar de otras formas con resultado parecido».

El sindicato aporta todo un elenco de denuncias sobre comportamientos «indecentes» en el que hay desde acusaciones de favoritismo a policías afines al Gobierno popular, hasta adquisiciones de material defectuoso para los Tedax -también durante la anterior legislatura-. Recoge, asimismo, cómo algunos agentes han cambiado el sentido de sus informes por no haber cobrado una pensión vitalicia que se les había prometido.


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La Audiencia expedienta a Del Olmo

 

06-10-06



La Audiencia expedienta a Del Olmo

M. M.

MADRID.- La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó ayer incoar un expediente disciplinario al juez Juan del Olmo.

El instructor del 11-M no prorrogó a tiempo la prisión provisional del marroquí Saed Harrak, procesado por los atentados, lo que obligó a su excarcelación. En la actualidad, Harrak está en libertad bajo vigilancia constante de al menos tres agentes de Policía.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió que la falta cometida por Del Olmo debía considerarse como leve, al tratarse de un error aislado. Al ser una falta leve , corresponde a la propia Audiencia concretar qué sanción se le impone dentro de una horquilla que va desde la amonestación hasta una multa de 300 euros.

Ayer, la Sala de Gobierno acordó nombrar instructor del expediente al magistrado de lo Constencioso-Administrativo Tomás García Gonzalo, que deberá estudiar el caso y proponer una sanción.

La Sala de Gobierno, encabezada por el presidente de la Audiencia, Carlos Dívar, la integran los presidentes de las Salas de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez -ausente ayer-; de lo Contencioso Administrativo, Carlos Lesmes; y de lo Social, Joaquín Giménez, junto a tres jueces electos.


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Hernando afirma que Garzón tiene «entidad suficiente para no dejarse intimidar»

 

06-10-06



11-M LA INVESTIGACION / Las reacciones

Hernando afirma que Garzón tiene «entidad suficiente para no dejarse intimidar»


No se pronuncia sobre el amparo pero sugiere que el juez reaccionó sólo por sentirse ofendido Requero avisa que no se abstendrá en el Pleno

TERESA CRUZ. Corresponsal

LAS PALMAS.- «Una cosa es que uno se sienta intimidado en su voluntad, y otra bien distinta es que uno se sienta ofendido por las expresiones que puedan proferir otras personas». Así es como matiza el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, la situación que atraviesa el juez Baltasar Garzón tras las críticas recibidas por su actuación en torno al 11-M. Una situación que se volvió más delicada después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dijera que no es juez competente para investigar la presunta falsificación de los informes policiales sobre el ácido bórico incautado a Hasan Haski, presunto instigador de la masacre.

El presidente del CGPJ dijo ayer en Las Palmas de Gran Canaria que Garzón «tiene suficiente entidad y ha llevado casos tan importantes y transcendentes como para que una manifestación no le debiera intimidar». Hernando aclaró, no obstante, que «aún lo tengo que ver», en referencia a la petición de amparo formulada por el juez de la Audiencia.

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Mientras tanto, el presidente del CGPJ se reserva cualquier opinión sobre decisiones futuras acerca de la solicitud de amparo. «Es inaudito predecir qué haremos de antemano; ya daremos nuestras razones, en un sentido o en otro. No vamos a adelantar acontecimientos», matizó el magistrado.

En referencia a las actuaciones del vocal del CGPJ José Luis Requero, quien pidió una investigación sobre si Garzón ha podido violar los derechos de los peritos, Hernando subrayó que «ha hecho como otros vocales, que cuando tienen conocimiento de un hecho a través de los medios, lo pasan al servicio de inspección».

Garzón calificó esta iniciativa de «injerencia» y de «denuncia injustificada» que atentaba contra su independencia, y ayer, de nuevo, el propio Requero le respondió.

Este vocal calificó la petición del magistrado instructor de «amparo instrumental», y aseguró que Garzón hacía referencia a él para «intentar forzar» su abstención cuando se reuniese el Pleno. «No me pienso abstener», advirtió tras señalar que su solicitud -que «no denuncia»- fue realizada en el ejercicio de sus funciones y recordar que, en situaciones similares, otros vocales no se han abstenido. Añadió que la solicitud de amparo del juez adolece de una marcada «inconsistencia jurídica» y se basa en «razonamientos etéreos».

El portavoz del Consejo, Enrique López, tampoco adelantó ayer durante las jornadas sobre Justicia y Comunicación, que se celebran en la capital grancanaria, si Garzón merece o no el amparo del Poder Judicial. «Eso lo determinará el Pleno del Poder Judicial y este asunto será tramitado como cualquier otro, porque son muchos los jueces que solicitan amparo todas las semanas».

El Pleno del CGPJ será quien tome la decisión, después de que lo haya estudiado la Comisión Permanente que se celebrará la próxima semana.

El caso Garzón ha dividido a las asociaciones de jueces. Ayer, sorprendentemente, la conservadora Francisco de Vitoria manifestó su rechazo a las «desproporcionadas reacciones que en determinados medios de comunicación y ámbitos políticos» está generando la instrucción llevada a cabo por el magistrado. Sus miembros consideran que las «descalificaciones personales» que se están realizando «no se encuentran amparadas por las libertades de expresión e información».

Esta asociación sostiene que se está atentando contra la independencia judicial y se está lesionando la imagen de la Justicia, y reprocha duramente al Consejo su papel «al desatender la función que justifica su existencia, que es la independencia de los jueces, cuestión ajena al acierto o desacierto de las actuaciones judiciales»

De los vocales progresistas que presentaron un escrito para respaldar la actuación del juez Baltasar Garzón, fue Luis Aguiar quien ayer hacía una advertencia al resto de miembros del CGPJ, para recordarles que «el Consejo nació para garantizar la independencia del Poder Judicial». Aguiar dijo que el asunto ha de ser «estudiado con rigor si no se está produciendo». Además, agregó su disposición, como era de prever, a conceder el amparo a Baltasar Garzón. «Yo sí tengo muy claro que se está produciendo un ataque a la independencia de un magistrado», declaró Aguiar.


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Zaplana: «El juez no tiene la más mínima razón»

 

06-10-06



PARTIDO POPULAR

Zaplana: «El juez no tiene la más mínima razón»


MADRID.- «El juez no tiene la más mínima razón», declaró ayer Eduardo Zaplana en TVE en relación con Baltasar Garzón, antes de reivindicar la estrategia del Grupo parlamentario que dirige en el Congreso sobre el 11-M.

«Lo que ha hecho Jaime Ignacio del Burgo de forma prudente y sensata», dijo en relación al diputado que ha venido exigiendo información por dos semanas consecutivas al ministro del Interior, «es pedir explicaciones al Gobierno sobre cuestiones que son de su responsabilidad».
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«Y ya sé que las cosas las cuenta cada uno como las quiere contar y nos quieren llevar muchas veces a la caricatura, el chiste y las conspiraciones, pero nosotros sólo estamos cumpliendo con nuestra obligación como oposición parlamentaria. Dígame usted si no es cumplir con esa obligación pedir documentos oficiales que son tremendamente polémicos y que no han sido aportados al juez». Zaplana aseguró estar «tranquilo, sereno y determinado» pese a la «impotencia» en que le coloca el Gobierno.

Por su parte, el citado Jaime Ignacio del Burgo aseguró ayer que Garzón pone «en riesgo» su propia independencia judicial al «secundar la política del Gobierno». «Creo que Garzón debería pedir amparo de sí mismo», declaró.

Según Del Burgo, es «insólita» la actuación del juez de imputar un delito de falsedad a los peritos «a sabiendas de que no tenía competencias para ello. Cualquier estudiante de Derecho sabe que la Audiencia Nacional es un tribunal especial que tiene tasadas perfectamente sus competencias y que se refieren únicamente al terrorismo y el narcotráfico organizado. Por eso dije que, a lo mejor, la política había entrado en su despacho».

El secretario ejecutivo de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, reclamó al Gobierno que «deje de enredar» y «respete» la decisión que adopte el CGPJ sobre el amparo solicitado por Garzón ante las críticas recibidas por su interrogatorio a los peritos.


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Rubalcaba: «Hay quienes no entienden la independencia de los jueces»

 

06-10-06



PARTIDO SOCIALISTA

Rubalcaba: «Hay quienes no entienden la independencia de los jueces»


MADRID.- El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó ayer a aquellos que critican al juez Garzón por imputar un delito a los peritos que redactaron el informe sobre al ácido bórico de no entender «la independencia de los jueces».

«Hay gente que no entiende la independencia de los jueces ni la independencia de los fiscales», dijo Rubalcaba en rueda de prensa desde Luxemburgo.

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«Hay gente a la que le cuesta muchísimo», insistió, «y que cuando recibe una sentencia que no le gusta arremete contra aquél que la ha puesto». «La independencia», dijo, «significa dejar trabajar a los jueces».

En la misma línea, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, apeló -en los pasillos del Congreso- a que la Justicia penal pueda actuar «con serenidad, tranquilidad y sin ninguna interferencia exterior» para llegar a «las últimas responsabilidades» sobre el 11-M. «Que nadie indique, ni a unos ni a otros, lo que tienen que hacer, que les dejen hacer su trabajo. Eso es lo que corresponde».

Por su parte, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Julio Villarrubia, salió en defensa de Garzón, quien en su opinión, ha sufrido un «atropello» en su independencia por parte del vocal de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero.

A su juicio, resulta «detestable» que esa actuación la lleve a cabo un vocal del Consejo. «Esta persona, Requero, está fuera del sistema y este tipo de gente es la que estorba, entre comillas, en un sistema democrático que sea mínimamente decente», declaró Villarrubia a Europa Press, tras recordar que hace unos meses este vocal también comparó las uniones entre personas del mismo sexo «con la posible unión sexual de personas y animales».

El secretario de Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, también intervino al declarar en la Ser que «algún día» el PP «tendrá que retirar» la «calumnia» de que el Gobierno ha puesto obstáculos a la investigación de los atentados del 11-M.


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5.10.06

 

La Audiencia no ve ni 'el más mínimo indicio' de que Garzón sea competente

 

05-10-06



ROTUNDO VARAPALO DE LA SALA DE LO PENAL AL MAGISTRADO Y AL FISCAL ZARAGOZA

La Audiencia no ve ni 'el más mínimo indicio' de que Garzón sea competente

Advierte que no se da ninguno de los supuestos que permitirían a un juez de la Audiencia Nacional investigar la falsedad documental El magistrado pide amparo ante el CGPJ horas después de que este órgano se lo negara de nuevo a petición de los vocales próximos al PSOE


MANUEL MARRACO

MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reiteró ayer que Baltasar Garzón no es el juez competente para investigar la presunta falsificación de los informes policiales sobre el ácido bórico incautado a Hasan Haski. La Sección Segunda responde así al recurso interpuesto el pasado viernes por la Fiscalía contra la decisión inicial del tribunal de enviar las copias de los documentos a un juez ordinario.

La decisión de la Sala desautoriza la postura de Garzón y de la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza, pero no obliga al juez a dejar la investigación. El instructor estudia los hechos dentro del sumario por los atentados de Casablanca, mientras que la decisión de la Sala sólo afecta al del 11-M. Eso supone que, de momento, el juez puede seguir practicando diligencias como la declaración de los tres peritos imputados, prevista para el próximo día 18.

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La Sección Segunda, presidida por Javier Gómez Bermúdez, afirma en su auto que no existe «el más mínimo indicio» de que el presunto delito de falsedad deba investigarlo la Audiencia.

Según explica el Tribunal -completado por Fernando García Nicolás y Antonio Díaz Delgado-, la Audiencia no es competente en este caso: ni lo han cometido miembros o colaboradores de una banda terrorista, ni la falsedad buscaba cometer o facilitar la ejecución de un delito terrorista, ni procuraba la impunidad de un delito de terrorismo.

«Por lo tanto», concluye, «la competencia corresponde al juzgado o juzgados del partido en el que el delito se hubiera cometido; es decir, a los juzgados de Madrid».

El auto añade que, aunque se aceptase la conexión con algún delito terrorista, «la competencia correspondería al Juzgado Central de Instrucción número 6 [Del Olmo], no al número 5, pues es en el marco del sumario 20/04 de aquel juzgado donde se comete la presunta falsedad».

Además de rechazar el fondo, la Sala critica «la muy discutible vía» empleada por la Fiscalía para intentar que rectifique su postura inicial: «Bajo la cobertura de un recurso de súplica el Ministerio Fiscal plantea una pseudocuestión de competencia en defensa de la que el predefinió», dice.

«Todo lo anterior», afirma el auto, «es por sí sólo bastante para desestimar el recurso». Sin embargo, la Sala entra a responder al «conjunto de alegaciones» con las que la Fiscalía quiso en su recurso «justificar la competencia por él mismo predefinida en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5».

Así, resalta que, «como bien sostiene el Ministerio Fiscal», Garzón explicó que necesitaba practicar diligencias para descubrir si había elementos que llevasen a imputar a Haski por disponer de explosivo. A este respecto, la Sección rebate que los dos informes periciales afirman que la sustancia incautada al islamista es ácido bórico, por lo que la posible falsificación resulta intrascendente a efectos de formular la acusación.

«La conclusión a la que llega este Tribunal es que la posible falsedad documental no incide sobre la imputación que pesa sobre Hasan Haski en el sumario 9/03 [Casablanca]».

En el último punto de su escrito, la Sección Segunda responde a la afirmación de la Fiscalía de que su decisión inicial de enviar los documentos al juez ordinario fue «precipitada» porque para entonces Garzón ya había acordado diversas diligencias.

Esa acusación está «falta de fundamento» a juicio de los magistrados, que recuerdan que la Fiscalía recibió la denuncia un viernes y que Javier Zaragoza la remitió al día siguiente a Garzón, quien abrió diligencias ese mismo sábado.

También insisten en que el hecho de que un juez haya abierto unas diligencias «no es causa legal de atribución de competencia ni condiciona, determina o limita la decisión de la Sala».

Respecto a la afirmación del fiscal de que la Sección fundamentó su deducción de testimonio «en fotocopias de documentos y de una información periodística que no tiene ninguna garantía de autenticidad», el auto destaca que fue la misma Policía quien dio validez a los documentos. Lo hizo el mismo día en que este diario informó de la falsificación, al remitir un fax dirigido a la Sala de lo Penal en la que calificaba el informe inicial de borrador.

«Por lo tanto, es la Comisaría General de Policía Científica quien, admitiendo la existencia del documento de los peritos 9, 11 y 155, le otorga valor jurídico indiciario a la fotocopia remitida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 que éste recibe en un sobre entregado en mano a las 0.45 horas del día 21 de septiembre».

La Sala reconoce que su decisión de ayer atañe sólo a los documentos remitidos por EL MUNDO y que recibió por intermediación de Del Olmo, pero también aclara que «no es posible ignorar que las razones jurídicas que se exponen son válidas para supuestos análogos».

Por ejemplo, para dilucidar quién investiga la denuncia de la plataforma España y Libertad contra los mandos policiales presentada ante la Fiscalía, y que sirvió al Ministerio Público para enviar el asunto a Garzón.

También para resolver la cuestión de competencia presentada el lunes por dos de los peritos. La Sala de lo Penal todavía no ha estudiado si le corresponde resolver directamente la petición o si la envía a Garzón para que tenga por interpuesta la declinatoria de competencia. En el primer caso, una decisión de la Sala en idéntico sentido a la de ayer sí obligaría a Garzón a abandonar el asunto.


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LA SALA DE LO PENAL ENMIENDA LA PLANA A GARZON

 

05-10-06



Editorial

LA SALA DE LO PENAL ENMIENDA LA PLANA A GARZON


Baltasar Garzón anticipó ayer su vuelta de Bogotá a Madrid y, pocas horas después de aterrizar en Barajas, se encontró con la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que insiste en que «no hay el más mínimo indicio» de que su juzgado pueda ser competente para investigar la falsedad documental que imputa a los peritos de la Policía Científica.

Se trata de un criterio genérico que corrobora el auto de la misma Sala, dictado el pasado 27 de septiembre, en el que señalaba que los delitos de falsedad documental son competencia de los juzgados de instrucción.

La Sala precisa ahora que Garzón sólo podría ser competente en caso de que la falsedad de documento se hubiera cometido para perpetrar un delito terrorista, lo que no es el caso.

A pesar de ello, Garzón llamó a declarar a los peritos la pasada semana y les imputó tras un largo interrogatorio. La Sala de la Audiencia, que es la instancia superior a Garzón, le desautorizó ayer implícitamente al desestimar el recurso del fiscal y establecer el criterio de que carece de competencia.

Ello pone a Garzón en la difícil tesitura de rectificar ante el fallo de un tribunal superior o de cruzar la raya de la prevaricación, fingiendo que el asunto no va con él. Lo lógico es que el juez se inhibiera hoy mismo en favor del juzgado de instrucción ante el que se ha presentado una querella, como recomiendan los tres magistrados de la Sala de lo Penal.

Ello sería lo normal y lo coherente y permitiría al juzgado de instrucción empezar la investigación desde cero, dado que las actuaciones de Garzón serían probablemente declaradas nulas al carecer de competencias. Pero Garzón ya ha demostrado que no siempre actúa conforme a las normas procesales y al principio de legalidad.

El fallo de la Sala deja en muy mal lugar al fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, que ha defendido -contra el espíritu y la letra de la ley- que Garzón sí era competente. De hecho, Zaragoza intentó predefinir la competencia del juez al solicitarle el día 23 de septiembre que se hiciera cargo del asunto. El fallo de ayer le contradice sin ningún matiz y desmonta su falacia de que Garzón estaba investigando el caso para determinar si procesaba a Hasan Haski por tenencia de explosivos. Falsos o verdaderos, los dos informes policiales coinciden en que Haski tenía ácido bórico en su casa, por lo que el juez no necesita practicar diligencia alguna sobre un hecho que ha quedado acreditado.

Pero el sometimiento a la ley ha brillado por su ausencia en la actuación de Garzón, que ayer pidió amparo al CGPJ, alegando que este periódico y otros medios le han «atacado de forma sistemática» y amenazan su «independencia». En cuanto a lo segundo, es evidente que no se puede poner en peligro su independencia en un caso en el que carece de competencias. Y en cuanto a lo primero, el CGPJ ya denegó ese amparo solicitado hace unos días por los vocales afines al PSOE, argumentando que hay que esperar a la investigación de las denuncias presentadas contra Garzón, que pretende con su petición silenciar a los medios que cuestionamos con argumentos jurídicos su forma de proceder en este caso.


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Rajoy dice que con el chivatazo a ETA «se vuelve a los peores tiempos del felipismo»

 

05-10-06



ALTO EL FUEGO / La polémica

Rajoy dice que con el chivatazo a ETA «se vuelve a los peores tiempos del felipismo»


Minutos antes de la sesión de control, el PSOE envió un SMS contando la decisión de Garzón Rodríguez Zapatero responde a los 'populares': «Respeten alguna vez a la Justicia, respétenla»
MANUEL SANCHEZ

MADRID.- Casualidad o no, fue algo bastante feo -por decirlo suavemente- que causó alarma y denuncia en el Congreso.

Ocurrió sólo 15 minutos antes de iniciarse la sesión de control al Gobierno, con el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ya en la zona de Gobierno del Congreso, a la que llegó sorprendentemente pronto ayer.
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Sobre esa hora en muchos móviles entró inesperadamente un mensaje, enviado por el PSOE, que citaba a la agencia Servimedia.

«Garzón desestima todas las denuncias de Manos Limpias contra el jefe de Seguridad del PSOE por el chivatazo a ETA». 15.50 horas.

Y es que sólo 10 minutos después, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, tras haber cambiado previamente su pregunta, iba a interpelar al presidente del Gobierno por la siguiente cuestión: «¿Qué tiene que decir el presidente del Gobierno ante la investigación judicial abierta por un posible chivatazo a la red de extorsión de ETA?».

Rajoy conoció la noticia aún más tarde; cuando bajaba de la primera planta, en dirección al Hemiciclo. Faltarían apenas dos minutos para las 16.00 horas. Al parecer, leyó la información e hizo un comentario sobre la casualidad del hecho.

Según fuentes del PP, Rajoy ni cambió el argumentario de la pregunta ni su contenido; aunque la casualidad provocó que, curiosamente, el líder de la oposición ni utilizase ni hablase, en ningún momento, del jefe de Seguridad del PSOE, Fernando Mariscal, por haber telefoneado el mismo día del chivatazo al comisario de San Sebastián sólo 90 minutos antes de la operación frustrada contra el aparato de extorsión de ETA.

Huidizo

No obstante, Rajoy estuvo ayer contundente y sólido, sin necesidad de recurrir al asunto, mientras Zapatero estuvo algo huidizo y demasiado institucional.

En su primera intervención, el líder de la oposición relató los hechos de forma gráfica y objetiva: «Se ha publicado que un funcionario de policía avisó a un etarra en una operación policial contra él y el aparato de extorsión de ETA. La Audiencia Nacional investiga el chivatazo. El juez apartó del caso al jefe de la lucha antiterrorista de la policía, un hecho sin precedentes».

A continuación, Rajoy afirmó: «España es una democracia y este hecho es de una enorme gravedad». Y le preguntó: «¿Todo esto es verdad? ¿Qué investigación están haciendo ustedes?».

Zapatero, que posiblemente también tendría otra respuesta preparada, improvisó agarrándose a una de las frases de Rajoy, que era insustancial para el contenido concreto de la pregunta. «Coincido plenamente con usted en una aportación interesante: en efecto, España es una democracia», dijo.

Y añadió: «Desde que asumí ser presidente del Gobierno, mi responsabilidad es respetar las actuaciones judiciales y respetar las resoluciones. Creo que es una práctica muy conveniente en un Estado de Derecho. Y, ante el caso por el que me pregunta, tengo que decirle que el Gobierno respeta la actuación de la Justicia, colabora con ella y, evidentemente, a quien corresponde esta investigación es a la Justicia, no al Gobierno», señaló en su primera intervención el jefe del Ejecutivo.

Rajoy, con el apoyo de su Grupo, respondió un tanto encendido e hizo una leve referencia al recién conocido auto de Garzón. «Avisar por parte de la policía a un etarra es un escándalo. Usted no puede esconderse detrás de un juez, porque decir que esto no le concierne al Ministerio del Interior es una broma pesada».

Y, a continuación, el presidente del PP entró con la artillería pesada. «O sea, que si usted tiene un policía que avisa a un etarra de una operación policial para que no le detengan, a usted eso no le concierne. ¡Eso es una vergüenza! Y el estruendoso silencio de Interior no es propio de un país democrático. Le quiero decir una cosa: vuelven ustedes a los peores tiempos del felipismo. A las filtraciones, los enredos, al ocultismo, y no asumen nunca sus responsabilidades políticas», afirmó Rajoy.

Zapatero acusó el golpe, y se le notó. «Antes dije que estábamos de acuerdo en que España es una democracia, pero ahora tengo que decirle que no sé si usted tiene muy claro lo que es una democracia y el funcionamiento del Estado de Derecho».

El presidente del Gobierno volvió a escudarse en que la investigación de los hechos sólo compete a la Justicia, y acabó rematando: «Sólo a la Justicia le corresponde investigar, dirigir y resolver. Respeten alguna vez a la Justicia, respétenla», clamó, «porque, después de lo que estamos viendo en los últimos días, eso sí es contribuir al Estado de Derecho».

Nada más terminar de hablar, Zapatero abandonó su sillón -que seguía estando allí- y se fue entre abucheos de los populares. Una tarde fea para el presidente.


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El juez reclama amparo al CGPJ ante los «ataques injustificados»

 

05-10-06



El juez reclama amparo al CGPJ ante los «ataques injustificados»

Afirma que EL MUNDO, la Cope, 'Libertad Digital', Del Burgo y Requero atentan contra su independencia

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presentó ayer ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una petición de amparo solicitando protección y defensa de la independencia judicial ante los «ataques sistemáticos e injustificados» de los que, según él, está siendo objeto en relación con la causa que investiga la presunta falsificación de los informes que relacionaban los atentados del 11-M y ETA.

Fuentes jurídicas citadas por Europa Press informaron de que, concretamente, el magistrado basa su petición de amparo en los «ataques sistemáticos e injustificados, gravemente atentatorios a la independencia del Poder Judicial», que según él está sufriendo por parte de EL MUNDO, la cadena Cope, el diario de Internet Libertad Digital y el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo. También solicitó amparo frente al vocal del CGPJ José Luis Requero por su «denuncia injustificada» ante el Servicio de Inspección del Consejo, «con lo que ello implica de ataque a la independencia judicial» del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
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Requero solicitaba que la Inspección del CGPJ investigase si Garzón vulneró los derechos de los peritos que realizaron el informe sobre el hallazgo de ácido bórico, a quienes imputó un delito de falsedad.

A la información previa abierta por el CGPJ respecto al juez Garzón se adhirió el escrito presentado por dos de los tres peritos imputados, Manuel Escribano e Isabel López, en el que ponen de manifiesto «el humillante y vejatorio trato recibido» por parte del juez Garzón, quien, en su opinión, «exhibió una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad» frente a ambos durante su interrogatorio como testigos.

Ayer, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) exigió al CGPJ que «no persiga a los jueces por sus decisiones judiciales» y que «ampare la independencia judicial». La asociación recuerda que el Consejo «nació para velar por la independencia judicial» y no para «poner en cuestión decisiones jurisdiccionales que ya tienen su mecanismo de control judicial establecido en las normas procesales».




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El Poder Judicial insiste en no apoyar la actuación de Garzón

 

05-10-06



11-M LA INVESTIGACION / Controversia en la judicatura

El Poder Judicial insiste en no apoyar la actuación de Garzón


Dos vocales afines al PSOE abandonaron el Pleno El CGPJ tampoco pudo nombrar ayer a jueces del Tribunal Supremo por el bloqueo de la minoría


MARIA PERAL

MADRID.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó ayer el acuerdo tomado 24 horas antes por la Comisión Permanente, que rechazó expresar apoyo alguno a la actuación del juez Baltasar Garzón con los peritos de la Policía a los que interrogó como testigos y acabó imputando por un presunto delito de falsedad documental para cuya investigación carece de competencia.

El presidente del Consejo, Francisco Hernando, y los nueve vocales propuestos por el PP que conforman la mayoría en el Consejo insistieron en que no es prudente pronunciarse sobre el respaldo a Garzón que reclaman los consejeros propuestos por el PSOE porque el propio CGPJ le acaba de abrir una investigación para aclarar el trato que dio al inspector jefe Manuel Escribano y a los inspectores Isabel López y Pedro Manrique, autores de un informe sobre el 11-M en el que mencionaban a ETA.

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Los vocales del órgano de gobierno de los jueces se enzarzaron en una tensa discusión durante la que hubo un cruce de reproches y descalificaciones. El vicepresidente, Fernando Salinas, y Juan Carlos Campo, ambos del sector minoritario, llegaron incluso a abandonar la reunión del Pleno, que se celebraba en Santa Cruz de Tenerife (Canarias).

La bronca comenzó al principio de la sesión, cuando Campo planteó volver a debatir la propuesta de apoyo a Garzón frente a las críticas que está recibiendo de medios periodísticos, entre ellos EL MUNDO, por su actuación con los peritos de la Policía Científica.

Campo invocó que en el escrito que el sector minoritario presentó el lunes a la Comisión Permanente se indicaba que, en caso de que este órgano no amparara a Garzón, «interesamos que se incluya para su debate y aprobación en el orden del día del Pleno a celebrar en Santa Cruz de Tenerife».

Vocales de la mayoría calificaron de «fraude» esta manera de incorporar asuntos al orden del día, entre otros motivos porque soslaya la exigencia reglamentaria de que todas las materias a tratar en el Pleno sean conocidas por los consejeros con una antelación de, al menos, 72 horas.

La discusión fue subiendo de tono al entender Campo que ni siquiera se le quería dejar hablar. El vocal argumentó que se había producido un hecho nuevo, no conocido por la Comisión Permanente, consistente en un escrito de los fiscales de la Audiencia Nacional que asistieron a las declaraciones de los peritos y que han asegurando que se celebraron «con absoluta normalidad».

Los vocales de la mayoría le replicaron que, para «hecho nuevo», el auto de la Sala de lo Penal en el que, por segunda vez, se ha indicado que son los juzgados de instrucción ordinarios, y no los de la Audiencia Nacional, los competentes para investigar el caso.

Finalmente, Hernando dio por incluida en el orden del día la propuesta de los vocales afines al PSOE de respaldar a Garzón. Sometida a votación, fue derrotada por 10 votos en contra (el presidente y los vocales designados por el PP) y nueve a favor (los vocales designados por el PSOE, IU, CiU y el independiente Agustín Azparren).

Fuentes del sector mayoritario aseguraron que «Salinas y Campo tenían preparado el numerito» de marcharse del Pleno y lamentaron la «estrategia de derribo de la institución» que, a su parecer, han puesto en marcha algunos vocales propuestos por el PSOE a un mes de que termine el mandato del actual Consejo.

Ayer mismo, la minoría bloqueó dos nombramientos en la Sala Quinta del Tribunal Supremo que están pendientes desde hace casi un año.


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El PP pide al Gobierno que no calle al que «sólo quiere saber verdad»

 

05-10-06



El PP pide al Gobierno que no calle al que «sólo quiere saber verdad»


AGUSTIN YANEL

MADRID.- De nuevo preguntó ayer el diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, en el Congreso, sobre el 11-M. De nuevo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le dijo que «no existe ninguna evidencia de que ETA haya participado» en esos atentados. Y de nuevo quedó patente la profunda división en este tema entre PSOE y PP.

Del Burgo preguntó si en ese Ministerio no ha existido ninguna falsificación de un informe desde 2004, pero también pidió al ministro que se olvide «de ese rollo de la teoría de la conspiración», precisamente la acusación del PSOE al PP.
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«Todavía no nos ha hecho perder el juicio tanto como para sostener que el 11-M fue fruto de una conspiración de islamistas, etarras, policías, guardias civiles, miembros del CNI, los servicios secretos extranjeros más los proscritos del felipismo, ésos que anduvieron por las cloacas del Estado», afirmó.

«Nosotros sólo hemos denunciado posibles conexiones entre etarras e islamistas, que no se han investigado con el rigor que se merecen». «No traten de silenciar al discrepante, o al que simplemente dice o quiere saber la verdad», dijo.

El ministro respondió que siempre ha contestado a todas las preguntas orales y escritas que le ha planteado Del Burgo sobre este asunto, y que también le ha enviado todos los informes que ha solicitado y le remitirá todavía «varias decenas de miles de páginas». «En todas ellas le dirán una y otra vez lo mismo: no existe ninguna relación o, al menos, ninguna evidencia de que ETA haya participado», insistió Rubalcaba.


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Una senadora dice que no se garantiza la defensa de los acusados del 11-M

 

05-10-06



Una senadora dice que no se garantiza la defensa de los acusados del 11-M

A. Y.

MADRID.- La senadora del PP Rosa Vindel acusó ayer al Gobierno de no garantizar el derecho de defensa que tienen los acusados del 11-M. Dijo que a los abogados de oficio que intervienen en este caso se les han facilitado los medios que necesitan ahora, cuando sólo faltan cuatro meses para el inicio del juicio, porque así no tendrán tiempo para prepararlo bien.

Indicó que el Gobierno pretende «salvar las apariencias» y programarlo de tal manera que el juicio termine en marzo de 2008, poco antes de las elecciones.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo que el Gobierno apoya a los abogados de oficio, al juez y a la fiscal, para que se celebre un juicio «con todas las garantías». Añadió que el PP, más que controlar al Gobierno, es aficionado «al disparate y al esperpento, cuando no a la mentira plana y dura», y explicó lo que se ha facilitado a los letrados de oficio.


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Garzón exculpa al responsable de seguridad del PSOE, al comisario jefe Risco y a Telesforo Rubio

 

05-10-06



Garzón exculpa al responsable de seguridad del PSOE, al comisario jefe Risco y a Telesforo Rubio


FERNANDO LAZARO

MADRID.- Minutos antes de que el presidente del Gobierno tuviera que responder por primera vez en el Congreso al caso del chivatazo a ETA, el juez Baltasar Garzón irrumpió con un auto en defensa del responsable de Seguridad del Partido Socialista, Fernando Mariscal.

El magistrado dictó su primer escrito sobre las investigaciones del chivatazo presuntamente realizado por dos agentes de la Policía Nacional a la red de extorsión de ETA para evitar la actuación de la Justicia. Y no era, precisamente, para arrojar luz sobre la posible autoría del chivatazo a los terroristas.
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El juez rechaza en su escrito la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra Mariscal, contra el comisario jefe de la brigada operativa de San Sebastián, Manuel Risco, y contra el ex comisario general de Información Telesforo Rubio.

Pero no se limita únicamente a rechazar la querella presentada contra el responsable de la Seguridad del PSOE y de los dos comisarios. En su escrito, de tres folios, el magistrado sale en defensa claramente de Mariscal, quien el pasado martes presentó un escrito ante el juez preguntando cuál era su situación procesal en ese sumario. «Es necesario informar al interesado, ante el perjuicio, probablemente irreparable, que se le ha podido producir por la publicación de datos inexactos y falsos, por cuanto en ningún momento el señor Mariscal ha sido objeto de investigación, ni ha sido imputado, ni existen indicios para hacerlo y, como se ha dicho, por extensión, carece de vinculación con el objeto de esta investigación». Así, el juez, además de rechazar la querella, sale al paso de las informaciones publicadas sobre la presunta vinculación de Mariscal con el chivatazo.

EL MUNDO informó de que en el informe elaborado por la Guardia Civil para el entonces juez instructor de la causa, Fernando Grande-Marlaska, se incluyó, entre el listado de llamadas investigadas, una que partió desde un móvil del PSOE poco antes de que se produjera el chivatazo a ETA. Al día siguiente, el propio Mariscal admitió que él había llamado aquella mañana del día 4 de mayo a su amigo Manuel Risco, comisario de la brigada operativa de San Sebastián, para felicitarle por su cumpleaños.

El juez también se refiere a este mando policial. «Incluso en el caso del señor Manuel Risco, cuyo nombre aparece en la investigación, no existen al día de la fecha indicios racionales de criminalidad».

Así, Garzón deja libre de sospecha a Mariscal tras su llamada del día 4 de mayo, la mañana del chivatazo. Y el juez da carpetazo a esa implicación pese a que en ningún momento ha tomado declaración ni a Mariscal ni al propio Risco para conocer las circunstancias de la conversación. Los motivos de la llamada han trascendido por los medios de comunicación. Sobre Telesforo Rubio, Garzón no hace ningún comentario.

Ésta es la segunda decisión pública de Garzón sobre el sumario del chivatazo a ETA. La primera fue apartar de las pesquisas a la Guardia Civil. Su antecesor en el procedimiento, Grande-Marlaska, encargó tanto a este Cuerpo como a la Policía Nacional que investigaran los hechos.


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4.10.06

 

Los peritos ponen a Alonso por testigo de que el informe auténtico era el suyo

 

04-10-06


11-M LA INVESTIGACION / En octubre de 2005 remitió una instancia al titular de Interior en la que le decía que él era el responsable del documento realizado el 21 de marzo en el que se relaciona a ETA con el 11-M

Los peritos ponen a Alonso por testigo de que el informe auténtico era el suyo


CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

MADRID.- El ex ministro del Interior y actual titular de Defensa, José Antonio Alonso, tuvo conocimiento de que el perito Manuel Escribano, junto a los también peritos Isabel López y Pedro Manrique, realizó el 21 de marzo de 2005 el informe 48-Q3-05 en el que se relaciona a Hasan Haski, uno de los principales imputados por los atentados del 11-M, con ETA.

El hecho fue dado a conocer ayer a la Audiencia Nacional mediante dos documentos que se adjuntaron al recurso de reforma que presentó la defensa de los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano e Isabel López.
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El documento «Número 1» consiste en una instancia que fue remitida el 3 de octubre de 2005 al ministro del Interior, entonces José Antonio Alonso, en la que Escribano solicitaba la concesión de una cruz al mérito policial con distintivo rojo por toda su trayectoria profesional de más de 30 años en la Policía, de los que más de la mitad se han cumplido en la Unidad de Análisis de la Policía Científica.

En la página 3 de dicha instancia, Escribano hizo constar que él, junto con los otros dos peritos, realizó el informe 48-Q3-05, en el que se analizó la sustancia (ácido bórico) encontrada en el domicilio de Haski y en el que se relacionaba dicha sustancia «con otros hechos terroristas».

La solicitud de la condecoración fue analizada y estudiada por cinco instancias: la Comisaría General de Policía Científica; la División de Personal; la Junta de Gobierno; el director general de la Policía, y el propio ministro del Interior.

El documento «Número 2» que se aportó ayer junto al recurso de reforma es precisamente la resolución denegatoria a dicha solicitud, que lleva fecha de 23 de diciembre de 2005.

En dicha resolución no se hace mención a que el informe que relacionaba al imputado del 11-M con ETA no existiera, como ha afirmado el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez. Ni tampoco al hecho de que dicho informe no se hubiera remitido al juez Juan del Olmo.

Según declaró Ramírez ante el juez Baltasar Garzón, tesis que también sostuvo el comisario jefe de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, el informe que hicieron los tres peritos en el que se relacionaba a ETA con el 11-M sólo tuvo el carácter «de un borrador de uso interno» y, por tanto, nunca llegó a ser un documento oficial.

Sin objeciones

Pues bien, la resolución a la solicitud de Manuel Escribano pone de manifiesto que toda la cúpula policial dio por bueno que el informe 48-Q3-05 había sido realizado por Escribano y no por Ramírez, puesto que desde ninguna de las instancias se le hizo a Escribano la menor objeción a este hecho.

Ninguna de estas instancias por las que pasó la solicitud advirtió tampoco de ello al ministro, que, obviamente, dio por hecho que todo lo relatado en su instancia por el solicitante era cierto.

Al hacerlo, dio de facto carácter oficial al informe cuya validez ha puesto en cuestión ahora el juez Garzón al imputar a los tres peritos por un presunto delito de falsedad.

Pero es más: la resolución denegatoria del 23 de diciembre de 2005 no sólo va firmada por el jefe de los servicios de la Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, Manuel Angel Fernández García, sino que va rubricada por el mismísimo ministro del Interior, entonces José Antonio Alonso.

Hay, por tanto, una cascada de responsabilidades en la falsificación del informe que se quiso ocultar al juez Del Olmo.

Como ha reconocido el propio Miguel Angel Santano, no sólo en la nota de prensa que remitió el Ministerio del Interior el pasado 21 de septiembre, sino también en su declaración del pasado jueves 28 ante el juez Garzón, fue él quien dio personalmente el visto bueno para que Ramírez se autoatribuyera la realización del nuevo informe, en el que se eliminaron las observaciones que vinculaban a Haski con ETA.

Si eso es cierto, ¿por qué Santano no hizo constar, cuando tuvo que estudiar la instancia de Escribano, que el informe cuya autoría se atribuía no era suyo, sino del señor Ramírez?

¿Por qué no se le informó en ese momento de que estaba en un error, ya que el informe remitido al juez Del Olmo no había sido el que él, junto con los otros dos peritos, había realizado, sino el que había hecho, censurando sus observaciones, el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica?

Por otra parte, la solicitud, tal y como fue formulada por el perito Escribano, demuestra que él nunca fue informado por sus superiores de que su informe no fue remitido al juez.

Es decir, que a Escribano nunca se le comunicó que había sido el jefe de sección Ramírez quien firmó el informe 48-Q3-05, en el que, por otra parte, se atribuyó la realización de unas pruebas de laboratorio que él nunca llegó a realizar.

Alegaciones

En las alegaciones del recurso de reforma presentado ayer ante la Audiencia Nacional, en el que se cuestiona la competencia de Garzón para instruir este caso, se dan algunos argumentos que refuerzan lo que pone de manifiesto el documento «Número 1».

A saber: en el propio auto del juez Garzón se da por hecho que el informe del 21 de marzo de 2005, realizado por los tres peritos, está en poder de la Dirección General de la Policía.

Por tanto, para Garzón, hubiese sido relativamente sencillo comprobar si el informe que volvieron a firmar los tres peritos el día 11 de julio de 2006, con el fin de que se le remitiera al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, se correspondía o no con aquél.

Dando por hecho, como hace el juez Garzón en su auto, que el original del informe del 21 de marzo de 2005 está en poder de la Dirección General de la Policía, el recurso de reforma establece lo siguiente: «Y sobre esta base, ¿es posible que se ha podido cometer un delito de falsedad? No. Porque el supuesto defraudado o engañado ya tenía el informe que se le vuelve a dar y con el que no se le puede engañar porque ya conoce su contenido. Es absolutamente imposible cometer una falsificación si quien tiene un informe luego recibe otro ejemplar del mismo».


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EL ESCRITO A ALONSO DESMONTA LAS HIPOTESIS DE GARZON E INTERIOR

 

04-10-06



Editorial

EL ESCRITO A ALONSO DESMONTA LAS HIPOTESIS DE GARZON E INTERIOR


Toda la argumentación del Ministerio del Interior y del juez Garzón para incriminar a los peritos se sustenta sobre una hipótesis: que el informe presentado el 21 de marzo de 2005 a sus superiores era un simple borrador y que fue en julio de 2006 cuando trataron de darle apariencia de documento oficial. EL MUNDO revela hoy que cuatro instancias del Ministerio del Interior y el entonces ministro José Antonio Alonso tuvieron conocimiento de la realización de dicho informe y ninguno de ellos cuestionó su autoría.

Estos son los hechos: el perito Manuel Escribano, imputado por Garzón por un delito de falsedad, se dirigió al ministro para solicitarle una condecoración en octubre de 2005. En esa petición, Escribano hacía una relación de sus méritos profesionales y citaba expresamente el informe «48-Q3-05», que, según sus palabras, relacionaba la masacre del 11-M «con otros hechos terroristas».
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La demanda de Escribano pasó por la división de personal, por la propia Comisaría General de la Policía Científica, por la Dirección General de la Policía y por la Junta de Gobierno del Ministerio de Interior. Finalmente, el ministro del Interior decidió en diciembre de 2005 no conceder esa condecoración y lo hizo en un escrito firmado por su puño y letra.

En la petición desestimada, Escribano fecha su informe, junto a la citada referencia, el 21 de marzo de 2005. La pregunta es obvia: si, como sostiene Interior, ese informe era un mero borrador sin ningún valor legal, ¿cómo es posible que todas esas instancias del Ministerio, su jefe Santano y el propio ministro no le comunicaran nada o incluso le abrieran expediente por atribuirse lo que no era suyo, sino que dieran por buena su afirmación?

La respuesta es muy sencilla: porque los mandos de Interior no querían levantar la liebre de que el informe de Escribano y los otros dos peritos había sido sustituido por otro que omitía los vínculos con ETA.

La prueba de que Escribano estaba convencido de que el suyo era un informe oficial con todas las de la ley es este escrito en el que hace una alusión expresa a su contenido. Si Escribano hubiera sabido que su informe había sido cambiado por otro, no habría corrido el riesgo de mencionarlo como un mérito. Estamos hablando de octubre de 2005, cuando nadie podía prever lo que ha sucedido ahora. El silencio que mantuvo entonces Santano, que sin duda tuvo que examinar el expediente, supone una admisión de la autenticidad del informe y le pone en evidencia. El episodio puede además poner en un serio aprieto al ministro.

Esta palpable demostración de que Escribano no falsificó nada contrasta con «el trato vejatorio y humillante» que recibieron los peritos de Garzón, al que también denunciaron ayer ante el CGPJ por «su actitud airada y soberbia» durante el interrogatorio.

Con ser importantes las formas, lo sustancial es que Escribano e Isabel López denuncian que el juez siguió tomándoles declaración como testigos cuando ya había aparecido el documento en el que Garzón basa la imputación. Esto es una flagrante violación de sus derechos y pone en evidencia que el juez no actuó de buena fe.

Ayer, el CGPJ se negó a respaldarle al considerar que nada de lo dicho o escrito en este periódico justifica el amparo o pone en peligro la independencia judicial. Y además, el CGPJ evitó ese apoyo al considerar que hay dos denuncias contra Garzón que deben ser investigadas.

El globo inflado por este juez está siendo pinchado por los hechos, que demuestran que los peritos son las víctimas de un montaje del Ministerio del Interior para tapar sus vergüenzas.


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El Poder Judicial niega el amparo a Garzón que pedían los vocales afines al PSOE

 

04-10-06



El Poder Judicial niega el amparo a Garzón que pedían los vocales afines al PSOE


El presidente y el grupo mayoritario creen prudente esperar a la investigación de las denuncias presentadas contra el juez

MARIA PERAL

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial rechazó ayer manifestar su apoyo al juez Garzón, al que acaba de abrir una investigación para comprobar el trato que dio a tres peritos de la Policía.

La Comisión Permanente del Consejo abordó el asunto a petición de los vocales Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, propuestos por el PSOE, que pretendían un expreso respaldo a Garzón y una censura a los medios que están criticando la actuación de este juez.
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Sin embargo, el presidente de la institución, Francisco Hernando, y los vocales Enrique López y Carlos Ríos, propuestos por el PP, consideraron «aconsejable» posponer cualquier acuerdo a la espera de que la Inspección investigue las denuncias presentadas contra Garzón.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial está integrada por el presidente, Francisco Hernando, y dos vocales de cada sector: Carlos Ríos y Enrique López (propuestos por el PP) y Juan Carlos Campo y Luis Aguiar (propuestos por el PSOE).

Estos últimos consideraron una «perturbación a la independencia judicial» las críticas periodísticas dirigidas a Garzón por haber asumido la investigación de un delito que no es de la competencia de la Audiencia Nacional y haber imputado a los peritos de la Policía Científica que denunciaron la manipulación de un informe sobre el 11-M, exonerando, en cambio, al presunto autor de la manipulación.

En un escrito presentado en la tarde del lunes, Campo y Aguiar solicitaron que la Comisión Permanente expresase su apoyo a Baltasar Garzón.

Varias horas antes, el vocal del grupo mayoritario José Luis Requero había presentado un escrito para que la Inspección investigue el trato dado por Garzón a los tres peritos que declararon ante él como testigos el pasado jueves.

A esta denuncia siguieron ayer otras dos: la de dos peritos imputados por Garzón y la del sindicato Manos Limpias, que también se ha querellado contra el juez en el Tribunal Supremo.

En esta situación, Hernando, López y Ríos optaron por aplazar cualquier acuerdo sobre el respaldo al polémico juez. Por tres votos a dos, la Comisión se limitó a poner de manifiesto que «técnicamente no nos encontramos ante un supuesto de solicitud del amparo de la independencia judicial», ya que Garzón no ha confirmado los temores del sector minoritario en el sentido de que las críticas periodísticas estén perturbando su independencia.

En segundo lugar, la Comisión consideró que, «dado que existen elementos relevantes sobre este asunto, como la tramitación en curso de una información previa por parte del Servicio de Inspección y la presentación de dos denuncias ante el Consejo, resulta aconsejable posponer cualquier acuerdo concreto» sobre la propuesta de Campo y Aguiar, «sin perjuicio de realizar, una vez más, una llamada a la prudencia en la crítica de las resoluciones judiciales».

Los dos vocales de la minoría presentaron un voto discrepante en el que insisten en que «nos encontramos ante un grave atentado a la independencia judicial» que, a su parecer, hubiera merecido un pronunciamiento de la Comisión Permanente similar al adoptado el pasado 30 de mayo, cuando se expresó el respaldo del Consejo al juez del 11-M, Juan del Olmo.

Campo calificó de «incoherente» la postura del grupo mayoritario y afirmó que «podemos decir que el presidente del Consejo y dos vocales de la mayoría no han querido defender la independencia judicial».


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Los peritos denuncian a Baltasar Garzón ante el CGPJ por vulnerar sus derechos

 

04-10-06



11-M LA INVESTIGACION / Un instructor cuestionado

Los peritos denuncian a Baltasar Garzón ante el CGPJ por vulnerar sus derechos


Se quejan del «abuso de autoridad» del juez, que les mantuvo como testigos pese a disponer del documento que luego utilizó para imputarles


MARIA PERAL

MADRID.- Los policías Manuel Escribano e Isabel López, dos de los tres peritos que en marzo de 2005 elaboraron un informe sobre el 11-M en el que mencionaban a ETA, denunciaron ayer en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el «abuso de autoridad» empleado por el juez Garzón, el «deliberado exceso de poder» utilizado contra ellos y el «trato humillante y vejatorio» que les dispensó durante su comparecencia como testigos el pasado jueves en la Audiencia Nacional.

La conducta de Garzón está sometida al escrutinio de la Inspección del CGPJ desde el lunes, cuando abrió una investigación tras recibir una denuncia del vocal José Luis Requero. Este magistrado insistió ayer desde Murcia en que «si se les tomó declaración en la forma en que se ha publicado, se podrían haber conculcado los derechos ciudadanos de estos testigos e incluso, posiblemente, la Ley Orgánica del Poder Judicial», informa Efe.
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Manuel Escribano e Isabel López confirmaron ayer, en un escrito que dirigieron al órgano de gobierno del Poder Judicial, que Garzón les interrogó como testigos pese a que la prueba que utilizó luego para imputarles había sido proporcionada al principio por la propia Isabel López, la primera de los peritos en prestar declaración.

Se trata de una copia del informe de marzo de 2005, que los peritos volvieron a imprimir y firmar para que sus superiores lo incorporaran al grueso de dictámenes sobre el 11-M solicitados por el ministro del Interior el pasado julio.

Los peritos actuaron así porque la copia que entregaron en marzo de 2005 al jefe de sección, Francisco Ramírez, se encuentra desaparecida. Ramírez no aceptó el dictamen de los expertos y lo sustituyó por otro en el que suprimió la mención a ETA, firmándolo él mismo como si hubiera efectuado los análisis objeto de la pericia que, en realidad, llevaron a cabo sus subordinados.

Escribano y López afirman en su escrito al CGPJ que recibieron un trato «humillante y vejatorio» de Garzón, que, a su juicio, hizo gala de «una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad».

Destacan «el tono altivo del juez, su permanente atosigamiento y corrección tanto sobre el tono de nuestras palabras como de nuestros gestos y caras», así como su «actitud soberbia y airada, impropia de cualquier funcionario y mucho más de un juez».

Los peritos creen «intolerable» que se cite a una persona a declarar como testigo a las 17.00 horas, se le tome declaración de madrugada «y se le convoque a continuación a una entrada y registro que duró hasta las 23.00 horas del día siguiente». «Es decir, durante unas 30 horas» a disposición de Garzón.

Su principal queja es, no obstante, que se les tomase declaración como simples testigos «tras presentar un documento que es causa de la imputación y seguir tomándonos declaración» en la misma condición y, por tanto, sin asistencia letrada.

Junto a ello, indican que Garzón les imputa un delito «cuya competencia es de los juzgados de instrucción», y «continúa sin inhibirse en un deliberado exceso de poder».



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La Audiencia admite que hay 'dudas racionales' sobre el explosivo del 11-M

 

04-10-06



La Audiencia admite que hay 'dudas racionales' sobre el explosivo del 11-M


MADRID.- La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional admitió ayer que hay «dudas racionales» sobre el explosivo empleado el 11-M. A pesar de ello, rechazó todas las diligencias sobre explosivos solicitadas por una decena de víctimas del 11-M y respaldadas por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M.

En su resolución, el tribunal se hace «eco» de la «inquietud» de las partes personadas sobre el «controvertido extremo del tipo de explosivo» empleado en la masacre, «habida cuenta de las divergencias de los informes periciales al respecto, la irregularidad de alguno de ellos y la duda racional acerca de una cuestión importante».
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También subraya que la petición para realizar diligencias deberá ser incluida en los escritos de calificación de las partes, para que «puedan practicarse, como merecen, en el propio acto» del juicio oral, para que «se despeje cualquier duda al respecto». «Será a la luz y bajo la directa y atenta mirada del tribunal de enjuiciamiento como éste y tendrá a su alcance todos los elementos y datos objetivos para conocer realmente lo ocurrido».

Según el tribunal, «el deseo de conocer la verdad de lo ocurrido», y concretamente respecto a los explosivos, es «asumido por la acusación pública y defendido, a ultranza, por quienes administran justicia».

Aún así, la Sala estima que las diligencias celebradas por el instructor Juan del Olmo son más que suficientes y que las dudas que puedan albergar algunas acusaciones y defensas deberán despejarse en el juicio.

Entre las diligencias rechazadas por la Sala se encuentran: llamar a declarar a los agentes que custodiaron la mochila de Vallecas en Ifema; que declare de nuevo el responsable de los Tedax que dijo a Del Olmo que los efectos de las deflagraciones apuntaban a un explosivo militar, y que expertos en explosivos aclaren si es relevante que al día siguiente de la explosión de Leganés la Policía francesa se incautase de 100 kilos de un explosivo militar.

La decisión de la Sala supone mantener el calendario previsto por la Audiencia para poder comenzar el juicio el próximo mes de febrero.

La Sección Cuarta -Fernando Bermúdez, Paloma González y Juan Francisco Martel- rechazó hace unos días todos los recursos contra el auto de procesamiento de Del Olmo, incluido el de la fiscal Olga Sánchez.

La Sala también rechazó en otro auto todas las diligencias solicitadas por los acusados Basel Ghalyoun, Fouad Morabit, Raúl González y Rafá Zouhier. Los magistrados hacen suyos los argumentos de Del Olmo, que consideró las peticiones «inútiles» o «reiterativas».


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