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13.10.06

 
 

13-10-06



El PP pide que la UE no apoye las concesiones del Gobierno a ETA


MARIA RAMIREZ. Corresponsal

BRUSELAS.- Los eurodiputados aún están en Bruselas o en Madrid, pero el debate, el día 25 en Estrasburgo, sobre la negociación con ETA del Parlamento Europeo ya se empieza a calentar. Según el PP, ni se debería tratar el tema en la Eurocámara, ni la UE debería apoyar el diálogo del Gobierno y ni siquiera se debería utilizar la expresión proceso de paz.

Tras la presentación del borrador de resolución de los socialistas europeos de respaldo al Ejecutivo español, los populares lanzaron ayer su contra-documento para que la UE no apruebe «procesos que ponen en riesgo los principios de la democracia y el Estado de Derecho» y rechace «categóricamente cualquier pretensión de alterar la integridad territorial de un Estado miembro». Aún más, la resolución cuestiona cualquier negociación, ya que «no se han producido los cambios necesarios en la organización terrorista ETA» como para alterar la política pactada por PP y PSOE en 2000.


(.../...)

En un texto que difícilmente será aprobado -los populares europeos no consiguieron ni la unidad interna necesaria para bloquear, como pretendían los españoles, el debate- , el PP subraya «la indignidad moral y política que supone cualquier clase de concesiones políticas» a grupos como ETA, en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

Los populares españoles consideran el solo hecho de que se trate el tema en Estrasburgo como una ofensa personal. Su presidente, Mariano Rajoy, repitió ayer que la discusión en el Parlamento Europeo es sólo «un gesto a favor de Batasuna y en contra del PP». El texto de la resolución de los conservadores subraya la «profunda división» de la sociedad y los partidos en «la forma de hacer frente al terrorismo» e insiste en que «en la cuestión de fondo» sigue siendo la reivindicación de la independencia vasca. Hasta ahora, la política de las instituciones europeas había sido decir lo menos posible respecto a la tregua de ETA.


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Un abrumador 87% se opone a legalizar Batasuna si no condena la violencia

 

13-10-06



ALTO EL FUEGO / El 54,2% no cree que la tregua de ETA traiga consigo el final definitivo del terrorismo / La distancia respecto de quienes confían en que sí se incrementa en 10 puntos en los últimos cuatro meses

Un abrumador 87% se opone a legalizar Batasuna si no condena la violencia


ENCUESTA EL MUNDO-SIGMA DOS / La diferencia entre quienes creen que este alto el fuego no acabará con la violencia y quienes creen que sí sube 10 puntos desde mayo

VICTORIA PREGO

MADRID.- En materia de confianza y apoyo ciudadano al proceso destinado a terminar definitivamente con el terrorismo, al Gobierno se le están poniendo las cosas cada vez más difíciles. Si la opinión pública ha exigido siempre a Batasuna que, para ser legalizada, antes tiene que condenar la violencia, ahora se lo exige con mayor intensidad. La respuesta ciudadana al sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO resulta aún más significativa si se pone en relación con el optimismo expresado ayer en este punto por el presidente del Gobierno.

Si nunca, desde el mes de marzo en que ETA anunció su tregua, los electores habían confiado mucho en que la banda fuera a renunciar para siempre a seguir asesinando, ahora confían todavía menos.
(.../...)


Si nunca hubo un gran convencimiento en que el Gobierno no haya pactado previamente con los terroristas las condiciones políticas de un acuerdo, ahora aumentan los que tienen dudas y no se deciden a opinar.

Y si antes la mayoría pensaba que el PSOE no iba a cambiar de posición y que en ningún caso aceptaría la incorporación de Navarra al País Vasco, como los terroristas y su brazo político exigen, ahora esa mayoría disminuye y aumentan quienes se temen que ese giro político importantísimo se vaya a producir.

El paso de los meses está dibujando, sin embargo, un panorama más favorable a plantear la cuestión navarra en una mesa de negociación y una más clara polarización en lo relativo a una hipotética independencia del País Vasco.

En el sondeo hecho por Sigma Dos para EL MUNDO en esta semana de octubre, y en comparación con el realizado a finales del pasado mes de mayo, se detecta un endurecimiento claro de las posiciones de los ciudadanos en lo que se refiere a la actitud de Batasuna.

La pregunta, tanto en mayo como ahora, es la misma: ¿considera usted que antes de legalizar Batasuna es indispensable que condene la violencia? Las respuestas son de casi unanimidad: el 87% de los ciudadanos dice que sí, y eso supone que han aumentado en más de seis puntos quienes consideran que al partido ilegalizado hay que exigirle sin contemplaciones que acate la ley.

Opiniones rotundas

Esa mayoría aplastante se da en todos los consultados, tengan la edad que tengan, sean hombres o sean mujeres y voten al partido que voten. Y el incremento entre mayo y octubre de las opiniones más rotundas en este punto se produce también en todos los tramos salvo en el correspondiente a los votantes de Izquierda Unida, que cada vez creen en mayor número que a Batasuna no hay que exigirle la condena a la violencia para que se la pueda legalizar.

La mayoría de los consultados (54,2%) expresa también su escepticismo sobre la posibilidad de que el alto el fuego anunciado por ETA en marzo acabe desembocando en el final definitivo de la violencia, frente al 33,3% que se declara optimista sobre un futuro de paz estable y real para nuestro país.

Hace tan sólo cuatro meses y medio, y preguntados sobre el mismo asunto, los pesimistas sumaban el 50,1%, cuatro puntos menos que los que Sigma Dos registra hoy. Por el contrario, los que entonces albergaban serias esperanzas de ver la luz al final del túnel eran el 39,2% de los preguntados, casi seis puntos más que ahora. El resultado final de este cálculo es que la diferencia entre quienes creen que este alto el fuego no acabará con la violencia y quienes opinan que sí sube nada menos que 10 puntos entre mayo y octubre.

Vistas las respuestas por segmentos, los más escépticos con diferencia son los jóvenes (64,9%) y los votantes del Partido Popular (70,5%). En sentido opuesto, solamente se produce una mayoría de optimistas entre los votantes del PSOE (50,6%) y los de Izquierda Unida (46,4%). Lo cual no obsta para que entre ese mismo sector ideológico aparezcan unos notables porcentajes de quienes no tienen nada claro que con el anuncio de tregua de ETA estemos ya claramente en el principio del fin. Entre los seguidores del PSOE hay un 38,1% de los que dudan que, de ésta, vayamos los españoles a superar definitivamente el cáncer del terror. E incluso entre los partidarios de Izquierda Unida, habitualmente los más entusiastas de las políticas de Zapatero, aparece un importante 42,2% de quienes dicen no creer en un final feliz en esta materia.

La posibilidad de que el Gobierno tenga ya acordadas las condiciones políticas para conseguir el final del terrorismo no puede sustentarse en datos concretos, puesto que no los hay, pero el sondeo muestra un descenso de los desconfiados, que hoy suman el 47,5% en el cómputo global, dos puntos menos que en el mes de mayo, pero un aumento de tres puntos (del 20,8% al 23,5%) entre quienes ya no saben qué pensar y no se atreven a dar su opinión. En resumen, y en lo que se refiere al famoso «precio político» que el Gobierno sostiene que no va a pagar a la banda, decrecen los desconfiados y decrecen también los crédulos, pero aumentan los que tienen dudas. Puede que sí, puede que no.

Por lo que se refiere al recuerdo de voto, entre los votantes del Partido Socialista se ha incrementado notablemente la proporción de los que confían en el Gobierno, de tal manera que si en mayo eran mayoría (40,1%) los seguidores de Zapatero que estaban convencidos de que su líder había pactado condiciones políticas para la paz, ahora esa proporción se ha invertido y la mayoría es la de quienes piensan lo contrario: que no existe un pacto semejante (44,5%). Entre los votantes de IU esa tendencia de confianza creciente se repite pero siguen siendo más numerosos los que creen que hay pacto político (45,7%) frente a quienes piensan que no lo hay (25,3%). Por lo que se refiere a los partidarios de Rajoy, en estos últimos cuatro meses apenas se han movido de sus posiciones, aunque crecen quienes opinan que el Gobierno ha pactado y va a pagar un precio político a la banda: el 65,3% lo piensa hoy frente al 62,6% que lo pensaba en mayo. La ventaja de esta incógnita es que está inexorablemente destinada a despejarse.

Legalización

Mayoría clara también, aunque no tan abrumadora, a la hora de que los ciudadanos se opongan a que la formación ilegal participe en ninguna mesa de partidos mientras no haya pasado por la ventanilla de la legalización. El 73,6% del cómputo global lo considera así frente a un 16,5% que opina que se puede ser más laxo a la hora de ofrecerle a Batasuna una silla en la mesa negociadora que se va a celebrar, seguro, fuera del Parlamento vasco para poder hacerle hueco a Otegi y los suyos.

El porcentaje de quienes se oponen a que Batasuna negocie nada en nombre de nadie mientras no se someta a la Ley de Partidos se mantiene en torno al 70% y por encima de él en todos los segmentos, sólo superado por los votantes del Partido Popular que en esto son casi unánimes (86,5%) y sólo desmentido por los votantes de IU que, aún compartiendo mayoritariamente la posición general (46%), viven con la opinión dividida entre éstos y quienes creen, en un 44,4% que tampoco hace falta que Batasuna sea legal para que negocie con los partidos legales lo que haya que negociar sobre un llamado «nuevo marco político» para el País Vasco.

Navarra, la gran cuestión que aparece sistemáticamente entre las pretensiones de la banda terrorista y de su brazo político, y cuya condición como moneda política de cambio niega vehementemente el Gobierno del PSOE.

De los datos del sondeo se desprende que, de mayo acá, ha disminuido el número de quienes se oponen a que el futuro de Navarra se discuta en una mesa de partidos vascos. Este grupo sumaba hace cuatro meses casi el 69% (68,8%) y ahora no llega al 66% (65,8%). Tres puntos menos. A su vez, se ha incrementado en dos puntos (del 15,1% al 17,3%) el grupo de quienes sí están dispuestos a que Navarra entre en la negociación política. Sube también ligeramente la proporción de los que no acaban de tener opinión clara sobre este punto (del 16,1% al 16,9%). Parece haber, pues, mayor disposición a hablar aunque no necesariamente a ceder. ¿Cambiará el PSOE de posición sobre uno de los asuntos más controvertidos del debate? Hay dudas, muchas dudas. Tantas dudas hay que las respuestas están muy repartidas. Son mayoría (39,9%) quienes confían en que el Partido Socialista mantenga su negativa a utilizar a Navarra como uno de los naipes de la partida de póker. Pero es que, aun manteniendo la mayoría, la proporción de los confiados ha descendido casi cuatro puntos en los últimos cuatro meses. En mayo era el 44,7% el que respondía que el PSOE no iba a modificar su posición política. Bien es verdad que entremedias la dirección socialistas ha cambiado al líder de su partido en Navarra.

Pero lo primero que resulta más llamativo de estas respuestas es la proporción de quienes han decidido refugiarse en el no sabe no contesta, lo cual es un termómetro bastante bueno de hasta qué punto los ciudadanos dudan de lo que de verdad vaya a hacer el PSOE con Navarra en un hipotético proceso de conversaciones con los partidos vascos que se sienten a esa anunciada mesa. Y lo segundo llamativo de estas respuestas es que incluso los votantes socialistas albergan serias dudas de lo que sus dirigentes vayan a hacer y optan entonces por no responder ni sí ni no, sino quién sabe (34%), un porcentaje que no se aleja demasiado de los votantes del PP (39,4%) que se refugian en ese mismo apartado de quienes no se atreven a aventurar una opinión.

Discrepancias

Sobre la conveniencia o no de que el Gobierno acerque presos al País Vasco antes de que concluya una negociación con ETA -suponemos que satisfactoria, aunque la pregunta no incluya este detalle-, no hay grandes discrepancias. El 60,4% del cómputo global se opone, como se oponen en parecida proporción todos los ciudadanos, en todos los segmentos de género de edad o de recuerdo de voto. Hay, eso sí, ligeras variaciones según la posición ideológica de cada sector, pero la conclusión general y compartida es que no, que nada de acercar presos antes de que se haya acordado con ETA que todo ha acabado y que nunca más volverá a asesinar.

Y se produce un fenómeno curioso: en este momento hay más gente dispuesta a aceptar la idea de la independencia del País Vasco si termina definitivamente la violencia (32,6%) de la que había hace cuatro meses (31,4%). Y, al mismo tiempo, hay también más gente dispuesta a oponerse a semejante propuesta (57,4%) de la que había en mayo pasado (53,5%). Es decir, los ciudadanos están tomando posiciones sobre esa cuestión y están cada vez más polarizados siendo una evidente mayoría la de quienes se niegan a aceptar un trato político de esa naturaleza.

La última pregunta es escueta: ¿Teme usted que la tregua se rompa? Poco hay que explicar aquí: el 73% confiesa que sí y solamente el 19% asegura que no. Y aquí no hay ideología que valga: derechas e izquierdas abrigan el mismo temor.




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Zapatero da por hecho que Batasuna podrá presentarse a las elecciones municipales

 

13-10-06



DIA DE LA FIESTA NACIONAL / El futuro del País Vasco

Zapatero da por hecho que Batasuna podrá presentarse a las elecciones municipales


Dice que la legalización será compatible con la persecución por parte de los tribunales de Justicia El presidente señala que no informará sobre los contactos entre el Gobierno y ETA por seguridad

FERNANDO GAREA

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio ayer por hecho, por primera vez, que Batasuna podrá presentarse a las elecciones municipales del próximo mes de mayo de 2007.

Zapatero lo dijo en la recepción de la Fiesta Nacional en el Palacio Real ante los periodistas, pero sin micrófonos delante. El presidente puso como condición que la formación ilegalizada cumpla la Ley de Partidos, pero sin especificar si lo hará condenando la violencia o, de forma implícita, admitiendo participar en el juego político y las instituciones. Tampoco aclaró si la formación abertzale deberá cambiar de nombre.
(.../...)

Sí dijo que la Justicia y el ordenamiento jurídico tienen instrumentos para hacer compatible la legalización, según la Ley de Partidos, y la posible persecución penal que pesa en este momento sobre Batasuna y sus herederos.

Preguntado por el momento de la legalización de Batasuna, el jefe del Ejecutivo respondió: «Es evidente cuándo son las municipales y ha de ser antes».

Las elecciones serán en mayo, pero se convocarán en marzo, por lo que Batasuna debería dar el trascendente salto de la vuelta a la legalidad y pasar por ventanilla con nuevos estatutos a finales de este año, según las previsiones más optimistas, o en el primer trimestre de 2007.

'Proceso de paz'

Más allá de esta aseveración, el presidente del Gobierno se mostró más que cauto en referencia al llamado proceso de paz. Tanto que cuando se le preguntó si ya se ha producido el primer contacto directo entre los enviados del Gobierno y la banda terrorista ETA, Zapatero respondió: «Eso ni lo confirmo ni lo desmiento».

«Cuando se produzca el contacto no lo voy a decir por respeto a las personas que participan y a la seguridad del Estado» y «es imprescindible el secreto para que esto pueda funcionar», aseguró para justificar su hermetismo, durante la recepción ofrecida por los Reyes.

Hay que recordar que está próximo a cumplirse un mes desde que el propio Zapatero anunció a una revista alemana que «en próximas semanas» se producirían contactos exploratorios con ETA. Ayer indicó que no hay plazos ni previsión de ellos, ni siquiera para que se dé a los partidos la información que también Rodríguez Zapatero comprometió para el pasado mes de septiembre y de la que aún no se tiene noticias.

Ayer fue más cauto y se limitó a asegurar que cuando haya algo trascendente que comunicar, se hablará con los partidos, dando a entender que se les convocará cuando se tenga constancia directa de que ETA está dispuesta a dejar el terrorismo. De la marcha del proceso, el presidente del Gobierno afirmó enigmático que «va en tiempo y forma razonable», añadió que «nunca ha habido lo que podíamos entender como bloqueo», y siguió explicando que «en este tipo de procesos unas veces se avanza más rápidamente y otras menos».

Sobre la violencia callejera, Zapatero manifestó que «debe desaparecer total y absolutamente» del País Vasco y que «es netamente perjudicial» para el proceso de paz.

El presidente del Gobierno defendió la creación de la Mesa de Partidos, en cuya gestión está trabajando de forma reservada. Según destacó, «los partidos trabajan en cualquier ámbito, siempre que estén dentro de la legalidad».

Preguntado por la intervención del Gobierno en el final de la protesta del etarra José Ignacio de Juana Chaos, Zapatero se limitó a asegurar: «La huelga de hambre la inició y la terminó por su propia decisión».

Durante la recepción, el presidente también se quiso referir a los incidentes durante un mitin del PP en Martorell (Barcelona) y aseveró que le parece «fatal la intimidación y la coacción». Además de condenar los hechos subrayó que el candidato del PSC, José Montilla, «ha dado una respuesta rápida y contundente».

No obstante, Zapatero sacó a colación la presencia y participación de un miembro del PP en los citados incidentes. Sobre la reforma de la Constitución aseguró que no hay novedad -«en stand by», fue su expresión-, a la espera de conocer la posición del resto de partidos, y explicó que sus relaciones con Mariano Rajoy «no han empeorado».


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La Policía mintió al juez al atribuir a Jamal Ahmidan dos tarjetas telefónicas relacionadas con la de la mochila de Vallecas

 


LOS ENIGMAS DEL 11-M. CAPÍTULO 30
La Policía mintió al juez al atribuir a Jamal Ahmidan dos tarjetas telefónicas relacionadas con la de la mochila de Vallecas
Nuevas mentiras que añadir al listado de falsedades en que se ha convertido el sumario sobre el peor atentado de nuestra historia. De todas las tarjetas del 11-M relacionadas con la de la mochila de Vallecas, sólo hay dos cuyos propietarios sigan vivos después de la explosión del piso de Leganés. Pero nadie se ha molestado en interrogar a esas dos personas para saber si es verdad que esas tarjetas se adquirieron en un locutorio de Lavapiés. Y la razón es que al juez Del Olmo se le volvió a engañar en los informes policiales, atribuyendo ambas tarjetas a Jamal Ahmidan, El Chino.

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12.10.06

 

Los peritos sostienen que Garzón «gritaba fuera de sus casillas» y que «su obsesión era la palabra ETA»

 

12-10-06



11-M / Presentan ante la Inspección del Consejo del Poder Judicial dos escritos en los que amplían su denuncia contra el magistrado / Afirman que se sintieron tratados como «delincuentes» y no como testigos

Los peritos sostienen que Garzón «gritaba fuera de sus casillas» y que «su obsesión era la palabra ETA»


MARIA PERAL

MADRID.- Los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano e Isabel López dirigieron el pasado martes al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial dos extensos escritos en los que amplían la denuncia contra el juez Garzón presentada el 3 de octubre.

Los peritos -que en marzo de 2005 elaboraron un informe sobre el ácido bórico encontrado en la casa de Hasan Haski, procesado por el 11-M, y mencionaron como observación que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA en Salamanca y anteriormente en la vivienda de un joven radical antisistema- relatan de forma detallada cómo transcurrió su comparecencia en la Audiencia Nacional desde la tarde del 28 de septiembre hasta la madrugada del día siguiente.

Escribano y López afirman que se sintieron tratados como delincuentes y no como testigos, condición en la que habían sido citados.
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El primero indica que llegó a la Audiencia Nacional a las cinco de la tarde, hora en la que le había convocado el juez, y no empezó a declarar hasta la una de la madrugada. «Nadie del Juzgado me avisó de cuándo iba a producirse mi declaración, razón por la cual no pude cenar», dice el inspector jefe, que insiste en que el instructor mantuvo con él una actitud «intimidatoria». «Intentó amedrentarme», asegura.

También señala que Garzón le gritó «airadamente» cuando el perito quiso corregir su declaración porque «varias de las respuestas a mí atribuidas no se correspondían con lo que yo había dicho y/o querido decir».

Isabel López, la primera de los peritos en prestar declaración, explica cómo se produjo su interrogatorio. Aunque Garzón justificó su intervención en el asunto por la necesidad de aclarar si debía imputar a Haski por tenencia de explosivos, la primera pregunta fue si la perito sabía que EL MUNDO había publicado en su edición del 21 de septiembre el informe sobre el ácido bórico firmado por ella y sus dos colegas.

Asegura que la «obsesión» de Garzón durante las cuatro horas que duró el interrogatorio fue «por qué relacionábamos nuestro informe con ETA». «En otras circunstancias se nos diría que por qué no lo habíamos hecho constar», se lamenta Isabel López, que manifiesta que a Garzón «no le interesaban» sus explicaciones de que el ácido bórico, además de como insecticida, puede utilizarse para conservar sustancias explosivas y para enmascararlas con el fin de impedir que las detecten los perros.

«Fuimos a declarar movidos por el único deseo de decir la verdad de cuanto se nos preguntara», manifiestan los peritos, que proporcionaron al juez los datos y documentos que éste utilizó para imputarles.

Lo que sigue es un amplio extracto de los escritos-denuncia de los peritos.



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GARZON SE HA GANADO UNA SEVERA SANCION

 

12-10-06



Editorial

GARZON SE HA GANADO UNA SEVERA SANCION


Los peritos Manuel Escribano e Isabel López han presentado un escrito ante la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, en el que denuncian malos tratos, vejaciones y abuso de sus prerrogativas del juez Garzón. La lectura del testimonio de los dos peritos sobre su interrogatorio en la Audiencia Nacional es impresionante y su verosimilitud queda muy reforzada tanto por los datos concretos que aportan como por los hechos objetivos que conocemos, que encajan con lo que ambos denuncian.

El perito Escribano se lamenta de un trato «agresivo, vejatorio y humillante» y afirma que Garzón le presionó de forma «airada y amenazante», gritando «fuera de sus casillas» en un intento de hacerle responder lo que él quería escuchar. Escribano dice que entró al juzgado a las cinco de la tarde y no fue llamado a declarar hasta la una de la madrugada. A pesar de que había sido citado como testigo, no se le dió la oportunidad de ingerir alimento alguno salvo un yogur que le dió una secretaria.
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Isabel López describe al juez como una persona alterada psicológicamente, con ataques de cólera y profiriendo continuas amenazas. Lo más importante de este testimonio es que explica perfectamente por qué volvieron a firmar el informe que habían realizado el 21 de marzo de 2005. Lo que dice Isabel López es muy simple: el informe había desaparecido de los archivos de la Comisaría General de Policía Científica y firmaron una copia guardada en un disquete de Escribano. La explicación es coherente y comprensible, por lo que esta mujer se pregunta en su escrito con lógica elemental si Garzón «está capacitado para juzgar» tras «imputar un delito imaginario».

Pero lo más significativo de su declaración es que revela que ella aportó el documento en el que Garzón basa su imputación y, a pesar de ello, vulnerando las leyes procesales, el juez siguió interrogándola como testigo y, a continuación, llamó a declarar a Escribano.

Garzón les acusó a ambos de «prefabricar» una falsedad pero la realidad es la contraria: fue Garzón quien trató de inducir a declararse culpables del delito fruto de su fantasía a los dos peritos que comparecían como testigos. El juez acusó incluso a Isabel López de querer filtrar un documento a EL MUNDO cuando ha sido él o uno de los fiscales quien necesariamente tuvo que filtrar a la prensa gubernamental las declaraciones literales de los peritos, a quienes ni siquiera entregó copia.

La actuación de Garzón merece una severa sanción porque, si lo que dicen los peritos es cierto, ha cometido un presunto delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 466.2 del Código Penal, y otro de intimidación, regulado en el artículo 464. Además, ha podido vulnerar al menos cuatro artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A saber, el artículo 238.2, que decreta la nulidad de las actuaciones cuando se realizan bajo violencia o intimidación; el artículo 238.3, que también anula las actuaciones cuando se vulnere el derecho a la defensa; el artículo 418.5, que considera falta grave el abuso de autoridad y el artículo 418.7, que sanciona la revelación de datos sumariales. La Inspección del CGPJ tiene sobrados motivos jurídicos para abrir un expediente disciplinario a un juez que se comporta de esta manera.


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MANUEL ESCRIBANO «Tuvo una actitud intimidatoria, yo estaba en sus manos»

 

12-10-06



MANUEL ESCRIBANO

«Tuvo una actitud intimidatoria, yo estaba en sus manos»


«Recibí un trato humillante, de abuso de autoridad, y todo ello siendo citado como testigo de una falsificación que denunciamos»

«El día 23 de septiembre de 2006 fui citado por el magistrado juez Baltasar Garzón Real para prestar declaración testifical el día 28 a las 17.00 horas. A la hora indicada, comparecí en dicho Juzgado, donde se me retiró el DNI en el acto. No empecé a declarar hasta la una hora del día 29, sin que nadie de dicho Juzgado me avisase de cuándo iba a producirse mi declaración, razón por la cual no puede cenar.

Al empezar la declaración fui recibido por Garzón en tono altivo y cortante, tratándome desde el principio como si del peor de los delincuentes se tratara.

Desde el principio del interrogatorio Garzón quería oír unas respuestas determinadas, y cuando no coincidía lo que quería oír con lo que yo respondía, me gritaba diciendo que no levantara la voz, que no me riera y que no le llamara tantas veces señoría, dando la sensación, a mi juicio, de que se encontraba fuera de sus casillas. (...)

(.../...)

Cuando le hacía repetir alguna de sus preguntas, porque no entendía bien lo que me quería preguntar, me decía con tono humillante que la pregunta estaba muy clara, mirando con complicidad, fundamentalmente a la fiscal Olga Sánchez, como si yo fuera imbécil y tratándome como tal.

Me repitió en varias ocasiones, con tono, gesto y mirada amenazantes, que no le levantara la voz.

Cada respuesta mía que no coincidía con lo que Garzón quería oír le enfurecía como si estuviera fuera de sí, intentando amedrentarme como si yo estuviera mintiendo y/o faltándole el respeto y/o fuera tonto.

Cuando Garzón dio por terminado su agresivo, vejatorio y humillante interrogatorio, concedió a los fiscales el turno para que me pudieran interrogar, y al efectuar Olga Sánchez una pregunta que ya me había sido formulada por Garzón en repetidas ocasiones, le hice la observación de que dicha pregunta ya había sido respondida al magistrado juez, diciéndome Sánchez también de forma airada y gritándome que yo le contestara a lo que ella me preguntara prescindiendo de que lo hubiera contestado con anterioridad o no.

Al dar Garzón por terminada mi declaración, pasé a corregir en la pantalla del ordenador todo lo que allí constaba, y pude comprobar cómo varias de las respuestas a mí atribuidas no se correspondían con lo que yo había dicho y/o querido decir, razón por la que tuve que corregir en gran medida la declaración a mí atribuida, pero cada respuesta o frase corregida que no coincidía con lo que a Garzón le interesaba era seguida inmediatamente de otra serie de preguntas y repreguntas por parte del magistrado juez, que cada vez me gritaba más airadamente y que para entonces ya se había levantado de su sillón, pues permanecía prácticamente su tórax sobre mi cabeza, dado que yo permanecía sentado corrigiendo mi declaración sobre el ordenador. Mostraba una actitud totalmente intimidatoria hacia mí, dando a entender, o al menos así lo entendí, que estaba totalmente en sus manos y que podía hacer conmigo lo que quisiera.

Cuando por fin Garzón decidió no hacerme más preguntas y se sentó de nuevo, dije que quería hacer constar en mi declaración la hora a que había sido citado, 17.00 horas del día 28, y la hora en que había comenzado mi declaración, 1.00 hora del 29. Entonces Garzón se levantó de nuevo de su sillón y en tono amenazante me gritó: «¡¡¿Qué quiere usted decir con eso?!!». A lo que le respondí que exactamente lo que había dicho. Y continuó gritando con tono airado y amenazante: «¡¡Si lo que quiere decir es que se encuentra usted mal, aunque yo le veo muy bien, ahora mismo llamo al forense para que le reconozca!!». A lo que le contesté que no necesitaba forense. (...)

En ese momento Garzón ordenó al funcionario que escribía en el ordenador que cambiara la fecha y hora de mi declaración.

Terminé mi comparecencia hacia las 2.30 del día 29 y poco después me fue entregada una citación para las 13.30 horas del mismo día 29 ante la misma autoridad judicial y lugar. Pedí una copia de mi declaración y me fue denegada, argumentando que era secreto del sumario, pero a pesar de dicho secreto los medios de comunicación publicaron parte de mi declaración y mi propio nombre.

Al llegar a mi puesto de trabajo a las 17.00 del día 29 me encontré precintadas las dos mesas en las que trabajo y mi taquilla. Dichos precintos ignoro cuándo y quiénes los pusieron, pero en cualquier caso fue sin estar yo presente. (...)

Tengo que decir que he recibido por parte de Garzón un trato humillante, vejatorio, de falta de respeto, de abuso de autoridad, tono altivo, atosigamiento, corrección sobre el tono de mis palabras y gestos, así como una actitud soberbia y airada. Todo ello cuando fui citado como testigo por un hecho, falsificación, que yo junto a mis otros dos compañeros denunciamos ante el jefe que nos lo solicitó el día 11 de Julio de 2006».



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«Yo di al juez el documento en el que basa mi imputación»

 

12-10-06



11-M / Los interrogatorios / ISABEL LOPEZ

«Yo di al juez el documento en el que basa mi imputación»


«A Garzón no le interesaba el ácido bórico como conservante de explosivos ni su facultad de enmascararlos»

«Fui citada con el fin de prestar declaración testifical el día 28-09-06 a las 17.00 horas y no empiezo a declarar hasta las 19.30 horas (...).

Garzón fue el único que me hizo preguntas, absteniéndose en todo momento los fiscales de intervenir. Comenzó diciéndome que si juraba o prometía decir la verdad. Le contesté que juraba, igual que lo juro ante quien corresponda en estos momentos, a través de este escrito.


(.../...)

Me advirtió del falso testimonio y comenzó diciendo que si sabía que el día 21-09-06 había sido publicado en el diario EL MUNDO el informe 48-Q3-05 firmado por los tres peritos, en tono imperativo y apresurado. Le respondí que sí. 'Mire, lo tengo aquí'. Llevé para mi declaración todas las fotocopias que en su día se hicieron para denunciar los hechos ante Andradas el 11-07-06 (...).

Garzón me pidió que se lo dejase para hacerse una fotocopia, a la que llamó Documento 11. Fui preguntada acerca de si era el mismo que el del diario EL MUNDO. 'Sí', le contesté. El juez continuó diciéndome: '¿Éste es el informe que hicieron ustedes?'. 'No', le dije. 'Bueno, sí y no, le explico', respondí. Me miraba haciendo gestos de que no entendía nada. 'Yo le explicaré', le dije. Y por lo menos tres veces a lo largo del transcurso de toda mi declaración le expliqué que ese informe no era una fotocopia del original nuestro (el del 21-03-05) por la sencilla razón de que cuando Andradas (el superior inmediato a Ramírez) le ordenó verbalmente a Escribano que confeccionase una relación de todos los asuntos en los que hubiese participado él en colaboración con uno o varios peritos (Documento 12) y relacionados con el 11-M, y al examinar Escribano el sobre etiquetado con el mismo número y que se guarda en los archivos, [Escribano] comprobó que no estaba la copia del informe nuestro del 21-03-05 y sí el fechado el 22-03-05, firmado por Ramírez, ni la nota informativa para la superioridad, ni la hoja de custodia de la muestra, ni el oficio de remisión a la Comisaría General de Información del informe fechado a 21-03-05, y que el sobre sepia en el que en el apartado 'Estudio asignado a..: Escribano' que es lo que debería de poner, en su lugar había otro sobre asignado a Ramírez. Por lo tanto, ¿cómo hubiésemos podido comunicar estas alteraciones si no estaba nuestra copia? La única manera era imprimir de nuevo nuestro informe del disquete que guardaba Escribano en su cajón y al que tenía acceso todo el personal del laboratorio, como mínimo. Esa copia la firmamos los tres peritos para aportársela a Andradas (...).

Yo fui la que aporté a Garzón la fotocopia que él etiquetó como el Documento 11, así como el 12 y los que señalaré más adelante. (...)

Insisto: desde el principio mi actitud fue de colaboración total, aportando cuantas copias de documento se me pidió. A cambio, lo que recibí es que casi al cabo de las cuatro horas de declaración y cuando nuevamente le explico lo anterior a Garzón, éste exclama enfurecido: '¡Entonces han pretendido engañarme!', poniendo gestos y actitudes como de que me había pillado en un renuncio y dudando de mi palabra, no queriendo escuchar más explicaciones (...)

No es hasta las cuatro horas de declaración cuando decide que ya tiene bastante. Yo estaba agotada. Y es al día siguiente, el 29-09-06, que nos cita nuevamente a las 13, 13.15 y 13.30 a los peritos para prestar declaración en calidad de testigos y en su lugar estamos encerrados en una habitación hasta las 16.00 en que una secretaria viene con el auto de imputación. O sea, tres horas encerrados para terminar dándonos un papel la secretaria (...). A quien corresponda, vuelvo a decir que no entiendo nada de nada. O el magistrado Garzón no se ha enterado de nada o, desde luego, lo que está haciendo es tergiversar todas mis explicaciones. Yo le presenté copia del informe 48-Q3-05 (...) Y si además esto es lo que se le comunicó a Andradas y lo que le explicó a éste Escribano y Andradas firmó el recibí el 11-07-06, ¿cómo pretende que le hemos querido engañar? Y si, además, se le dice que está grabado en el disquete, ¿de qué nos está acusando? A quien corresponda: o yo me he vuelto loca o tonta o el magistrado Garzón, con perdón, no está capacitado para juzgar porque ¿cómo puede imputar un delito imaginario? ¿cómo puede imputar algo que no ha existido? Y con el agravante de que sigue tomando declaración cuando yo he sido la que le aporto el documento en el que basa la imputación. ¡Y los dos fiscales sin decir nada!

Desde el principio Garzón intentó oír lo que quería oír. Yo tenía la impresión de que me quería hacer una encerrona, insistiéndome una y otra vez en que por qué relacionábamos nuestro informe con la ETA? (lo cual le ponía muy nervioso), por qué decíamos que había relación con el informe 868-Q1-01 [el referido al piso franco de ETA en Salamanca donde también se encontró ácido bórico]. Era toda su obsesión. Le respondí varias veces que a nosotros se nos había pedido 'estudio, análisis e informe pericial', y eso fue lo que hicimos. Nos limitamos a apuntar una serie de posibilidades para que la Brigada investigase si lo consideraba oportuno. A Garzón no le interesaba la posible relación con el informe 524-Q1-99 ni la aplicación del ácido bórico como conservante ni su facultad de enmascarar el olor de los explosivos de tipo orgánico ante los perros. Su obsesión era la palabra ETA. Me insistió varias veces en que él tenía ácido bórico en su casa para el olor de los pies. Creo que fue a la segunda vez que me lo dijo que le repliqué: 'Sí, pero seguro que no tiene 1,3265 Kg. de ácido bórico en su casa para los pies, ni el moro Haski en su casa para matar una cucaracha. Además, para matar cucarachas se compra uno un spray o trampas para cucarachas, nadie compra ácido bórico para esos fines'. Además, nosotros en ningún momento hemos acusado a la ETA, nos hemos limitado a decir que en el piso fue identificada la presencia de ácido bórico (...). Nosotros relatamos los hechos para que la Brigada los investigue si lo considera oportuno. En otras circunstancias, se nos diría que por qué no lo habíamos hecho constar (...)».


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Los policías piden que se investigue la filtración de las declaraciones que hicieron en la Audiencia

 

12-10-06



Los policías piden que se investigue la filtración de las declaraciones que hicieron en la Audiencia


MADRID.- Manuel Escribano e Isabel López han añadido a su denuncia por el trato recibido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 la petición de que se investigue la filtración de sus declaraciones a Garzón, publicadas por medios afines al juez cuando el procedimiento era conocido por éste y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Alegando que el procedimiento estaba declarado secreto, Garzón no accedió a la petición de los peritos de que les fuera entregada una copia de su declaración judicial.

La única parte conocedora de las diligencias era la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo responsable es Javier Zaragoza. Garzón denegó la personación de la Plataforma España y Libertad pese a que su denuncia fue, precisamente, la que permitió al juez entrar en el asunto de los informes del 11-M.
(.../...)

«Pedí copia de mi declaración a la oficial que me custodió, que me la negó, respondiéndome que era secreto. No obstante, el día siguiente en la prensa aparecía mi nombre y apellidos, y se decía que me había derrumbado y llorado», indica Isabel López.

«Esta perito», insiste, «nunca se derrumbó de nada porque, como juré, dijo la verdad y auxilió al juez Garzón en su labor y le proporcionó cuanta Información pensó que le sería necesaria. Esto es: la fotocopia de informe 48-Q3-05 de los tres peritos; fotocopia de la nota informativa fechada en 21 de Marzo de 2005; relación de casos del 11-M en los que participan estos peritos, que firma Andradas. Además esta perito le entrega al juez Garzón fotocopias del libro El Recetario Industrial del capítulo que habla del ácido bórico y sus aplicaciones; de todo el capítulo del boro y sus compuestos; del libro Ampliación de Química Inorgánica Avanzada, de Cotton y Wilkinsonm y dos artículos de internet del ácido bórico y su relación con explosivos».



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Un nuevo fiscal de confianza de Zaragoza llevará Batasuna, presos de ETA y 11-M

 

12-10-06



Un nuevo fiscal de confianza de Zaragoza llevará Batasuna, presos de ETA y 11-M

Carlos Bautista, recién llegado de la Fiscalía Antidroga, sustituirá a Jabaloy en el Juzgado clave de Garzón y acompañará a Olga Sánchez

MANUEL MARRACO

MADRID.- El fiscal Carlos Bautista Samaniego, que obtuvo su plaza en la Audiencia Nacional hace sólo unos días, se hará cargo del sumario de Batasuna, de parte de la vigilancia penitenciaria de presos etarras y, junto a la fiscal Olga Sánchez, del sumario por los atentados del 11-M.

Así lo comunicó ayer el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en una Junta de Fiscales convocada por la llegada de Bautista y la salida de Juan Antonio García Jabaloy -nombrado miembro nacional de Eurojust-, cuyos casos pasarán a manos de Bautista.

Según indicaron fuentes del Ministerio Público, Bautista es un fiscal de la plena confianza de Zaragoza. Ambos coincidieron en la Fiscalía Antidroga, de la que Zaragoza fue máximo responsable hasta mayo y en la que Bautista ha trabajado hasta su designación el pasado 29 de septiembre. Bautista fue vocal del Consejo Fiscal a propuesta de la Asociación de Fiscales, de la que salió tras seguir criterios más próximos a la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece Zaragoza.
(.../...)

El nuevo fiscal se incorporará así al Juzgado clave de Baltasar Garzón, en el que se encuentran algunos de los sumarios más trascendentes de la Audiencia. Principalmente el de Batasuna, en el que están procesados los principales dirigentes de la formación ilegalizada. Aunque las normas de reparto atribuyen el sumario de Batasuna al fiscal Pedro Rubira -también adscrito al Juzgado de Garzón-, Zaragoza ha acordado mantener la excepción ya hecha con Jabaloy.

El nuevo fiscal de la Audiencia Nacional también tendrá en sus manos otros casos relevantes del Juzgado Central de Instrucción número 5, como la investigación abierta sobre el chivatazo policial a uno de los miembros de la red de extorsión de ETA.

Respecto al 11-M, fuentes de la Fiscalía indicaron que actuará conjuntamente con Olga Sánchez y que está previsto que ambos acudan al juicio por los atentados.

La fiscal María José Checa, que casi desde la apertura del sumario ha colaborado con Sánchez en el sumario, ha dejado de hacerse cargo del asunto. Ambas han mantenido fuertes desavenencias y Checa había solicitado a Zaragoza que la relevara en el caso. El fiscal jefe ha accedido una vez que la fiscal ha terminado la laboriosa tarea de extractar el sumario 20/04 -elaborar un índice de la causa y seleccionar el material más relevante de cara al juicio-.

Bautista también desempeñará un papel relevante en asuntos penitenciarios, de los que ya se hacía cargo en la Fiscalía Antidroga junto a otro fiscal. Se incorpora así al grupo de cuatro fiscales encargados del asunto: Pedro Rubira, Juan Moral, Jesús Alonso y Miguel Angel Carballo.

En concreto, Bautista asumirá los asuntos relacionados con quejas y expedientes sancionadores a los presos, estos últimos de gran relevancia para la redención de penas a los presos condenados por el antiguo Código Penal.

La Fiscalía basa la incorporación de Bautista en la elevada carga de trabajo que supone para este grupo de fiscales llevar la vigilancia penitenciaria. El año pasado, explican fuentes del Fiscalía, elaboraron 2.500 dictámenes sobre la materia.

En la Junta de Fiscales también se acordó que Vicente González Mota sustituya a Jabaloy como portavoz de la Fiscalía, tarea que compartirá con Juan Moral.

Según informaron fuentes de la Fiscalía, es posible que algunos de los casos de los que se ha hecho cargo Bautista pasen a manos del un nuevo fiscal de la Audiencia aún pendiente de nombramiento.


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11.10.06

 

El CGPJ vuelve a negar amparo a Garzón por su incompetencia

 

11-10-06



11-M / Subraya que no puede proteger la independencia de quien ya no interviene en el caso / Respalda por unanimidad al vocal que pidió que se investigase el trato dado por el instructor a los peritos

El CGPJ vuelve a negar amparo a Garzón por su incompetencia


Advierte que las críticas contra él se refieren a un caso que tuvo que abandonar tras las desautorizaciones de la Sala de lo Penal / Unánime respaldo a Requero
MARIA PERAL

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer la petición del juez Garzón de ser amparado frente al «brutal y desmedido ataque» a su independencia que, según él, se ha producido tras su polémica actuación con los peritos del 11-M.

Por segunda vez en 8 días, el órgano de gobierno de los jueces no ha visto motivos para salir en apoyo de Garzón. Más aún, ha rechazado su pretensión «principal», que era la de censurar al vocal Requero. El CGPJ ha respaldado -por unanimidad- al consejero.

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Garzón envió el pasado miércoles un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que reclamaba el amparo de esta institución ante una «campaña» de varios medios de comunicación -entre ellos, citaba al diario EL MUNDO- dirigida, según él, a «perturbar con una ferocidad tan evidente como injusta» su independencia.

También solicitó amparo «frente al ataque a la independencia judicial por parte del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Jaime Ignacio del Burgo», que opinó que, con su actuación contra los peritos del 11-M, Garzón estaba «prestando un servicio al Gobierno».

No obstante, quien motivó la petición de amparo «en forma principal» -decía Garzón en su escrito- era el vocal del CGPJ José Luis Requero, que se dirigió el Servicio de Inspección para que investigue el trato dado por el instructor a los miembros de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. Los dos primeros han denunciado al juez al considerarse maltratados y presionados durante su larga comparecencia en la Audiencia Nacional el pasado 28 de septiembre.

Garzón calificaba la actuación del vocal Requero de «interferencia injustificada en la actividad jurisdiccional». «Es la primera vez que en casi 25 años de profesión judicial me veo agredido en forma tan cruel como injusta por quien tiene la obligación de defender mi independencia», indicaba.

Veinticuatro horas antes de la reunión de la Comisión Permanente -órgano del CGPJ que debía pronunciarse en primera instancia sobre la petición de amparo-, Garzón remitió un segundo escrito en el que insistía en el «brutal y desmedido ataque contra mi independencia» e indicaba que no pedía que se amparase su honor, sino que «se constate y confirme que ha existido una perturbación grave» de su actividad jurisdiccional, «aunque formalmente tal perturbación ya no pueda existir dado que me he inhibido» de la investigación de los informes periciales del 11-M.

Es justamente este último aspecto lo que ha impedido que la petición de amparo prosperase. «No concurren las condiciones objetivas y los presupuestos contemplados en la ley» para que proceda el amparo, afirma el acuerdo tomado ayer por la Comisión Permanente.

El CGPJ destaca que Garzón «se ha inhibido a petición del Ministerio Fiscal y tras el dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de sendas resoluciones en las que sancionaba que la investigación referente a la posible falsedad de un informe pericial debería ser instruida por los Juzgados de Instrucción de Madrid».

«Como el juez no conoce ya del asunto a que se refieren las críticas, ni han influido en su decisión de inhibición, no se dan los supuestos que exige la ley» para conceder el amparo. Éste tiene como fin «defender la independencia judicial en el futuro como consecuencia de las actuaciones que la hayan podido perturbar o inquietar en el pasado y en el presente, siempre y cuando el juez siga conociendo del asunto, y en tal sentido es reiterada la doctrina sentada por el CGPJ», explica la Comisión Permanente.

Este punto del acuerdo tuvo tres votos a favor y dos en contra. Formaron la mayoría el presidente, Francisco Hernando, y los vocales propuestos por el PP Carlos Ríos y Enrique López, mientras que los votos minoritarios fueron de Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, ambos propuestos por el PSOE.

En cambio, los cinco miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo en rechazar la petición de amparo basada en la actuación del consejero José Luis Requero.

Atada por los precedentes (en 2003 se desestimó por unanimidad la recusación de un vocal de la minoría que activó a la Inspección para que investigase a un juez, luego expedientado con el voto de ese vocal), la Comisión adoptó el acuerdo unánime de declarar que la actuación de Requero «no supone una denuncia, sino una puesta en conocimiento del Servicio de Inspección de unos hechos, no dados por ciertos, a los efectos» de que se aclaren.

Requero, añade, «cumplió una obligación intrínseca de cualquier miembro de este Consejo, tal cual es dar traslado de un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia».

El tercer y último punto de la resolución, adoptado también por unanimidad, indica que «ante críticas y descalificaciones desmesuradas y desorbitadas en lo que se refiere al caso en cuestión, la Comisión Permanente considera conveniente, como ya se puso de manifiesto en otras ocasiones, resaltar que el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales, siempre aceptable en un Estado de Derecho, no debe incurrir en imputaciones personales, ni descalificaciones que vayan en descrédito de la función jurisdiccional, debiéndose mover el ejercicio de la crítica dentro de unos mínimos cánones de racionalidad y prudencia».

Fuentes de los dos sectores del CGPJ indicaron que por parte de ambos había «voluntad de pacto» sobre una petición de amparo que querían zanjar. Los vocales de la minoría insistieron en que se censuraran las críticas públicas que ha recibido Garzón -hicieron bandera, en particular, del calificativo de «desmesuradas»- y los de la mayoría se centraron en el respaldo a Requero.

La posición del sector mayoritario contraria al amparo a Garzón era esperada por Campo y Aguiar, que no hicieron cuestión. Los dos redactaron un voto particular discrepante en el que sostienen que «se dan los requisitos que este Consejo ha venido exigiendo para la concesión del amparo».

A su juicio, la petición de Garzón debió ser estimada porque «cuando los insultos y descalificaciones -como sucede en la presente ocasión- transgreden los límites de lo permisible, no sólo atentan y pretenden perturbar la independencia que resulta consustancial elemento de la función de juzgar, sino que colisionan con el debido respeto al Estado de Derecho».

Aguiar considera, además, que el sector mayoritario «confunde los conceptos de independencia e imparcialidad». A su parecer, la independencia judicial va ligada al estatuto del juez y no a un proceso concreto, de forma que «producida una injerencia, la exigencia de restauración de tal estatuto de independencia no se extingue porque se pierda la competencia en el asunto».


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Editorial DE LA CORDURA DEL CGPJ A LOS DELIRIOS DE GARZON

 

11-10-06



Editorial

DE LA CORDURA DEL CGPJ A LOS DELIRIOS DE GARZON


Horas después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le denegara el amparo por segunda vez en pocos días, el juez Baltasar Garzón hizo público ayer un auto de 15 folios en el que, a pesar de no ser competente, formula una serie de falacias, descalificaciones e imputaciones delectivas sobre la actuación de los peritos.

Garzón dice en su auto en unas breves líneas que considera que no debe imputar a Hasan Haski de un delito de tenencia de explosivos, pero, a partir de este pretexto, dedica una decena de folios a tachar de «delirante» el informe de los peritos y a acusarles de pretender «prefabricar intencionadamente» el vínculo de ETA con los terroristas islámicos.

(.../...)

Como si fuera una sentencia, Garzón condena en este auto a los tres peritos, estableciendo que ha quedado probado que faltaron a sus obligaciones y actuaron con dolo, mientras absuelve a los mandos policiales, señalando que cumplieron con su deber al eliminar «referencias que ni eran ciertas ni científicamente sostenibles».

Lo primero que habría que recordarle a Garzón es que él mismo decidió inhibirse de la investigación de la falsificación el pasado jueves tras la petición de la Fiscalía y el auto de la Sala de lo Penal, que establecía de forma tajante que carecía de competencias para instruir el caso. Al desoír el mandato de un tribunal superior y contradecir su propia resolución, Garzón está incurriendo en la conducta que con mucho menor base él achaca a los peritos: dar una apariencia de legalidad a una actuación irregular. Se trata de un proceder inaudito en un juez, que se halla más obligado que nadie a respetar el principio de legalidad. Y se trata de una conducta que vulnera el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide a un magistrado entrometerse en la instrucción de otro. Los tres peritos podrían querellarse contra este auto de Garzón, que les cubre de oprobio, manipula sus declaraciones y les presenta como unos incompetentes maliciosos. Pero también la juez Gallego -competente para el caso- puede sentirse ofendida por este auto, que se inmiscuye claramente en su instrucción y le indica a quién tiene que imputar y a quién tiene que exculpar.

Garzón llega incluso a acusar al perito Manuel Escribano de enviar el documento de marras a EL MUNDO, lo cual es falso. Pero lo que sí resulta «delirante», por utilizar su misma expresión, es la teoría de la conspiración que elabora en el auto. Garzón pretende hacer creer que Escribano «prefabricó» un documento en marzo de 2005 para montar un escándalo contra el Gobierno en octubre de 2006. Sencillamente inverosímil.

Garzón está muy nervioso porque sus maniobras han quedado en evidencia. Ayer sufrió otro duro golpe tras negarle un nuevo amparo el CGPJ, que considera que no hay motivo para respaldarle en una actuación en la que ya no es competente. Por el contrario, el Consejo expresó su apoyo al vocal Requero, que actuó correctamente al instar a la Inspección que investigara el interrogatorio de Garzón a los peritos.

El CGPJ ha actuado con cordura y no se ha plegado a las exigencias de un juez que ha perdido el norte y que actúa cada vez de forma más desquiciada.



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PARTIDO POPULAR Insultar a Hernando, sí; criticar al juez Garzón, no

 

11-10-06



PARTIDO POPULAR

Insultar a Hernando, sí; criticar al juez Garzón, no


AGUSTIN YANEL

MADRID.- Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, lo tiene muy claro: hay quien considera que las «discrepancias» contra las decisiones de Baltasar Garzón son «un ataque» a su independencia como juez, pero al mismo tiempo justifican que se «insulte» a otras personas, entre ellas el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A Zaplana le sorprende el doble rasero para medir que, según dijo ayer, utiliza el PSOE en este caso. Para demostrar su teoría, recordó que al presidente del CGPJ, Francisco Hernando, se le ha llamado «fascistón, ariete político» e incluso persona «falta de cultura» que «mentía a conciencia» y nadie ha dicho nada. Se sorprendió de que se puedan decir estas cosas del presidente del órgano que gobierna a los jueces españoles y, en cambio, se considere que se atenta contra la independencia de un juez por el hecho de discrepar de sus decisiones y criticarle.

«Discrepar es una cosa completamente legítima en democracia», afirmó Zaplana, en referencia a las críticas contra las decisiones adoptadas por el juez Garzón. «Lo que ya no es tan legítimo es ofender e intimidar», añadió.


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PARTIDO SOCIALISTA Ataques al juez totalmente «reprobables y rechazables»

 

11-10-06



PARTIDO SOCIALISTA

Ataques al juez totalmente «reprobables y rechazables»


A. Y.

MADRID.- El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, salió ayer en defensa del juez Baltasar Garzón. «Ha recibido ataques de varios medios de comunicación, vistos con complacencia por el PP», indicó, que «son absolutamente reprobables y rechazables».

A López Garrido le parece que esas críticas al juez Garzón sobrepasan «los límites de la libertad de expresión». Y no sólo eso, sino que considera que el Consejo General del Poder Judicial ha actuado con «tibieza» en este asunto en los primeros momentos, cuando recibió la solicitud de amparo por parte de ese juez que se sintió atacado en su independencia

En su opinión, y en contra de lo que ha manifestado el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando Santiago, las críticas que ha recibido Garzón -a raíz de que interrogara como testigos a tres peritos que realizaron un informe sobre los atentados del 11-M y después los imputara- «han afectado a la independencia de un juez que se ha mostrado siempre absolutamente imparcial» indicó.


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Garzón acusa a los peritos de querer «desacreditar» la investigación judicial

 

11-10-06



11-M / El informe final del magistrado

Garzón acusa a los peritos de querer «desacreditar» la investigación judicial


Dedica la mayor parte del auto que exculpa a Haski a descalificar sus «delirantes» conclusiones

MANUEL MARRACO

MADRID.- El juez Baltasar Garzón aprovechó ayer el auto en el que descarta imputar a Hasan Haski por tenencia de explosivos para acusar a los peritos que firmaron el informe inicial sobre el ácido bórico de buscar una conexión entre ETA y el 11-M «sin sustento real alguno».

Las acusaciones del magistrado de la Audiencia Nacional ocupan la mayor parte del escrito y llegan cinco días después de que Garzón se viera obligado a reconocer su falta de competencia en la investigación sobre la presunta falsificación del informe pericial, por lo que no tienen ninguna trascendencia jurídica.

En las conclusiones incluidas en el informe de marzo de 2005 rechazado por sus superiores, los tres peritos incluían una observación que Garzón califica de «simplemente delirante»: que lo poco frecuente de la aparición del ácido bórico en hechos terroristas les llevaba «a la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean el/los mismo/s autor/autores».
(.../...)

También se pronuncia el magistrado sobre cuál era el objetivo de los miembros de la Policía Científica al mencionar una posibilidad «sin el más mínimo rigor científico o real»: alimentar «cierto debate social construido en torno a aquel caso para desacreditar la investigación e instrucción sumarial».

«La inclusión de estas observaciones», insiste el juez, «no respondía al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, ya que eran inexistentes, sino a generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de Marzo de 2004 en Madrid, a través de uno de sus autores».

La semana pasada, Garzón dictó un auto en el que exculpaba a los superiores de los peritos, asegurando que no había «ningún indicio» de que hubieran cometido delito al hacer llegar al juez del 11-M, Juan del Olmo, un informe distinto al redactado inicialmente. En el auto de ayer, el juez va más allá y asegura que fue su «obligación» legal censurar unas conclusiones que conducían a ETA que «ni eran ciertas, ni científicamente eran sostenibles».

«La eliminación de esas observaciones no sólo era oportuno, sino la única medida legal y posible de acuerdo con las normas de calidad vigentes en la Comisaría General de Policía Científica», dice el escrito. «Y debían haberse eliminado», concluye, «aunque no se hubiera sugerido la posible conexión ETA-islamistas. Aunque, por otra parte, el que hubieran aparecido tampoco hubiera supuesto mayor incidencia, dada la facilidad para establecer el inconsistente alcance de dicha afirmación».

Además de basarse «en simples elucubraciones», el magistrado acusa a los expertos de omitir «datos relevantes cuya presencia habría supuesto la inocuidad de aquellas observaciones, y dentro de ellas la del ácido bórico como sustancia explosiva».

Esas omisiones se refieren a los dos precedentes de hallazgo del ácido recogidas por los peritos en el informe inicial: un piso franco de ETA en Salamanca y el registro a un joven antisistema. Respecto al primer caso, les acusa de esconder que la Audiencia Nacional ni siquiera llegó a recibir noticia del hallazgo del ácido al considerarlo irrelevante.

Respecto al segundo, afirma que en un informe ampliatorio elaborado por dos de los tres peritos concluyeron que «el ácido bórico no es sustancia explosiva ni incendiaria», algo que no mencionaron en el caso de Haski.

El auto asegura que el informe que mencionaba a ETA «no era un documento oficial en la época en la que acontecen los hechos [marzo de 2005], por cuanto no llegó a adquirir dicha categoría al haber sido rechazado por quien tenía competencia para hacerlo y porque en el mismo no constan el sello del Servicio Central de Analítica, ni el Registro de Salida, ni su almacenaje o la mención 'es copia' que explicaría su circulación».

En el auto en el que cierra la pieza separada abierta sobre el ácido bórico, Garzón también dedica parte de su argumentación a explicar quién, a su juicio, entregó una copia del informe original a EL MUNDO. El culpable es el perito Manuel Escribano, puesto que, según el juez, sólo él disponía del informe que relacionaba a ETA con el 11-M.

LAS TESIS DEL MAGISTRADO

«Se ha demostrado sin duda racional alguna la prefabricación intencionada de tales observaciones para que produjeran un efecto espurio a la propia pericia, en concreto la supuesta vinculación entre ETA y los autores de 11-M».

«La observación [...] es simplemente delirante, ya que no tiene -ni siquiera como posibilidad- el más mínimo rigor científico o real, según los datos del informe, que lleve a mantener esta afirmación».

«La eliminación de esas observaciones no sólo era oportuno, sino la única medida legal y posible de acuerdo con las normas de calidad vigentes en la Policía Científica».

«El documento discutido [el primer informe] no era un documento oficial en la época en la que acontecen los hechos por cuanto no llegó a adquirir dicha categoría al haber sido rechazado por quien tenía competencia para hacerlo».



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La Guardia Civil rescata a Acebes y a Piqué en otro ataque a un acto del PP en Cataluña

 

11-10-06


La Guardia Civil rescata a Acebes y a Piqué en otro ataque a un acto del PP en Cataluña


Los asistentes al mitin estuvieron 45 minutos retenidos en un auditorio ante el acoso de 80 radicales El secretario general de los 'populares' fue zarandeado cuando entraba en el edificio


DANI CORDERO

BARCELONA.- La precampaña electoral en Cataluña continúa como acabó la campaña del referéndum del pasado mes de junio: con el Partido Popular en el punto de mira de los grupos más radicales del independentismo catalán, dispuestos a boicotear sus actos.

Ayer, otro acto de la formación acabó en ataques e insultos a sus dirigentes, cuando su secretario general, Angel Acebes, y el presidente autonómico de la formación, Josep Piqué, fueron zarandeados en el momento en el que se disponían a entrar en el auditorio del Centro Cultural de Martorell, en Barcelona, donde estaba prevista la celebración de un mitin.
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Minutos antes del inicio del acto, una cuarentena de jóvenes miembros de grupos independentistas les aguardaban en las proximidades del centro con banderas esteladas -independentistas-, pancartas, cacerolas, bengalas y botellas llenas de agua que les arrojaron. Les gritaron «fascistas» y «vosotros, fascistas sois los terroristas». Incluso antes hubo algún otro enfrentamiento entre militantes y manifestantes. Los ataques provocaron que, ya dentro, Piqué pidiera al resto de formaciones que condenaran los ataques a su partido, mientras los 150 asistentes al acto repetían los gritos de «libertad, libertad, libertad» que ya se escucharon hace cinco meses.

Mientras dentro la situación parecía normalizada, en el exterior del edificio el número de radicales no paraba de incrementarse. Hasta duplicarse. Y, al final del acto, cuando la militancia ya se preparaba para salir, efectivos de la Guardia Civil les negaron la salida del centro al considerarse impotentes para controlar a unos individuos que definieron como «violentos y peligrosos».

Dirigentes del partido se vieron obligados a tomar el micrófono para pedir paciencia. La situación de secuestro se prolongó durante tres cuartos de hora en los que los teléfonos echaron humo.

Piqué habló con la consellera de Interior, Montserrat Tura, para explicarle la situación. E intentó lo propio con el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, mientras los efectivos del Instituto Armado presentes en la zona esperaban refuerzos del cuartel de Manresa, a 39 kilómetros de distancia. Tanto Piqué como Acebes rechazaron salir del recinto antes de que se garantizara la seguridad de los militantes. Y fue así como finalmente ocurrió.

Por la puerta principal

Los asistentes abandonaron el auditorio por la puerta de atrás. Minutos después salían Acebes y Piqué, escoltados por la Guardia Civil y por la puerta principal, por «dignidad» y para evitar un trato «como si fuéramos delincuentes», aseguró el segundo.

Separados en dos grupos, la protección policial no pudo impedir que tuvieran que salir a la carrera. El vehículo de la delegación popular ya no se detendría hasta un área de servicio próxima, donde les esperaba Montserrat Tura, que se había desplazado hasta el lugar para conocer de primera mano lo sucedido y condenar y lamentar, también en primera persona, los altercados. Antes, la consellera responsable de la seguridad en Cataluña había enviado cuatro furgones de los Mossos d'Esquadra a Martorell, pese a estar fuera de su zona de despliegue, para contribuir a la normalización de la situación.

El Partido Popular denunció la «falta de previsión» de la Guardia Civil al organizar el acto. Ayer, en algunos foros de internet se podía interpretar que algo se estaba preparando entre determinados colectivos radicales para dar la bienvenida a Acebes y a Piqué a Martorell. Uno de los participantes aseguraba: «¡Mañana que vean que aquí no son bienvenidos! ¡Practicaremos el tiro al fascista!».

Tras conocer los hechos, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, reclamó ser «respetuosos con todos los dirigentes políticos, sean del partido que sean y piensen lo que piensen».



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Zaplana insiste en la unanimidad del PP

 

11-10-06



Zaplana insiste en la unanimidad del PP


MADRID.- El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, insistió ayer en que la postura que el Grupo Popular mantiene en la Cámara Baja sobre el 11-M es compartida por el líder del partido, Mariano Rajoy, y por la Dirección Nacional.

Zaplana aseguró que el PP seguirá preguntando al Gobierno por aquellas noticias que sean relevantes para la investigación de los atentados del 11 de Marzo o que contradigan el sumario judicial.

«Es la ejecución de una estrategia de mi partido, del Comité Ejecutivo, del presidente y de todos nosotros, y poner eso en duda son ganas de rizar el rizo», explicó.
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Zaplana reivindicó el «legítimo» derecho de su partido a discrepar de la resolución del juez Baltasar Garzón sobre los tres peritos que redactaron un informe que relacionaba el 11-M con ETA.

«Aquí no se hace nada que no beneficie al partido y en lo que no estemos de acuerdo todos», recalcó.

Reconoció que en el PP, como en otros partidos, existen «matices», pero que «no afectan a la cohesión ni a la estrategia».

Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, consideró que en un Estado de Derecho es a los jueces a quienes les corresponde investigar los atentados del 11-M.

Apuntó, en este sentido, que desde el PP no van a tener «ni una mirada indiferente ni la pretensión de hacer y decir cosas distintas» de aquella decisión que tomen los magistrados sobre el crimen «más brutal y atroz» sufrido por los madrileños y los españoles.

Gallardón indicó, en declaraciones a TVE, que el PP ha hecho todas las formulaciones posibles. «Y las seguiremos haciendo», aseguró.



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Blanco: 'El PP necesita dirigentes que no estuvieran ni en Irak ni en el 11-M'

 

11-10-06



Blanco: 'El PP necesita dirigentes que no estuvieran ni en Irak ni en el 11-M'


MADRID.- El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó ayer que el PP, «para recuperar el rumbo, necesita dirigentes que no hayan estado involucrados en la Guerra de Irak ni en el engaño del 11-M», y señaló que mientras eso no ocurra «seguirá hundiéndose en el pantano en el que ellos mismos se han metido».

Blanco lamentó que esta legislatura esté «teñida por el tono colérico» del PP y su oposición, «no dura, sino iracunda»; una cólera que, desde su punto de vista, puede depararles sorpresas desagradables en las urnas.

Afirmó que «es difícil de creer que los dirigentes de un partido que ha gobernado ponga en duda a las instituciones por seguir sosteniendo lo que no hay forma de sostener: su propio comportamiento en unos días dramáticos».

«Su problema hoy es que ahora la verdad socialmente admitida puede convertirse en una verdad judicialmente establecida, en una sentencia; por eso hacen lo posible por retrasar el juicio y preparan el terreno para cuestionar al tribunal si la sentencia es como ellos temen», aseveró.


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Interior facilitó gestiones de los familiares de De Juana para que dejara la huelga de hambre

 

11-10-06



ALTO EL FUEGO / Cambio de criterio

Interior facilitó gestiones de los familiares de De Juana para que dejara la huelga de hambre


El Gobierno intenta desligar la decisión de la Fiscalía y el final de la protesta del preso de ETA Rubalcaba confirma la participación del obispo Uriarte y Otegi niega que negociara con el Ejecutivo

F. G.

MADRID.- El Ministerio del Interior facilitó gestiones de la familia del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos para que le convencieran de que abandonara la huelga de hambre.

El etarra anunció el domingo por la noche el final de su protesta, y el mismo lunes la Fiscalía anunció que estudia reducir de 96 a seis años la petición de condena para De Juana.
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Según elconfidencial.com, la persona clave para convencerle de que pusiera fin a su protesta fue su novia. Incluso, según este medio digital, el Ministerio del Interior permitió que el etarra recibiera visitas de su compañera sentimental para que le hiciera ver la necesidad de concluir su huelga de hambre.

La protesta de De Juana supuso un inconveniente en la marcha del proceso de paz, tanto para el Gobierno como para Batasuna.

Según publicó ayer este periódico, el Ejecutivo, a través de la vía de contacto indirecto que mantiene con Batasuna, ha tratado en las últimas semanas con dirigentes de la coalición la situación del recluso.

Además, también intervino como mediador el obispo de San Sebastián, monseñor Uriarte, según confirmó ayer el propio Alfredo Pérez Rubalcaba.

El ministro del Interior admitió ayer en Sabadell que el Gobierno «accedió» a que el obispo Uriarte «explicara las preocupaciones de la familia», y añadió: «Le hemos escuchado».

El ministro explicó la situación penitenciaria de este preso y la acción del Gobierno que, según él, se ha limitado a obedecer a jueces y médicos y a atender por humanidad a la familia del detenido, informa Efe. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, negó ayer públicamente que se haya negociado con Batasuna el final de la protesta y se esforzó en intentar explicar que la decisión de la Fiscalía no tiene nada que ver con el Ejecutivo ni con el final de la protesta, aunque hayan coincidido en el tiempo.

López Aguilar consideró que la calificación penal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los actos por los que el próximo día 27 será juzgado no puede estar sujeta a ninguna «interferencia».

Sobre los contactos con Batasuna, añadió que «no se le puede pedir al Gobierno que desmienta informaciones carentes de fundamento. No se le puede pedir que gaste energía y tiempo en desmentir los bulos y los infundios con los que se intentan enjuiciar las intenciones del Gobierno». También el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, desmintió ayer públicamente esa negociación. Así, negó «rotundamente» que el Gobierno haya negociado el final de la huelga de hambre y habló de «mentira». La protesta de De Juana tuvo apoyo en las bases de la izquierda abertzale.

Quienes, desde posiciones opuestas, dieron por hecha la existencia de negociaciones para el final de la huelga y ligaron la decisión de la Fiscalía con el desenlace de la protesta fueron la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barcos, y la dirigente del PP vasco, María San Gil.

Uxue Barkos señaló a ETB que, si se tiene en cuenta la «coincidencia en el tiempo» de esas dos decisiones y que De Juana ha dicho que no abandonó la huelga de hambre por motivos de salud -«por tanto serán motivos de orden político», indicó-, se puede concluir que «hay una conexión y, por tanto, cierto desbloqueo» del proceso de paz.



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La AVT denunciará a Eguiguren

 

11-10-06



SOBRE LOS NEGOCIADORES

La AVT denunciará a Eguiguren


MADRID.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo anunció ayer que interpondrá una denuncia en la Audiencia Nacional contra el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, por un presunto delito de obstrucción de la Justicia y de colaboración con banda armada, por haberse reunido con el dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea Bengoetxea Josu Ternera.

El colectivo presidido por Francisco José Alcaraz considera que el representante socialista, en los encuentros que mantuvo en el pasado año en Noruega con el etarra, ha podido tener conocimiento de hechos delictivos. Sostiene que Eguiguren debía de haber informado de sus reuniones a las Fuerzas de Seguridad, dado que su interlocutor es un prófugo de la Justicia.

La AVT no descarta proceder por estos hechos contra algún miembro del Gobierno, dado que el líder del PSE, en este cometido, ha venido ejerciendo la función de enviado e intermediario del Ejecutivo.

Según Alcaraz, los hechos revelados por la prensa son «gravísimos» y demuestran que el presidente Rodríguez Zapatero «ha incumplido de nuevo la promesa de comenzar las negociaciones con ETA una vez que la banda terrorista abandonara las armas». El presidente de la AVT ha pedido al Gobierno que deje de «engañar» a las víctimas y a toda la ciudadanía y que explique lo que «está ocultando y ha pactado con los terroristas».


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10.10.06

 

El Decanato asigna a la juez Gallego las diligencias de Garzón contra los peritos

 

10-10-06



El Decanato asigna a la juez Gallego las diligencias de Garzón contra los peritos


La magistrada desiste del conflicto de competencias que promovió ante el Tribunal Supremo El CGPJ debate hoy la petición de amparo del instructor de la Audiencia, que recusa al vocal Requero

MARIA PERAL

MADRID.- La pretensión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del juez Baltasar Garzón de enviar a un Juzgado de Instrucción de Madrid -no al número 35, cuya titular es Gemma Gallego- las diligencias instruidas en la Audiencia Nacional contra los peritos del 11-M no ha surtido efecto.

El Decanato de los Juzgados madrileños ha asignado a la magistrada Gallego las actuaciones realizadas por Garzón tras la decisión de éste de inhibirse en la investigación de una supuesta falsedad documental que atribuye a los miembros de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique.

Garzón imputó a estos peritos por un delito para el que, según la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional, carecía de competencia. El juez aprovechó las manifestaciones realizadas por los agentes como testigos para dictar contra ellos un auto de inculpación, mientras exoneraba a los mandos policiales que, presuntamente, alteraron un informe sobre el 11-M en el que Escribano, López y Manrique mencionaban a ETA.

Tras dos desautorizaciones de la Sala y con un conflicto competencial en ciernes planteado por la juez Gallego, Garzón decidió el pasado jueves enviar sus diligencias contra los peritos a la Plaza de Castilla. Pero, con la aquiescencia de la Fiscalía, no las remitió a la juez que se las llevaba reclamando una semana, sino al Juzgado Decano para que procediera a su reparto.
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El Decanato ha enviado los papeles de Garzón al Juzgado de Instrucción número 35 por antecedentes, ya que en este órgano recayó una querella interpuesta el pasado septiembre por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

No habrá, pues, un proceso autónomo contra los peritos, a dos de los cuales Gallego recibió declaración el pasado viernes como testigos, condición en la que permanecen.

El tercer perito, Pedro Manrique, estaba citado para ayer, pero la instructora ha pospuesto su comparecencia hasta conocer el contenido de las diligencias de Garzón. Gallego ha devuelto al juez de la Audiencia Nacional las actuaciones enviadas al no tratarse de un testimonio con plenos efectos jurídicos sino de una simple fotocopia, no adverada por la secretaria judicial.

Tras la inhibición de Garzón, la magistrada ha desistido del conflicto de competencias que el pasado viernes promovió formalmente con una exposición razonada dirigida a la Sala Penal del Supremo.

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) examinará hoy la petición de amparo del juez Garzón, que ayer insistió en un nuevo escrito en la «gravísima perturbación» de su independencia que ha sufrido.

Garzón anuncia, además, su intención de recusar al vocal del CGPJ José Luis Requero, que pidió a la Inspección que investigara el trato dado por el instructor a los peritos, los cuales han denunciado que se sintieron presionados.

En el CGPJ existe un precedente de recusación de un vocal por haber puesto en conocimiento de la Inspección hechos atribuidos a un magistrado. En ese caso se trataba del vocal de la minoría Félix Pantoja, que además era miembro de la Comisión Disciplinaria. Pantoja participó en la resolución del asunto que afectaba al juez que le recusó por decisión unánime de la Comisión, presidida por el vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas.


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El Gobierno hizo gestiones con Batasuna para lograr que De Juana abandonara la huelga de hambre

 

10-10-06



ALTO EL FUEGO / Coincide con la Fiscalía en que la petición inicial de condena para el preso fue desproporcionada / Tanto Moncloa como la formación ilegal consideran que la protesta distorsionó la marcha del 'proceso de paz'

El Gobierno hizo gestiones con Batasuna para lograr que De Juana abandonara la huelga de hambre


FERNANDO GAREA

MADRID.- El Gobierno ha mantenido en las últimas semanas contactos directos o indirectos con Batasuna para lograr el final de la huelga de hambre de José Ignacio de Juana Chaos, según fuentes solventes.

De Juana puso fin anteayer a su protesta que se ha prolongado durante 63 días. Un día después se supo que la Fiscalía estudia reducir sustancialmente la pena que solicitará para el etarra en un juicio que se celebrará en las próximas semanas.

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Fuentes oficiales del Gobierno negaron ayer a este periódico las citadas gestiones y que haya intervenido en el cambio de posición de la Fiscalía. No obstante, el Ejecutivo admite que creía que la petición de 96 años era desproporcionada y así se lo hizo saber a la izquierda abertzale.

En esas conversaciones directas o indirectas, se trató la situación penitenciaria y médica del etarra. Por ejemplo, los líderes de Batasuna conocieron por los cauces habituales de contacto que el Gobierno iba a trasladar al preso el pasado viernes desde la cárcel de Algeciras al hospital Doce de Octubre de Madrid.

La protesta de De Juana ha sido vista como un inconveniente en el proceso de paz tanto para Batasuna como para el Gobierno. Sobre todo en el momento en el que se intentaba superar el primer escollo de la legalización de Batasuna y la creación de la mesa de partidos, asuntos en los que influía mucho la presión de las bases de la izquierda abertzale.

El Ejecutivo recibió el mensaje de que se trataba de una protesta aislada y de que los actos de violencia callejera de las últimas semanas tenían origen en la situación de De Juana. Es decir, que las protestas se correspondían con el apoyo de las bases abertzales al preso de ETA.

Por ejemplo, en el asalto del sábado al Ayuntamiento de Pasajes se hicieron pintadas pidiendo la libertad del preso en huelga de hambre.

La posibilidad de que sufriera un retroceso grave en su estado de salud preocupaba al Gobierno, en la medida en que podía tener un efecto de contagio en las cárceles y hacer explotar las calles del País Vasco. La situación de los presos y la impaciencia que puedan experimentar los reclusos que tienen mayor condena son fundamentales en el desarrollo del llamado proceso de paz.

Por eso, el Gobierno mantuvo conversaciones directas o indirectas con los dirigentes de Batasuna para lograr que terminara la protesta. También la cúpula de la formación ilegalizada tuvo interés en hacer que De Juana terminara con la protesta.

En esas gestiones ha desempeñado un papel importante el obispo de San Sebastián, monseñor Uriarte. Como es sabido, Uriarte fue una especie de notario que estuvo presente en la mesa de diálogo entre los enviados de José María Aznar y ETA en 1999. Siendo obispo de Zamora, Uriarte facilitó y estuvo presente en la reunión que se celebró el 19 de mayo de 1999 en Suiza. Ahora, Uriarte ha hecho gestiones con la familia y la pareja de De Juana y con líderes de Batasuna, y también contactó con el Gobierno para facilitar una salida a la situación del etarra.

Según fuentes oficiales, se trató de una gestión humanitaria del obispo. De acuerdo con esta versión, monseñor Uriarte se limitó a contactar con el Gobierno para interesarse en nombre de la familia por la situación de De Juana. El Ejecutivo considera que ahora se ha superado ya el inconveniente de la huelga de hambre del etarra. De hecho, opina que ahora deberían remitir los actos de violencia callejera.

Por otra parte, fuentes oficiales de La Moncloa respaldaron ayer la versión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al negar que se haya producido en este momento una reunión con ETA en Oslo (Navarra). En la capital noruega sí hubo una reunión en 2005 con el propio José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, auspiciado por el Centro para el Diálogo Humanitario (Center for Humanitarian Dialogue).

A la pregunta de si se ha producido en estos días la reunión en otro lugar del mundo, la respuesta oficial de La Moncloa es que «no hay respuesta». En este momento, el Gobierno da por desbloqueado el proceso de paz y, como publicó el domingo EL MUNDO, avanza aunque de forma lenta. Rubalcaba insistió ayer en rueda de prensa en desmentir cualquier tipo de contacto entre el Gobierno y ETA en Oslo, afirmó que esa información, publicada el sábado por un diario nacional, es «incorrecta» y agregó que espera que, «en su momento», el Gobierno noruego «lo aclare», informa Europa Press.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega desmintió horas después que haya existido esa reunión.



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El decanato desbarata las últimas trampas de Garzón

 

10-10-06



Impresiones

El decanato desbarata las últimas trampas de Garzón


Decía ayer Enrique López, vocal y portavoz del CGPJ, que no es deseable que los jueces sean más famosos que sus casos. Garzón casi siempre lo ha sido, pero no le hemos criticado por ello. EL MUNDO ha juzgado sus actuaciones sin ningún tipo de prejuicio. Ni hemos caído en el halago banal ni en la descalificación sin argumentos. Le hemos apoyado cuando nos parecía que tenía razón y le hemos criticado cuando pensábamos que estaba equivocado. Dijimos desde el primer día que Garzón carecía de competencias para instruir el caso de la falsificación del informe de los peritos y la Sala de lo Penal de la Audiencia nos dio la razón. Dijimos que el caso debía ser instruido por la juez a la que correspondía por reparto la investigación de una querella contra los mandos policiales y esto es lo que decidió ayer el decanato de los juzgados. Ello desbarata la última maniobra de Garzón y del fiscal jefe de la Audiencia, que pretendieron que otro juzgado de instrucción abriera una nueva investigación, alegando que se trataba de hechos y personas distintas del caso que instruye la juez Gallego. Era un argumento absurdo y destinado de antemano al fracaso. Por ello, el decanato cumplió ayer con el espíritu y la letra de la ley y decidió remitir a esta juez las diligencias practicadas por Garzón. La juez, que ya citó a declarar a los peritos como testigos, tiene ahora un amplio margen para decidir lo que estime conveniente. No está obligada para nada por las diligencias de Garzón, que además carecía de competencias. Los peritos van a solicitar probablemente a la juez la nulidad de las actuaciones practicadas por Garzón, que, antes de inhibirse, exculpó a los mandos policiales en un último intento de ayudar al Gobierno. Ello es papel mojado porque la juez Gallego tiene las manos libres para tomar declaración e imputar a quien crea conveniente.


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La Fiscalía se plantea bajar la petición de pena

 

10-10-06



La Fiscalía se plantea bajar la petición de pena


Los 96 años de cárcel solicitados en mayo por el fiscal Alonso se quedarían en seis u ocho «en función de cómo vaya el juicio»

MARIA PERAL

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia una sustancial rebaja de la petición de pena al etarra José Ignacio de Juana Chaos, que será juzgado el próximo día 27 por presuntas actividades terroristas realizadas en prisión, como captar nuevos militantes y verter amenazas contra jueces y funcionarios de prisiones.

Estas nuevas imputaciones, por las que De Juana está en prisión preventiva, evitaron su excarcelación en febrero de 2005, tras cumplir 18 años de cárcel de los 3.000 años a que fue condenado como miembro del comando Madrid. De Juana participó en 11 atentados que costaron la vida a 25 personas.

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En un escrito de acusación provisional presentado el pasado mayo y firmado por Jesús Alonso, la Fiscalía solicitaba un total de 96 años de prisión para De Juana como presunto autor de un delito de pertenencia a banda armada (12 años de prisión) y seis de amenazas terroristas (14 años de cárcel por cada uno de ellos).

El escrito asegura que, «con la finalidad de aglutinar el ideario etarra en prisión y con la intención de amedrentar a diversas personas», el terrorista publicó dos artículos en Gara en los que tachaba de «enemigos» al presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez; a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y a cuatro funcionarios de prisiones, a los que convirtió en objetivos de ETA.

Además, «ejerció funciones de captación de nuevos militantes para que desde fuera de la prisión llevasen a cabo las directrices de ETA». En 1998 captó a José Luis Muñoz, condenado por colaborar con la banda tras ser inducido por De Juana a preparar planes de fuga para él y otros presos etarras.

Si De Juana se encuentra recuperado de las secuelas de su huelga de hambre, la Audiencia Nacional le juzgará por estos nuevos hechos el día 27.

En coincidencia con el fin de esa protesta, fuentes de la Fiscalía adelantaron que es posible que se corrija a la baja la solicitud de penas por considerar «desproporcionadas» las que se consignaron en el escrito de acusación provisional hace cinco meses.

Es «una hipótesis de trabajo» que «dependerá de cómo se desarrolle la prueba» en la vista oral, dijeron las fuentes consultadas, que sostuvieron que la petición provisional de penas se hizo bajo la «conmoción» de una inminente excarcelación de De Juana.

Las mismas fuentes explicaron que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, resulta problemático volver a condenar al terrorista por pertenencia a ETA, delito por el que ya fue juzgado y condenado, habiendo cumplido la pena impuesta.

De esta forma, los nuevos hechos cometidos desde la cárcel podrían calificarse como colaboración con banda armada, delito castigado con prisión de cinco a 10 años.

Por su parte, los seis delitos de amenazas podrían sancionarse como un solo delito continuado en lugar de hacerlo de manera individualizada. El resultado sería una única pena, la más grave señalada por el Código Penal para ese delito. Pero la Fiscalía suprimiría, además, el carácter terrorista de las amenazas, con lo que se pasaría de una pena de 10 a 15 años de prisión (amenazas terroristas) a otra de 3 años (delito básico de amenazas).

Ésta fue la técnica aplicada el pasado septiembre al etarra Iñaki Bilbao por amenazar al juez Garzón. La Fiscalía solicitó provisionalmente 12 años de cárcel, que en el juicio oral se quedaron en dos años.

En el caso de De Juana, sin embargo, la Fiscalía no es la única parte acusadora. La Asociación Víctimas del Terrorismo anunció ayer que no piensa modificar «ni un ápice» su petición de penas (que coincide con la realizada en mayo por el fiscal Alonso), con lo que la rebaja que estudia la Fiscalía podría no tener ningún efecto práctico.



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Batasuna aseguró a sus bases que el etarra no iba a estar preso más de dos años

 

10-10-06


ALTO EL FUEGO / La estrategia 'abertzale'

Batasuna aseguró a sus bases que el etarra no iba a estar preso más de dos años


Previamente se reunió con el PSE y el Gobierno De Juana comunicó hace días a los dirigentes de la formación que haría lo que creyeran conveniente

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- La dirección de Batasuna ha venido asegurando a sus bases en las últimas semanas que el etarra José Ignacio de Juana Chaos solamente iba a estar en prisión unos dos años o incluso menos. En las explicaciones que los dirigentes de la formación ilegalizada han dado a sus militantes en sus reuniones asamblearias, se han mostrado convencidos de que la solicitud de 96 años de condena para este terrorista se iba a ver reducida sustancialmente y que, además, una vez aplicada la sentencia cabía la posibilidad de que se pudiera apelar a su delicado estado de salud, consecuencia de la huelga de hambre, para que su salida de prisión se realizase lo antes posible.

La dirección de Batasuna ha realizado esta argumentación entre los suyos con dos objetivos: convencerles de que es capaz de conseguir determinadas cesiones y aplacar a los sectores más radicales que, desde mediados de agosto, han salido a la calle con convicción para exigir la libertad de De Juana Chaos.

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Pero además, lanzó este mensaje, justificada o injustificadamente, después de mantener una reunión con los socialistas vascos, a los que hizo saber que había que encontrar una salida para este preso, y tras las conversaciones con el Ejecutivo.

Sin embargo, según la primera reacción de los militantes más activos no parece que los esfuerzos de los dirigentes radicales hayan hecho mella entre algunos de los suyos. Al contrario, el final de la huelga del que fuera jefe del comando Madrid ha generado un enfado descomunal entre los principales líderes del terrorismo callejero y entre los miembros de la Mesa Nacional que en su día dirigieron o pertenecieron a Jarrai. No entienden cómo es posible que De Juana Chaos no haya llegado hasta el final, como viene prometiendo desde que empezó, y le reprochan que les haya dejado vendidos después de todas las protestas públicas organizadas en las últimas semanas y que han conseguido fomentar un clima de total acritud contra la política penitenciaria del Gobierno. Los más extremados han llegado a hablar de «picárselo» cuando salga de prisión, término que se emplea para indicar que merece ser asesinado.

El fin de la iniciativa, por lo tanto, ha confirmado la división en las filas de la formación ilegalizada. De hecho, ha sido el sector liderado por Otegi el que ha hecho las gestiones en el entorno del etarra para que depusiera su actitud, porque consideraba que era un error táctico en el momento en el que se encuentra el proceso de negociación iniciado.

En cualquier caso, esta decisión destapa elementos más que controvertidos. En primer lugar, este histórico etarra anunció la huelga sin pedir permiso ni a la dirección de ETA ni a los dirigentes de Batasuna. Prueba de que, como todas las iniciativas personales, fue mal vista dentro del entorno de la banda es que ni Askatasuna, ni Etxerat -organizaciones que reivindican los derechos de su presos- realizaron rueda de prensa alguna hasta que transcurrieron 14 días desde su inicio.

Constatado que había trascendido la iniciativa del terrorista, la izquierda abertzale decidió aprovecharla, organizó manifestaciones y alegó falsamente que los actos de terrorismo callejero que se llevaban perpetrando con creciente intensidad desde mucho antes respondían a la situación «injusta» de De Juana.

Puestos a rentabilizar la cuestión, y tal como publicó este periódico, se reunieron con los socialistas para solicitar una salida a un problema que, según dijeron, estaba enrareciendo el ambiente en el que se está desarrollando el proceso de paz. En ningún momento asumieron que el problema era suyo y que acabaría con una simple orden que el etarra se vería obligado a obedecer bajo amenaza de expulsión. Fuentes del PSE confirmaron a EL MUNDO que los dirigentes de Batasuna pusieron encima de la mesa su exigencia, pero negaron que se hubiera llegado a ningún tipo de componenda.

No es cierto que el etarra pusiera fin a la huelga sin comunicárselo a Batasuna. Al contrario, hace escasas fechas, y después de que la dirección de la formación radical le hiciese llegar la conveniencia de deponer su actitud, De Juana respondió que estaba dispuesto a hacer lo que los líderes de la izquierda abertzale considerasen más conveniente. Poco después, anunciaba su renuncia.

Hoy, en una carta que publica el diario Gara, justifica su decisión en «la lucha que se está desarrollando en solidaridad conmigo, las innumerables peticiones que me han trasladado de no llegar más allá en esta huelga de hambre y el compromiso de la sociedad vasca a la hora de reivindicar la vuelta a casa de todos los presos y presas políticos vascos».

EL «CELO» Y EL «RIGOR» DE LOPEZ AGUILAR

El ministro de Justicia insistió durante el verano de 2005 en la necesidad de extremar el «celo» para que José Ignacio de Juana Chaos no saliera de la cárcel «bajo ningún concepto».

«El Gobierno quiere ofrecer a la ciudadanía la garantía de su compromiso con la evitación de la impunidad y con la persecución, con el máximo celo, de los crímenes terroristas».

«[De Juana Chaos] No debe ser excarcelado prematuramente bajo ningún concepto».

«Vamos a intentar actuar al límite de nuestras capacidades para evitar la excarcelación y la impunidad».

«Que el fiscal recurra con carácter general y permanente todas las excarcelaciones de etarras y que vigile con el máximo celo y rigor».

«Vamos a hacer cuanto esté en nuestras manos para que no se produzcan excarcelaciones prematuras».

«El Gobierno perseguirá, con el máximo celo, los crímenes terroristas con todo el rigor de los instrumentos a su alcance».

«El fiscal va a intentar recurrir al límite de sus posibilidades y de las posibilidades del propio sistema judicial».

«Los que han sido condenados por crímenes muy graves de terrorismo merecen que se extremen el rigor y el celo».

Condenado por 25 asesinatos

José Ignacio de Juana Chaos, uno de los presos más duros de ETA, pasó de trabajar en la Ertzaintza a asesinar a varios miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

A comienzos de 1986 se convirtió en el jefe del 'comando Madrid', que empleaba a menudo el coche-bomba como medio de actuación y que fue el responsable de algunas de las acciones más graves cometidas por la banda terrorista en la capital.

Desde 1983 hasta 1987, cuando fue detenido, De Juana participó en varios atentados que le costaron condenas por 25 asesinatos.

En 1986 intervino, junto a Juan Manuel Soares Gamboa e Idoia López Riaño, 'La Tigresa', en el ametrallamiento a un automóvil del Ejército. Murieron tres militares, entre ellos el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas. Ese mismo año hizo estallar un coche-bomba en la plaza de la República Dominicana de Madrid: murieron 12 guardias civiles y 70 personas resultaron heridas.

Por ese atentado fue condenado a 2.232 años de cárcel, la mayor pena impuesta entonces en España por un delito terrorista.

En su haber está también el asesinato del vicealmirante Fausto Escrigas y los intentos perpetrados contra el ex fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba o el ex presidente del Tribunal Supremo Antonio Hernández Gil.

Se le atribuyó un intento de reinserción y lo desmintió jurando que perseguiría «hasta el final» a quienes difundieron esta información.

Ha estado dos meses en huelga de hambre como forma de reivindicar su excarcelación, las últimas tres semanas alimentado de forma forzosa.



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