El CGPJ vuelve a negar amparo a Garzón por su incompetencia
11-10-06
11-M / Subraya que no puede proteger la independencia de quien ya no interviene en el caso / Respalda por unanimidad al vocal que pidió que se investigase el trato dado por el instructor a los peritos
El CGPJ vuelve a negar amparo a Garzón por su incompetencia
Advierte que las críticas contra él se refieren a un caso que tuvo que abandonar tras las desautorizaciones de la Sala de lo Penal / Unánime respaldo a Requero
MARIA PERAL
11-M / Subraya que no puede proteger la independencia de quien ya no interviene en el caso / Respalda por unanimidad al vocal que pidió que se investigase el trato dado por el instructor a los peritos
El CGPJ vuelve a negar amparo a Garzón por su incompetencia
Advierte que las críticas contra él se refieren a un caso que tuvo que abandonar tras las desautorizaciones de la Sala de lo Penal / Unánime respaldo a Requero
MARIA PERAL
MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer la petición del juez Garzón de ser amparado frente al «brutal y desmedido ataque» a su independencia que, según él, se ha producido tras su polémica actuación con los peritos del 11-M.
Por segunda vez en 8 días, el órgano de gobierno de los jueces no ha visto motivos para salir en apoyo de Garzón. Más aún, ha rechazado su pretensión «principal», que era la de censurar al vocal Requero. El CGPJ ha respaldado -por unanimidad- al consejero.
(.../...)
Garzón envió el pasado miércoles un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que reclamaba el amparo de esta institución ante una «campaña» de varios medios de comunicación -entre ellos, citaba al diario EL MUNDO- dirigida, según él, a «perturbar con una ferocidad tan evidente como injusta» su independencia.
También solicitó amparo «frente al ataque a la independencia judicial por parte del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Jaime Ignacio del Burgo», que opinó que, con su actuación contra los peritos del 11-M, Garzón estaba «prestando un servicio al Gobierno».
No obstante, quien motivó la petición de amparo «en forma principal» -decía Garzón en su escrito- era el vocal del CGPJ José Luis Requero, que se dirigió el Servicio de Inspección para que investigue el trato dado por el instructor a los miembros de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. Los dos primeros han denunciado al juez al considerarse maltratados y presionados durante su larga comparecencia en la Audiencia Nacional el pasado 28 de septiembre.
Garzón calificaba la actuación del vocal Requero de «interferencia injustificada en la actividad jurisdiccional». «Es la primera vez que en casi 25 años de profesión judicial me veo agredido en forma tan cruel como injusta por quien tiene la obligación de defender mi independencia», indicaba.
Veinticuatro horas antes de la reunión de la Comisión Permanente -órgano del CGPJ que debía pronunciarse en primera instancia sobre la petición de amparo-, Garzón remitió un segundo escrito en el que insistía en el «brutal y desmedido ataque contra mi independencia» e indicaba que no pedía que se amparase su honor, sino que «se constate y confirme que ha existido una perturbación grave» de su actividad jurisdiccional, «aunque formalmente tal perturbación ya no pueda existir dado que me he inhibido» de la investigación de los informes periciales del 11-M.
Es justamente este último aspecto lo que ha impedido que la petición de amparo prosperase. «No concurren las condiciones objetivas y los presupuestos contemplados en la ley» para que proceda el amparo, afirma el acuerdo tomado ayer por la Comisión Permanente.
El CGPJ destaca que Garzón «se ha inhibido a petición del Ministerio Fiscal y tras el dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de sendas resoluciones en las que sancionaba que la investigación referente a la posible falsedad de un informe pericial debería ser instruida por los Juzgados de Instrucción de Madrid».
«Como el juez no conoce ya del asunto a que se refieren las críticas, ni han influido en su decisión de inhibición, no se dan los supuestos que exige la ley» para conceder el amparo. Éste tiene como fin «defender la independencia judicial en el futuro como consecuencia de las actuaciones que la hayan podido perturbar o inquietar en el pasado y en el presente, siempre y cuando el juez siga conociendo del asunto, y en tal sentido es reiterada la doctrina sentada por el CGPJ», explica la Comisión Permanente.
Este punto del acuerdo tuvo tres votos a favor y dos en contra. Formaron la mayoría el presidente, Francisco Hernando, y los vocales propuestos por el PP Carlos Ríos y Enrique López, mientras que los votos minoritarios fueron de Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, ambos propuestos por el PSOE.
En cambio, los cinco miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo en rechazar la petición de amparo basada en la actuación del consejero José Luis Requero.
Atada por los precedentes (en 2003 se desestimó por unanimidad la recusación de un vocal de la minoría que activó a la Inspección para que investigase a un juez, luego expedientado con el voto de ese vocal), la Comisión adoptó el acuerdo unánime de declarar que la actuación de Requero «no supone una denuncia, sino una puesta en conocimiento del Servicio de Inspección de unos hechos, no dados por ciertos, a los efectos» de que se aclaren.
Requero, añade, «cumplió una obligación intrínseca de cualquier miembro de este Consejo, tal cual es dar traslado de un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia».
El tercer y último punto de la resolución, adoptado también por unanimidad, indica que «ante críticas y descalificaciones desmesuradas y desorbitadas en lo que se refiere al caso en cuestión, la Comisión Permanente considera conveniente, como ya se puso de manifiesto en otras ocasiones, resaltar que el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales, siempre aceptable en un Estado de Derecho, no debe incurrir en imputaciones personales, ni descalificaciones que vayan en descrédito de la función jurisdiccional, debiéndose mover el ejercicio de la crítica dentro de unos mínimos cánones de racionalidad y prudencia».
Fuentes de los dos sectores del CGPJ indicaron que por parte de ambos había «voluntad de pacto» sobre una petición de amparo que querían zanjar. Los vocales de la minoría insistieron en que se censuraran las críticas públicas que ha recibido Garzón -hicieron bandera, en particular, del calificativo de «desmesuradas»- y los de la mayoría se centraron en el respaldo a Requero.
La posición del sector mayoritario contraria al amparo a Garzón era esperada por Campo y Aguiar, que no hicieron cuestión. Los dos redactaron un voto particular discrepante en el que sostienen que «se dan los requisitos que este Consejo ha venido exigiendo para la concesión del amparo».
A su juicio, la petición de Garzón debió ser estimada porque «cuando los insultos y descalificaciones -como sucede en la presente ocasión- transgreden los límites de lo permisible, no sólo atentan y pretenden perturbar la independencia que resulta consustancial elemento de la función de juzgar, sino que colisionan con el debido respeto al Estado de Derecho».
Aguiar considera, además, que el sector mayoritario «confunde los conceptos de independencia e imparcialidad». A su parecer, la independencia judicial va ligada al estatuto del juez y no a un proceso concreto, de forma que «producida una injerencia, la exigencia de restauración de tal estatuto de independencia no se extingue porque se pierda la competencia en el asunto».
Por segunda vez en 8 días, el órgano de gobierno de los jueces no ha visto motivos para salir en apoyo de Garzón. Más aún, ha rechazado su pretensión «principal», que era la de censurar al vocal Requero. El CGPJ ha respaldado -por unanimidad- al consejero.
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Garzón envió el pasado miércoles un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que reclamaba el amparo de esta institución ante una «campaña» de varios medios de comunicación -entre ellos, citaba al diario EL MUNDO- dirigida, según él, a «perturbar con una ferocidad tan evidente como injusta» su independencia.
También solicitó amparo «frente al ataque a la independencia judicial por parte del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Jaime Ignacio del Burgo», que opinó que, con su actuación contra los peritos del 11-M, Garzón estaba «prestando un servicio al Gobierno».
No obstante, quien motivó la petición de amparo «en forma principal» -decía Garzón en su escrito- era el vocal del CGPJ José Luis Requero, que se dirigió el Servicio de Inspección para que investigue el trato dado por el instructor a los miembros de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. Los dos primeros han denunciado al juez al considerarse maltratados y presionados durante su larga comparecencia en la Audiencia Nacional el pasado 28 de septiembre.
Garzón calificaba la actuación del vocal Requero de «interferencia injustificada en la actividad jurisdiccional». «Es la primera vez que en casi 25 años de profesión judicial me veo agredido en forma tan cruel como injusta por quien tiene la obligación de defender mi independencia», indicaba.
Veinticuatro horas antes de la reunión de la Comisión Permanente -órgano del CGPJ que debía pronunciarse en primera instancia sobre la petición de amparo-, Garzón remitió un segundo escrito en el que insistía en el «brutal y desmedido ataque contra mi independencia» e indicaba que no pedía que se amparase su honor, sino que «se constate y confirme que ha existido una perturbación grave» de su actividad jurisdiccional, «aunque formalmente tal perturbación ya no pueda existir dado que me he inhibido» de la investigación de los informes periciales del 11-M.
Es justamente este último aspecto lo que ha impedido que la petición de amparo prosperase. «No concurren las condiciones objetivas y los presupuestos contemplados en la ley» para que proceda el amparo, afirma el acuerdo tomado ayer por la Comisión Permanente.
El CGPJ destaca que Garzón «se ha inhibido a petición del Ministerio Fiscal y tras el dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de sendas resoluciones en las que sancionaba que la investigación referente a la posible falsedad de un informe pericial debería ser instruida por los Juzgados de Instrucción de Madrid».
«Como el juez no conoce ya del asunto a que se refieren las críticas, ni han influido en su decisión de inhibición, no se dan los supuestos que exige la ley» para conceder el amparo. Éste tiene como fin «defender la independencia judicial en el futuro como consecuencia de las actuaciones que la hayan podido perturbar o inquietar en el pasado y en el presente, siempre y cuando el juez siga conociendo del asunto, y en tal sentido es reiterada la doctrina sentada por el CGPJ», explica la Comisión Permanente.
Este punto del acuerdo tuvo tres votos a favor y dos en contra. Formaron la mayoría el presidente, Francisco Hernando, y los vocales propuestos por el PP Carlos Ríos y Enrique López, mientras que los votos minoritarios fueron de Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, ambos propuestos por el PSOE.
En cambio, los cinco miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo en rechazar la petición de amparo basada en la actuación del consejero José Luis Requero.
Atada por los precedentes (en 2003 se desestimó por unanimidad la recusación de un vocal de la minoría que activó a la Inspección para que investigase a un juez, luego expedientado con el voto de ese vocal), la Comisión adoptó el acuerdo unánime de declarar que la actuación de Requero «no supone una denuncia, sino una puesta en conocimiento del Servicio de Inspección de unos hechos, no dados por ciertos, a los efectos» de que se aclaren.
Requero, añade, «cumplió una obligación intrínseca de cualquier miembro de este Consejo, tal cual es dar traslado de un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia».
El tercer y último punto de la resolución, adoptado también por unanimidad, indica que «ante críticas y descalificaciones desmesuradas y desorbitadas en lo que se refiere al caso en cuestión, la Comisión Permanente considera conveniente, como ya se puso de manifiesto en otras ocasiones, resaltar que el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales, siempre aceptable en un Estado de Derecho, no debe incurrir en imputaciones personales, ni descalificaciones que vayan en descrédito de la función jurisdiccional, debiéndose mover el ejercicio de la crítica dentro de unos mínimos cánones de racionalidad y prudencia».
Fuentes de los dos sectores del CGPJ indicaron que por parte de ambos había «voluntad de pacto» sobre una petición de amparo que querían zanjar. Los vocales de la minoría insistieron en que se censuraran las críticas públicas que ha recibido Garzón -hicieron bandera, en particular, del calificativo de «desmesuradas»- y los de la mayoría se centraron en el respaldo a Requero.
La posición del sector mayoritario contraria al amparo a Garzón era esperada por Campo y Aguiar, que no hicieron cuestión. Los dos redactaron un voto particular discrepante en el que sostienen que «se dan los requisitos que este Consejo ha venido exigiendo para la concesión del amparo».
A su juicio, la petición de Garzón debió ser estimada porque «cuando los insultos y descalificaciones -como sucede en la presente ocasión- transgreden los límites de lo permisible, no sólo atentan y pretenden perturbar la independencia que resulta consustancial elemento de la función de juzgar, sino que colisionan con el debido respeto al Estado de Derecho».
Aguiar considera, además, que el sector mayoritario «confunde los conceptos de independencia e imparcialidad». A su parecer, la independencia judicial va ligada al estatuto del juez y no a un proceso concreto, de forma que «producida una injerencia, la exigencia de restauración de tal estatuto de independencia no se extingue porque se pierda la competencia en el asunto».
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