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30.9.06

 

Metedura de pata de Garzón

 

Según el auto de Garzón Los peritos han incurrido en un delito de falsificación tipificado en el art- 390-2 ?????

"Artículo 390.
1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

  • 1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
  • 2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
  • 3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
  • 4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil"

Que me lo expliquen........ por que según lo establecido en el auto de procesamiento, Garzón ha imputado un delito a los perítos que solo pueden cometer los curas.


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Sánchez Manzano encaminó desde el principio la investigación de los explosivos del 11-M hacia la Goma Dos ECO

 



EXCLUSIVA 11-M: LAS MANIPULACIONES DE LOS INFORMES PERICIALES COMENZARON EL MISMO DÍA 11

Sánchez Manzano encaminó desde el principio la investigación de los explosivos del 11-M hacia la Goma Dos ECO
Imagen de los atentados

Madrid.- El día 11 de marzo de 2004, horas después de haberse producido los mayores atentados de la historia de Europa (10 bombas en 4 trenes) y tras haberse explosionado por los Tedax dos bombas controladas en las estaciones de Atocha y El Pozo del Tío Raimundo, Jesús Sánchez Manzano, Comisario Jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos y NBQ, solicita por escrito al Laboratorio Químico de la Unidad Central de Analítica de la Comisaría General de Policía Científica la realización de un informe cuantitativo de los componentes de 3 muestras de explosivos para que sean analizadas por dicho Laboratorio. Este escrito de solicitud carece de número de referencia y de registro administrativo, y está firmado conjuntamente por Juan Jesús Sánchez Manzano y por la funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional nº 17.632, que es licenciada en Ciencias Químicas.

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Montaje de Garzón para criminalizar a los peritos que denunciaron la falsificación

 

30-09-06



Montaje de Garzón para criminalizar a los peritos que denunciaron la falsificación


Les acusa por haber firmado el pasado julio una copia del mismo dictamen, cuyo original desapareció Mantiene de testigo al jefe Ramírez, que firmó ser autor de las pruebas que hicieron sus subordinados

MARIA PERAL

MADRID.- El juez Garzón imputó ayer por una presunta falsedad documental a los tres peritos de la Policía que mencionaron a ETA en un informe sobre el 11-M. Les acusa de un delito para cuya persecución no es competente, utilizando en contra de los agentes las declaraciones que prestaron como testigos, vulnerando su derecho a un abogado y a no autoinculparse, y atribuyéndoles la conducta de haber falsificado un «documento oficial» pese a que el propio juez reconoce que el informe era un «documento interno no oficial».

En cambio, ha mantenido la condición de testigo a Francisco Ramírez, que firmó el dictamen remitido al juez del 11-M como si él hubiera efectuado las pruebas analíticas que, en realidad, hicieron sus tres subordinados.

(.../...)

Con la llamativa decisión de imputar a los tres peritos, Garzón inicia una incursión colateral en el sumario del 11-M pese a que tampoco tiene jurisdicción en este asunto, ahora en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El sumario que formalmente está sirviendo a Baltasar Garzón para adentrarse en la autenticidad o falsedad de informes periciales incorporados al caso 11-M es el relativo a los atentados islamistas de Casablanca, en los que se sospecha que participó Hasan Haski.

Sin embargo, el delito de falsedad documental no es competencia de la Audiencia Nacional, salvo que haya sido cometido por terroristas y para perpetrar actos terroristas o facilitar su impunidad. Ni una sola línea de la resolución de Garzón se dedica a justificar su competencia, hasta el punto de que ni siquiera menciona a Haski.

En el domicilio en Canarias de este marroquí al que la Fiscalía considera instigador de los ataques del 11-M se encontraron unos polvos blancos que resultaron ser ácido bórico, según el informe elaborado el 21 de marzo de 2005 por los peritos Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano.

Los tres hicieron constar en su informe que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA descubierto en Salamanca en 2001, así como en el domicilio de un joven antisistema detenido en 1999.

Los técnicos mencionaban que el ácido bórico puede servir como conservante de explosivos y para enmascararlos con el fin de dificultar su detección, por lo que sugerían la «posibilidad» de que «los autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación».

Garzón afirma en el auto de imputación que dictó ayer que los peritos presentaron su informe al jefe de sección Francisco Ramírez, «quien, al discrepar del contenido del documento, que en ese momento tenía el carácter de documento interno no oficial en la Comisaría General de Policía Científica, le indicó a Escribano que debían reelaborarlo, eliminando las observaciones que contenía al extralimitarse de lo que se les había solicitado y responder esas observaciones a opiniones subjetivas y faltas de consistencia».

Los expertos se negaron a modificar su dictamen. Según el juez, Escribano «sugirió a Ramírez que reasignase el caso a otro perito, sin que conste que le devolvieran su informe original», que quedó en manos de Ramírez y del que nunca más se supo.

El jefe de sección «se reasignó a sí mismo el caso como perito, lo cual estaba dentro de sus competencias, a la vez que recibió de Escribano copia del informe en un archivo de word para que pudiera trabajar con el mismo, lo que hizo redactando el informe oficial el día 22 de marzo de 2005, sin incluir las observaciones».

Garzón pasa completamente por alto el hecho de que, en el informe enviado al juez Del Olmo y firmado por Ramírez, éste figura como autor de los análisis sobre el ácido bórico encontrado a Haski -de hecho, Ramírez rubrica el dictamen como «perito facultativo» y no como jefe de sección- cuando, en realidad, él no hizo las pruebas.

Por el contrario, del informe al que el propio juez otorga la calificación de oficial Ramírez suprimió los carnés profesionales que permitían identificar a los auténticos peritos.

En la resolución se añade que, el pasado jueves, la propia Isabel López presentó durante su comparecencia ante Garzón una copia del informe de 21 de marzo de 2004.

Fue esta funcionaria la que, en el curso del interrogatorio, manifestó que esa copia «fue extraída el día 11 de julio de 2006 del archivo informático por Escribano y firmado por él y por los otros dos peritos el mismo 11 de julio, pero con fecha 21 de marzo de 2005», narra Garzón.

Añade que presentaron la copia a José Andradas, jefe de la Unidad Central de Analítica y superior jerárquico de los tres peritos y de Ramírez, «sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento».

Tal como ya informó EL MUNDO en su edición del pasado día 21, el 11 de julio de 2006 el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, solicitó que se le remitieran todos los informes policiales sobre sustancias explosivas relacionadas con el 11-M.

El inspector jefe Escribano fue precisamente el encargado de recabar los informes del servicio de documentación. Descubrió entonces que no constaba el firmado por él, López y Manrique de fecha 21 de marzo de 2004, en el que se mencionaba incidentalmente a ETA.

Por eso, los peritos tuvieron que volver a sacar del ordenador una copia de ese documento, que firmaron de nuevo para que Andradas lo enviara, junto al resto de los dictámenes, al ministro del Interior.

Garzón, que no explica esos datos, interpreta que los peritos tuvieron la «intención» de «producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica». En la tarde de ayer, agentes del Cuerpo Nacional registraron por orden del magistrado las mesas en que trabajan los tres peritos, en la sede de la Policía Científica, en el complejo de Canillas (Madrid).

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer la decisión de la Sala de lo Penal de enviar los dos informes -el de los tres peritos y el de Ramírez- a los juzgados ordinarios de Madrid. La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza insiste en que sea sólo Garzón el que intervenga en este asunto.



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ENTRE LA PREVARICACION Y LA TRAMPA POLITICA

 

30-09-06



Editorial

ENTRE LA PREVARICACION Y LA TRAMPA POLITICA


A ninguno de los lectores de EL MUNDO debería sorprenderle lo sustancial de lo ocurrido ayer en la Audiencia Nacional. Ya advertimos el jueves que, cuando abría diligencias en las que incluía la falsificación del informe que unía a ETA y el 11-M, todo sugería que Garzón se estaba prestando a una operación orquestada por el Gobierno y la Fiscalía con el objetivo de criminalizar a los denunciantes y exonerar a los denunciados ante la opinión pública. En lo esencial esto es lo que ha sucedido, pero la realidad ha superado en malas artes y marrullería cualquiera de nuestras previsiones.

Con el auto de ayer, Garzón ha perpetrado uno de los montajes judiciales más lesivos al Estado de Derecho de las últimas décadas y tal vez lo más grave de todo desde el punto de vista meramente procesal es que lo ha hecho sin competencia y en contra del criterio de sus superiores, que determinaron el miércoles que debía ser la jurisdicción ordinaria y no él la que llevara el caso. En vez de dictar apresuradamente un auto de imputación, Garzón debería -como máximo- haber deducido testimonio y haberlo remitido a los Juzgados de Plaza de Castilla.

(.../...)

El juez ni siquiera ha cubierto las formas ciñéndose a investigar lo que le pedía el fiscal: determinar la «relevancia penal» de los informes y «sus efectos desde la perspectiva probatoria». Ha llegado al extremo de tender una trampa a los peritos aprovechando su declaración como testigos para escribir un prolijo auto de imputación vulnerando su derecho a un abogado y a callar o incluso mentir en su defensa. En román paladino, su conducta es la del tahúr que se saca un naipe falso de la manga. En términos jurídicos y a la luz de la jurisprudencia del Supremo, reúne muchos de los elementos indiciarios de la prevaricación.

Pero si es grave el envoltorio jurídico de la operación, lo es aún más el contenido del auto, cuyas conclusiones se basan en un puñado de contradicciones e incongruencias. Garzón basa su decisión de imputar a los peritos en que éstos volvieron a firmar en julio de 2006 el informe que sus superiores habían hecho desaparecer el 21 de marzo de 2005. El instructor da por buena la versión del firmante del informe falsificado, Francisco Ramírez, quien asegura que el documento inicial nunca se firmó. Del relato del auto se deduce sin embargo que los peritos le entregaron en mano a Ramírez las tres páginas del informe. En un entorno en el que se trabaja con ordenadores, sólo tendría sentido hacerlo si fuera para añadirle algo que no podían poner en pantalla, es decir, su firma. En todo caso, tampoco sería lo importante. En julio de este año, y advirtiendo que su documento había sido falseado, los peritos se limitaron a recuperar el informe para probar la manipulación y denunciarla a través de la línea jerárquica.

Garzón dinamita la lógica jurídica cuando califica el informe genuino como «documento interno no oficial» y acusa al mismo tiempo a los peritos de un delito de falsedad «en documento oficial». Es incomprensible además que no impute en cambio a Ramírez, que se atribuyó en el informe falso la autoría de unos análisis que nunca hizo. Por cierto, si como hasta ahora ha dicho Interior el documento de los peritos no era más que «un borrador», ¿por qué el auto habla del «informe 48-Q3-05 con fecha del 21 de marzo» y no del que retocó Ramírez el día 22? Cuando lo hace, Garzón está reconociendo que existía un informe con esa fecha y esa referencia, lo que confiere mayor gravedad al auto.

Más allá de estos entresijos, lo que se percibe es que entre el Gobierno, la Fiscalía y el juez se ha urdido una estrategia cuyo resultado es amedrentar a cualquiera que se sienta dispuesto a contribuir a averiguar lo que ocurrió en torno al 11-M. Vuelven los peores modos del pasado, pero hoy como ayer estamos seguros de que antes o después prevalecerán la verdad y la justicia.



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Un auto impropio de un juez justo

 

30-09-06



Un auto impropio de un juez justo


CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

Cuando tres profesionales honestos, con muchos años de experiencia, son acusados por un juez de un delito de falsedad tras ponerse de manifiesto que ha sido su jefe, y no ellos, el que ha vulnerado la ley, es que algo muy grave sucede con la Justicia.

Cuando se vulneran, sin ningún recato, los derechos fundamentales de tres ciudadanos que se presentan a declarar como testigos y salen de la Audiencia como imputados, sin haber estado asistidos en su comparecencia por un abogado, es que algo muy grave está pasando con la Justicia.

(.../...)

Cuando el juez mantiene la calificación como testigo del autor del documento falso que consta en los autos del sumario del 11-M, retorciendo el más mínimo sentido de lo razonable, entonces es que el encargado de administrar Justicia no es digno del cargo que ocupa. Porque lo esencial en la labor de un juez es la aplicación de la ley y la ley es, por principio, justa. Y, en este caso, se quiere hacer pagar a justos por pecadores.

Pero hagamos un sucinto repaso del auto del juez Garzón para que veamos hasta qué punto se han retorcido los hechos.

El juez de la Audiencia Nacional imputa un delito de falsedad a los tres peritos que realizaron el informe en el que se establecía un vínculo entre ETA y el 11-M no porque no lo hicieran, sino porque lo firmaron el día 11 de julio de 2006. El problema es que ésa fue la fecha en la que ellos se enteraron de que su informe había desaparecido y había sido sustituido por otro falso firmado por su jefe, Francisco Ramírez.

Fue entonces cuando el perito inspector jefe Escribano sacó de su ordenador el informe del día 21 de marzo de 2005 para firmarlo, junto a los otros dos peritos, y pedirle al jefe de la Unidad, el señor Andradas, que constatara que, efectivamente, el informe del día 21 de marzo lo habían hecho ellos y no Ramírez.

Pero Garzón no sólo pasa por alto quién fue el que falsificó el informe que fue remitido al juez Del Olmo (y que lleva la misma referencia que el auténtico), sino que cambia a conveniencia la consideración del mismo para atribuirle un caracter delictivo.

Para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia, el informe 48-Q3-05 de los tres peritos es «un documento interno no oficial». Sin embargo, cuando lo que busca extraer consecuencias penales contra sus autores remitiéndose al artículo 390-2 del Código Penal, entonces le atribuye a ese mismo informe el carácter de «documento oficial». Si era simplemente un borrador, como decía la nota de Interior, entonces no se le puede aplicar el Código Penal. Y si es oficial, entonces habrá que deducir que salió de la Unidad de Análisis de la Policía Científica y que, por tanto, llegó a su destinatario: el ministro del Interior. Si eso fuera así, Rubalcaba habría mentido en el Congreso de los Diputados.

En este caso, el juez ni siquiera ha cuidado las formas. ¿Desde cuando se instruye un delito de falsedad en documento público en la Audiencia Nacional?

Es evidente que, desde el momento en que Garzón asumió la competencia a instancias de la Fiscalía de la Audiencia, lo hizo porque tenía muy clara cuál era su misión.

El porqué Garzón se ha prestado a esta burda maniobra al servicio del Gobierno es algo que sabremos tarde o temprano.


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El jefe de seguridad del PSOE admite que llamó al comisario de San Sebastián el día del chivatazo a ETA

 

30-09-06



ALTO EL FUEGO / Fernando Mariscal asegura que la llamada fue para felicitarle por su cumpleaños, se produjo a las 10.01 horas y Miguel Risco estaba en ese momento en la capital guipuzcoana / El PSOE le da su pleno respaldo

El jefe de seguridad del PSOE admite que llamó al comisario de San Sebastián el día del chivatazo a ETA


MANUEL SANCHEZ

MADRID.- El jefe de seguridad del PSOE, Fernando Mariscal, admitió ayer a este diario que telefoneó al jefe de la Brigada policial de San Sebastián, Manuel Risco, 90 minutos antes de que se produjera el chivatazo a ETA que evitó la detención el 4 de mayo de su red de extorsión.

Sin embargo, Mariscal explicó que el motivo, la hora y el lugar en el que se recibió la llamada, difieren bastante de lo que puede deducirse del informe de la Guardia Civil que ayer reveló EL MUNDO, así como de los hechos que se le imputan en la denuncia formulada por el sindicato Manos Limpias, que le implica en ser coautor del 'soplo' que frustró la operación antiterrorista.

(.../...)

Mariscal, que ya conocía la denuncia e informaciones sobre estos hechos hace algunas semanas, manifestó, con toda precisión de datos, que el día 4 de mayo -cuando se produjeron los hechos- le sonó la alarma del móvil a las diez en punto de la mañana.

«Me recordó», explicó, «que era el cumpleaños de mi amigo Manuel Risco, y nada más verlo le llamé para felicitarle. Eso fue todo».

El responsable de seguridad del Partido Socialista ya ha pedido el listado a la compañía telefónica de las llamadas hechas ese día para que, si es llamado por el juez, pueda aportarlo.

«Mi llamada fue a las 10.01 horas del 4 de mayo. Ese día, se puede comprobar, es el cumpleaños de Manuel Risco. La llamada duró 1 minuto y 34 segundos. Y no hubo más en todo el día», afirmó.

Mariscal afirma también que ni se habló de ETA, ni de operación contra el aparato de extorsión de la banda terrorista, ni de nada. «Fue la llamada a un amigo, con el que ya trabajé en Vizcaya, nada más».

Además, el jefe de seguridad del PSOE manifestó a este diario que Risco no estaba en la manzana del bar Faisán, donde se iba a producir la operación, cuando él le telefoneó a las 10 de la mañana.

«A mí me dijo que estaba en la Comisaría General, en San Sebastián, en la reunión matinal», afirmó. Este dato también ha sido confirmado a EL MUNDO por fuentes del Ministerio del Interior, que aseguran que Manuel Risco estuvo esa mañana en San Sebastián, tanto en la Comisaría como, después, en la propia Delegación del Gobierno. No obstante, alrededor de las once ya se encontraba en el operativo de Irún, lugar que dista 30 kilómetros de San Sebastián.

Según las mismas fuentes, la llamada no se produce cuando Risco, que participó en el operativo para el intento de detención de los etarras de la red de extorsión, se encontraba en Irún, en las inmediaciones del bar Faisán.

La explicación, según las citadas fuentes, es que el informe de la Guardia Civil incluye todas las llamadas recibidas por los móviles que estaban abiertos en la zona del operativo, donde se encontraba el de Manuel Risco.

Esto supone que en el listado enviado por la Guardia Civil está la llamada de Mariscal, pero no implica que ésta se produjera en la zona del operativo. No obstante, tampoco impide lo que denuncia el sindicato Manos Limpias, en el sentido de que la llamada telefónica se produce una hora y media antes del chivatazo al miembro de la organización terrorista ETA.

Sin embargo, para Mariscal, «todo esto no tiene ni pies ni cabeza. Manuel es mi amigo desde hace muchos años. Esto no se sostiene, de verdad, es absurdo. Sólo le felicité. La duración de la llamada fue de un minuto y medio.

La versión de Mariscal tiene el pleno respaldo de la dirección del PSOE, que considera una mera coincidencia lo ocurrido, sin mayor importancia.

El motivo de toda esta investigación judicial es que EL MUNDO desveló el pasado mes de julio una conversación entre el presunto responsable de la financiación de ETA, Joseba Elosua, y su cuñado, en la que éste le explicaba con estupor cómo «un madero y su compañero» le dieron el 'soplo' de que les iban a detener cuando pasaran a Francia con el dinero de la extorsión. Esto supuso que la operación policial contra el entramado de ETA tuviera que ser aplazada más de mes y medio.

La información de este diario provocó que hace unas semanas, el sindicato Manos Limpias ponía nombre al sospechoso del chivatazo: Fernando Mariscal, ampliando una querella previa ya interpuesta contra Telesforo Rubio.

La denuncia decía: «Presuntamente Mariscal telefonea al Comisario Jefe de la Brigada Operativa de San Sebastián, Manuel Risco», para decirle que el juez Grande-Marlaska pensaba ordenar la detención de Joseba Elosua.

Entonces, según los denunciantes, Mariscal insta a Risco a advertir al extorsionador de que iba a ser detenido. Al no encontrarlo en su domicilio, el comisario y un policía se dirigen al bar Faisán. Allí entregan un móvil a Elosúa para que hable con Mariscal. «Él», especifica el sindicato denunciante, es el que «le advierte presuntamente de que iba a ser detenido». A esto se une que el informe de la Guardia Civil, del que ayer informó este diario, recoge una llamada a la zona donde se produjo el chivatazo de ETA realizado desde un teléfono corporativo del PSOE.

Hasta el momento, el jefe de seguridad del PSOE no ha sido citado a declarar ni en calidad de testigo ni como imputado, y asegura que sólo conoce la denuncia por los medios.




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UNA CASUALIDAD MUY SOSPECHOSA

 

30-09-06


Editorial

UNA CASUALIDAD MUY SOSPECHOSA


Por si no resultaba ya suficientemente escandaloso el chivatazo de agentes de la Policía al recaudador de ETA Joseba Elosua, prevenido el pasado 4 de mayo de que sería detenido si viajaba a Francia, ayer se confirmó que el jefe de Seguridad del PSOE, Fernando Mariscal, telefoneó poco antes al comisario jefe de San Sebastián, presente en las inmediaciones del bar Faisán cuando se avisó a la banda terrorista.

Mariscal, que fue coordinador con Francia en la lucha antiterrorista con el secretario de Estado Martí Fluxá y vivió en primera línea como comisario la anterior tregua de ETA, había sido barajado en los últimos días como uno de los hombres de Zapatero en el llamado proceso de paz, cuestión que ayer Moncloa, tras tener conocimiento de tan sospechosa llamada, rechazó de forma tajante. Parece poco probable que alguien con esa experiencia y afección al PSOE no esté siendo utilizado de una u otra forma en la actual coyuntura.

Según Mariscal, la llamada se produjo 90 minutos antes del chivatazo y fue hecha con la única intención de felicitar al comisario por su cumpleaños. La sorprendente coincidencia puede achacarse a una mera casualidad. Pero cuando sobre las casualidades planea la sombra del delito, las casualidades no pueden archivarse a beneficio de inventario. La Justicia debe investigar a fondo las circunstancias de esta llamada y su posible vinculación con el chivatazo de los agentes. Hay que recordar que tras el soplo también se produjo la táctica obstruccionista de Telesforo Rubio después de que el comisario general de Información tardase tres días en informar a Grande Marlaska de que se había producido el aviso a ETA.

Son ya demasiadas las casualidades que se acumulan en una única dirección, la de obstaculizar la lucha contra ETA en la antesala del diálogo con el Gobierno. Por eso el Ejecutivo debería ser especialmente escrupuloso y evitar que su proceso de paz avance a costa de burlar -o incluso quebrar- la ley.


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Zapatero dice que sólo ha hablado dos o tres veces con él

 

30-09-06



Zapatero dice que sólo ha hablado dos o tres veces con él


La Moncloa desmiente «radicalmente» que Mariscal asesore al presidente o participe en el 'proceso de paz'

F. G.

MADRID.- Fuentes oficiales de La Moncloa desmintieron ayer «radicalmente» que Fernando Mariscal tenga algún tipo de participación en el llamado proceso de paz con ETA.

El actual jefe de seguridad del PSOE y comisario en excedencia tiene una larga trayectoria profesional en la lucha contra el terrorismo de ETA. Por eso, ha ocupado distintos cargos en el Ministerio del Interior, ha participado en operaciones policiales sobre el terreno y está considerado un experto en la lucha contra ETA.

(.../...)

Por eso, desde distintos medios se ha barajado su nombre en los últimos meses como una de las personas que asesoran al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el llamado proceso de paz. Incluso, se habló de él como una de las personas con las que contaría el presidente para eventuales encuentros con ETA.

Sin embargo, fuentes oficiales de La Moncloa desmintieron ayer esta posibilidad.

Incluso, estas fuentes aseguran que el presidente del Gobierno mantiene que sólo ha tenido una relación muy esporádica con el jefe de seguridad del PSOE. Según esa versión autorizada por el presidente, Zapatero «sólo ha hablado dos o tres veces con él».

Mariscal era jefe de seguridad del PSOE durante la etapa en la que Zapatero fue secretario general del partido y líder de la oposición, con despacho en la sede de Ferraz.

También se atribuye a Mariscal una relación con el actual ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien tenía entonces despacho en la sede socialista. Incluso, recientemente se atribuyó a Mariscal intervención en algunos de los nombramientos que se produjeron a raíz de la remodelación de la cúpula policial.

También este extremo es negado por el Gobierno, cuya versión oficial sobre el llamado chivatazo a la red de extorsión de ETA sigue siendo la de negar cualquier insinuación que vincule ese hecho con el proceso de paz y, más concretamente, el supuesto interés por preservar a ETA de la actuación policial.

Fernando Mariscal era el coordinador de las relaciones con Francia en la lucha antiterrorista y vocal asesor de la Secretaría de Estado de Interior, cuando el ministro era Jaime Mayor Oreja y el secretario de Estado, Ricardo Martín Fluxá. Este fue uno de los tres enviados por José María Aznar a Suiza para negociar con ETA.

En ese cargo y su actividad previa en la lucha contra el terrorismo, Fernando Mariscal tuvo relación profesional con el juez Baltasar Garzón, que ahora le investiga, dentro de las diligencias por el chivatazo policial a ETA.



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Un gran experto en la lucha contra ETA

 

30-09-06



ALTO EL FUEGO / El chivatazo / FERNANDO MARISCAL Jefe de seguridad del PSOE

Un gran experto en la lucha contra ETA


MANUEL SANCHEZ

MADRID.- Fernando Mariscal tiene poco enemigos, salvo los etarras y algunas cuitas internas con otros compañeros de trabajo.

La mejor prueba de ello es que quien fue durante dos años, con Jaime Mayor Oreja al frente del Ministerio del Interior, el coordinador nacional de España con Francia en la lucha antiterrorista, recibió los mismos elogios en su despedida, que ahora por parte del Gobierno del PSOE y del propio partido.

(.../...)

Mayor Oreja dijo de él: «Es una de las personas que más ejemplarmente ha luchado contra el terrorismo».

En el PSOE se oyen frases parecidas de él, en cuanto a su profesionalidad, desde que se hizo cargo de la seguridad del partido, poco tiempo después de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, Mariscal es, sobre todo, reconocido como experto en la lucha contra ETA, a la que lleva dedicado toda su vida.

Estuvo trabajando en Vizcaya en muchos servicios operativos contra la banda terrorista, hizo seguimientos claves a la cúpula de ETA, tuvo información de primera mano de sus operaciones y, finalmente, fue uno de los impulsores de la coordinación policial en la lucha contra el terrorismo en Francia.

Su ascenso profesional vino de la mano de Juan Alberto Belloch, en la etapa en la que fue ministro de Justicia e Interior.

En dicha periodo, entabló amistad con las dos vicesecretarias de Estado; la de Interior, Margarita Robles, y la de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega.

Pero, además, fue determinante en algunas operaciones contra ETA.

Por eso, entre otras cosas estuvo también con Jaime Mayor Oreja cuando llegó a Interior durante dos años, trabajando muy de cerca con el entonces secretario de Estado, Ricardo Martín Fluxá.

Asimismo, participó en todas las reuniones internacionales de coordinación con otras policías, en los países donde había etarras extraditados. En su momento se dijo que fue la persona que viajó a Latinoamérica a conocer la situación de los etarras huidos de la Justicia. El personalmente informó a algunos de ellos, de su situación judicial y las posibilidades que tenían de volver a España.

Algunos medios de comunicación atribuyeron su marcha a un enfrentamiento abierto con la Guardia Civil.

De hecho, el prestigio de Mariscal es muy alto en la Policía y menor en el Instituto armado.

Sin embargo, el propio Mayor Oreja negó los hechos de forma tajante: «Siempre ha tenido una relación profesional impecable, tanto con los responsables de Interior como con todas las Fuerzas de Seguridad del Estado», dijo.

En el PSOE ejerce su labor discretamente, aunque mantiene una buena relación con sus dirigentes y con toda la cúpula policial.

De hecho, según se publicó en el libro de Casimiro García-Abadillo 11-M. La venganza, Mariscal fue una de las primeras personas que alertó al secretario de Organización del PSOE, José Blanco, de que podría no ser ETA la autora de los asesinatos de Atocha.

Según consta en dicho libro, Mariscal afirmó: «Yo creo que no ha sido ETA. No es su modus operandi; no son sus métodos, demasiados muertos».

En el libro también se relata que utilizó sus fuentes con muchos mandos policiales para obtener información para el PSOE, que el partido utilizó políticamente esos días.

No obstante, fuentes consultadas por este diario aseguran que Mariscal está muy alejado ya de todo este proceso, y que está más cercano a la jubilación profesional que a seguir en primera línea en la lucha contra el terrorismo.

Por ello, niegan tajantemente tanto su hipotética participación en las negociaciones con ETA como el hecho de que haya podido ser el autor del chivatazo del 4 de mayo.



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«Los autores intelectuales son la insurgencia iraquí y Al Qaeda»

 

30-09-06



«Los autores intelectuales son la insurgencia iraquí y Al Qaeda»


MADRID.- El informe policial de conclusiones sobre el 11-M, que fue incorporado el pasado 3 de julio al sumario que instruye el juez Juan del Olmo, atribuye la autoría intelectual de los atentados a «los estrategas que lideran la insurgencia iraquí y a los líderes de Al Qaeda», y la material a «terroristas islamistas coincidentes con los suicidas de Leganés».

El documento, al que ayer dedicó un gran despliegue el diario El País, descarta la participación de ETA en los ataques, ya que da por hecho que el explosivo utilizado en los trenes fue Goma 2 ECO, cuando los etarras utilizan habitualmente Titadyn. Esta explicación es contradictoria con la declaración que hizo el 18 de julio ante Del Olmo la responsable del laboratorio de los Tedax que examinó los focos de las explosiones del 11-M. Afirmó que no es posible especificar el tipo de dinamita que estalló.
(.../...)


Para sostener estos argumentos, la Policía se basa, principalmente, en cuatro pruebas: la Renault Kangoo, la mochila de Vallecas, el piso de Leganés y la casa de Morata de Tajuña. La autenticidad de, sobre todo, las dos primeras, se haya cuestionada por las investigaciones que lleva a cabo EL MUNDO. En el caso de la mochila, este diario reveló el pasado 1 de septiembre otro informe policial que reconoce que «pudo ser manipulada en el Ifema».

El informe sostiene que existe «una autoría intelectual y/o estratégica de carácter global e internacional». La investigación policial apunta a que «dicho liderazgo intelectual» se habría dado a conocer por diversos medios, y cita un documento de la web Global Islamic Media que fue consultado por los supuestos autores de los ataques y que planteaba el objetivo de «provocar un cambio de Gobierno» en España.

Asimismo, la Comisaría General de Información, todavía dirigida por Telesforo Rubio cuando se elaboraron estas conclusiones, restringe la autoría material a una célula local islamista, impulsada por El Tunecino, que se habría hecho eco de ese objetivo.




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El TC suspende, a instancias del Gobierno, casi toda la ley del CAC

 

30-09-06



El TC suspende, a instancias del Gobierno, casi toda la ley del CAC



Admite a trámite el recurso contra 58 preceptos de la norma que regula el Consejo Audiovisual Catalán, impulsada por el PSC


FERNANDO GAREA

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha suspendido a instancias del Gobierno casi toda la Ley Audivisual de Cataluña que regula la actividad del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).

Los tres magistrados del pleno de la sección segunda del TC acordó el pasado 26 de septiembre admitir a trámite el recurso presentado por el abogado del Estado, en representación del presidente del Gobierno y, por tanto, declara la suspensión de los preceptos impugnados.

La presentación del recurso se acordó en el Consejo de Ministros del pasado 28 de julio y afecta a 55 artículos y tres disposiciones transitorias de 140 que tiene la norma autonómica.

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El TC había admitido a trámite ya un recurso del PP contra la norma autonómica que está en vigor desde 2005. La diferencia es que ahora el Gobierno ha invocado el artículo 161.2 que le permite la suspensión de los preceptos impugnados, casi de forma automática tras la admisión a trámite.

Ahora, el Constitucional tiene un plazo de cinco meses para decidir si ratifica o mantiene la suspensión.

La cantidad de artículos suspendidos y su contenido hacen que la norma catalana quede prácticamente inservible y el polémico Consejo Audiovisual quede vacío de competencias y a la espera de la resolución final, a pesar de que su creción es previa a la norma impugnada.

La norma fue aprobada el 29 de diciembre de 2005 en el Parlamento de Cataluña y tuvo el voto a favor de todos los partidos, salvo el PP. Es decir, que el Gobierno del PSOE ha provocado la suspensión de una norma impulsada por la Generalitat que preside el socialista Pasqual Maragall y que tuvo el voto favorable del PSC.

Para complicarlo más, el recurso fue presentado en julio cuando el ministro de Industria era José Montilla, primer secretario del PSC y actual candidato de este partido a la Generalitat. La ley fue aprobada con el voto de los compañeros de partido de Montilla.

La base fundamental del recurso del abogado del Estado, como representante del presidente del Gobierno, es que el Parlamento catalán ha vulnerado la «competencia estatal en materia de telecomunicaciones y de radiocomunicación y de normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social».

«Atentado constitucional»

Los preceptos suspendidos se refieren, por ejemplo, a las licencias a medios audiovisuales, control del fomento de la lengua y la cultura catalana, régimen de sanciones, concentraciones empresariales de medios de comunicación y cambios accionariales.

La actuación del CAC ha sido polémica porque ha impuesto sanciones y actuado contra medios, entrando, incluso, en el contenido de sus informaciones.

El abogado del Estado llega a asegurar en su recurso al Constitucional que la lectura del preámbulo «permite inferir que el legislador catalán era perfectamente consciente de esa inconstitucionalidad y que, simplemente, ha decidido pasar por alto el orden constitucional de competencias, tal y como lo ha interpretado el TC».

El recurso habla de «atentado contra la unidad de la Constitución» en la norma impugnada. Según el recurso, casi toda la norma carece de sentido, puesto que se cuestiona duramente la competencia de la Generalitat en la materia.

Así, asegura que el artículo 17 «es inconstitucional porque la Generalitat carece de competencia para configurar la planificación y gestión del dominio público radioeléctrico como elemento sustantivo o instrumental». El abogado del Estado invoca también «la vulneración del título competencial relativo a la legislación básica en materia de medios de comunicación social recogida en la Constitución».

Asegura que «el segundo gran grupo de disposiciones de la ley que son objeto de impugnación comprende las que infringen las normas básicas estatales del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social».

El recurso dedica una parte importante a desmontar la forma en que la ley quita al Estado su competencia para conceder y renovar las licencias a los medios audiovisuales. En concreto, lo que hace es dar un plazo de tres meses a los medios con licencias estatales en vigor para solicitar al CAC un nuevo título. Es decir, de hecho, convierte en una concesión de este organismo catalán lo que en este momento es del Estado.

El Estatuto catalán que acaba de entrar en vigor institucionaliza el CAC como institución.


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29.9.06

 

Un móvil del PSOE llamó a la zona donde se produjo el chivatazo a ETA

 

29-09-06



ALTO EL FUEGO / La llamada es una de las numerosas que se recibieron en la zona y que constan en el informe de la Guardia Civil / Se efectuó a las 11.00 horas, y el etarra Joseba Elosua fue alertado a las 11.30 de la operación policial

Un móvil del PSOE llamó a la zona donde se produjo el chivatazo a ETA


En el listado de llamadas realizadas a las inmediaciones del bar Faisán que la Guardia Civil ha entregado al juez aparece una hecha desde un teléfono corporativo de la sede de Ferraz minutos antes de que el etarra Elosua fuera advertido de la inminente redada
FERNANDO LAZARO

MADRID.- Una llamada desde un número de teléfono que pertenece al PSOE fue realizada desde la sede de Ferraz a la misma zona donde se encuentra el bar Faisán, minutos antes de que se produjera el chivatazo a ETA. La comunicación se produjo desde un móvil corporativo del PSOE a las 11.00 horas del día 4 de mayo. La recibió una persona que se encontraba en el mismo bloque en el que se ubica el establecimiento, regentado por el presunto responsable de la financiación de ETA, Joseba Elosua, en Irún (Guipúzcoa). Allí mismo, media hora después, Elosua fue alertado de una operación contra el aparato de extorsión de la banda terrorista.

Así consta en el estudio telefónico remitido por la Guardia Civil al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso, dirigido por el juez Baltasar Garzón, según explicaron a EL MUNDO fuentes de la investigación.
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En el informe entregado por el Instituto Armado a la Audiencia Nacional aparece un gran número de llamadas que circularon por la zona próxima al lugar donde se produjo el chivatazo, el bar Faisán. El ámbito rastreado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se centra en la misma manzana donde se ubica el establecimiento, y en las horas próximas a la que se presume que tuvo lugar el chivatazo.

Muchas claves de lo que pasó aquella mañana del 4 de mayo están ya en el despacho del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Primero fue la Guardia Civil la que elaboró un pormenorizado y detallado informe sobre los movimientos telefónicos que se produjeron aquella mañana en la zona del bar Faisán. El estudio se remitió al juzgado cuando todavía estaba dirigido por el magistrado Fernando Grande-Marlaska.

Círculo acotado

Después ha sido la Comisaría General de Información de la Policía Nacional la que ha concretado aún más las pesquisas y ha remitido al juez un segundo informe, más preciso que el del Instituto Armado, a principios del mes de agosto. Y el círculo está muy acotado sobre los autores del chivatazo a la organización terrorista ETA de la inmediatez de la operación policial contra su aparato de extorsión.

El propio Joseba Elosua fue quien recibió el chivatazo policial el día 4 de mayo por la mañana, en su establecimiento, sobre las 11.30 horas. La víspera, el juzgado de la Audiencia Nacional y la Policía habían acordado poner en marcha una operación para desmantelar la trama de extorsión etarra en el momento en que se entregara dinero procedente del impuesto revolucionario. Y en ese corto margen de horas, desde la noche del 3 hasta la mañana del 4, se ideó y se puso en marcha un plan para alertar al etarra y desvelarle la inminente operación contra el entramado. La improvisación y el poco margen de tiempo provocó que los autores del chivatazo cometieran errores que, probablemente, permitirán al juez Garzón desenmascarar esta trama.

Todo parece indicar que, inicialmente, alguien (posiblemente un agente de la Policía Nacional) se desplazó hasta la casa de Elosua durante la mañana del día 4, siguiendo órdenes de sus superiores, para alertarle verbalmente de la operación. Pero no lo localizó. Entonces, seguramente la misma persona, se desplazó al bar Faisán y preguntó por Joseba Elosua. Los investigadores no tienen ya dudas de que este primer agente no conocía físicamente a Elosua, porque cuando entra en el bar alguien preguntó al policía que si quería contactar «con el padre o con el hijo», a lo que aquél respondió: «Con el padre», cuando a quien buscaba, el presunto responsable de la financiación de ETA, era al hijo.

Cuando salió Elosua, el agente le entregó un teléfono móvil. Al otro lado del aparato, otro supuesto miembro de la Policía Nacional le dio el chivatazo. Todo hace sospechar que los dos principales implicados pertenecen a la plantilla de la Comisaría General de Información.

Pues bien: entre todas las llamadas incluidas en el informe de la Guardia Civil figura una que parte desde la sede socialista de Ferraz, desde un número que pertenece al PSOE, y que tiene como destinatario un número de teléfono que está en la zona donde se produce el chivatazo. Según las fuentes consultadas por este periódico, los estudios sobre las cuadrículas donde las antenas localizan cada una de las llamadas acotan perfectamente la zona de la que partió esa llamada y la zona de recepción. Se trata de alguien que telefonea físicamente desde la sede del Partido Socialista. Y esta llamada se produce sobre las 11 de la mañana, apenas unos minutos antes de que Elosua sea alertado de la operación policial.

El número en el que se recibe esa llamada no pertenece, según las mismas fuentes, a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. No obstante, los investigadores no pueden descartar de ninguna manera la conexión entre esa llamada y la que recibió el entramado de extorsión etarra, aunque, por los datos iniciales del informe, los especialistas de la Guardia Civil tampoco sacan conclusiones. Incluyen la llamada para que sea el propio juez Garzón el que le dé la importancia correspondiente o descarte su posible relación con el chivatazo.

La llamada desde la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid está enmarcada dentro de un amplio listado de varios cientos de números de teléfonos que hacen llamadas hacia la zona del bar Faisán, que es donde se produce el chivatazo, o que las reciben en sus proximidades, durante las horas en las que se presume que se realizó el aviso a Elosua.

Según los expertos, la zona delimitada no es superior a una manzana de viviendas, y el periodo de tiempo acotado bastante corto, por lo que el estudio elaborado por la Guardia Civil es bastante preciso.


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El propio Elosua destapó el caso

 

29-09-06



El propio Elosua destapó el caso

F. L.

MADRID.- Fue el propio Elosua quien destapó el chivatazo, ya que se lo contó a su cuñado durante la tarde del día 4 de mayo, mientras ambos viajaban a Francia en su vehículo.

En ese coche había una 'chicharra' policial que grabó toda la conversación. Aquel día, Elosua le contó a su familiar que primero intentaron localizarle en su domicilio. Como no lo consiguieron, al parecer un policía entró en el bar Faisán y le entregó un teléfono móvil, desde donde ya fue alertado por otro funcionario policial de la inminente operación.
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El informe de la Guardia Civil fue entregado poco antes de que Fernando Grande-Marlaska abandonara el Juzgado. Tras el regreso de Garzón a la Audiencia Nacional, el juez apartó al Instituto Armado y las investigaciones quedaron en manos de la Policía Nacional.

En el origen de este caso se produjeron situaciones cuando menos insólitas. El chivatazo se produjo el 4 de mayo. Los agentes de la Comisaría General de Información se percataron de ello el día 5, viernes. Pues bien, el que entonces era el máximo responsable de los servicios de Información policiales, el comisario Telesforo Rubio, no informó oficialmente al juez que instruía en ese momento, Marlaska, hasta el lunes siguiente, día 8.

Esto provocó un tremendo enfado por parte del magistrado, que decidió, en una resolución sin precedentes, apartar de las investigaciones al propio comisario. El juez dejó el caso en manos de un inspector jefe con la instrucción de que las novedades le fueran dadas a él y no a Telesforo Rubio. Ese mando es el que envió el segundo informe a Garzón el pasado mes de agosto. El malestar ya existente en la Comisaría General de Información creció tras destaparse este escándalo. Son muchos los que barajan 'candidatos' para que el juez llame a declarar como imputados.




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Imaz se reunió ese día con Zapatero

 

29-09-06



Imaz se reunió ese día con Zapatero

F. L.

MADRID.- El chivatazo policial se produjo el 4 de mayo por la mañana, poco antes de que el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, fuera recibido en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella reunión, Imaz trasladó a Zapatero su apoyo incondicional al denominado 'proceso de paz'.

En aquel momento, en el punto de mira judicial, además de un amplio elenco de presuntos implicados en la trama de extorsión de ETA, se encontraba también el dirigente nacionalista Gorka Agirre. El entonces instructor del sumario, Fernando Grande-Marlaska, tenía sospechas de que estaba directamente implicado en la trama y de que había gestionado el pago del 'impuesto' a ETA a alguno de los empresarios extorsionados. «Gor- ka Agirre, actualmente responsable de relaciones exteriores del EBB, órgano de dirección del PNV, ha desarrollado funciones de intermediación entre la organización terrorista ETA, en concreto su aparato de extorsión (Gezi), y relacionados de una o de otra manera con su partido. En tal sentido, contactaba con el conjunto de miembros de la red de extorsión, más asiduamente con Joseba Elosua, de quien recibía tanto los listados de empresarios extorsionados como incluso las cartas de extorsión, negociando posteriormente y llegando a entregar dinero con destino final a las arcas de la banda armada», señaló el juez Marlaska en el auto en el que fija la situación procesal de Aguirre. En él, el magistrado denuncia que Agirre informaba a Joseba Elosua «de la titularidad oficial de distintos vehículos que le seguían», añade el auto.

«Los hechos anteriormente relatados, y sin perjuicio de ulterior calificación, revisten los caracteres de un delito de colaboración terrorista», indica el auto


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Garzón llama a declarar a un cargo de la CGI tras escuchar a Santano y a los tres perito

 

29-09-06



Garzón llama a declarar a un cargo de la CGI tras escuchar a Santano y a los tres peritos


El comisario general de la Policía Científica insistió durante su declaración en la tesis de que el primer documento era un mero borrador Las comparecencias no terminaron hasta las 2.35 horas
MARIA PERAL

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón citó a declarar ayer como testigos a los tres peritos de la Policía que en marzo de 2005 hicieron constar en un informe que el ácido bórico, hallado en el domicilio de un procesado por el 11-M, también fue encontrado en un piso franco de ETA en Salamanca.

Garzón interrogó asimismo al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, quien, en su declaración, insistió en varias ocasiones en la tesis de que el primer documento -el auténtico-, era un mero borrador.
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El magistrado tomó dos decisiones tras escuchar a los testigos citados ayer. La primera, citar como testigo al secretario general de la Comisaría General de Información.

La segunda, adelantar para hoy la citación de Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, que se encontraba de permiso oficial cuando se produjo la citación y que, en un principio, iba a comparecer ante el juez el próximo octubre. Ramírez se ha convertido en un personaje clave en el episodio de la alteración del informe de los tres peritos con el fin de que no figurara la referencia a ETA que ellos habían consignado.

Ramírez asumió con su firma la elaboración del informe enviado al juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, del que desaparecieron los carnés profesionales de los tres peritos que analizaron las muestras de ácido bórico intervenidas en diciembre de 2004 en la cocina de la casa de Hasan Haski, considerado por la Fiscalía uno de los ideólogos de los atentados islamistas de Madrid.

En el dictamen incorporado al sumario figura el propio Ramírez como autor de las pruebas analíticas realizadas, en realidad, por los otros tres expertos. Ambos informes mantienen, sin embargo, el mismo número de referencia.

El primero en declarar ayer fue Miguel Angel Santano, que lo hizo en dos ocasiones; la segunda de ellas después de que el juez escuchara el testimonio de la perito I. L., lo que parece indicar que fue llamado de nuevo por Garzón para aclarar alguna contradicción con lo manifestado por la citada funcionaria de la policía científica.

Poco después de la medianoche Santano abandonaba la sede de la Audiencia Nacional y pasaba a declarar un segundo perito. Ya de madrugada, pasada la una de la mañana, compareció el tercero de los peritos, que estuvo ante Garzón hasta más allá de las 2.30 horas. Todos ellos llevaban esperando su comparecencia desde las 17.00 horas.

Las declaraciones comenzaron con retraso debido a que Garzón decidió leer antes los informes que solicitó el pasado sábado a la Policía y a la Guardia Civil para conocer la relevancia del ácido bórico en relación con hechos terroristas.

El juez, que investiga a Haski por su presunta relación con los atentados de Casablanca, preguntó a la Policía Científica y al Servicio de Información de la Guardia Civil si el ácido bórico es una sustancia idónea para fabricar explosivos y si existen precedentes sobre el uso de ese elemento en artefactos explosivos utilizados en España hasta la fecha.

En un auto dictado el pasado sábado, Garzón adujo la necesidad de conocer esos extremos para agravar o no la presunta responsabilidad de Haski en relación con un delito de tenencia de explosivos. Pero, en la misma resolución, Garzón también justificaba su intervención en este asunto para conocer «la potencial relevancia penal de las contradicciones» entre el informe de los tres peritos y el dictamen que Ramírez envió a la Audiencia Nacional.

Después de que la Sala de lo Penal recordara que la falsedad documental de la que existen indicios no es competencia de la Audiencia Nacional, Garzón ha decidido que en los próximos días deducirá testimonio de sus actuaciones para enviarlas a los juzgados ordinarios de instrucción, tal y como hizo anteayer la propia Sala con las copias de los dos informes, el auténtico y el alterado, que EL MUNDO puso a disposición de la Justicia.



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Interior condecora a los escoltas de Bono que cambiaron su declaración

 

29-09-06



Interior condecora a los escoltas de Bono que cambiaron su declaración


MADRID.- El Ministerio del Interior ha concedido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a dos escoltas del ex ministro José Bono, y una con distintivo rojo al inspector jefe Javier Fernández Gómez, según denuncia la Confederación Española de Policía (CEP). Este último llamó a los escoltas para que cambiaran su declaración en unas horas para incluir las falsas agresiones al ex ministro de Defensa durante la manifestación de la AVT del 22 de enero de 2005. Como consecuencia de su testimonio se detuvo a dos militantes del PP.

La Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo es concedida por orden del ministro del Interior y supone un incremento de por vida del 10% del salario del condecorado. Además, se concede cuando el agente se ha jugado la vida en acto de servicio o haya resultado herido.
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El secretario de Organización del sindicato policial CEP, Lorenzo Nebreda, indicó ayer que en el caso del inspector jefe «no hay ninguna actuación relevante que condecorar; más bien se trata de un pago por los servicios prestados por todo lo que se montó». Nebreda también denuncia el doble rasero, ya que mientras los tres condenados reciben medallas, otros policías que han participado en operaciones de riesgo e incluso que han sido heridos durante sus actos de servicio no han recibido ni siquiera una condecoración. El Ministerio del Interior no ha confirmado que los tres policías estén entre los condecorados este año.

La portavoz del Grupo Popular, Ana Torme, denunció ayer la «doble e interesada» vara de medir que parece tener el nuevo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La dirigente popular criticó que se premie a unos señores que cambiaron su declaración para hablar de unas agresiones que, «como ha acreditado una sentencia», no existieron, mientras que a los policías que, en ese mismo sumario, cumplieron con su deber de no falsificar documentos «ni se les ha condecorado ni se les ha restituido en su puesto».

Los escoltas admitieron en el juicio que, tras su primera declaración por la falsa agresión a Bono, recibieron una llamada de la Brigada de Policía para que volvieran a las dependencias y endurecieran su relato. A la declaración le añadieron dos párrafos en los que hablaron de «una situación de violencia extrema».



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28.9.06

 

UN AUTO QUE DEJA MUDO A RUBALCABA Y PONE EN EVIDENCIA AL JUEZ GARZON

 

28-09-06


Editorial

UN AUTO QUE DEJA MUDO A RUBALCABA Y PONE EN EVIDENCIA AL JUEZ GARZON

La decisión que tomó ayer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre los documentos que le entregó EL MUNDO tiene una gran trascendencia en lo político y en lo procesal. No sólo porque remite el caso a un juzgado de instrucción -desautorizando implícitamente a Garzón, que se apresuró el lunes a abrir diligencias secretas y ante el que hoy declaran los policías implicados- sino porque establece e identifica indicios flagrantes de falsificación tanto en el contenido como en la autoría del informe que vincula a ETA con el 11-M.

Desde el punto de vista político, el auto coloca en una situación difícil al actual ministro y a su antecesor. Si el proceso judicial convierte en hechos probados los indicios de delito que establecen en su escrito los magistrados, quedaría demostrado que Rubalcaba ha faltado a la verdad al menos en dos ocasiones: cuando afirmó ante el Congreso que no había ningún informe que vinculara a ETA con el 11-M y cuando la semana pasada dijo desde Finlandia que «el Ministerio del Interior no ha falsificado jamás un documento». Eso si no conocía ya la manipulación desde julio, cuando mandó que reunieran todos los informes sobre la masacre, lo que significaría que ha mentido conscientemente.

Pero sea o no cierto este último extremo, es evidente que el futuro político del actual titular de Interior y el de su antecesor, José Antonio Alonso, están ya vinculados a este procedimiento. El de Alonso porque él era el ministro cuando se manipuló el informe; el de Rubalcaba porque una condena por falsedad demostraría que faltó a la verdad para encubrir un delito al presentar como «borrador» el informe auténtico. Rubalcaba volvió a demostrar ayer en el Parlamento su estrecha concepción de la democracia cuando, en lugar de contestar a la pregunta del diputado Del Burgo sobre este asunto, cubrió al PP de descalificaciones y le acusó -como mirándose al espejo- de intentar «justificar sus mentiras» en los días que siguieron al 11-M.

Pero si son importantes las consecuencias políticas del auto, las procesales lo son todavía más. La más importante es la remisión del caso a la jurisdicción ordinaria, al reconocer que no está entre las competencias de la Audiencia. A la luz de esta decisión, causa aún más estupor que Garzón mantuviera ayer su propósito de interrogar a los falsificadores. Su empecinamiento sólo puede entenderse como un desafío tácito al criterio de sus superiores o como un intento de echarle una mano al Gobierno creando un conflicto de competencias que tendría que dirimir el Supremo y no haría sino dilatar el proceso. Si pese al criterio de la sala los policías acaban declarando hoy como testigos y no como imputados, el juez podría incurrir incluso en un delito contra las garantías constitucionales tipificado en el art. 542 del Código Penal, pues los agentes declararían sin abogado y no podrían mentir en su defensa.

Suceda lo que suceda a partir de ahora, ya nadie podrá seguir descalificando el impecable trabajo de los peritos con el endeble argumento de que el primer informe era un mero borrador sin validar. La Audiencia ya ha visto indicios de delito en la actuación de los falsificadores. Mientras la Justicia sigue indagando en lo que hicieron y en cómo lo hicieron, nosotros seguiremos empeñados en averiguar por qué.


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La Audiencia ve indicios de delito en la falsificación del 'informe ETA/11-M'

 

28-09-06



La Audiencia ve indicios de delito en la falsificación del 'informe ETA/11-M'


Envía a los Juzgados de Madrid los dos dictámenes, el original y el manipulado, que entregó EL MUNDO

MARIA PERAL

MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ve «indicios suficientes» de, «al menos», un posible delito de falsedad documental en la alteración de un informe policial enviado al juez Del Olmo e incorporado al sumario del 11-M en el que se eliminó la referencia que se hacía a ETA en el dictamen original y se suprimió la identidad de los peritos que llevaron a cabo los análisis para sustituirlos por su jefe, que no los realizó.
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La Sala acordó ayer enviar a los juzgados ordinarios de instrucción las copias de los dos informes -el original y el manipulado- que EL MUNDO remitió el pasado 20 de septiembre a Del Olmo y que éste elevó al Tribunal del 11-M.

Los magistrados basan su decisión en que «no existe el más mínimo apoyo» para estimar que el presunto delito de falsedad en documento oficial tiene relación con delitos de terrorismo, que son los que justifican la competencia de la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por su presidente, Javier Gómez Bermúdez, y los magistrados Fernando García Nicolás y Antonio Díaz Delgado dictó ayer una resolución en la que acuerda enviar a los Juzgados de Instrucción de Madrid las copias de los dos informes policiales que, con la misma numeración, se referían al análisis del ácido bórico encontrado en el domicilio de Hasan Haski.

Haski, procesado por su relación con los atentados islamistas de Madrid (la Fiscalía de la Audiencia Nacional le da el rango de instigador de los ataques junto a Rabei Osman, El Egipcio), fue detenido en Lanzarote el 17 de diciembre de 2004. En su vivienda se encontró una sustancia, polvo de color blanco, que él dijo emplear «para matar cucarachas».

Las muestras fueron analizadas por tres peritos de la Policía Científica con números de carné profesional 9, 11 y 155, que elaboraron el informe 48-Q3-05, de 21 de marzo de 2005. En él señalaban que, en relación con hechos terroristas, el ácido bórico fue encontrado también en un piso franco de ETA en Salamanca en diciembre de 2001.

La referencia a ETA fue suprimida del informe enviado a Del Olmo que, también con la numeración 48-Q3-05, lleva fecha de 22 de marzo de 2005. De él desaparecen los peritos 9, 11 y 155 y figura únicamente el número de carné 195, correspondiente a Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, como si hubiera sido él el que realizó los análisis.

Tras la publicación de estos hechos por EL MUNDO el pasado jueves, el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, remitió a la Sala por fax la nota de prensa enviada a los medios de comunicación y en la que se afirma que el dictamen de los tres peritos era «un simple borrador» en el que incluyeron lo que no eran más que «elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico».

La nota de prensa de Santano parece haber tenido poco efecto en el análisis realizado por la Sala. «Del examen de los documentos se llega a la conclusión de la existencia de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 [11-M] de un documento inicial (informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía) alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma», indican los magistrados en la resolución conocida ayer.

El Tribunal concreta, incluso, la posible falsedad documental, que podría haberse cometido por alterar un documento en alguno de sus elementos esenciales, suponer la intervención de personas que no la han tenido y/o faltar a la verdad en la narración de los hechos.

Ninguno de estas falsedades aparece entre los delitos que son de la competencia de la Audiencia Nacional, destaca la Sala en una especie de aviso a navegantes. El juez Baltasar Garzón tiene citados para hoy al comisario Santano y a los cuatro peritos intervinientes para que declaren como testigos.

Aunque cuando se produjo la iniciativa de Garzón (el pasado sábado) no existía un pronunciamiento de la Sala, ahora el órgano jerárquicamente superior al juez afirma que hay indicios delictivos -lo que pone en cuestión la declaración de los agentes en calidad de testigos y, por tanto, obligados a contestar y a decir la verdad- y que el posible delito cometido no es de la competencia de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados ordinarios de Instrucción.

La Sala lo razona así: «El presunto delito de falsedad documental no es ninguno de los recogidos en la ley como competencia de la Audiencia Nacional, ni tampoco es un delito de terrorismo ni existe el más mínimo apoyo para estimar que ha sido cometido por persona que esté integrada o colabore con banda armada».

Para el Tribunal, tampoco estaría justificada la intervención de la Audiencia por conexidad entre delitos, ya que no hay indicios de que se manipulara el informe para facilitar la ejecución de delitos terroristas.

La tesis de la conexidad conduciría al «absurdo», dice el Tribunal, «de investigar en un órgano con competencias limitadas (juzgado central) todo hecho que se ponga en su conocimiento por si tuviera relación con alguno de los delitos para los que es competente».

Pese a la decisión de la Sala, Garzón mantenía ayer las citaciones señaladas. Fuentes de la Fiscalía consideraron «precipitada» la resolución del tribunal porque «primero habrá que ver si los hechos son o no penalmente relevantes», y Garzón tendría competencia para realizar «diligencias a prevención», ya que instruye otra causa contra Haski.


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Zapatero dice que mantiene la expectativa del fin de ETA, desde la legalidad y sin cambiar la Ley de Partidos

 

28-09-06



ALTO EL FUEGO / Rajoy le contesta que sus principios no han cambiado, «y son los que establece el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo» / Llamazares: «Mi Grupo no se alegra de las dificultades en el proceso»

Zapatero dice que mantiene la expectativa del fin de ETA, desde la legalidad y sin cambiar la Ley de Partidos


MANUEL SANCHEZ

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo quería decir en sede parlamentaria. Quería que constara en el diario de sesiones. Quería, en suma, fijar posiciones sobre el llamado proceso de paz, tras las inquietantes turbulencias de las últimas semanas.

El mensaje no sonó novedoso a nadie. Para muchos, fue reiterativo y repetitivo. Pero desde la óptica del presidente del Ejecutivo era importante el momento y el lugar para fijar posiciones.

Fue en la sesión de control del Congreso de los Diputados, ante una pregunta preparada, como ayer informó EL MUNDO, del portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero.

Primero, Zapatero lanzó un mensaje de esperanza ante los malos augurios que se escuchan por todos los rincones políticos desde que se reinició la lucha callejera y, sobre todo, tras el acto público de tres etarras el sábado pasado en Oyarzun (Guipúzcua).
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Por ello, afirmó: «Desde la firmeza, desde los principios, desde las convicciones y desde el empeño decidido que tiene el Gobierno en llegar a ver el fin de la violencia y la paz, el Gobierno mantiene sus planes».

Es más, Zapatero, incidió en esta idea de forma más clara: «Para mí, la expectativa del fin de la violencia sigue en los mismos parámetros que el día en que ETA decretó el alto el fuego permanente».

Sin embargo, el presidente del Gobierno combinó este mensaje de esperanza con la idea de marcar tajantemente las reglas del juego, que son las mismas que siempre ha dicho el presidente del Ejecutivo.

«El Gobierno mantiene sus principios en torno al proceso de paz: legalidad, Estado de Derecho y diálogo para el fin de la violencia», afirmó solemnemente Rodríguez Zapatero.

El tema de ETA, independientemente del contenido concreto de la pregunta en la sesión del control, fue objeto de análisis tanto por parte del portavoz del Partido Popular, Mariano Rajoy, como por parte del portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares.

El líder de la oposición, en una intervención moderada, recordó a Zapatero que él también mantiene sus principios, «que son los que establece el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo».

Pero, además, Mariano Rajoy lanzó un reto directo al jefe del Ejecutivo. «Está muy bien hablar de firmeza y decir palabras, pero hay que pasar a la acción. Por tanto, no basta con condenar la kale borroka, sino hacer todo lo posible para que no se produzca, y garantizar a esta Cámara que no se legalizará a Batasuna mientras que ETA no anuncie su voluntad de disolverse».

Rodríguez Zapatero recogió el guante lanzado por el líder de la oposición para repetir un mensaje que no es nuevo, pero que vuelve a constar en el diario de sesiones de cara a lo que pueda ocurrir en un futuro próximo.

«Toda fuerza política o todo grupo político que quiera concurrir, participar o favorecerse de las reglas del Estado de Derecho, tendrá que respetar lo que hemos aprobado en esta Cámara, que es la Ley de Partidos, como he dicho una y otra vez», afirmó.

Más molesto se mostró Zapatero en cuanto a las críticas de Mariano Rajoy sobre los últimos acontecimientos de la lucha callejera en el País Vasco.

Entre gritos y reproches de la bancada del Partido Popular, Zapatero arremetió directamente contra el secretario general de este partido y ex ministro del Interior, Angel Acebes.

Apoyo de IU

«El otro día, el secretario general de su partido hablaba de que los actos de kale borroka son fruto de la debilidad del Gobierno y del Estado, y ésta es una afirmación insostenible, porque nos llevaría a preguntarnos qué debilidad o qué firmeza había cuando hemos tenido tantos años de kale borroka y tantos años de violencia mucho más graves de la acción del terrorismo», afirmó el presidente del Gobierno.

También Gaspar Llamazares aprovechó que «el Manzanares pasa por Madrid, aunque esté anegado por la M-30» -en referencia a que su pregunta, al igual que la de Rajoy, no iba sobre este asunto y, además, estaba dirigida a la vicepresidenta primera del Gobierno- para dar un respaldo inequívoco al Ejecutivo en el llamado proceso de paz.

«Quiero expresar», dijo el líder de IU, «la confianza de mi Grupo en que el proceso de paz avance y manifestar que mi Grupo Parlamentario no se alegra de las dificultades del proceso de paz».

Esta última frase provocó cierto enfado en las filas populares y fue recogida con aplausos en las filas socialistas, pese a que el mensaje del dirigente de Izquierda Unida significaba admitir que el proceso no marcha por buen camino.


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'Goebbels con tetas'

 

28-09-06


LA GRADA DE LOS LEONES

'Goebbels con tetas'


Por RAUL DEL POZO

Cuentan que el látigo fue el primer objeto que rompió la barrera del sonido. Ayer, una vez más, el látigo restalló y crujió en el Congreso de los Diputados, cuando Sus Señorías se lanzaban azotes sobre terrorismo y emigración. «Mis expectativas para el fin de la violencia se mueven en los mismos parámetros que el día que ETA declaró el alto el fuego». Lo dijo ayer en la sesión de control José Luis Rodríguez Zapatero, que, según uno de sus hombres de confianza, «es el que tiene más información, toda la información y es el único».

El Grupo Socialista eligió como sparring a Paulino Rivero, de Coalición Canaria, para que le preguntara al presidente si se van a cambiar los planes del Gobierno después de las últimas fanfarronadas y la opereta bufa de Oyarzun. Zapatero lo tiene claro y no se saldrá del pentagrama de legalidad, Estado de Derecho, diálogo, negociación sólo cuando tenga claro el principio del fin y no atenerse a las kermeses heroicas, sino a los comunicados. Podría cantarse a Zapatero lo mismo que a los ministros bizcos, masones y volterianos: «Yo, el gran Zapatero Primero, rijo la España a mi gusto y mando en Juan Carlos Primero. Nada consulto ni informo y a capricho hago y reformo».
(.../...)

Pero el caso es que, pese a su despotismo blando y sonriente, se han acabado los tiros sin dar nada por ahora. Mariano Rajoy pidió garantías al presidente del Gobierno de que no se legalizará Batasuna hasta que no se haya desarmado ETA. Zapatero lo oía como el que oye caer pañí. Estaba provocando que la derecha sacara el látigo de domar tigres. Angel Acebes, dirigiéndose a la vicepresidenta del Gobierno, informó de que «más de los 7.500 que usted oculta van a llegar a la Península en los próximos días y van a ser puestos en la calle. Sí señora, en la calle, sin papeles, sin dinero, sin control. Su efecto llamada ha provocado que entren 690.000 ilegales y no han devuelto más que 12.000».

Los dos asuntos esenciales de la legislatura, terrorismo e inmigración, provocan la aparición de látigos con cascabel. Rajoy, Acebes y Zaplana dijeron que el Gobierno permite que los terroristas hagan exhibición de fuerza con tiros al aire, ante 2.000 personas. «El desconcierto es insuperable. No se puede ser más incompetente y dañar más a España», resumió Rajoy.

En Estados Unidos ha surgido un nuevo látigo contra la izquierda demócrata, Ann Hart Coulter. La llaman Goebbels con tetas. Afirma que los republicanos engañan alguna vez a los votantes y los demócratas siempre. Según Ann Hart Coulte, los progres odian a todas las religiones excepto al islam. También la derecha norteamericana emplea el apocalipsis, la catástrofe, el miedo al caníbal o al islamista de patera. Los demócratas, que hacen la misma política, usan rimbombancias y metáforas maniqueas.

El látigo de la metrópoli se copia en las colonias. Hoy vivimos en el Parlamento el siglo de oro de la hipérbole política con sus secuelas de aspavientos y estruendo; un retablo de farfolla y camelancia que traspasa los límites de lo verdadero o razonable.

Contra la exageración y la demagogia política no queda sino la sátira. A la sátira se le atribuían poderes mágicos: aparecían ronchas en la cara de las personas aludidas por los pasquines y epigramas. Menos mal que los políticos no se toman a pecho estas fiestas de panteras. Después del diluvio, el presidente del Gobierno me preguntó si sé jugar al mus. Y le contesté que sólo al tute perrero.


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La CEP ve «lógico» que la Audiencia ordene una investigación

 

28-09-06



La CEP ve «lógico» que la Audiencia ordene una investigación


MADRID.- La Confederación Española de Policía (CEP) aseguró ayer que ve «lógico» que la Audiencia Nacional haya decidido investigar si se manipuló el informe del 11-M sobre el ácido bórico, que en una primera redacción apuntaba posibles relaciones de ETA con los atentados de Madrid.

Ignacio López, secretario general de la CEP, manifestó a Servimedia que le parecía coherente la decisión tomada por la Sala de lo Penal de la Audiencia, que acordó remitir a los juzgados ordinarios una denuncia de la Asociación de Ayuda al 11-M contra mandos policiales por una supuesta manipulación del informe del ácido bórico.

El representante de la CEP señaló que considera normal la decisión de la Audiencia, puesto que los indicios de posible manipulación del informe son «evidentes».

Este portavoz policial añadió que también entiende lógico que esta cuestión sea investigada por los juzgados ordinarios, ya que es en este ámbito donde debe investigarse el supuesto delito de falsedad.

El Ministerio del Interior decidió iniciar una investigación interna, ordenada por el comisario Santano, con la intención de abrir un expediente a los peritos que elaboraron el primer informe.


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Rubalcaba dice que el PP sólo quiere «justificar sus mentiras»

 

28-09-06



Rubalcaba dice que el PP sólo quiere «justificar sus mentiras»

El diputado Del Burgo le pidió, sin éxito, que dijera por qué se borró de un informe la referencia a la posible relación ETA-islamistas

AGUSTIN YANEL / FERNANDO LAZARO

MADRID.- Por enésima vez, el PP se interesó ayer en el Congreso por las posibles relaciones de ETA con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Y, por enésima vez, el Gobierno aseguró que no se ha encontrado el más mínimo indicio de que pueda existir esa conexión.

El diputado popular Jaime Ignacio del Burgo recordó que, hace dos años, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que no existía ninguna conexión entre los etarras y los islamistas. Pero también recordó que -según desveló la semana pasada EL MUNDO- tres expertos se refirieron en un informe a esa posible relación y ese dato fue borrado en el documento que el Ministerio del Interior envió al juez.
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El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue muy escueto en su respuesta: la Comisaría General de Información ha dicho que «no existe ningún informe que vincule los atentados del 11 de Marzo en Madrid con la organización terrorista ETA», contestó a Del Burgo en la sesión de control al Gobierno del Congreso.

El diputado insistió y recordó al ministro que, ayer mismo, la Audiencia Nacional inició un proceso judicial por un supuesto delito de falsificación. «Eso es lo que tiene usted que explicar», le dijo, entre aplausos de sus compañeros del PP.

El ministro leyó otro párrafo de un informe de la Comisaría General de Información, en el que se indica que «no existe ningún elemento objetivo que vincule a la organización terrorista [en referencia a ETA] con los atentados del 11-M».

Pérez Rubalcaba no se quedó ahí, sino que afirmó que el PP «está empeñado desde el día 11 en mantener la falsedad de que ETA está vinculada al 11-M».

Con esa actitud, según el ministro, el PP pone en duda lo que han dicho los demás grupos del Congreso, las Fuerzas de Seguridad del Estado, los servicios de Inteligencia españoles y extranjeros, el juez, el fiscal, la Audiencia Nacional e incluso Estados Unidos.

«Yo sé que a usted esto le da igual», añadió el ministro. «¿Sabe por qué? Porque usted no está buscando la verdad, está tratando de justificar sus mentiras entre el 11 y el 14 de marzo».

Unos minutos antes, en la misma sesión, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, preguntó a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sobre unas declaraciones de Rodríguez Zapatero. Pero aprovechó su intervención para decir que, en su trabajo como oposición, van a seguir, «solos o acompañados, procurando que se sepa la verdad siempre, porque eso no es mirar atrás, sino dejar al descubierto a los que ahora se conjuran para esconderla».

Más dinero para Interior

Por la mañana, antes de comparecer en el Congreso, Pérez Rubalcaba convocó ayer para explicar los Presupuestos de su Ministerio en el año próximo. A eso se ciñó y se negó a contestar cualquier pregunta que no tuviera relación con ese asunto.

Pérez Rubalcaba no quiso contestar a ninguna pregunta sobre temas de actualidad: ni los últimos episodios de violencia callejera en el País Vasco, ni el llamado proceso de paz, ni la alteración de informes sobre el 11-M que ha desvelado este periódico...

Tampoco quiso aclarar si, tal y como anunció hace unos días, ha recibido los informes que pidió a la Abogacía del Estado para estudiar la posibilidad de emprender acciones legales contra EL MUNDO.

Se limitó a facilitar datos sobre los Presupuestos de ese Ministerio, que se incrementan en más del 14% respecto a este año. Destacó que entre 2006 y 2007 las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil podrán aumentar en más de 20.000 agentes.



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27.9.06

 

Cadena de falsificaciones policiales para que nada conectara 11-M y ETA

 

27-09-06



11-M LA INVESTIGACION / Para tapar la alteración del informe de los peritos en el que se hacía una mención directa a la banda terrorista, los mandos policiales llevaron a cabo, al menos, otras dos manipulaciones

Cadena de falsificaciones policiales para que nada conectara 11-M y ETA

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LAS PRUEBAS DE LA FALSIFICACION.

El documento de la parte superior muestra el sobre con la petición al laboratorio de la Policía Científica. Dicho sobre fue rellenado personalmente por el jefe de Sección Francisco Ramírez. Los documentos de la parte inferior muestran el informe auténtico y el falso. En el primero se solicita el «estudio, análisis e informe pericial», mientras que en el segundo sólo se pide el «análisis de muestras».

Además del documento sobre el ácido bórico y del libro de salidas, los mandos de la Policía Científica también fabricaron una nueva petición ficticia de análisis El jefe de Sección, Francisco Ramírez, se 'encargó' a sí mismo el informe que ya habían realizado los tres peritos

CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

MADRID.- Mandos policiales de la Comisaría General de Información, de la que depende la Comisaría General de Policía Científica, permitieron una cadena de falsificaciones en documentos oficiales con el objetivo de ocultar al juez Del Olmo posibles vínculos entre ETA y el atentado del 11 de Marzo en Madrid.

El mensaje del Gobierno, repetido por activa y por pasiva tanto por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como por el anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, de que ETA no tuvo nada que ver con la masacre de Madrid fue inmediatamente asimilado por los responsables de la investigación del atentado. Éstos, aunque teóricamente actuaban bajo la batuta del juez, tienen en sus manos la capacidad de aportación de pruebas y de practicar las diligencias que, posteriormente, Del Olmo emplea para motivar sus autos.
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El valor que tiene la falsificación llevada a cabo para impedir que llegara al juez el informe pericial sobre las sustancias encontradas en el domicilio de Hasan Haski, pone de relieve esa forma de actuar. Nada, absolutamente nada, aunque sólo fuera el análisis de un elemento que no es frecuente en la composición de los explosivos podía llevar a vincular el 11-M con ETA.

Sin embargo, para llevar a cabo el cambiazo del informe auténtico por otro distinto, hubo que poner en marcha una auténtica cadena de falsedades.

Cuando el día 21 de marzo de 2005 los tres peritos concluyeron su informe sobre el ácido bórico, incluyendo en el apartado de «Observaciones» que anteriormente había sido encontrada esa misma sustancia en un piso franco de ETA en Salamanca, Francisco Ramírez, jefe de Sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, llamó a uno de los facultativos que hicieron dicho informe y le dijo que se había extralimitado en sus indicaciones. Éste, por su parte, le advirtió que había sido la propia UCIE (Unidad Central de Información Exterior) quien había solicitado, además del análisis de la sustancia, su estudio y un informe pericial.

Esa petición era lógica, ya que la Comisaría General de Información (de la que depende tanto la UCIE como la Policía Científica) buscaba imputar a Haski un delito de terrorismo y la forma de poder apoyar su acusación era precisamente vincular la sustancia encontrada en su vivienda a un delito de esa naturaleza. Por esa razón, los peritos no hicieron mención en su informe a los muy diversos usos del ácido bórico, sino sólo a aquellos que tenían que ver con actos de terrorismo.

Cambiazo

Así las cosas, Ramírez no tuvo más remedio que informar a sus superiores de la cuestión: había un informe pericial que, aunque sólo de fuera de forma circunstancial, ligaba a ETA con el 11-M.

Y Ramírez se prestó a llevar a cabo el cambiazo y a firmar con su nombre un informe que él nunca hizo.

Pero, para que la operación no dejara rastro, había que eliminar en los documentos oficiales previos toda huella de que el informe pericial había sido solicitado a, y realizado por los tres peritos que rubricaron en efecto el informe 48-Q3-05. Y, a la vez, sustituirlos por el nombre de Ramírez.

Por tanto, tras borrar todo tipo de alusión a ETA en el informe sobre el ácido bórico encontrado en casa de Haski, el segundo paso fue eliminar la referencia al anterior informe en el que se conoce como Libro de Custodia de Muestras de la Unidad de Análisis de la Policía Científica.

En dicho libro (cuyas páginas van encabezadas con la leyenda Libro de Registro de Salida) fue donde se utilizó el sofisticado método del típex. En la segunda columna de la página 160, bajo el epígrafe «CONCEPTO», tiene que hacerse constar el tipo de sustancia («tóxico», en este caso) junto al nombre del perito facultativo que será el primer responsable de la peritación. En el Libro de Registro de Salida, alineado con el número de referencia del informe «48/Q3» figuraba, antes de la manipulación, el nombre del perito número 9. Debajo de él, se refleja la fecha en la que se recepcionó la muestra en el laboratorio (18-3-05) y, justo debajo, la firma de la persona que físicamente recoge las muestras (en este caso un químico que también formó parte del equipo de peritos del informe auténtico, que firma como Pedro). En la columna inmediatamente a la derecha figura la fecha de realización del informe (21-3-05) y, en la última, la fecha de remisión a la Unidad que, a su vez, lo tiene que enviar al juez.

Como puede verse en la copia del Libro de Registro de Salida que reproduce hoy EL MUNDO en su portada, el nombre del perito número 9, tras ser borrado con típex, fue sustituido, justo en la parte superior, por el nombre de Ramírez. En la columna de la derecha se ha hecho desaparecer el día de realización del informe (21-3-05) y se ha sustituido por una anotación ( «Ver hoja»).

Pero ahí no terminó la cadena de falsificaciones.

Como se recordará, en el informe falso, en lugar de hacerse constar que se solicitaba el «Estudio, análisis e Informe Pericial», solamente se incluyó la petición de «Análisis», para lo cual hubo de llevarse a cabo una nueva fechoría.

El sobre de petición de la UCIE al Servicio Central de Análisis Científico de la Policía Científica también se falsificó. Y fue el propio Ramírez quien, con su puño y letra, rellenó la información que figura en su anverso.

Así, en el apartado «Estudio asignado al..», en lugar de figurar el nombre del perito número 9, Francisco Ramírez hizo constar su propio nombre: «Ramírez».

¿Puede haberse llevado a cabo tal cadena de falsificaciones sin que tuviera conocimiento de ello la cadena de mando policial? Al menos, en la Policía Científica, su comisario general, Miguel Angel Santano, ya ha asumido la responsabilidad de lo sucedido en una nota de prensa que hizo pública la semana pasada el Ministerio del Interior.

Lo que queda por aclarar es si, al estar involucrada también la UCIE (hay que señalar que en el propio sobre de petición del informe pericial figura como solicitante la Comisaría General de Información), el anterior comisario general, Telesforo Rubio, también estuvo al tanto de esa cadena de falsificaciones.


LAS PRUEBAS DE LA FALSIFICACION.

El documento de la parte superior muestra el sobre con la petición al laboratorio de la Policía Científica. Dicho sobre fue rellenado personalmente por el jefe de Sección Francisco Ramírez. Los documentos de la parte inferior muestran el informe auténtico y el falso. En el primero se solicita el «estudio, análisis e informe pericial», mientras que en el segundo sólo se pide el «análisis de muestras».


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NO ESTA DEMOSTRADO QUE FUERA GOMA 2 LO QUE ESTALLO EL 11-M

 

27-09-06



Editorial

NO ESTA DEMOSTRADO QUE FUERA GOMA 2 LO QUE ESTALLO EL 11-M


El desmesurado despliegue con el que los dos diarios gubernamentales destacaban ayer las insustanciales conclusiones sobre los explosivos del auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional demuestra hasta qué punto son frágiles los argumentos que sustentan la versión oficial del 11-M. Apenas les ha importado a uno y a otro que el documento critique con dureza al juez y deje su instrucción a los pies de los caballos con tal de subrayar el fragmento más llamativo del documento: aquél donde se considera «perfectamente acreditado» que fue Goma 2 Eco lo que estalló en los trenes.

La realidad, sin embargo, es que no hay ninguna prueba definitiva que sustente esta afirmación. El auto no aporta ni un solo dato, ni un solo informe nuevo que avale la rotundidad de esta tesis. Los magistrados se limitan a remitirse al auto de procesamiento del juez Del Olmo pese a que ellos mismos lo consideran «desmesurado», «extralimitado» y que «no se corresponde con un resumen fundado de los hechos».

Es un sarcasmo que quienes critican la excesiva prolijidad del auto del juez Del Olmo pequen en el suyo de todo lo contrario, sacándose de la chistera una conclusión para la que no tienen una sola premisa. Conviene recordar que nada acredita que fuera Goma 2 Eco lo que explotó en los trenes. Había en la mochila de Vallecas, en el atentado fallido contra el AVE, en las casas de Morata y Leganés y en la furgoneta Kangoo -ésta sospechosamente contaminada con metenamina-, pero ningún informe policial sustenta lo que proclama con rotundidad el auto del lunes pasado. Tampoco el Gobierno ha aclarado por qué el comisario Sánchez Manzano declaró en el Congreso que se había detectado en los trenes nitroglicerina, que no es un componente de la Goma 2 Eco sino del Titadyn.

Además, Sánchez Manzano y la química de los Tedax declararon este mes de julio ante el juez Del Olmo que es imposible determinar qué estalló en los trenes porque no quedaron restos suficientes para analizar. Esta tesis resulta completamente inverosímil -los expertos dicen que basta una millonésima de gramo para determinar la composición de una sustancia-, pero lo es más el hecho de que no aparezca por ningún lado el informe realizado durante la mañana del 11-M a partir de los restos recogidos por los Tedax.

A la luz de este cúmulo de contradicciones, aceptar que fue Goma 2 Eco y no ningún otro explosivo lo que estalló en los vagones del 11-M es poco menos que un acto de fe. La fragilidad de la afirmación de la Sección Cuarta es especialmente grave si tenemos en cuenta que es una instancia de apelación y que su función dentro del proceso penal es revisar con rigor las bases sobre las que se asienta la instrucción.

De todas formas, es comprensible que la Sección Cuarta haya extraído una certeza de donde no la hay, porque de lo contrario probablemente no podría celebrarse la vista oral y todo el sumario se hubiera derrumbado como un castillo de naipes. En los próximos días, la misma sala tendrá que decidir sobre el recurso que ha presentado el abogado de una decena de víctimas pidiendo nuevas diligencias sobre los explosivos. Veremos entonces si puede aportar un argumento que sustente su certeza.


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