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2.9.06

 

Fernández de la Vega: «Nadie está más interesado que el Gobierno en que se esclarezca el 11-M»

 

02-09-06



11-M LA INVESTIGACION / La vicepresidenta primera asegura que apoya y respeta la investigación judicial y se niega a aclarar los detalles por estar en manos de la Audiencia Nacional / Dice que el Ejecutivo siempre ha colaborado

Fernández de la Vega: «Nadie está más interesado que el Gobierno en que se esclarezca el 11-M»

FERNANDO GAREA

MADRID.- La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, expresó ayer el propósito del Gobierno por esclarecer los atentados terroristas del 11-M.

«Nadie está más interesado que el Gobierno en que se esclarezca la verdad», aseguró la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

María Teresa Fernández de la Vega fue preguntada por el informe de la Policía publicado ayer en EL MUNDO que asegura que la conocida como mochila de Vallecas, una de las pruebas del sumario, «pudo ser manipulada por personas no identificadas en Ifema».
(.../...)

Después de ese informe de 2005, la Dirección General de la Policía hizo pública el día 13 de marzo de 2006 una nota en la que negaba cualquier tipo de manipulación en esa prueba judicial y aseguraba que en todo momento había estado bajo custodia policial.

Dicha nota de la Policía afirmaba: «Todos los efectos recogidos en los distintos trenes que fueron objeto de atentados terroristas del 11-M y, por supuesto, aquellos a los que hace específica referencia el medio de comunicación [en referencia a EL MUNDO], han estado siempre bajo custodia policial. Bajo ningún concepto, han podido ser objeto de ningún tipo de manipulación».

En su respuesta, la número dos del Gobierno no quiso entrar ayer en los detalles de dicha investigación y las supuestas contradicciones.

Se limitó a asegurar que no opina sobre las investigaciones judiciales, para concluir que «en los temas que se investigan por la Justicia, apoyaremos a la Justicia en todo lo que nos pida, pero quien tiene que tomar las decisiones es el poder judicial».

Ayudar a los jueces

«Cuando una investigación cualquiera está abierta nuestra posición política, institucional y de responsabilidad es la de dejar trabajar a los jueces, hacer que todos dejen trabajar a los jueces y ayudar para que los jueces puedan trabajar lo mejor posible», explicó.

La vicepresidenta expresó el «máximo apoyo y respeto» a la investigación judicial del 11-M y aseguró que «desde el primer día la posición del Gobierno sobre todo lo que tiene que ver con estos trágicos atentados es la de toda la colaboración y transparencia».

Fernández de la Vega añadió que el Ejecutivo ha facilitado a la Audiencia Nacional y al Parlamento «toda la información para el esclarecimiento de los hechos».

«El Gobierno está interesado en que se esclarezca la verdad, por eso hemos colaborado con toda diligencia, en tiempo récord y hemos atendido cientos de peticiones del Parlamento y de los jueces. Hemos cumplido todos los requerimientos que se nos han hecho», dijo.

La vicepresidenta primera alabó expresamente el trabajo de la Policía y la Guardia Civil en la investigación de los atentados del 11-M. Según dijo, «el Gobierno ha prestado toda su atención a las víctimas y las Fuerzas de Seguridad del Estado han hecho todo el esfuerzo y lo van a seguir haciendo en la colaboración con el poder judicial».

María Teresa Fernández de la Vega aprovechó la pregunta para asegurar que el actual Gobierno ha incrementado el número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado «para que no se vuelvan a producir atentados de esta naturaleza».


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Eduardo Zaplana: «Es hora ya de que Rubalcaba dé la cara en el Congreso»

 

02-09-06


11-M LA INVESTIGACION

Eduardo Zaplana: «Es hora ya de que Rubalcaba dé la cara en el Congreso»


CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- «Es hora ya de que, sin ningún tipo de excusa, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca en el Congreso de los Diputados». Así reaccionaba ayer el portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Eduardo Zaplana, tras conocer el informe policial según el cual la mochila del 11-M pudo ser «manipulada en el Ifema».

Zaplana anunció su petición de comparecencia «urgente» de Rubalcaba, al que conminó a «dejar de esconderse detrás de una versión oficial del atentado que se desmonta día a día», y al que devolvió personalmente su acusación del 13-M: «España no se merece un Gobierno que mienta». «Esperamos», dijo, «que esta vez no cometan el descaro de no comparecer».
(.../...)

Antes que el portavoz, la secretaria ejecutiva del PP Ana Pastor, valoró como «muy relevante» y «gravísimo» el informe revelado ayer por EL MUNDO y adelantó desde la sede del partido que «vamos a pedir explicaciones en el Parlamento». «Se trata», dijo en relación con el informe de la UCIE, «de un dato que revela que hay muchas cosas nuevas por investigar desde todos los ámbitos judicial, policial y parlamentario».

Según subrayó el portavoz en el Congreso en declaraciones a este diario, «los socialistas habrían puesto el grito en el cielo y habrían vuelto a salir a la calle pidiendo saber la verdad» de haber conocido en la oposición un dato como éste.

«El informe policial que hoy hemos conocido», dijo, «pone punto final a todas aquellas versiones que quieren echar un cerrojazo sobre la investigación del atentado, que verifica que una de las principales pruebas de la investigación pudo ser manipulada, y que echa por tierra la versión oficial que se nos ha querido dar del atentado».

Por su parte, el diputado popular Vicente Martínez Pujalte extraía ayer sus propias conclusiones. Tras leer la información de EL MUNDO y corroborar la necesidad de renovar la petición de comparecencias y de sumar este último informe a la relación de documentos ya solicitados por su Grupo, el antiguo representante del PP en la extinta Comisión de Investigación del 11-M denunció como «evidente» que «los altos mandos policiales mintieron a conciencia» al Parlamento. Pujalte recordaba ayer que el jefe superior de la Policía de Madrid, Miguel Angel Fernández Rancaño, aseguró en dicha Comisión que la mochila nunca estuvo en el Ifema, «cuando ahora resulta que se pudo manipular allí». Además, señaló que los mandos «declararon que al menos tres explosiones se produjeron dentro de las papeleras de los trenes, cuando la mochila en cuestión no cabía en ellas».

Además, el diputado subrayó que las «falsedades» de los policías se produjeron «después de las reuniones del comisario general de Información, Telesforo Rubio, en la sede socialista de la calle Gobelas», de Madrid, donde «se fabricó la versión oficial».

Pujalte, quien denunció que «el PSOE cerró la comisión aprisa y corriendo en previsión de estos datos contradictorios», consideró «urgente» una «auditoría de la investigación de la Policía» y «capital» conocer «la verdad sobre los explosivos y sobre las conexiones entre la banda de El Chino con grupos etarras». A su juicio, el informe de la UCIE es la «prueba irrefutable» de que «la prueba de la mochila no servía para nada».



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Justicia considera «aceptable» el acuerdo para los abogados de oficio

 

02-09-06



Justicia considera «aceptable» el acuerdo para los abogados de oficio

MANUEL MARRACO

MADRID.- El Ministerio de Justicia considera que el acuerdo al que ha llegado para aumentar la retribución de los abogados de oficio del 11-M es «aceptable» y que se ha alcanzado «por la vía adecuada», según indicó ayer el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra.

El Ministerio anunció el jueves que había llegado a un acuerdo con el Colegio de Abogados de Madrid por el que triplicará la remuneración que, en circunstancias normales, recibirían los letrados, hasta un máximo de 20.000 euros por todo el procedimiento. Poco después del anuncio, Eduardo García Peña, portavoz de los abogados, calificó la cifra de «absolutamente insuficiente» y denunció que Justicia había vetado la presencia de un representante del grupo de abogados durante las negociaciones.
(.../...)

Respecto a la primera de las quejas, López Guerra subraya que el Ministerio estaba convencido de que había que cubrir «el vacío legal» que había respecto a un caso tan «excepcional» como el 11-M, pero que se topaban con la limitación de que la remuneración de la asistencia jurídica gratuita está regulada «y no sometida a criterios de mercado».

En segundo lugar, respecto a la vía elegida para alcanzar el acuerdo, López Guerra insistió en que el interlocutor del Ministerio debía ser, necesariamente, el Colegio de Abogados, responsable de prestar el servicio de asistencia jurídica.

Fuera de mercado

Los letrados aseguran que sus exigencias no incluían una remuneración acorde con el mercado y explican que la cifra que habían barajado -en torno a 60.000 euros por todo el procedimiento- no se aproximaba siquiera a los precios de mercado que corresponderían a una causa tan compleja en la que se debe defender a un acusado por el 11-M.

El Ministerio de Justicia tampoco cree que, como sostienen los abogados, las circunstancias en las que deben realizar su labor comprometa el derecho a un juicio con todas las garantías, como mantienen las defensas de oficio.

Los abogados tienen previsto reunirse esta semana para tratar el convenio entre Justicia y el Colegio de Abogados y decidir los próximos pasos. Un total de 20 abogados de oficio continúan en el procedimiento del 11-M, representando a 21 de los 29 procesados por el juez Juan del Olmo (uno de ellos se ha hecho cargo de dos defensas).


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Vera dice que ha pagado «con creces» y que no es «un privilegiado»

 

02-09-06



Vera dice que ha pagado «con creces» y que no es «un privilegiado
»

El comunicado de sus abogados insiste en que el ex secretario de Estado tiene «derecho» al tercer grado


MADRID.- Los abogados de Rafael Vera emitieron ayer un comunicado en el que afirman que la concesión del tercer grado penitenciario al ex secretario de Estado para la Seguridad no constituye «trato privilegiado», sino un «derecho». Además, explican que su defendido «ha pagado con creces» la cuantía a cuya devolución está obligado tras la condena a siete años de prisión por malversación de fondos públicos que le impuso en 2002 la Audiencia Provincial de Madrid, ratificada por el Tribunal Supremo.

En el escrito, el bufete de abogados Cobo del Rosal recuerda que a Vera y a su familia «le han sido decomisados bienes inmuebles por valores muy superiores» a los cifrados jurisdiccionalmente, «en beneficio de las arcas públicas». La sentencia estableció que debía devolver 141 millones que se llevó para sí mismo y, de manera solidaria, otros 504 que entregó a algunos subordinados.
(.../...)

«Y todavía más», añade, «si se tiene en cuenta que no se computa, por tratarse de bienes inmuebles, la elevada plusvalía de los mismos, en favor, una vez más, del Estado, cosa que tendrá que ser discutida en los momentos correspondientes».

La Audiencia de Madrid ordenó en su sentencia el decomiso de dos fincas -una en Madrid y otra en Albacete-, al considerar probado que eran «efectos del delito», es decir, que habían sido compradas con dinero que Vera se llevó de los fondos reservados.

En este sentido, el comunicado reitera que el que fuera secretario de Estado de Seguridad en sucesivos gobiernos de Felipe González «ha pagado con creces más del doble de lo que se afirma jurisdiccionalmente», y denuncian que «sólo desde la ignorancia o la insidia» se puede decir «que tiene sin cubrir la responsabilidad económica».

Según informó este diario, la Fiscalía desconoce las circunstancias en las que se encuentra la ejecución de la condena -no les consta si ha cubierto esa responsabilidad-, por lo que actualmente está recabando los datos para decidir si recurre la concesión del tercer grado.

El escrito insiste en que a Vera no se le ha concedido «un trato privilegiado» porque, según explica, el derecho al tercer grado es un derecho y no un privilegio, y debe ser otorgado a todos los que reúnan los requisitos legalmente exigidos, como, añade, es el caso de Vera.

También afirma que «se trató de una condena sin la menor prueba de cargo, ni directa ni indirecta». Por último, hace hincapié en que la culpabilidad o inocencia de Vera se encuentra pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional.


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1.9.06

 

La Policía concluye que la mochila del 11-M 'pudo ser manipulada en el Ifema

 

01-09-06



LA PRUEBA CLAVE DEL SUMARIO DEFINITIVAMENTE EN ENTREDICHO

La Policía concluye que la mochila del 11-M 'pudo ser manipulada en el Ifema'

CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

MADRID.- La mochila de Vallecas, que contenía la bomba que fue desactivada por los Tedax en la madrugada del 12 de marzo de 2004, «pudo ser manipulada por personas no identificadas en el Ifema».

Esa es una de las conclusiones que recoge el amplio informe conjunto elaborado por la UCIE (Unidad Central de Información Exterior, especializada en terrorismo islámico) y la UCI (Unidad Central de Inteligencia de la Policía) a instancias del juez Juan del Olmo y que fue concluido el 10 de agosto de 2005.
(.../...)

Dicho macroinforme fue solicitado por el magistrado a modo de resumen de los hechos relacionados con el atentado del 11-M. En él, las dos unidades de élite dependientes de la Comisaría General de Información aportan los resultados de sus últimas investigaciones, algunas de ellas inéditas hasta ahora, y que figuran en la parte final del sumario.

En la citada mochila (en realidad una bolsa de deporte de loneta de color azul marino), la Policía encontró vestigios de ADN de un varón, al que le asignó la denominación de Perfil 11, que aún no ha podido ser identificado.

Es decir, que en la parte exterior de la mochila (concretamente, en uno de los protectores) se han hallado rastros de un hombre que no es ninguno de los imputados por el juez como autores o colaboradores de la masacre.

Curiosamente, ese ADN no coincide con otros ADN sin identificar que se localizaron en la casa de Morata, el piso de Leganés o en los coches utilizados por los terroristas.

En la página 48 del citado informe se afirma: «En el protector de la mochila hallada en la estación de El Pozo, posteriormente desactivada, se encuentran vestigios de ADN, de un individuo, considerado hasta la fecha como ANONIMO varón. Tiene asignada la denominación PERFIL 11. Teniendo en cuenta las peripecias que siguió la referida mochila, así como el lugar donde fue extraído dicho vestigio, no puede afirmarse que el mismo pueda corresponder a uno de los terroristas, ya sea el que la portó y abandonó en el tren como el que la manipulara previamente, pero tampoco puede descartarse».

Esa ambigüedad, en cuanto a la identidad a la que corresponde el rastro localizado en la prueba clave del sumario, se ve corroborada en las conclusiones del informe, en su apartado número 27 (página 102), pero, además, añadiendo un dato inquietante. Según el documento conjunto de la UCIE y la UCI: «Existe un vestigio físico sobre la parte externa de la mochila-bomba desactivada por el Tedax, registrado como PERFIL 11, que por las peripecias sufridas por dicha mochila y porque pudo ser manipulada por personas no identificadas en Ifema, consideramos que no necesariamente pertenece a un terrorista. Dado que este perfil no aparece en ningún escenario, lo probable es que no pertenezca a ninguna persona relacionada con la autoría de los atentados».

Es decir, según esa tesis, como aún no ha podido identificarse el ADN aparecido en la mochila-bomba de Vallecas se da por hecho que pudo ser manipulada por algún desconocido en el recinto ferial de Madrid (Ifema).

Pero, en lugar de dejar abierta la posibilidad de que un terrorista no identificado pudiera haber estado en contacto con dicha mochila, el informe se decanta hacia la hipótesis de que lo «probable es que no pertenezca a ninguna persona relacionada con la autoría de los atentados».

CONTRADICCION

Sin embargo, la versión del informe conjunto contradice de forma rotunda el relato de los hechos que ha mantenido públicamente la Dirección General de la Policía.

Recapitulemos. El pasado 6 de marzo, EL MUNDO dio a conocer que el inspector jefe de Policía Miguel Angel Alvarez había denunciado -en un escrito remitido el día 25 de octubre de 2004- al director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, que los objetos recogidos en la estación de El Pozo no habían sido inventariados en el lugar de los hechos y, además, que podía haberse roto la cadena de custodia al ser llevados a Ifema en contra de la decisión de la titular del Juzgado número 49 de Madrid, Josefa Bustos, quien ordenó que se trasladasen directamente a la Comisaría de Villa de Vallecas.

La publicación por EL MUNDO de la nota remitida por Alvarez fue lo que provocó que el juez de la Audiencia Nacional tomase declaración a dicho inspector jefe el pasado 9 de marzo. Para consternación del propio magistrado, Alvarez no sólo ratificó lo dicho en su nota, sino que no reconoció la mochila que le fue mostrada como la que él pensaba que podía haber sido la que contenía la bomba.

Recordemos que, en un incidente sonrojante para el propio magistrado, aquella mochila no era la auténtica, sino una similar que había sido comprada por los Tedax para realizar pruebas. La real, es decir, la que apareció en la Comisaría de Puente de Vallecas, la tenía el comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano.

Tanto la bolsa mostrada por el juez al inspector jefe Alvarez como la auténtica eran prácticamente iguales, por lo que Del Olmo no se molestó en volvérsela a enseñar.

Después de la declaración de Alvarez, Del Olmo citó a los seis agentes que se habían encargado del traslado de los enseres que fueron recogidos tras la explosión de dos bombas en el tren de Cercanías de El Pozo y que causaron la muerte a 67 personas.

Sus manifestaciones fueron, más o menos, coincidentes. Una vez introducidos los objetos en 17 bolsones de plástico y convenientemente cerrados, se llevaron al Pabellón 6 de Ifema en dos furgones policiales. Una vez allí, dichos bolsones se descargaron y se situaron tras una cinta policial y, teóricamente, vigilados por agentes de la UIP y de la Policía Científica.

Posteriormente, los bolsones de plástico, que, según lo declarado, en ningún momento se abrieron, fueron llevados a la Comisaría de Puente de Vallecas, donde se introdujeron en una habitación que se cerró con llave hasta que se produjo su inventario. Fue durante el curso del mismo cuando se localizó la bolsa que contenía la bomba que fue desactivada en la madrugada del día 12 por los Tedax en el Parque Azorín del barrio de Vallecas.

Para contrarrestar el impacto que tuvo el hecho de que el responsable de la custodia de los objetos hallados en la estación de El Pozo no sólo no reconociera la bolsa que apareció en la Comisaría de Puente de Vallecas conteniendo el explosivo, sino que pusiera en duda que la misma formara parte de las pertenencias localizadas tras la explosión en dicha estación, el Ministerio del Interior llevó a cabo toda una ofensiva político-mediática para tratar de despejar cualquier interrogante al respecto.

Cuatro días después de la declaración de Alvarez ante Del Olmo (es decir, el día 13 de marzo de 2006), la Dirección General de la Policía hizo pública una nota en la que afirmaba: «Todos los efectos recogidos en los distintos trenes que fueron objeto de atentados terroristas del 11-M y, por supuesto, aquellos a los que hace específica referencia el medio de comunicación [alude, sin citarlo, a EL MUNDO], han estado siempre bajo custodia policial. Bajo ningún concepto, han podido ser objeto de ningún tipo de manipulación».

Para reforzar la idea de que, en efecto, nunca se rompió la cadena de custodia de la mochila de Vallecas, y que dicha mochila salió efectivamente de la estación de El Pozo, el diario El País publicó en su edición del 21 de marzo de 2006 un extenso artículo titulado: Los jefes policiales encargados del 11-M afirman que la bolsa siempre estuvo bajo control. El antetítulo de dicha información pretendía añadir contundencia y veracidad a la misma: Relato de los cinco responsables de la investigación de los atentados de Madrid. Según la versión de uno de esos «jefes policiales» (a los que no se cita por su nombre): «En el Ifema [la mochila de Vallecas] estaba bajo control policial y, para pasar a la zona a donde se encontraba, había que acreditarse».

LA MISMA PALABRA

La Dirección General de la Policía (por no hablar de nuestro colega) debía haber sido más prudente, ya que el informe resumen de los hechos realizado por la UCIE y la UCI, entregado al juez Del Olmo y que forma parte esencial del sumario, afirma, como ya se ha dicho, que la mochila de Vallecas «pudo ser manipulada por personas no identificadas en el Ifema».

Curiosamente, tanto el informe conjunto (UCIE-UCI) como la nota de la Dirección General de la Policía utilizan el mismo verbo: «manipular». Pero mientras que para los expertos de la UCIE y de la UCI, la mochila pudo ser «manipulada» por alguien «no identificado» (es decir, ajeno no sólo a los imputados, sino también a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), para la Dirección General de la Policía, «bajo ningún concepto, han podido ser objeto de ningún tipo de manipulación».

Resulta evidente que la Dirección General de la Policía, con tal de poner en cuestión los hechos relatados por el inspector jefe Alvarez, no tuvo inconveniente en decir justo lo contrario de lo que afirman en un documento oficial remitido al juez sus propios expertos.

El asunto no pasaría de ser una de las muchas meteduras de pata de la actual cúpula policial en relación al 11-M si no fuera por la trascendencia de la prueba, cuya validez ponen en juego las propias contradicciones de la Policía.

Recordemos que, en la citada mochila, no sólo había 10,125 kilos de Goma 2 ECO (por cierto, la única prueba relacionada directamente con el atentado en la que aparece este tipo de explosivo), sino el teléfono móvil que incorporaba la tarjeta de Amena que llevó a la Policía a la tienda de Alcorcón de los ciudadanos indios Vonay Kholy y Suresh Kumar el día 12 de marzo por la tarde. Y, más importante aún, a la detención de Jamal Zougam (propietario del locutorio de Lavapiés) a primera hora de la tarde del día 13, en vísperas de las elecciones generales.

Esa valiosa tarjeta también llevó a descubrir la llamada trama asturiana de la dinamita. Es decir, que gracias a la desactivación de la bomba contenida en la mochila de Vallecas se pudo detener en pocos días a la mayoría de los hoy imputados como autores o colaboradores de la matanza del 11-M.

Pero volvamos al macroinforme de la UCIE y la UCI que representa, por así decirlo, el relato policial más completo de los hechos incorporado al sumario por los atentados del 11-M.

Según la investigación policial, la posible manipulación se produjo en Ifema. Es decir, no en los trenes o durante la recogida de objetos en la estación de El Pozo, sino en el Pabellón desde donde partieron hacia la Comisaría de Puente de Vallecas.

¿Por qué en Ifema? Si los objetos estaban metidos en 17 bolsones de plástico que estuvieron en todo momento completamente cerrados; si dichos bolsones estuvieron siempre bajo custodia policial; si, como afirmaron los seis policías ante el juez, nunca llegaron a abrirse antes de llegar a la Comisaría de Puente de Vallecas, ¿cómo se pudo manipular en Ifema la mochila bomba de Vallecas? A esa pregunta no responde el informe.

A día de hoy, la famosa mochila, la prueba capital del 11-M, sigue siendo un misterio.

Primero, porque no fue localizada ni por los Tedax, ni por los bomberos, ni por los policías, ni por los empleados del Selur que estuvieron en contacto con los objetos en el lugar donde se produjeron las explosiones y antes de ser enviados al Ifema. Hay que tener en cuenta que en la propia estación de El Pozo el policía municipal Jacobo Barrero encontró una mochila bomba que fue explosionada por los Tedax a las 8.30 de la mañana. Es decir, que las fuerzas de seguridad extremaron las precauciones para localizar entre los bolsos y mochilas desperdigados por los trenes otras posibles bombas.

En segundo lugar, la mochila de Vallecas no ha podido ser reconocida no sólo por el inspector jefe Alvarez, sino por ninguno de los policías que estaban a sus órdenes y que participaron en el control de los objetos en la estación de El Pozo.

El sitio donde había más confusión y el control policial era menor fue precisamente en Ifema, desde donde, teóricamente, la mochila bomba fue trasladada hasta la Comisaría de Puente de Vallecas. Tal vez por esa razón, los investigadores de la UCIE y de la UCI hayan llegado a la conclusión de que la posible manipulación sólo pudo producirse allí, en Ifema, y no en ningún otro sitio.

Sea como fuere, lo que ahora nadie puede poner en duda es que la versión oficial sobre la mochila-bomba de Vallecas ya no se sostiene.

Pies de documentos reproducidos

Apartado de las conclusiones del macroinforme de la UCIE y de la UCI en el que se apunta que la mochila de Vallecas pudo ser manipulada.

Documento policial que acredita la aparición del vestigio de ADN localizado en la mochila de Vallecas. Como puede verse, se trata de un varón que aún no ha podido ser identificado. / EL MUNDO

Apartado 27 de conclusiones del macroinforme de la UCIE y la UCI en el que se apunta que la mochila de Vallecas pudo ser manipulada por personas no identificadas en el Ifema. / EL MUNDO

Nota de la Dirección General de la Policía en la que se afirma rotundamente que la mochila de Vallecas siempre estuvo bajo control policial y, por tanto, no pudo ser objeto de manipulación. / EL MUNDO


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¿QUIÉN COLOCO LA MOCHILA QUE CAMBIO LA HISTORIA DE ESPAÑA?

 

01-09-06



Editorial
¿QUIÉN COLOCO LA MOCHILA QUE CAMBIO LA HISTORIA DE ESPAÑA?

La apertura del curso político coincide con el naufragio definitivo de la versión oficial de los atentados del 11-M. Si durante el mes de julio nuestras revelaciones pusieron en evidencia que no está demostrado que fuera Goma 2 lo que estalló en los trenes y abrieron el gran misterio sobre los explosivos de la masacre, septiembre se inicia marcado por una nueva revelación sobre la mochila de Vallecas, la prueba sobre la que pivota todo el sumario y cuya validez queda definitivamente en entredicho.

No lo dice EL MUNDO sino la propia Comisaría de Información en el informe en el que resume a petición del juez sus pesquisas sobre los atentados y en el que sostiene que la mochila «pudo ser manipulada por personas no identificadas en el Ifema». La base de esta sorprendente afirmación es que se ha encontrado en el asa de la bolsa un rastro de ADN que no se corresponde con el de ninguno de los terroristas hasta ahora identificados. Lo que dice el informe deja en el aire dos preguntas. La primera es por qué los policías creen que la bolsa fue «manipulada» precisamente en Ifema y no en la estación de El Pozo o en la Comisaría de Puente de Vallecas. La segunda es por qué proclaman que el ADN pertenece a una persona ajena a la preparación de los atentados y no a un terrorista desconocido. Es evidente que quienes redactaron el informe saben más de lo que dicen, lo que no es sino otro motivo más -y ya son tantos- para pedir una auditoría independiente de la turbia investigación de los atentados.

Lo que hoy revelamos no hace sino subrayar las mentiras que difundió la propia Dirección General de Policía -y amplificaron sus medios afines- cuando EL MUNDO desveló en marzo que el policía que supervisó la recogida no reconocía la mochila ni garantizaba que no se hubiera roto la cadena de custodia. Interior salió al paso entonces diciendo que era imposible que alguien hubiera accedido a los objetos ni en El Pozo ni en Ifema, pues había sido depositados según la versión oficial en unos bolsones cerrados que sólo se abrieron en la comisaría de Puente de Vallecas. A la luz del informe que revelamos hoy, es evidente que esas explicaciones no son ciertas y que los investigadores creen que la prueba que cambió la historia del 11-M -y tal vez la de la España democrática- fue «manipulada» durante esas horas.

Los datos que hoy revelamos serían por sí solos muy inquietantes, pero lo son más en el contexto de todos los misterios de la masacre. Nuestro periódico publica hoy, a modo de orientación, un bosquejo de los principales enigmas que ayudará a recapitular a los lectores que hayan podido perder el hilo de la investigación durante el verano. Dos años y medio después, nadie puede probar qué explosivo estalló en los trenes ni cuáles fueron los autores de la masacre pese a que prácticamente todos los imputados eran confidentes policiales. La validez de los tres eslabones que vinculan a los islamistas con la masacre -la Kangoo, la mochila y el Skoda- se ha derrumbado en los últimos meses y ni el juez ni la policía han indagado a fondo en las conexiones entre la banda de El Chino y ETA.

Sabemos que las novedades que hoy publicamos serán acogidas con el desdén y el escepticismo habitual por quienes despachan cualquier dato nuevo como parte de una etérea teoría de la conspiración, pero sin duda serán leídas con avidez por aquéllos que no se han dejado vencer por la pereza intelectual y la cerrazón ética. En todo caso, EL MUNDO no dejará de cumplir con su obligación: investigar hasta conocer el quién, el cómo y el porqué que se esconden detrás del atentado. Pronto tendrán nuevas muestras de ello.


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11-M: el estado de la cuestión

 

01-09-06



LA INVESTIGACION / Dos años y medio después de la masacre no se sabe lo que explotó en los trenes

11-M: el estado de la cuestión


Lejos de disiparse con el tiempo, las dudas sobre qué ocurrió el 11-M van en aumento. EL MUNDO ofrece hoy un resumen de lo descubierto hasta ahora, que muestra hasta qué punto no se sostiene la versión oficial de los atentados. Según las autoridades, no han quedado restos suficientes para determinar el contenido de las bombas, pese a que hubo 12 explosiones distintas, y su composición sigue siendo un misterio. Por otra parte, es más grave constatar que las tres pruebas que implican a los islamistas en los atentados -la Renault Kangoo, la mochila de Vallecas y el Skoda Fabia- son fruto, según todos los indicios, de la manipulación policial.El juez Del Olmo, además, ha dado por cerrado el sumario sin investigar las pistas que apuntan a ETA.

1. LOS ARTEFACTOS

No se sabe qué explosivo estalló en los trenes

El comisario Sánchez Manzano y la química de los Tedax han declarado al juez que es imposible determinar el tipo exacto de explosivos porque no quedaron restos suficientes. En el sumario se habla una y otra vez de «componentes de las dinamitas», pero no se determina cuáles son.
(.../...)

En el sumario no consta el informe por escrito realizado durante el mediodía del 11-M a partir de los restos recogidos por los Tedax en las estaciones. Interior ha sugerido que no se hizo.

Hubo 10 focos de explosiones en los trenes y dos explosiones controladas de mochilas-bomba en dos estaciones. Todos los expertos consideran inverosímil: a) Que en 12 explosiones no se encontrara ningún resto de cierta envergadura. b) Que el laboratorio no determinara la composición de los explosivos aunque esos restos fueran insignificantes. c) Que el laboratorio no hiciera un informe por escrito.

Es enormemente significativo que esta versión inverosímil por partida triple haya llegado aparejada a la explicación de que Sánchez Manzano cometió un error cuando declaró de forma reiterada ante la Comisión del 11-M que se habían encontrado «restos de nitroglicerina» en los trenes.

Tanto la tesis de que utilizó la palabra «nitroglicerina» a modo de sinónimo de «dinamita» -invocada al principio por Interior-, como la tesis de que estaba refiriéndose genéricamente a cualquier explosión y no a las del 11-M -expresada por el propio comisario ante el juez-, parecen insostenibles.

Si Manzano dijo la verdad ante la Comisión, creyendo equivocadamente que «la nitroglicerina es un componente de todas las dinamitas», entonces lo que estalló en los trenes no pudo ser Goma 2 ECO porque la Goma 2 ECO no tiene nitroglicerina sino nitroglicol.

La dinamita que sí tiene nitroglicerina es el Titadyne que utiliza habitualmente ETA. Eso explicaría que el informe por escrito no aparezca por ninguna parte y que se diga que nunca se podrá determinar la sustancia explosiva.

2. LA COMPOSICION

No hay pruebas de que se usara Goma 2 en los trenes

Está demostrado que los islamistas tenían Goma 2 ECO en el piso de Leganés, que intentaron volar el AVE en Mocejón -de forma bien rudimentaria y distinta a la técnica del 11-M- con Goma 2 ECO y que posiblemente almacenaron o manipularon Goma 2 ECO en Morata de Tajuña. Nada más.

Los dos únicos nexos que acercan la Goma 2 ECO al escenario del 11-M son los casi imperceptibles gramos, supuestamente hallados en una vaina de cartucho en el interior de la Kangoo, y los 10 kilos colocados en la mochila de Vallecas.

Al margen de las dudas sobre la forma en que aparecieron estas dos pruebas, resulta altamente sospechosa la «contaminación» con metenamina detectada en el laboratorio en los análisis realizados el 11-M por la tarde. Que este informe conste por escrito hace, por cierto, aún más inverosímil que el de los focos de los trenes no se materializara de igual modo.

La metenamina apareció tanto en los gramos de Goma 2 ECO supuestamente hallados en la Kangoo como en la muestra patrón, significativamente remitida al laboratorio para su cotejo.

Según el catedrático de Física Ruiz de Elvira, eso es como si te toca el primer y el segundo premio de la Lotería en el mismo sorteo. Excepto, habría que añadir, que los dos premios se acumularan en el mismo número. Es decir, que las dos muestras procedieran del mismo explosivo. Es decir, que la propia Policía hubiera colocado en la Kangoo esos gramos de Goma 2 ECO contaminados con metenamina, extrayéndolos previamente de la muestra patrón contaminada con esa sustancia.

La deliberada manipulación policial quedó patente cuando Sánchez Manzano -tratando de que todo le cuadrara- también incluyó la metenamina entre los componentes de la Goma 2 ECO de la mochila de Vallecas. Cuando la Guardia Civil advirtió al juez que la Goma 2 ECO no tiene metenamina, el jefe de los Tedax alegó que había sido un «error de transcripción».

Más recientemente aún, Sánchez Manzano entregó al juez la analítica de la Goma 2 ECO hallada en el piso de Leganés, haciéndola pasar por la de los gramos de la Kangoo, probablemente para que Del Olmo no volviera a reparar en que el misterio de la metenamina sigue estando pendiente de aclaración.

También es significativo que cuando las partes han pedido repetir el análisis de esos gramos de explosivo, el laboratorio haya dicho que no queda muestra suficiente para garantizar su fiabilidad.

Expertos independientes aseguran que basta una millonésima de gramo para determinar la composición de una sustancia. El problema es que si en un nuevo análisis volviera a salir metenamina, quedaría en evidencia que alguien de la Policía colocó la vaina de cartucho en la Kangoo.

3. LA MANIPULACION

Las tres pruebas materiales clave están en entredicho

Nadie ha podido demostrar que ni la Renault Kangoo, ni la mochila de Vallecas, ni el Skoda Fabia hallado en junio en Alcalá fueran realmente utilizados por los islamistas para preparar y ejecutar el 11-M.

Es cierto que en los dos vehículos había rastros de ADN de algunos de los suicidas de Leganés, y que en la mochila de Vallecas estaba la Goma 2 conectada a un móvil en funciones de temporizador, pero en los tres casos hay serios indicios de que se trata de pruebas manipuladas con el fin de orientar la investigación hacia los islamistas y circunscribirla a ellos.

En el caso de la furgoneta Kangoo, los testimonios ante la Comisión parlamentaria, tanto del responsable policial que la examinó en Alcalá, como del propio Sánchez Manzano, que la vio recién llegada a Canillas, son concluyentes: «estaba vacía», en su interior «no había nada». Eso mismo declararon a EL MUNDO policías de base de Alcalá y encaja con el hecho de que los perros no olieron en su interior ni los detonadores ni los supuestos gramos de Goma 2.

Según el auto de procesamiento, en su interior aparecieron, sin embargo, más de 60 «evidencias», algunas de ellas muy voluminosas, lo que hace, por lo tanto, imposible que pasaran desapercibidas.Entre esas «evidencias» estaban los restos de ADN de los islamistas.

También resulta muy sospechoso que, pese a haber sido denunciado su robo, las puertas de la Kangoo no mostraran signo alguno de haber sido forzadas. ¿Proporcionó alguien a los ladrones una copia de la llave?

Por lo que se refiere a la mochila de Vallecas, nadie la detectó en los trenes. Ni los Tedax que revisaron reiteradamente los objetos buscando explosivos, ni el policía encargado por la autoridad judicial de custodiarlos, ni ninguno de los agentes a sus órdenes.Su procedencia sigue siendo un misterio completo, acrecentado por el traslado y depósito de los objetos procedentes de la estación de El Pozo en un pabellón de Ifema en el que no hubo un dispositivo específico para su vigilancia.

El documento de la propia Comisaría General de Información que hoy desvela EL MUNDO es lo suficientemente elocuente como para poner esta prueba en entredicho de forma definitiva.

Tampoco puede pasar desapercibido el hecho de que el jefe de la Comisaría en la que apareció haya sido condenado en el caso Bono por manipulación de pruebas.

En cuanto al contenido de la mochila, también es muy relevante que los cables estuvieran desconectados -mezclando así la sofisticación con la chapuza- y que durante meses se le ocultara al juez la radiografía que refleja esta circunstancia.

El episodio por el que se le entregó al juez una réplica de la mochila de Vallecas y no el original que seguía en manos del jefe de los Tedax también contribuyó a acrecentar las dudas sobre la consistencia y autenticidad de esta prueba.

Por lo que se refiere al Skoda Fabia, ni la Policía, ni la fiscal, ni el juez han podido apuntar una teoría de cómo, cuándo y por quién fue depositado en Alcalá. El hecho de que fuera detectado por una vecina a los tres meses del atentado a muy pocos metros de donde estaba la Kangoo sugiere que fue colocado allí por esas fechas.

Tan evidente es que si hubiera estado allí desde el principio habría sido detectado e incluso filmado tanto por la Policía como por las televisiones, que Del Olmo apenas si hace referencia a él en sus conclusiones.

La opinión más generalizada es que fue colocado allí por el CNI para hacer buena su teoría e implicar a su viejo conocido Allekema Lamari en el atentado.

La reciente expulsión de España del ciudadano chileno que presuntamente habría robado el vehículo para vendérselo después a El Tunecino no puede por menos que acrecentar estas sospechas.


4. LOS PROCESADOS

Los restantes vínculos de los islamistas son muy endebles

Tras la muerte de los llamados suicidas de Leganés, el único islamista al que el juez imputa la autoría de la masacre es Jamal Zougam, que ha negado reiteradamente su intervención en los hechos.

Contra él existe el testimonio de varias personas que declararon haberlo visto en los trenes, pero lo hicieron después de que su foto fuera difundida por todos los medios con motivo de su detención en la tarde del 13-M.

En realidad, la verdadera base de su imputación es el haber adquirido un lote de tarjetas telefónicas que incluía la del móvil de la mochila de Vallecas. Si esa mochila terminara siendo una prueba falsa, es obvio que la tarjeta habría sido colocada para poder detener a Zougam.Carece de toda lógica que si Zougam hubiera intervenido en los atentados, proporcionando además las tarjetas de los móviles, permaneciera en su casa esperando a ser detenido, sobre todo una vez que la televisión informó desde primera hora del día 12 que se había encontrado un móvil intacto en la mochila de Vallecas.

Tanto contra los suicidas de Leganés como contra sus cómplices procesados existen pruebas: a) de su fanatismo islamista, b) de que querían cometer atentados, c) de que trasladaron algún tipo de carga -no se sabe si droga o explosivos- de Asturias a Madrid, d) de que intentaron volar rudimentariamente el AVE, e) de que reivindicaron la masacre del 11-M y f) de que estaban estrechamente vigilados por las Fuerzas de Seguridad.

El único verdadero nexo material entre ellos y la masacre quedaría roto si no se pudiera demostrar que lo que estalló en los trenes fue la misma Goma 2 ECO que ellos tenían en Leganés y en Morata.

Al margen de los enigmas de la nitroglicerina y la metenamina, también hay que subrayar que no está demostrado que llegaran a tener nunca la cantidad de explosivo necesario para causar las 10 explosiones de los trenes, ni siquiera que lo que tenían procediera realmente de Mina Conchita.

Las peripecias del viaje de El Chino y sus acompañantes de Asturias a Madrid el 29 de febrero de 2004 resultan altamente sospechosas. Todo indica que estaban controlados por las Fuerzas de Seguridad. Llevaban matrículas dobladas y carnés de conducir falsos, pero la Guardia Civil les dejó continuar.

Pocas días después, la dueña del coche con la matrícula original fue sacada de casa de madrugada para declarar en comisaría, pero las diligencias en las que se le preguntaba por Trashorras y por El Chino fueron sustituidas por otras más asépticas.

En el caso de que todas las explosiones hubieran sido ocasionadas por artefactos idénticos a la mochila de Vallecas -y eso explicaría su carácter coordinado- cabe subrayar que ninguno de los suicidas o de los detenidos tenía los conocimientos necesarios para «montar bombas con móviles», y que ni en Leganés, ni en Morata ni en ningún otro de sus domicilios se han encontrado los instrumentos que habría sido necesario emplear.

¿Por qué no ha quedado testimonio visual alguno de los islamistas en la estación de Alcalá de Henares en la que supuestamente abordaron los trenes? Tanto en la investigación de los atentados del 11-S en Nueva York, como del 11-J en Londres, fueron clave las imágenes de los terroristas grabadas por las cámaras de los aeropuertos y las estaciones de metro. ¿Es que las de Alcalá no funcionaban ese día?



5. LA TRAMA PENDIENTE

No se han investigado las pistas que vinculan a ETA

¿Para quién buscaban Toro y Trashorras a alguien que supiera «montar bombas con móviles» en el verano del año 2001? El desinterés del juez por investigar ésta y otras informaciones clave incluidas en la cinta de Lavandera grabada por Campillo mantiene oficialmente esta pregunta sin respuesta.

Existen, sin embargo, importantes indicios que relacionan a la banda terrorista con la trama asturiana de tráfico de explosivos.El más importante de ellos, el hecho de que ETA robara en el callejón del garaje de Trashorras un coche que hizo explosionar en Santander.

Desde que Zapatero mencionara ante la Comisión parlamentaria una nota policial, según la cual esta coincidencia fue sólo fruto del «azar», no se ha aportado un solo dato más al respecto. Curiosamente, la explosión de Santander es una de las pocas provocadas por ETA en las que no se ha determinado cuál fue la sustancia empleada.

Tanto el abogado Tejeda como su cliente El Nayo han ratificado que denunciaron en su día que la banda de Toro y Trashorras había escondido dinamita en un zulo para vendérsela a ETA.

Tampoco se ha encontrado ninguna explicación distinta a la casualidad para la simultaneidad de las dos caravanas de la muerte: la de los etarras detenida en la provincia de Cuenca con un plano de Madrid con un círculo que englobaba la zona de Morata de Tajuña y la de los islamistas que desembocó en la casa que El Chino había alquilado en esta localidad.

Los Cuerpos de Seguridad ni siquiera han entregado al juez la información de la Policía francesa según la cual el ingeniero electrónico de ETA Elgorriaga Kunze desarrolló en 2002 un sistema para utilizar los móviles como temporizadores, idéntico al supuestamente utilizado en el 11-M.

También le ocultaron que entre el material incautado al último comando de ETA detenido en Madrid figuraba un móvil manipulado para servir de temporizador en un atentado de forma muy similar al de la mochila de Vallecas.

Según consta en una nota interna de la Policía, uno de los lugartenientes de El Chino llamado Omar declaró tras la masacre que su ex jefe había entrado en contacto con ETA durante su estancia en prisión, que un preso etarra le había enseñado a fabricar explosivos rudimentarios y que un primo de El Chino le había comentado que ETA había pagado con droga la participación de los islamistas en el 11-M.

Sin algún tipo de relación con ETA o su entorno no se entiende la facilidad con que El Chino traficaba con droga en el País Vasco -utilizando como base de operaciones un apartamento alquilado en Laredo- y tiraba incluso de pistola cuando alguien le molestaba.

¿Por qué viajó El Chino a Pamplona el 13-M tras comentar a su hijo pequeño en presencia de su mujer: «estos de ETA se han pasado»?

Todos estos elementos hacen especialmente grave que el juez no haya interrogado a todos los policías que se reunieron en Avilés con Trashorras antes de detenerle, cuando EL MUNDO ha publicado que en esa conversación el ex minero aseguró que El Chino le había dicho que conocía a los etarras detenidos en Cañaveras (Cuenca) con la caravana de la muerte.

Nadie ha sido capaz hasta ahora de ofrecer una explicación sobre por qué Benesmail, lugarteniente de Lamari, tenía en el bolsillo del pantalón una nota con los nombres de los sanguinarios etarras Parot e Iragi.



6. LOS ENIGMAS

El sumario se ha cerrado con muchas incógnitas sin aclarar

El juez ha pasado sobre ascuas por el hecho de que la inmensa mayoría de los procesados fueran personas estrechamente controladas por los Cuerpos de Seguridad o directamente confidentes de la Policía.

Especial singularidad tienen los casos paralelos de Trashorras y Zouhier. Los dos aseguran haber estado informando a la Policía de Asturias y a la UCO de la Guardia Civil, respectivamente, sobre las actividades de los islamistas. Los dos entran en contacto por propia iniciativa tras el 11-M con sus controladores. Los dos creen estar colaborando en la investigación de la masacre.Los dos son detenidos y acusados de los atentados.

En el caso de Trashorras, la petición fiscal de varios miles de años de cárcel podría llegar a convertirle en el mayor asesino en serie de la Historia de España. Sin embargo, ni sus móviles ni su capacidad de contribuir a organizar algo como el 11-M aparecen por ninguna parte.

Llama en cambio la atención la condescendencia de la Audiencia con su esposa, Carmen Toro, y sobre todo con el hermano de ésta, Antonio Toro, que, a pesar de ser considerado como el verdadero jefe del grupo, está en libertad y sólo tendrá que afrontar cargos menores.

El único testimonio que implica realmente a Trashorras en la entrega de explosivos a los islamistas es el del menor apodado El Gitanillo, y es obvio que fue fruto de un pacto con la Fiscalía para reducir al mínimo su condena.

También continúa siendo una incógnita por qué ni las escuchas telefónicas ni los seguimientos fruto de las detalladas denuncias del confidente Cartagena desembocaron en la detención de los islamistas antes del 11-M.

Tampoco se entiende por qué el teléfono de Zouhier es intervenido el propio 11-M, por qué la UCO no le cuenta a la Policía sus denuncias sobre El Chino y sobre todo por qué, teniéndolo perfectamente controlado, ni la UCO ni la Policía detienen a El Chino antes del suicidio de Leganés.

Nadie ha explicado qué es lo que impulsa a los islamistas a quitarse la vida en el piso de la calle de Martín Gaite sin intentar matar a nadie al hacerlo, cuando, sin embargo, no se suicidaron en los trenes, lo que podía haber ampliado aún más la matanza.

Nadie ha explicado por qué los geos incumplieron sus protocolos y trataron de entrar en el piso de Leganés cuando el edificio ya había sido evacuado y el tiempo jugaba a su favor.

Nada se ha averiguado aún sobre los móviles y la autoría de la profanación del cadáver del geo muerto por la onda expansiva.

El juez admite que no sabe ni quiénes fueron todos los autores materiales de la masacre, ni cómo llegaron a las estaciones, ni cómo distribuyeron los explosivos en los trenes. Tampoco sabe quiénes eran las personas de aspecto europeo que decían hablar en búlgaro al comprar la partida de móviles que incluía el de la mochila de Vallecas y los presuntamente utilizados en los trenes.

Se pretende amortizar también como mera casualidad que la tienda elegida para liberar esos móviles para hacerlos compatibles con cualquier tarjeta fuera propiedad del policía de origen sirio Kalahi, cuya hermana había sido además la traductora de las conversaciones grabadas a los islamistas.

Nadie ha aclarado aún las circunstancias en las que uno de los hermanos Almallah -procesados por la masacre- se afilió al PSOE después del 11-M. Tampoco por qué y para qué el dirigente socialista asturiano y agente del CNI Huarte visitaba a Benesmail en la cárcel.

Nadie ha aclarado la procedencia de las armas exhibidas en los vídeos por los islamistas. ¿Cuál fue el papel del guardia civil Pedro García y de su amigo Lofti Sbai, hijo de un destacado miembro de los servicios secretos marroquíes?


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7.40: una hora que rompe la lógica de los atentados

 

01-09-06



11-M LA INVESTIGACION

7.40: una hora que rompe la lógica de los atentados

Sólo la bomba de la mochila que no estalló, de las 13 que usaron los terroristas, tenía un desfase de tres minutos en su temporizador

CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

MADRID.- Entre las muchas incógnitas que rodean a la mochila de Vallecas hay una a la que no se ha prestado mucha atención, pero que pone de relieve la poca credibilidad de la tesis oficial que afirma que dicha mochila fue colocada en el tren que hizo explosión en la estación de El Pozo y que, por razones desconocidas, no llegó a estallar.

Ese dato, que descuadra la lógica del relato oficial del atentado, es precisamente la hora que figura en el teléfono móvil (un Mitsubishi T-110) que hacía de temporizador del explosivo: las 7.40.
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Aparentemente, es un dato no muy relevante. Al fin y al cabo, los trenes estallaron entre las 7.37 y las 7.39 h. de la mañana. ¿Qué importancia tiene uno o dos minutos más?

Sin embargo, las investigaciones policiales ponen de relieve que los terroristas no temporizaron las bombas de forma poco diligente o sin sincronizar cuidadosamente sus relojes y la hora a la que programaron el despertador de los teléfonos, sino que hicieron un trabajo muy profesional.

El informe conjunto de la UCIE y de la UCI (concluido el 10 de agosto de 2005) y que, para entendernos, sería como el padre de todos los informes policiales al ser un resumen global de todas las investigaciones sobre el atentado, señala que existe una página en internet, que podrían haber consultado los terroristas, perteneciente al Consorcio de Transportes de Madrid (http://www.ctem-madrid.es), que hace el papel de simulador de las horas exactas de llegada a las distintas estaciones de los trenes de Cercanías de Madrid.

La Policía hizo ese trabajo y descubrió que si se hace la simulación con un tren Alcalá de Henares-Atocha, con hora de salida de la primera las 6.50, da como hora de llegada a la última las 7.38 horas. Si se le pregunta al simulador cuándo llegaría el tren a la estación de El Pozo, pero con hora de salida de Alcalá de Henares a las 6.56 (el siguiente tren al consultado anteriormente), da las 7.37 horas. Y así sucesivamente.

¿A qué hora hicieron explosión las bombas? Las de Atocha a las 7.37; las de El Pozo y Santa Eugenia, a las 7.38; mientras que las de Téllez lo hicieron a las 7.39.

Es probable que un pequeño desfase de segundos entre los relojes provocara diferencias de un minuto entre lo marcado por el simulador y la hora en la que, efectivamente, hicieron explosión las bombas en las distintas estaciones.

Sin embargo, lo que parece imposible es que los terroristas pulsaran como hora a la que había de saltar el despertador del teléfono hallado en la mochila de Vallecas las 7.40, cuando la hora prevista de llegada del tren a la estación de El Pozo era las 7.37. Tres minutos de diferencia es demasiado y no se puede explicar por un simple desfase entre relojes, ya que, según el informe de los Tedax, el teléfono encontrado en la mochila de Vallecas marcaba la hora real. Es decir, que no estaba ni adelantado, ni atrasado.

Por lo tanto, de no haber estado desconectado uno de los cables que unían el móvil al detonador, la bomba hubiera hecho explosión a las 7.40. La única completamente desfasada, en una serie total de 13 bombas, sería, por tanto, la encontrada en la mochila de Vallecas.

Como puede observarse en las imágenes recogidas por las cámaras de Renfe en la estación de Atocha, entre la primera y la segunda explosión pasan sólo unos segundos. Los testimonios de las personas que viajaban en los trenes coinciden en que, entre las explosiones, apenas hubo unos segundos de diferencia.

Todos esos datos llevan a las siguientes hipótesis:

1.- El terrorista que temporizó la bomba de la mochila de Vallecas lo hizo sin seguir las instrucciones marcadas (hay que recordar que las otras dos bombas que explotaron en El Pozo lo hicieron a las 7.38). Al hacer explosión con dos minutos de diferencia, se pierde gran parte de su efecto mortífero, ya que da tiempo suficiente a que mucha gente baje de los vagones entre unas explosiones y otras.

2.- La mochila de Vallecas no estaba en la estación de El Pozo, sino en Téllez, donde hicieron explosión a las 7.39 horas. Un desfase de segundos podría haber provocado esa diferencia entre la hora que marcaban los teléfonos y la hora real. De ser así, toda la historia de la mochila sería falsa, ya que nunca habría estado en El Pozo y, por lo tanto, nunca podría haber llegado hasta la Comisaría de Puente de Vallecas desde Ifema.

3.- La mochila no formaba parte de la serie de bombas preparadas por los terroristas. Se colocó en algún lugar (probablemente Ifema o la propia Comisaría de Puente de Vallecas) horas después de que se cometieran los atentados. En ese primer día, el dato que se manejó en fuentes policiales como hora de las explosiones fue en torno a las ocho menos veinte (las 7.40). La colocación de la mochila tendría como fin llevar a la investigación policial unidireccionalmente hacia los islamistas, descartando otras posibles autorías.



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Los abogados de oficio ven «insuficiente» el incremento económico anunciado por Justicia

 

1-09-06



11-M LA INVESTIGACION / Las defensas
Los abogados de oficio ven «insuficiente» el incremento económico anunciado por Justicia
El Ministerio triplicará la remuneración hasta un tope de 20.000 euros por todo el procedimiento


MANUEL MARRACO

MADRID.- Los abogados de oficio del 11-M consideran «absolutamente insuficiente» el incremento en la remuneración que recibirán por el procedimiento anunciado ayer por el Ministerio de Justicia.

También denuncian que el Departamento dirigido por Juan Fernando López Aguilar ha «vetado» su presencia en las reuniones que se han producido a lo largo del verano con el Colegio de Abogados de Madrid. «No hemos estado en las conversaciones», aseguró ayer el portavoz de los letrados de oficio Eduardo García Peña. «El acuerdo es insuficiente y lo firman sabiendo que lo consideramos insuficiente».
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García Peña indicó que sólo estuvieron presentes en un primer encuentro mantenido con el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, en el que expusieron sus reivindicaciones.«Desde entonces, nada».

Justicia informó ayer de que ha alcanzado un acuerdo con el Colegio de Abogados de Madrid por el que se multiplicará por tres la remuneración de los 20 abogados de oficio que siguen en el proceso.En cualquier caso, esa cantidad no podrá superar los 20.000 euros.En circunstancias normales, los letrados recibirían 19 euros por cada 1.000 folios de sumario -que ronda los 100.000- y 50 por cada día de juicio, cantidades que ahora se triplican.

Sin embargo, García Peña afirma que el incremento «no soluciona el problema de la carencia de medios y la imposibilidad real de hacer frente al caso», y así se lo han comunicado en diversas ocasiones al Ministerio y al Colegio de Abogados. «Una ridiculez multiplicada por tres sigue siendo una ridiculez».

A su juicio, el problema principal en el caso del 11-M no son los días de asistencia al juicio -aunque éste pudiera prolongarse durante varios meses-, sino la complejidad del sumario, que exige una enorme cantidad de tiempo. «Preferíamos invertir los términos: era más importante remunerar por el estudio de la causa que inflar la asistencia a la vista».

En un fax enviado al Ministerio de Justicia el pasado 25 de julio, los abogados ya consideraban la propuesta que entonces manejaba el Ministerio -ligeramente inferior a la definitiva- «absolutamente insuficiente». El incremento previsto, añadían, «no impide que el derecho a un proceso con todas las garantías se esté vulnerando».

También lanzaban una advertencia: «Utilizaremos todos los instrumentos legales para evitar que el proceso siga su curso en las actuales circunstancias». Según García Peña, los abogados mantendrán una reunión en los próximos días para concretar qué pasos dar ahora.

En el comunicado enviado ayer, Justicia añade que también se compensará económicamente a los abogados de oficio cuyos clientes no han sido finalmente acusados. En el sumario llegó a haber 116 imputados, aunque el juez Juan del Olmo sólo ha procesado a 29. De entre ellos, 21 están representados por 20 abogados designados por el turno de oficio (uno se ha hecho cargo de dos defensas).

El anuncio del Ministerio -que llega un día antes de la fecha en la que los abogados le habían informado de que harían públicas sus quejas- alcanza también a otras reivindicaciones. Así, asegura que «ha puesto a su disposición un equipo de intérpretes y traductores de árabe», para que faciliten el trato con sus clientes. A fecha de ayer, según el portavoz de los letrados, no tenían conocimiento de la existencia de ese equipo.

Los abogados también habían solicitado que todos los acusados en prisión provisional fueran enviados a cárceles próximas a Madrid. Justicia indica que Instituciones Penitenciarias ya procedió a ese acercamiento antes del verano «a instancias del Ministerio».Al margen de la intervención del Ministerio, fue el juez Del Olmo quien ordenó a Prisiones el traslado.



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Acebes denuncia que Zapatero ganó las elecciones con el «no a la guerra» y es el que más tropas envía

 

1-09-06



PARTIDO POPULAR
Acebes denuncia que Zapatero ganó las elecciones con el «no a la guerra» y es el que más tropas envía
ANGELES ESCRIVA

MADRID.- Los populares tienen la intención de votar que sí al envío de tropas españolas al Líbano en el pleno en el que se aborde esta cuestión, a menos que el planteamiento que haga el Gobierno de las funciones de éstas sea absolutamente inasumible. Lo que ocurre es que no piensan dejar pasar la oportunidad de afearle al Ejecutivo y a Rodríguez Zapatero lo que ellos consideran una «farsa demagógica», como es la de haberse colgado la pegatina del «no a la guerra para ganar las elecciones» y, después, ser el «presidente que más tropas ha enviado a zonas de conflicto en toda la Historia de España».

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Así lo apuntó ayer el secretario general del PP, Angel Acebes, cuando se le preguntó qué había cambiado desde el 15 de agosto, día en el que Mariano Rajoy se mostró partidario del envío, y aseguró que «la postura del PP y del presidente del partido no ha cambiado nada». Después añadió: «Nuestra votación será coherente con lo que siempre ha hecho el PP, que es defender con nuestros aliados la paz, luchar contra los totalitarismos y el terrorismo y apostar por los derechos humanos y por la paz de verdad, no por un falso pacifismo».

Es este punto el que más le afecta a la dirección del PP. Está empeñada en demostrar que las misiones en las que están participando soldados españoles no son trabajos de ONG que ayudan «a las ancianitas a cruzar el semáforo», sino que son misiones de guerra que desmontan la imagen que el presidente quiere ofrecer de pacifista. «Se está teniendo que quitar la pegatina cada vez que toma una decisión», apuntó Acebes, y, para dejar constancia de ello, y por la importancia del conflicto de Oriente Medio, insistió en que «el Gobierno debe explicar con claridad qué riesgos tiene, qué misión y qué objetivo se van a llevar a cabo, si se va participar en la custodia de fronteras o en el desarme de Hizbulá» .

Acebes resaltó las veces que el Gobierno ha «engañado a los votantes»: cuando ocultó la peligrosidad de la misión en Afganistán, o en estos mismos momentos al saltarse la Ley de Defensa Nacional y vulnerar su compromiso de no enviar soldados al frente sin pedir permiso previo al Congreso. «Allí están veintitantos soldados y al Parlamento no se le ha pedido ni opinión ni autorización y al Consejo de Ministros tampoco». El secretario general del PP lamentó que los diputados se estén enterando por las noticias de prensa y apuntó su dardo directo: «Lo que está en juego es la credibilidad y la confianza del presidente, que se dedica a hacer demagogia».




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31.8.06

 

Prisiones justifica el tercer grado porque Vera ya no podría robar

 

31-08-06



Prisiones justifica el tercer grado porque Vera ya no podría robar


Alega su situación familiar, una depresión y que carece de perfil delictivo

MIGUEL ANGEL VERGAZ

VALLADOLID.- La petición del tercer grado para Rafael Vera, elevada por la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia y aprobada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias el pasado 10 de agosto, incluye argumentos como la imposibilidad de reincidir por parte del que fuera secretario de Estado para la Seguridad.

Según fuentes jurídicas con acceso al documento, en el escrito se argumenta que los delitos por los que ha sido condenado fueron cometidos gracias a su posición como secretario de Estado, un contexto que, según Instituciones Penitenciarias, no puede volver a repetirse.
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La Junta de Tratamiento añade que el caso de Vera no se ajusta a un «tipo o perfil» habitual al resto de presos. También valora en su petición la situación familiar: su esposa está enferma, y a su cargo tiene una hija adoptada de corta edad. Además, recuerda la depresión que Vera padece por su encarcelamiento.

En el documento no consta que Vera haya manifestado su intención de afrontar la responsabilidad civil derivada de su condena a siete años por malversación de caudales públicos. Una condena de la que no ha cumplido ni la cuarta parte, medida de tiempo mínimo de uso común para los condenados antes de la reforma de 2003. Según el escrito de solicitud, ese periodo se alcanzaría el próximo 16 de noviembre.

El fiscal jefe de Valladolid, Luis María Delgado, explicó ayer a EL MUNDO «que nadie conoce por ahora con exactitud la cantidad que debe exigirse en concepto de responsabilidad civil en este caso». La sentencia estableció que Vera debe pagar 141 millones de pesetas (847.427,07 euros) que sustrajo para sí y responder de forma solidaria por los 504 millones de pesetas (tres millones de euros) entregados a otros altos cargos, que en parte ya han sido devueltos por éstos.

Delgado presupone que la venta de las dos fincas decomisadas a Vera supondrá «la cantidad suficiente para afrontar la responsabilidad civil en cuanto a la cuestión monetaria». Pero el fiscal jefe advierte de que quiere «las cuentas al céntimo» antes de decidir si recurrirá, en el plazo de dos semanas, la concesión del tercer grado, ya que «todo, salvo las cantidades, puede ser objeto de interpretación». «Lo que es cierto», añadió, «es que el señor Vera se ha visto libre de manifestar su voluntad de devolver lo sustraído gracias a los decomisos practicados».

La Junta de Tratamiento actúa al amparo del Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero, modificado en 2003 con las medidas de reforma para el cumplimiento efectivo de las penas, que endurecen el acceso al tercer grado.

Favoritismo

Funcionarios de prisiones que pertenecen a Juntas de Tratamiento de otros centros han mostrado a este periódico su estupor por la concesión del tercer grado. «La referencia a un perfil de delincuente está de más, ya que las Juntas deben analizar los casos según el principio de individualización científica». «El perfil sería el de los condenados por los fondos reservados, que han tenido un trato claramente privilegiado», añade con ironía uno de los funcionarios, que cree que sus compañeros de Segovia han subvertido ese principio de flexibilidad a favor de Vera.

Estos funcionarios también manifestaron su sorpresa por el acceso al tercer grado sin cumplir un cuarto de la condena, «algo completamente inusual». Señalaron, además, que en la concesión no puede valorarse la necesidad de la familia, por ser un factor exterior a la evolución del interno: «Si fuera por eso, podríamos aportar miles de casos mucho más sangrantes».


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24 militares de élite preparan ya en el Líbano el despliegue español

 

31-08-06



24 militares de élite preparan ya en el Líbano el despliegue español

Reconocerán el terreno, las condiciones de seguridad y se entrevistarán con las autoridades locales, incluidos algunos miembros de Hizbulá

ROSA MENESES. Enviada especial

BEIRUT.- La avanzadilla de las tropas españolas que se integrarán en la misión de la ONU en el sur del Líbano ya está sobre el terreno. Ayer llegó al aeropuerto internacional Rafic Hariri de Beirut una comisión de 24 militares, que inmediatamente tras su aterrizaje, a las 14.00 hora local (las 13.00 en España), se dirigió rumbo a la frontera con Israel en autobuses de la FINUL. Allí prepararán el futuro despliegue en la zona de las tropas españolas, un batallón de entre 800 y 1.000 soldados cuya misión aún está pendiente de ser autorizada por el Parlamento la próxima semana.

En el grupo van oficiales de élite del Ejército, de la Armada y del Estado Mayor, a las órdenes del coronel Javier Cabezas.
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Los expertos militares realizarán lo que llaman «análisis de las funciones de combate», es decir, un estudio de los «aspectos de protección de las fuerzas, su proyección y un análisis de la idiosincrasia local y las costumbres de la región para facilitar las relaciones entre las tropas españolas y la población nativa», según explicó ayer a EL MUNDO el coronel Cabezas.

«No se puede improvisar el envío de una fuerza tan importante a un escenario internacional, por lo que es necesario hacer un reconocimiento exhaustivo de la zona. Como esta vez tenemos poco tiempo, el equipo enviado no es el habitual, sino que hemos fundido varios equipos en uno para hacer la misión de reconocimiento en menos tiempo y con la mayor cantidad de información posible», señalaba el oficial.

Los miembros de la misión española definirán el calendario de despliegue de las tropas integradas en la FINUL reforzada y estudiarán el número concreto de soldados adecuado para la misión. Los expertos elaborarán un informe que entregarán al ministro de Defensa, José Antonio Alonso, para preparar su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el próximo 7 de septiembre.

España aún desconoce en qué zona se desplegarán sus soldados, una decisión que depende de la FINUL. «El comandante Pellegrini deberá concretarme este dato», explicaba el coronel, quien confesó «no conocer la zona y no tener ninguna preferencia» preliminar sobre dónde efectuar el despliegue español.

Algunas fuentes señalaban ayer que los españoles podrían desplegarse en el sureste o en el territorio de las granjas de Chebaa (disputado por Siria y el Líbano y ocupado por Israel), aunque este extremo no pudo ser confirmado por este periódico.

La comisión mantendrá reuniones con la ONU, la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el sur del Líbano (FINUL), así como con las autoridades gubernamentales y del Ejército libanés. La primera parada de la avanzadilla es el cuartel general de la FINUL, en Naqura. «Por razones de seguridad, no puedo revelar el destino de la misión; sólo puedo precisar que permanecerá en la zona de control de la FINUL», indicó el coronel Cabezas. A última hora, los 24 militares ya se encontraban en su base del sur del Líbano, donde tomaron posiciones, aunque el coronel insistió en no dar más detalles «por seguridad».

Preguntado si entre sus contactos incluiría a autoridades del partido chií Hizbulá, el jefe de la misión exploratoria precisó que se reunirá «con la estructura gubernamental del Líbano, incluyendo alcaldes de las localidades principales de cualquier significación política». Los expertos tienen previsto quedarse en el sur del país de los cedros hasta el sábado, fecha en que partirán de regreso a España.

Sin experiencia previa

La experiencia de misiones anteriores para los militares españoles en el extranjero tampoco servirá de mucho en el caso del Líbano, según reconoció el coronel Cabezas. «El Líbano no es un país estándar. La presencia de múltiples comunidades religiosas hace difícil identificar las diferencias sociales», concluye.

España no tiene ninguna experiencia previa en el Líbano, un país azotado por los conflictos y que desde 1978 mantiene una fuerza internacional en sus entrañas que parece ahora empantanada en un callejón sin salida. «Tenemos información básica sobre la distribución étnica de la población en la región, pero no tenemos datos precisos sobre el estado de los acuartelamientos», añadió el oficial español.

Mientras, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Félix Sanz, estimó ayer «prematuro» asegurar que España liderará una brigada de fuerzas internacionales en el Líbano. «Estamos en un momento en el que se están haciendo planes para el trazado definitivo» de la operación, dijo en declaraciones a Efe. «Cuando estos planes finalicen, podremos saber cuántas brigadas habrá y quién liderará cada una de ellas», añadió el general Sanz.


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30.8.06

 

Los datos del sumario confirman que el Skoda de Alcalá era una prueba falsa

 


LOS ENIGMAS DEL 11-M. CAPÍTULO 29

Los datos del sumario confirman que el Skoda de Alcalá era una prueba falsa

El juez Juan del Olmo, instructor del 11-M.

La importancia del Skoda Fabia en la investigación del 11-M llegó tras la exclusiva de Fernando Múgica en El Mundo. Si la noticia de que el coche había sido localizado por la Policía mucho antes de la masacre ya era importante, los movimientos que desencadenó lo fueron aún más. Por ejemplo, que el providencial Skoda repleto de pruebas tenía una amplia ficha policial –multas, atracos, huidas– que difícilmente lo hacía atractivo para unos terroristas. Y sin cambiar de matrícula. La marejada judicial que provocó aquel trabajo periodístico dejó huella en el sumario. Al seguirla queda claro que estamos ante otra prueba falsa. Pero la historia completa no se comprendería sin la aparición de dos personajes: un enigmático chileno y el argelino Allekema Lamari.

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ETA está probando un sistema de bomba lapa direccional

 


ETA está probando un sistema de bomba lapa direccional

ECONOMIA ESPAÑA. 30/08/2006

Roberto R. Ballesteros

Madrid. A pesar de que la nota emitida por el Ministerio del Interior quitaba importancia a la posibilidad de que ETA estuviese ensayando nuevos dispositivos, la hipótesis es cada vez más firme. La banda terrorista se encuentra en Francia probando nuevos explosivos. El coche bomba que estalló el 27 de junio es una prueba de ello.

Se trata de un tipo de bomba lapa especial, con la capacidad de direccionar el explosivo y dirigirlo a los dos asientos delanteros y a la parte de atrás. Según expertos antiterroristas consultados por LA GACETA, el objetivo es aumentar la efectividad a la hora de atentar, ya que la bomba está pensada para matar a los dos guardaespaldas, que suelen ir en el asiento del conductor y del copiloto, y al personaje público perseguido por la banda.

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Tres tubos salen de la bomba lapa con la finalidad de que la fuerza de la explosión se concentre en esas tres direcciones y no se desperdicie por el resto del vehículo. Esta característica permite al mismo tiempo disminuir la cantidad de explosivo, ya que maximiza la efectividad, con lo que el artefacto pesa menos que la bomba lapa clásica. Se trata de un dispositivo de algo más de medio kilo, cuando los artefactos tradicionales son de 1,5 kilos aproximadamente.

El nuevo sistema también permite la activación por infrarrojos, lo cual conlleva una ventaja y una desventaja. La desventaja es que tiene que ser accionado —mediante un simple mando a distancia— desde poca distancia. La ventaja, que no requiere teléfonos móviles, que dejan rastro, ni ondas de radiofrecuencia, fácilmente desactivables mediante los inhibidores de frecuencia que suelen utilizar los coches oficiales.
Además, la colocación de la nueva bomba por infrarrojos no conlleva ningún riesgo, como sí existía cuando se implantaba manualmente y se activaba por medio del clásico método del péndulo, la bola o el mercurio. No pocos etarras han muerto colocando bombas lapas: un pequeño movimiento puede hacerlas estallar en cuestión de segundos.
Los nuevos dispositivos direccionables tienen como consecuencia los agujeros debajo de los asientos que, según confirmó el Ministerio del Interior, tenía el coche bomba que explotó en Francia el 27 de junio y del que la Gendarmería informó al Gobierno español tres días después.
Esta tesis echa por tierra la posibilidad de que el vehículo fuera estallado por la propia banda terrorista para deshacerse de él. Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran que ETA guarda todos los coches que roba en garajes francos y les cambia las matrículas cuando va a utilizarlos. Además, sólo los explota con la intención de llevar a cabo ensayos, nunca para deshacerse de ellos.

Demostración de fuerza

Por otro lado, la revista L'Express confirma que la Policía francesa apunta a un "grupúsculo nacionalista vasco" la implantación del artefacto desactivado en la casa de verano de la ministra de Defensa gala, Michèle Alliot-Marie, del que se hizo eco el diario Gara la pasada semana. Según algunos analistas, la publicación de la noticia en el diario abertzale se debe a que la banda quiere presionar al Gobierno francés, haciendo ver que está activa y que puede actuar en cualquier momento debido a que su aparato está alerta.



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Mesquida señala que el coche explosionado por ETA carece de trascendencia pública

 

30-08-06


Mesquida señala que el coche explosionado por ETA carece de trascendencia pública

Llamazares sostiene que «estos hechos son excepciones que confirman que hay tregua»

MADRID.- El hallazgo de un coche calcinado en Francia por ETA mediante un artefacto explosivo tras el anuncio de alto el fuego generó ayer la solicitud de explicaciones al Gobierno por parte de diferentes sectores. Y también que el director de la Guardia Civil, Joan Mesquida, realizase algunas precisiones en la misma línea del comunicado emitido por el Ministerio del Interior el pasado lunes.

Mesquida descartó, en declaraciones a la cadena Ser, que Interior pretendiera ocultar la explosión del coche producida el pasado 27 de junio. Según dijo, se trata de informaciones «que se van produciendo» y que, bajo su punto de vista, «carecen de especial trascendencia para la opinión pública».
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Fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado aseguraron a este periódico que, tras recibir el parte detallado de la gendarmería francesa con los daños que había sufrido el vehículo -un orificio en la base y el efecto de la onda expansiva en el techo-, llegaron a la conclusión de que los terroristas habían podido emplear una bomba lapa para destruirlo y que los indicios apuntaban a que todo ello formaba parte de los ejercicios de adiestramiento de un comando.

Mesquida no aclaró si la explosión del coche, dado el método empleado, podía o no tratarse de un entrenamiento, pero insistió en que es una práctica relativamente habitual dentro de ETA quemar los vehículos con el fin de eliminar pistas.

No quedaron convencidos ni el PP ni la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo anunció que exigirá las explicaciones del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por «ocultar» un hecho tan «relevante» y porque los datos facilitados por este departamento no le parecen convincentes. Del Burgo incidió en que la explosión se produjo dos días antes de la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno anunciando su intención de dialogar con ETA y sugirió que «la ocultación de este hecho tiene relación directa con el intento del ministro de proteger esa comparecencia».

Informar a la oposición

El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, lamentó que el Ejecutivo haya tardado dos meses en desvelar un dato tan importante y señaló que el presidente debería haber informado a la oposición. Acusó al Gobierno de «incumplir sus funciones», y añadió que lo ocurrido muestra que ETA «sigue desarrollando labores de mantenimiento e infraestructura para volver a atentar».

A la misma conclusión llegó la AVT, que criticó al Gobierno por «ocultar» información y que mostró su preocupación porque la banda esté «buscando más y mejores mecanismos con el fin de continuar propagando el terror y la muerte en nuestra sociedad». Las víctimas consideran que estos hechos engrosan las «cesiones» que el Gobierno está realizando a ETA y reiteraron su llamada a emprender una «rebelión cívica».

Discrepó Gaspar Llamazares, el coordinador de IU, quien señaló que se puede «sacar punta» a todo lo que ocurra en relación al proceso, pero es «evidente» que hechos como el citado son «excepciones que confirman que hay tregua». «No veo nada que enturbie el proceso de paz, sino excepciones a la regla».


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El PP denuncia a Batasuna por acoso a un edil

 

30-08-06



El PP denuncia a Batasuna por acoso a un edil

ELENA P. IRIARTE

VITORIA.- El PP vasco denunciará ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la Mesa Nacional de Batasuna por la aparición en Llodio de carteles en los que se tacha al concejal popular en el Ayuntamiento de esta localidad alavesa Mikel Urrechu, de «fascista peligroso». Los pasquines están firmados por Batasuna.

El parlamentario y concejal en el mismo municipio, Santiago Abascal, compareció ayer junto a Urrechu para denunciar la campaña emprendida en su contra. «Es una presión brutal», aseguró Abascal. La campaña comenzó el 17 de agosto, cuando la comisión de txosnas (recinto festivo) del pueblo acusó al edil de ser el autor de un incendio en las casetas. Estos hechos fueron juzgados el pasado miércoles en una vista en la que el fiscal pidió la absolución del concejal ante la «incoherencia» de los testimonios de los abertzales y la ausencia total de pruebas.

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A esta «difamación en toda regla» han seguido hasta «tres manifestaciones contra él» en la localidad, el reparto de octavillas y, ahora, recordó Abascal, los citados carteles «firmados por Batasuna», que se dirigen también contra el alcalde de Llodio, Jon Carla Menoyo (PNV), por su «silencio y pasividad».

Abascal consideró que estos hechos tienen las mismas características que los que el juez Garzón incluyó en su auto de suspensión de actividades de Batasuna por ser constitutivos de «colaboración con banda armada», por lo que suponían de «señalamiento de posibles víctimas a ETA». «Y no es un señalamiento anónimo, sino que está firmado por Batasuna, una organización que, aunque ilegalizada, tiene una Mesa Nacional y unos miembros con nombres y apellidos», afirmó para justificar la denuncia.

El dirigente del PP denunció el progresivo «resurgir» de Batasuna en las calles, que, a su juicio, anuncia la «vuelta de ETA a la actividad terrorista». «Están creando el caldo de cultivo necesario para que, cuando eso suceda, las personas señaladas sepan a lo que se tienen que atener».

Según recordó, el edil es «incómodo para ETA-Batasuna» ya que, desde su cargo ha venido «denunciando la participación de los abertzales en los plenos municipales, la impunidad con la que se colocan carteles amenazantes en el pueblo o la actividad de las txosnas como fuente de financiación opaca de la banda terrorista».



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Zapatero viajó a Berlín en avión oficial a un concierto en el que cantaba su esposa

 

30-08-06



Zapatero viajó a Berlín en avión oficial a un concierto en el que cantaba su esposa

Según Moncloa, al ser invitado por la Fundación Barenboim no lo consideró un acto privado

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viajó el pasado sábado a Berlín en un avión oficial para asistir al concierto que ofreció en la capital germana el director Daniel Barenboim con la orquesta West Eastern Divan, en la que están integrados jóvenes israelíes y palestinos. Uno de los pasajes que interpretaba la orquesta incluía la actuación de Sonsoles Espinosa, esposa de Rodríguez Zapatero, que formaba parte del coro.
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El presidente salió hacia Berlín la tarde del sábado en un avión oficial en el que regresó ese mismo día, según informó a lo largo del día de ayer la cadena Cope. Fuentes oficiales del palacio de la Moncloa confirmaron anoche a EL MUNDO el empleo de este medio de transporte, argumentando que no se trataba de un acto privado. Según Moncloa, Zapatero fue invitado al concierto por la Fundación Barenboim-Said y, por lo tanto, se consideró «que se trataba de un acto oficial».

La Fundación Barenboim-Said fue constituida el 27 de julio de 2004 por la Junta de Andalucía y el propio Barenboim. Esta institución, según su escritura de constitución, está administrada por un patronato en cuya presidencia figura Manuel Chaves, presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, y entre sus vocales se incluye a Sonsoles Espinosa y al ex presidente del Ejecutivo Felipe González, junto a varios altos cargos de los gobiernos nacional y autonómico.

La Junta de Andalucía es la principal promotora del taller West Eastern Divan, a la que financia anualmente con, al menos, tres millones de euros.

Entre los asistentes al conciertos figuraba Manuel Chaves, aunque fuentes próximas al Gobierno aseguran que el político andaluz no viajó con Zapatero, sino que llevaba ya tres días en Berlín por su directa vinculación con el taller de Barenboim.

Pese a que desde Moncloa se asegura que se trataba de un «acto oficial», lo cierto es que no se ofreció información sobre dicho viaje. Según la cadena Cope, «el equipo de Zapatero dio a la embajada la consigna de mantener la visita a nivel privado, sin informar a los medios de comunicación».

Este viaje se produce después de que el presidente del Gobierno se desplazara -el penúltimo fin de semana de julio- con su familia a Londres en un avión Falcon del Ejército. Una de las hijas del jefe del Ejecutivo tenía que viajar al Reino Unido para seguir un curso de inglés.

Semanas después se organizó otra polémica después de que se supiera que la única patrullera disponible en Lanzarote para el control de la inmigración se encargaba de la seguridad de Sonsoles Espinosa durante sus prácticas de buceo.



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La Fiscalía pregunta si Vera ha pagado antes de decidir si recurre la concesión del tercer grado

 

30-08-06



La Fiscalía pregunta si Vera ha pagado antes de decidir si recurre la concesión del tercer grado

La Fiscalía de Valladolid pide a Anticorrupción que le informe de si ha hecho frente a los 645 millones de pesetas de responsabilidad civil que le impuso el tribunal por el 'caso fondos reservados'
MANUEL MARRACO

MADRID.- La Fiscalía de Valladolid ha solicitado información sobre el cumplimiento de la responsabilidad civil a la que fue condenado Rafael Vera antes de decidir si recurre la concesión del tercer grado al ex secretario de Estado de Seguridad.

Según informaron ayer fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía a la que correspondería presentar el recurso contra la decisión de Instituciones Penitenciarias ha solicitado esos datos a la Fiscalía Anticorrupción, responsable de la acusación en el caso fondos reservados. Ésta, a su vez, los solicitará a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a Vera por malversación de caudales públicos a siete años de prisión y a la devolución de 645 millones de pesetas (3,8 millones de euros). Según la sentencia, 141 millones de pesetas fueron a parar directamente a su bolsillo y el resto lo repartió entre algunos de sus subordinados.
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Las mismas fuentes indicaron que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid -del que depende la prisión de Segovia- comunicó la decisión a la Fiscalía el pasado 15 de agosto, por lo que ésta aún dispone de dos semanas hasta que venza el plazo de un mes de que dispone para recurrir la decisión de Instituciones Penitenciarias.

El departamento dirigido por Mercedes Gallizo informó favorablemente a la solicitud de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Segovia de conceder el régimen abierto. La legislación penitenciaria establece que el cumplimiento de la responsabilidad civil es un elemento fundamental a la hora de conceder el tercer grado. Vera no ha devuelto de forma voluntaria ninguna cantidad, pero la propia sentencia del caso fondos reservados ordenó el comiso de dos fincas del ex secretario de Estado para, tras su venta, proceder al pago de la responsabilidad civil.

Se trata de La Berzosilla, ubicada en la localidad madrileña de Torrelodones, y la denominada El Relumbrar, en el término albaceteño de Alpera. Ambas eran, según el tribunal, «efectos del delito», es decir, que fueron adquiridas con dinero de los fondos reservados.

Fuentes del procedimiento indicaron que los peritos han valorado la primera en algo menos de 400 millones de pesetas, mientras que la segunda aún no ha sido tasada.

En abril del año pasado, apenas dos meses después de que Vera ingresase en la prisión de Segovia, Instituciones Penitenciarias acordó mantenerle en régimen cerrado (segundo grado) bajo el argumento clave de que no había hecho frente a la responsabilidad civil. La decisión fue recurrida por Vera y ratificada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial.

Régimen mixto

Posteriormente, el Departamento de Gallizo aplicó al ex secretario de Estado un régimen mixto entre el segundo y tercer grado contra el que la Fiscalía de Valladolid recurrió alegando que equivalía a un «régimen abierto encubierto».

Frente a ese criterio, la Sección Quinta mantuvo que ese régimen penitenciario «en modo alguno puede equipararse al tercer grado», ya que no podía disfrutar de algunas ventajas del régimen abierto y estaba sometido a «controles más rígidos». En esa ocasión, el tribunal hizo una referencia a la responsabilidad civil a la que había sido condenado, señalando que «se ha procedido al comiso de bienes inmuebles, cuyo valor probablemente sea bastante».

Si la Fiscalía no recurre la concesión del tercer grado, Vera vivirá fuera de la cárcel y estará controlado por teléfono, con llamadas aleatorias, y con algunas visitas al centro donde se realiza en Segovia el control de los internos en régimen abierto.


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Manos Limpias denuncia a Gallizo por prevaricación

 

30-08-06



Manos Limpias denuncia a Gallizo por prevaricación

MADRID.- El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha denunciado a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, por un presunto delito de prevaricación en la concesión del tercer grado a Rafael Vera.

En un escrito presentado el jueves ante la Fiscalía General del Estado, el sindicato afirma que la decisión «supone un trato de favor, una flagrante discriminación, un manifiesto agravio comparativo, una vulneración al principio de igualdad ante la Ley». Además, añade que ha sido concedido «como contraprestación o pago al silencio del beneficiario de no denunciar a sus superiores».

El escrito recuerda que el Ministerio Público se opuso a la concesión del indulto a Vera «por dos motivos que siguen en vigor a la hora de la concesión del tercer grado»: por no dar muestras de arrepentimiento y por no haber satisfecho las responsabilidades civiles.

Además, la denuncia describe como «amenaza al fiscal general» la carta que 11 diputados del PSOE remitieron a Conde-Pumpido el pasado 6 de abril exigiendo la libertad de Vera, «o en caso contrario ejercitarían acciones contra él». También enumera lo que considera «privilegios» del ex secretario de Estado en el año y medio que ha cumplido de prisión y aduce la «alarma social» que supone su puesta en libertad.


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La AVT se querella por el apoyo a De Juana

 

30-08-06


La AVT se querella por el apoyo a De Juana

MANUEL MARRACO

MADRID.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó ayer en la Audiencia Nacional una querella contra los convocantes de la manifestación del pasado sábado en San Sebastián en apoyo del etarra en huelga de hambre José Ignacio de Juana Chaos.

El escrito presentado por el letrado Juan Carlos Rodríguez Segura señala que tanto los convocantes como quienes hayan colaborado en la manifestación han podido cometer un delito de exaltación el terrorismo y menosprecio y humillación de las víctimas.
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«Es evidente que tras la convocatoria, al parecer por un grupo de vecinos de la parte vieja de la ciudad, se encuentra la ilegalizada Askatasuna, colectivo que sustituyó a Gestoras pro Amnistía, colectivo de apoyo a los presos de ETA. Ambas fueron declaradas ilícitas y suspendidas de actividad por orden judicial», afirma la querella.

Añade que también «puede verse que detrás de la misma está Batasuna-ETA», lo que queda «simplemente demostrado por los asistentes a la manifestación, los lemas coreados y el objeto de la misma, el apoyo a un asesino de ETA, etcétera». El escrito recoge la identidad de algunos de los participantes, que se encuentran imputados en el sumario contra Batasuna. También destaca la presencia de Rafael Díaz Usabiaga, secretario general del sindicato abertzale LAB, al que encuadra dentro «del frente obrero de ETA».

La AVT mantiene que situaciones como la del sábado «se producen, precisamente, por el clima que Batasuna-ETA está creando con el llamado periodo de negociación que se ha anunciado y donde un entramado que estaba prácticamente derrotado por la acción policial y judicial vuelve a ocupar la calle».

El etarra De Juana Chaos ha cumplido 23 días en huelga de hambre. De la visita médica que recibió ayer se desprende que se encuentra en situación estable pese a haber perdido 10 kilos.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó ayer el recurso de reforma interpuesto por la asociación Dignidad y Justicia contra su decisión de no prohibir la manifestación del pasado viernes en Bilbao en favor de la autodeterminación. Al día siguiente, la asociación anunció que emprendería acciones jurídicas contra el magistrado si no aceptaba el recurso que habían interpuesto.


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