Vera dice que ha pagado «con creces» y que no es «un privilegiado»
02-09-06
Vera dice que ha pagado «con creces» y que no es «un privilegiado»
El comunicado de sus abogados insiste en que el ex secretario de Estado tiene «derecho» al tercer grado
Vera dice que ha pagado «con creces» y que no es «un privilegiado»
El comunicado de sus abogados insiste en que el ex secretario de Estado tiene «derecho» al tercer grado
MADRID.- Los abogados de Rafael Vera emitieron ayer un comunicado en el que afirman que la concesión del tercer grado penitenciario al ex secretario de Estado para la Seguridad no constituye «trato privilegiado», sino un «derecho». Además, explican que su defendido «ha pagado con creces» la cuantía a cuya devolución está obligado tras la condena a siete años de prisión por malversación de fondos públicos que le impuso en 2002 la Audiencia Provincial de Madrid, ratificada por el Tribunal Supremo.
En el escrito, el bufete de abogados Cobo del Rosal recuerda que a Vera y a su familia «le han sido decomisados bienes inmuebles por valores muy superiores» a los cifrados jurisdiccionalmente, «en beneficio de las arcas públicas». La sentencia estableció que debía devolver 141 millones que se llevó para sí mismo y, de manera solidaria, otros 504 que entregó a algunos subordinados.
(.../...)
«Y todavía más», añade, «si se tiene en cuenta que no se computa, por tratarse de bienes inmuebles, la elevada plusvalía de los mismos, en favor, una vez más, del Estado, cosa que tendrá que ser discutida en los momentos correspondientes».
La Audiencia de Madrid ordenó en su sentencia el decomiso de dos fincas -una en Madrid y otra en Albacete-, al considerar probado que eran «efectos del delito», es decir, que habían sido compradas con dinero que Vera se llevó de los fondos reservados.
En este sentido, el comunicado reitera que el que fuera secretario de Estado de Seguridad en sucesivos gobiernos de Felipe González «ha pagado con creces más del doble de lo que se afirma jurisdiccionalmente», y denuncian que «sólo desde la ignorancia o la insidia» se puede decir «que tiene sin cubrir la responsabilidad económica».
Según informó este diario, la Fiscalía desconoce las circunstancias en las que se encuentra la ejecución de la condena -no les consta si ha cubierto esa responsabilidad-, por lo que actualmente está recabando los datos para decidir si recurre la concesión del tercer grado.
El escrito insiste en que a Vera no se le ha concedido «un trato privilegiado» porque, según explica, el derecho al tercer grado es un derecho y no un privilegio, y debe ser otorgado a todos los que reúnan los requisitos legalmente exigidos, como, añade, es el caso de Vera.
También afirma que «se trató de una condena sin la menor prueba de cargo, ni directa ni indirecta». Por último, hace hincapié en que la culpabilidad o inocencia de Vera se encuentra pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional.
En el escrito, el bufete de abogados Cobo del Rosal recuerda que a Vera y a su familia «le han sido decomisados bienes inmuebles por valores muy superiores» a los cifrados jurisdiccionalmente, «en beneficio de las arcas públicas». La sentencia estableció que debía devolver 141 millones que se llevó para sí mismo y, de manera solidaria, otros 504 que entregó a algunos subordinados.
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«Y todavía más», añade, «si se tiene en cuenta que no se computa, por tratarse de bienes inmuebles, la elevada plusvalía de los mismos, en favor, una vez más, del Estado, cosa que tendrá que ser discutida en los momentos correspondientes».
La Audiencia de Madrid ordenó en su sentencia el decomiso de dos fincas -una en Madrid y otra en Albacete-, al considerar probado que eran «efectos del delito», es decir, que habían sido compradas con dinero que Vera se llevó de los fondos reservados.
En este sentido, el comunicado reitera que el que fuera secretario de Estado de Seguridad en sucesivos gobiernos de Felipe González «ha pagado con creces más del doble de lo que se afirma jurisdiccionalmente», y denuncian que «sólo desde la ignorancia o la insidia» se puede decir «que tiene sin cubrir la responsabilidad económica».
Según informó este diario, la Fiscalía desconoce las circunstancias en las que se encuentra la ejecución de la condena -no les consta si ha cubierto esa responsabilidad-, por lo que actualmente está recabando los datos para decidir si recurre la concesión del tercer grado.
El escrito insiste en que a Vera no se le ha concedido «un trato privilegiado» porque, según explica, el derecho al tercer grado es un derecho y no un privilegio, y debe ser otorgado a todos los que reúnan los requisitos legalmente exigidos, como, añade, es el caso de Vera.
También afirma que «se trató de una condena sin la menor prueba de cargo, ni directa ni indirecta». Por último, hace hincapié en que la culpabilidad o inocencia de Vera se encuentra pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional.
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