Prisiones justifica el tercer grado porque Vera ya no podría robar
31-08-06
Prisiones justifica el tercer grado porque Vera ya no podría robar
Alega su situación familiar, una depresión y que carece de perfil delictivo
MIGUEL ANGEL VERGAZ
Prisiones justifica el tercer grado porque Vera ya no podría robar
Alega su situación familiar, una depresión y que carece de perfil delictivo
MIGUEL ANGEL VERGAZ
VALLADOLID.- La petición del tercer grado para Rafael Vera, elevada por la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia y aprobada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias el pasado 10 de agosto, incluye argumentos como la imposibilidad de reincidir por parte del que fuera secretario de Estado para la Seguridad.
Según fuentes jurídicas con acceso al documento, en el escrito se argumenta que los delitos por los que ha sido condenado fueron cometidos gracias a su posición como secretario de Estado, un contexto que, según Instituciones Penitenciarias, no puede volver a repetirse.
(.../...)
La Junta de Tratamiento añade que el caso de Vera no se ajusta a un «tipo o perfil» habitual al resto de presos. También valora en su petición la situación familiar: su esposa está enferma, y a su cargo tiene una hija adoptada de corta edad. Además, recuerda la depresión que Vera padece por su encarcelamiento.
En el documento no consta que Vera haya manifestado su intención de afrontar la responsabilidad civil derivada de su condena a siete años por malversación de caudales públicos. Una condena de la que no ha cumplido ni la cuarta parte, medida de tiempo mínimo de uso común para los condenados antes de la reforma de 2003. Según el escrito de solicitud, ese periodo se alcanzaría el próximo 16 de noviembre.
El fiscal jefe de Valladolid, Luis María Delgado, explicó ayer a EL MUNDO «que nadie conoce por ahora con exactitud la cantidad que debe exigirse en concepto de responsabilidad civil en este caso». La sentencia estableció que Vera debe pagar 141 millones de pesetas (847.427,07 euros) que sustrajo para sí y responder de forma solidaria por los 504 millones de pesetas (tres millones de euros) entregados a otros altos cargos, que en parte ya han sido devueltos por éstos.
Delgado presupone que la venta de las dos fincas decomisadas a Vera supondrá «la cantidad suficiente para afrontar la responsabilidad civil en cuanto a la cuestión monetaria». Pero el fiscal jefe advierte de que quiere «las cuentas al céntimo» antes de decidir si recurrirá, en el plazo de dos semanas, la concesión del tercer grado, ya que «todo, salvo las cantidades, puede ser objeto de interpretación». «Lo que es cierto», añadió, «es que el señor Vera se ha visto libre de manifestar su voluntad de devolver lo sustraído gracias a los decomisos practicados».
La Junta de Tratamiento actúa al amparo del Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero, modificado en 2003 con las medidas de reforma para el cumplimiento efectivo de las penas, que endurecen el acceso al tercer grado.
Favoritismo
Funcionarios de prisiones que pertenecen a Juntas de Tratamiento de otros centros han mostrado a este periódico su estupor por la concesión del tercer grado. «La referencia a un perfil de delincuente está de más, ya que las Juntas deben analizar los casos según el principio de individualización científica». «El perfil sería el de los condenados por los fondos reservados, que han tenido un trato claramente privilegiado», añade con ironía uno de los funcionarios, que cree que sus compañeros de Segovia han subvertido ese principio de flexibilidad a favor de Vera.
Estos funcionarios también manifestaron su sorpresa por el acceso al tercer grado sin cumplir un cuarto de la condena, «algo completamente inusual». Señalaron, además, que en la concesión no puede valorarse la necesidad de la familia, por ser un factor exterior a la evolución del interno: «Si fuera por eso, podríamos aportar miles de casos mucho más sangrantes».
Según fuentes jurídicas con acceso al documento, en el escrito se argumenta que los delitos por los que ha sido condenado fueron cometidos gracias a su posición como secretario de Estado, un contexto que, según Instituciones Penitenciarias, no puede volver a repetirse.
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La Junta de Tratamiento añade que el caso de Vera no se ajusta a un «tipo o perfil» habitual al resto de presos. También valora en su petición la situación familiar: su esposa está enferma, y a su cargo tiene una hija adoptada de corta edad. Además, recuerda la depresión que Vera padece por su encarcelamiento.
En el documento no consta que Vera haya manifestado su intención de afrontar la responsabilidad civil derivada de su condena a siete años por malversación de caudales públicos. Una condena de la que no ha cumplido ni la cuarta parte, medida de tiempo mínimo de uso común para los condenados antes de la reforma de 2003. Según el escrito de solicitud, ese periodo se alcanzaría el próximo 16 de noviembre.
El fiscal jefe de Valladolid, Luis María Delgado, explicó ayer a EL MUNDO «que nadie conoce por ahora con exactitud la cantidad que debe exigirse en concepto de responsabilidad civil en este caso». La sentencia estableció que Vera debe pagar 141 millones de pesetas (847.427,07 euros) que sustrajo para sí y responder de forma solidaria por los 504 millones de pesetas (tres millones de euros) entregados a otros altos cargos, que en parte ya han sido devueltos por éstos.
Delgado presupone que la venta de las dos fincas decomisadas a Vera supondrá «la cantidad suficiente para afrontar la responsabilidad civil en cuanto a la cuestión monetaria». Pero el fiscal jefe advierte de que quiere «las cuentas al céntimo» antes de decidir si recurrirá, en el plazo de dos semanas, la concesión del tercer grado, ya que «todo, salvo las cantidades, puede ser objeto de interpretación». «Lo que es cierto», añadió, «es que el señor Vera se ha visto libre de manifestar su voluntad de devolver lo sustraído gracias a los decomisos practicados».
La Junta de Tratamiento actúa al amparo del Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero, modificado en 2003 con las medidas de reforma para el cumplimiento efectivo de las penas, que endurecen el acceso al tercer grado.
Favoritismo
Funcionarios de prisiones que pertenecen a Juntas de Tratamiento de otros centros han mostrado a este periódico su estupor por la concesión del tercer grado. «La referencia a un perfil de delincuente está de más, ya que las Juntas deben analizar los casos según el principio de individualización científica». «El perfil sería el de los condenados por los fondos reservados, que han tenido un trato claramente privilegiado», añade con ironía uno de los funcionarios, que cree que sus compañeros de Segovia han subvertido ese principio de flexibilidad a favor de Vera.
Estos funcionarios también manifestaron su sorpresa por el acceso al tercer grado sin cumplir un cuarto de la condena, «algo completamente inusual». Señalaron, además, que en la concesión no puede valorarse la necesidad de la familia, por ser un factor exterior a la evolución del interno: «Si fuera por eso, podríamos aportar miles de casos mucho más sangrantes».
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