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11.11.06

 

La juez acusa a los mandos de los peritos de dos delitos por el informe ETA/11-M

 

11-11-06



LA CUPULA DE LA POLICIA CIENTIFICA CAMINO DEL BANQUILLO

La juez acusa a los mandos de los peritos de dos delitos por el informe ETA/11-M


MARIA PERAL

MADRID.- El máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica, Miguel Angel Santano, y tres de sus subordinados -Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez- han sido imputados por parte de la juez Gemma Gallego por la manipulación de un informe pericial relativo al sumario del 11-M en el que se mencionaba a ETA.


La juez considera que existen indicios suficientes para que los cuatro mandos policiales se sienten en el banquillo por presuntos delitos de falsedad documental y/o falso testimonio. En el caso de Santano, y de forma subsidiaria a la autoría, aprecia un presunto encubrimiento del delito de sus inferiores.

(.../...)

Gallego, cuya decisión es recurrible, da 10 días al fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral o pidan el archivo. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo anunciaron ayer que instarán la celebración del juicio contra los cuatro imputados.

Tras una rápida investigación, que ha durado tan sólo 45 días, la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha declarado concluida la tramitación de las diligencias previas que inició tras la presentación de una querella por parte de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

La querella fue interpuesta después de que EL MUNDO revelara que mandos de la Comisaría General de Policía Científica alteraron un informe pericial sobre el ácido bórico intervenido en casa de Hasan Haski, procesado como inductor de los ataques del 11-M.

La finalidad principal de la alteración era que al sumario de la Audiencia Nacional no llegara un dictamen en el que aparecía la palabra ETA. Los peritos autores del informe incluyeron unas observaciones en las que daban cuenta de los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección por perros entrenados, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos.

Tras el interrogatorio de los facultativos autores del informe como testigos y de los mandos policiales implicados, y después de recabar diversas pruebas documentales, Gallego ha dictado una resolución en la que, además de dar por concluida la instrucción, se pronuncia sobre las opciones que indica la ley para estos supuestos: archivar las diligencias, si aprecia que no hay delito o que no hay autor conocido; enviarlo al juez competente si estima que se ha producido no un delito, sino una falta, o abrir la fase de preparación del juicio oral si considera que existen indicios de delito.

Indicios

Esto último es lo que ha sucedido en este caso. La juez estima que hay indicios para que se sienten en el banquillo el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y el jefe del laboratorio químico-toxicológico, Francisco Ramírez.

Gallego aprecia un posible delito de falsedad documental (castigado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial) y/o un delito de falso testimonio, que castiga con multa y suspensión al perito que, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con inexactitudes o silenciando hechos relevantes.

La juez ve indicios de que los cuatro imputados pueden ser autores de la infracción penal. Pero en el caso de Santano deja la puerta abierta a que, en lugar de autor, sea encubridor de lo que presuntamente hicieron sus subordinados.

El relato indiciario que la juez plasma en la resolución señala que el 14 de marzo de 2005 tuvo entrada en la Comisaría General de Policía Científica un oficio de la Comisaría General de Información solicitando «se realice estudio, análisis e informe pericial» sobre las muestras de una sustancia intervenida en el domicilio de Hasan Haski.

Añade que, «elaborado el informe solicitado por los peritos del laboratorio químico, los facultativos Escribano y López y el técnico Manrique, tras analizar la sustancia, incluyeron en el informe unas 'observaciones' en las que se hacía una relación de otros informes periciales en los que había sido encontrada idéntica sustancia, y se cuestionaba la posible vinculación de aquéllos en cuyo poder se había intervenido».

La juez afirma que Ramírez, Mélida y Santano «consideraron inconveniente que constaran esas observaciones», por lo que el primero de ellos, «que seguía las indicaciones de sus superiores, requirió a los peritos para que las suprimieran».

Como Escribano, López y Manrique no quisieron cambiar su informe, Ramírez, «con conocimiento y anuencia de los otros imputados», alteró el documento de los tres peritos.

La resolución detalla la manipulación del dictamen: «Para que no constara en el informe ninguna de tales observaciones, [Ramírez] alteró el objeto de la petición de la Comisaría requirente, sustituyendo lo que se había pedido por 'análisis de muestras'; suprimió que los peritos 'se hicieron cargo de lo recibido', atribuyéndose él mismo la recepción de las muestras y la práctica de las técnicas analíticas; eliminó la mención de los peritos autores del informe, así como tres de las técnicas que habían practicado aquéllos; [y] suprimió íntegramente las 'observaciones' del informe».

El dictamen así manipulado y firmado por Ramírez fue enviado por Andradas a la Comisaría General de Información, que lo elevó al juez Del Olmo, quedando incorporado al sumario del 11-M.

La juez da un plazo de 10 días al fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento y archivo de la causa. De manera excepcional pueden solicitar diligencias complementarias, aunque durante la fase de instrucción ni acusaciones ni defensas han instado pruebas. Tampoco lo han hecho el fiscal o la Abogacía del Estado.

El letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M José María de Pablo anunció ayer que formulará acusación contra los cuatro mandos policiales y pedirá la apertura del juicio oral. En idéntico sentido se pronunció Juan Carlos Rodríguez Segura, abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

La Fiscalía, por su parte, estudiará la posibilidad de recurrir la imputación de, al menos, Santano, Mélida y Andradas.



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LA JUEZ ESCLARECE LOS HECHOS, LA CUPULA POLICIAL, AL BANQUILLO

 

11-11-06



Editorial

LA JUEZ ESCLARECE LOS HECHOS, LA CUPULA POLICIAL, AL BANQUILLO


Un mes después de que Garzón intentara cerrar el caso con un absurdo auto de exculpación de los mandos policiales, la juez Gemma Gallego dictó ayer una resolución en la que acusa de delitos de falsedad documental y falso testimonio a Francisco Ramírez, jefe del laboratorio químico de la Policía Científica; a su inmediato superior, José Andradas; a Pedro Mélida, secretario general de la Policía Científica; y a Miguel Angel Santano, comisario general. A éste le imputa un delito de encubrimiento en el supuesto de que fuera exonerado de los anteriores.

Técnicamente, lo que la juez Gallego hizo ayer fue dictar un auto de transformación en procedimiento abreviado, lo que implica que, si la acusación particular lo solicita en el plazo de 10 días -y sin duda lo hará-, estos cuatro mandos de la Policía Científica tendrán que sentarse en el banquillo para responder de esos delitos.
(.../...)

En su escrito, la juez considera probado que Francisco Ramírez decidió cambiar el informe realizado por los tres peritos a instancias de sus superiores, que querían eliminar cualquier nexo entre el ácido bórico incautado a un terrorista islamista y la utilización de esta sustancia por ETA.

La juez refleja que los peritos se negaron a cambiar su informe, realizado en marzo de 2005, y que Ramírez decidió modificarlo «con conocimiento y anuencia de los otros imputados». Para ello, según el auto, «alteró el objeto» del análisis solicitado, ocultó el hecho de que él no había recibido las muestras ni efectuado las pruebas y eliminó la mención a sus verdaderos autores, sustituyendo el informe de los peritos por otro que seguía las indicaciones de sus jefes.

La narración que hace la juez de lo que sucedió coincide punto por punto con la información publicada por EL MUNDO, que siempre sostuvo que se trataba de una falsedad ordenada por los mandos de la Policía Científica para evitar esa referencia a ETA que constaba en el informe de los peritos. Éstos quedaron exculpados por la juez, que dictó un auto en el que les levantaba la imputación de Garzón al no apreciar delito alguno en su conducta.

La impecable reconstrucción de los hechos que hace la juez Gallego pone en evidencia la parcialidad de las actuaciones de Garzón, que, a pesar de carecer de competencias, intentó exculpar a los responsables de la manipulación y criminalizar a unos peritos que se habían limitado a realizar un trabajo profesional, ajustándose el encargo de sus jefes.

Pero también medios como El País y ABC fueron cómplices entusiastas en esta labor de intoxicación, en la que no vacilaron en engañar a sus lectores. Todavía siguen sin pedir disculpas a los peritos que difamaron y, sobre todo, siguen sin rectificar sus falsas informaciones.

El auto de ayer aboca prácticamente a los cuatro mandos de Interior a sentarse en el banquillo. Será la Justicia quien tenga la última palabra sobre sus responsabilidades penales, pero, al margen de ese veredicto, los hechos han quedado ya muy claros.


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Zapatero pierde a su 'hombre de paz'

 

11-11-06



TRIBUNA LIBRE

Zapatero pierde a su 'hombre de paz'


TERESA JIMÉNEZ-BECERRIL

Si alguien aún albergaba algunas dudas sobre la legitimidad de este humillante proceso de paz al que asisitimos los españoles como convidados de piedra, las últimas declaraciones del señor Zapatero las habrán disipado. Se dice que, conversando amistosamente con varios periodistas, el presidente del Gobierno resaltó la coherencia que el terrorista Ignacio De Juana Chaos -culpable de 25 asesinatos- demostró mientras era juzgado, al afirmar que sus palabras no eran amenazas, sino «crítica política», lo que venía a confirmar sus informaciones acerca de los sentimientos del multiple asesino.

Las palabras textuales del presidente, formales o informales, fueron: «De Juana Chaos está a favor del proceso de paz». Desconozco si quienes las han escuchado han sentido mi misma vergüenza; aunque, claro, yo, al ser víctima directa, según los que tratan con ETA, he dejado de ser una persona juiciosa para convertirme en una ser irracional. Confrontaré mi opinión con la de aquellos que no han sido perjudicados directamente, aunque sospecho que su indignación habrá igualado a la mía, ya que la moral no tiene nada que ver con el dolor.
(.../...)

No hace falta haber perdido a un ser querido para sentir desprecio por alguien que se atreve a justificar la conducta de uno de los más sanginarios criminales que hemos conocido en España.La inteligencia o la prudencia, ya que la decencia no parece inspirar sus acciones, deberían recordarle a Zapatero que alguien que lleva sobre sus espaldas el peso de tantos muertos no es el más indicado para tirar del carro de la paz. Yo jamás llegué a unirme a esa falsa caravana de oportunistas, pero si lo hubiera hecho, bien sabe Dios que con sólo ver a Ignacio de Juana Chaos acompañando a la comitiva hubiera echado a correr, maldiciendo el día en el que creí en un gobernante que había conseguido convertir una palabra tan valiosa como paz en algo carente de significado, o peor aún, que había utilizado la imagen de la paloma blanca para defender algo tan indigno como una traición.

Presidente, sus fuentes le aseguran que este terrorista -que seguirá pagando sus culpas algunos años más-, está a favor de salir del conflicto. No hace falta tener muchas luces para saber que de donde quiere salir este hombre es de la cárcel y que de lo que está a favor es de cualquier proceso que le permita hacerlo.Que no haya apuntado al fiscal gritándole que le va a meter siete tiros, o que no haya dado la espalda a los jueces entre risas compartidas con su compañera de asesinatos, no nos descubre a alguien mejor que Txapote o Bilbao, sino a un individuo que no está dispuesto a comerse el turrón entre rejas ni un año más.A pesar de las recomendaciones del jefe del Ejecutivo, los jueces no han sido lo suficientemente flexibles y la consecuencia inmediata será que Iñaki, el héroe no podrá brindar con champán ni por nuestros muertos, ni por la independencia de Euskal Herria. Sus seguidores deberán tener paciencia. Antes, solía hacerlo desde la cárcel, ahora prefiere ayunar, que es más efectivo.

Hace unos días, De Juana Chaos después de que el fiscal le preguntara si él pertenecía a ETA, respondió: «En 1985, sí». Yo quisiera refrescarle la memoria a este individuo. Cuando en 1998 asesinaron al matrimonio Jiménez-Becerril, seguía siendo de ETA. Como muestra, citaré algunas frases de la carta que escribió para celebrar la muerte de mi hermano y su mujer:

«En la cárcel, sus lloros son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajada limpia. (...) Me estoy tragando todas las noticias del ekintxa [atentado] de Sevilla. Me encanta ver las caras desencajadas que tienen... (...) Con esta acción ya he comido para todo el mes. ¡Perfecta! Ahora están empezando a recoger todo el sufrimiento que desde hace décadas vienen repartiendo entre los presos, y eso que todavía seguimos siendo monjitas de la caridad...».

Entre otras referencias al dolor de mis sobrinos, que no deseo citar, termina diciendo: «¡VIVA ETA! ¡Dale que te pego hasta vencer!».

Era el 9 de marzo de 1998. Me consta que ha seguido no sólo celebrando las acciones de la banda terrorista, sino, lo que es más grave, amenazando y señalando objetivos, hasta que se iniciaron las actuales negociaciones. La nueva sentencia permite que quienes creemos en la Justicia sigamos creyendo, a pesar de que la espada de Damocles de los trucos legales pende sobre nuestras cabezas.Celebro que los jueces hayan mantenido su independencia frente a quienes pretendían disfrazar las inequívocas intenciones del etarra confundiendo la apología del terrorismo con pura crítica política para ajustarse a los objetivos del Gobierno.

Quisiera que los españoles supiesen quien es verdaderamente este aspirante a escritor que no necesita patear los cristales de la sala penal, ni amenazar publicamente a quien lo juzga, porque los inocentes a los que ha asesinado han marcado su cara para siempre y ni siquiera las dulces palabras del presidente de la nación a la que el terrorista tanto odia lograrán borrar el gesto que distingue a quienes desprecian la vida de los que no piensan como ellos. Y esta nueva huelga de hambre lo demuestra. No admite nuestras leyes. De ahí su nuevo desafío.

Comprendo que haya quien no quiera saber, quien desee que este proceso de no se sabe qué termine de una vez por todas. Aceleren señores negociadores; inventen un nombre para la independencia del País Vasco y una fórmula mágica para sacar a los presos etarras sin ser vistos, porque quienes creyeron en ustedes están empezando a quedarse sin argumentos para defender lo que muchos jamás defendimos.Olvídense del PP y de las víctimas, quienes desde el principio fuímos señalados como enemigos del bien común. En breve serán los que les dieron su confianza quienes, hojeando un periódico distinto al habitual, leerán lo que no querían leer, sintonizando por error una emisora, oirán lo que nunca hubieran querido oír, y en su televisor se colará una imagen que preferirían no haber visto.

Ese día, su odio al adversario político, su desprecio por un mundo que consideran injustamente heredero del franquismo y su deseo de pertenecer a ese progresismo global que les otorga una superioridad moral, no será suficiente para seguir aprobando un proyecto político que nació bajo el signo de la mezquindad y que, bajo el manto de la paz, cada día esconde una nueva inmoralidad.Y no quiero volver a oír «¿pero algo habrá que hacer?», si ese «que hacer» significa que es mejor ver a De Juana Chaos firmando libros en un centro comercial que verlo preso. Si ese «que hacer» quiere decir ignorar el rearme mediático de ETA. Si ese «que hacer» nos lleva a avalar el proyecto político de Batasuna en Europa. Si ese «que hacer» nos convierte en seres inmorales e injustos.

Invito a quien aún tenga los ojos cerrados a abrirlos, a afrontar lo que ve, a hablar sin complejos, sin temer ser tachado de derecha extrema, por reivindicar lo que yo reivindico. A tender la mano al adversario político, que siempre será menos peligroso que tendérsela al verdadero enemigo; ETA.

Haciendo esto ustedes, quienes leen estas líneas ahora, simplemente, estarán ejerciendo su libertad, no atacando al Gobierno como quieren hacerles creer. Son mi última esperanza, no vean en mí una herramienta en manos de nadie. Mi único faro es la Justicia y espero que su luz alcance a la mayoría de los españoles, en los que sigo creyendo.

Teresa Jiménez-Becerril es hermana de Alberto Jiménez-Becerril, concejal del Partido Popular en Sevilla, asesinado por ETA junto a su esposa en 1998.


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Del Olmo encarcela a un procesado del 11-M por ayudar a 'muyahidin'

 

11-11-06



11-M / Las alteraciones en el informe

Del Olmo encarcela a un procesado del 11-M por ayudar a 'muyahidin'


MANUEL MARRACO

MADRID.- El juez Juan del Olmo ordenó en la madrugada de ayer, a petición del fiscal Miguel Angel Carballo, el ingreso en prisión de dos de los cuatro presuntos islamista detenidos el pasado lunes. Uno de ellos es Nasredine Bousbaa, procesado por el 11-M pero que se encontraba en libertad provisional bajo fianza desde febrero de 2005. La Fiscalía pide para él 10 años de prisión por suministrar documentación falsa a la célula que perpetró la masacre de Madrid.

Los cuatro argelinos arrestados en la operación Suez están acusados de falsificar documentos con el fin de facilitar la entrada en España de muyahidin procedentes de Irak, así como de facilitar sus desplazamientos por otros países europeos.
(.../...)


El fiscal pidió el ingreso en prisión de Bousbaa y de Sayed Beder Megahed ante los «abundantes indicios» de su colaboración con banda armada y falsificación de documento oficial. Respecto a Bousbaa, Carballo mantuvo que se ha constatado en la investigación «la existencia de contactos, reconocidos en su declaración como detenido, con sujetos de especial significación en la actividad de bandas terroristas de signo religioso islamista».

Por su parte, Del Olmo resalta en el auto de prisión la «supuesta actuación combinada» de los dos encarcelados, «dirigida, al menos en 2005 y 2006, a obtener documentos de identidad falsos o legítimos para ser alterados y manipulados, que al menos parcialmente podían ir dirigidos al entorno terrorista islamista». El instructor explica que ha tenido en cuenta «determinadas intervenciones telefónicas y contactos mantenidos entre los dos imputados y otros investigados en otras causas por terrorismo en la actualidad, así como contactos existentes con presuntos miembros de organizaciones terroristas islamistas».

Con 'El Chino'

Los otros dos arrestados quedaron en libertad con cargos al estar acusados sólo del delito de falsificación, no del de colaboración con un grupo terrorista. Del Olmo les impuso comparecencias semanales ante el juzgado y la prohibición de salir del país.

En el auto en el que confirma sus procesamientos, Del Olmo dice de Bousbaa: «Según sus manifestaciones sólo conocía a Jamal Ahmidan, [pero] mantuvo contactos telefónicos con diversos teléfonos vinculados a los presuntos miembros de la célula», en referencia a dos de los siete suicidas de Leganés.

El juez explica que Bousbaa «conoció a Jamal Ahmidan cuatro meses antes de los atentados del 11 de Marzo en la puerta de la mezquita de la M-30». El Chino le pidió ayuda para poder utilizar algunos pasaportes robados y el argelino, supuestamente, accedió. Uno de los pasaportes fue empleado por el suicida Kounjaa para alquilar una vivienda en Albolote (Granada).


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Unos policías «tramposos», «falsarios» y «desmemoriados»

 

11-11-06



11-M / La campaña de desprestigio

Unos policías «tramposos», «falsarios» y «desmemoriados»



Mientras los tres peritos eran vilipendiados mediáticamente, sus superiores, ahora imputados, incluso recibieron elogios

EL MUNDO

MADRID. - El pasado 21 de septiembre, EL MUNDO destapó que un informe de la Policía Científica entregado al juez Juan Del Olmo había sido falsificado para eliminar las referencias que vinculaban a ETA con el 11-M. Desde entonces, ABC y El País, apoyados en las iniciativas del juez Baltasar Garzón, han unido esfuerzos para desvirtuar esa información, que compromete la estrategia política del Gobierno socialista.

Ambos medios, en el pasado antagónicos, han encontrado un punto de encuentro: la estrategia consistió, primero, en desviar la atención del lector, ridiculizando la peligrosidad del elemento que relaciona a ETA con el 11-M -el ácido bórico-; después, en vituperar y desprestigiar a los peritos que habían elaborado el informe, exaltando las actuaciones del juez Baltasar Garzón. La decisión de la juez Gemma Gallego de exculpar a los técnicos e imputar a sus cuatro superiores desacredita el tratamiento dado al caso por ambos diarios, a los que en ocasiones se ha sumado algún dirigente político, y suscita serios interrogantes sobre la insólita actuación de Garzón.
(.../...)

La «total corrección» de los superiores.

Al día siguiente de la exclusiva de EL MUNDO, ya aparecieron dos consignas que ABC y El País han repetido insistentemente: el ácido bórico es un insecticida que «sirve para matar cucarachas» y el informe elaborado por los peritos no es más que un «borrador».

Aquel 22 de septiembre, el diario de Prisa presentaba la información bajo un titular pretendidamente satírico: «De la Orquesta Mondragón al insecticida terrorista», que se burlaba, de paso, de toda la labor de investigación sobre el 11-M que lleva a cabo EL MUNDO.

El periódico de Vocento iba más allá. En un editorial deducía que, ya entonces, «parece evidente» que «no existió falsificación alguna pues el primer informe fue un borrador» y que «el superior jerárquico que envió el dictamen oficial (sic) al Juzgado de Instrucción actuó con total corrección».

Peritos «tramposos» y «falsarios».

ABC y El País celebraron como una victoria propia la decisión del juez Garzón de imputar a los tres peritos el 29 de septiembre. Ambos rotativos abrieron sus ediciones del día 30 con la noticia. Los titulares de portada eran curiosamente coincidentes. Para el diario de Vocento, «Los tres peritos que relacionaron el 11-M y ETA falsearon el documento»; para el de Prisa, «Los peritos del ácido bórico falsearon el informe que relaciona ETA y 11-M». Ni sombra de duda.

Además, el periódico de Jesús Polanco presentaba la información en páginas interiores bajo el titular: «Garzón imputa a tres peritos que reconocen haber falseado el informe que vincula a ETA con el 11-M», argumento incierto en el que se reafirmaba en el cuerpo de la noticia.

ABC y El País titularon aquel día sendos editoriales «Los falsarios del 11-M» y «Los tramposos», respectivamente. Para el primero, el auto de Garzón «desmonta la veracidad de la información de EL MUNDO».

No dieron la misma importancia a la decisión de la juez Gemma Gallego de anular la imputación de Garzón a los peritos. El 7 de noviembre, El País le dedicó media columna en la página 23. ABC no fue tan lejos: le dio tres en la página 15.

López Garrido y los instigadores.

En plena euforia por el auto de Garzón, el portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, se mostró ese mismo 30 de septiembre «convencido» de que el Poder Judicial «va a descubrir quiénes han instigado a tres peritos a falsificar un documento».

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, calificó de acertada la decisión de Garzón e insinuó la existencia de «una trama de la derecha».

Al día siguiente, el propio Zapatero habló de una «derecha extrema» atrapada en «falsedades».

Una conspiración al servicio de la 'teoría de la conspiración'.

El periodista de El País Ernesto Ekaizer denunció en dos artículos -el 30 de septiembre y el 11 de octubre- una auténtica conspiración de «diferentes organizaciones afines al PP» para «deslegitimar el juicio del 11-M». Expuso como una «evidencia» que los peritos habían «fabricado una prueba falsa». Cinco días después de que la juez los haya exculpado, Ekaizer aún no ha rectificado.

Escribano «confiesa» y «admite» una «elucubración».

Los dos diarios recogieron en exclusiva el día 1 de octubre las declaraciones de los peritos ante Garzón. El jefe de los técnicos, Manuel Escribano, se refirió al vínculo que él establece entre ETA y el 11-M como una «elucubración», lo que para El País equivale a una confesión. ABC fue más moderado: Escribano «admite ante el juez» la elucubración.

Aquel día, el diario de Prisa ofreció otra primicia: «Garzón investiga si el informe del ácido bórico fue falseado por encargo», pero no identifica a la fuente.

«Dos policías desmemoriados».

El País insistió el 5 de octubre en la estrategia de centrar la atención del lector en el ácido bórico. El periódico de Polanco mostraba un informe firmado por dos de los peritos en los que niegan que esa sustancia tuviese relación con explosivos. Y al pie del documento, una conclusión clara: «Dos policías desmemoriados».

«La juez del bórico».

ABC se refería a la juez Gemma Gallego, en un titular del 20 de octubre, como «La juez del bórico», con evidente ánimo despectivo. Las críticas que recibió el diario de Vocento desde algunos medios encontraron una pronta respuesta: cuatro días después, lo volvió a hacer.






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El Gobierno da por congelado el proceso por tiempo indefinido

 

11-11-06



ALTO EL FUEGO / La estrategia política

El Gobierno da por congelado el proceso por tiempo indefinido


Dice que no habrá avances hasta que ETA acredite el fin de la violencia «Nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario», asegura De la Vega

FERNANDO GAREA

MADRID.- El Gobierno considera que, en la práctica, el llamado proceso de paz está congelado. No se rompe porque se mantiene el alto el fuego y porque, en todo caso, deberá ser ETA quien lo haga, pero tampoco avanza, como explicó ayer oficialmente la portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

La vicepresidenta primera afirmó que no habrá avances mientras ETA «no acredite nítidamente su voluntad de abandonar la violencia de forma definitiva».

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La frase completa fue: «Mientras ETA no asuma que la violencia no conduce a ninguna parte, mientras no asuma que en un Estado de Derecho sólo se puede estar y actuar dentro de la ley, no sólo habrá dificultades, sino que el proceso no podrá avanzar, y no va a avanzar si no se acredita nítidamente la voluntad de abandonar la violencia de manera definitiva. Éste es el único escenario que contempla el Gobierno, no hay otro escenario».

La versión del Ejecutivo es que, después del robo de armas en el sur de Francia, es preciso abrir un periodo indefinido para comprobar si la organización terrorista tiene, realmente, voluntad de dejar definitivamente la violencia y sustituirla por la política y la vía democrática. Mientras tanto, no hará ningún movimiento ni gesto hacia ETA o Batasuna, siempre según la versión oficial.

El Gobierno no se ha fijado plazo alguno para este periodo de impasse. De hecho, la vicepresidenta primera repitió ayer tres veces la misma frase en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: «Nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario».

Según explicó, se trata de buscar solución a un problema que dura más de 40 años y, por tanto, no hay prisa. A su favor juegan los datos de los más de tres años sin víctimas mortales de ETA y los casi siete meses de alto el fuego de la organización terrorista.

Ese tiempo se empleará, según dijo, «para tener realmente una verificación clara y que quede acreditada de forma inequívoca esa voluntad de ETA. Necesitamos tener certidumbre y seguridad. El Gobierno está firme en sus decisiones y principios, con la seguridad de que no se va a dar ni un solo paso que no esté dentro de ese camino marcado».

El Ejecutivo utilizó ayer un tono más severo con ETA que en otras ocasiones. La vicepresidenta primera respondió a todas las preguntas con un mensaje más exigente hacia la banda terrorista y una imagen mayor de firmeza que la que se ha traslucido en los últimos días de interpretaciones sobre declaraciones del propio José Luis Rodríguez Zapatero. Fernández de la Vega repitió ayer que las «tres condiciones inexcusables a las que el Gobierno no está dispuesto a renunciar» son «la ausencia total de violencia, la legalidad y el respeto a las víctimas».

Es decir, que según el Ejecutivo no puede haber diálogo con ETA si se mantiene la violencia callejera y se roban armas, y no se puede constituir la mesa de partidos vascos si Batasuna no acepta la legalidad de la Ley de Partidos. «Sin ausencia de violencia no hay nada que hacer, y deben aceptarse las reglas del juego democrático, y eso es lo que hay», resumió.

Eso no quiere decir que se hayan cortado los puentes o contactos directos o indirectos con ETA y Batasuna para establecer de forma reservada la metodología de un futuro diálogo y para dar por cierta la voluntad de poner fin a la violencia.

La número dos del Gobierno se preguntó retóricamente: «¿Alguien quiere que se rompa el proceso?». Fuentes oficiales explican que lo que no hará en ningún caso el Ejecutivo es romper nada, entre otras cosas porque sería tanto como decirle a ETA que ponga fin a su alto el fuego y vuelva a cometer atentados. De hecho, recuerdan que en 1999 fue la organización terrorista quien rompió y anunció públicamente que abandonaba las conversaciones con el Gobierno de José María Aznar.

Para reforzar la imagen de firmeza, Fernández de la Vega aseguró enfática que «este Gobierno no acepta ni aceptará jamás pulsos, presiones o chantajes. Ni pulsos, ni presiones, ni chantajes de ningún tipo, vengan de donde vengan».

La pregunta que dio lugar a esa respuesta se refería a Batasuna y también a las críticas del PP a la actuación del Gobierno, por lo que podría entenderse que en el vengan de donde vengan se incluye también al principal partido de la oposición.

La vicepresidenta primera puso en práctica la estrategia del Gobierno de minimizar en público la huelga de hambre del preso de ETA Ignacio de Juan Chaos, para no concederle un protagonismo ni un liderazgo excesivo. Por eso, Fernández de la Vega no quiso opinar sobre la protesta del terrorista, argumentando que se trata de «decisiones que cada uno toma en el ámbito de su autonomía personal».

Respecto al robo de armas en el sur de Francia, la vicepresidenta aseguró que las autoridades de aquel país pidieron el pasado 30 de octubre 15 días más para «realizar más pruebas y confirmar lo que se sabe: que todo apunta a que ha sido ETA, pero falta completar esa información».




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8.11.06

 

La fiscal asume que es «imposible» saber qué tipo de dinamita estalló en los trenes

 

08-11-06



11-M / La investigación

La fiscal asume que es «imposible» saber qué tipo de dinamita estalló en los trenes


Hace dos meses dijo al tribunal que estaba «perfectamente identificado» que fue Goma 2 ECO

MANUEL MARRACO

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional reconoce en su escrito de acusación del 11-M que sólo se puede afirmar que en los trenes estalló algún tipo de dinamita, pero que resulta imposible asegurar si fue Goma 2 ECO.

Según recoge el apartado dedicado a los explosivos, en ocho de los 10 focos de la masacre «se comprobó la presencia de algunos de los componentes de los explosivos conocidos genéricamente como dinamitas». «Es técnicamente imposible», prosigue, «asignar el nombre comercial a dinamitas que han sufrido reacción explosiva, ya que en ella desaparecen determinados componentes, que son los que hacen posible tal designación».
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El criterio coincide casi textualmente con los informes periciales aportados al juez Juan del Olmo, pero supone un cambio respecto a lo mantenido el pasado mes de septiembre ante la Sección Cuarta de lo Penal por la fiscal del caso, Olga Sánchez. La representante del Ministerio Público llegó más lejos que los peritos en su respuesta a las dudas planteadas por la defensa de Rafá Zouhier en la vista contra el auto de procesamiento: «El tema de los explosivos está perfectamente identificado en el informe común elaborado por la Policía y la Guardia Civil [...] El explosivo es Goma 2 ECO; es lo que estalló en los trenes y en Leganés».

La fiscal prosiguió su intervención ante la Sala descartando otros tipos de dinamita. «Es un tipo de explosivo que no tiene nada que ver con Titadyn», dijo, en referencia al tipo de dinamita empleada habitualmente por ETA. Sánchez cerró el asunto con un «¡ya vale!».

La fiscal convenció al tribunal de apelación, que en el auto en el que confirmó el procesamiento de Rafá Zouhier afirmó que había quedado «perfectamente acreditado» que lo que estalló en los trenes fue la dinamita Goma 2 ECO robada en Asturias. «La sustancia explosiva utilizada provenía de Mina Conchita y respondía a la denominación de Goma 2 Eco», añadía el tribunal.

La fiscal explicó a la Sala que sus datos provenían del informe conjunto elaborado por la Guardia Civil y la Policía sobre los explosivos del 11-M. Ese informe reunía como anexos todos los elaborados hasta la fecha. Uno de ellos, el suscrito por el todavía máximo responsable de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, que consideraba «imposible» determinar el tipo de dinamita empleado. En el punto número 5 afirma: «Se significa que sobre las sustancias explosionadas en los incidentes ocurridos en la mañana del 11 de marzo, [...] sólo cabe concluir que se trata de explosivos tipo dinamita».

Manzano llega a estas conclusiones sin especificar cuáles son los componentes encontrados que se emplean en la dinamita. Pese a enumerar uno por uno los focos, tan sólo se concluye que aparecen «componentes habituales de las dinamitas», o «se comprueba la presencia de algunos de los componentes de los explosivos conocidos genéricamente como dinamitas».

Sólo en dos focos -uno en la calle de Téllez y otro en la estación de El Pozo- dice el informe que «no se detecta la presencia de ninguna sustancia digna de mención.


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11-M: LA FISCALIA ALIENTA LAS DUDAS SOBRE LA VERDAD OFICIAL

 

08-11-06



Editorial

11-M: LA FISCALIA ALIENTA LAS DUDAS SOBRE LA VERDAD OFICIAL


El escrito de acusación de los fiscales Olga Sánchez y Javier Zaragoza contra los 29 procesados por el juez Del Olmo por su participación en el 11-M reafirma casi todas las dudas expresadas por este periódico sobre la investigación de la masacre.

Los fiscales piden 230.000 años de cárcel para los imputados que se van a sentar en el banquillo el año que viene, pero esa astronómica suma contrasta con la parquedad de pruebas e indicios incriminatorios del extenso documento. Tras una lectura detenida, da la sensación de que estamos más ante un análisis político de la estrategia global de Al Qaeda que ante un pliego de cargos para establecer las responsabilidades penales de los procesados.
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El escrito apunta a tres fanáticos islamistas como los autores intelectuales o inductores de los atentados: Belhadj, Haski y El Egipcio. No hay ninguna duda de que los tres tenían vínculos con diversas organizaciones terroristas, pero lo que no prueban los fiscales es que de ellos partieran las órdenes para ejecutar el macroatentado. Su documento no responde a quién, cómo, cuándo y dónde se planificó la masacre. La participación de los tres islamistas está sustentada en meras hipótesis e indicios circunstanciales, de los que es imposible sacar conclusión firme alguna.

Por ejemplo, la fiscal Sánchez había conjeturado en un escrito anterior que Belhadj conocía en octubre de 2003 la fecha de los atentados porque al comprar un teléfono en Bélgica había consignado que su fecha de nacimiento era «el 11 de marzo». Se trata de una hipótesis indemostrable y, probablemente, de una coincidencia infinitamente menos significativa -por ejemplo- que la del robo de ETA en el callejón de Trashorras. Por otro lado, Aznar no anunció la fecha de las elecciones hasta enero de 2004.

En el mismo terreno de las conjeturas, los fiscales señalan que alguno de los miembros del comando de Leganés había recibido formación sobre explosivos y electrónica en un campo de entrenamiento de Jalalabad, pero no aporta ningún dato que avale esa hipótesis.

Hay, además, tres incógnitas fundamentales que el documento no aclara. En primer lugar, la Fiscalía alega que es «imposible» establecer qué tipo de dinamita utilizaron los terroristas. Infiere que fue la Goma 2 robada en Asturias, pero asume que sólo se pudo determinar la existencia de «componentes de la dinamita» en los análisis químicos de la Policía. En segundo lugar, reconoce expresamente que las 30 tarjetas de los móviles utilizados por los terroristas «fueron adquiridas por personas no suficientemente identificadas». Y, por último, admite que tampoco se ha podido determinar quiénes fueron los individuos que compraron los teléfonos días antes de los atentados.

Hay también explicaciones increíbles y afirmaciones contradictorias que revelan el escaso fundamento de la investigación de la Fiscalía. Dice, por ejemplo, que la metenamina hallada en la dinamita de la Kangoo -y en la muestra patrón- fue fruto de «una reacción química» en el laboratorio de la Policía. Sostiene contra toda lógica volumétrica que los 12 ejecutores viajaron a Alcalá, llevando las mochilas con las bombas, en la Kangoo y el Skoda. O afirma que quien leyó la reivindicación en el vídeo fue Belhadj, contradiciendo el informe general de la Policía, que aseguraba que fue El Chino.

Asegurar que fue el mensaje lanzado por Bin Laden en octubre de 2003 lo que puso en marcha a los terroristas cuando se ignoran aspectos tan esenciales como los relativos a los explosivos, las tarjetas y los teléfonos no deja de ser una osadía. Estamos, en suma, ante un trabajo inconsistente, poco riguroso y endeble, que alienta todas las dudas sobre la verosimilitud de la verdad oficial.



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Rechazada la recusación de Gómez Bermúdez, que será ponente

 

08-11-06



Rechazada la recusación de Gómez Bermúdez, que será ponente


MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha admitido a trámite la recusación presentada por uno de los abogados de la acusación particular en la causa del 11-M contra el presidente del tribunal que juzgará el caso, Javier Gómez Bermúdez, informaron fuentes jurídicas citadas por Europa Press. Además de presidir el tribunal -en su condición de presidente de la Sala de lo Penal-, Gómez Bermúdez también será el ponente de la sentencia, es decir, el responsable de redactarla.

En cuanto a la recusación, el abogado de una de las víctimas alegó que Gómez Bermúdez había incurrido en «ruptura de la apariencia de imparcialidad» por el contenido de la entrevista que concedió a EL MUNDO el pasado 23 de octubre, en la que dijo que «la verdad del 11-M se conocerá más temprano o más tarde» y que este juicio se limitaba a los 29 procesados.
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La Sala de lo Penal designó al magistrado Fernando Bermúdez de la Fuente como instructor del incidente de recusación, quien consideró que la pretensión del abogado era extemporánea y, además, debía rechazarse por motivos formales, puesto que su escrito adolecía de varios defectos, como la ausencia de firma del recusante.

Por otra parte, el tribunal del 11-M ha trasladado a las acusaciones el escrito presentado por la Fiscalía. Tendrán hasta mediados de noviembre para presentar sus respectivos escritos. Las defensas tendrán tiempo hasta aproximadamente el 20 de diciembre para hacer llegar sus escritos a la Sala de lo Penal, que espera señalar el comienzo de la vista oral para principios de febrero.

Preparativos

Por otra parte, fuentes jurídicas señalaron hoy que durante el juicio del 11-M se pondrá a disposición de las víctimas una sala con capacidad para un centenar de personas con pantallas para seguir la vista sin tener que estar en la sala donde se encuentran los acusados. Además, se habilitarán despachos para un equipo de psicólogos que aportarán las asociaciones, para dos equipos de médicos forenses de la Audiencia y una oficina para la recogida de quejas.

En la sala, se reservará un espacio por un familiar o amigo de cada uno de los 29 procesados y habrá asientos reservados para la prensa, policías y asistentes de carácter protocolario. El resto de asientos serán para las víctimas, y se repartirá proporcionalmente entre las asociaciones y los perjudicados no asociados. Además, ya se cuenta con un equipo de ocho intérpretes de árabe que realizarán las traducciones de forma simultánea durante el desarrollo de la vista.


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El explosivo que el confidente Zouhier entregó a la UCO se destruyó sin analizar

 

08-11-06



11-M / La investigación

El explosivo que el confidente Zouhier entregó a la UCO se destruyó sin analizar


La Goma 2 iba en un frasco de los que utiliza la Policía para el entrenamiento de perros detectores

ANTONIO RUBIO

MADRID.- Rafá Zouhier, marroquí y colaborador de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre los años 2001 y 2004, prestará mañana declaración en Gijón en el juicio sobre la operación Pípol (julio 2001), donde son juzgados, entre otros, Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro por posesión de drogas, detonadores y explosivos. Zouhier, según ha podido saber EL MUNDO, tiene previsto denunciar, una vez más, las irregularidades que llevaron a cabo los miembros de la UCO cuando, en enero de 2003, facilitó información sobre el tráfico de explosivos que estaban llevando a cabo Toro y Trashorras.
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El ex colaborador de la Guardia Civil también piensa denunciar que los agentes de la UCO destruyeron, sin analizar, la muestra del explosivo que le facilitaron en febrero de 2003 Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras, cuando intentaban vender 150 kilogramos de Goma 2. Parte de esos explosivos, según el juez Juan Del Olmo, llegó después a manos del terrorista Jamal Ahmidan y su grupo islamista y fue empleado en los atentados del 11-M de 2004.

Se da la circunstancia de que el juez Del Olmo todavía mantiene, según un auto de 5 de julio de 2006, que aquel explosivo sí fue analizado por la UCO: «El 20 de febrero de 2003, Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro acudieron a Madrid, entregando una muestra de sustancia explosiva en un bote de cristal a Rafá Zouhier. Esta muestra fue recogida por miembros de la Guardia Civil tras ser analizada y se comprobó que era sustancia explosiva en mal estado».

El juez Del Olmo también recoge, en ese mismo auto, cómo se produjo el contacto entre los asturianos y el supuesto jefe del comando terrorista islamista: «Aprovechando las relaciones delictivas previas por tráfico de drogas en el círculo marroquí que en Madrid se dedicaba a una actividad delictiva, Jamal Ahmidan, a través de Rachid Aglif, entabló contacto con Rafá Zouhier, mostrando interés en conseguir sustancias explosivas».

Sin embargo, según se refleja en diversos informes de la Guardia Civil aportados en el sumario del 11-M, sobre esa muestra del explosivo nunca «se efectuó ningún análisis pericial» y simplemente «se realizó un estudio visual».

Además, el bote de cristal o recipiente que utilizaron los dos asturianos para transportar la muestra del explosivo desde Avilés hasta Madrid «era del tipo utilizado frecuentemente para el entrenamiento de perros detectores».

Esas dos cuestiones, la destrucción del explosivo «sin analizar» y el recipiente utilizado para «entrenamiento de perros detectores», están reflejadas en sendos informes que la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil remitió al magistrado Del Olmo. El primero de ellos fue emitido el 20 de septiembre de 2004 por el mismísimo coronel Félix Hernando, jefe de la UCO, a petición de la Comisión de Investigación Parlamentaria del 11-M, y el segundo corresponde a un informe, sin fecha, que fue titulado por los agentes del Instituto Armado como Resumen de los contactos mantenidos con Rafael Zouhier.

En ese segundo documento, además, se indica que la información obtenida sobre los explosivos fue remitida a Asturias: «La muestra del explosivo fue entregada a un tedax de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid) para su destrucción y los datos de esa información, al tratarse de ámbito de competencias de una provincia, fue remitida a la Zona de Asturias, con fecha 27-02-03, para conocimiento y oportunos efectos».

La destrucción del explosivo por parte del agente de los Tedax de la Guardia Civil propició, entre otras cosas, que nunca se pudiera saber cuál era el auténtico origen de la Goma 2 que ofrecían Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro antes de los atentados del 11-M. Y, hasta el momento, nunca y nadie ha investigado quién proporcionó a Antonio Toro y a Emilio Suárez Trashorras el frasco o recipiente idéntico al «utilizado frecuentemente para el entrenamiento de perros detectores».

Recipiente

Algunos de los investigadores policiales que han participado en las pesquisas del 11-M han reconocido a EL MUNDO que «nadie ha reparado en ese detalle sobre el frasco o recipiente que sirvió para transportar la muestra del explosivo». Incluso han llegado más lejos en sus análisis: «Si es verdad lo que dice la UCO, el recipiente tenía que pertenecer a las Fuerzas de Seguridad: Policía, Guardia Civil o CNI».

Hay que recordar que Trashorras, como ha quedado acreditado tanto en la Comisión de Investigación Parlamentaria como en el sumario del 11-M y en el transcurso del juicio de la operación Pípol que se celebra actualmente en la Audiencia Provincial de Asturias, trabajaba como confidente para el ex jefe de estupefacientes de Avilés, el inspector Manuel García Rodríguez, más conocido por Manolón. Y Antonio Toro, según todos los indicios, llegó a colaborar con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Rafá Zouhier declaró el pasado mes de marzo a EL MUNDO que «en diciembre de 2003 Suárez Trashorras le vendió cinco kilos de explosivos a Jamal Ahmidan, El Chino. Jamal subió a Asturias en un vehículo de la marca Renault, modelo Clio y de color blanco».

En el sumario del 11-M no existe ninguna referencia a esa entrega de cinco kilos de explosivo en diciembre de 2003 y tampoco a cómo llegó hasta las manos de Toro y Trashorras un frasco o recipiente que «se utiliza para el entrenamiento de perros detectores».


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Confirman que la dinamita del garaje era Goma 2 ECO

 

08-11-06



Confirman que la dinamita del garaje era Goma 2 ECO


Uno de los agentes que participó en el registro afirma que vio el explosivo en unas bolsas

GIJON.- Uno de los policías que declaró ayer en el juicio de la operación Pípol, en el que están imputadas 20 personas por narcotráfico, dos de ellas acusadas también por los atentados del 11-M, José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro, ratificó ayer que se halló dinamita en el garaje que supuestamente compartían estos dos acusados junto a José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, y que los explosivos eran «Goma 2 ECO».

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El agente dijo haber reconocido que eran cartuchos de dinamita, porque hace años había trabajado arreglando caminos y se usaba este mismo explosivo. «Los vi utilizar muchas veces», afirmó.

El mismo policía, que pertenecía a la brigada de Gijón y participó en Avilés en las detenciones de Toro y Nayo y en los registros, confirmó que el primer detenido había dado la dirección del garaje en la que reconoció que había droga, en concreto hachís, pero que las llaves las tenía Nayo en su vehículo. Toro también informó en Comisaría de que el garaje lo compartían «los tres», en referencia a Suárez Trashorras, Nayo y a él mismo.

Durante el registro de la plaza de garaje, en el que Toro estuvo, pero sin presencia de su abogado, el agente indicó que se encontró el hachís y, al lado, la dinamita en unas bolsas con los detonadores cerca de ella. Además, declaró que en la dinamita venía escrito, en el exterior de los cartuchos, que era «Goma 2 ECO», con tipografía de fabricación industrial. Tras trasladar al detenido -Toro Castro- a Comisaría, así como el material confiscado, se avisó a los Tedax.

Sin embargo, el policía manifestó ayer que sólo recibió órdenes de registrar el domicilio de Toro y la citada plaza de garaje, pero que no tenía conocimiento de que hubiera sospechas sobre otro inmueble del imputado, como figura en el informe del fiscal. El agente, además, aseguró desconocer si Nayo corroboró si el citado garaje era compartido con Suárez Trashorras y Toro Castro, como sostenía este último.

El agente informó además de que las sustancias confiscadas depositadas en una bolsa, una por cada aprehensión, fueron trasladadas a Cogersa, donde una funcionaria de la Delegación del Gobierno pesó las cantidades y realizó un análisis de cada bolsa. El resto fue destruido. No obstante, a preguntas del letrado Ricardo Alvarez-Buylla, el policía no pudo precisar cómo se realizaron dichas muestras. «Lo vi, estaba presente, pero no lo recuerdo», apuntó. También indicó que creía que se levantó acta del pesaje en Cogersa.

La vista se reanudará hoy, día en el que está previsto que declaren los principales testigos: Rafá Zohuier, también imputado por el 11-M; Francisco Javier Lavandera Villazón, el portero del club Horóscopo a quien supuestamente Toro y Suárez Trashorras intentaron vender los explosivos, y el guardia civil a quien Lavandera contó todo sobre la trama de la dinamita.



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Un carta falsa y manipulada

 

08-11-06



Un carta falsa y manipulada


Cuando Zouhier fue detenido por la Policía, tras los sucesos del 11-M, recibió la visita en la cárcel de Valdemoro (Madrid) de agentes de la UCO que le recomendaron que hablara lo menos posible sobre la relación que había existido entre ellos. También le pidieron que escribiera una carta a Antonio Toro para que el asturiano recibiera, en la cárcel, a los guardias civiles.

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Zouhier accedió a la petición de los agentes de la UCO y escribió, de su puño y letra, una carta de presentación y recomendación para Antonio Toro. Después ha resultado que esa misma misiva se amplió en tres folios más que no fueron escritos por Zouhier, pero que fueron enviados a Toro como suyos.

Esa documentación, la de Zouhier y los falsificadores, está incorporada en el sumario del 11-M. El abogado del marroquí ha pedido al juez Del Olmo que haga una prueba grafológica de todos los escritos para demostrar la manipulación, pero hasta ahora no ha tenido ninguna respuesta del magistrado.


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7.11.06

 

La juez anula el montaje de Garzón que permitió linchar a los peritos

 

07-11-06



DEJA SIN EFECTO LA IMPUTACION POR FALSEDAD RESPECTO AL DOCUMENTO ETA/11-M

La juez anula el montaje de Garzón que permitió linchar a los peritos


MARIA PERAL

MADRID.- La juez Gemma Gallego acordó ayer «dejar sin efecto» la imputación, acordada por Garzón, de los tres peritos de la Policía Científica que realizaron para el sumario del 11-M un informe sobre el ácido bórico mutilado por sus superiores porque mencionaba a ETA.

La juez rechaza que la conducta de Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sea constitutiva de falsedad documental por haber obtenido una copia de su informe tras darse cuenta de que éste había desaparecido de la carpeta en la que debía conservarse.
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«No existe siquiera indicio de que los peritos tuvieran otro propósito que el de recuperar el informe por ellos elaborado tras comprobar que otra de las copias de ese informe no se encontraba en el sobre donde debía estar», indica la juez, que excluye por completo el ánimo falsario, imprescindible para que haya delito.

El 28 de septiembre, los tres peritos entraron en el Juzgado de Garzón como testigos y salieron como imputados, mientras que los mandos policiales presuntamente responsables de la alteración del informe pericial quedaban exonerados.

Ante la juez Gallego, los peritos siempre han tenido la condición de testigos, por lo que la resolución de ayer, estimatoria de un recurso de la defensa, no es sorpresiva.

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La funcionaria de la Comisaría de Policía Científica Isabel López comparecía ante Baltasar Garzón en calidad de testigo en la tarde del pasado 28 de septiembre para explicar el informe pericial que, junto con Manuel Escribano y Pedro Manrique, realizó el 21 de marzo de 2005.

Tres meses antes había sido detenido en Lanzarote el marroquí Hasan Haski, procesado como inductor de los atentados del 11-M. En su vivienda fueron encontrados 1,3 kilos de ácido bórico, la misma sustancia hallada en 2001 en un piso franco de ETA en Salamanca y, dos años, antes en la casa de un joven antisistema acusado de volar cajeros automáticos.

Conforme era su costumbre profesional, Escribano, primer responsable de la pericia, hizo constar en el informe esos antecedentes objetivos y añadió una observación: «Dado lo poco frecuente en que esta sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas y a que nosotros ignoramos su verdadera aplicación en relación con estos hechos, existen varias posibilidades, tales como: conservante de los explosivos de tipo orgánico, enmascarar el explosivo para no ser detectado por perros especialistas, etc, nos lleva a la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí o hayan tenido un mismo tiempo de formación y/o sean los mismos autores».

Según consta en el acta de declaración de Isabel López, Garzón le preguntó «si tiene una copia del informe» de 21 de marzo de 2005. Ella respondió afirmativamente, abrió su cartera y entregó al juez la copia que llevaba.

La nueva copia

La perito también explicó que el pasado julio, cuando por orden del ministro Pérez Rubalcaba hubo que recopilar todos los informes sobre explosivos realizados para el sumario del 11-M, se dieron cuenta de que el dictamen de 21 de marzo de 2006 no aparecía y que había sido sustituido por otro firmado por el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez, en el que las observaciones habían sido suprimidas.

Entonces, los tres peritos recuperaron el disquete en el que guardan sus informes, volvieron a imprimir el de 21 de marzo de 2005 y, tras firmarlo, lo entregaron al superior de Ramírez, José Andradas, haciendo constar las incidencias ocurridas con el primitivo.

Con la copia del informe aportada por la propia testigo, Garzón dictó el 29 de septiembre un auto de imputación contra ella y sus compañeros al entender que tuvieron la «intención de producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue».

El juez de la Audiencia Nacional tuvo que inhibirse el 5 de octubre tras dos pronunciamientos de la Sala de lo Penal en los que indicó que el delito de falsedad no es competencia de ese tribunal.

Por su parte, Gemma Gallego -a la que se había turnado por reparto una querella contra los mandos policiales- había requerido a Garzón para que se inhibiera de una investigación para la que resultaba incompetente. Ante la resistencia del juez de la Audiencia Nacional, la instructora de la Plaza de Castilla había llegado a plantear el conflicto ante el Tribunal Supremo.

El 2 de octubre, los peritos interpusieron un recurso contra su imputación al que Garzón dejó sin respuesta. A ello hace alusión la juez Gallego en una resolución dictada ayer por la que estima esa impugnación. «El Juzgado Central número 5 tuvo por interpuesto el recurso pero no lo resolvió, pese al transcurso del plazo legal para hacerlo», señala la magistrada, que considera «procesalmente obligado» decidir sobre las alegaciones de los peritos en lugar de aplazar la cuestión, como propugnaron el fiscal y la Abogacía del Estado.

«No colige quien resuelve, de lo actuado hasta la fecha, que la conducta que se imputa a los peritos incurriera en una 'alteración que simulaba la fecha de firma y creación'», arranca Gallego en contra de lo sostenido por Garzón.

«Si la falsedad se produce cuando resultan afectadas algunas de las funciones esenciales que cumple un documento (...), ninguna de tales funciones resultó afectada por la conducta observada por los peritos, que en modo alguno vino a incidir ni en su aspecto formal, que permaneció intacto; ni en su contenido, en cuanto al hecho que lo motivaba y su fecha; ni en relación a la identificación de sus autores», explica.

Para la instructora, tampoco cabe deducir que Escribano, López y Manrique tuvieran la intención de falsear su propio informe cuando lo imprimieron de nuevo un año y tres meses después de haberlo elaborado. La juez indica que «no cabe deducir» intencionalidad delictiva «de todo cuanto se ha actuado».

De manera tajante, afirma que «no existe siquiera indicio de que tuvieran otro propósito que el de recuperar, en fecha 11 de julio de 2006, el informe por ellos elaborado el 21 de marzo de 2005, tras comprobar que otra de las copias de ese informe, que habían imprimido anteriormente, no se encontraba en el sobre donde debía estar».

En contra de lo afirmado por Garzón -según el cual los peritos «en ningún momento aludieron a que no era el documento por ellos entregado el 21 de marzo de 2005, sino otro preparado al efecto en julio de 2006»-, Gallego indica que Escribano, López y Manrique «pusieron de manifiesto ante su superior jerárquico, José Andradas» que le entregaban una nueva copia del informe sobre el ácido bórico porque en el sobre relativo a ese asunto no estaba la copia que debía conservarse.

Gallego reproduce las manifestaciones que, sobre este extremo, hizo Andradas en la declaración que prestó el pasado día 3. Los peritos «me hacen saber que como no está su informe (....) me acompañan el que elaboraron», transcribe la juez, que añade que el jefe de la Unidad Central de Analítica «lo recepciona en ese momento con pleno conocimiento de lo acaecido».

Queda, así, «desacreditada» -dice Gallego- la concurrencia de los elementos que configuran el delito de falsedad documental «al no existir conducta alguna de manipulación y/o alteración del informe».

También destaca que Garzón incorporó al sumario la copia del informe «tras recibirla de quien estaba declarando en condición de testigo» y, por tanto, obligada a contestar al juez.


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¿RESTITUIRAN A LOS PERITOS SU HONOR LOS MEDIOS QUE LES DIFAMARON?

 

07-11-06



Editorial

¿RESTITUIRAN A LOS PERITOS SU HONOR LOS MEDIOS QUE LES DIFAMARON?


La juez Gemma Gallego dictó ayer un auto en el que levanta la imputación de los peritos de la Policía Científica, Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, que habían sido acusados de falsedad documental por Baltasar Garzón.

Ya dijimos en su día que la incriminación del juez estrella de la Audiencia Nacional había sido «un montaje», prefabricado en un maratoniano interrogatorio sin garantías y en base a juicios de intenciones sin sustento alguno. La decisión de la magistrada corrobora lo que siempre ha defendido este periódico: que los peritos habían actuado correcta y profesionalmente en contraste con sus superiores, que han tenido que declarar como imputados en el juzgado de instrucción número 35 de Madrid.

La juez Gallego argumenta con lógica que no tiene sentido hablar de falsedad, ya que los peritos no hicieron sino volver a firmar el mismo documento que habían elaborado meses antes, sin tocar ni una sola coma. La juez recuerda que los peritos pusieron el hecho en conocimiento de su superior, José Andradas.

Y explica que la iniciativa de los peritos se produjo porque no encontraron su informe en el sobre donde debía estar, ya que su jefe Francisco Ramírez lo había sustituido por otro, haciendo desaparecer el original. No hubo dolo alguno ni se alteró «ninguna de las funciones» del documento, que «permaneció intacto», en palabras de la magistrada.

El fallo de la juez exime de responsabilidad penal a los tres peritos, pero desgraciadamente no sirve para reparar el grave daño sufrido por estos profesionales que fueron virtualmente linchados en los medios progubernamentales de comunicación.

En un ejercicio de manipulación que ahora queda en evidencia, El País titulaba a cuatro columnas en su primera página el pasado 30 de septiembre: «Los peritos del ácido bórico falsearon el informe que relaciona ETA y 11-M». El mismo diario llamaba «tramposos» en su editorial a los peritos y les acusaba de prentender engañar a la opinión pública con oscuros propósitos. Ese mismo día, Diego López Garrido, portavoz del PSOE, pedía a la Justicia que investigara a «los instigadores» de los peritos, que, según sus palabras, pretendían desacreditar a las Fuerzas de Seguridad y a los jueces. En la misma línea y en idéntica fecha, ABC se jactaba de que el auto de Garzón ponía en evidencia que nuestro periódico había mentido y hablaba de «graves falsedades documentales» de los peritos con el fin de alentar «la teoría de la conspiración» y «propalar noticias falsas».

Esto es lo que hicieron El País y ABC al criminalizar a esos peritos que, según ha quedado acreditado judicialmente, actuaron de forma impecable. Suponemos que hoy mismo esos medios pedirán disculpas a sus lectores y, sobre todo, a los peritos policiales a quienes difamaron tan injustamente.


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'Manolón' declara que creía que Trashorras «utilizaba la dinamita para arrancar troncos»

 

07-11-06



11-M / Frente judicial y político

'Manolón' declara que creía que Trashorras «utilizaba la dinamita para arrancar troncos»


Dice que el ex minero le confesó que andaba con explosivos, pero que no volvieron a hablar de ello Niega que fuera «confidente» de su comisaría

PATRICIA DEL GALLO. Corresponsal

GIJON.- El ex inspector jefe de Estupefacientes de Avilés Manuel García Rodríguez, al que todos conocen como Manolón, reconoció ayer durante su comparecencia ante el juez, como testigo en el juicio por la operación Pipol, que Emilio Suárez Trashorras le había confesado en una ocasión que andaba con dinamita, pero que la «utilizaba para arrancar troncos de árboles» y que no le volvió a preguntar por este asunto.

Además, el agente quiso aclarar que el ex minero, imputado también en el 11-M por vender supuestamente la dinamita empleada en los atentados, fue «colaborador» de su comisaría hasta su detención, días después de la masacre de Madrid, y no «confidente», ya que «no se le pagaba ni un duro».
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En su declaración, el policía afirmó que, en octubre de 2001, el ex minero le ofreció su colaboración para poder sacar a su cuñado Antonio Toro de la cárcel, donde había ingresado precisamente acusado de tráfico de drogas en la operación que ahora se juzga, aunque matizó que no le constaba que fuese esa colaboración el motivo por el que Toro salió en libertad condicional, aunque reconoció que esas Navidades recibió de los dos avilesinos una cesta de Navidad que donó a Cáritas.

Una versión que contrasta con la del ex minero, que aseguró hace días ante este mismo Tribunal que fue la Policía la que le pidió colaboración y que, al principio, se negó a dársela; pero que acabó haciéndolo para que Toro saliese de prisión.

Manolón también quiso dejar claro que nunca tuvo una sanción disciplinaria por tener trato con Trashorras, y que éste «nunca trabajó como agente encubierto para la Policía».

Asimismo, explicó que conoció a los dos cuñados a raíz de su detención en la operación Pipol, desarrollada en julio de 2001 en Asturias, que se saldó con la confiscación en un garaje de más de 86 kilos de hachís, tres kilos de cocaína, 16 cartuchos de Goma-2 ECO como los usados en los atentados del 11-M y 94 detonadores industriales.

El agente recordó que el día en que se efectuó el registro en ese garaje, Toro, al ver la dinamita, comentó: «Eso no es mío, es de Emilio Trashorras», y explicó que, posteriormente, los explosivos fueron trasladados por el coche patrulla a la comisaría, donde se guardaron en un cuarto hasta su entrega a los Tedax de la Jefatura Superior de Policía de Oviedo.

Manolón testificó ayer durante cerca de tres cuartos de hora junto a otros siete policías más. No quiso entrar por la puerta principal como hasta el momento han hecho todos los testigos e incluso los acusados, salvo los que se encuentran detenidos, posiblemente, para evitar a la prensa.

Tras salir a la luz su relación con el avilesino, el agente de policía pidió un cambio y fue trasladado al aeropuerto de Asturias como responsable de Aduanas donde continúa trabajando.

Por su parte, el fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, volvió a pedir al presidente de la Sala que se admitiese el informe pericial hecho en agosto de 2004, a raíz del 11-M, sobre el contenido de la dinamita encontrada en el garaje. Tanto la abogada de Toro como el de Trashorras se opusieron a ello una vez más. Finalmente, el presidente del Tribunal, Bernardo Donapetry, rechazó la inclusión de esta prueba, alegando los «mismos motivos» que dio al inicio del juicio, cuando consideró «inadmisible» la inclusión de pruebas relativas al sumario de los atentados de Madrid por ser posteriores a los hechos que ahora se juzgan en Gijón.

El juicio por esta operación policial comenzó el pasado 23 de octubre en la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias y continuará todavía durante varios días.


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Una cosa es no decir la verdad como imputado y otra, tomar el pelo a un magistrado del Supremo

 

07-11-06


Impresiones

Una cosa es no decir la verdad como imputado y otra, tomar el pelo a un magistrado del Supremo

Además de por la broma chusca de que, yendo en bañador, llevaba el carné de diputado en la boca y no en otro sitio «por respeto a la institución», la comparecencia de Joan Puig ayer ante el magistrado Joaquín Giménez sólo pasará a los anales del Supremo por el carácter burdo de una falsedad del imputado. Porque una cosa es que quien acude a declarar en tal condición tenga derecho a no decir la verdad y otra que un miembro del poder legislativo le tome lisa y llanamente el pelo a quien encarna la máxima instancia del poder judicial. El diputado de ERC declaró reiteradamente que cuando participó en el asalto al domicilio del director de EL MUNDO el 13 de agosto de 2005 «no conocía» que existía una resolución del 17 de mayo de ese año suspendiendo el uso público de la piscina y su terraza. Pues bien, por citar una sola de las muchas evidencias de lo contrario, en la página 247 del Boletín del Congreso de los Diputados del 23 de junio de ese año figura la pregunta formulada al Gobierno con fecha de 31 de mayo por el propio señor Puig en la que reiteradamente se refiere a tal resolución, llegando a manifestar su «sorpresa» por la «suspensión del uso público». ¿Creía Puig que el instructor no iba a tener noticia de un documento tan elocuente o simplemente le da igual? Incluso un diputado asalta piscinas debería comportarse con algún decoro procesal... «por respeto a la institución»


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De «los peritos falsearon el informe» a descubrir «quiénes han instigado a falsificar un documento»

 

07-11-06



De «los peritos falsearon el informe» a descubrir «quiénes han instigado a falsificar un documento»

PILAR LOPEZ

MADRID.- El viernes, 29 de septiembre, el juez Baltasar Garzón imputó a los tres peritos que mencionaron a ETA en un informe sobre el ácido bórico. Les acusó de una supuesta falsedad documental. Al día siguiente, todos los periódicos se hicieron eco de la noticia con distintos titulares:


EL MUNDO.

«Montaje de Garzón para criminalizar a los peritos que denunciaron la falsificación». Editorial: «Entre la prevaricación y la trampa política».

'El País'.

«Los peritos del ácido bórico falsearon el informe que relaciona ETA y el 11-M». Editorial: «Los tramposos». Reproduce el informe de los peritos y el auto íntegro de Garzón por el que los imputa.

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'ABC'.

«Los tres peritos que relacionaron el 11-M y ETA falsearon el documento». Editorial: «Los falsarios del 11-M». Incluye el informe de los peritos y el modificado, así como extractos del auto de Garzón en el que se asegura que un perito le presentó el documento que originó el caso y del auto en el que se afirma que los tres peritos firmaron el documento simulando la fecha.

El 1 de octubre, la información sigue siendo tema de portada:

EL MUNDO.

«Al policía que discrepa sobre el 11-M le cae una campaña de desprestigio». Editorial: «El linchamiento de tres inocentes víctimas de Garzón».

'El País'.

«El principal perito del ácido bórico califica su informe de 'elucubración'». No incluye editorial. Añade reacciones de Diego López Garrido, Mariano Rajoy y Gaspar Llamazares.

'ABC'.

«Escribano admite ante el juez que la relación que estableció entre ETA y el 11-M es una elucubración». No incluye editorial. Añade declaraciones de Rajoy.

Numerosas reacciones se sucedieron esos días por parte de varios políticos. Reproducimos algunas de dirigentes socialistas:

José Luis Rodríguez Zapatero.

«La derecha está atrapada en las falsedades que contó durante la tragedia del 11-M de 2005, entre el 11 y el 14 y en las falsedades para intentar reparar su contundente fracaso...».

Juan Fernando López Aguilar.

«Que nadie indique ni a unos ni a otros lo que tiene que hacer. Que les dejen hacer su trabajo. Eso es lo que corresponde».

Alfredo Pérez Rubalcaba.

«La independencia significa dejar trabajar a los jueces».

Diego López Garrido.

«Estamos convencidos de que las investigaciones del Poder Judicial que en su momento llevaron a la detención de los presuntos terroristas islamistas del 11-M también ahora van a descubrir quiénes han instigado a tres peritos a falsificar un documento».

Julio Villarrubia.

«Garzón ha sufrido un atropello».

Alfonso Perales.

«Algún día el PP tendrá que retirar la calumnia de que el Gobierno ha puesto obstáculos a la investigación».

Gaspar Llamazares (Izquierda Unida).

«Creo que se abrirá una nueva cacería por parte de la derecha en este caso contra el juez Garzón».




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Condenado en Italia a 10 años de cárcel uno de los cerebros de los atentados del 11-M

 

07-11-06



11-M / La acción judicial

Condenado en Italia a 10 años de cárcel uno de los cerebros de los atentados del 11-M


'El Egipcio' será juzgado el próximo mes de febrero en España por su relación con la masacre

IRENE HDEZ. VELASCO. Corresponsal

ROMA.- «Estoy preparado para ser condenado, éste es un proceso político, un proceso al islam», aseguraba en plan mártir Osman Rabei, considerado uno de los cerebros de los atentados del 11-M, poco antes de escuchar el veredicto de los jueces del Primer Tribunal Penal de Milán.


Sus palabras resultaron en este caso proféticas, al menos en lo que a ser condenado se refiere. Los magistrados milaneses sentenciaron ayer a Osman Rabei, alias El Egipcio, a 10 años de cárcel. Tres horas de deliberación les bastaron a los magistrados para declarar a Rabei culpable de «asociación para delinquir con fines de terrorismo internacional» -un delito incluido en el Código Penal italiano un mes después de los atentados contra las Torres Gemelas como el artículo 270 bis- y sentenciarle por ello a 10 años de cárcel, cuatro menos de los que la Fiscalía pedía para él.
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Por su parte Rajeh Yahia, considerado como el «discípulo» de El Egipcio, ha sido condenado a cinco de cárcel, la mitad de los que solicitaba para él la acusación.

«Rabei no ha sido juzgado como imputado por la matanza de Madrid, sino sólo en base a los hechos circunstanciales sucedidos en Italia», subrayaba poco después de la lectura de la sentencia y ya fuera del Juzgado el presidente del Primer Tribunal Penal de Milán, el magistrado Luigi Domenico Cerqua, al tiempo que aprovechaba la ocasión para desmentir rotundamente que él y sus colegas hayan podido verse influenciados a la hora de condenar a El Egipcio por el proceso que contra él se sigue en España en calidad de presunto cerebro del 11-M: «Estoy convencido de que el Tribunal se ha visto influenciado sólo por las pruebas en contra de los acusados», dictaminaba.

Sin embargo Luca Dauria, el abogado de El Egipcio, no piensa así: «Rabei era un condenado predestinado. El Tribunal ha estado correcto porque no ha hecho el proceso de Madrid en Milán, pero no han tenido el valor de absolverle, porque se ha visto influido por ese proceso». De hecho, en febrero próximo está previsto que arranque en Madrid el proceso en el que Rabei será juzgado como uno de los autores intelectuales de los atentados del 11-M.

Aún habrá que esperar 90 días para que se conozcan los argumentos que han llevado a los magistrados italianos a condenar a El Egipcio y a su pupilo. Pero, a falta de que se publique la motivación de la sentencia, parece evidente que las interceptaciones telefónicas efectuadas a Rabei han convencido a los magistrados de su culpabilidad. «Nosotros los jóvenes debemos de ser los primeros en sacrificarnos, la única solución es entrar en Al Qaeda», se oye que le dice a Yahia en el minuto 18.25 de la cinta que recoge las escuchas telefónicas a las que fue sometido.

«Se necesita un golpe y punto. ¿Ves lo que les hacen a nuestros hermanos en Irak, a los árabes, ves las prisiones, las humillaciones? ¿Qué se creen los americanos, que nos pueden parar? Hay otros métodos. Basta una barra para hacer saltar por los aires un bario americano», se le escucha diciendo en el minuto 20.32. «El atentado de Madrid ha sido un proyecto mío, y los mártires que han muerto eran mis queridísimos amigos. El hilo de Madrid soy yo. En el momento de los hechos yo no estaba allí, pero el día 4, antes de la operación, he mantenido contactos con ellos [...]. Lo he querido planear de manera que fuese una cosa inolvidable. Este proyecto me ha costado mucho estudio y paciencia, he necesitado dos años y medio. También yo estaba dispuesto a saltar, pero me han parado y nosotros obedecemos la voluntad de Dios», dice Rabei en el minuto 22.50.

Además El Egipcio mantenía contactos con algunos de los miembros de la célula terrorista responsable de los atentados del 11-M, según él mismo ha reconocido. Tal y como consta en el sumario español que se sigue contra Osman Rabei, El Egipcio tenía relación con Serhane Fakhet, alias El Tunecino, considerado el jefe del comando de Lavapiés y uno de los suicidas de Leganés.

Según Maurizio Romanelli, el fiscal del proceso milanés, Rabei era el representante en Italia de un grupo yihadista egipcio vinculado a Al Qaeda, tenía como misión reclutar extremistas islámicos y planeaba un atentado contra un objetivo italiano no identificado.

Sin embargo, la defensa de El Egipcio considera que las interceptaciones telefónicas realizadas a Rabei en Italia -donde fue detenido en junio de 2004- como mucho permitirían que fuese condenado por instigación a delinquir o apología del delito.



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Zaplana pedirá que el Congreso investigue el caso de los peritos

 

07-11-06



Zaplana pedirá que el Congreso investigue el caso de los peritos


MEDELLIN (COLOMBIA).- El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, dijo ayer que va a promover una investigación parlamentaria sobre la falsificación de documentos sobre los atentados terroristas del 11 de Marzo de 2003.

El pasado 30 de septiembre, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, se mostró convencido de que en su momento se descubriría «quiénes han instigado» a los tres peritos a falsificar un documento policial
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Esos peritos se habían referido, en un informe, a que en el domicilio de un presunto implicado en el 11-M y en el de unos etarras se había encontrado ácido bórico, una sustancia que entre otros usos se puede emplear en explosivos, lo que podría apuntar a ETA. Su jefe eliminó de ese escrito el párrafo en el que citaban a la organización terrorista y lo envió al juez.

Desde Colombia, donde se encuentra de visita, Zaplana anunció que se pondrá en contacto con el portavoz socialista en el Congreso, para saber si sigue teniendo interés en que se investigue quiénes instigaron esa falsificación.

«Yo no sé si el señor López Garrido mantiene sus palabras de entonces», afirmó. «Yo, desde luego, mantengo las mías. Le dije que cuando la Justicia resolviera definitivamente sobre los verdaderos falsificadores todos estuviéramos a la altura y algunos no dieran la callada por respuesta o la huida cobarde. Y las mantengo», precisó.

Aquel día, Zaplana dijo a su homólogo socialista que, después de una resolución judicial, habría que investigar en el Congreso quién instigó esa falsificación.

Ayer, la juez que tramita este caso decidió levantar la imputación que había acordado el juez Baltasar Garzón contra los tres peritos, al entender que no han llevado a cabo ninguna actuación que permita acusarles de «manipulación y/o alteración» de ese informe.

«Coraje político»

Tras esa resolución judicial, Zaplana se va a poner en contacto con López Garrido, «para que obremos en consecuencia, con coraje político, y tengamos oportunidad de investigar en vía parlamentaria esta falsificación», indicó.

«Confío en que entonces no fuera todo una estrategia de mentira para apartarnos del hecho escandaloso de la falsificación», añadió, «y estoy seguro de que todos los que han hecho bromas al respecto, que no han sido pocos, colaborarán y estarán de acuerdo en esta investigación parlamentaria», indicó.

En Málaga, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, prefirió no pronunciarse sobre la decisión de la juez de este caso, por respeto a los acuerdos que adopte la Justicia «en cualquier grado».

«Es una decisión jurisdiccional, tanto la imputación como, ahora, el levantamiento de la imputación», manifestó.



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La Fiscalía cree que Belhadj reivindicó el 11-M pese a que la Policía dice que fue 'El Chino'

 

07-11-06



11-M / La acción judicial

La Fiscalía cree que Belhadj reivindicó el 11-M pese a que la Policía dice que fue 'El Chino'


El escrito de acusación del Ministerio Público le atribuye el alias de 'Abu Duhana al Afgani' El «informe general» elaborado por la Comisaría General considera que se trata de Jamal Ahmidan


MANUEL MARRACO

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó ayer al tribunal del 11-M el escrito de acusación por los atentados de Madrid. Los más de 300 folios recorren desde el germen de la célula islamista hasta las 10 explosiones del Corredor del Henares y la investigación que desencadenaron.

El escrito de calificación provisional recoge discrepancias respecto a lo mantenido por el juez Juan del Olmo (los delitos que imputa no son iguales), reconoce diversas lagunas de la investigación (no se ha identificado a individuos relevantes de la trama) y, en algún caso, contradice lo mantenido por la Policía.
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Este es el caso de la verdadera identidad de Abu Duhana al Afgani, en cuyo nombre se reivindicaron los atentados, tanto en la cinta de vídeo hallada junto a la mezquita madrileña de la M-30 como en el fax remitido a ABC el día del suicidio colectivo de Leganés. El escrito de la fiscal Olga Sánchez considera que se trata del procesado Yusef Belhadj, detenido en Bélgica y extraditado el año pasado para sentarse en el banquillo como dirigente de la célula.

Sin embargo, el «informe general sobre los atentados del 11-M» elaborado por la Comisaría General de Información, fechado el 10 de agosto del año pasado, atribuye la identidad a Jamal Ahmidan, El Chino, uno de los siete terroristas que murieron en Leganés. En el apartado de conclusiones sobre las reivindicaciones se puede leer: «Respecto a Abu Duhana al Afgani, consideramos probable que sea un nombre que utilizara Jamal Ahmidan para este fin, donde se mezclan dos sueños de este personaje, manifestados en otras ocasiones: ser vanguardia del islam y haber luchado en Afganistán». Abu Duhana fue un guerrero a las órdenes del Mahoma que se juramentó estar en los lugares de mayor peligro en las batallas.

El escrito firmado por la fiscal Olga Sánchez y el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, dedica un apartado específico de la calificación a la «relación de Yusef Belhadj con la célula terrorista». En su primer párrafo hace mención a los cuatro autores intelectuales de la masacre y atribuye a Belhadj el alias de Abu Duhana al Afgani. «Dado que, como se ha dicho, Serhane y Rabei Osman tenían el proyecto ideado, se pusieron en contacto con los también procesados Hassan Haski, alias Abu Hamza, por aquellas fechas uno de los máximos responsables del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en España [...] y con el también procesado Yusef Belhadj, alias Abu Duhana al Afgani, como portavoz del Ala Militar de Al Ansar (partidarios) de Al Qaeda en Europa».

La relevancia que la Fiscalía da a Belhadj es evidente: «En el mes de octubre de 2003, Yusef Belhadj transmitió al grupo de Madrid, ciudad que había visitado en varias ocasiones y donde contactaba con personas pertenecientes al grupo antes referido, la fecha elegida para le ejecución de la acción terrorista para la que venían preparándose».

Su tarea de dirección prosigue apenas unas semanas antes del 11-M: «En el mes de Febrero de 2004, viajó a España para reunirse con los integrantes de la célula terrorista e impartir las últimas instrucciones relacionadas con el atentado». El marroquí permanece en España «hasta principios de Marzo en Madrid, yéndose de forma precipitada a Bruselas», concluye la fiscal.

Frente al perfil de Belhadj, la Fiscalía atribuye a El Chino el liderazgo logístico dentro del núcleo duro de la célula -quienes llevaron a cabo físicamente los atentados-.

Pese a que en trabajos anteriores la Policía sí había identificado a Belhadj como Abu Duhana, no es esa la conclusión del informe general. Tras analizar todas las reivindicaciones del 11-M, incluidos dos vídeos recuperados entre los escombros de Leganés, concluye que en ellos «Jamal Ahmidan deja clara su condición de Emir, apareciendo escoltado y con los atributos de un líder islamista: el Corán y la sterling [subfusil]: líder religioso y militar». «Como Emir, habla en nombre propio», añade el informe. También considera posible que, una vez identificado por la Policía, Ahmidan decidiese «seguir el camino del referente Abu Duhana: morir matando».



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Interior apuntó a ETA cuando sólo había pistas sobre los islamistas

 

07-11-06



Interior apuntó a ETA cuando sólo había pistas sobre los islamistas


M.M.

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia aseguró ayer que su escrito no recoge ninguna consideración política. En cualquier caso, de las primeras líneas sobre la posible participación de ETA resulta fácil extraerlas: «Aun cuando en las primeras comparecencias de los responsables del Ministerio del Interior ante los medios de comunicación, realizadas los días 11 y 12 de marzo, se atribuyó la autoría del atentado a la organización terrorista ETA, las investigaciones llevadas a cabo por la Comisaría General de Información y otras unidades policiales especializadas bajo la dirección del órgano judicial instructor competente de la Audiencia Nacional, lejos de aportar datos o indicios que confirmaran semejante hipótesis investigativa, arrojaron ya desde los momentos inmediatamente posteriores al atentado múltiples evidencias incriminatorias que vinculaban la acción criminal con el terrorismo internacional yihadista, y particularmente con un grupo de islamistas radicales afincados en España, algunos de ellos integrantes del Grupo Islámico Combatiente Marroquí. El día 12-3-04 la organización terrorista ETA, a través de llamada telefónica al periódico Gara y a la televisión vasca ETB, negó cualquier relación con el citado atentado terrorista».

Los datos de los que dispuso el Ejecutivo de José María Aznar saldrá a relucir en el juicio, puesto que la Fiscalía ha pedido que testifiquen los máximos responsables de la Dirección General de la Policía en aquella época: el subdirector general Operativo Pedro Díaz Pintado, el ex comisario general de Información Jesús de la Morena y el ex director general Agustín Díaz de Mera.


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«Haski dijo que era su grupo el que había dado el golpe»

 

07-11-06



LOS OTROS DOS AUTORES INTELECTUALES EN EL BANQUILLO

«Haski dijo que era su grupo el que había dado el golpe»


M.M.

MADRID.- El banquillo de la Audiencia aguarda a tres presuntos autores intelectuales de la matanza, con peticiones de pena que casi alcanzan los 40.000 años para cada uno. Se trata de Belhadj, Rabei Osman y Hasan Haski (El cuarto, El Tunecino, murió en Leganés). Haski fue detenido en Lanzarote en diciembre de 2004, cuando era el líder del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), al que se atribuye un papel esencial en la masacre.
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El principal elemento que pesa contra él es la declaración de Atila Turk, detenido en Francia. «[Haski] Dijo que era su grupo de marroquíes en España quien había dado el golpe. Dijo que era su jamma [grupo] quien había hecho eso [...] Noté su cambio de comportamiento antes y después de los atentados».


Haski, que se trasladó a España tras la detención de varios de sus contactos, adoptaba grandes medidas de seguridad, según el informe de la fiscal: «Se valía de terceras personas para guardar medidas de seguridad muy estrictas. Utilizaba para comunicarse internet, facilitando un correo y una contraseña para abrirlo, de forma que cuando el destinatario lo abría, leía los mensajes en el apartado grabar y respondía con su mensaje en el apartado borrador, evitando así el tráfico de mensajes».


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'El Egipcio': «El hilo de la operación de Madrid fue mío»

 

07-11-06



'El Egipcio': «El hilo de la operación de Madrid fue mío»


M.M.

MADRID.- Al igual que Haski, Rabei Osman, alisas El Egipcio, se jactó de que su grupo había sido el autor de la masacre. En su caso no hizo falta que otro detenido lo confesase. Los tres micrófonos instalados por la Policía en su domicilio de Milán grabaron frases muy comprometedoras: «La operación entera de Madrid es mía»; «Fueron de los más queridos amigos,... cayeron mártires, que Alá les tenga en su misericordia»; «El hilo de la operación de Madrid fue mío, ¿entiendes? Los trenes... todos fueron mi grupo»; «En realidad, yo no estuve con ellos el día de la operación, pero el día 4 me puse en contacto con ellos, y me enteré de todos los detalles».

Según el escrito de la Fiscalía, El Egipcio realizó diversos viajes por Europa para preparar el 11-M: «A fin de seguir con el plan trazado y ponerse en contacto con otros miembros de grupos que estaban diseminados por distintos países de Europa, el 27 de febrero de 2003 el procesado Rabei Osman viajó primeramente a Francia [y] viajó más tarde a Italia». La Fiscalía añade que, «con el objetivo de ultimar los detalles relativos al atentado que habían previsto cometer, se desplazó a España y mantuvo reuniones con los miembros de la célula durante los últimos días de enero de 2004».


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De los 38.870 años para Trashorras hasta los cuatro para su mujer

 

07-11-06



De los 38.870 años para Trashorras hasta los cuatro para su mujer

MADRID.- La Fiscalía solicita un total de 270.875 años de prisión para los 29 procesados. Las peticiones varían entre los más de 38.600 para los siete presuntos autores y los cuatro para Carmen Toro. Su marido, Emilio Suárez Trashorras, es el procesado para el que se solicita la mayor pena (38.870 años), como cooperador necesario en los 191 asesinatos (30 años por muerte) y 1.824 delitos de asesinato en grado de tentativa (18 años por cada uno). Se le piden también dos años por robo de vehículo, dos por falsificación de placas de matrícula, 10 por colaboración con la célula, 20 años por cada uno de los cuatro delitos de estragos, y cuatro años de cárcel por asociación ilícita (la trama asturiana).


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Acebes califica de «disparate» atribuir un atentado a una decisión política

 

07-11-06



Acebes califica de «disparate» atribuir un atentado a una decisión política


C. R. DE GANUZA/ S. MORA

MADRID / MEDELLIN.- El secretario general de los populares, Angel Acebes, reaccionó ayer con dureza al escrito de conclusiones de la fiscal encargada de la instrucción del 11-M, que pone en relación los atentados contra los trenes de Madrid con el apoyo del Gobierno de Aznar a la intervención militar en Irak.

Si bien dijo hablar «con carácter general», Acebes calificó de «auténtico disparate atribuir un atentado terrorista a unas decisiones políticas, sean unas o sean otras». El número dos del PP recordó haber repetido muchas veces en los últimos años -desde el Gobierno y la oposición- este mismo razonamiento.
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«Los responsables de las acciones terroristas son los terroristas», afirmó ayer, «y, por lo tanto, buscar una justificación en decisiones políticas, además de disparatado, me parece un gravísimo error, respecto del pasado, del presente y del futuro».

Y es que, junto a la crítica, el dirigente popular añadió una advertencia de carácter internacional para cuantos atentados pudieran producirse en el resto del mundo con el sello de Al Qaeda. «Buscar motivaciones políticas a la comisión de un atentado terrorista no sólo es un grave error», dijo, «sino sobre todo, un precedente tremendo para España y para el resto del mundo, y una profundísima equivocación».

Por su parte, el secretario general confirmó que el escrito de la fiscal Olga Sánchez no ha hecho cambiar al PP su posición política en torno al 11-M. Los populares siguen creyendo que el juicio no cierra la investigación, que quedan por conocerse los autores intelectuales del atentado y que el Gobierno sigue siendo responsable no sólo de averiguarlo sino de dar cuentas a la oposición.

Acebes aseguró, a preguntas de los periodistas, que el asunto no fue tratado ayer -pese a aparecer en todas las portadas de los diarios-, pero «por supuesto», subrayó, «seguiremos con ello, mientras existan, como existen en estos momentos, incertidumbres, lagunas, interrogantes y cosas por despejar hasta que se conozca toda la verdad».

«Según vayan apareciendo informaciones que desde nuestro punto de vista sean relevantes», insistió, «seguiremos como hemos hecho hasta ahora, cumpliendo con nuestra obligación y nuestra responsabilidad, exigiendo en el Congreso de los Diputados información, investigación y que esto continúe hasta que se conozca toda la verdad».

Por su parte, desde Medellín (Colombia), el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, -que viajó acompañando a José María Aznar en un seminario de FAES- lamentó que «la fiscal no dedique sus esfuerzos, su tiempo y su capacidad intelectual a intentar averiguar los puntos oscuros del sumario, en lugar de hacer valoraciones políticas y subjetivas absolutamente inapropiadas y a escribir novelas».

«Me parece una gran irresponsabilidad de una señora que dijo que ya lo sabía todo y ha presentado una conjetura. En ningún país democrático se buscan excusas a los atentados ni un fiscal los achaca a decisiones legítimas de un Gobierno. Se investigan para capturar a los culpables, no se buscan excusas como está haciendo, desde el primer día, la fiscal del caso», declaró Zaplana.

Aznar declinó hacer comentarios.


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