11-M: LA FISCALIA ALIENTA LAS DUDAS SOBRE LA VERDAD OFICIAL
08-11-06
Editorial
11-M: LA FISCALIA ALIENTA LAS DUDAS SOBRE LA VERDAD OFICIAL
Editorial
11-M: LA FISCALIA ALIENTA LAS DUDAS SOBRE LA VERDAD OFICIAL
El escrito de acusación de los fiscales Olga Sánchez y Javier Zaragoza contra los 29 procesados por el juez Del Olmo por su participación en el 11-M reafirma casi todas las dudas expresadas por este periódico sobre la investigación de la masacre.
Los fiscales piden 230.000 años de cárcel para los imputados que se van a sentar en el banquillo el año que viene, pero esa astronómica suma contrasta con la parquedad de pruebas e indicios incriminatorios del extenso documento. Tras una lectura detenida, da la sensación de que estamos más ante un análisis político de la estrategia global de Al Qaeda que ante un pliego de cargos para establecer las responsabilidades penales de los procesados.
(.../...)
El escrito apunta a tres fanáticos islamistas como los autores intelectuales o inductores de los atentados: Belhadj, Haski y El Egipcio. No hay ninguna duda de que los tres tenían vínculos con diversas organizaciones terroristas, pero lo que no prueban los fiscales es que de ellos partieran las órdenes para ejecutar el macroatentado. Su documento no responde a quién, cómo, cuándo y dónde se planificó la masacre. La participación de los tres islamistas está sustentada en meras hipótesis e indicios circunstanciales, de los que es imposible sacar conclusión firme alguna.
Por ejemplo, la fiscal Sánchez había conjeturado en un escrito anterior que Belhadj conocía en octubre de 2003 la fecha de los atentados porque al comprar un teléfono en Bélgica había consignado que su fecha de nacimiento era «el 11 de marzo». Se trata de una hipótesis indemostrable y, probablemente, de una coincidencia infinitamente menos significativa -por ejemplo- que la del robo de ETA en el callejón de Trashorras. Por otro lado, Aznar no anunció la fecha de las elecciones hasta enero de 2004.
En el mismo terreno de las conjeturas, los fiscales señalan que alguno de los miembros del comando de Leganés había recibido formación sobre explosivos y electrónica en un campo de entrenamiento de Jalalabad, pero no aporta ningún dato que avale esa hipótesis.
Hay, además, tres incógnitas fundamentales que el documento no aclara. En primer lugar, la Fiscalía alega que es «imposible» establecer qué tipo de dinamita utilizaron los terroristas. Infiere que fue la Goma 2 robada en Asturias, pero asume que sólo se pudo determinar la existencia de «componentes de la dinamita» en los análisis químicos de la Policía. En segundo lugar, reconoce expresamente que las 30 tarjetas de los móviles utilizados por los terroristas «fueron adquiridas por personas no suficientemente identificadas». Y, por último, admite que tampoco se ha podido determinar quiénes fueron los individuos que compraron los teléfonos días antes de los atentados.
Hay también explicaciones increíbles y afirmaciones contradictorias que revelan el escaso fundamento de la investigación de la Fiscalía. Dice, por ejemplo, que la metenamina hallada en la dinamita de la Kangoo -y en la muestra patrón- fue fruto de «una reacción química» en el laboratorio de la Policía. Sostiene contra toda lógica volumétrica que los 12 ejecutores viajaron a Alcalá, llevando las mochilas con las bombas, en la Kangoo y el Skoda. O afirma que quien leyó la reivindicación en el vídeo fue Belhadj, contradiciendo el informe general de la Policía, que aseguraba que fue El Chino.
Asegurar que fue el mensaje lanzado por Bin Laden en octubre de 2003 lo que puso en marcha a los terroristas cuando se ignoran aspectos tan esenciales como los relativos a los explosivos, las tarjetas y los teléfonos no deja de ser una osadía. Estamos, en suma, ante un trabajo inconsistente, poco riguroso y endeble, que alienta todas las dudas sobre la verosimilitud de la verdad oficial.
Los fiscales piden 230.000 años de cárcel para los imputados que se van a sentar en el banquillo el año que viene, pero esa astronómica suma contrasta con la parquedad de pruebas e indicios incriminatorios del extenso documento. Tras una lectura detenida, da la sensación de que estamos más ante un análisis político de la estrategia global de Al Qaeda que ante un pliego de cargos para establecer las responsabilidades penales de los procesados.
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El escrito apunta a tres fanáticos islamistas como los autores intelectuales o inductores de los atentados: Belhadj, Haski y El Egipcio. No hay ninguna duda de que los tres tenían vínculos con diversas organizaciones terroristas, pero lo que no prueban los fiscales es que de ellos partieran las órdenes para ejecutar el macroatentado. Su documento no responde a quién, cómo, cuándo y dónde se planificó la masacre. La participación de los tres islamistas está sustentada en meras hipótesis e indicios circunstanciales, de los que es imposible sacar conclusión firme alguna.
Por ejemplo, la fiscal Sánchez había conjeturado en un escrito anterior que Belhadj conocía en octubre de 2003 la fecha de los atentados porque al comprar un teléfono en Bélgica había consignado que su fecha de nacimiento era «el 11 de marzo». Se trata de una hipótesis indemostrable y, probablemente, de una coincidencia infinitamente menos significativa -por ejemplo- que la del robo de ETA en el callejón de Trashorras. Por otro lado, Aznar no anunció la fecha de las elecciones hasta enero de 2004.
En el mismo terreno de las conjeturas, los fiscales señalan que alguno de los miembros del comando de Leganés había recibido formación sobre explosivos y electrónica en un campo de entrenamiento de Jalalabad, pero no aporta ningún dato que avale esa hipótesis.
Hay, además, tres incógnitas fundamentales que el documento no aclara. En primer lugar, la Fiscalía alega que es «imposible» establecer qué tipo de dinamita utilizaron los terroristas. Infiere que fue la Goma 2 robada en Asturias, pero asume que sólo se pudo determinar la existencia de «componentes de la dinamita» en los análisis químicos de la Policía. En segundo lugar, reconoce expresamente que las 30 tarjetas de los móviles utilizados por los terroristas «fueron adquiridas por personas no suficientemente identificadas». Y, por último, admite que tampoco se ha podido determinar quiénes fueron los individuos que compraron los teléfonos días antes de los atentados.
Hay también explicaciones increíbles y afirmaciones contradictorias que revelan el escaso fundamento de la investigación de la Fiscalía. Dice, por ejemplo, que la metenamina hallada en la dinamita de la Kangoo -y en la muestra patrón- fue fruto de «una reacción química» en el laboratorio de la Policía. Sostiene contra toda lógica volumétrica que los 12 ejecutores viajaron a Alcalá, llevando las mochilas con las bombas, en la Kangoo y el Skoda. O afirma que quien leyó la reivindicación en el vídeo fue Belhadj, contradiciendo el informe general de la Policía, que aseguraba que fue El Chino.
Asegurar que fue el mensaje lanzado por Bin Laden en octubre de 2003 lo que puso en marcha a los terroristas cuando se ignoran aspectos tan esenciales como los relativos a los explosivos, las tarjetas y los teléfonos no deja de ser una osadía. Estamos, en suma, ante un trabajo inconsistente, poco riguroso y endeble, que alienta todas las dudas sobre la verosimilitud de la verdad oficial.
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