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13.5.06

 

¿Justicia plena o injusticia palmaria?

 

13-05-06

LA POLEMICA NACIONAL

¿Justicia plena o injusticia palmaria?

CONDENAS POR DOS DETENCIONES ILEGALES. La fractura es esta vez total en la interpretación de la condena de varios policías por haber detenido a dos militantes del PP.Los medios gubernamentales la minimizan, la tergiversan y la critican... todo a la vez.

VICTOR DE LA SERNA

Bastaba escuchar un ratito las tertulias de la Ser y de la Cope, esta semana, para medir el océano que separa las interpretaciones desde esos medios, el yin y el yang de nuestra radiofonía actual. En la Ser casi todos se rasgaban las vestiduras porque a partir de ahora la Policía no podrá realizar sus tareas libremente debido a esta terrible espada de Damocles: vamos, que las detenciones de Madrid eran las normales y habituales, y las condenas van a inhibir desde ahora a los agentes que se planteen detener a un caco, un terrorista, un estafador, un asesino o un narcotraficante.En la Cope, en cambio, celebraban que se hayan defendido los derechos fundamentales, poniendo coto a esta moderna resurrección de aquella patada en la puerta del ministro Corcuera: la detención por motivos políticos, la proverbial llamada a la puerta a las seis de la mañana sin que sea el lechero... y con todavía menos garantías que entonces, porque al menos la patada estaba amparada por una Ley de Seguridad Ciudadana, no por la pura arbitrariedad.

(.../...)

Los editoriales reflejaban la misma fractura. En El País, bajo el título de Desmesura total, se resaltaba esa supuesta desmesura (no hubo detención, sino amable invitación a declarar y brevísimo paso por comisaría), se subraya que no se estaba procediendo más que a una investigación de la «como mínimo, intimidación» de José Bono, y «haber dejado de investigar lo ocurrido habría sido una invitación a la impunidad». De persecución política, nada; a lo sumo, alguna torpeza de nada.

No ha entrado en ello la sentencia, en efecto, porque los imputados no han dicho haber recibido ninguna orden política. Pero la resolución es bastante explícita: «Este Tribunal no tiene elementos para entender que la conducta de los acusados en orden a las detenciones analizadas fuese sugerida por instancias superiores a ellos, pero sí tiene la leve sospecha que las previsiones o vaticinios de que 'pronto habría identificaciones y detenciones', que hizo el excelentísimo señor delegado del Gobierno en Madrid, tan sólo horas antes de aquéllas, si bien del día anterior, pudieron haber influido en el proceder de ambos acusados, quienes se olvidaron que son Policía Judicial, sirvieron a fines o criterios que son contrarios a la justicia que propugna un Estado de Derecho e hicieron ciertas las afirmaciones del señor delegado del Gobierno en Madrid, 'practicando identificaciones y detenciones'».

Frente a la despechada reacción de El País, EL MUNDO editorializaba sobre Una sanción justa y proporcional a un grave abuso policial («habría que remontarse a los episodios de la guerra sucia en pleno felipismo para encontrar tamaña desviación de poder como la que reflejan las conductas de los tres agentes policiales») y La Razón sobre Tres policías, un ministro y un cabeza de turco, insistiendo desde el primer día, y repetidas veces, en exigir la dimisión de José Antonio Alonso: «Los ministros y los dirigentes del PSOE deberían ser más prudentes en sus declaraciones. La soberbia de Alonso, López Garrido, Fernández de la Vega y Rubalcaba causa auténtico estupor. Los tres primeros reúnen la condición de juristas, algo que han olvidado». Bueno, en realidad la habíamos olvidado todos...

En ABC, Manuel Martín Ferrand teme que los sucesos coincidentes hagan pasar éste a un segundo plano ante la opinión: cuando se firmó la sentencia «ya estaban tomadas todas las precauciones»: Bono fuera del Gobierno, Alonso en otro Ministerio, y «si se añade al caso un tratamiento informativo tan perverso como los peores del maltratado Alfredo Urdaci, el no muy sutil despliegue editorial de los diarios incondicionales del ajedrecista Zapatero, la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, el bien administrado silencio de los próximos y la siembra de confusión por parte de los activos agentes del reconstruido comando Rubalcaba, tendremos el ejemplo de una operación de distracción con la que no será difícil desviar la atención y el criterio de muchos ciudadanos no demasiado concienciados y, por ello, más dispuestos al apoyo del Gobierno que de la oposición».

Un vaticinio bien negativo... pero quizá realista.


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CACERIA GUBERNAMENTAL CONTRA EL PORTAVOZ DE LA OPOSICION

 

13-05-06

EDITORIAL

CACERIA GUBERNAMENTAL CONTRA EL PORTAVOZ DE LA OPOSICION

La cadena Ser difundió en su día la gran exclusiva de que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana explotaba un restaurante en un paraje de Benidorm. Hace unas semanas, la misma cadena se hizo eco de la reapertura por parte de la Fiscalía del caso de la publicidad institucional en el que el Tribunal de Cuentas no había apreciado ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera contable. Ayer, la cadena Ser -deudora de todo tipo de favores al Gobierno- se hizo amplio eco de la denuncia de dos diputados autonómicos socialistas ante la Fiscalía de Valencia, basada en unas grabaciones en las que dos empresarios aluden a un tercero al que ponen en su boca que compartía comisiones con Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario del PP.

Ningún personaje público puede quedar fuera del escrutinio de la Justicia cuando existen sospechas o acusaciones sobre su honorabilidad.Zaplana no es una excepción. Por tanto, la Justicia debe llegar hasta el fondo del asunto para determinar si esas imputaciones son fundadas o son un simple montaje para desacreditar a un molesto adversario político. Existen, sin embargo, una serie de circunstancias que apuntan hacia la segunda hipótesis: que los denunciantes son diputados del PSOE y, por tanto, tienen intereses políticos, que la Fiscalía ya ha actuado en el pasado como caja de resonancia de operaciones contra Zaplana y que el propio Gobierno se precipitó ayer a enviar mensajes a los periodistas para avisarles de lo difundido por la Ser. Una acción por la que el portavoz Moraleda debe ofrecer una explicación pública.

Cualquiera que lea el contenido de la denuncia basada en esas cintas podrá darse cuenta de la debilidad de las acusaciones.La reiteración de la campaña y la escasa consistencia probatoria de esas grabaciones ponen en evidencia que hay un nuevo intento de vincular a Zaplana con comportamientos corruptos. No es una casualidad que los dardos de esa cadena y del Gobierno se dirijan contra el portavoz del PP, el hombre que ha defendido contra viento y marea que se investigue el 11-M, que se opone a que se pague un precio político por el alto el fuego de ETA y que ha exigido responsabilidades políticas por la sentencia de las detenciones de dos militantes del PP.

Zaplana anunció ayer una querella contra los diputados del PSOE y pidió la comparecencia de la vicepresidenta en el Congreso, dos iniciativas a las que tiene pleno derecho para defender su honor en esta vergonzante operación de acoso y derribo.


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Zaplana culpa al Gobierno de una denuncia que lo implica en el cobro de comisiones en Terra Mítica

 

13-05-06

Zaplana culpa al Gobierno de una denuncia que lo implica en el cobro de comisiones en Terra Mítica

El PSOE lleva a la Fiscalía las grabaciones de dos contratistas que acusan al portavoz del PP

M. H. / X. B. / M. G.
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VALENCIA.- El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, denunció ayer una campaña del Gobierno para destruir su imagen, horas después de que se conociera una denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por dos diputados socialistas en la que se adjuntan conversaciones grabadas entre ellos y dos empresarios. Según la transcripción de estas grabaciones, ambos empresarios aluden a una presunta trama de pagos de comisiones ilegales en las obras del parque temático Terra Mítica, en Benidorm. El dirigente popular presentará una querella contra los cuatro.
(.../...)

Zaplana negó las acusaciones en una rueda de prensa en la sede del PP en Valencia, donde casualmente le sorprendió la noticia, y cuya convocatoria justificó en la necesidad de defenderse de estas «injurias» y de «decir basta» porque «sobrepasan todos los límites de lo tolerable». El portavoz popular implicó directamente al Ejecutivo socialista en el asunto y destacó que desde la Secretaría de Estado de Comunicación, que dirige Fernando Moraleda, se enviaron ayer mensajes de móvil a periodistas para alertarles de la existencia de esta información.

Zaplana anunció que el lunes su Grupo solicitará en el Congreso la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, porque se ha puesto «el aparato del Estado al servicio de intereses bastardos de un partido». Además, vinculó su labor en la oposición con el hecho de estar sometido a «un linchamiento político y personal permanente» y aseguró que se trata de un intento del Ejecutivo de «tapar» los problemas que tiene.

Sin embargo, defendió que «en política no todo vale y por fuertes que sean las rivalidades deben existir límites». El portavoz del PP y ex presidente de la Generalitat Valenciana desveló que intentó ayer ponerse en contacto sin éxito con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se encontraba en Viena, para trasladarle su «indignación» por estas prácticas.Zaplana sí habló con el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, e insistió en que las dificultades por las que atraviesa este partido «son muchas».

El número tres del PP relató que, en la mañana de ayer, en cuanto tuvo conocimiento de esta información, su primera llamada fue al fiscal jefe del TSJ, Ricard Cabedo, para solicitarle «amparo» y pedirle que practicara «cuantas diligencias fueran necesarias» para salvaguardar su «honor». Cabedo le aseguró que de la denuncia del PSPV no se desprende la apertura de diligencias contra él ya que, al parecer, los posibles delitos, en el caso de confirmarse, estarían relacionados con el proceso judicial abierto contra Terra Mítica y otras 16 empresas por un presunto fraude fiscal de IVA e Impuesto de Sociedades. Zaplana también habló con Mariano Rajoy y con Angel Acebes para trasladarles su deseo de salir al paso de estas «injurias».

La Moncloa puntualizó ayer por la tarde que se produjo un error técnico que hizo que en las convocatorias por mensajes SMS a los periodistas se incluyera la noticia sobre Zaplana -tras ser difundida por la cadena Ser- junto a otras cuatro sobre temas políticos nacionales. A continuación, enviaron otro mensaje disculpándose por dicho error. Según fuentes oficiales, Moraleda, que se encontraba con Zapatero en Viena, telefoneó a Zaplana por la tarde para pedirle disculpas.

La denuncia, adelantada al mediodía de ayer por el PSOE a la cadena Ser, da fe de varias reuniones mantenidas entre los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such con dos empresarios, Antonio Moreno Carpio y José Herrero García, que figuran en la lista de imputados por un supuesto delito fiscal. Son ellos los que reconocen haber pagado comisiones a otro empresario, Vicente Conesa, que, según su testimonio, alardeaba públicamente de repartírselas con Zaplana.

Actuaciones «muy graves»

Los socialistas denunciantes convocaron ayer tarde una rueda de prensa para contar las motivaciones que les llevaron a presentar la denuncia ante la Fiscalía. Según su versión, el diputado José Camarasa investigaba los altos sobrecostes en Terra Mítica cuando, tras hablar con unos empresarios, tuvo conocimiento de una relación de acusaciones y actuaciones «muy graves». El «nivel de detalle y concreción» de los hechos relatados le merecieron credibilidad, por lo que grabó las siguientes conversaciones, por consejo de su partido, y presentó la denuncia.

Tanto los diputados denunciantes como el secretario de Organización del PSPV, Vicent Sarrià, aseguraron que no han pagado ni un euro del millón y medio que pedían los empresarios implicados en las cintas. Sugirieron que las grabaciones se realizaron sin consentimiento de las partes, al objeto de apoyar la «gravedad» de los hechos denunciados: «Los empresarios sabían que estaban hablando con un diputado socialista, en sede del grupo parlamentario del PSPV», explicó Camarasa.

El portavoz Antoni Such consideró «normal» y «lógico» que desde un gobierno o un partido se pasen informes. Ambos emplazaron al presidente valenciano, Francisco Camps, a ordenar una auditoría de control de costes en Terra Mítica.




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CASO ZAPLANA.- Los empresarios reclaman 1,5 millones para declarar ante el juez

 

13-05-06

Los empresarios reclaman 1,5 millones para declarar ante el juez


Relatan que entregaron dinero en bolsas y cheques a favor de Conesa y que éste decía que se lo repartía con Zaplana

VALENCIA.- La denuncia en la que el PSPV trata de implicar a Eduardo Zaplana tiene su origen el pasado mes de noviembre cuando la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se basó en una información de la Agencia Tributaria para denunciar una supuesta red de 17 empresas, entre ellas Terra Mítica, que habrían defraudado 4,4 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedad y de IVA entre los años 2000 y 2001.
(.../...)

Aquella denuncia fue archivada por defecto de forma, ya que Hacienda no había cumplido el preceptivo trámite de audiencia a los denunciados. Subsanado el defecto, la Agencia Tributaria ha vuelto a denunciar los hechos y el fiscal jefe de Valencia, Ricard Cabedo, ha actualizado la denuncia, que incluye a 24 empresarios, entre ellos los dos protagonistas de las grabaciones aireadas por el PSPV, Antonio Moreno y José Herrero García.

En la cinta entregada por los socialistas a la Fiscalía, ambos empresarios admiten que el proceso contra ellos les ha producido un «grave quebranto» económico, razón por la cual estarían dispuestos a vender la información sobre el también empresario Vicente Conesa y, por ende, sobre Zaplana a los medios de comunicación que estén dispuestos a pagar o al PSPV. Incluso llegan a fijar el precio: 1,5 millones de euros para hacer frente a su defensa y a las posibles sanciones fiscales y la petición de gracia judicial.Moreno y Herrero aseguran representar a un grupo mayor de poco más de una decena, todos implicados en el presunto fraude fiscal y que participaban en las sobrefacturaciones.

En la denuncia, donde aparte de las grabaciones no se incluye otra documentación, se afirma que Antonio Moreno dispone de justificantes de pagos de «sobreprecios» en una cuenta cifrada de Andorra «a favor de Vicente Conesa». El empresario dice que esos pagos podrían alcanzar los 2.000 millones de pesetas. El otro empresario, en otro pasaje de la cinta, eleva esa cifra: «Estamos hablando de 5.000 o 6.000 millones de pesetas entregados en bolsas».

Relatan que se trata del pago de comisiones a través de facturas falsas o hinchadas por trabajos de jardinería en Terra Mítica que ascendieron a 6.000 millones de pesetas de los cuales Moreno sólo habría recibido 1.000. En la conversación mantenida con el diputado José Camarasa, José Herrero declara que «el señor Conesa decía que se repartía la pasta con el señor Zaplana, no es lo que haya oído yo, es que lo han oído los 16 que han ido a soltar», y añade: «Yo, evidentemente, no he visto cómo [Vicente Conesa] le ha llevado el dinero a Zaplana, pero que lo ha dicho estando yo delante, lo juro ante la Virgen de los desamparados».En la grabación también aparece la supuesta construcción de un chalé «sin coste alguno» para Justo Valverde, ex cuñado de Eduardo Zaplana y que fue jefe de contrataciones de Terra Mítica.

Además de los ingresos en Andorra, se alude a un pago mediante cheque bancario a Suiza realizado por José Herrero. Respecto al modo de operar con Conesa afirma: «Me decía [...] Estúdiame esto [...] Yo les decía, esto vale 50 millones. Ellos decían, no, vale 30. Yo aceptaba y a la hora de facturar eran 90».


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12.5.06

 

Sobre el acoso a la AVT

 

El último episodio el entorno zapateril en su busqueda para neutralizar a la AVT, como piedra en su camino de los espúreos acuerdos con la ETA, es el intento de sustitución como presidente de dicha asociación de Francisco Alcaraz por un tapado sumiso a sus intenciones.

Ya la AVT denunció una maniobra del Gobierno para remover a Alcaraz de la presidencia.

El tapado ya ha dado la cara: se trata del Pablo Broseta hijo del catedrático Manuel Broseta asesinado por ETA, dice presentarse para "despolitizar" a la AVT

El PP ya ha contestado a Pablo Broseta, dicendole que"jamás ha intervenido para politizar la AVT, ni la AVT lo hubiera consentido".

Mientras la familia de de la antigua presidenta de la AVT, Ana María Vidal-Abarca, considera "oscurantista" la candidatura de Broseta

La operación no es nada oscura, está medirianamente clara: La ex- ministra Carmen Alborch fue ayudante en la cátedra de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia de Manuel Broseta. se le suponen amistades y vinculos personales con la familia de este. Alborch encabeza las quinielas como sustituta de Peces-Barba y esta urde la maniobra, haciendo méritos para al cargo, de control a la "molesta" AVT;utilizando sus relaciones con la familia Broseta manipula al maleable Pablo.

Las conclusiones las saca el propio Francisco Alcaraz:considera a Broseta el candidato del Gobierno porque defiende el discurso de Peces Barba y Zapatero

Broseta ha confesado que era él quien se encuentra detrás de las llamadas a los asociados. La pregunta es: ¿Quién le facilitó el listado?


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Mas noticias sobre el caso Bono

 

Mientras el portavoz socialista López Garrido tiene la desfachatez de insultar al PP (Se está luciendo en el cargo) llamandoles: "vulgares agitadores vociferantes" ,
El inefable Pepiño Blanco llama paralítico mental a Acebes.

Constantino Mendez
dice que la sentencia del caso Bono es un "despropósito jurídico, desmesurada y desproporcionada" cuando lo desmesurado, lo desproporcionado y lleno de despropósitos fue su actuación y las de los policias a su mando.

Acebes se pregunta
: ¿Cree que se puede detener a dos militantes del PP sin que lo sepa el presidente?"

Y el gobierno no acta la sentencia, según ellos no se corresponde con lo ocurrido. ¡Vaya respeto por el poder judicial!


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Esposados en la Asamblea de Madrid

 

12-05-06

'CASO BONO' / Escándalos en los parlamentos

Esposados en la Asamblea de Madrid

PEDRO BLASCO

MADRID.- Le tocaba hablar a Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. De pronto, los diputados del PP se pusieron en pie y se colocaron unos grilletes a la vez que gritaban «Alonso dimisión».
(.../...)

La presidenta de la Cámara, Concepción Dancausa, que ya tiene mucha práctica en este tipo de conflictos con los bancos de la izquierda e incluso con la tribuna del público, ordenó a los diputados del PP que se sentaran y dejaran de gritar. Dancausa tuvo que llamar al orden hasta dos veces para que los diputados 'populares' se calmaran y tomaran asiento.

Esta acción se enmarca dentro de la campaña que el PP ha organizado para exigir la dimisión de José Antonio Alonso, que era ministro del Interior cuando se produjeron las detenciones de dos militantes del Partido Popular tras una manifestación contra la negociación con la organización terrorista ETA.

La sesión estuvo paralizada durante más de un minuto y cuando volvió a tomar la palabra Rafael Simancas el portavoz socialista, tras pedir «respeto y educación a la institución», dijo: «No tiene usted ni idea de lo mucho que nos ha costado a algunos que no tenemos apellido aristocrático ni rancio abolengo llegar hasta aquí».

En la réplica, Esperanza Aguirre, acusó a Rafael Simancas de haberse quedado solo «por no condenar las detenciones ilegales que se han producido».

La Asamblea de Madrid ha tomado en los últimos meses varias iniciativas contra el delegado del Gobierno, Constantino Méndez, al que consideraron también responsable de las detenciones. En una de las sesiones, el Pleno reprobó la actuación del delegado en Madrid.



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El PP abuchea al ministro Alonso y pide a gritos su dimisión

 

Para ver Video expulsión pulsar aqui

12-05-06


CASO BONO' / Escándalos en los parlamentos

El PP abuchea al ministro Alonso y pide a gritos su dimisión

Por vez primera en la democracia, el presidente del Congreso expulsa a un diputado en la mayor bronca que se recuerda

AGUSTIN YANEL

MADRID.- Ni los más viejos del lugar recuerdan una bronca como la que hubo ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados, que terminó con la expulsión de Vicente Martínez-Pujalte (del PP) por parte del presidente de la Cámara. Al ministro José Antonio Alonso no se le pudo escuchar casi nada de su intervención porque los parlamentarios populares le abuchearon, le llamaron «fascista», pidieron a gritos su dimisión y no pararon de golpear en sus escaños.
(.../...)

Hubo quien comentó que, más que una sesión de debate político, en la que es habitual un rifirrafe civilizado entre el partido del Gobierno y la oposición, la de ayer parecía una asamblea universitaria, una reunión de trabajadores a los que su empresa quiere despedir o incluso un espectáculo de circo.

Todo comenzó cuando finalizaba el debate sobre una reforma de la Ley del Poder Judicial y entró en el Hemiciclo el ministro Alonso, quien a continuación iba a solicitar a la Cámara autorización para enviar más tropas a Afganistán. «Ministro, dimisión», le espetó Martínez-Pujalte, que en ese momento conversaba con otros diputados en vez de escuchar al orador de turno.

«Le ruego mantenga silencio, le llamo al orden por primera vez y lamento hacerlo, pero respete al orador», le dijo el presidente, Manuel Marín, en referencia al diputado Pedro Muñoz (PSOE), que hablaba desde la tribuna.

Terminó de hablar ese diputado mientras Martínez-Pujalte siguió haciéndolo desde su escaño: «Señor ministro, que nos detienen», voceó entre risas, en referencia a los dos militantes del PP que fueron arrestados bajo la acusación de haber agredido al entonces ministro José Bono durante una manifestación, y por lo que ahora han sido condenados tres policías.

- Señor Pujalte, le llamo al orden por segunda vez -insistió Marín.

- Pero no me detiene -respondió, con sorna, ese diputado del PP.

- Le advierto que si tuviera que llamarle al orden por una tercera vez, le invitaré a abandonar el Hemiciclo. Quiero que lo tenga usted en cuenta -le dijo el presidente.

- ¡La Policía! -apostilló Martínez-Pujalte, entre risas.

Y Marín, tal y como acababa de advertirle y porque así lo establece el Reglamento del Congreso, le llamó al orden por tercera vez y le ordenó que se marchara. Pujalte no sólo no obedeció esa orden, sino que gritó «¡que me detengan!», jaleado por sus compañeros del PP.

El presidente leyó un artículo del Reglamento, en el que se indica que si un diputado se niega a abandonar el Hemiciclo se le podrá impedir que asista a la siguiente sesión plenaria. Pujalte se marchó entonces, no sin antes hacer una reverencia a Marín y otra dirigida a los parlamentarios del PSOE, con sorna. Algunos diputados del PP le gritaron: «No te vayas».

Reprobación a Marín

Intervino entonces el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, quien anunció que iba a presentar una reprobación contra Marín por haber expulsado a un diputado popular. La registró ayer mismo, horas después, a sabiendas de que no va a prosperar. En ella pide que el Congreso condene «la reiterada vulneración» de los derechos de los grupos parlamentarios, en especial del PP, por parte de Manuel Marín.

Pero toda esa bronca fue sólo un aperitivo de lo que iba a ocurrir después. El ministro José Antonio Alonso intentó hablar, pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos de los diputados del PP. «Alonso dimisión», clamaban, en una protesta que era esperada porque algunos la habían anunciado desde horas antes.«Libertad, libertad», gritaban otros.

«Unos mandan detenernos y otros nos echan de aquí», gritó el popular Francisco Antonio González. Manuel Marín pedía silencio.El ministro intentaba hablar, pero los gritos no le dejaban.

«Esta es la España que quiere el PP, la del enfrentamiento descarnado y cainita, la de la manipulación del Parlamento donde están representados los ciudadanos», se escuchó decir al ministro en un momento en que era menos intensa la protesta popular. «Se sirven para ello de mentiras y de manipulaciones, es su estilo, nada nuevo», añadió, entre gritos de «¡fuera!».

«¡Fascista!», dijo alguien desde los escaños del PP a Alonso.«¡Fascista!», le volvieron a gritar dos veces.

Después del Pleno, los portavoces del PSOE y del PP se recriminaron mutuamente lo ocurrido.


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La Fiscalía abre una investigación a Olga Sánchez por la libertad de un procesado por el 11-M

 

12-03-06

La Fiscalía abre una investigación a Olga Sánchez por la libertad de un procesado por el 11-M

MARIA PERAL

MADRID.- La fiscal Olga Sánchez, encargada del sumario del 11-M, será citada a declarar ante la Inspección de la Fiscalía General sobre las circunstancias por las que el procesado Saed el Harrak ha tenido que ser excarcelado.

(.../...)

El Harrak ha superado el plazo de prisión preventiva sin que Sánchez, que se dedica en exclusiva a este proceso -en el que sólo hay 16 encausados en prisión- haya instado medida alguna.

La Fiscalía General del Estado abrió ayer unas diligencias informativas sobre la excarcelación del marroquí Saed el Harrak, procesado en el sumario por los atentados del 11 de marzo.

El Harrak, al que se imputa un delito de colaboración con banda armada castigado con hasta 10 años de prisión, tuvo que ser puesto en libertad el pasado miércoles, cuatro días después de que venciera el plazo legal de prisión preventiva, ya que fue detenido el 6 de mayo de 2004.

Los datos que obran en el procedimiento y el propio comportamiento de la fiscal apuntan a que se ha tratado de una excarcelación indebida. En su reciente auto de procesamiento, el juez instructor, Juan del Olmo, citaba a El Harrak para la declaración indagatoria «e igualmente se celebrará comparecencia y prórroga de prisión provisional», ordenó el magistrado. Del Olmo fijó como fecha de la comparecencia el 16 de mayo, es decir, 10 días fuera del plazo legal.

Por su parte, la fiscal Sánchez recurrió ayer la excarcelación de El Harrak subrayando la peligrosidad de este islamista.

Fuentes de la Fiscalía admitieron que ha sido una reacción tardía y previsiblemente destinada al fracaso, dado lo taxativo de la ley y de la jurisprudencia constitucional sobre la inmediata puesta en libertad de presos preventivos que han superado el plazo legal.

Lo grave es que este presunto implicado en la masacre terrorista del 11-M hubiera podido permanecer en prisión provisional dos años más, hasta el 6 de mayo de 2008, si el juzgado hubiera convocado la vistilla (audiencia a las partes) establecida en la ley para decidir sobre la prórroga de su situación de privación de libertad.Ni el juez actuó ni la fiscal, encargada de velar por el procedimiento, le instó a ello.

Sánchez se dedica exclusivamente al sumario del 11-M desde que comenzó el proceso. En esta causa sólo estaban en prisión preventiva 17 procesados, incluyendo a Saed el Harrak.

Una Instrucción dictada por el fiscal general el 8 de noviembre de 2004 recordaba a los fiscales su deber de llevar a cabo «un control individualizado de la situación personal de todos los imputados que se encuentren en prisión preventiva».

El motivo de la Instrucción fue la alarma que produjo la indebida excarcelación de Allekema Lamari, considerado uno de los cerebros del 11-M y que había sido condenado en un proceso judicial anterior a nueve años de prisión, que no cumplió.

Para evitar sucesos similares, Conde-Pumpido recordó que el papel constitucional de la Fiscalía «exige de sus miembros extremar la atención para evitar que disfunciones en la tramitación de las causas provoquen dilaciones que hagan ineficaces las medidas cautelares en su momento adoptadas».

El incumplimiento de esta Instrucción fue esgrimido el pasado febrero por Conde-Pumpido como una de las causas por las que relevó a Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El fiscal general, que se quejó de la falta de comunicación con Fungairiño para conocer las vicisitudes del sumario del 11-M, afirmó que se enteró por la prensa de que dos de los condenados por el 11-S iban a quedar en libertad por cumplimiento del plazo de prisión preventiva.

En actitud victimista y con voz temblorosa, Olga Sánchez manifestó ayer a los medios de comunicación a su salida de la Audiencia Nacional que se le había abierto un «expediente por falta muy grave».

Fuentes de la Fiscalía General negaron la veracidad de esa afirmación y señalaron que lo que se ha abierto es una investigación -llamada «diligencias informativas»- en el marco de las cuales se ha pedido un informe a Jesús Santos, fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, y se ha solicitado la remisión de determinados documentos del sumario (dictámenes de la fiscal y pieza de situación personal de El Harrak). Olga Sánchez tendrá que acudir a declarar ante la Inspección para explicar su comportamiento profesional.

Paralelamente, el jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, José María Gil, inició ayer por orden del presidente, Francisco Hernando, una «información previa» para investigar eventuales responsabilidades judiciales.

La próxima semana Gil llevará a cabo personalmente una visita extraordinaria de inspección al Juzgado de Juan del Olmo, que deberá informar por escrito de lo sucedido. También ha pedido informes a la juez Teresa Palacios (que puso en libertad a El Harrak por ser la sustituta de Del Olmo, que se encuentra de baja por enfermedad), al secretario judicial adscrito al sumario del 11-M y al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar.El presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, ha abierto unas diligencias que remitirá a Dívar.


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11.5.06

 

La AVT presentará una denuncia "para saber quién mueve los hilos" con el fin de que Alcaraz deje la presidencia

 

11-05-06

"EL GOBIERNO QUIERE ALLANAR EL CAMINO PARA LA RENDICIÓN"

La AVT presentará una denuncia "para saber quién mueve los hilos" con el fin de que Alcaraz deje la presidencia

Francisco José Alcaraz.


Después de que varios socios de la AVT hayan dicho a Libertad Digital que han recibido llamadas de una falsa encuestadora para saber a quién votarán como próximo presidente de la asociación, Francisco José Alcaraz ha anunciado medidas legales "para esclarecer quién está moviendo los hilos" con el fin de desalojarle de su cargo. A juicio de Alcaraz, "el Gobierno tiene toda la intención" de que no gane la actual Junta y su proyecto de "memoria, dignidad y justicia" para las víctimas. El objetivo: "allanar el camino" para que se haga efectiva "la rendición del Gobierno ante ETA". LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino

(Libertad Digital) En una entrevista para La Mañana de la COPE, Francisco José Alcaraz explicó que las sospechas de que existen maniobras para desalojarle de la presidencia de la AVT comienzan con las denuncias de varios socios del colectivo. "Dicen que están recabando votos en blanco para apoyar a una junta alternativa" a la que preside Alcaraz. Además, explica, "se detecta que algunos delegados están usando mi nombre para lograr esos votos".

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Un error de Del Olmo obliga a poner en libertad a un procesado del 11-M

 

11-05-06

EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL LE ABRIRA HOY UNA INVESTIGACION

Un error de Del Olmo obliga a poner en libertad a un procesado del 11-M

El juez olvidó prorrogar la prisión provisional de Saed el Harrak, que puede ser condenado a 10 años por colaborar con los autores del atentado - Ayer salió de la cárcel al cumplirse los dos años desde su detención, sin que jueces y fiscales de la Audiencia hallaran una fórmula para impedirlo - Un episodio prácticamente idéntico llevó al actual CGPJ a expulsar de la Audiencia Nacional a Ruiz Polanco al sancionarle con un año de suspensión

MANUEL MARRACO
(.../...)

MADRID.- Un error del juez Juan del Olmo en el cómputo de prisión provisional obligó ayer a la Audiencia Nacional a poner en libertad a Saed el Harrak, procesado por colaborar con la célula del 11-M y al que se le intervino el testamento de uno de los terroristas que se suicidaron en Leganés.

El magistrado de la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión el 10 de mayo de 2004, por lo que ayer se superaba ya el plazo máximo de prisión preventiva de dos años. La Ley permite una prórroga por otros dos años -hasta un máximo de cuatro-, pero para ello es necesario que el juez la acuerde antes de que venza ese primer periodo. No fue así, por lo que el letrado de El Harrak solicitó ayer por la mañana la excarcelación inmediata de su defendido, que se produjo a las 22.00 horas.

Al igual que Del Olmo, la fiscal Olga Sánchez -también dedicada en exclusiva al 11-M- no se dio cuenta de que vencían los plazos de prisión provisional, por lo que no instó a tiempo al Juzgado Central número 6 para que acordara la prórroga.

En realidad, el plazo máximo de prisión provisional se había cumplido cinco días antes, puesto que hay que computar como tiempo de prisión desde el momento de la detención. El Harrak, vinculado por el juez de manera directa a los terroristas del 11-M, fue arrestado el 6 de mayo de 2004 en Parla (Madrid).

Antes de ordenar la libertad de El Harrak, varios fiscales de la Audiencia Nacional -a los que no corresponde la investigación- buscaron sin éxito una vía para evitarla. Finalmente, la encargada de dar la orden fue la magistrada Teresa Palacios. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 sustituye desde hace unas semanas al juez Del Olmo, que se encuentra de baja por razones médicas.

La magistrada ordenó medidas cautelares muy severas para El Harrak.Deberá presentarse dos veces diarias ante el juzgado o la comisaría -mañana y tarde- y tiene prohibido abandonar la Comunidad de Madrid. Además, fuentes de la Audiencia explicaron que se ha solicitado a las Fuerzas de Seguridad que adopten medidas de vigilancia en torno a su domicilio. En el escrito en el que ordenaba su ingreso en prisión, Del Olmo aducía el elevado riesgo de fuga de El Harrak, cuya familia se encuentra en Marruecos. El Código Penal castiga con hasta 10 años de cárcel el delito de colaboración con una organización terrorista.

Anoche la Fiscalía informó de que hoy mismo recurrirá la decisión, aunque sin aclarar con qué elementos pretende oponerse a una excarcelación que fuentes jurídicas daban por imperativa. También la presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, anunció que pedirá mañana en la Audiencia su vuelta a prisión.

Citaciones

En su auto de procesamiento del pasado 11 de abril, el magistrado citó a los afectados para comunicarles su decisión y tomarles nueva declaración. El próximo martes - primero de los tres días consecutivos fijados para esas diligencias- estaban citados ocho de los 29 procesados. A tres de ellos, además, Del Olmo tenía previsto comunicarles la prórroga de su prisión provisional que con toda seguridad iba a solicitar la fiscal Sánchez. Se trata de Mohamed Bouharrat, Mahmoud Slimane Aoun y el propio Saed el Harrak. La fecha era válida para los dos primeros, que aún no habrán cumplido el plazo de dos años, pero llegaba demasiado tarde para El Harrak.

Los pasados 1 y 2 de marzo, Del Olmo ya prorrogó la prisión a nueve acusados del 11-M que entraron en prisión entre marzo y abril de 2004, entre ellos Jamal Zougam y Emilio Suárez Trashorras.

Fuentes jurídicas explicaron ayer que, una vez pasados los dos años, no es posible citar de nuevo al procesado para volver a acordar su prisión por los mismos hechos. Sí cabría ordenar su detención por otra causa. Eso ha sucedido con varios de los 116 imputados que llegó a haber en el sumario 20/04 para los que Del Olmo no acordó la prisión, pero que siguen entre rejas por otras investigaciones.

En el caso de El Harrak, su nombre aparece en otra investigación por islamismo abierta por el Juzgado Central 2. En ella, el magistrado Ismael Moreno procesó a 11 paquistaníes arrestados en Barcelona por formar una célula terrorista islamista por orden de Al Qaeda.Según el juez, al día siguiente de los atentados del 11-M El Harrak se reunió con uno de esos paquistaníes, que se desplazó a Madrid. Fuentes de la Fiscalía explicaron ayer que resultaría difícil sostener ahora su ingreso en prisión por esta causa cuando ya se decidió que no había elementos para procesarle.

El principal elemento que obra contra El Harrak es el hallazgo entre sus pertenencias de una carta manustrita del suicida de Leganés Abdenabi Kounjaa a modo de testamento. El marroquí trabajaba en una empresa de construcción de Parla cuyo propietario entregó a la Policía una bolsa con efectos de su empleado, en la que apareció esa carta. El juez también tuvo en cuenta para procesarle que su número de teléfono apareció entre los escombros de Leganés.

A lo largo de la investigación, el nombre de El Harrak ya había aparacido vinculado a circunstancias poco habituales. El 17 de febrero del año pasado, la Guardia Civil denunciaba ante Del Olmo los «obstáculos en lo referente a la obtención del ADN de Saed el Harrak para su cotejo con trazas obtenidas en este último lugar [en Mocejón (Toledo), donde se intentó atentar contra el AVE], dado que el Cuerpo Nacional de Policía no ha participado, pese a haberle sido interesado, si dispone de las citadas trazas de ADN para poder llevar a cabo el cotejo». La queja se extendía a Instituciones Penitenciarias: «Tampoco han sido participadas por el Centro de Coordinación de Instituciones Penitenciarias, pese a haber sido solicitados y reiterados los datos relacionados con las visitas realizadas por Saed el Harrak desde su ingreso en prisión, así como los relativos a personas autorizadas a visitar y teléfonos con los que tiene autorizados sus contactos».

El error del juez llega poco después de que el Tribunal Supremo ordenase repetir un juicio por narcotráfico contra 31 acusados porque se había empleado contra ellos el contenido de unas cintas que habían desaparecido, precisamente, del juzgado de Del Olmo.

«Seguid a los 'muyahidin'»

MADRID.- Cuando el responsable de la empresa en la que trabajaba El Harrak entregó a la Policía sus efectos personales, no sabía que transportaba una carta de despedida de uno de los suicidas de Leganés. En las tres cuartillas cuadriculadas halladas por la Policía dentro de una bolsa, Abdennabi Kounjaa pedía a su mujer «no emigrar a los países infieles, donde no se sabe la ubicación del bien» y a sus hijos que siguieran «a los hermanos 'muyahidin'. «Quizá seréis unos de ellos, ya que eso es lo que espero de vosotros», decía

La misiva, escrita a mano, tenía las huellas de Kounjaa e iba firmada con su alias, 'Abdullah'. «Tu marido ha vivido anhelando este trabajo. Gracias a Dios que me guió en este camino y te digo que ya no te hace falta venir a España. No te apenes de mí», escribió a su esposa. También tiene palabras para sus suegros, a los que dice que ha «dejado esta vida porque no es valiosa» y que está «contento con este camino».

A sus hijos, en otra cuartilla, les decía: «Vuestro padre tenía moral y pensaba mucho en la 'yihad' [...]. Os pido que tengáis fe en Dios y que sigáis a los hermanos 'muyahidin' en todo el mundo». «La religión ha venido con la sangre y con los cuerpos troceados [...] No soporto vivir en esta vida como una persona débil y humillada bajo la mirada de los infieles y tiranos».

En la tercera y última cuartilla, como despedida a sus «hermanos», escribió: «Si mi destino escrito por Dios es que vaya a la cárcel, como dijo el 'chej' Iben Taimiyeh, si mis enemigos me encarcelan será mi retiro, y si me liberan será turismo y si me matan será el martirio. Os pido que eduquéis bien a vuestros hijos y que les enseñéis la lectura del Corán y la Sunna del profeta con el deseo de que se conviertan en sabios y 'muyahidin'».


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La AVT denuncia una maniobra del Gobierno para remover a Alcaraz de la presidencia

 

11-05-06

La AVT denuncia una maniobra del Gobierno para remover a Alcaraz de la presidencia

Sospecha que el Ejecutivo intenta que Pablo Broseta se presente a las elecciones del sábado - Trataría de lograr que esta asociación, crítica con el Ejecutivo, apueste por el 'proceso de paz'

FERNANDO LAZARO

MADRID.- Se esperan maniobras de última hora, amparadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La actual dirección de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) está convencida de que el Ejecutivo está detrás de los movimientos que durante los últimos días se están llevando a cabo para tratar de boicotear la reelección de José Alcaraz como presidente de la Asociación.
(.../...)

El próximo sábado, el colectivo claramente mayoritario de víctimas del terrorismo celebrará su habitual asamblea anual. Está prevista la renovación de los cargos. De momento, la única candidatura clara y diáfana es la del actual presidente, que optará a la reelección.

Pero, según los estatutos de la AVT, durante la propia asamblea se puede presentar cualquier candidato, y no se descarta que el próximo sábado por la mañana la figura de Pablo Broseta, hijo del catedrático Manuel Broseta, asesinado por la organización terrorista ETA en Valencia, proponga su candidatura. Desde la actual dirección de la AVT se mantiene que esa candidatura estará impulsada por dirigentes del Gobierno y del PSOE. Y la intención es clara: tratar de silenciar a la AVT ante un próximo proceso de paz con ETA y una posible modificación de la política penitenciaria encaminada a beneficiar a los presos etarras.

Para ello, según la AVT, el que sobra es Alcaraz y su actual equipo directivo, un equipo que ha protagonizado y ha dirigido las dos últimas manifestaciones multitudinarias en Madrid contra la política antiterrorista del Gobierno, ambas secundadas por el PP.

Según la Asociación, desde el Gobierno y desde el Alto Comisionado de Atención a las Víctimas (dirigido hasta septiembre por Gregorio Peces-Barba) se habría contactado con Broseta para convencerle de que se presente al cargo. Recientemente, el hijo del catedrático y ex alto cargo del Gobierno de UCD asesinado por ETA realizó unas declaraciones sobre la conveniencia de que las víctimas miren hacia el futuro, en el contexto de un proceso de paz con ETA.

Llamadas a los asociados

Durante los últimos días se han repetido, siempre según la AVT, las llamadas a asociados con derecho a voto para que opten por una candidatura liderada por Broseta. Cada socio de la AVT que asista al Congreso puede, además de emitir su propio voto, representar a otros tres asociados.

Según la AVT, hay cerca de 3.000 socios con derecho a voto. Recuerdan que en la anterior asamblea apenas votaron algo más de 200. Esta vez se espera que exista una representación mayor. La AVT denuncia también que existe otro sector de socios que también apoyaría esa candidatura de Broseta si se compromete a retirar la demanda civil que la AVT mantiene contra una de las anteriores directivas por presuntas irregularidades en su gestión. Además, la Federación de Asociaciones de Víctimas, escindida de la AVT cuando la gran crisis, también estaría apoyando en la sombra una candidatura alternativa a la oficial. Este periódico trató ayer de contactar con Pablo Broseta, sin éxito. Esta situación confusa coincide con la denuncia, también de la AVT, de una campaña de llamadas a sus asociaciones para conocer el sentido de su voto ante la próxima asamblea.

En un comunicado, la AVT asegura que un significativo número de asociados ha recibido llamadas de una empresa que se presentaba en nombre de la propia Asociación para conocer a quién iban a votar en la asamblea. La AVT aclara que no ha pedido a ninguna empresa ningún tipo de informe en éste ni en ningún otro sentido.Los asociados han mostrado su sorpresa, también, ante el hecho de que una empresa tenga en su poder sus números de teléfono.Emprenderá acciones judiciales.


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9.5.06

 

Cárcel para tres policías por detener por «complacencia» a los militantes del PP

 

09-05-06



'CASO BONO' / CONSTANTINO MENDEZ, OBLIGADO A DIMITIR COMO DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID

Cárcel para tres policías por detener por «complacencia» a los militantes del PP

Condenados a penas de entre tres y cinco años de prisión y hasta 10 de inhabilitación por «detención ilegal, falsificación del atestado y coacción» en el 'caso Bono' / Entre ellos figura Rodolfo Ruiz, en cuya comisaría de Vallecas apareció el 11-M la 'mochila' con las pruebas clave para detener a los islamistas y que nadie había visto antes / Zapatero impuso la renuncia de Méndez poco después de que el PSOE descartara la asunción de responsabilidades políticas, pero el PP exige la dimisión de Alonso
MARIA PERAL

MADRID.- La Audiencia de Madrid ha condenado a penas que suman 13 años de prisión y 10 años de inhabilitación al comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz, al inspector jefe Javier Fernández y al inspector José Luis González por la detención ilegal de dos afiliados al PP a los que acusaron sin base alguna de agredir al ex ministro Bono durante una manifestación.

El Tribunal, que considera esa agresión inexistente, reprueba con dureza la conducta de los policías por privar de libertad a dos ciudadanos de forma «inmotivada, arbitraria y abusiva» y por falsear el atestado «para abultar los hechos». (.../...)


La Audiencia afirma no tener datos de que siguieron instrucciones de «instancias superiores», pero deja constancia de su «leve sospecha» de que actuaron influidos por el delegado del Gobierno, el socialista Constantino Méndez, que adelantó a la prensa que iba a haber detenciones un día antes de que se produjeran.

Fueron, en expresión del Tribunal, unas «detenciones mirando al tendido» o «detenciones de complacencia». Méndez presentó ayer su dimisión.

La sentencia, emitida por la Sección 16 de la Audiencia de Madrid con ponencia de su presidente, Miguel Hidalgo, avala el trabajo del juez que investigó los hechos, Carlos Valle, y representa el éxito de la acusación sostenida en solitario por el PP.

En el reverso, significa una nueva desautorización de la Fiscalía -cuya posición en este procedimiento ha sido sistemáticamente contradicha por los tribunales- y un varapalo para la Abogacía del Estado, que desde el primer momento se puso a disposición de los implicados y defiende a Javier Fernández. La sentencia, sin embargo, no es firme. Los defensores anunciaron ayer mismo que recurrirán al Tribunal Supremo.

Los 61 folios de resolución ponen de manifiesto la relevancia del testimonio prestado por tres policías -Javier S., Heliodoro C. y Juan Carlos V.-, a los que la Sala ha dado total credibilidad.

El primero era el inspector jefe que se encontraba de retén en la Brigada Provincial de Información la tarde del sábado 22 de enero de 2005, cuando se celebró la manifestación contra el terrorismo a la que se sumó el ministro de Defensa, José Bono, «a título particular».

Javier S. presenció el incidente que se produjo cuando numerosas personas comenzaron a increpar a Bono. Declaró al Tribunal que el ministro nunca fue agredido al estar bien protegido por la cápsula de seguridad que de inmediato formaron sus escoltas y otros agentes.

También aseguró que él inició el atestado como instructor y que las diligencias selladas y firmadas las trasladó el día 24 a Heliodoro C., jefe del grupo de conflictividad social.

Juan Carlos V. fue el secretario del atestado una vez que se traspasó al grupo de Heliodoro. A él se debe la revelación de que, a instancias del condenado Javier Fernández y una vez que se había decidido detener a los militantes del PP, los escoltas de Bono acudieron de nuevo a la Brigada para corregir su inicial declaración y añadir dos párrafos cruciales en los que agravaban notablemente el incidente, hablando de una «situación de extrema violencia» y de «intentos de agresión» al ministro «con objetos contundentes».

Heliodoro C. fue el instructor del atestado hasta el momento en que recibió la orden de Javier Fernández de detener a Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, militantes del PP que asistieron a la manifestación y cuyas identidades fueron difundidas el martes 26 por medios de comunicación afines al Gobierno.

Heliodoro «se negó a practicar las detenciones por entender que no tenían pruebas hasta ese momento que inculparan» a Barrios y De la Cruz, destaca la sentencia. Heliodoro y Juan Carlos habían tomado declaración a todos los policías presentes en la manifestación, que coincidieron en que no hubo agresión al ministro. El mismo resultado que arrojó el visionado de las cintas grabadas por las televisiones.

La negativa de Heliodoro a detener a los afiliados al PP hizo que el comisario Ruiz, «de forma airada y cortante», le cesara como instructor del atestado y como jefe de grupo, ordenándole que abandonara el despacho «inmediatamente».

La sentencia elogia la conducta de Heliodoro, que «representa un ejemplo de policía judicial que, con buena fe, en conciencia y con pleno respeto a los derechos de los ciudadanos, se negó a practicar las detenciones de dos personas contra las que no había elementos incriminatorios», siendo «represaliado».

La Sala destaca que la ausencia de indicios de agresión a Bono fue apreciada, incluso, por el propio Javier Fernández, que durante el examen de los vídeos le dijo al comisario «jefe, no se ve nada». Rodolfo Ruiz le contestó que «si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona».

Para la Sala, la respuesta del comisario muestra «su más que evidente disposición a incriminar a quienes hubieran intervenido en los incidentes», actuando con «parcialidad y subjetivismo».

Ruiz, que fue promovido a la Brigada Provincial de Información tras ser jefe de la comisaría de Vallecas (donde apareció la polémica mochila del 11-M, que aportó las pruebas clave para la pista islamista y que nadie había visto antes), es el más reprobado por la Audiencia. «Prevaliéndose de su jerarquía» y «empleando violencia psíquica», destituyó a Heliodoro cuando éste fue un obstáculo para las detenciones de los militantes del PP y «compelió» a Javier S. a firmar en el atestado que se envió a la autoridad judicial, rehecho por los condenados «de un lado, para que no figurasen los dos primeros instructores y los dos primeros secretarios y, de otro, para inflar o abultar los hechos».

«Es tan obvio que la orden de detención surge del comisario que llama la atención que no asuma tal decisión y responsabilidad», dice la Sala. Ruiz es el que más sanción recibe: dos años de cárcel por detención ilegal, tres años de prisión por falsear el atestado y 1.080 euros de multa por coacciones a sus subordinados, además de 10 años de inhabilitación.

Javier Fernández, que llevó a cabo las detenciones y figura como instructor del atestado falseado, es condenado a un total de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación por detención ilegal y falsedad.

El inspector José Luis González, que aparece como secretario del atestado desde el primer día cuando sólo interviene para reconfeccionarlo, es condenado a tres años de prisión y dos de inhabilitación por falsedad documental.

La Sala es muy dura al referirse a la alteración del atestado: «Vulnerando el deber de hacer que el atestado se mantuviera en su integridad tal como venía confeccionado (...), destruyen materialmente partes impresas, firmadas y selladas, suprimen informáticamente su parte no impresa y sustituyen» diligencias como la comparecencia de los escoltas para, «de manera inveraz, elevar la relevancia penal de los hechos».

Los tres condenados deberán indemnizar a Barrios y De la Cruz con 12.000 euros a cada uno por el daño moral que les causaron «al ser detenidos y aparecer ante la opinión pública como imputados de unos hechos que no habían cometido».

El Tribunal afirma «no tener elementos» para concluir que las detenciones «fuesen sugeridas por instancias superiores», pero censura la conducta del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que el día anterior a las detenciones ya adelantó a la prensa que iban a producirse. Esa afirmación «no respondía a la verdad, pues la investigación policial en la tarde del lunes 24 no reflejaba ni agresiones ni identificaciones». Según la Sala, las manifestaciones de Méndez «pudieron haber influido en el proceder de los agentes», que llevaron a cabo «detenciones de complacencia» o «detenciones mirando al tendido».


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8.5.06

 

Lo que hay que verificar.-JAIME MAYOR OREJA

 

08-05-06

TRIBUNA LIBRE

Lo que hay que verificar

JAIME MAYOR OREJA


En la fecha de hoy, muchos meses después del comienzo del proceso que iniciaron ETA y Rodríguez Zapatero, se puede y se debe confirmar no sólo algunas características del mismo, sino también apuntar el desenlace.

Empecemos por el final de este meditado, complejo y perverso proceso: una cláusula para la autodeterminación del País Vasco, la puesta en práctica del proceso de incorporación de Navarra a Euskadi y, una fórmula para la legalización y posterior presencia política de ETA. (.../...)

Todo lo demás tiene y tendrá un carácter accesorio y vendrá por añadidura, hasta completar el conjunto de la propuesta tradicional de ETA -aquella que identificábamos como alternativa KAS-. De la misma forma que la nueva nación catalana, la nueva realidad nacional andaluza o las reformas de los estatutos de autonomía han tenido un carácter instrumental, previo, al servicio de una negociación política entre ETA y Rodríguez Zapatero, los dos únicos protagonistas del proceso.

El primer protagonista, el presidente del Gobierno, nos habla todos los días de un «proceso de paz». El otro protagonista, ETA, denomina a este proceso «de lucha», es decir lo contrario; cabe preguntarse por ello, ¿dónde nos encontramos? Lo que en mi opinión resulta indiscutible es que nos encontramos ante una negociación política entre ETA y el Gobierno que tiene su esencia en el debate y en la discusión de la formulación del derecho que tendríamos los vascos a decidir libre y soberanamente nuestro futuro.

Podemos decir, y de hecho lo repetimos muchas veces, que no vamos a aceptar pagar un precio político por la paz. Pero por favor, que nadie se engañe la esencia del proceso, la naturaleza propia profunda e intrínseca del mismo es pagar un precio político.Sólo por el hecho de poner en marcha el proceso aceptando la negociación política con ETA se está ya pagando un precio político.

Porque si contrariamente a lo que tanto hemos combatido en estos años, populares, socialistas y constitucionalistas en el País Vasco han decidido copiar e imitar el modelo de resolución del conflicto, que puso en marcha el Gobierno británico con el Ulster, estamos de lleno en una negociación política con ETA. Y hoy ya no hay margen de negociación política con ETA, ni siquiera con el nacionalismo vasco en plena ofensiva dentro de la autonomía conseguida tras la aprobación del Estatuto de Gernika. Sólo queda, sólo cabe, la negociación sobre la autodeterminación, a diferencia del proceso de Irlanda del Norte.

Por todo ello uno de los errores más extendidos, en estas últimas semanas, por ser lo más conveniente y deseado para el Gobierno, es centrar hoy el debate con carácter exclusivo en «la verificación de la paz».

No creamos que es casual, sino todo lo contrario, el hecho de que el Gobierno de modo insistente y reiterativo trocee hoy este proceso en dos partes, en dos etapas, diferentes y sucesivas, no coincidentes en el tiempo; primero, hoy, sólo la paz y nada más que la paz y su verificación; mañana vendrá el diálogo político.Esto constituye el mayor desenfoque, la falsedad más grave, la más perversa de las mentiras: el troceamiento del proceso que nadie debería seguir.

Una vez más constituye un gravísimo error de análisis la segmentación, el aislamiento de los acontecimientos que estamos viviendo. El no saber unir y enlazar todo lo que estamos viviendo es el mejor cómplice de la estrategia perversa del Gobierno. La paz primero, el diálogo político después, el Pacto de Perpiñán primero, la cláusula de autodeterminación para el País Vasco después, la nación catalana ayer, la negociación política con ETA mañana.

Todo lo que esta sucediendo en España tiene un hilo conductor, no constituye una improvisación, es el fruto de una estrategia y un planteamiento previo, forma parte de «un todo» como tantas veces he reiterado. Y es que, además de ser este troceamiento una total falsedad, -porque ETA sólo comunicará su cese definitivo después de haber concluido una fórmula pactada sobre «el derecho a decidir de los vascos»-, nos conduce a la superficialidad en nuestro análisis, impidiéndonos encontrar la profundidad del mismo y por ello a merced de lo que el Gobierno quiere y desea.Seamos claros, a estas alturas del proceso, pese a lo avanzado que está, pese a los apoyos que tiene -que son muchos- los que no nos resignamos al devenir inexorable del mismo, no necesitamos la verificación de muchos de sus elementos.

No necesito verificar la autenticidad de la paz de ETA, dicho con el máximo respeto, -me sobran los tres o cuatro informes de coyuntura del Ministerio del Interior sobre tal verificación-, porque la esencia de ETA es la lucha, porque ni puede cambiar ni puede arrepentirse en estas circunstancias, por su propia naturaleza. Tampoco necesito verificar el hecho de que este proceso sea una negociación política con ETA con la autodeterminación como elemento esencial, porque ello constituye una obviedad.

Porque para ETA la autodeterminación es el poder, es el instrumento para el dominio político del País Vasco que constituye el objetivo de una ortodoxa y totalitaria organización terrorista como es ETA. Ni los presos, ni la presencia política en los ayuntamientos y diputaciones, ni siquiera en el Gobierno vasco, le dan a ETA el poder que desea. El poder político sería, según su opinión, el resultado de un proceso continuado presidido por el ejercicio de la autodeterminación y si además, si a partir del próximo año está en el Gobierno y en las diputaciones vascas y con los presos en la calle, mejor que mejor.

Me preguntarán, qué es lo que me falta por verificar, -por utilizar este verbo tan propio de la resolución del conflicto de Irlanda del Norte-. Lo único que me falta es verificar el nivel, el grado de cesión política del Gobierno en la redacción de la fórmula final de la cláusula de la autodeterminación. Porque, lamentablemente, ni siquiera hoy tengo dudas de que Navarra ha sido, es, o será objeto de una transacción política, si los resultados electorales son favorables para la conformación de un Gobierno entre socialistas y nacionalistas vascos, como muy bien está señalando estos días Miguel Sanz.. Eso sí, no dirán nunca que se paga un precio político por la paz, simplemente dirán... que Navarra exige un Gobierno de progreso..., que no mire al pasado, -como el actual- sino que contemple la realidad de los jóvenes y sobre todo el futuro...

Permítanme que termine este análisis con el enunciado de otros tres breves desenfoques que se pueden observar y leer estos días.En primer término, cuando escucho y leo el comentario -desde la buena o mala fe- que «estamos ganando los demócratas..., que esto es un éxito de la democracia española...», no me resisto a señalar que esta afirmación constituye un elemento más de la anestesia general que el Gobierno está pretendiendo introducir en la sociedad española para que cuando llegue la cláusula sobre la autodeterminación ésta pueda ser digerida mas fácilmente por nuestra sociedad, desde la euforia de lo que algunos llaman paz.

En segundo lugar, frente a los que dicen que «...cuanto más poder político para ETA, más moderación para la organización terrorista...», creo que se vuelven a equivocar. Todo lo contrario, a más poder político, más radicalización de ETA en sus planteamientos. Esto es, utilizará cada gramo de poder nuevo para acercarse más a la independencia, y además, tratará de hacerlo con más rapidez que nunca.

Por último, frente a los que dicen que, «... a medida que avance el proceso las armas de ETA se oxidarán y serán esclavos de su decisión de abandono de las armas...», en mi opinión, se vuelven a equivocar. Cuanto más avance el mal llamado proceso de paz se generará una mayor esclavitud del Gobierno hacia el mismo, porque ¿quién va a ser mas esclavo de la necesidad de que culmine favorablemente el proceso, un Gobierno condicionado, lógicamente, por una opinión pública o una organización terrorista que la ha despreciado siempre? ¿Quién va a estar más debilitado, o más necesitado del éxito político del proceso en el momento en que vaya a redactarse finalmente la cláusula de la autodeterminación?

Soy plenamente consciente de que hay muchos españoles que no quieren oír, ni escuchar, ni leer estos análisis tan repletos, en el fondo, de tan malos augurios. Pero soy incapaz de sumarme a lo que no creo. Soy incapaz de defender hoy lo contrario de lo que han sido las convicciones y principios que he sostenido durante casi 30 años, tanto en las instituciones vascas, como en el Gobierno de España.

Y reconozco que no tengo esa capacidad de adaptación a una segunda transición, que significa la demolición de la primera en la que, como otros muchos jóvenes españoles, pusimos toda la pasión de nuestras convicciones. Pero, sobre todo, hay una razón esencial que determina mi actitud: no creo en la extraña España resultante de este proceso en el que emerjan nuevas e inventadas naciones y en la que el derecho de autodeterminación, -formulado de un modo u otro-, presida nuestra relación como vascos con el conjunto de los españoles.

Estoy convencido que esta extraña España esta condenada, y pronto, al más absoluto de los fracasos.

Jaime Mayor Oreja es eurodiputado del PP y era ministro del Interior cuando ETA anunció la tregua de 1998.



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La Policía ocultó durante meses a Del Olmo que había tenido un topo en la célula de 'El Tunecino'

 

08-05-06

La Policía ocultó durante meses a Del Olmo que había tenido un topo en la célula de 'El Tunecino'

El juez instructor conoció su existencia por la prensa
FERNANDO LAZARO


MADRID.- La Unidad Central de Información Exterior de la Policía Nacional (UCIE) ocultó al juez Del Olmo, instructor del sumario del 11-M, que tenía un topo en el grupo de islamistas radicales dirigido por Serhan Abdelmajid Fakhet, El Tunecino, uno de los presuntos autores de la masacre.

Y esa ocultación al magistrado se prolongó durante meses hasta que, desde el juzgado dirigido entonces por Baltasar Garzón, se puso en marcha la denominada operación Nova. (.../...)

Dicha operación, en la que se desmanteló una célula que, al parecer, tenía muy avanzado un plan para volar la Audiencia Nacional, se puso en marcha en noviembre de 2004. Es entonces cuando irrumpe judicialmente este informador policial.

En aquella fecha, Garzón le otorgó la condición de testigo protegido.Su declaración fue clave para desmantelar toda la célula, y sirvió para blanquear a este topo ante la Audiencia Nacional. Fue a través de los medios de comunicación como el juez Del Olmo se enteró de la existencia de este colaborador policial, apodado por los agentes de la UCIE como Cartagena. Es decir, desde el 11 de marzo de 2004 hasta noviembre de ese mismo año la Policía mantuvo a su informador oculto a la Justicia. Y tras la operación Nova, tampoco emitió ningún informe sobre Cartagena al Juzgado que dirigía las pesquisas sobre el 11-M.

Según explicaron fuentes de la investigación, tras la masacre y las primeras averiguaciones que hacían sospechar que se trataba de un atentado islamista, los mandos de la UCIE optaron por no desvelar la existencia del topo. Sí contactaron con él en el Parque de Juan Carlos I, en Madrid, apenas tres días después de la masacre. En aquella ocasión, como ya desveló este periódico, el informador les recriminó a sus controladores policiales: «¿Cómo es posible que haya pasado esto con todo lo que os he ido contando?».Le encargaron, entonces, que tratara de hacer gestiones para identificar y localizar a los autores de la masacre. Ya en aquella fecha, Cartagena no estaba en Madrid, se encontraba en Almería.

El informador había comenzado a colaborar con la UCIE en octubre de 2002. Durante más de un año estuvo facilitando informes muy precisos sobre algunos de los que posteriormente han estado relacionados con las masacres de Casablanca y de Madrid. En algunos de sus informes ya alertaba de que los islamistas con los que se reunía se preguntaban por qué había que ir a Irak para perpetrar atentados cuando se podían cometer en Marruecos o en España.

Cartagena participaba e, incluso, dirigía los rezos en Villaverde con algunos de los más representativos integrantes de las redes terroristas, como Mustapha Maymouni (actualmente encarcelado como presunto cerebro de los atentados de Casablanca), El Tunecino o El Egipcio.

La Policía le encargó que se acercara al barrio de Lavapiés y controlara las reuniones en el local de Jamal Zougam (encarcelado actualmente como uno de los presuntos autores materiales de la masacre). De todo ello, el topo iba facilitando a las Fuerzas de Seguridad números de teléfono, matrículas de vehículos, viviendas donde se reunían... Incluso propuso a uno de sus controladores, apodado El Rubio, grabar las reuniones que en varias ocasiones mantuvo con estos radicales en su propia casa. Pero este mando no vio utilidad en realizar las grabaciones. De hecho, fue él quien pidió a Cartagena que abandonara la vigilancia de la célula de El Tunecino por considerar que no era relevante y que se trasladara a Barcelona para controlar a un grupo de argelinos. Finalmente, Cartagena se trasladó a Almería y abandonó el contacto con El Tunecino. Había llegado a un nivel de confianza tal con él que hasta llegó a ser testigo de su boda.

Pero las informaciones que este colaborador iba proporcionando no se perdían, iban a parar al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que, durante 2002 y 2003, estuvo ocupado por Baltasar Garzón. La UCIE facilitaba todos los datos sobre integristas radicales e indicaba al juez que habían sido obtenidos por un informador. Y Garzón incorporaba estos datos en las diligencias previas sobre redes islamistas 396/02. Fruto de dichos datos, y en el marco de estas diligencias, el juez autorizó la intervención de los teléfonos móviles de, entre otros, El Tunecino y El Egipcio.Pero la Policía no le contó a Garzón que tenía un topo dentro de la organización radical. Hablaba siempre de «un informador» en sus peticiones.

El juez Del Olmo tuvo que solicitar en varias ocasiones por escrito a su compañero Garzón el contenido de todas las notas policiales sobre los contactos con Cartagena y sus declaraciones con motivo de la operación Nova. En ellas, prestadas en noviembre de 2004, ocho meses después de la masacre, el informador relató a Garzón todos sus contactos y sus relaciones con los implicados en el 11-M. Es decir, relató de nuevo todo aquello de lo que en su día fue informando a la Policía y ésta al propio Garzón sobre la trama radical.

La declaración de Cartagena se prolongó durante más de 10 horas y, salvo la primera, el resto se centró en el 11-M, pese a que Garzón no era el instructor de la causa.

Del Olmo aún no ha tomado declaración en profundidad a este topo, ya que cuando le citó éste se remitió básicamente a lo que declaró ante Garzón.

Lo que sorprende entre especialistas en la lucha antiterrorista es que, con todos los datos facilitados por Cartagena durante más de un año sobre la célula de El Tunecino, no se hubiera actuado contra ella cuando estaba meridianamente claro que, por lo menos, se dedicaban al reclutamiento de integristas. Sorprende también que la Policía no hubiera querido grabar las conversaciones con los sospechosos, como ofreció el colaborador policial.



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7.5.06

 

La clave está en 'El Turco'

 

07-05-06



CARTA DEL DIRECTOR

La clave está en 'El Turco'


PEDRO J. RAMIREZ

Mis plegarias han sido finalmente atendidas. Al cabo de varios meses reclamando una explicación sobre cómo pudo aparecer en Alcalá el Skoda Fabia con ADN de Allekema Lamari a seis puestos de distancia de donde estuvo aparcada la Renault Kangoo y nada menos que 12 semanas después del 11-M, ya he recibido una respuesta.Pese al aliciente de mi pública promesa de abandonar la investigación y asumir mansamente la versión oficial a nada que fuera verosímil, quien se ha puesto en contacto conmigo no ha sido ni el Ministerio del Interior, ni el Juzgado Central de Instrucción número 6, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Grupo Parlamentario Socialista, sino un querido amigo, gran conocedor de las artes ocultas, que me ha enviado la grabación de un reciente programa de televisión. (.../...)

La secuencia muestra el descampado del parking del recinto ferial Juan Carlos I en un día sin actividad ni visitantes. Está completamente vacío. No hay un solo vehículo en muchos metros a la redonda.Sólo el cemento y el cielo despintado de un Madrid con nubes bajas. Cuatro personas llegan andando ataviadas de negro como si se tratara de una cita de gánsteres en una película de Quentin Tarantino. Pero, no: son el joven mago Jorge Blass y sus tres ayudantes que pronto extienden una sábana roja ante la cámara.Y nada por aquí, nada por allá , jamalají, jamalajá -la intriga dura menos de cinco segundos-, el lienzo deja paso no ya a un utilitario como el Skoda, no ya a una modesta furgoneta como la Kangoo, sino a toda una furgonetaza, gregaria de la morfología de los grandes furgones blindados para el transporte de joyas y dinero. ¡Voilà!

La constatación de que sólo un truco de magia -probablemente ejecutado por el Centro Nacional de Ilusionismo (CNI)- puede explicar uno de los enigmas clave en el recorrido de las miguitas de Pulgarcito del 11-M me ha animado a perseverar por esa vía para intentar encontrar explicaciones a algunos de nuestros últimos descubrimientos. Ha sido una labor de documentación interesantísima que me ha llevado hasta la figura eximia de Jean Eugene Robert-Houdin, el padre de la magia contemporánea, el precursor que elevó los juegos de prestidigitación de los tahúres callejeros hasta el escenario donde oficiaba con su sobrio y elegante frac, el hombre en suma cuya vida y milagros estimularon la fantasía de un inmigrante húngaro llegado a los Estados Unidos con el nombre de Erich Weiss, hasta el extremo de llevarle a adoptar el pronto legendario nombre artístico de Harry Houdini.

Relojero de profesión, Robert-Houdin tenía grandes conocimientos de mecánica y buena parte de sus trucos eran en realidad pequeñas obras de ingeniería. Mi amigo aficionado a la magia me enseñó un grabado de mediados del XIX en el que el artista agitaba en el aire un capirote del que brotaba una catarata de objetos tan copiosa como la que formaron las «61 evidencias» halladas durante la tarde del 11-M, en la sede policial de Canillas, en el interior de esa misma furgoneta que, según varios testimonios oculares, resulta que, cuando fue avistada y examinada por la mañana en Alcalá, estaba completamente vacía.

¿Cómo es posible que un receptáculo que ojos tan expertos como los de media docena de funcionarios curtidos en mil pesquisas y olfatos tan aguzados como los del perro Aníbal y su hembra estimaran sin ningún género de dudas limpio y vacío, terminara albergando, sin embargo, tantos objetos, algunos de ellos -la cinta coránica, los detonadores, los guantes y bufandas con rastros biológicos- determinantes para la inculpación de los islamistas? Siguiendo una pista descubierta a través de una página web, volví a fijarme en el grabado de Robert-Houdin y mi atención se concentró en uno de los objetos situados sobre una alargada mesa estilo imperio, a las espaldas del mago. Tiene la apariencia de un bonsái, pero se trata en realidad del Naranjo Fantástico. Entender su funcionamiento es entender lo que ocurrió con la Renault Kangoo.

El truco del Naranjo Fantástico es en realidad una versión sofisticada del mítico Cuerno de la Abundancia. Tal y como puede comprobarse en los vídeos de quienes hoy en día siguen reproduciéndolo, con las mismas hechuras con que lo concibió Robert-Houdin, todo comienza en el momento en que el mago guarda una serie de objetos en una especie de caja que sirve de base al arbolito. Luego les prende fuego hasta aparentemente destruirlos. Cuando el humo se ha disipado la caja está vacía, pero de la planta empiezan a brotar primero unas flores y enseguida unas orondas naranjas que terminan abriéndose por la mitad y mostrando en su interior los objetos, el más llamativo de los cuales -normalmente un pañuelo- es elevado en el aire por dos mariposas mecánicas.

¿Es un juego de poleas, resortes y pedales el que mueve los objetos dentro del Naranjo Fantástico o se trata de una hábil manipulación manual mientras la atención del público está siendo desviada hacia la falsa quema de los objetos y toda la demás parafernalia? Dejémoslo en que mitad y mitad. Esa no es la cuestión esencial puesto que, en el caso de la furgoneta de Alcalá, desprovista de cualquier doble fondo o compartimento oculto, sólo cabe que las «61 evidencias» fueran incorporadas de forma física en algún momento del trayecto o en la propia sede policial. Lo que nos importa de la metáfora son tres presuntas obviedades:

1.- La extraordinaria importancia que una audiencia proporciona a aquello que aparece rodeado de misterio en un lugar inesperado, por simple y corriente que en el fondo pueda ser lo hallado.Y no hay mariposa mecánica capaz de competir con una comparecencia de un ministro del Interior anunciando por televisión que la Policía ha descubierto una cinta coránica en el interior de una furgoneta aparcada junto al lugar en el que se gestó la masacre.Todos sabemos cuáles fueron las consecuencias de aquella información y todos podemos imaginar cuáles hubieran sido si lo que Angel Acebes hubiera comunicado a los españoles es que se había encontrado una tarjeta de visita del Grupo Mondragón y otra de Gráficas Bilbaínas.

2.- La única condición sine qua non para que un mago habilidoso haga aparecer determinados objetos en el lugar de su preferencia es que previamente los tenga a su disposición. Puesto que gran parte de las «61 evidencias» catalogadas en Canillas eran propiedad del dueño de la furgoneta y no estaban dentro del vehículo en Alcalá, eso sólo puede implicar que quienes los volvieron a introducir o bien habían robado y vaciado directamente la Kangoo o bien -y esto es lo más probable- tenían bajo control a los ladrones y pudieron incautarse sin mandamiento judicial alguno de toda aquella morralla con el único propósito de utilizarla de soporte y camuflaje de los elementos incriminatorios que querían hacer aflorar.

3.- Si en cualquier otra situación nunca está de más recordar que las apariencias engañan, cuando se tiene enfrente a profesionales de la simulación es obligatorio cuestionarlo todo y casi dar por hecho que nada es lo que parece. Comprendo que haya muchos que digan que la diferencia entre las tarjetas con apellidos vascos y los indicios islamistas es que las primeras eran pistas que no llevaban a ninguna parte y las segundas condujeron, sin embargo, a los autores de la masacre. Pero éste es el momento de subrayar que los suicidados en Leganés, con el más que dudoso apéndice de Zougam, sólo son los presuntos autores en la medida en que todas esas pruebas bajo reiterada sospecha de manipulación nos llevan hasta ellos. Es decir, que nadie inteligente debe invertir el proceso lógico y ceder a la ilusión de que, predeterminada la autoría, el que algo tenga importancia o sea irrelevante depende de su encaje o no en ese molde.

¿Supone esta elemental precaución racionalista cuestionar la implicación de los integrantes de la llamada célula de Lavapiés y sus cómplices asturianos en la masacre? Es obvio que todos ellos fueron sorprendidos mientras pasaban por allí y no de forma precisamente inocente. Pero eso no fue todo, en la medida en que ni judicial, ni política, ni intelectualmente explica casi nada.

Hace dos meses, en el artículo La conspiración de la pólvora avancé mi convencimiento de que la investigación del 11-M había sido «manipulada mediante la introducción de pruebas falsas», que en esa categoría entraban tanto la mochila de Vallecas, como la furgoneta de Alcalá, como, por supuesto, el Skoda Fabia, y que eso implicaba la participación de miembros de los aparatos del Estado «si no en la comisión del atentado, sí desde luego en su distorsión al servicio de objetivos políticos».

Desde entonces se han producido notables avances en nuestra indagación periodística que acumulan poderosos indicios -nadie vio la mochila en la estación de El Pozo, nadie vio ningún objeto en la Kangoo, sobre el Skoda la Policía no sabe-no contesta -, pero también flagrantes evidencias en esa dirección. A esta última categoría pertenece la aportada por el propio Ministerio del Interior al desvelar que hubo al menos un elemento -la tarjeta de Gráficas Bilbaínas- que fue escamoteado tanto al Gobierno del PP como al juez Del Olmo.

Aunque su relevancia probatoria sea ahora probablemente nula, el camuflaje de una razón social de raigambre vasca bajo los únicos puntos suspensivos de una exhaustiva relación plagada de denominaciones completas supone todo un test del carácter tendencioso de la labor policial. Si la cinta podía ser coránica, pero las Gráficas no podían ser Bilbaínas, no es de extrañar que en el informe sobre el primer interrogatorio a Trashorras también desapareciera la revelación de que Jamal Ahmidan conocía a los etarras detenidos en Cuenca. ¿Cuándo se ha enterado Su Señoría de este nuevo engaño que hay que sumar a los de la metenamina, la radiografía de la mochila o la falsa imagen de los restos de explosivo del supuesto cartucho de Alcalá? Pues probablemente a la vez que el resto de los españoles: dos años y dos meses después de consumado.

Como ya han señalado Casimiro García-Abadillo, Luis del Pino y otros especialistas en el rastreo del sumario, lo más extraordinario del caótico auto de procesamiento del juez no es ni la ausencia de un iter narrativo, ni las lagunas sobre aspectos clave de la masacre, ni los ya aludidos múltiples ejemplos de la manipulación policial, sobre los que tanta responsabilidad cabe atribuir a la perturbada fiscal Olga Sánchez. No, lo más significativo de todo es el vacío absoluto que existe sobre la autoría intelectual de la masacre. ¿A quién obedecían, ante quién respondían, bajo el impulso de quién actuaban El Chino, El Tunecino, El Argelino o El Egipcio, en el caso de que estuviera implicado? Lo siento, pero tengo que contestar con otro alias toponímico: la clave está en El Turco.

Me refiero al misterioso autómata ajedrecista creado por el Barón Von Kempelen y exhibido por primera vez en 1770 en la corte imperial de María Teresa de Viena. Sentado ante un tablero con tres compartimentos en su base, el exótico personaje de madera y latón les ganó, jugando con la zurda, en 1783 a Benjamin Franklin, en 1785 a Federico el Grande de Prusia y en 1809 -en vísperas de la batalla de Wagram y en sólo 24 movimientos- al propio Napoleón Bonaparte.

El misterio de El Turco fascinó y obsesionó tanto a las clases populares como a la elite intelectual durante casi un siglo.Antes de cada demostración su propietario abría cada uno de los tres compartimentos inferiores mostrando con toda nitidez que sólo ocultaban el cajón de las fichas y una serie de poleas y ruedas mecánicas que teóricamente proporcionaban el fluido de la vida y la inteligencia a aquel tío abuelo oriental de Pinocchio.

No fue hasta 1836 cuando Edgar Allan Poe, saltando de los cuentos de terror a la investigación de un misterio real, comenzó a desvelar el secreto de El Turco al explicar en un extenso artículo cómo durante su gira americana había un fulano llamado Schlumberger que siempre ayudaba a la instalación del autómata, pero nunca estaba presente durante las partidas. Poco después, en el transcurso de un viaje a La Habana, el tal Schlumberger murió de fiebre amarilla y hubo que cancelar abruptamente la representación.

Las historias de la magia muestran hoy con todo detalle la ingeniosa disposición de la base del tablero de forma que el operador -hubo otros que antecedieron y sucedieron al difunto- pudiera ocultarse con un poco de contorsionismo en un compartimento distinto del que cada vez se mostraba al público, controlar la partida desde un pequeño tablero secundario y dirigir con imanes cada movimiento de El Turco.

Aún no hemos descubierto a nuestro Schlumberger -espero que tardemos algo menos de 65 años-, pero sí tenemos el suficiente nivel de información como para darnos cuenta de que la única manera de entender el 11-M es contemplando a Jamal Ahmidan y sus compinches -pequeños traficantes de droga mucho más que fanáticos islamistas- como meros ejecutores, casi como simples autómatas, que materializaron las decisiones inteligentes adoptadas por el operador que logró infiltrarse en su trama y apoderarse de los resortes de su voluntad.

Dejemos para otro día el debate sobre si fueron los autómatas los que pusieron las verdaderas bombas que estallaron en los trenes o si su trasiego de dinamita, mochilas y teléfonos móviles fue sólo la cortina roja de Jorge Blass y el humo del Naranjo Fantástico de Robert-Houdin. Conste, de momento, mi convencimiento de que necesariamente tuvo que existir alguna relación entre los funcionarios públicos que falsificaron las pruebas y los agentes privados que controlaron los imanes de El Turco. Eso estrecha el cerco de la investigación.

Claro que quienes hayan llegado hasta aquí siempre podrán escabullirse de este desafío de la lógica y sumarse a la patulea de vagos y mentecatos que han hecho suya la ocurrencia gubernamental de que Fernando Múgica confundió, a estas alturas del concierto, una tarjeta de visita con la carátula de una casete y un grupo empresarial con un conjunto de rock. Pero si usted, amigo lector, se siente demócrata y busca la verdad, no puedo recomendarle sino que viaje con nosotros y disfrute de las hermosas historias que le vamos a contar.

pedroj.ramirez@el-mundo.es


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Entrevista con Rosa Diez

 

07-05-06



ROSA DIEZ

«Lo que Zapatero dijo de mi foto con Pilar Elías no lo puedo entender, y si lo entiendo es peor»

Durante la entrevista, celebrada en Bilbao, no cesa de acercarse gente a la europarlamentaria socialista para decirle que siga siendo valiente y no se rinda. Está en el ojo del huracán y sabe que sus principales adversarios no están ahora fuera, sino dentro del partido del puño y de la rosa en el que comenzó a militar a los 25 años, siguiendo la tradición de su padre



Una entrevista de ESTHER ESTEBAN

Pregunta.- Usted ha dicho que con este alto el fuego ETA no se da por vencida. ¿Por qué?

Respuesta.- Porque ETA ha hecho una pomposa declaración de alto el fuego permanente, no definitivo, y eso significa que ni ha dejado de ser terrorista, ni se ha convertido a la democracia, ni ha desaparecido, y no lo hará mientras no le quitemos la esperanza.

(.../...)

P.- Vamos, que no hay diferencias entre esta tregua y la del 98.

R.- Sí hay diferencias. Hoy ETA está mucho más débil que en el 98. Está más perseguida, más debilitada en sus enclaves fuera de España, y socialmente, después del 11-M, tiene muchas más dificultades sociales para justificar el crimen. ETA hoy es más débil gracias al Pacto Antiterrorista y a la Ley de Partidos, que supuso el fin de la impunidad de los terroristas, y ése es el camino. A una organización totalitaria sólo se le puede derrotar, porque son fascistas que ahora utilizan una táctica diferente, y la táctica es la declaración de alto el fuego.

P.- En resumen, que no tiene demasiadas esperanzas de estar ante el principio del fin del terrorismo.

R.- Yo estoy con la inmensa mayoría. Tengo esperanza basada en nuestra fortaleza. Y tengo cautela y escepticismo basado en el conocimiento de que enfrente tenemos una organización con las manos manchadas de sangre caliente y ningún prejuicio.

P.- ¿Cómo valora la posición de su partido en este asunto?

R.- Lo que ha hecho el presidente del Gobierno una vez conocida la declaración de ETA es lo que hay que hacer: reunirse inmediatamente con el líder de la oposición y poner sobre la mesa la necesidad de revitalizar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.Si no hay acuerdo de fondo entre el PSOE y el PP no derrotaremos a ETA.

P.- Pues hay muchos que creen que el Pacto se va a convocar para levantar su acta de defunción

R.- Liquidar el Pacto Antiterrorista sería un error histórico.En España sólo pueden gobernar el PSOE o el PP, con una mayoría u otra, y es muy importante que los terroristas sepan que la política que se va a hacer es ésa que se ha pactado, gobierne quien gobierne.

P.- ¿Qué pensó cuando el presidente del Gobierno dijo que su foto junto a Pilar Elías es el pasado y la de Zabaleta y Goirizelaia el futuro?

R.- Pues se me hizo un nudo en el estómago que no me lo pude quitar en todo el día, porque no lo puedo entender y si lo entiendo es peor.

P.- ¿Peor por qué?

R.- Porque defender los principios, los valores fundamentales, que es lo que hemos hecho en este país los constitucionalistas al margen del partido en que hemos militado, no es una cuestión de tiempo, no es ni pasado ni futuro. Sin principios no hay futuro, o el futuro es un futuro que no merece la pena. Yo no puedo comprender que una fotografía en la que estamos Pilar Elías y yo alguien considere que es el pasado.

P.- ¿Caben Gemma Zabaleta y usted en el mismo partido?

R.- A mí Gemma no me estorba; yo no comparto sus posiciones, pero no la empujaría para que se marchara. Lo que me preocupa es que desde la dirección piensen que quien no quepo soy yo, que quienes no tenemos ese alma dispuesta a olvidar y convertir en homologables a las víctimas y los verdugos somos los que sobramos.A mí se me ha invitado a irme, y eso me parece un insulto no hacia mi persona, sino hacia el PSOE.

P.- ¿Quién le ha invitado a irse?

R.- El secretario general del partido en Euskadi.

P.- ¿En público Patxi López le ha pedido que se vaya?

R.- Sí.

P.- ¿Y en privado?

R.- No, jamás.

P.- ¿Por qué? ¿Por cobardía?

R.- No sé, que lo diga él.

P.- Tal vez sustituirla en la Comisión de Libertades del Europarlamento sea una forma de invitarle a que se vaya, porque resulta molesta.

R.- Creo que hay que distinguir entre la dirección y el partido.Es evidente que hay gente en la dirección de mi partido que no me quiere y les molesto. Y luego están el partido y los votantes, y son muchos los que piensan igual que yo en materia de lucha contra el terrorismo: que no haya impunidad, que haya pacto entre PP y PSOE, que no se modifique la Ley de Partidos, que no haya un acuerdo con los criminales. ¿Eso es estar en contra del PSOE? ¿En qué? Que me lo expliquen.

P.- Vamos, que no la van a echar fácilmente

R.- A mí ningún cobarde me ha echado de Euskadi, ni ahora me van a echar del PSOE. Tendría gracia que no me hayan echado ni los terroristas ni los del nacionalismo obligatorio, que no me haya echado de Euskadi ningún asesino, y ahora pretendan echarme de mi partido. Desde luego, no me echará nadie que crea que el partido es suyo y que ganar un congreso le da derecho de propiedad sobre el mismo. Esos no me van a echar.

P.- ¿Se refiere a Patxi López?

R.- Me refiero a cualquiera que crea que el partido es suyo, que tiene la capacidad de determinar quién es y quién no es socialista.De la misma manera que no he consentido que nadie me diga que soy buena o mala vasca por no ser nacionalista, no voy a consentir que nadie determine si soy buena o mala socialista.

P.- Pues de usted dicen que se ha alineado con las tesis del PP, incluso hablan de traición...

R.- Si defender el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo es alinearse con el PP, a Zapatero le van a dar el carné del PP, porque el Pacto es suyo. Decir, cuando yo defiendo que no me parece bien que se homologuen las víctimas con los verdugos, que mejor que me vaya al PP, lo que demuestra es que quien lo dice es un débil mental.

P.- Pero hablar de traición es muy grave.

R.- Yo no soy traidora ni a la idea ni al compromiso socialista.Me presenté a unas elecciones porque mi partido me pidió que fuera para defender lo mismo que defiendo ahora. No he engañado a nadie, ni a los de dentro ni a los de fuera. Los que han cambiado son otros.

P.- ¿Y es cierto que piensa crear una corriente dentro de su partido?

R.- No está dentro de mis prioridades a corto plazo, aunque no descarto integrarme en alguna en el futuro. Ahora está todo muy revuelto políticamente y hay mucho trabajo cívico que hacer.

P.- ¿Cuántas veces ha hablado con Zapatero en este proceso?

R.- ¿Desde que ganó las elecciones? Poquitas, menos de media docena.

P.- Pero usted tenía mucha complicidad con él

R.- Por supuesto. Yo, cuando en el pasado he hablado con el presidente de estas cosas, hemos estado muy de acuerdo. Nunca le he tenido que convencer de nada. Por eso no me puedo creer que a mí se me pueda considerar fuera del PSOE por defender las cosas que yo le he visto defender a él. Yo he defendido la política de Zapatero, la misma política que defiendo hoy, frente a dirigentes de mi partido que nunca lo vieron bien. Por eso ahora algo no me cuadra.

P.- Lo que no cuadra es que todos estén callados, y eso ocurre cuando hay miedo porque quien se mueve no sale en la foto, ¿no?

R.- En mi partido hay miedo a moverse, y miedo a favorecer al PP con su movimiento. Eso hace que mucha gente que piensa de una manera muy parecida a la mía no se atreva a decirlo públicamente.En unos casos por miedo a no salir en la foto, y en otros casos por miedo a que digan que favorece al PP. Eso ocurre.

P.- ¿Y cuál es el antídoto a ese miedo?

R.- Ser socialista y ser coherente.

P.- Gemma Zabaleta dice que ella saludaría un gobierno PSE-Batasuna.¿Eso es factible en un futuro próximo?

R.- Batasuna es una organización terrorista, no es un partido político de izquierdas. ¿Cómo va a ser posible un acuerdo de gobierno entre una organización terrorista y un partido democrático? Ni en el corto ni en el medio plazo. Imagine si en la época del posfranquismo alguien le hubiera dicho a mi padre desde el PSOE que estaban pensando hacer una alianza con Franco.

P.- ¿Qué tendría que pasar para que Batasuna fuera legalizada?

R.- Según la sentencia del Supremo que está confirmada por el Constitucional, Batasuna no puede legalizarse de ninguna de las maneras. Lo que podría ocurrir en el futuro es que saliera un partido político, como es Aralar, que se declarara independentista y ocupara un espacio político, pero no sería Batasuna legalizada.El problema es que Batasuna no quiere volver de tapadillo, quiere ser legalizada, quieren que, como ellos nos han perdonado la vida aunque sea temporalmente, nosotros les perdonemos sus crímenes.

P.- Vamos, que usted vería imposible una pinza entre el PSE y la izquierda abertzale, como ha hecho el tripartito catalán.

R.- El tripartito catalán no es ejemplo de un buen gobierno; todo lo contrario. Y no queremos eso para Euskadi. No queremos más nacionalismo en el País Vasco, sino más democracia y libertad, y la alternativa al nacionalismo vasco pasa por una alianza entre el PSOE y el PP.

P.- ¿Qué le pareció la reacción de Batasuna tras el atentado de Getxo?

R.- Me parece que se le ha dado una relevancia excesiva a eso, pero a mí lo que me preocupa es la reacción del Gobierno, cuando en el mismo comunicado ellos hablan de Estado torturador. No podemos cometer el error de aparentar flexibilidad, porque ellos se crecen ante nuestra debilidad.

P.- Una precisión. ¿Qué le parece la polémica sobre Navarra?

R.- Navarra ni está ni puede estar en cuestión con nada que pueda estar en relación con ETA. No puede ser moneda de cambio de nada, y sobre Navarra la respuesta de los socialistas tiene que ser muy sencilla: no. Hay que dejarse de palabrerías.

P.- ¿El Gobierno tiene algún margen para negociar que no sean los presos?

R.- A los presos hay que aplicarles la ley. Están en la cárcel por ser asesinos, y lo primero que tenemos que tener claro es que no les debemos nada y tienen que cumplir sus condenas. Dicho lo cual, habrá que utilizar la política penitenciaria como lo que es, un instrumento de lucha contra el terrorismo. Si en ese contexto se toman medidas que favorezcan el acercamiento o la reinserción me parecerá muy bien.

P.- ¿Y la entrega de armas en el sentido literal sería una condición sine qua non?

R.- En España, la palabra de moda en los últimos tiempos es verificación.Ya que estamos tan empeñados en verificar, no hay nada más verificable que la entrega de las armas, de los zulos, de la información.La forma más sencilla de verificar que ETA va en serio, que tiene verdadera voluntad de dejar de matar, es exigirle que entregue las armas antes de empezar a hablar.

P.- Pues Patxi López ha dicho que los jueces deben ser flexibles si ETA abandona las armas

R.- Lo que tienen que hacer los jueces es aplicar la ley con rigor, sin estar sometidos a presiones políticas. Decirle a un juez que sea flexible es someterle a una presión política, sobre todo cuando lo dice un dirigente del partido que gobierna, y eso no es soportable en un Estado de Derecho. La democracia no está en tregua, y la Justicia tampoco.

P.- Vamos, que le parece correcta la actuación del juez Marlaska

R.- Me parece que si Marlaska no existiera lo tendríamos que inventar, pero no nos saldría tan bien. Hace su trabajo con honestidad y con rigor, y con independencia.

P.- Pero la presión también parte de la Justicia, porque el fiscal general ha dado órdenes para que se tenga en cuenta la nueva situación

R.- La Fiscalía a veces parece estar más preocupada por los derechos de los detenidos que por la defensa de los agraviados o los atacados.

P.- Las víctimas piden memoria, justicia y dignidad, pero parece que ahora resultan molestas. ¿Es así?

R.- Quien pueda tener la pretensión de aparcar a las víctimas, ponerlas en la cuneta o volverlas a hacer invisibles está equivocado.Si hay una línea roja en todo este proceso tiene que ver con la memoria de las víctimas y su futuro.

P.- Tan malo es hacer invisibles a las víctimas como a los verdugos, ¿no?

R.- Sí. De hecho, las palabras de halago a los dirigentes de ETA o Batasuna van dirigidas a ocultar a los verdugos. Cuando dicen que Otegi va por el buen camino lo que están queriendo es hacer invisibles a los verdugos. Algunos piensan que, como no podemos ocultar a las víctimas, hay que hacer invisibles a los verdugos, y eso rompe la línea roja.

P.- Por último, ¿qué opina sobre la famosa mesa de partidos?

R.- Si la mesa de partidos se constituyera fuera del Parlamento y con la presencia de Batasuna, sería el primer pago político que se le ha hecho a ETA. Y espero que mi partido reconsidere su posición.


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