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27.5.06

 

'Cartagena', informador del 11-M, denuncia a los servicios de Inteligencia españoles

 

27-05-06



'Cartagena', informador del 11-M, denuncia a los servicios de Inteligencia españoles

Las declaraciones del imam marroquí han aparecido en un diario árabe editado en Londres Colaboraba con el CNI y con la UCIE de la Policía

ANTONIO RUBIO

MADRID.- Abdelkader Farssaoui, más conocido por el nombre en clave de Cartagena, reveló el pasado mes de abril al periódico árabe Asharq Al-Awsat [Oriente Medio]: «La mujabarat española [los servicios de Inteligencia] me ha traicionado después de colaborar con ellos para descubrir los sospechosos y miembros de la célula de Madrid, quienes realizaron los atentados terroristas del 11-M».
(.../...)

Cartagena, imam marroquí de la mezquita de Takouma, en Villaverde (Madrid), pasó a formar parte de la nómina del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Comisaría General de Policía en 2002.

Un año antes de los sucesos del 11-M, Cartagena avisó a sus controladores de que un grupo de islamistas -entre los que estaban El Tunecino, El Egipcio, Larbi ben Sellam y Mustafá Maymouni- tenía la intención de hacer la yihad en los territorios español y marroquí.

Y así ocurrió. En mayo de 2003, un comando de terroristas islamistas cometió un atentado en Casablanca, concretamente en la Casa de España. Meses después, el 11-M de 2004, otro grupo de radicales islamistas atentó en Madrid contra los trenes de la muerte, con un balance de 191 muertos y 1.775 heridos.

Hoy, Cartagena está calificado como testigo protegido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirigía el magistrado Baltasar Garzón y en la actualidad lo hace el juez Fernando Grande-Marlaska. Esa condición la obtuvo en octubre de 2004, cuando Garzón fue informado por la Policía de la labor que estaba llevando a cabo dentro de la llamada operación Nova. Gracias a él se pudo descubrir, entre otros planes terroristas, que se pretendía atentar contra el edificio de la Audiencia Nacional.

Cartagena también explicó al periódico Asharq Al-Awsat cuándo y cómo lo captó la mujabarat española: «Sufrí muchas presiones por parte de los servicios de Inteligencia españoles hasta que finalmente consiguieron que trabajara para ellos. Me amenazaron con enviarme a mi país, Marruecos, si no accedía a sus peticiones».

En el transcurso de la entrevista que el imam concedió al periodista Mohamed Alshafey el pasado 13 de abril, en ningún momento llega a concretar si la mujabarat española que lo ha traicionado es el CNI o la UCIE. En árabe, mujabarat se traduce como servicios de Inteligencia, y en España, como tal, sólo existe el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Tal y como ya publicó El MUNDO en octubre de 2004 y mayo de 2005, Abdelkader Farssaoui se convirtió en 2002 en colaborador del CNI y UCIE. Con anterioridad ya actuaba como informador de la embajada marroquí en Madrid, facilitando todas las actividades y contactos que tenían los marroquíes que iban a orar a su mezquita de Villaverde.

«Dos jefes de los servicios de Inteligencia españoles se me presentaron con dos grabaciones mías en las que yo hablaba, en la mezquita, sobre la yihad», contó también Cartagena a Mohamed Alshafey.

Esas oratorias o fatuas de Cartagena, y que el CNI tenía en su poder, defendían la yihad y estaban dirigidas a los jóvenes de la comunidad musulmana de la mezquita: «Me presionaron dos capitanes de la mujabarat y me dijeron que, si no colaboraba, me echarían de España, que volvería a Marruecos».

Tras la visita de los jefes del CNI, Cartagena pudo contrastar que los servicios de Inteligencia españoles tenían más colaboradores entre la comunidad musulmana de Madrid y que a él lo tenían perfectamente controlado.

Sabían su lugar de nacimiento -la ciudad marroquí de Kenitra-, que había realizado estudios sobre el islam y que en alguna ocasión había ejercido como periodista. El CNI también sabía que Cartagena había inflado su currículo -contaba que era licenciado por una universidad marroquí- y que en ocasiones no guardaba los preceptos del islam: bebía e iba con mujeres.

El imam de Villaverde, tras introducirse en uno de los grupos más peligrosos de radicales islamistas que residían en Madrid -el Haraka Salafiya Yihadia (Movimiento Salafista de la Yihad Combatiente)-, fue informando puntualmente a la UCIE y al CNI de todas las reuniones, los temas que trataban y los miembros que componían esa organización.

Entre ellos estaban Rabei Osman, El Egipcio, que fue detenido en Italia y al que en un principio se le adjudicó la autoría intelectual del 11-M; Sherhane ben Abdelmajid Fakhet, El Tunecino, que se suicidó en el piso de Leganés con el resto del comando y que ejercía labores de líder dentro del grupo; Mustafá Maymouni, cuñado de El Tunecino y que de momento se encuentra detenido en Marruecos por los atentados de Casablanca, y Larbi ben Sellam, que huyó a Marruecos y que en la actualidad está detenido y procesado en España por su presunta participación en los atentados de los trenes de la muerte.

Según consta en la nota informativa número 3 de la UCIE, elaborada en noviembre de 2002, Larbi ben Sellam estaba dispuesto a hacer la yihad en Marruecos y España: «En cuanto a Mohamed Larbi ben Sellam, persona de confianza de El Egipcio, [...] comentó que no entiende por qué la mayoría tiene la obsesión de ir a países como Afganistán para hacer la yihad, ya que estas operaciones son posibles en Marruecos y España».

El imam de Villaverde estuvo informando a sus controladores durante casi un año y medio -desde octubre de 2002 a febrero de 2004- sobre las actividades de los islamistas que atentaron el 11-M.Todas esas informaciones fueron recogidas por la UCIE en unas notas informativas internas (ver EL MUNDO del 31 de mayo de 2005) que iban numeradas desde la 1 a la 12, más una última que aparece con la anotación «Reunión 21/02/2004» y que corresponde a días antes del atentado.

Cartagena se queja al periodista Mohamed Alshafey: «La mujabarat española es la culpable de que mi nombre fuera difundido a la prensa». «He puesto una denuncia contra los servicios de Inteligencia españoles por facilitarle al diario EL MUNDO mi nombre», indica también el confidente del CNI.

En un principio, Cartagena se puso en contacto con Asharq Al-Awsat para pedirles que no sacaran nunca más su nombre, pero finalmente terminó contándole a Mohamed Alshafey todo lujo de detalles sobre su situación actual y su relación con la mujabarat española: «Estoy trabajando en un puesto que no me gusta y que no quiero.Aunque eso lo hago por mis hijos, para ganar dinero y darles de comer».

El confidente policial y de los servicios de Inteligencia también cuenta en su entrevista que está casado «con una española que se ha convertido al islam y que lleva el velo islamista».

Cartagena se queja, continuamente, de la situación por la que están pasando él y su familia: «Vivo en una casa pequeña, con las ventanas cerradas, sólo salgo para ir a trabajar y nunca sé si volveré a ver a mis hijos...».

En ese conjunto de lamentaciones a Asharq Al-Awsat, Cartagena no cuenta que en los últimos meses se ha comprado un vehículo nuevo, que tiene dos móviles de última generación y que se jacta de tener mucho dinero.

Sin embargo, Farssaoui sí resalta otras penurias que está sufriendo: «Tras la publicación de mi nombre en la prensa y en EL MUNDO, he recibido amenazas de muerte en mi móvil en un español poco correcto». Fueron 17 mensajes, según Cartagena, y también hacen a alusión a que se vendió a Occidente y que denunció a los hermanos fundamentalistas.

El imam de Villaverde también dirigió oraciones en las provincias de Barcelona y Almería. En esta última se recluyó durante un tiempo después de haber señalado a la Policía la célula terrorista de El Tunecino, de cuya boda llegó a ser testigo.

Más tarde, Cartagena volvió a Madrid y en la actualidad, por su condición de testigo protegido, tiene escolta policial y ayuda económica.

EL MUNDO reveló el pasado día 8 que Cartagena se reunió con sus controladores de la UCIE en el parque Juan Carlos I de Madrid tres días después de los atentados del 11-M y les recriminó: «¿Cómo es posible que haya pasado esto con todo lo que os he ido contando?».

'Asharq Al-Awsat', el diario de los saudíes

MADRID.- 'Asharq Al-Awsat', que en castellano significa 'Oriente Medio', es un periódico de Arabia Saudí que tiene la sede central en Londres.

'Asharq Al-Awsat' está considerado como uno de los diarios más importantes en lengua árabe y edita una versión impresa y otra digital.

En España, se distribuye la versión impresa y se puede acceder a la digital a través de la web 'www.asharqalawsat.com', que también tiene su correspondiente edición en inglés.

El periodista Mohamed Alshafey, que mantuvo la entrevista con Abdelkader Farssaoui, 'Cartagena', reside y trabaja habitualmente en Londres, pero en la actualidad se encuentra en Bagdad.

En la información de Alshafey sobre el confidente de la 'mujabarat' española, se reflejan las opiniones de 'Cartagena' sobre su situación actual y, a continuación, se puede leer un amplio resumen sobre el reportaje que EL MUNDO publicó el 31 de mayo de 2005.

En la portada del pasado 13 de abril de 'Asharq Al-Awsat', hay una llamada con el siguiente titular: «El imam marroquí que descubrió a los autores del 11-M». Después aparece un subtítulo: «Recibo amenazas y me culpan de haberme vendido a Occidente».

En páginas interiores, 'Cartagena' es más contundente: «Los servicios de Inteligencia españoles me han traicionado y han facilitado mi nombre a la prensa».

Alshafey explica en su texto que fue el propio Farssaoui quien se puso en contacto con el periódico, primero a través de un correo electrónico. Con posterioridad, el periodista mantuvo una conversación con el confidente de la 'mujabarat' española.


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26.5.06

 

El expediente sancionador a la auditora de Afinsa estuvo a punto de prescribir en dos ocasiones

 

26-05-06



TRAMA FILATÉLICA / El Gobierno considera «normal» que se tardara año y medio en incoar el procedimiento contra Gestynsa y otro año más en cerrarlo sin aplicarle la sanción máxima, pese a la gravedad de los hechos

El expediente sancionador a la auditora de Afinsa estuvo a punto de prescribir en dos ocasiones


CARLOS SEGOVIA / ANA LORENZO

MADRID.- El expediente incoado por el Ministerio de Economía y Hacienda a los auditores de Afinsa -empresa implicada en la supuesta estafa filatélica- estuvo a punto de prescribir en dos ocasiones, pese a que el Gobierno considera «totalmente normal» que se haya tardado 30 meses en sancionar a Gestynsa que es propiedad de Francisco Blázquez, padre del vocal asesor de la Oficina Económica de la presidencia del Gobierno, Jorge Blázquez.
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En un comunicado oficial, el Ministerio que dirige Pedro Solbes admite que el propietario de Gestynsa es padre del asesor de Moncloa, pero califica de «rotundamente falso» que éste haya realizado gestiones para paralizar la investigación abierta a Gestynsa y que ésta se haya prolongado durante un plazo «inusualmente largo». El organismo quiso con ello «desmentir la información publicada por EL MUNDO» en su edición de ayer. El comunicado, de tres páginas, dedica el grueso a detallar un calendario de actuaciones que demuestra que el organismo encargado de investigar a Gestynsa, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), ha actuado en todo momento con serio riesgo de dejar prescribir las presuntas irregularidades de esta auditora. Apuró con ella aún más los plazos que con Carrera Auditores, la encargada de fiscalizar a Fórum Filatélico.

Según fuentes oficiales, el ICAC no puede incoar expediente sancionador a una auditora dos años más tarde de firmar las cuentas. Es decir, como en el caso de Gestynsa se ha escudriñado su deficiente labor de control de las cuentas de Afinsa en el ejercicio de 2002, el plazo empieza a contar en junio de 2003 y termina en ese mismo mes de 2005. Pues bien, el presidente del ICAC, José Ramón González, acordó incoar expediente sancionador a Gestynsa el 19 de mayo de 2005, diez días antes de que prescribiera esa posibilidad y año y medio después de iniciar la investigación. Gestynsa es una pequeña auditora con sólo seis empleados, según publicó ayer el diario Expansión y, según Hacienda, el objetivo no era cotejar las cuentas de Afinsa, sino el trabajo de la auditora.

Una vez incoado el expediente, sólo puede pasar un año más antes de notificar al afectado una resolución sancionadora. Y, de nuevo, el ICAC apuró plazos. La notificación fue el pasado 6 de abril, 43 días antes del límite, y eso que el Ministerio sabe desde junio de 2005 que la Agencia Tributaria había concluido que había actividad delictiva en Afinsa y que la auditora no había reflejado su situación patrimonial.

El comunicado oficial del Ministerio de Economía asegura que «las sanciones impuestas a ambas empresas de auditoría y a sus socios se califican como graves por incumplimiento de las normas de auditoría que pudieran tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo, y por consiguiente, en su informe».No detalla por qué el ICAC no aplicó la sanción máxima -Afinsa deja a más de 150.000 personas presuntamente estafadas-. Según la legislación vigente, el ICAC puede considerar la infracción «muy grave», cuando aprecia «la emisión de informes de auditoría de cuentas cuya opinión no fuese acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo, siempre que hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable».

Al no apreciar ese hecho, no sólo la sanción económica a Gestynsa es la mitad -un máximo de 150.000 euros-, sino que la auditora se libra de la peor sanción, la inhabilitación para seguir operando.Fuentes oficiales señalaron que el expediente no puede ser aún hecho público, por no ser firme. Gestynsa lo ha recurrido ante Solbes por considerar excesivo el castigo del ICAC. En el relato de los hechos, que hacía ayer el Ministerio, resalta que Francisco Blázquez -no su hijo Jorge- hizo una gestión personal ante el presidente del ICAC. El pasado 17 de enero, tras saber que podía ser sancionado, pidió ver a González «para explicarle verbalmente el contenido de las alegaciones presentadas». Blázquez eligió esta vía, pese a que el presidente del ICAC, que toma la decisión última de sanción, sólo puede basarse en documentos escritos y tiene que motivar su resolución. González sometió, no obstante, como es preceptivo, su decisión a consulta del Comité de Auditoría, en que participan, entre otros, representantes de la CNMV y el Banco de España. Este «dio su conformidad», según el Ministerio.

El director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, respaldó ayer a su colaborador. Afirmó en el Senado que la información publicada por EL MUNDO habla de una conversación entre dos personas [este diario publicó que Blázquez había realizado diversas gestiones]. Una de ellas, el vicepresidente [parecía aludir a Pedro Solbes], ya lo ha negado, y la otra [en alusión a Jorge Blázquez] no lo ha desmentido, pero piensa acudir a los tribunales, que serán los que tendrán que desmentir «este tipo de calumnias», Ante las críticas del PP, Sebastián afirmó que su oficina «no es enigmática» y que su función es asesorar al presidente Dijo que él no presta «atención a chismorreos».



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Mariano Rajoy rebaja a la categoría de «tregua» la iniciativa de ETA y la compara con la del 98

 

26-05-06



ALTO EL FUEGO

Mariano Rajoy rebaja a la categoría de «tregua» la iniciativa de ETA y la compara con la del 98


CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- Un Mariano Rajoy claro, contundente y muy poco ambiguo fijó ayer posición política en materia antiterrorista. Cumplidos dos meses del alto el fuego permanente de ETA, el presidente del PP revalidó su compromiso de apoyo al Gobierno en el proceso de verificación de intenciones de la banda terrorista.
(.../...)

Sin embargo, el líder popular puso todos los acentos, comas y puntos y aparte precisos a las incidencias surgidas en estos dos meses, hasta el punto de rebajar, por primera vez, el llamado proceso a la categoría de «tregua» y de compararla, totalmente, a la declarada por ETA en 1998, cuando gobernaba el PP.

Rajoy ayer fue taxativo: «El presidente del Gobierno nos pidió a los dirigentes políticos que fuéramos a La Moncloa y allí le dije dos cosas que hoy mantengo: que este partido apoya al Gobierno sólo para derrotar a ETA -para esto es la autorización, insistió luego- y para que verifique la decisión irreversible de la organización terrorista de abandonar las armas».

Y aún afinó más. Empleando el léxico propio de su secretario general, Angel Acebes, el presidente del PP sentenció que «el Gobierno no tiene el aval para negociar nada con ETA». «Si negociamos con una organización terrorista», explicó, «el terrorismo se convertirá en un arma política».

Cerrando con ello el capítulo de los principios, Rajoy fijó también posición sobre las dos incidencias más trascendentes que, según trasladó, se han producido a lo largo de estos dos primeros meses de proceso.

Así, expresó primero su queja al Gobierno sobre la falta de información al PP, pese a lo publicitado en este sentido por La Moncloa.El presidente del PP recordó en este sentido su anterior «responsabilidad» en el Ministerio del Interior y en la Vicepresidencia del Gobierno de José María Aznar -al que nombró ayer dos veces- para asegurar que «compartimos con la oposición información, objetivos y seguimiento» de la tregua del 98.

En segundo lugar, exigió al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero una «reacción jurídica y política» al último movimiento de la formación ilegalizada, Batasuna. En línea con lo expresado la víspera por el secretario ejecutivo de Libertades Públicas y Seguridad del PP, Ignacio Astarloa, Rajoy «exigió» ayer la actuación del fiscal general del Estado contra los organizadores y participantes de la reunión de Batasuna en Pamplona, tras la que, dijo, «un grupo terrorista se presentó diciendo quiénes son sus negociadores».

El presidente popular calificó también de «inaceptable» dicha situación en términos políticos, y «exigió» igualmente al Gobierno que «reaccione» y niegue públicamente a Batasuna sus pretensiones políticas. «Si no, puede ocurrir», añadió en referencia a algunos programas radiofónicos, «que gente con poco criterio compare a esta gente con partidos democráticos».




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El juez rechaza con apoyo del fiscal archivar la querella contra Rubianes

 

26-05-06



MODELO DE ESTADO

El juez rechaza con apoyo del fiscal archivar la querella contra Rubianes

MANUEL MARRACO

MADRID.- El juez ha rechazado la petición del actor Pepe Rubianes de archivar la querella interpuesta contra él por la Fundación para la Defensa de la Nación Española porque «existen indicios» de la comisión de un hecho delictivo.
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Así lo acordó el pasado día 16 el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Sant Feliu de Llobregat, César Aguilera, con el respaldo de la Fiscalía, que se opuso al archivo y pidió que siguiera adelante el procedimiento.

La querella de la Fundación, que preside el parlamentario autonómico del PP vasco Santiago Abascal, está dirigida contra Rubianes y el presentador de TV3 Albert Om, en cuyo programa el actor dijo cosas como: «Que se metan a España en el puto culo, a ver si les explotan los huevos». «Que se vaya a la mierda la puta España», añadió. Ambos tuvieron que declarar ante el juez el pasado 8 de marzo. Rubianes explicó que sus declaraciones fueron «espontáneas» y Om las enmarcó dentro de «una entrevista histriónica».

Según la querella presentada por el abogado José Antonio Choclán, los hechos podrían suponer dos delitos: uno de «provocación al odio contra parte de la población por razón de su origen nacional», y otro de ultraje a España. El primero está penado con prisión de uno a tres años y multa de seis a 12 meses; el segundo, con multa de siete a 12 meses.

«Vistas las alegaciones del querellado», afirma el juez, «así como lo manifestado por el Ministerio Fiscal, debe darse la razón a este último, en el sentido de existir indicios en la causa de la comisión de al menos un hecho delictivo, razón por la cual no es procedente acordar en este momento procesal el archivo».

En otro auto dictado en la misma fecha, el juez da un plazo de 10 días a las acusaciones para que presenten su escrito de acusación, después de lo cual podrá acordar la celebración del juicio.


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El Congreso rechaza crear un fondo de apoyo a los afectados

 

26-05-06



TRAMA FILATÉLICA / La respuesta de la Administración

El Congreso rechaza crear un fondo de apoyo a los afectados


Acuerda poner en marcha incentivos financieros y ayudas para que las asociaciones de consumidores defiendan gratis a los perjudicados

AGUSTIN YANEL / MARISA RECUERO

MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados acordó ayer -con los votos a favor de todos los partidos excepto el PP y el PNV, que se abstuvieron-, pedir al Gobierno que estudie las medidas necesarias para «apoyar financieramente» a los afectados en los casos de Fórum Filatélico y Afinsa.
(.../...)

Rechazó, en cambio, la propuesta que había planteado el Partido Popular (PP) de crear fondo de garantía para que pueda aplicarse en estos casos, similar al que existe para los depósitos bancarios y las inversiones en Bolsa.

El Partido Popular, por una parte, y Convergència i Unió, por otra, defendieron en el Congreso de los Diputados sendas propuestas encaminadas a ayudar a los afectados. A pesar de que el objetivo era similar, no se pusieron de acuerdo para plantear una proposición conjunta y ni siquiera para debatir las dos al mismo tiempo.

El PSOE planteó una propuesta alternativa a la de CiU, que coincide en gran parte con la que habían presentado esa formación catalana y que finalmente fue la que aprobó el Pleno.

En esa resolución el Congreso pide al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que colabore con las comunidades autónomas y con la Administración de Justicia, de cara a conseguir que los afectados recuperen su patrimonio a través de los activos líquidos de esas dos empresas, los seguros que tengan suscritos, su capital mobiliario e inmobiliario y el patrimonio de sus propietarios.

También se pide al Gobierno que los inversores en esas dos empresas no estén obligados a cumplir los compromisos que hayan adquirido con ellas, y también que los pensionistas que hayan invertido en ellas puedan solicitar el complemento de mínimos que no podían percibir por recibir beneficios de ambas.

En la misma propuesta se pide al Gobierno que apoye a los afectados para que defiendan sus intereses, de manera gratuita, a través de las asociaciones de consumidores y que se cree una ventanilla única en la Audiencia Nacional para atender todas las denuncias.

Lo que no aceptó el Pleno fue la propuesta del PP de crear un fondo de garantía para las inversiones en bienes tangibles -como son los sellos o las obras de arte-. CiU también había planteado que se estudiara la posibilidad de constituir ese fondo, pero finalmente llegó a un acuerdo con el PSOE y no lo mantuvo. El diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte lamentó que no prosperara su propuesta porque, según dijo, de esta manera no se ha dado a los afectados el «mensaje de que el Congreso debiera transmitirles».

Recurso en contra

Los afectados y las asociaciones no se quedaron ayer de brazos cruzados. La organización Ausbanc fue la primera en reclamar responsabilidades al Gobierno. Esta asociación va a recurrir el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes por el que concederá una ayuda de dos millones de euros a 10 asociaciones de consumidores.

El objetivo de este decreto es prestar asesoría jurídica a los más de 350.000 afectados.

Estas ayudas son «mezquinas» y «minúsculas», en palabras del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, suponen 5,67 euros por cada uno de los inversores que confiaron sus ahorros a las dos compañías, añade. «No garantiza una buena defensa», pero sí sirven para que alguna de las asociaciones integradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios (únicas que recibirán estas ayudas) «dupliquen su subvención» a cambio de «no pedir responsabilidad patrimonial» al Ministerio de Consumo por su posible falta de control de las compañías, denuncia. El decreto «es maligno, jurídicamente reprobable y elemento de corrupción», califica.

Una de las asociaciones que salió ayer airosa, desde un punto de vista económico, fue la Federación de Consumidores en Acción (Facua). Esta organización, con sede en Sevilla, que quedó fuera de las 10 que recibirán dinero del Gobierno y decidió seguir asesorando a los afectados de forma grauíta, recibió ayer una grata noticia. La Junta de Andalucía financiará su trabajo.

Según informó el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, la directora general de Consumo de la Consejería de Gobernación andaluza, Isabel María Cumbrera, «se comprometió», en una reunión que mantuvo con representantes de la asociación, «a financiar a Facua para la defensa de los afectados» por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, informa Efe.

Aunque aún no se conoce de cuánto será la ayuda, ni cuánto costará el procedimiento judicial, los responsables de Facua dejaron claro a los afectados que del total «habrá que descontar el dinero que dará la Junta». Atendiendo a la directora general de Consumo, la subvención será proporcional al número de afectados que represente.En Andalucía son casi 5.000 familias y en España unas 14.000.La asociación celebró ayer en Sevilla una asamblea con 175 familias afectadas por la presunta estafa filatélica.



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El PP pedirá que se investigue en las Cortes y que la Fiscalía intervenga

 

26-05-06


TRAMA FILATÉLICA

El PP pedirá que se investigue en las Cortes y que la Fiscalía intervenga


MADRID.- El presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió ayer al Ejecutivo que desmintiera la información publicada ayer por este diario en la que se asguraba que un asesor de La Moncloa presionó para proteger a la compañía que auditaba las cuentas de la filatélica Afinsa, y dijo que, en caso contrario, pedirá la creación de una comisión de investigación.
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EL MUNDO señaló ayer que Jorge Blázquez, miembro de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, presionó para que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) archivara un expediente contra Gestynsa -propiedad de su padre y auditora de Afinsa- por diversas irregularidades.

Durante su intervención en una reunión del grupo municipal popular de Madrid, el presidente del PP subrayó que si es cierto que «por parte de algún responsable de La Moncloa se ha presionado en favor» de la compañía auditora de las cuentas de Afinsa, «las responsabilidades son descomunales». Rajoy recordó que están en juego los «intereses» de «muchos cientos de miles de personas» y reiteró que espera que se produzca una «aclaración» y un «desmentido categórico» por parte del Gobierno.

Por su parte, el secretario de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, consideró que la noticia es «muy preocupante» porque, de ser ciertos los hechos relatados, el asesor habría incurrido «en un posible delito de tráfico de influencias».

En una nota hecha pública por el PP, el dirigente remarcó que es «indispensable» que se abra una investigación para aclarar estos hechos, tanto por la Fiscalía como por la propia Administración.

Paralelamente, el portavoz económico del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, aprovechó el debate sobre las medidas en favor de los afectados por la presunta estafa para sacar a colación el tema del asesor de Moncloa, destacando que de las noticias se desprende que hubo presiones para «no castigar» a Afinsa y su auditora. «¿Qué dirían si esto hubiera pasado a la inversa?», se preguntó aludiendo a que fuera el PP quien estuviera en el Gobierno.

Tras recordar que EL MUNDO pide una comisión de investigación, Pujalte se pronunció a favor de una comisión parlamentaria que estudie «a fondo» la presunta estafa filatélica, «con la mayor transparencia y no centrifugando responsabilidades». «Más que cartas, les invito a buscar soluciones», dijo a los socialitas.

Tras el debate, Pujalte concretó su petición y aseguró que a su grupo le «parecería bien» una comisión de seguimiento que estuviera apoyada por el resto de grupos parlamentarios y que persiguiera «prosperar en la defensa de los consumidores y los trabajadores» afectados.

Eso sí, aprovechó también para recordar que el PP quiere la comparecencia en el Congreso del vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, del ex secretario de Estado de Hacienda y hoy consejero del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, y del responsable de la oficina económica de Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, que sería el superior del alto cargo acusado de presiones.


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25.5.06

 

Un asesor de Moncloa presionó para proteger a la auditora de Afinsa

 

25-05-06



TRAMA FILATÉLICA / A mediados de 2005, Jorge Blázquez Lidoy, hijo del dueño de Gestynsa, hizo gestiones personalmente para interesarse por el expediente / Éste niega los hechos y estudiará acciones legales

Un asesor de Moncloa presionó para proteger a la auditora de Afinsa


En octubre de 2003, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas abrió una investigación a Gestynsa, tras una denuncia anónima a la Agencia Tributaria / A mediados del año 2005, Jorge Blázquez Lidoy, hijo del propietario de Gestynsa, llamó personalmente al ICAC para que se interrumpiera la investigación / Jorge Blázquez es el 'número dos' del asesor económico del presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, y hombre clave de su Gabinete

ANA LORENZO / CARLOS SEGOVIA

MADRID.- Jorge Blázquez Lidoy, miembro de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, presionó desde su despacho en el palacio de La Moncloa para intentar proteger a la empresa auditora de las cuentas de Afinsa, la firma filatélica acusada de estafa.Así lo ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia, aunque en el entorno de Blázquez negaron ayer rotundamente que esta información fuera cierta.
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Gestynsa, que fiscalizó a Afinsa, pretendía que se archivase el expediente que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) había abierto a la empresa en octubre de 2003, ante la dificultad de comprobar documentalmente determinadas salidas de dinero al exterior.

La auditora es propiedad de Francisco Blázquez Ortiz, padre de Jorge Blázquez, quien es vocal asesor de temas económicos y financieros en la Oficina Económica del presidente del Gobierno.Otro hijo, Alejandro Blázquez, abogado y profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de las universidades Rey Juan Carlos y San Pablo CEU, también colabora con Gestynsa.

Según las fuentes citadas, fue Jorge Blázquez, estrecho colaborador de Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica, el que realizó gestiones para que el ICAC detuviese el expediente sancionador.En el entorno de éste aseguraron ayer que estudiará acciones legales contra quien le acuse de intervenir en el caso.

El interés por detener el expediente se materializó mediante varias llamadas telefónicas, algunas procedentes de La Moncloa, al ICAC, en las que, en una ocasión, se instó a dicho organismo a que, «en nombre de Sebastián», se detuviese la investigación.

Las llamadas tuvieron lugar poco antes de que la inspectora jefe del equipo 16 de la Oficina Nacional de Inspección (ONI), María Teresa Yábar Sterling, concluyese, en junio de 2005, el informe sobre Afinsa. Este es el que ha servido de base para que la Fiscalía Anticorrupción presentara en abril de 2006 en la Audiencia Nacional una querella contra la cúpula de la firma filatélica por posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad en documento mercantil.El fisco detectó que el desfase patrimonial que Afinsa arrastraba hasta el año 2004 ascendía a 1.105 millones de euros.

Dos años y medio

El periodo en el que el ICAC ha trabajado en el expediente de Gestynsa es inusualmente largo, según fuentes consultadas. Ha llevado dos años y medio, más tiempo que, por ejemplo, el que le tomó a la Agencia Tributaria concluir que en Afinsa y en Fórum Filatélico se había cometido una presunta estafa. El expediente de Gestynsa y Afinsa -que ya había sido sancionada anteriormente por el ICAC- comenzó en octubre de 2003. Hubo una denuncia en la Agencia Tributaria sobre posibles irregularidades cometidas por la firma auditora Gestynsa. El entonces presidente del ICAC, José Luis López Combarros, decidió abrir un expediente en el mes de octubre, después de que el Fisco le remitiese la documentación oportuna.

El vuelco electoral ocurrido en marzo de 2004, que dio el poder al PSOE, produjo un nuevo baile de despachos en los organismos públicos. Uno de los primeros en cambiar fue el ICAC, al frente del cual el Gobierno situó -a propuesta del vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes- a José Ramón González.

Según fuentes solventes, la auditora opuso resistencia a la hora de ofrecer las comprobaciones contables oportunas que le reclamó el ICAC, razón por la que la investigación sufrió numerosos retrasos. Hasta que a primeros de abril pasado, el ICAC tomó la decisión de imponer a Gestynsa una sanción de carácter grave por irregularidades detectadas en el ejercicio 2002. La medida se hizo también extensible a Carrera Auditores, firma que empleó Fórum Filatélico para auditar sus cuentas y que también ha sido intervenida judicialmente por la Audiencia Nacional. La propuesta de sanción a Gestynsa se aprobó en el Comité de Dirección del ICAC, en el que están presentes, entre otros, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expertos consultados ven extraño que no se haya aplicado una sanción de carácter muy grave, dada la envergadura de las consecuencias de no auditar correctamente a Afinsa. Pero la versión oficial es que no cabía tal sanción al no apreciarse intencionalidad en Gestynsa. El ICAC verificó que las firmas auditoras no realizaron las salvedades correspondientes, en 2002, ante la imposibilidad de que Afinsa y Fórum Filatélico pudiesen hacer frente a los compromisos adquiridos con los clientes que compraban sellos -la devolución de su inversión más los intereses ofrecidos- con los activos que reflejaban en los balances. El agujero alcanzó en 2004 un total de 5.200 millones.

La sanción del ICAC aún no es firme puesto que las auditoras deberán formular alegaciones. Esta conllevaría, en cualquier caso, una multa por importe de dos a cinco veces la cantidad facturada por el trabajo y la baja temporal durante dos años en el registro de auditores.

Curiosamente, la propuesta de sanción del ICAC tuvo lugar 20 días antes de que la Fiscalía Anticorrupción presentase la querella en la Audiencia Nacional. Hasta el momento, el juez instructor del caso Afinsa, Santiago Pedraz, no ha tomado declaración a Francisco Blázquez Ortiz, al que se plantea llamar en calidad de testigo.

Su hijo Jorge mantiene una estrecha relación con Sebastián desde hace más de 10 años y ha vinculado a él su carrera profesional.Sebastián dirigió la tesis doctoral de Blázquez en 1997. Fue titulada Los efectos macroeconómicos del Gasto Público Productivo, un análisis técnico. El trabajo fue declarado apto cum laude en la Universidad Complutense de Madrid.

Blázquez trabajó con Sebastián en el servicio de estudios del BBVA y ha firmado trabajos con él para el Real Instituto Elcano.Cuando José Luis Rodríguez Zapatero nombró a Sebastián director de la Oficina Económica en Moncloa, éste incorporó a Blázquez a su equipo como vocal asesor. Blázquez representó a Moncloa en la última visita a Bolivia por el caso Repsol.



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Las presiones desde Moncloa exigen una comisión de investigación

 

25-05-06



IMPRESIONES

Las presiones desde Moncloa exigen una comisión de investigación


EL MUNDO revela hoy que un asesor de Moncloa presionó para proteger a la auditora de Afinsa, que estaba siendo investigada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). En febrero de 2003, la Agencia Tributaria recibió una denuncia anónima y transmitió después su contenido al ICAC, que comenzó a indagar sobre Gestynsa, que había pasado por alto importantes irregularidades contables en Afinsa. A lo largo de 2005, Jorge Blázquez, hijo del propietario de la auditora, llamó personalmente al ICAC para que interrumpiera esa investigación sobre Gestynsa. Jorge Blázquez es un estrecho colaborador de Miguel Sebastián, asesor de Zapatero.Los hechos son de tal gravedad que colman el vaso del estupor y requieren la apertura de una comisión parlamentaria de investigación.Hasta hoy sabíamos que ni éste ni el anterior Gobierno regularon el sector de la inversión filatélica, dejando en la indefensión a los ciudadadanos que habían depositado sus ahorros en Afinsa y Fórum. Sabíamos también que la Agencia Tributaria había descubierto, en junio del año pasado, que las dos sociedades tenían un agujero patrimonial de más de 3.000 millones de euros. Y sabíamos que, desde esa fecha, 40.000 ciudadanos más habían invertido en ambas sociedades. No es sorprendente que a la luz de toda esta información el Defensor del Pueblo decidiera ayer iniciar una investigación sobre por qué la Administración no actuó antes para proteger a los inversores. Pero las revelaciones que hace hoy este periódico obligan a la creación de una comisión parlamentaria para esclarecer esas presiones y cómo y cuándo se enteró el Gobierno de esta monumental estafa. El PSOE, que promovió la comisión de Gescartera y pidió - y obtuvo- la dimisión de la presidenta de la CNMV, no puede negarse a la investigación de un fraude 10 veces mayor.


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En el nombre de la rosa

 

25-05-06



ALTO EL FUEGO / El debate en la sociedad

En el nombre de la rosa


Un grupo de actrices reparte en el Congreso flores para apoyar el proceso de paz con ETA, un gesto bien recibido por la izquierda y rechazado por diputados del PP y algunas víctimas

RAFAEL J. ALVAREZ

MADRID.- Una rosa para la izquierda, una espina para la derecha.«Muchas gracias por vuestra ayuda», le dijo Ramón Jáuregui (PSOE) a la actriz mientras le plantaba dos besos de proceso de paz.«No», le dijo Ignacio Astarloa (PP) mientras se alejaba sin una pizca de tregua permanente. Y así unos cuantos diputados a la entrada del Congreso, poniéndole a las rosas una sonrisa y a las espinas una mueca, que a cuenta del final de ETA vuelven las dos Españas.
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La idea había nacido inocente, pero se retorció en divisiones y malas caras. Eran las actrices de la Unión de Actores de Madrid, que pensaron en celebrar el segundo mes de alto el fuego de la banda terrorista y defender el proceso de paz con una entrega popular de rosas blancas en el Paseo del Prado y política en las puertas del Congreso, en doble sesión mañanera y vespertina.

Un poco antes de las cuatro de la tarde y como si fuera una reportera de programa simpaticón, la actriz Berta Ojea se apostó a la entrada de las Cortes para regalar una rosa blanca a todo diputado que apareciera por allí en busca de Pleno. Ahí estaba la portavoz de la Unión de Actores, presta a apostar por el proceso de paz, a aclarar a los políticos que los actores están a favor de la negociación, a decírselo con flores.

Los ministros Pedro Solbes y José Montilla, los socialistas del Grupo Parlamentario Ramón Jaúregui y Diego López Garrido; el líder de IU, Gaspar Llamazares; los portavoces de ERC y de EA, Joan Puigcercós y Begoña Lasagabaster... Todos aceptaron el obsequio con sonrisa y se lo llevaron puesto.

Y en esto llegó el jefe.

-Una rosa para la paz, dijo Ojea a José Luis Rodríguez Zapatero.

-Gracias, contestó el presidente del Gobierno, que tomó la flor y dio un par de besos a la actriz.

Zapatero anduvo un rato con la rosa, pero no se la llevó al escaño, como hicieron los diputados de las izquierdas que en el Parlamento son.

Al otro lado, las actrices encontraron gestos de fastidio. Eduardo Zaplana titubeó, pero cogió la rosa. Ignacio Astarloa ni se paró.Y Vicente Martínez-Pujalte admitió el regalo «por las víctimas».Luego, se deshizo de la flor y se la dio a una periodista.

Las rosas del proceso de paz fueron las estrellas invitadas al Pleno. Asomaban en los escaños del Gobierno y alrededores y se marchitaban en los del PP. Entre las filas populares se contaba que algún diputado había rechazado la ofrenda floral a la pregunta de: «¿En qué tumba quieres que la ponga?».

Entre algunas víctimas de ETA, las rosas de ayer supieron a cactus.«Que vayan a ofrecer flores a las manifestaciones de Batasuna» (Conchita Martín, viuda del coronel Blanco). «Las promotoras de esta campaña nunca han intervenido en favor de las víctimas» (Foro Ermua). «¿Dónde estaban las actrices en los años más duros de ETA?» (Covite).

Y es que ya a mediodía, a un semáforo de distancia del dios Neptuno, las actrices habían tenido un público de pataleo.

-¡Los etarras donde tienen que estar es en la cárcel!, gritó un señor muy trajeado.

-Pedimos la paz para todos, para que no haya más muertos, le contestó una de las mujeres rosa en mano.

-¡Esto no es paz, es una rendición!, insistió el hombre, que se iba ya a convencer a los policías.

-Sí, sí es paz. Y también para usted, terminó la artista su escena improvisada.

Un puñado de actrices de siempre (María José Alfonso, Asunción Balaguer, Alicia Agut) seguía tras una pancarta con mensaje: Cada 24 de mes en apoyo al proceso de paz. Sí a la paz. Estuvieron allí, al sol de Madrid, supliendo la ausencia de las que habían excitado el hambre mediática y no vinieron «por problemas de agenda», Pilar Bardem, Charo López, Ana Belén, Blanca Portillo, Aitana Sánchez Gijón...

Las otras llevaban casi una hora explicando a los periodistas que el «diálogo es el camino» y que habían emprendido esta acción «desde el respeto y el cariño a las víctimas del terrorismo, porque defender la paz es defender a las víctimas».

Sin embargo, nada convenció a las dos parejas que pasaron la mañana en la acera de enfrente cartel en alto -Las reinas de la subvención a favor de los euskonazis- ni a los transeúntes de ceño fruncido que mascullaban entre los periodistas. «Éstas protestan a favor de los asesinos», «quieren la paz de los cementerios».

Asunción Balaguer contestó en los micrófonos con un poema. Y después, con un deseo. «Estoy aquí por la paz. Toda esa gente, ¿qué quiere? ¿más muertos? Yo sólo quiero que el terrorismo se acabe de una vez».


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El secretario del juez Del Olmo culpa del error al cansancio, a la prensa y a Rajoy

 

25-05-06


TERRORISMO ISLAMISTA / Los fallos de la investigación

El secretario del juez Del Olmo culpa del error al cansancio, a la prensa y a Rajoy


Las víctimas solicitan un nuevo magistrado y que no haya más retrasos en la instrucción - La AVT pedirá «la verdad» en una manifestación

MANUEL MARRACO

MADRID.- Al error del juez Juan del Olmo que obligó a excarcelar a un procesado por el 11-M contribuyeron la enfermedad del magistrado y el cansancio acumulado, pero también la presión de la prensa y Mariano Rajoy.
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Así lo afirma el secretario judicial responsable del sumario en el informe que le solicitó el Consejo General del Poder Judicial para decidir si abría un expediente a Del Olmo. Luis Velasco asume claramente su responsabilidad porque, «confiado en la habitual meticulosidad del juez», no se dio cuenta de que se pretendía prorrogar la prisión de Saed Harrak 10 días después de que expirase el plazo para hacerlo. Del fijar erróneamente esa fecha culpa a Del Olmo. De no advertirlo, a él mismo.

Sin embargo, defiende que el juez «en ningún momento ha incurrido en una desatención en el cumplimiento de sus funciones» que merezca una sanción. «Muy al contrario», añade, «el error» pudo deberse «a un exceso de trabajo».

En un tono similar al comunicado de apoyo de los funcionarios divulgado la semana pasada, el secretario describe las cinco semanas que siguieron al auto en el que Del Olmo se dio una fecha tope para dictar el procesamiento. «Desde entonces, el esfuerzo y sacrificio del instructor se vio incrementado para cumplir su compromiso, aun cuando desde determinados medios de comunicación se redobló la presión, cuestionando por ejemplo la cadena de custodia policial que ante este Juzgado se había acreditado -el famoso asunto de la mochila-, una campaña mediática tan grande y unas acusaciones tan graves que motivaron que incluso el jefe del principal partido de la oposición solicitase públicamente la nulidad del sumario».

El secretario describe el «agotador» trabajo del equipo de funcionarios adscritos a la causa. «A ello hay que añadir la desmedida presión a la que todos, pero especialmente el juez y la fiscal Olga Sánchez, hemos estado sometidos. Prácticamente a diario nos hemos desayunado con titulares que ponían en tela de juicio la labor que en este Juzgado se estaba desarrollando».

Los últimos días antes del procesamiento fueron los más duros para el juez, afectado por un glaucoma en los dos ojos: «Físicamente agotado, haciendo continuo uso del colirio y pegado a una pantalla de ordenador de enormes dimensiones porque su visión le impedía ya trabajar en una normal, fue completando las 1.460 páginas del auto de procesamiento».

Tras reconocer su responsabilidad y la del juez, el secretario la extiende a la Presidencia de la Sala de lo Penal: «Es preciso señalar que desde el 6 de octubre del año anterior tenía conocimiento de las fechas de detención y prisión de todos los presos, incluido Saed Harrak».

Ayer, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M apostó por el relevo de Del Olmo porque, según su presidenta, Angeles Domínguez, se ha demostrado que el proceso le viene «muy grande». «Nos da lo mismo qué juez pongan, pero que sea imparcial y que quiera investigar», destacó, según informa Servimedia. Domínguez insistió en que debe profundizarse no sólo en la «vía oficial», sino en otras, de manera que puedan desecharse si no son ciertas. En esa misma línea, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado para el próximo 18 junio una manifestación bajo el lema Queremos saber la verdad.

Por su parte, Pilar Manjón pidió ayer que el sumario no sufra «ni un solo minuto más de retraso» y que, sea quien sea el juez, se dicte sentencia antes de que venzan los plazos máximos de prisión provisional.


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Un constructor se querella contra el diputado del PSOE que le grabó

 

25-05-06



Un constructor se querella contra el diputado del PSOE que le grabó


M. HERNANDEZ

VALENCIA.- El empresario Antonio Moreno se querellará contra el diputado del Grupo Socialista valenciano José Camarasa por considerar que la grabación de las conversaciones que ambos mantuvieron sobre una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales en Terra Mítica es constitutiva de delito.

El empresario asegura que fue grabado sin su conocimiento y, por tanto, sin su consentimiento, y considera además un agravante el hecho de que se haya difundido el contenido de las conversaciones.

El martes 9 de mayo, Camarasa y el también diputado socialista Antoni Such -que participó en una de las reuniones con Moreno Carpio y otro empresario, José Herrero García- presentaban ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia una denuncia. En ella se daba cuenta de los contactos con estos dos contratistas y de la información proporcionada por éstos sobre manipulación de facturas para elevar el precio de los trabajos en la construcción del parque y el pago de comisiones, implicando en este cobro a Eduardo Zaplana.



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La juez que investiga el asalto a la piscina de Pedro J. Ramírez ve delito en el diputado Puig

 

25-05-06



La juez que investiga el asalto a la piscina de Pedro J. Ramírez ve delito en el diputado Puig


Eleva al Supremo una exposición razonada en la que atribuye al parlamentario de ERC coacciones, por irrumpir «con violencia física» en el domicilio del director de EL MUNDO

MARIA PERAL

MADRID.- La juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Manacor, Elena Lillo, ha elevado a la Sala Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada en la que afirma que «existen indicios de criminalidad» contra el diputado de ERC Joan Puig Cordón, al que atribuye un presunto delito de coacciones por participar el 13 de agosto de 2005 en el asalto violento a la piscina de la vivienda que tiene en Mallorca el director de EL MUNDO.
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La magistrada recuerda la condición de aforado que actualmente ostenta Joan Puig como miembro del Congreso. Esta circunstancia impide a la juez de Manacor citarle a declarar como imputado, por lo que considera que corresponde al Alto Tribunal incoar una causa especial contra el diputado para que responda de unas presuntas coacciones que, a su juicio, Puig pudo cometer en su modalidad agravada, por afectar al ejercicio del derecho fundamental a la libertad de Pedro J. Ramírez.

Visto bueno del fiscal

La exposición razonada se ha elevado al Supremo con el informe favorable del Ministerio Fiscal y tras 10 meses de investigación.

La juez relata que el 13 de agosto de 2005 se llevó a cabo en Son Servera una «concentración de protesta» por la ocupación privada de la zona de dominio público de la costa organizada por el denominado Lobby per la Independencia y los partidos ERC, Partido Socialista de Mallorca (PSM) e Izquierda Unida-Los Verdes.

Tras dar una rueda de prensa, varias personas -entre las que se encontraban José Martí Sastre; Juan Lladó, presidente de ERC en Baleares; Pere Daniel Pol, concejal de los Independientes de Benisalem; Jaume Sastre, dirigente del Lobby, y la concejal de IU Concepción Peña, además del diputado Puig- «trataron de acceder a la piscina» situada en la residencia del director de EL MUNDO, «utilizando para ello dos accesos en los que se encontraba situado personal de seguridad privada contratado por el propietario de la vivienda, el cual advirtió de la imposibilidad de acceso a dicha zona».

Se inició entonces un «forcejeo» a consecuencia del cual resultaron lesionados cuatro de los asaltantes y dos guardas jurados.

Según la magistrada, concurren todos los elementos que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para apreciar el delito de coacciones. «Tanto los imputados en la presente causa [la que ha tramitado el Juzgado de Manacor] como Puig Cordón trataron de acceder a la zona en la que se encontraba la piscina llegando a conseguirlo efectivamente, utilizando para ello violencia física que se materializó en el forcejeo producido con los miembros del personal de seguridad privada».

El «empleo de medios violentos» se desprende, añade la instructora, de las propias declaraciones de los asaltantes. El concejal Pol admitió ante la juez que «se puso con sus compañeros intentando pasar y ejerció fuerza para que no les tiraran y mantener la posición», añadiendo que «el guarda de seguridad, al ver que no podía con las cuatro personas, cedió». El republicano Lladó dijo que, en un momento dado, «tiró y se metió en la piscina».La parlamentaria autonómica del PSM María Antonia Vadell, al ser preguntada si alguna de las personas que intentaban pasar al recinto ejerció algún tipo de fuerza, respondió: «Sólo para subir».

Por su parte, los guardas jurados describieron los insultos y agresiones que recibieron tras ver venir a un grupo de personas que «se acercaron de forma tumultuaria e intimidante, profiriendo amenazas». Aunque la resolución no lo menciona, el director de EL MUNDO y su familia se encontraban en ese momento en la residencia.

La juez afirma que los hechos tuvieron «la intensidad suficiente para integrar el tipo penal» de coacciones «dado el número de personas que trataron de acceder a dicha zona, entre las que se encontraban los imputados y Puig Cordón, así como la cantidad y entidad de las lesiones que presentan los intervinientes en los hechos».

Añade que los asaltantes querían impedir al propietario de la vivienda el uso exclusivo de la piscina «restringiendo de este modo la libertad de Pedro J. Ramírez de hacer uso de la citada instalación». Impedimento que la juez considera «ilícito desde la perspectiva de la normal convivencia» ya que los asaltantes optaron por utilizar una vía violenta en vez de acudir a las impugnaciones correspondientes si discrepaban de las resoluciones administrativas que legitimaron el uso exclusivo de la piscina.


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Alcaraz dice que el PSOE dejaría de gobernar si la banda armada desvelara lo que sabe sobre el 11-M

 

23-05-04

ESPAÑA

Alcaraz dice que el PSOE dejaría de gobernar si la banda armada desvelara lo que sabe sobre el 11-M

Francisco Alcaraz. / J. LÓPEZ
El presidente nacional de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz, ofreció ayer una conferencia en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), en la que dirigió duras críticas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien reveló el domingo que en junio comunicará a las fuerzas políticas el inicio del proceso de diálogo con ETA.

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Alcaraz denunció que «es una ignominia que se negocie con asesinos que no han pedido perdón a tantas familias que perdieron a sus seres queridos». En su opinión, Rodríguez Zapatero «pretende cambiar el significado de las palabras al hablar de negociar». Según la Real Academia de la Lengua, negociar significa traficar o comerciar. «Zapatero pretende traficar con la sangre de nuestras familias, pretende comerciar con nuestros seres queridos». Además, añadió que «si el Estado español se sienta a negociar es porque la fuerza de ETA es igual o superior a la suya». Y añadió: «No se puede ceder al chantaje de una banda terrorista y a un terrorista como Otegi, que es lo que hace en los últimos meses».

El presidente de la AVT comparó el proceso negociador «con una botella de veneno». «Nadie bebería de ella y el Gobierno sabe que el país rechazaría beber. Por ello, lo han dosificado: nos lo han vendido gota a gota durante dos años hasta conseguir que la sociedad digiera la mitad de la botella». Alcaraz aseguró que está convencido de que ETA «no volverá a matar porque no lo necesita. Hay una rendición total del Estado de derecho». El máximo responsable de la AVT aclaró que «Zapatero abre varios frentes, desde la historia del progenitor A y B a la ley para proteger a los simios» e ironizó añadiendo que «luego harán otra para los pingüinos».

De entre todas las acusaciones que hizo Alcaraz, una de ellas llamó la atención de los congregados. Advirtió de que «si ETA desvela la información que posee sobre los atentados del 11-M impediría que el PSOE siguiera gobernando en España». A este respecto, añadió que «el 11-M tiene mucho que ver», aunque no explicó en qué ni de qué forma. Aseguró que «en el ordenador de Mikel Antza, detenido en el 2004, aparecieron documentos sobre la masacre». Y concluyó que, «tras el 11-M , ETA y el Gobierno están abocados a la destrucción».
http://servicios.larioja.com/pg060523/prensa/noticias/Espana/200605/23/RIO-SUBARTICLE-057.html



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Verificación por verificación

 

25-05-06



Verificación por verificación


CAYETANO GONZALEZ

Sin necesidad de ser un experto policial de los que elaboran esos informes para el Gobierno, estos son algunos hechos verificados con sólo oír lo que los terroristas están diciendo. ETA ha dejado muy claro que el alto el fuego permanente que decretó el 22 de marzo es perfectamente reversible, es decir, no es definitivo. Dicho de otra forma: no tiene ninguna voluntad de disolverse ni de dejar las armas. Asimismo, la banda terrorista exige para que el proceso de paz tenga algún futuro el siguiente precio político: legalización de Batasuna, amnistía de todos sus presos, reconocimiento del derecho de autodeterminación para Euskadi y unidad territorial de la mítica Euskal Herria, compuesta por la actual comunidad autónoma vasca, Navarra y los tres territorios ubicados en el sur de Francia.
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Más hechos verificados: Batasuna quiere que se forme ya la mesa de partidos políticos y para ello dio a conocer ayer a quienes serán sus interlocutores oficiales, con Otegi a la cabeza. Ibarretxe decía el pasado domingo que «el PSE negociará públicamente con Batasuna aunque esté ilegalizada». Pese a que a López no le ha gustado nada esta afirmación, uno piensa: ¿por qué se va a negar Eguiguren a sentarse públicamente con Otegi, si lo ha estado haciendo en estos últimos años en diversos caseríos vascos?

Seguimos verificando hechos: mientras Zapatero dice que Otegi es un «hombre de paz», ETA llama «fascista» a Miguel Sanz, presidente del Gobierno de Navarra. ¿El presidente del Gobierno se ha molestado en defender a quien es el máximo representante del Estado en Navarra? No solamente no ha dicho nada, sino que ni se digna a recibirle en La Moncloa.

Más verificaciones: Zapatero ha estado engañando durante dos años al líder de la oposición y de paso a todos los españoles al negar que hubiera existido algún tipo de contacto o conversación con ETA-Batasuna. Después del alto el fuego permanente, el periódico gubernamental ha dado todo tipo de detalles sobre esos contactos.A los pocos días del alto el fuego permanente, el presidente del Gobierno se comprometía con Rajoy a mantenerle personalmente informado de todos los pasos que fuera dando. Pero llegó la Fiesta de la Rosa del PSE y ¡zas!, Rajoy se entera por el telediario de que Zapatero ya está dispuesto a negociar. ¿Cuál ha sido la reacción del líder de la oposición?: ¿protestar?, ¿decirle al presidente que con él no cuente? No, que eso es poco rentable según las encuestas. Lo más centrista es permanecer callado y que sea Acebes el que haga el papel de malo.

Resulta muy preocupante haber verificado que el presidente del Gobierno es un auténtico irresponsable por anunciar que va a empezar a negociar con ETA sin que la banda haya dado muestras de querer disolverse ni de renunciar a sus objetivos políticos; resulta penoso haber verificado que Zapatero sigue pisoteando la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo a las que ahora pretende contentar con una mención en el Preámbulo de la Constitución; y resulta muy triste haber verificado también que el actual líder del PP no está sabiendo estar a la altura del grave momento que España está viviendo, ni representar correctamente lo que piensan y lo que sienten sus votantes en esta cuestión tan vital y que tanto ha hecho sufrir a los españoles. Pero con ser todo lo anterior triste, grave y preocupante, lo es mucho más tener la seguridad de que a estas alturas, ETA ya ha verificado la debilidad de lo que tiene enfrente y aunque el fuerte de los etarras no sea la Historia, habrán llegado a la conclusión de que ¡así se las ponían a Felipe II!




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24.5.06

 

Fernández Lasquetty, a Rubalcaba: "Ahora es cuando los españoles tenemos un Gobierno que nos miente"

 

24-05-06

RUBALCABA, DOLIDO, CONTESTA DESPRECIANDO AL DIPUTADO

Fernández Lasquetty, a Rubalcaba: "Ahora es cuando los españoles tenemos un Gobierno que nos miente"


Javier Fernández Lasquetty.

El diputado del PP, Javier Fernández Lasquetty, preguntó al ministro del Interior –Alonso sigue desaparecido– por las detenciones ilegales de militantes del partido. "Ha debido verlo con sus propios ojos pero o su vista le engaña o nos está engañando a nosotros", dijo Lasquetty. Lamentó que "16 días después de no han pedido perdón, qué mezquindad". Tanto Lasquetty como Alicia Sánchez Camacho exigieron al Gobierno "que no se esconda detrás de funcionarios policiales". La respuesta de Rubalcaba fue negar los términos de la sentencia, decir que le encanta la frase que pronunció el 13-M ("sigan, que me encanta") y despreciar a Fernández Lasquetty: "Cada vez que le oigo pienso qué dura es la vida de meritorio".

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Juan del Olmo podría tirar la toalla sea cual sea la sanción impuesta

 

24-05-06

DESASTRE EN LA INSTRUCCIÓN DEL 11-M

Juan del Olmo podría tirar la toalla sea cual sea la sanción impuesta



Según el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el sumario del 11-M es "riguroso" y está "bien llevado". Pero uno de los procesados ya está en la calle.


"Jamás quiso llegar a esto", cuentan en su entorno. La excarcelación de Saed al Harrak puede costarle hasta tres años de suspensión, aunque se prevé una medida "suave".

24 de mayo de 2006. La vida está llena de desengaños. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo pasa su momento más complicado. El instructor del sumario del 11-M se enfrenta a la inminente apertura de un expediente disciplinario como autor de una falta muy grave de desatención en la tramitación de los procedimientos judiciales.
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Así se desprende de la propuesta que este martes elevó a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial el jefe del Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces, tras la elaboración de un informe de más de 500 páginas sobre las circunstancias que rodearon la excarcelación del presunto terrorista Saed el Harrak, uno de los 29 procesados por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

El informe de la inspección será estudiado por la Comisión Disciplinaria el próximo 7 de junio. Fuentes jurídicas dan por descontado que el magistrado va a ser sancionado porque cometió un error muy grave que él mismo reconoce. En este tipo de faltas la sanción puede llevar a cabo una suspensión que va desde un mes hasta tres años en el ejercicio profesional, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial, pero se espera a priori una cocinada sanción "suave", que no le obligue a abandonar su destino.

Claro que Del Olmo no parece reagrupar las suficientes fuerzas para seguir adelante y, según fuentes próximas al magistrado consultadas por Elsemanaldigital.com, éste está acariciando plantearse la retirada motu proprio. A pesar del apoyo del fiscal general del Estado y la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial, "podría tirar la toalla y marcharse a casa", dicen. "Él jamás quiso llegar a esto", destacan en su entorno. "Está desbordado", añaden.


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El secretario judicial dice que Del Olmo está "físicamente agotado" y que "su visión le impedía trabajar con una pantalla normal"

 

24-05-06



AÑADE QUE ACUSÓ LA "DESMEDIDA PRESIÓN MEDIÁTICA"

El secretario judicial dice que Del Olmo está "físicamente agotado" y que "su visión le impedía trabajar con una pantalla normal"

Uno de los informes que estudió el Servicio de Inspección del CGPJ es el redactado por el secretario judicial adscrito al caso del 11-M, Luis María Velasco. En su escrito parece disculpar a Juan Del Olmo de la "desatención" que provocó la excarcelación de un procesado. El relato del secretario refleja, sin embargo, que las condiciones del instructor no serían las óptimas: "Físicamente agotado, haciendo continuo uso del colirio y pegado a una pantalla de ordenador de enormes dimensiones porque su visión le impedía ya trabajar en una normal". Además reseña las "noches en vela" como causa del error mecanográfico.

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Gallego & Rey 24-05-06

 

24-05-06





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Rajoy acusa a Zapatero de 'tapar' con Andalucía los 'errores' de Cataluña

 

24-05-06



MODELO DE ESTADO / El Congreso acepta tramitar el proyecto sólo con los votos en contra de los 'populares' / El presidente del Gobierno les pide que cambien de posición y que «no tropiecen dos veces en la misma piedra»

Rajoy acusa a Zapatero de 'tapar' con Andalucía los 'errores' de Cataluña


«Es como teñir de negro una prenda para borrar las manchas»


FERNANDO GAREA

MADRID.- Una vez más en esta legislatura el PSOE y el Partido Popular se enfrentaron ayer en el Congreso de los Diputados y votaron de forma opuesta sobre lo que hasta ahora había sido objeto de acuerdo entre ambos partidos: el modelo de Estado.

Ayer fue el debate de totalidad del proyecto de Estatuto de Andalucía y por mucho que Mariano Rajoy arremetió contra José Luis Rodríguez Zapatero desde la tribuna del Congreso, no logró que el presidente del Gobierno se dignara a responderle con detalle sobre el fondo de sus críticas.
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El líder de la oposición le acusó de «tapar» con el «error» del Estatuto andaluz el «error» del catalán, pero no obtuvo respuesta.«Como teñir de negro una prenda para borrar las manchas», dijo metafóricamente Mariano Rajoy.

Rodríguez Zapatero rehuyó ayer el cara a cara y se limitó a dos últimas réplicas genéricas conciliadoras en las que invitó al Partido Popular a sumarse al acuerdo para recuperar el consenso constitucional. El presidente intentó hacer un chiste confuso sobre las atribuciones que le quedarán al Gobierno central según Mariano Rajoy y remitió la discusión sobre el concepto de nación al Debate de la próxima semana sobre el estado de la Nación.

Sólo al final, nueve horas después de iniciado el debate, Zapatero se arrancó con críticas a la estrategia global del PP y le acusó de «exagerar» y «dramatizar» al rechazar cualquier reforma. Se calentó y puso en duda que Rajoy quiera realmente un acuerdo, porque «si lo hiciera se le caería toda su estrategia con el Estatuto catalán» y le pidió que dijera qué puntos quiere cambiar el PP para llegar al acuerdo. «La cintura es la esencia de la democracia», dijo.

Ayer el presidente cumplió el trámite del breve discurso inicial, escuchó sólo al líder de la oposición, se fue cuando hablaba el resto de portavoces y luego volvió a la Cámara, al final del debate, a hacer dos breves réplicas globales y a votar. Según La Moncloa, se fue a «trabajar» a su despacho durante toda la tarde.

Llegó a tiempo de comprobar cómo, una vez más, el PP fracasó en su intento en solitario de frenar de raíz la tramitación de un proyecto de Estatuto procedente de una comunidad. Como ocurrió con el catalán, el PSOE logró el apoyo del resto de grupos del Congreso para admitir a trámite el texto procedente del Parlamento de Andalucía, con la voluntad y el compromiso expresos de Zapatero de modificarlo en las Cortes.

El voto de 187 diputados frente a 136 permitió que el proyecto de Estatuto de Andalucía haya superado el primer escollo. Una vez más, el consenso constitucional quedó como el recuerdo lejano de algo que presidió la elaboración y reforma de todos los estatutos de autonomía en el último cuarto del siglo pasado.

«Estoy seguro de que con el trabajo de la Comisión Constitucional y la Delegación de Andalucía se engarzarán adecuadamente las legítimas demandas de clarificación y mejora competencial, con la preservación de las responsabilidades que la Constitución atribuye al Estado, como garante de los intereses generales», afirmó en la tribuna el presidente del Gobierno en su intervención inicial.

Una vez más, Zapatero presentó el texto como el fruto legítimo de un parlamento autonómico que no puede rechazarse de raíz.El presidente sólo hizo una excepción cuando se opuso al llamado plan Ibarretxe y ayer dio por «suficiente» el consenso que el Estatuto andaluz ha logrado en el Parlamento autonómico, porque supera el umbral legal de los tres quintos, aunque tenga sólo el apoyo del PSOE e IU y el rechazo del PP y el Partido Andalucista.

Por el momento, el incipiente Estatuto andaluz tiene ya el récord de ser el que llega a las Cortes con menor consenso en el parlamento autonómico en la historia constitucional, salvo el plan Ibarretxe que fue rechazado de inicio por el PSOE y el PP hace ya un año.Llega con el apoyo del 60% de la Cámara autonómica, frente al 90% que de origen tuvo el catalán, y la casi unanimidad del valenciano, pactado por PSOE y PP.

Enfrente de Zapatero, Rajoy presentó ayer el proyecto de Estatuto andaluz como un fruto de la política errática del actual presidente.Lo descalificó como la consecuencia de la falta de principios, la incoherencia, la irresponsabilidad, la ausencia de escrúpulos, la frivolidad y hasta la ignorancia que, según describió con dureza, muestra Zapatero en toda su actuación como presidente.

Rajoy hizo un último ensayo general del Debate sobre el estado de la Nación de la próxima semana y dejó claro cuál será ese día el tema estrella en su intervención frente a Zapatero. Dejó a un lado el Estatuto andaluz y generalizó su discurso hacia la política autonómica global que, según dijo, hace que cada comunidad tenga distintos derechos y deberes, que todas puedan participar en la designación de los miembros de las instituciones del Estado y que todas blinden sus competencias, mimetizando el Estatuto catalán.

Casi en cada párrafo, apuntó las críticas hacia el presidente del Gobierno y le hizo responsable de todo. Constantemente, se dirigió a él como inspirador, padrino o impulsor de las reformas estatutarias que han roto el consenso constitucional.

Rajoy teatralizó su discurso mucho más que otras veces, entrando en diálogo directo con diputados socialistas que le coreaban desde sus escaños, y les achacó que hayan aceptado votar en contra de su opinión y sus principios el Estatuto de Cataluña, sólo porque se lo pidió Zapatero. No pudo provocar al presidente lo suficiente para arrancarle una réplica particularizada hasta el final y sólo faltó un cara a cara más prolongado para que se pareciera más al del estado de la Nación. Por mucho que le atribuyó todos los errores posibles y le invitó a subirse a la tribuna, no logró que el presidente del Gobierno le respondiera y ni siquiera se quedó a escuchar a todos y a contestar desde el principio como hizo con los estatutos de Valencia y Cataluña.

Zapatero optó en cambio por un discurso inicial mucho más corto y de puro trámite. Escuchó a Rajoy y se fue a La Moncloa sin oír a Josep Antoni Duran Lleida (CiU), Joan Puigcercós (ERC), Aitor Esteban (PNV), Gaspar Llamazares (IU) y Luis Mardones (CC) y ni siquiera replicó a nadie en el primer turno. Volvió cuando ya habían hablado casi todos, a tiempo de aplaudir al socialista Diego López Garrido, escuchar las réplicas, hacer un amago de cara a cara y votar.

Zapatero no hizo referencias expresas al PP, aunque se entendió que cuando vaticinaba el «riesgo de tropezar dos veces en la misma piedra», se refería a cómo el centro-derecha quiso frenar la creación de la comunidad andaluza como autonomía de primera a principios de los años 80.

Rajoy pintó el Estatuto andaluz como el resultado de un presidente del Gobierno preso de los nacionalistas, incapaz de decir que no y en busca de coartadas para cubrir lo que hizo con Cataluña.De hecho, describió el texto que se debatía ayer como la «fotocopia» del de Cataluña, del que «ha fusilado más de 100 enmiendas».

El presidente del Gobierno contrapuso lo que considera inmovilismo del PP con su idea de España «unida y plural» y «diversa y armónica».Y Rajoy le achacó la ausencia de una idea de España, le llamó reaccionario y le describió como quien «no da su brazo a torcer aunque se hunda el mundo; una vez que ha decidido llegar hasta el final, cueste lo que cueste, o sigue dando pedales o se le cae la bicicleta».

Donde Zapatero puso voluntarismo y buenos deseos de que «se alcanzarán acuerdos para mejorar el texto, que desearía contar con un mayor consenso, incluso si es posible, el de todos los grupos parlamentarios», Rajoy puso una enmienda a la totalidad a toda una legislatura.

El presidente describió el proyecto andaluz como «una aspiración ante la que no cabe cerrar los ojos, ni menos todavía responder con portazos o con desplantes».

Y el líder de la oposición ironizó sobre la expresión «realidad nacional» que el proyecto utiliza para describir a Andalucía: «¿Qué dicen los andaluces? No salen de su pasmo. Están asombrados, instalados en la estupefacción más absoluta al darse cuenta de que constituían, sin saberlo, una realidad nacional».

Una vez más se alinearon con el PSOE todos los demás grupos parlamentarios sin excepción, con críticas durísimas al PP por negarse a que siquiera se debata el proyecto de Estatuto andaluz.

Esta vez, el único matiz, estrictamente coyuntural, fue el de la posición de ERC, cuyo portavoz, Joan Puigcercós, aprovechó la ocasión para arremeter contra el recorte al Estatuto catalán que, según él, pactaron Zapatero y Mas en La Moncloa. Si Rajoy ensayó el Debate del estado de la Nación, Puigcercós se lanzó ya a la campaña del referéndum catalán y la precampaña de las elecciones, previstas para el 19 de noviembre. Su tesis, antagónica a la de Rajoy, pero coincidente en la crítica al PSOE y la argumentación, es que Zapatero ha optado por «el café para todos, con sacarina», generalizando el modelo descafeinado de Cataluña. «El Gobierno ha instalado una copistería en La Moncloa», dijo Puigcercós para lamentar lo contrario que Rajoy: el recorte a las aspiraciones de Cataluña y Andalucía. Por eso habló del «rodillo de Zapatero, Chaves y Mas». El presidente no estaba para escucharle.

Pese a todo, ERC apoyó el texto por «respeto» al Parlamento de Andalucía. El portavoz del PNV aprovechó para criticar que no se aceptara el plan Ibarretxe y todos sin excepción arremetieron contra el PP, una vez más. Por ejemplo, Llamazares aseguró que el PP «confunde el consenso con el veto».

El socialista López Garrido, correoso, preguntó a Rajoy cómo quiere gobernar en España si va contra Cataluña y Andalucía.

El texto inicia ahora el trámite que terminará a final de este año en el Congreso y el Senado y podrá ser sometido a referéndum en Andalucía en febrero de 2007.


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La minoría del Consejo protege a Del Olmo y extiende culpas

 

24-05-06



La minoría del Consejo protege a Del Olmo y extiende culpas


MADRID.- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Salinas, propuesto por el PSOE, consideró ayer «notoriamente desproporcionada» la petición de la Inspección de abrir un expediente por falta muy grave al juez Del Olmo.

Salinas declaró a Servimedia que dicha petición parece no tener en cuenta la «grave enfermedad» de Del Olmo y dijo echar en falta alguna referencia al papel que en la puesta en libertad de este procesado pudieron tener el secretario judicial o la Fiscalía.
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En su opinión, la eventual sanción planteada es «tan desproporcionada que resulta injusta», al tiempo que tendría consecuencias para la forma en la que actúan los jueces de instrucción.

La estrategia del sector minoritario del CGPJ es, por el momento, retrasar la posible apertura del expediente. La presidenta de la Comisión Disciplinaria, Montserrat Comas, acordó ayer que el asunto no sea abordado hoy sino el 7 de junio «al no existir tiempo material ni suficiente para estudiar» el asunto, falta de tiempo que, a tenor de sus declaraciones, no ha impedido al vicepresidente formarse criterio.

Además, el sector minoritario ya ha adelantado que no está dispuesto a abrir un expediente a Del Olmo por falta muy grave, sino, a lo sumo, por falta grave.

La opinión de Salinas es compartida por el diputado del PNV Emilio Olabarría, que calificó la propuesta de la Inspección de «escandalosa» y dijo que «detrás está la influencia política del PP», informa Europa Press.

El diputado de Unión del Pueblo Navarro Jaime Ignacio Del Burgo volvió a defender que un nuevo juez se encargue de «revisar» la instrucción del 11-M.


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La APM respalda a Gómez Bermúdez frente al fallo del Supremo

 

24-05-06



La APM respalda a Gómez Bermúdez frente al fallo del Supremo


El juez que pidió firmas para el referéndum del PP le sustituirá provisionalmente

MADRID.- La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, emitió ayer un comunicado en el que respalda la reelección de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Su designación para el cargo por parte del CGPJ fue anulada el lunes por el Alto Tribunal por falta de motivación.
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«Es de esperar que el defecto de motivación se subsane con la mayor de las urgencias dejando constancia expresa, en el próximo acuerdo de nombramiento, que no dudamos volverá a arrojar idéntico resultado, de los motivos que justificaban y siguen justificando la designación de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: su propio mérito y capacidad, junto a su idoneidad y especialización para el cargo, requisitos todos concurrentes y sobradamente acreditados», señala la Asociación, de la que el propio Gómez Bermúdez es miembro.

Por su parte, tanto la Asociación de jueces Francisco de Vitoria como Jueces para la Democracia mostraron su satisfacción con el criterio de exigir la motivación de los nombramientos. El portavoz de Francisco de Vitoria, Juan Pedro Quintana, manifestó que la decisión «se venía anunciando», con resoluciones anteriores, y vaticinó más casos porque «existía ese vicio de irregularidad» en los nombramientos. «Estamos de enhorabuena», afirmó por su parte Edmundo Rodríguez, de Jueces para la Democracia.

Gómez Bermúdez se reunió ayer con los magistrados de las cuatro secciones que componen la Sala de lo Penal para informarles de la situación. Además, al inicio del juicio por el caso Torras preguntó a las partes personadas si tenían algún inconveniente en que siguiera presidiendo el tribunal, sin que nadie mostrase reparos.

Gómez Bermúdez informó a los jueces de que seguirá como presidente hasta que el CGPJ, una vez que reciba la notificación del fallo, acuerde su cese. No está claro en calidad de qué proseguirá en la Audiencia, aunque probablemente como magistrado adscrito a la Sala de lo Penal. A partir de entonces, corresponderá a Fernando Bermúdez de la Fuente hacerse cargo de la Presidencia como magistrado con más antigüedad de los destinados en el tribunal. Bermúdez de la Fuente fue uno de los candidatos que concurrieron a la plaza de presidente de la Sala. El CGPJ le investigó recientemente por recabar en el tribunal firmas a favor de la consulta popular promovida por el PP sobre el Estatuto catalán, aunque la investigación fue finalmente archivada.


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La Inspección propone que se expediente a Del Olmo por cometer una falta muy grave

 

Mientras Del Burgo propone que otro juez revise la instrucción del 11-M tras el anuncio de expediente a Del Olmo

24-05-06


La Inspección propone que se expediente a Del Olmo por cometer una falta muy grave

Del Olmo pudo incurrir en una «desatención de sus obligaciones» por no controlar debidamente el plazo de prisión preventiva del procesado Saed el Harrak, que ha tenido que ser puesto en libertad

MARIA PERAL

MADRID.- La Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha pedido a la Comisión Disciplinaria que abra un expediente al juez del 11-M, Juan del Olmo, por la indebida excarcelación de Saed el Harrak, procesado como presunto colaborador de la trama islamista.

Los inspectores achacan a Del Olmo una «desatención en el cumplimiento de sus obligaciones» por no controlar el plazo de prisión preventiva de El Harrak y consideran que la posible falta disciplinaria puede ser de carácter muy grave.
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De acuerdo con las normas que regulan el régimen disciplinario de los jueces, la desatención judicial puede ser calificada como falta grave o muy grave. El jefe del Servicio de Inspección del Poder Judicial, José María Gil, responsable del informe sobre Juan del Olmo, propone abrir al instructor del 11-M un expediente por falta muy grave, que la ley sanciona con la suspensión en la función judicial, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera.

La Inspección, que ha llevado a cabo una investigación preliminar de los hechos desde el pasado día 11, ha optado en principio por la calificación más severa, descartando la falta grave (sancionada con multa) o una calificación alternativa, que a veces figura en sus informes cuando los inspectores no pueden decantarse con claridad por una opción u otra.

La propuesta de la Inspección no vincula a la Comisión Disciplinaria, que podría no abrir expediente o hacerlo por una falta grave.En todo caso, la definitiva calificación de los hechos y, en su caso, la determinación de la sanción sólo se producen una vez que concluye la instrucción del expediente.

El informe del inspector jefe relata cómo se produjo la excarcelación de Saed el Harrak el pasado día 10 al haber cumplido cuatro días antes el plazo ordinario de prisión preventiva (dos años), sin que se llevara a cabo una prórroga legalmente posible y que le hubiera mantenido en la cárcel hasta mayo de 2008. El Harrak, detenido el 6 de mayo de 2004, está procesado por un presunto delito de colaboración con la organización terrorista que llevó a cabo la masacre del 11-M.

La excarcelación fue decretada por la juez Teresa Palacios, que, además de llevar su Juzgado, se hizo cargo del de Juan del Olmo el 27 de abril porque el instructor del 11-M debía someterse a una operación quirúrgica en un ojo.

El informe de Palacios

La Inspección resume el informe de Palacios (ver EL MUNDO del 22 de mayo), en el que afirma que Juan del Olmo no la avisó con antelación suficiente de su baja y que no le comunicó que había prórrogas de prisión pendientes ni que debía recibir las declaraciones indagatorias a los 29 procesados.

También destaca que, cuando Teresa Palacios fue a comprobar la situación de El Harrak, se dio cuenta de que la fecha de la detención -el dato clave para computar el plazo de encarcelamiento preventivo- no estaba ni en el auto de procesamiento ni en la propia pieza de situación personal del marroquí. La encontró en el folio 11.572 del sumario y sólo puedo verificar que ya se había superado el plazo de prisión provisional.

La Inspección también reproduce el informe del propio Del Olmo, en el que, como ya explicó al presidente de la Sala Penal de la Audiencia, atribuye a «una incorrecta apreciación de fechas» o a «un error de transcripción mecanográfica» el hecho de que en el auto de procesamiento ordenase la citación de El Harrak para el 16 de mayo -fuera del plazo legal- con el fin de prorrogarle la prisión.

No obstante, Del Olmo proporciona tres datos novedosos. El primero es una detallada referencia a la enfermedad ocular que padece, «detectada en mayo de 2004» (dos meses después del 11-M), que ha precisado «un aumento del tratamiento farmacológico» y que exigía una intervención quirúrgica que el juez retrasó para redactar el auto de procesamiento.

El segundo es que los presos preventivos del sumario del 11-M figuraban en un listado elaborado por el propio Del Olmo en 2004 y cuya última actualización fue realizada en enero de 2006. El listado atendía al orden de las declaraciones judiciales de los imputados, no a su fecha de detención, y en él Saed el Harrak estaba incorrectamente situado.

El tercer dato figura bajo el epígrafe Otras circunstancias y sirve al juez para sugerir una especie de extensión de responsabilidades al mencionar expresamente al Ministerio Fiscal («que desde un principio ha concurrido a la investigación, con pleno conocimiento de todo lo actuado») y al resto de las partes personadas en el sumario, «que desde julio de 2005 conocían toda la información sobre las circunstancias de la detención, imputación y prisión de El Harrak». Ni la fiscal Sánchez ni las acusaciones pidieron la prórroga de la prisión.

La Inspección estima que la actuación de Del Olmo «evidencia la omisión de un sistema de control efectivo de las causas con preso que garantice la adecuada vigilancia de los plazos». A su juicio, la puesta en libertad de Saed el Harrak «fue debida a una desatención por parte del magistrado del cumplimiento de sus obligaciones, ya que todo el error que desembocó en la excarcelación fue debido a una falta de control en el plazo de la prisión provisional».


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23.5.06

 

Zapatero telefonea a Rajoy y éste muestra su disgusto por no haber sido informado del diálogo con ETA

 

23-05-06



ALTO EL FUEGO / La Moncloa mantiene que el líder del PP «tenía suficiente información» / El jefe del Ejecutivo le dijo que habrá referencias al proceso en el Debate sobre el estado de la Nación / Los 'populares' creen que es inexcusable

Zapatero telefonea a Rajoy y éste muestra su disgusto por no haber sido informado del diálogo con ETA


CARMEN REMIREZ DE GANUZA. MANUEL SANCHEZ

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, mantuvieron en la mañana de ayer una tensa conversación telefónica en la que éste le expresó su serio disgusto por no haber sido informado con antelación de su propósito de anunciar la apertura de un proceso de diálogo con la banda. Además, y de manera muy especial, le reprochó haber elegido un mitin político de su partido en el País Vasco como escenario.
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El desencuentro entre ambos líderes políticos, que habían encontrado en el alto el fuego de ETA su propio y único espacio de tregua política de la legislatura, se venía fraguando desde hace semanas.

Mientras el Gobierno presumía de la buena disposición de Rajoy y se quejaba de la dureza de algunas declaraciones de los dirigentes del PP, a los populares les molestaba que el Ejecutivo filtrara a los medios de comunicación unas llamadas de Zapatero a Rajoy que adolecían de concreciones sobre el llamado proceso de verificación, y cuyo contenido venía a repetir las impresiones ya publicadas por el Ejecutivo.

Pero la gota que hizo rebosar el vaso fue el referido mitin del domingo. Las fuentes consultadas en el PP admiten que Zapatero telefoneó a Rajoy el pasado viernes, pero niegan con rotundidad y visible enfado que el presidente del Gobierno le avisara de lo que tenía planeado decir en Baracaldo. En la sesión de maitines, celebrada ayer entre Rajoy y sus asesores, la puesta en escena del anuncio de Zapatero fue tan criticada o más que su propio comunicado de comienzo del diálogo con ETA.

El otro gran tema del que ayer se habló en la cúpula del PP fue el Debate sobre el estado de la Nación del próximo día 30. Según algunas fuentes, Zapatero dio cuenta a Rajoy en una de sus conversaciones de su intención de incluir la cuestión de ETA en el debate, aunque sólo con una mera referencia durante el mismo.

La opinión de los populares ayer era que, tras la decisión de Zapatero de abrir un proceso de diálogo, éste se convertirá en un tema inexcusable -que en todo caso ya formaba parte del guión del discurso de Rajoy-, dejando, incluso, en un papel secundario los problemas derivados de las reformas estatutarias o de la inmigración ilegal.

En medio de un clima más que desencantado, nadie en la sede del PP quería abordar la cuestión del segundo debate, el que previsiblemente tendrá lugar en junio cuando Zapatero someta expresamente al Congreso sus conclusiones sobre el proceso de verificación del alto el fuego. En su conversación telefónica de ayer, Rajoy aseguró al presidente que su apoyo se reduce a la constatación del fin de ETA, y que no cuente con él para otra cosa. Algunas fuentes solventes del PP llegaron a negar haber llegado a algún acuerdo previo con el Gobierno sobre el formato de dicho debate.

Por su parte, el Gobierno y el PSOE mantienen que Mariano Rajoy tuvo «suficiente información» del anuncio que hizo el domingo José Luis Rodríguez Zapatero en el mitin de Baracaldo.

Fuentes del Ejecutivo y de la dirección del PSOE no quieren confirmar ni desmentir si hubo aviso previo y concreto a Rajoy, aunque de las palabras del secretario de Organización socialista, José Blanco, se desprende que sí lo hubo, así como de otras fuentes no oficiales de La Moncloa.

Blanco, en concreto, dijo ayer en la sede del partido: «Conociendo al presidente del Gobierno, estoy seguro de que ha hecho las cosas bien».

Además, el dirigente socialista afirmó que el Gobierno no contempla «la hipótesis» de que el PP se oponga a abrir el proceso de paz.

En este sentido, ante las reiteradas preguntas, Blanco estuvo exquisito en su respuesta a las palabras de Acebes -más allá de ironizar pidiendo al PP que le dé la clave de por qué la AVT no se manifestó cuando Aznar negoció con ETA-, y dio a entender que, para el Gobierno, lo importante es lo que se está hablando con Mariano Rajoy.

En cuanto al formato parlamentario, Blanco habló de que el Ejecutivo hará «una comunicación previa al Parlamento» y, posteriormente, habrá un debate en pleno. Eso sí, se negó a explicar si habría o no votación.

Sobre este asunto, fuentes del Gobierno aseguraron a EL MUNDO que Rodríguez Zapatero le ha dicho a Mariano Rajoy que diga «cuándo y cómo» quiere que se lleve esta propuesta al Parlamento.

Según estas fuentes, el presidente del Gobierno no quiere disputa con el PP en este asunto, y está dispuesto a adaptarse a la propuesta, siempre que sea dentro del marco temporal ya fijado, es decir, el mes de junio. De hecho, de las varias opciones que se han barajado, no ha habido acuerdo en ninguna.

En cuanto a la cuestión de si se tratará o no el terrorismo en el Debate sobre el estado de la Nación, la idea del Gobierno es dejarlo al margen, y limitarse a que pueda haber referencias puntuales.

En teoría, la intención de José Luis Rodríguez Zapatero es no entrar en profundidad en esta cuestión, aunque una hipotética ofensiva del PP al respecto podría provocar sorpresas.

ALTO EL FUEGO

Interior ya no hará más informes


FERNANDO LAZARO

MADRID.- El alto el fuego es «completo y real» y, por ese motivo, según explicó ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no se realizarán más informes de verificación. Con los tres elaborados hasta ahora por las Fuerzas de Seguridad del Estado es suficiente para el Ejecutivo. Rubalcaba compareció ante los medios tras mantener un encuentro de dos horas con la cúpula policial, acompañado por el director de este Cuerpo, Víctor García Hidalgo, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

Pese a las críticas lanzadas por el PP tras el anuncio de Zapatero en el mitin del PSOE en Baracaldo de comenzar los contactos con ETA en junio, Rubalcaba confió en que el principal partido de la oposición apoye finalmente el proceso de diálogo. Adelantó que en los próximos días el Gobierno pondrá a disposición del PP los «elementos» que permiten afirmar que el alto el fuego declarado por ETA es veraz. «Y confiamos en que el PP apoye el proceso».

No quiso valorar las últimas declaraciones de Batasuna en las que hablaba de «bloqueo en el proceso». Unicamente le recordó que cualquier formación política debe cumplir la Ley de Partidos, incluida Batasuna, e insistió en que el Gobierno no tiene intención de derogar esta norma.




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