El Congreso rechaza crear un fondo de apoyo a los afectados
26-05-06
TRAMA FILATÉLICA / La respuesta de la Administración
El Congreso rechaza crear un fondo de apoyo a los afectados
Acuerda poner en marcha incentivos financieros y ayudas para que las asociaciones de consumidores defiendan gratis a los perjudicados
AGUSTIN YANEL / MARISA RECUERO
TRAMA FILATÉLICA / La respuesta de la Administración
El Congreso rechaza crear un fondo de apoyo a los afectados
Acuerda poner en marcha incentivos financieros y ayudas para que las asociaciones de consumidores defiendan gratis a los perjudicados
AGUSTIN YANEL / MARISA RECUERO
MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados acordó ayer -con los votos a favor de todos los partidos excepto el PP y el PNV, que se abstuvieron-, pedir al Gobierno que estudie las medidas necesarias para «apoyar financieramente» a los afectados en los casos de Fórum Filatélico y Afinsa.
(.../...)
Rechazó, en cambio, la propuesta que había planteado el Partido Popular (PP) de crear fondo de garantía para que pueda aplicarse en estos casos, similar al que existe para los depósitos bancarios y las inversiones en Bolsa.
El Partido Popular, por una parte, y Convergència i Unió, por otra, defendieron en el Congreso de los Diputados sendas propuestas encaminadas a ayudar a los afectados. A pesar de que el objetivo era similar, no se pusieron de acuerdo para plantear una proposición conjunta y ni siquiera para debatir las dos al mismo tiempo.
El PSOE planteó una propuesta alternativa a la de CiU, que coincide en gran parte con la que habían presentado esa formación catalana y que finalmente fue la que aprobó el Pleno.
En esa resolución el Congreso pide al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que colabore con las comunidades autónomas y con la Administración de Justicia, de cara a conseguir que los afectados recuperen su patrimonio a través de los activos líquidos de esas dos empresas, los seguros que tengan suscritos, su capital mobiliario e inmobiliario y el patrimonio de sus propietarios.
También se pide al Gobierno que los inversores en esas dos empresas no estén obligados a cumplir los compromisos que hayan adquirido con ellas, y también que los pensionistas que hayan invertido en ellas puedan solicitar el complemento de mínimos que no podían percibir por recibir beneficios de ambas.
En la misma propuesta se pide al Gobierno que apoye a los afectados para que defiendan sus intereses, de manera gratuita, a través de las asociaciones de consumidores y que se cree una ventanilla única en la Audiencia Nacional para atender todas las denuncias.
Lo que no aceptó el Pleno fue la propuesta del PP de crear un fondo de garantía para las inversiones en bienes tangibles -como son los sellos o las obras de arte-. CiU también había planteado que se estudiara la posibilidad de constituir ese fondo, pero finalmente llegó a un acuerdo con el PSOE y no lo mantuvo. El diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte lamentó que no prosperara su propuesta porque, según dijo, de esta manera no se ha dado a los afectados el «mensaje de que el Congreso debiera transmitirles».
Recurso en contra
Los afectados y las asociaciones no se quedaron ayer de brazos cruzados. La organización Ausbanc fue la primera en reclamar responsabilidades al Gobierno. Esta asociación va a recurrir el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes por el que concederá una ayuda de dos millones de euros a 10 asociaciones de consumidores.
El objetivo de este decreto es prestar asesoría jurídica a los más de 350.000 afectados.
Estas ayudas son «mezquinas» y «minúsculas», en palabras del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, suponen 5,67 euros por cada uno de los inversores que confiaron sus ahorros a las dos compañías, añade. «No garantiza una buena defensa», pero sí sirven para que alguna de las asociaciones integradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios (únicas que recibirán estas ayudas) «dupliquen su subvención» a cambio de «no pedir responsabilidad patrimonial» al Ministerio de Consumo por su posible falta de control de las compañías, denuncia. El decreto «es maligno, jurídicamente reprobable y elemento de corrupción», califica.
Una de las asociaciones que salió ayer airosa, desde un punto de vista económico, fue la Federación de Consumidores en Acción (Facua). Esta organización, con sede en Sevilla, que quedó fuera de las 10 que recibirán dinero del Gobierno y decidió seguir asesorando a los afectados de forma grauíta, recibió ayer una grata noticia. La Junta de Andalucía financiará su trabajo.
Según informó el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, la directora general de Consumo de la Consejería de Gobernación andaluza, Isabel María Cumbrera, «se comprometió», en una reunión que mantuvo con representantes de la asociación, «a financiar a Facua para la defensa de los afectados» por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, informa Efe.
Aunque aún no se conoce de cuánto será la ayuda, ni cuánto costará el procedimiento judicial, los responsables de Facua dejaron claro a los afectados que del total «habrá que descontar el dinero que dará la Junta». Atendiendo a la directora general de Consumo, la subvención será proporcional al número de afectados que represente.En Andalucía son casi 5.000 familias y en España unas 14.000.La asociación celebró ayer en Sevilla una asamblea con 175 familias afectadas por la presunta estafa filatélica.
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Rechazó, en cambio, la propuesta que había planteado el Partido Popular (PP) de crear fondo de garantía para que pueda aplicarse en estos casos, similar al que existe para los depósitos bancarios y las inversiones en Bolsa.
El Partido Popular, por una parte, y Convergència i Unió, por otra, defendieron en el Congreso de los Diputados sendas propuestas encaminadas a ayudar a los afectados. A pesar de que el objetivo era similar, no se pusieron de acuerdo para plantear una proposición conjunta y ni siquiera para debatir las dos al mismo tiempo.
El PSOE planteó una propuesta alternativa a la de CiU, que coincide en gran parte con la que habían presentado esa formación catalana y que finalmente fue la que aprobó el Pleno.
En esa resolución el Congreso pide al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que colabore con las comunidades autónomas y con la Administración de Justicia, de cara a conseguir que los afectados recuperen su patrimonio a través de los activos líquidos de esas dos empresas, los seguros que tengan suscritos, su capital mobiliario e inmobiliario y el patrimonio de sus propietarios.
También se pide al Gobierno que los inversores en esas dos empresas no estén obligados a cumplir los compromisos que hayan adquirido con ellas, y también que los pensionistas que hayan invertido en ellas puedan solicitar el complemento de mínimos que no podían percibir por recibir beneficios de ambas.
En la misma propuesta se pide al Gobierno que apoye a los afectados para que defiendan sus intereses, de manera gratuita, a través de las asociaciones de consumidores y que se cree una ventanilla única en la Audiencia Nacional para atender todas las denuncias.
Lo que no aceptó el Pleno fue la propuesta del PP de crear un fondo de garantía para las inversiones en bienes tangibles -como son los sellos o las obras de arte-. CiU también había planteado que se estudiara la posibilidad de constituir ese fondo, pero finalmente llegó a un acuerdo con el PSOE y no lo mantuvo. El diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte lamentó que no prosperara su propuesta porque, según dijo, de esta manera no se ha dado a los afectados el «mensaje de que el Congreso debiera transmitirles».
Recurso en contra
Los afectados y las asociaciones no se quedaron ayer de brazos cruzados. La organización Ausbanc fue la primera en reclamar responsabilidades al Gobierno. Esta asociación va a recurrir el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes por el que concederá una ayuda de dos millones de euros a 10 asociaciones de consumidores.
El objetivo de este decreto es prestar asesoría jurídica a los más de 350.000 afectados.
Estas ayudas son «mezquinas» y «minúsculas», en palabras del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, suponen 5,67 euros por cada uno de los inversores que confiaron sus ahorros a las dos compañías, añade. «No garantiza una buena defensa», pero sí sirven para que alguna de las asociaciones integradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios (únicas que recibirán estas ayudas) «dupliquen su subvención» a cambio de «no pedir responsabilidad patrimonial» al Ministerio de Consumo por su posible falta de control de las compañías, denuncia. El decreto «es maligno, jurídicamente reprobable y elemento de corrupción», califica.
Una de las asociaciones que salió ayer airosa, desde un punto de vista económico, fue la Federación de Consumidores en Acción (Facua). Esta organización, con sede en Sevilla, que quedó fuera de las 10 que recibirán dinero del Gobierno y decidió seguir asesorando a los afectados de forma grauíta, recibió ayer una grata noticia. La Junta de Andalucía financiará su trabajo.
Según informó el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, la directora general de Consumo de la Consejería de Gobernación andaluza, Isabel María Cumbrera, «se comprometió», en una reunión que mantuvo con representantes de la asociación, «a financiar a Facua para la defensa de los afectados» por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, informa Efe.
Aunque aún no se conoce de cuánto será la ayuda, ni cuánto costará el procedimiento judicial, los responsables de Facua dejaron claro a los afectados que del total «habrá que descontar el dinero que dará la Junta». Atendiendo a la directora general de Consumo, la subvención será proporcional al número de afectados que represente.En Andalucía son casi 5.000 familias y en España unas 14.000.La asociación celebró ayer en Sevilla una asamblea con 175 familias afectadas por la presunta estafa filatélica.
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