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4.11.06

 

ETA rechaza los límites de Zapatero y le da hasta otoño para desbloquear el proceso

 

04-11-06



ALTO EL FUEGO / La estrategia de la banda

ETA rechaza los límites de Zapatero y le da hasta otoño para desbloquear el proceso


Advierte que la Constitución Española ha contribuido a alimentar el conflicto en los últimos 30 años Amenaza con responder si no cesa 'la represión' y se compromete a respetar la voluntad de los vascos

BILBAO.- La organización terrorista ETA ha respondido al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando planteó el pasado 29 de junio que el «Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente». Para la banda armada, la declaración de Zapatero no es válida porque estableció unos límites marcados por la «legalidad española». ETA le dice que debe respetar sin límites esa voluntad de los vascos y acabar «la represión». Da como plazo hasta final de otoño para que se den pasos visibles en el «proceso democrático» y advierte que, en caso contrario, «el proceso se rompería» y «ETA responderá».

(.../...)

El nuevo pronunciamiento de la organización terrorista, en el que repite parte de los argumentos que utilizó en su comunicado del pasado mes de agosto, aparece en su último boletín interno, el Zutabe correspondiente al mes de octubre, que esta madrugada se incluía en la edición digital del diario abertzale Gara. En este boletín, ETA reconoce que tiene abierto «un carril» de negociación con el Gobierno socialista, pero señala que en este momento el «proceso» se encuentra «bloqueado».

En lo que podría parecer una muestra de buena voluntad, ETA anuncia «un nuevo esfuerzo en el carril de la negociación con el Gobierno de España». Pero aparte de esta expresión, poco o nada más incluye que invite al optimismo. Por el contrario, el texto que recoge Gara está plagado de expresiones como «crisis», «bloqueo», «represión», «enemigo», «lucha» o «imposición».

De hecho, tras anunciar ese «nuevo esfuerzo» propio, le exige al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que dé «una respuesta positiva» a dos cuestiones: en primer lugar, «a la demanda concreta de cumplimiento de los compromisos que adoptó para dejar a un lado la represión y cesar en los ataques» [se refiere a acabar con las detenciones y suspender los procesos judiciales], y en segundo lugar, «deberá comprometerse claramente a respetar el resultado del proceso de Euskal Herria; es decir, la voluntad de los ciudadanos vascos».

En este mismo sentido, en otra parte del boletín, mantiene su «firme voluntad de dar una salida democrática al conflicto mediante la negociación». Pero advierte que «con la misma firmeza, decimos que ETA no aceptará que el Gobierno español utilice tácticamente el proceso para imponer un nuevo fraude a Euskal Herria y mantener la situación de opresión sobre nuestro pueblo. Lo hemos dicho claramente, si continúan esos ataques a Euskal Herria, ETA responderá».

El otro ámbito en el que la banda espera una respuesta positiva para superar la situación de «bloqueo» es el de la negociación política, un estadio en el que, a decir de los partidos políticos implicados, la banda debería ser ajena, pero sobre el que ésta se resiste a abandonar su tutela. Por eso, en el boletín que dirige especialmente a sus bases, advierte que en este otoño se tienen que dar «pasos visibles» de cara al proceso democrático. Y añade que las formaciones políticas vascas «deberían cerrar los acuerdos necesarios para el desarrollo del proceso» porque, de no ser así, «el proceso se rompería».

En este contexto, los terroristas acusan especialmente al PSE y al PNV de dejar pasar «un tiempo precioso», retrasando los contactos para la creación de la Mesa de Partidos, dando prioridad a sus intereses partidistas y tratando de debilitar a la izquierda abertzale. Frente a estas actitudes «mezquinas», ETA avisa que el proceso se puede «pudrir».

No obstante, advierte a continuación que esos «pasos visibles» no deben hacer que se deje la iniciativa «en manos del enemigo», sino que la izquierda abertzale tiene que seguir actuando a partir de cinco ejes: hacer frente «a la ofensiva del Estado español»; abrir «una nueva fase de lucha frente al Estado francés (para que no se desinhiba [sic] ante el conflicto y la solución»; impulsar pasos decisivos ante el proceso; actuar «de forma rápida y prudente» frente a los riesgos, y «fortalecer a la izquierda abertzale», algo que, según ETA, «tiene una importancia vital». La banda recuerda en este sentido que Batasuna sigue siendo ilegal y acusa al PSOE de estar «chantajeándola» para que cree un «nuevo partido con nuevas siglas».

El texto del Zutabe, tras realizar su análisis de la situación política, acusa a Zapatero de alimentar «una mentira histórica cuando manifestó que 'los vascos decidieron libremente su futuro con el Estatuto de Gernika'». Además, señala que en su intervención del 29 de junio reflejó «la vascongadización del proceso y fijó el límite en la Constitución de España». A su juicio, esos dos elementos son «los que en los últimos 30 años han alimentado el conflicto y han constituido los cimientos de la imposición que ha provocado el enfrentamiento». Y enfatiza que «ésos son, precisamente, los nudos que hay que desatar».


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El Tribunal Superior vasco imputa a Patxi López y Rodolfo Ares por reunirse con Batasuna

 

04-11-06



ALTO EL FUEGO / La acción judicial

El Tribunal Superior vasco imputa a Patxi López y Rodolfo Ares por reunirse con Batasuna

Admite una denuncia del PP y una querella del Foro Ermua contra los dos dirigentes del PSE Los considera cooperadores necesarios del delito de desobediencia de Otegi,
Etxebarria y Dañobeitia

MARCOS IRIARTE

BILBAO.- Al PSE le puede terminar saliendo cara la foto que Patxi López se sacó junto a Arnaldo Otegi. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitió ayer a trámite una denuncia presentada por el PP y otra querella criminal del Foro Ermua al apreciar, en la actitud de los dirigentes del PSE y los de la ilegalizada Batasuna que se entrevistaron en San Sebastián el pasado 6 de julio, indicios de un presunto delito de desobediencia al Tribunal Supremo. Se trata del mismo delito por el que deberá declarar en calidad de imputado el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJPV, presidida por Fernando Ruiz Piñeiro, acordó por mayoría -se emitieron dos votos particulares- la admisión a trámite de estas denuncias y la apertura de un proceso penal contra los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, así como contra los miembros de Batasuna Arnaldo Otegi, Rufino Etxebarria y Olatz Dañobeitia.

(.../...)

El TSJPV ha tomado esta decisión al considerar, tal y como hizo al abrir la causa contra Ibarretxe, que López y Ares se entrevistaron con Otegi, Dañobeitia y Etxebarria «en nombre, estos últimos, de Batasuna y no en el suyo propio». Por tanto, los dos socialistas vascos, a quienes la Sala da por «enterados» de la ilegalización de Batasuna, podrían haber incurrido en un delito de desobediencia al igual que los otros tres encausados, en calidad de «cooperadores necesarios».

«Al encontrarnos en presencia de hechos que tras previa, imparcial y objetiva comprobación, resultan verosímiles y revisten, en términos indiciarios, significación delictiva por ser aparentemente constitutivos de posible delito de desobediencia, procede la puesta en marcha del procedimiento penal, dado que, en el momento presente, no es posible excluir con absoluta certeza las notas caracterizadoras de lo delictivo de los hechos imputados», expone el auto.

Al igual que en el caso de Ibarretxe, el TSJPV ha desestimado la imputación de un segundo delito de quebrantamiento de medida cautelar, al entender que el auto de Baltasar Garzón, por el que consintió la cita entre López y Otegi, «matiza» el alcance de las cautelares que pesan contra Batasuna. Un día antes de la reunión, el magistrado de la Audiencia Nacional avaló el encuentro al no observar «ningún elemento que induzca a pensar que, con ella [la reunión], se pretenda favorecer la acción delictiva del complejo terrorista dirigido por ETA, en el que se incluye Batasuna; sino todo lo contrario, evitar que el hecho delictivo se continúe produciendo».

Dos votos particulares

Esta supuesta diferencia de criterio ha sido uno de los máximos argumentos que el nacionalismo vasco ha empleado en las últimas semanas para criticar al tribunal vasco por sentar al lehendakari en el banquillo; unas críticas subidas de tono contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal -llegó a advertir que «no saldría gratis»- y que incluso se han escenificado con cientos de autoinculpaciones voluntarias en la causa abierta contra Ibarretxe.

La decisión, en cualquier caso, no se aprobó por unanimidad. La magistrada Nekane Bolado, quien ya expresó su disconformidad cuando se abrió el proceso contra Ibarretxe, emitió un voto particular en el que se mostró favorable al archivo de la causa. A su juicio, «que Batasuna sea ilegal no convierte en ilegal, ni por supuesto en ilícita y delictiva, la conducta de aquel sujeto que se limita a la mera asistencia a reuniones o al trato con personas que, habiendo pertenecido al partido ilegalizado, siguen representando un planteamiento político».

Otro de los cuatro magistrados que componen la Sala, Antonio García, también emitió un voto particular al no estar de acuerdo en los motivos por los que la mayoría decidió archivar la imputación de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar, si bien él también está conforme con este archivo.

El auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV designó como instructor de la causa contra López al magistrado Roberto Martínez Saiz, y estableció tramitar dentro de un único proceso las denuncias presentadas por Foro Ermua y el PP vasco.


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El perito que alteró el informe del 11-M que aludía a ETA es geólogo y hace análisis de tierras

 

04-11-06



El perito que alteró el informe del 11-M que aludía a ETA es geólogo y hace análisis de tierras


El jefe de Ramírez declara a la juez que éste no es especialista en explosivos, pese a que en el dictamen sobre el ácido bórico enviado al juez Del Olmo certificó que él realizó las pruebas analíticas

MARIA PERAL

MADRID.- El jefe de la Unidad Central de Analítica de la Policía Científica, José Andradas, declaró ayer ante la juez Gemma Gallego que el jefe del laboratorio químico-toxicológico, Francisco Ramírez, no es especialista en explosivos, sino en análisis de tierras, ya que es geólogo.

Ramírez fue el responsable policial que manipuló el informe sobre el ácido bórico hallado en la vivienda de un procesado por el 11-M, Hasan Haski, que tenía en su poder 1,3 kilos de esa sustancia.

(.../...)

La pericia fue realizada por los funcionarios Manuel Escribano (farmacéutico), Isabel López (química) y Pedro Manrique (químico). Ramírez suprimió las observaciones en las que hacían constar que también fue encontrado ácido bórico en un piso franco de ETA en Salamanca y firmó el dictamen como si él hubiera realizado las pruebas analíticas que, en realidad, llevaron a cabo sus subordinados. El informe así rehecho fue enviado al juez del 11-M.

Andradas, superior jerárquico de Ramírez, compareció ayer como imputado ante la juez que investiga la presunta falsedad del documento que llegó a Del Olmo.

Preguntado si es habitual que el jefe del laboratorio químico haga informes sobre explosivos, Andradas respondió que Ramírez «no es especialista en esa materia. Es geólogo y es frecuente que haga análisis de tierras. Especialmente aparece como firmante en análisis de residuos de disparos». La juez se interesó también sobre si es habitual que los informes se emitan por un solo perito, a lo que respondió que no.

La instructora le preguntó entonces si se adecua a las normas de calidad (en las que Ramírez se escuda para justificar el rechazo del informe de los tres expertos) un dictamen que aparece firmado por un solo perito, que además no suele realizar análisis químicos. Andradas contestó que sí y dijo que por eso lo validó y lo remitió a la Comisaría General de Información.

El jefe de la Unidad Central de Analítica relató que él estaba de vacaciones cuando Escribano, López y Manrique entregaron su dictamen a Ramírez y éste y Pedro Mélida, número dos de la Policía Científica, lo rechazaron.

Manifestó que Ramírez lo llamó por teléfono para informarle «del problema», aunque aseguró que no le dijo que se trataba de un informe para el sumario del 11-M y que no le contó que en las observaciones se hacía referencia a ETA.

Cuando cinco días después regresó de vacaciones, encontró sobre su mesa el informe rubricado por Ramírez y lo envió a la Comisaría de Información, pues el que entonces estaba de permiso era Mélida, al que hubiera correspondido remitirlo.

Añadió que fue en ese momento cuando tuvo conocimiento de que Ramírez se había reasignado a sí mismo el informe. En defensa de su subordinado, indicó que Ramírez «no hizo ninguna de las técnicas, pero tenía la información necesaria analítica para la identificación de la sustancia, aunque no realizara las técnicas instrumentales».

El pasado julio, cuando el comisario general, Miguel Angel Santano, le pidió los informes sobre explosivos relacionados con el sumario del 11-M, Escribano le comentó que «se había dado cuenta de que le habían sustituido su informe» y le dio una copia. Según dijo, fue entonces cuando comprobó el contenido de las observaciones y estuvo «totalmente de acuerdo» en que reflejaban «opiniones subjetivas, coincidiendo con Mélida y Ramírez».


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Nuevo cambio en el tribunal que juzgará el 11-M

 

04-11-06



Nuevo cambio en el tribunal que juzgará el 11-M

MANUEL MARRACO

MADRID.- La salida de la Audiencia Nacional del magistrado Antonio Díaz Delgado supone que el Tribunal deberá nombrar un nuevo magistrado para integrar la Sala que juzgará el 11-M. Díaz Delgado presentó su candidatura para la Presidencia de la Audiencia Provincial de Cuenca, que ayer fue respaldada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Díaz-Delgado era también el ponente de la causa (responsable de redactar la sentencia), por lo que una vez nombrado el nuevo magistrado deberá designarse a uno de ellos para esa tarea.
(.../...)

Recientemente, otro de los jueces de la Sala encargada del 11-M, Ignacio Bigeriego, también solicitó un cambio de destino que le fue concedido. En esa ocasión fue el presidente de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, quien le sustituyó en el tribunal. Su llegada desplazó de la Presidencia de la Sala a su tercer integrante, el magistrado Fernando García Nicolás.

Fuentes jurídicas indicaron ayer que, si bien aún no está nada decidido, es probable que el magistrado que sustituya a Díaz-Delgado sea Alfonso Guevara, actual presidente de la Sección Tercera. De confirmarse, el tribunal del 11-M lo compondrían los presidentes de tres de las cuatro secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.


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Las mentiras de la investigación

 


LAS MENTIRAS DEL 11-M

Las mentiras de la investigación

Por Luis del Pino

Como ciudadanos, nos merecíamos que los poderes públicos nos aclararan qué fue lo que pasó en Madrid aquel 11 de marzo. Especialmente se lo merecían las víctimas, a las que dos años y medio después nadie les ha dado una explicación de quién mató a sus seres queridos o quién las hirió a ellas mismas. Y esa obligación resulta aún más perentoria si tenemos en cuenta que el actual Gobierno accedió al poder con el compromiso de decir la verdad a los españoles acerca de aquella masacre.

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3.11.06

 

El jefe policial que custodió el informe sobre ETA y el 11-M también declara como imputado por falsificación

 



ES EL CUARTO MANDO DE INTERIOR QUE COMPARECE ANTE LA JUEZ GALLEGO
El jefe policial que custodió el informe sobre ETA y el 11-M también declara como imputado por falsificación
Miguel Ángel Santano el día en que declaró ante la
La investigación judicial por las evidencias de que la cúpula policial entregó un informe falso sobre el 11-M al juez Juan del Olmo continúa adelante. La juez Gema Gallego, titular del Juzgado número 35 de Primera Instancia de la Audiencia de Madrid, ha citado como imputado a José Andradas, jefe de la Unidad Central de Analítica de la Policía y responsable de la custodia del informe elaborado por los tres peritos que indicaron un posible vínculo de ETA con la trama del 11-M. Andradas ha sido convocado a las 16:00 horas de este viernes ante la juez. Es el cuarto mando policial que declara como imputado por un presunto delito de falsificación en el llamado caso de los peritos, tras las citaciones de Miguel Ángel Santano, Pedro Mélida y Francisco Ramírez, jefe del Laboratorio y funcionario que firmó el informe manipulado.

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Ángeles Domínguez: "Tanto las víctimas como la sociedad española tenemos derecho a saber la verdad" sobre el 11-M

 


PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

Ángeles Domínguez: "Tanto las víctimas como la sociedad española tenemos derecho a saber la verdad" sobre el 11-M
Ángeles Domínguez, presidenta de Víctimas 11-M
Ángeles Domínguez, presidenta de la asociación Víctimas del 11-M, declaró este jueves en el seminario "La voz, la libertad y la dignidad de las víctimas del terrorismo", organizado por el CEU, que "tanto las víctimas como la sociedad española tenemos derecho a saber la verdad", y destacó "la valiente y decidida labor de unos pocos medios de comunicación". Ángeles Pedraza, que perdió a su hija en los atentados, despertó los aplausos del público cuando dijo: "Señor Zapatero, usted no puede negociar en nombre de mi hija, porque la única persona que puede negociar en su nombre soy yo. Y yo no lo haría, porque lo único que se puede hacer con los asesinos es encerrarlos y no sentarse a comer con ellos".

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Luis del Pino: "Hay que exigir responsabilidades a los autores de la versión oficial del 11-M porque es falsa"

 



LOS ATENTADOS "BENEFICIARON A LOS ENEMIGOS DEL AZNARISMO"
Luis del Pino: "Hay que exigir responsabilidades a los autores de la versión oficial del 11-M porque es falsa"

Portada del libro de Luis del Pino.
Tras sufrir la censura de la Diputación de Huesca que negó sin motivo justificado la sala de conferencias al organizador Foro El Salvador, el periodista y escritor pudo expresarse libremente este pasado jueves en un salón de actos de la asociación de consumidores FEACCU y pronunciar una conferencia sobre Los enigmas del 11-M. El analista de Libertad Digital declaró que la "versión oficial sobre el 11-M es falsa" y, por tanto, "hay que exigir responsabilidades a los autores de la misma". Luis del Pino se preguntó además a quién benefició el 11-M: "Con toda seguridad, a los enemigos del aznarismo".


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1.11.06

 

El tribunal del 11-M subraya que el juicio no cierra la investigación

 

1-11-06



El tribunal del 11-M subraya que el juicio no cierra la investigación


Recuerda que la ley permite, incluso, suspender el juicio ante nuevos datos relevantes La Audiencia rechaza devolver la causa a Del Olmo para que practique nuevas diligencias

MANUEL MARRACO

MADRID.- La Audiencia Nacional confirmó ayer la conclusión del sumario del 11-M acordada por el juez Juan del Olmo y abrió la fase de preparación del juicio, previsto para el próximo mes de febrero. En el mismo auto, la Sección Segunda de lo Penal rechaza todas las peticiones de diversas defensas y acusaciones, que consideraban que Del Olmo debería haber ordenado numerosas diligencias que nunca se llevaron a cabo. El tribunal también resalta que la conclusión del sumario se produce «sin perjuicio de cuantas nuevas indagaciones procedan, de acuerdo con la ley, de aparecer nuevos datos relevantes».

La Sala, que será la misma que juzgue el 11-M, recuerda a las partes que en esta nueva fase que se abre tienen la posibilidad de solicitar de nuevo las diligencias que consideren necesarias y que ahora han sido rechazadas. Así, aceptar en esta nueva fase que, por ejemplo, se realice un nuevo análisis de los explosivos no implica devolver el sumario a Del Olmo para que sea él quien las practique. Esa devolución del sumario al instructor hubiera hecho casi imposible celebrar el juicio antes de cumplirse el tiempo máximo de prisión provisional de algunos procesados, según indicaron fuentes jurídicas.
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Ante las alegaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Sala señala que dar por concluido el sumario no supone «el agotamiento de todos los aspectos o hipótesis posibles en relación con los hechos investigados, sin perjuicio de cuantas nuevas indagaciones procedan, de acuerdo con la ley, de aparecer nuevos datos relevantes».

El tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, añade que esto «puede ocurrir antes, durante o después del juicio, incluso dando lugar a la suspensión del curso del mismo si se producen revelaciones o retractaciones inesperadas que sean sustanciales para el enjuiciamiento de los procesados».

La AVT había pedido continuar con la instrucción del sumario porque, a su juicio, la propia decisión de Del Olmo de seguir con la investigación en otras diligencias demostraba que faltaban elementos esenciales. Según la AVT, «no puede llevarse a cabo un juicio donde de antemano se sabe que no se conocerá la verdad de lo que ocurrió y donde no se encuentran las claves para saber quiénes fueron los responsables reales».

La Sala rechaza acumular esas nuevas diligencias al sumario del 11-M -como también había pedido la Fiscalía- aunque recuerda que puede pedir que una copia se aporte al sumario para tenerla en cuenta durante el juicio. En esas diligencias Del Olmo interrogó al jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, por sus declaraciones contradictorias sobre las sustancias detectadas en los focos de los atentados.

Entre las peticiones rechazadas se encuentra la toma de declaración como imputados de José María Aznar, Angel Acebes y Federico Trillo, de los tres peritos de la Policía que firmaron el informe inicial que relacionaba a ETA con el 11-M, y del Policía nacional de origen sirio Maussili Kalaji, en cuyo local, según diversas acusaciones, se liberaron los teléfonos del 11-M.

Tampoco acepta la Sala conceder nuevo plazos a varias defensas que lo solicitaron alegando la complejidad de la causa y diversos problemas con las copias digitales entregadas. Una de esas defensas es la de Rabei Osman, El Egipcio, que acaba de ser juzgado en Italia por terrorismo y que será entregado a España para el 11-M el próximo 6 de noviembre, según indicaron fuentes jurídicas.

En los próximos días -previsiblemente el lunes- la Fiscalía deberá presentar al tribunal su escrito de calificación provisional, en el que concrete las condenas que solicita a cada uno de los 29 procesados. A continuación, la Sala dará otro plazo de cinco días para que haga lo mismo el resto de acusaciones. Posteriormente, las defensas dispondrán de 20 días para presentar sus alegaciones.




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El fiscal del 'caso Pipol' se entera un año después de la muerte del perito que examinó los explosivos

 

1-11-06



El fiscal del 'caso Pipol' se entera un año después de la muerte del perito que examinó los explosivos


OVIEDO.- El juez del caso Pipol, Bernardo Donapetry, admitió ayer que un nuevo perito de los Tedax sustituya al agente que examinó los explosivos hallados en el garaje que tenían alquilado Antonio Toro, su cuñado José Emilio Suárez Trashorras y José Fernández Díaz, Nayo. El tedax, que estaba citado en la vista oral como testigo, falleció en un accidente de motocicleta el 1 de agosto de 2005.

Su muerte no había sido comunicada al fiscal, José Perals, que se enteró del fallecimiento hace apenas una semana y por casualidad, según La Nueva España. El perito estaba citado para ratificar que la dinamita hallada en julio de 2001 en un garaje de Avilés durante el desarrollo de la operación Pipol era Goma-2.

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Donapetry se opuso a la petición de los letrados para que no se sustituyera al agente.

El nuevo testigo de los Tedax pertenece a la Jefatura Superior de Policía de Oviedo y puede corroborar el testimonio del compañero fallecido que entró en el garaje de Avilés y se aprehendió de 16 cartuchos de dinamita industrial Goma 2 Eco y 96 detonadores eléctricos industriales. El tedax de Oviedo vio los explosivos antes de que se enviasen a Madrid para su examen.

La abogada de Toro y el letrado de Trashorras protestaron ante el tribunal porque, en su opinión, «no corresponde que este agente sustituya al fallecido», y recordaron que «no intervino en ningún informe autorizado por el Ministerio Fiscal».

Durante la sesión de ayer del juicio de la operación Pipol, la sexta desde que comenzó el juicio el 23 de octubre, prestaron declaración como testigos siete agentes de la Policía. Todos ellos ratificaron la calificación del fiscal Antidroga y argumentaron que los implicados formaban parte de una red de tráfico de drogas entre Galicia y Asturias.



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31.10.06

 

Santano niega ahora ante la juez que avalara la eliminación de las referencias a ETA

 

31-10-06



11-M / El informe alterado

Santano niega ahora ante la juez que avalara la eliminación de las referencias a ETA


Afirma que Mélida no le comunicó qué decían las observaciones del informe de los tres peritos Hace un mes dijo que la supresión fue correcta y que «si volviera a ocurrir lo volvería a quitar»


MADRID.- Miguel Angel Santano, máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica, compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Su titular, la magistrada Gemma Gallego, investiga si los mandos policiales que intervinieron en la alteración de un informe pericial sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA incurrieron en un delito de falsedad documental.

La manipulación de ese informe fue desvelada por EL MUNDO el pasado 21 de septiembre. Fue entonces cuando trascendió que el informe elaborado por los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda del procesado Hasan Haski fue manipulado antes de su remisión al juez Del Olmo.
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Entre otras alteraciones, el informe enviado al instructor del 11-M no incluía las tres observaciones que hicieron constar los peritos. En ellas, mencionaban los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos.

El mismo 21 de septiembre, Santano hizo pública una nota -que también envió por fax a la Audiencia Nacional- en la que aseguraba que «cuando el comisario general [el propio Santano] fue informado del tema, le pareció correcta la remisión del informe íntegro, eliminando las observaciones, como así se hizo».

En una entrevista concedida días después a un medio del grupo Prisa, Miguel Angel Santano declaró que «si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar».

Ayer, sin embargo, el comisario tuvo que declarar como imputado y el tenor de sus manifestaciones fue diferente en cuanto a conocimiento de los hechos y en cuanto a la asunción de la responsabilidad.

Según el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, Santano arrancó diciendo que «tuvo conocimiento de lo que ocurrió con el informe pericial cuando leyó la noticia en EL MUNDO, el mismo día que firmó la nota, el 21 de septiembre» pasado.

Añadió que habló con el segundo jefe y secretario general, Pedro Luis Mélida, «que le comunica que ya ha sacado toda la información, que contrastan juntos».

Santano afirmó que fue entonces cuando «comprobó los dos informes», aunque matizó que el de los tres peritos «no es un informe en sí, sino un borrador». También Mélida le informó «de todos los hechos que ocurrieron».

El comisario general ratificó ante la juez que las observaciones hechas por los peritos en su informe no eran «más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno».

La juez le preguntó qué supo sobre los hechos cuando sucedieron, esto es, en marzo de 2005. El comisario general eludió el día 21 (que fue cuando los tres peritos entregaron el dictamen a su superior, el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez), y se remontó a dos días más tarde. «El 23 de marzo de 2005», consta en la declaración, «el funcionario que me sustituye [Mélida] me hace la comunicación de novedades, pues yo me encontraba de vacaciones, y me comunica que ha habido un problema con un informe que habían elaborado unos peritos y que, habiéndoseles comunicado que deberían modificarlo, se habían negado».

Según Santano, Mélida le dijo: «El tema está resuelto», y no le explicó el contenido de las observaciones. Cuando la juez quiso saber si preguntó de qué forma se había resuelto, respondió: «No recuerdo».

La representante del Ministerio Fiscal incidió en este punto. Santano manifestó: «No se me hizo saber que el informe era relativo al 11-M». «Seguramente», añadió, «me citarían el nombre de los peritos». Preguntado por si no le parecía extraño que le dijeran la identidad de los peritos y no de qué informe se trataba, el comisario general dijo que no. «Nunca he conocido que los peritos se nieguen a modificar los informes, por eso la novedad».

Santano se negó a contestar a las preguntas del abogado José María de Pablo, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y a las del letrado José Benítez, que actúa como acusación popular.

Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) salió ayer en defensa de Mélida, Santano y Ramírez, a los que considera «tres profesionales íntegros, víctimas de la voluntad política y mediática de utilizar este Cuerpo como arma arrojadiza». Asimismo, el SUP denuncia «la manipulación de la periodista» de EL MUNDO que firmaba una información el pasado sábado sobre que Mélida había admitido que se vulneraron las normas al alterar el informe ETA/11M. El sindicato considera que esta información «no se corresponde con la verdad».

«No sé si el perito que firmó el análisis lo hizo»

Refugiado en que las normas de calidad del laboratorio de ADN -al parecer, aplicables por extensión al laboratorio químico, «aunque no hay disposición» que lo diga», admitió- no avalaban el informe sobre el 11-M en el que se citaba a ETA, Santano tuvo que descalificar ayer el trabajo de tres de sus subordinados (Escribano, López y Manrique) para tratar de exculpar a su segundo, Pedro Mélida, y al responsable del laboratorio, Francisco Ramírez, firmante del dictamen mutilado que se envió al juez del 11-M.

Pese a ello, no pudo evitar la confrontación del comportamiento de estos últimos con esas mismas normas de calidad. «¿Dónde figura que quien no ha hecho un informe pericial pueda firmarlo?», se le preguntó. El comisario general dijo: «No sé si el perito que firmó el análisis de las muestras lo hizo».

«Si el análisis se hubiera hecho por alguien del laboratorio, lo consideraría correcto», dijo citando ante la juez sentencias del Supremo que, según manifestó, avalan que un perito certifique en un informe remitido al juez que ha hecho unas pruebas analíticas que, en realidad, no hizo.

Según él, en las normas de calidad no figura que un perito pueda firmar lo que no ha hecho, «pero tampoco lo contrario». «No es lo mismo un informe pericial que las pruebas analíticas, que son parte de un informe. El que firma el informe tiene que haber revisado las pruebas analíticas que figuran en él», explicó.



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Santano se desdice para eludir el banquillo

 

31-10-06


Impresiones

Santano se desdice para eludir el banquillo

La declaración ante la juez del jefe de la Policía Científica dejó ayer en evidencia flagrantes contradicciones entre su actitud como imputado y la que ha mantenido cuando EL MUNDO destapó hace un mes la falsificación del informe que vinculaba a ETA con el 11-M. Basta cotejar lo que Santano aseguró ayer con las respuestas que entonces dio en televisión y con su nota de respuesta a la información de EL MUNDO para concluir que ha faltado a la verdad. Dice Santano que en ningún momento avaló la eliminación en el informe de las referencias a ETA. Es más, asegura que lo único que su segundo le dijo en marzo de 2005 fue que unos peritos se habían negado a modificar un informe y añade que se enteró por EL MUNDO de los detalles de la manipulación y de que ésta guardaba relación con el 11-M. La versión a la que ahora parece haberse abonado Santano no se sostiene. Es impensable que su segundo le contara a medias un incidente tan delicado. En la nota de respuesta a nuestras revelaciones, el propio Santano reconoció que cuando fue informado «le pareció correcta la remisión del informe íntegro eliminando las observaciones» y ante Iñaki Gabilondo afirmó sin rubor y con uniforme -ayer acudió a declarar de paisano-: «Si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar». ¿Por qué ahora dice justo lo contrario? No cabe duda de que, al cambiar de versión, Santano intenta eludir el banquillo, pero todo acusado tiene derecho a mentir en su estrategia de defensa.


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El PSOE culpa a Acebes de que no se tradujeran 200 cintas del 11-M

 

31-10-06



El PSOE culpa a Acebes de que no se tradujeran 200 cintas del 11-M


AGUSTIN YANEL

MADRID.- El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, afirmó ayer que el secretario general del PP, Angel Acebes, debe aclarar por qué motivo no fueron traducidas al castellano las conversaciones telefónicas que mantuvieron varios islamistas, grabadas con permiso del juez Garzón en los últimos meses de 2003 y los primeros de 2004, antes de los atentados del 11-M.


Ayer, EL MUNDO desveló que más de 200 cintas magnetofónicas en las que están grabadas esas conversaciones permanecieron durante meses en la Comisaría General de Información, sin ser traducidas, porque el único traductor que trabajaba para la Policía se ocupaba de un caso de un marroquí residente en Tarragona que finalmente ni siquiera fue detenido.
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López Garrido pidió ayer a Acebes y al diputado popular Ignacio Astarloa que expliquen por qué motivo no había «suficientes traductores de árabe».

En su opinión, quien debe dar explicaciones en este caso, más que el juez, son quienes en aquella época eran responsables del Ministerio del Interior, en referencia al ex ministro Acebes y al ex secretario de Estado de Seguridad.

López Garrido subrayó que, debido al estado en que se encontraban esas cintas -muchas de ellas deterioradas y sin posibilidad de conocer su contenido-, ya no se podrá saber nunca si hubieran podido servir «para atajar alguna conspiración terrorista». «Es un hecho serio, una responsabilidad de la que tienen que dar cuenta quienes estaban al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», manifestó.


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Toro y Trashorras tenían la llave del local donde se halló dinamita

 

31-10-06



Toro y Trashorras tenían la llave del local donde se halló dinamita


GIJON.- El jefe de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía, que dirigió la investigación de la operación Pipol, declaró ayer que dos de los acusados, el ex minero Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro, tenían acceso al garaje donde se hallaron explosivos similares a los utilizados posteriormente en los atentados del 11-M, sumario en el que ambos constan también como imputados.

El mando policial, que compareció como testigo en la quinta sesión, explicó que la investigación se llevó a cabo basándose en escuchas telefónicas y que en una de ellas quedó constancia de que Toro, Trashorras y el prófugo José Fernández Díaz, Nayo, tenían las llaves del local. Según dijo, las Fuerzas de Seguridad llegaron a ese lugar buscando un alijo de drogas y se encontraron, además, con 16 cartuchos de dinamita Goma-2 ECO y 94 detonadores.
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El agente aseguró en su comparecencia que Toro era entonces «un gran traficante de cocaína» y que seguía las instrucciones del narco gallego Marco B. con «una sumisión exagerada». Esta afirmación fue corroborada por el secretario del atestado del caso, que afirmó que Toro «distribuía la coca, llevaba el dinero a Galicia y conducía los coches». «Toro y Barreiro son grandes traficantes de cocaína», apuntó.

El jefe del grupo de Estupefacientes de Gijón en 2001 testificó que los acusados utilizaban un lenguaje encriptado y hablaban de baterías de coches, cubiertas o amortiguadores «para referirse a droga». Y, para ratificar su argumentación, preguntó a uno de los letrados de la defensa «si alguna vez había visto a alguien ir a un baño de un bar a intercambiar una batería de coche».

Los tres agentes aseguraron que los acusados formaban una trama de venta de droga en Asturias, que adquirían en el sur de España y en Galicia, y que la droga que se vendía era fundamentalmente cocaína. Y ninguno de ellos se extendió sobre los explosivos que aparecieron en el garaje compartido por los acusados, dado que, según aclararon, la Jefatura sólo actuó por la venta de estupefacientes.


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El 'comando Dixan' asegura que usaba las sustancias incautadas para limpiar piscinas

 

31-10-06



11-M / Los antecedentes islamistas


El 'comando Dixan' asegura que usaba las sustancias incautadas para limpiar piscinas

Los seis acusados negaron su vinculación con una célula salafista francesa en el primer día del juicio Una plataforma de ciudadanos les defiende alegando que Aznar les 'convirtió' en terroristas

MADRID.- Los seis presuntos miembros del denominado como comando Dixan, aseguraron ayer, en el juicio que se inició contra ellos en la Audiencia Nacional, que utilizaban las sustancias que se les incautaron y que, según un informe del FBI, servían para fabricar «napalm casero», en su trabajo de limpieza de piscinas.

Los acusados, todos ellos de origen argelino, coincidieron en afirmar que carecían de elementos químicos en su domicilio, aparte de productos para la limpieza como lejía o detergente. Y negaron, asimismo, que conociesen a los detenidos en la operación contra una célula francesa de salafistas para la que, según la acusación, realizaban labores de infraestructura y de apoyo logístico.
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En sus declaraciones, los procesados Jamel Boudjelthi y Alí Kaoukalos, acusados de arrojar estas sustancias a la basura, tras la detención de los presuntos salafistas galos, sostuvieron que en diciembre de 2002, cuando supuestamente ocurrieron estos hechos, utilizaron uno de estos líquidos llamado Finish Kare para limpiar y arreglar una bañera.

El fiscal Enrique Rubira pide para el presunto líder de la célula, Mohamed Taharaoui, una pena de 32 años de prisión por conspirar para cometer delito de terrorismo, pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos. Para el resto de acusados, el Ministerio Público solicita 22 años de prisión por los mismos delitos salvo el de conspiración.

El presunto líder de la célula negó la acusación del fiscal de que poseía un teléfono móvil Trium con dos orificios en la parte superior, que serviría para activar artilugios explosivos, con un sistema similar al utilizado en los atentados del 11-M en Madrid o en los ataques de Al Qaeda en Bali en 2002. Taharoui aseguró que su teléfono móvil era de otro modelo y de otra marca diferente.

Taharaoui rechazó también que tuviese en su poder otros aparatos electrónicos que sirviesen para cometer atentados que presuntamente entregó a la célula salafista francesa. Y negó haber mantenido reuniones en 2002, en Barcelona, con el presunto terrorista detenido en Francia Said Mohamed Arif, a quien Taharaoui dijo que ni siquiera conocía, para preparar un atentado contra una base militar del sur de España.

Al comienzo del juicio, una decena de miembros de la plataforma Aturem la Guerra de les Comarques Gironines fueron obligados por el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, a ocultar sus camisetas con lemas de apoyo a los procesados. Estas personas repartieron un escrito al público que asistió al juicio, en el que se afirma que los acusados fueron convertidos en «terroristas islamistas», con «armas de destrucción masiva, por Aznar para justificar su apoyo a Bush en la Guerra de Irak y justificar la participación española en ella».


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30.10.06

 

200 cintas grabadas por Garzón a los islamistas estaban sin traducir el 11-M

 

30-10-06



11-M / Estuvieron amontonadas sobre una mesa de la UCIE y parte de ellas estaban deterioradas cuando el juez las reclamó en septiembre de 2004 / Había charlas telefónicas de 'El Tunecino', 'El Egipcio' y 20 radicales más

200 cintas grabadas por Garzón a los islamistas estaban sin traducir el 11-M


FERNANDO LAZARO

MADRID.- Más de 200 cintas de casete apiladas en varios montones sobre una mesa de las dependencias de la Comisaría General de Información, en concreto, en la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Todas, pertenecientes a grabaciones realizadas por la Policía con autorización del juez Baltasar Garzón a varios de los implicados en los atentados del 11-M, de Casablanca y de la célula desarticulada cuando trataba, presuntamente, de volar la Audiencia Nacional. Y esas cintas se acumularon en las dependencias policiales meses antes de que se produjera la masacre de Madrid.

La grabaciones estaban sin traducir porque el único traductor que actuaba para la Policía estaba centrado, al igual que los expertos en la lucha contra el terrorismo internacional, en un ciudadano marroquí asentado en Tarragona y sobre el que se había recibido información de su alta peligrosidad desde Gran Bretaña.Ese ciudadano nunca fue detenido por delitos relacionados con terrorismo.

Desde septiembre de 2003 se le dio prioridad a esta investigación de Tarragona y se abandonaron las pesquisas que en ese momento se estaban realizando sobre los ya entonces denominados miembros del grupo de Lavapiés, entre los que estaban algunos de los presuntos implicados en el 11-M.
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Las cintas permanecieron en estas dependencias policiales hasta que, en septiembre de 2004, el juez Baltasar Garzón se las reclamó a la Comisaría General de Información.

Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, fueron muchas las cintas magnetofónicas que estaban ya deterioradas y no se podían escuchar las conversaciones intervenidas.

El juez renovó los permisos pese a que las grabaciones anteriores no eran traducidas, según le informaron al magistrado, «por razones técnicas».

Previamente, tras la matanza de Madrid, el juez requirió a la Unidad Central de Información Exterior que le remitiera un informe sobre el estado de las indagaciones sobre los sospechosos islamistas que estaban siendo investigados por su juzgado. El magistrado tuvo que insistir a la UCIE para que le remitiera el informe.

Ya desde septiembre de 2002, los agentes de la Comisaría General de Información estaban sobre la pista de un grupo de islamistas radicales, compuesto fundamentalmente por ciudadanos de nacionalidad marroquí. A esta célula la llamaron grupo de Lavapiés.

Sus integrantes tenían una visión radical del islam, se reunían periódicamente en una mezquita del sur de Madrid y en locales del madrileño barrio de Lavapiés. Su objetivo eran los herejes y los infieles.

Un mes después, la Policía logró acotar algo más las sospechosas intenciones de este grupo. Estaba delimitado perfectamente, con estrictas medidas de seguridad en las comunicaciones entre ellos.La dirección y el rol de cada uno de los integrantes estaban perfectamente definidos.

Los agentes tenían constatada ya su «peligrosidad»: los sospechosos hablaban de que para hacer la yihad no hacía falta ir a Bosnia ni a Afganistán o cualquier otro territorio musulmán que consideraran ocupado por infieles.

Apostaban por atacar a los herejes en Marruecos o en España, sin distinción de país.

En ese momento ya se produjo un punto de inflexión en las actuaciones policiales. Los investigadores acudieron a la Audiencia Nacional con nombres, direcciones, vehículos y teléfonos. Y ya se pidió autorización para la intervención telefónica de los números utilizados por los sospechosos.

La actuación policial no fue, como es habitual, a través de Tepol al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional para que fuera a reparto. Los agentes acudieron directamente al magistrado Baltasar Garzón, ligando estos datos del grupo de Lavapiés con el sumario 35/01 sobre la operación Dátil.

El juez instructor autorizó las intervenciones telefónicas en el marco de unas diligencias previas nuevas, las 396/02, fuera del anterior sumario, ya que no había vinculación.

En esos momentos, los investigadores tenían centrados a numerosos integrantes de ese grupo. Varios de ellos se presume que participaron en los atentados de Casablanca y en la masacre de Madrid el 11-M, y otros formaban parte de la célula islamista que se supone que preparaba un atentado contra la Audiencia Nacional.

Así, en el marco de la denominada operación Esfera (anteriormente denominada Sancristóbal) se controló a Mustapha Maymouni, actualmente en prisión por su relación con los atentados de Casablanca.

También figuraba Mohamed Ouazzani, presuntamente implicado con el comando que pretendía volar la Audiencia Nacional y que fue desarticulado en la operación Nova.

En los informes policiales figuraba también uno de los presuntos líderes de la célula autora del 11-M, Serhane ben Abdelmajid, El Tunecino.

También se controló a Mohamed El Egipcio, otro de los presuntos máximos responsables de la masacre de Madrid. Otro de los procesados por esta matanza, Mohamed Larbi ben Sellam, también era seguido desde entonces por la Policía. Está procesado por el 11-M. Otro integrante de la célula desmantelada en la operación Nova, Faissal Allouch, también estaba bajo vigilancia de los agentes de Información desde finales de 2002.

A partir de ese momento, todos los datos sobre las actuaciones de este grupo fueron a parar a manos del juez Garzón. Hasta 20 teléfonos fueron intervenidos. Se le pasaban informes periódicos al juez del avance de las investigaciones.

Durante meses, los teléfonos de algunos de los principales implicados en el 11-M estuvieron pinchados con autorización del juez instructor de la Audiencia Nacional.

La estructura del grupo, las filiaciones de sus miembros, sus domicilios, sus vehículos, sus negocios, mezquitas donde se reunían...todo, según explicaron fuentes de la investigación, estuvo en el juzgado de este magistrado.

Es tras el atentado de Casablanca, en mayo de 2003, cuando el juez convierte las diligencias previas 396/02 en el sumario 9/03.Tras esta masacre, la Policía marroquí detuvo a Mustapha Maymouni, al que la Policía española consideraba como el líder del grupo de Lavapiés.

Pese a este atentado en tierras marroquíes, ni desde la Policía ni desde el juzgado de Baltasar Garzón se tomaron más iniciativas ni se decidió actuar contra esta célula, estrechamente relacionada con Maymouni.

De hecho, ni las vigilancias sobre los sospechosos se incrementaron, según explicaron las mismas fuentes.

En septiembre de 2003 se tuvo conocimiento de que en Tarragona había un ciudadano llamado Mohamed Berzizoui que podría formar parte del terrorismo islamista, según la información facilitada por un servicio secreto extranjero.

Pese a que no había vínculos conocidos entre este sospechoso y los integrantes del grupo de Lavapiés, es de nuevo el juez Baltasar Garzón el que se hace cargo también de estas pesquisas y autoriza la intervención de su teléfono en el marco del sumario abierto por el atentado de Casablanca.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, y enero, febrero y marzo de 2004, toda la actividad del grupo que estaba controlando a los de Lavapiés se trasladó a Tarragona para controlar exclusivamente a este sospechoso.

Pinchazos sin traducción

Por ello, se dio prioridad a la traducción de las conversaciones del teléfono de este sospechoso, aunque se siguieron pinchando ininterrumpidamente los teléfonos de Lavapiés, pero no traduciendo las conversaciones que se captaban.

Pese a que las pesquisas estaban centradas en Tarragona y el seguimiento a los de Lavapiés se había semiabandonado, el juez siguió prorrogando las escuchas sobre los integrantes de esta célula.

Finalmente, las pesquisas sobre Berzizoui no fueron a ningún sitio, y nunca fue detenido en España. Pero, por este motivo, sí se estuvo durante cinco meses, los cinco meses previos al atentado del 11-M en Madrid, interviniendo los teléfonos de algunos de los principales implicados en la masacre de Madrid, pero siempre sin llegar a traducir las conversaciones.

De esta forma, todo el trabajo de prevención de atentados terroristas internacionales en España fue baldío, y no se llegó a aprovechar ni la orden judicial de intervención telefónica, ni el trabajo policial realizado a tal efecto.


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LAS CINTAS, OTRA NEGLIGENCIA MAS DE LA POLICIA Y DE GARZON

 

30-10-06



EDITORIAL

LAS CINTAS, OTRA NEGLIGENCIA MAS DE LA POLICIA Y DE GARZON


La investigación sobre el 11-M que está llevando a cabo EL MUNDO tiene dos caras distintas: de un lado, el esfuerzo por desvelar los enigmas sin aclarar o los hechos cuya versión oficial no es convincente. Del otro, el examen de la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad y del sistema judicial en la persecución de la trama islamista que participó en la masacre.

No faltará quien a continuación objete que EL MUNDO incurre en una contradicción: apuntar a la trama islamista cuando en otras ocasiones hemos señalado hacia otras hipótesis. No hay tal contradicción porque la implicación islamista es compatible con otra trama superpuesta o complementaria. De lo que no hay ninguna duda es de que un grupo de islamistas participó en los atentados del 11-M bien como autores materiales, bien como cortina de humo.Nunca hemos negado esta evidencia.
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Nuestro periódico aporta hoy una importante revelación que tiene mucho más que ver con ese segundo aspecto de la ineficacia policial y judicial en la prevención del macroatentado de Madrid. El MUNDO publica que más de 200 cintas con conversaciones grabadas de implicados en la masacre y personas de su entorno permanecieron durante muchos meses sin traducir en las dependencias policiales.

Esas cintas contenían conversaciones de El Tunecino, El Egipcio y Mohamed Larbi, tres personas clave en el 11-M. Fueron grabadas por orden del juez Baltasar Garzón en los últimos tres meses de 2003 y en los primeros de 2004. Esos y otros fanáticos musulmanes hablaban entonces de la necesidad de llevar la guerra santa a Occidente. Pero seis meses antes de la masacre, la Policía dejo de traducir ese material por falta de medios para centrarse en un supuesto líder islamista de Tarragona.

Nunca sabremos si de haberse traducido esas cintas a tiempo se habría podido evitar el 11-M, entre otras razones, porque buena parte de ellas quedaron tan deterioradas que nadie pudo escuchar ya su contenido. No es más que una conjetura, pero el hecho es que permanecieron amontonadas en un despacho. Garzón las reclamó seis meses después del 11-M y en el día de hoy no sabemos qué ha hecho con esas cintas. ¿Se las ha remitido, como sería lógico, al juez Del Olmo?

No estamos diciendo que el juez Garzón sea el único responsable de esa negligencia, ya que la Policía Nacional carecía entonces de traductores de árabe, entre otras muchas carencias para prevenir el terrorismo islámico. Pero sí se le puede reprochar la falta de diligencia en los muchos asuntos que instruye, su escaso rigor y tenacidad y, en este caso concreto, su fallo en la valoración de la importancia de las cintas.

En el año 2003, Garzón obtuvo cuatro permisos para ausentarse de España y, al año siguiente, otros cinco. Alguno de ellos, de más de una semana. Si en lugar de dedicarse al estrellato mediático, el juez hubiera dedicado más atención a los asuntos que instruía, tal vez habría investigado con más acierto sumarios como los del terrorismo islámico, auténticos ejemplos de chapuza judicial.

Lo dicho vale para la actuación de la Guardia Civil en Asturias, que obró con muy poca diligencia para investigar los chivatazos sobre Toro y Trashorras cuando éstos estaban procesados por tenencia ilícita de explosivos.

El cierre del sumario del 11-M no va a permitir profundizar en los muchos errores y negligencias cometidas por las Fuerzas de Seguridad y el sistema judicial. La propia actitud -realmente inaudita- de Garzón en el sumario de los peritos revela sus ansias por contribuir a dar carpetazo a todo lo que tenga que ver con el 11-M para diluir así las huellas de sus muchas equivocaciones.Pero El MUNDO seguirá hasta el final la investigación de la masacre, tanto en lo que atañe a quienes fueron los autores materiales y a quienes les indujeron a actuar como a los fallos del aparato del Estado.



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EL INFORME 11-M / ETA La ley y las normas de calidad

 

30-10-06


EL INFORME 11-M / ETA

La ley y las normas de calidad


El autor, uno de los mayores expertos en Europa en la normativa sobre control de calidad, cuestiona desde una perspectiva técnica la validez del informe que firmó el jefe de sección de la Comisaría General de la Policía Científica, Francisco Ramírez

FERNANDO PEREGRIN

Hemos visto en un artículo anterior (*) que, en el ámbito de las normas internacionales sobre el aseguramiento y control de calidad, no se sostiene la consideración de borrador que se ha querido dar al informe original de los peritos que recibieron las muestras del ácido bórico y realizaron los ensayos químicos pertinentes, emitiendo en consecuencia un informe del resultado en el que se detallaron las técnicas analíticas que condujeron a dicho resultado.

Tampoco se sostienen los procedimientos irregulares seguidos por ciertos responsables del laboratorio para cambiar unas observaciones que figuraban en el documento original y que se juzgaron por parte de dichos responsables como improcedentes, cuando no erróneas.

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Ahora bien, ¿se podría considerar, con las oportunas salvedades, el informe original de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, a efectos de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), como un borrador del informe pericial que finalmente emitió y firmó el jefe de sección de la Comisaría General de la Policía Científica, Francisco Ramírez?

Si así fuese, se podría admitir que, aunque no se han respetado las más elementales normas de aseguramiento y control de calidad de carácter internacional relativas a los laboratorios de ensayo, al menos cabría la interpretación de que el informe original es un documento técnicamente válido según las reglas de todos los sistemas de calidad vigentes, pero que sólo ha servido, dadas las observaciones que en él se incluían, como borrador para el informe final, que es el único oficial y el único que tiene, según los responsables de la Policía Científica, la consideración de informe pericial.

El primer escollo para esta interpretación de lo actuado por el señor Ramírez -con, al parecer, el consentimiento de sus superiores- podría provenir del artículo 459 de la LECr, que dice textualmente que «todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos» (en este caso no se puede tomar en consideración, por razones obvias, la salvedad que hace la ley para la circunstancia en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuese posible la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario).

El informe que emitió el señor Ramírez lleva sólo su firma, por lo que, en principio, parece que carece de validez como informe pericial; y se daría además la incongruencia de que el pretendido borrador, por el contrario, va firmado por tres peritos. Empero, hay sentencias del Tribunal Supremo que permiten que se emitan y firmen informes periciales por un responsable de la unidad técnica o científica que ha realizado el peritaje. Sirva como ejemplo una bien reciente, la sentencia 1302/2005. En ella se puede leer:

«Precisamente, por las condiciones de laboratorio público, dotado de la imparcialidad que caracteriza la función de la Administración pública y por la naturaleza oficial del laboratorio, que incorpora a varios profesionales que trabajan en el mismo, la jurisprudencia de esta Sala ya admitió que los informes periciales firmados por una persona, como responsable del laboratorio oficial, rellenaban la exigencia de pluralidad de peritos que exige el artículo 459 para las causas tramitadas en el procedimiento ordinario por delitos».

Obsérvese que esta sentencia, como otras, se refiere a informes periciales firmados por responsables de laboratorios u otros departamentos e instituciones de la Administración pública, a la que se le supone imparcialidad. Es decir, que el responsable debe firmar como tal y no como autor de unos ensayos u otras actuaciones que no ha llevado a cabo. Sin embargo, para que estos informes se puedan considerar periciales, han de cumplirse unos requisitos, tal y como se especifica, más adelante, en esta misma sentencia:

«En el presente procedimiento, el Ministerio Fiscal, en el escrito de acusación, comprendió en su relato la naturaleza y cantidad de las sustancias aprehendidas tal y como aparecían en los folios 33 a 36, que documentaban el informe emitido por la dependencia de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en el que constan la intervención de distintas personas que han intervenido en la cadena de custodia de la sustancia tóxica y la identificación de la sustancia tras la analítica realizada. Dicho Ministerio Fiscal propuso, como medio probatorio documental, todos los folios de las actuaciones».

Para que tenga validez de informe pericial el firmado por un responsable y no por los autores del acto pericial en sus diferentes etapas o procesos, es necesario que en dicho informe conste la intervención de las distintas personas que han intervenido en la cadena de custodia de la prueba material objeto del peritaje y en el acto de su identificación tras la analítica realizada, caso de ser ésta pertinente y necesaria. Y que, además, sea posible probar documentalmente todas y cada una de esas actuaciones.Lo cual es, además, lo que se exige en el artículo 478 de la LECr.

Difícilmente se puede argüir que lo sucedido en el llamado caso del ácido bórico se corresponde con la jurisprudencia del Supremo relativa a los informes periciales, pues las irregularidades denunciadas ante el Juzgado de Instrucción que se ocupa de este caso han dañado seriamente la llamada cadena de custodia de la prueba, que no se ha roto del todo precisamente porque los peritos Escribano, López y Manrique han conservado la documentación necesaria para permitir, a posteriori y una vez exigida esta reparación por la juez Gemma Gallego, recuperar la trazabilidad del proceso y, por ende, mantener la cadena de custodia. En suma, que la jurisprudencia actual del Supremo está, en estas cuestiones que contemplamos, en completa sintonía con todos los sistemas europeos e internacionales de aseguramiento y control de calidad relativos a los laboratorios de ensayos.

Otra cuestión que se ha sacado a la luz es la de si la titulación del señor Ramírez era la adecuada para firmar como autor de la analítica -aunque no la hubiese realizado- el informe pericial que se ha presentado por los máximos responsables de la Comisaría de General de la Policía Científica como informe oficial o informe pericial final. Esta posible discusión tiene, como todo el caso que analizamos, dos facetas.

Una, la legal; esto es, lo que dictan la LECr y las correspondientes sentencias tocantes a esta cuestión. De hecho, la LECr, en su artículo 457, define a los peritos de forma que puedan ser o bien titulares, en virtud de que están en posesión de un título oficial de una ciencia o arte cuyo oficio esté reglamentado por la Administración o bien no titulares, que son aquellos que, careciendo de título oficial -y, por extensión, que tuviesen una titulación no relacionada con el objeto de su peritaje-, tienen, sin embargo, conocimiento o práctica especiales en alguna ciencia o arte.

Curiosamente, y con anterioridad, en el artículo 356 se requiere que, para las operaciones de análisis químico que exija la sustanciación de los procesos criminales, éstos sean practicados por doctores en Medicina, en Farmacia, en ciencias fisicoquímicas o por ingenieros que se hayan dedicado a la especialidad química, aunque en la continuación del texto de ese mismo artículo se precisa que si no hubiere doctores en aquellas ciencias, podrán ser nombrados licenciados que tengan los conocimientos y práctica suficientes para hacer dichas operaciones. En suma, que la titulación del señor Ramírez es de las denominadas de ciencias y, en principio, dada la titulitis que padece mucha de nuestra legislación, este funcionario estaría plenamente capacitado para que se le considerara como perito titular.

La segunda faceta del asunto de la titulación necesaria y suficiente para emitir y firmar informes periciales tiene que ver otra vez con las normas del sistema de aseguramiento y control de calidad que rijan en el laboratorio Químico-Toxicológico de la Policía Científica española. En particular, en lo que se fije en el apartado o capítulo de requisitos técnicos del personal del laboratorio.Las normas internacionales sobre sistemas de aseguramiento y control de calidad -en particular, las de aplicación en los laboratorios de análisis y calibración (UNE-EN ISO/IEC 17025 o la anterior, EN 45001, complementada con la Guía ISO/IEC 25)-, más que en las titulaciones oficiales se centran en la capacitación del personal de un laboratorio para realizar las distintas tareas que son de su competencia. Capacitación -teórica y práctica- que debe estar siempre convenientemente puesta al día y justificada mediante la oportuna documentación.

Así, pongamos por ejemplo, una licenciatura en Ciencias Químicas no siempre es suficiente para que quien la tenga -sin más formación teórica ni práctica, o ambas- pueda ser considerado capacitado para ejecutar determinadas técnicas analíticas que requieran de unos conocimientos y unas pericias muy concretas y extraordinariamente complejas (lo que no es el caso, dicho sea de paso, de la identificación de una sustancia tan común y conocida como es el ácido bórico).

Quizá este caso del ácido bórico pueda servir, entre otras cosa, para que los legisladores adecúen las leyes y la Administración, sus funciones y servicios, al cambiante mundo de la gestión basada en el aseguramiento y control de la calidad, una de las claves del desarrollo exponencial de industrias y servicios en las sociedades en las que la ciencia y la tecnología son el motor principal de sus economías.

Fernando Peregrín fue presidente de un comité técnico del Comité Europeo de Normalización, relacionado con sistemas de calidad en el sector de la sanidad.

(*) Segunda parte del artículo Con la excusa de la calidad, publicado en EL MUNDO el pasado sábado.



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Ramírez vulneró la «trazabilidad»

 

30-10-06



IMPRESIONES

Ramírez vulneró la «trazabilidad»


Fernando Peregrín, ex presidente del Comité Técnico del Comité Europeo de Normalización, analiza hoy en un excelente artículo en nuestro periódico -la segunda parte del publicado el pasado sábado- si el proceder de Francisco Ramírez, jefe de los peritos, se ajustó a las normas de calidad cuando decidió firmar el análisis sobre el ácido bórico que habían realizado sus subordinados.Peregrín concluye que su conducta vulneró esas normas de calidad al firmar un análisis cuyas muestras no habían estado bajo su custodia y cuyas pruebas no había realizado. Peregrín hablaba en su primer artículo del concepto de «trazabilidad», que supone documentar todas las operaciones que conducen al informe final sobre los resultados. Ramírez no respetó esa «trazabilidad» y asumió como suyos ante el juez los resultados de unas pruebas que no había realizado. No puede estar más clara la irregularidad, que desmonta las falacias de los jefes de la Policía Científica.


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ETA dio de plazo hasta fin de mes para el preacuerdo de la mesa de partidos

 

30-10-06



ALTO EL FUEGO / Las condiciones de la banda

ETA dio de plazo hasta fin de mes para el preacuerdo de la mesa de partidos


Antes del robo de las armas todo estaba preparado para plasmar esta semana en un documento las 'bases sólidas' de la futura negociación de un nuevo marco político y jurídico para el País Vasco


ANGELES ESCRIVA

MADRID.- ETA dio un plazo para que los partidos cerraran un preacuerdo sobre la mesa política, plazo que se iniciaba sobre el pasado día 20 y que concluía al finalizar octubre. El robo de armas en Francia y las declaraciones que este acto delictivo ha provocado pueden estar influyendo en la marcha de este aspecto del proceso pero, según los datos en poder de los expertos antiterroristas, PSE, Batasuna y PNV tenían hasta el miércoles, aproximadamente, para ultimar las negociaciones que vienen realizando de manera secreta desde hace semanas.

Socialistas y nacionalistas aseguran desconocer la existencia de dichos límites temporales. La banda terrorista puede habérselos hecho llegar únicamente a Batasuna y no hay una lectura clara de cuál será el siguiente paso de ETA si alrededor de la fecha señalada no se vislumbran ciertos resultados.

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De hecho, a escasos días de que finalice el mes, los dirigentes del PSE consultados aseguran que cualquier cuestión relativa a la preparación de la mesa de partidos sigue totalmente abierta y que las negociaciones no están lo suficientemente avanzadas como para que se produzca un anuncio inminente.

Sin embargo, los nacionalistas sostienen que el contenido del preacuerdo está prácticamente perfilado y reconocen que, antes del robo, estaban convencidos de poderlo cerrar hacia mediados de semana.

La idea es que el resultado de las conversaciones mantenidas se plasme en un documento en el que se establecerán las «bases sólidas» sobre asuntos políticos de fondo con un calendario estimativo sobre cuál puede ser el margen temporal para llevarlos a cabo; un calendario que sólo podría empezar a correr, según las fuentes consultadas, en el momento en el que Batasuna sea legalizada y cuando se produzca una total «ausencia de violencia».

En cualquier caso, independientemente de las fechas en las que se cierre el preacuerdo, la mesa oficial y pública no se constituirá probablemente hasta el verano, con el fin de orillar las tensiones que pudieran surgir por la celebración de los comicios municipales.

El contenido y la convocatoria de la mesa de partidos se ha convertido en estos momentos en la delicada piedra angular del proceso y su preparación está requiriendo de decisiones que hace pocos meses se hubieran tenido por imposibles.

El esquema de dos mesas establecido por Batasuna en el velódromo de Anoeta -una entre el Gobierno y la organización terrorista ETA para hablar de asuntos militares como presos y armas y otra entre los partidos para abordar cuestiones políticas- provocó que, incluso antes del anuncio de alto el fuego, los representantes de las formaciones políticas vascas mantuvieran reuniones bilaterales para preparar la segunda de éstas.

Así como la mayoría de los partidos reconocieron estar manteniendo encuentros con Batasuna, los socialistas negaron que ellos estuvieran secundando estas iniciativas. Pero sí consideraron conveniente hacerlo para superar los obstáculos surgidos en el mes de julio, después de que varios miembros de la formación ilegalizada hubieran sido llamados a declarar por los jueces de la Audiencia Nacional.

Tras esa escenificación pública, mantuvieron algunos encuentros en privado que tuvieron que ser reforzados a principios de septiembre después del comunicado que la banda terrorista hizo público advirtiendo de que el proceso estaba en un momento de «crisis», y apuntando la necesidad de ir consolidando la vía política.

Se creó una situación de bloqueo porque tanto socialistas como nacionalistas recordaron que Batasuna no podría participar en la mesa política mientras no efectuase los trámites para conseguir ser legalizada, y el portavoz de esta formación, Arnaldo Otegi, pidió la firma de un preacuerdo como forma de superar el bache del momento.

La gestación de ese preacuerdo se ha estado produciendo desde entonces con los encuentros secretos habidos entre PSE, Batasuna y PNV, que en realidad son los tres únicos partidos imprescindibles para la creación de la mesa política.

Según las fuentes consultadas, en estas reuniones no se ha hablado únicamente de reglas de funcionamiento de la futura mesa pública -tales como si la presidencia ha de ser rotatoria o si las decisiones han de ser adoptadas de manera transversal-, sino que se ha entrado en asuntos de fondo -el derecho a decidir o las relaciones entre Euskadi y Navarra-, con el fin de encauzarla del modo más ajustado posible.

Se encuentre el preacuerdo en una fase avanzada, tal como indican en el PNV, o se encuentre en una fase menos definida, tal como indican los socialistas, los hechos de los últimas jornadas parecen haber enrarecido el ambiente y sugieren dificultades cuyo alcance tendrá que ser aclarado en los próximos días.

No en vano, tras el robo de 350 armas en Francia por parte, presuntamente, de ETA y la advertencia efectuada por el presidente el pasado miércoles, Arnaldo Otegi, puso el sábado otras dos condiciones -la legalización de Batasuna y la anulación de la doctrina Parot- a la del preacuerdo para desbloquear la crisis.



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¿Por qué lo llaman 'proceso de paz' cuando quieren decir negociación política?

 

30-10-06



IMPRESIONES

¿Por qué lo llaman 'proceso de paz' cuando quieren decir negociación política?


¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? es una comedia española de los noventa que desde su título ponía de relieve la habitual utilización de términos políticamente correctos para denominar realidades más crudas. Desde luego las conversaciones del Gobierno con ETA nada tienen de comedia, pero tal y como se están desarrollando los acontecimientos, resulta irresistible trazar un paralelismo con el título de aquel filme: ¿por qué el Gobierno llama proceso de paz a lo que cada día descubrimos que es ya una negociación política del máximo calado? Tal y como publicábamos ayer y continuamos precisando hoy, el PSE, Batasuna y el PNV se han estado reuniendo en secreto para gestar un preacuerdo que pusiera en marcha la mesa de partidos propuesta por la formación ilegal en Anoeta. Si existía un temor justificado de que en esa mesa ajena al Parlamento se tomaran decisiones que afectarían al modelo de Estado y a las instituciones vascas, hoy sabemos que la realidad es aún peor que esas expectativas, pues ya en esos encuentros se ha discutido algo más que las reglas de funcionamiento de la mesa: cuestiones de fondo como el derecho de autodeterminación o las relaciones entre Euskadi y Navarra han sido debatidas entre las tres formaciones, con una ETA a la expectativa de los resultados.La banda armada de hecho dio de plazo hasta final de este mes para que los partidos cerraran el preacuerdo. Ahora parece que el robo de pistolas en Francia ha frenado -que no detenido, tal y como recordó el Gobierno- esa negociación. Lamentablemente, el Ejecutivo parece dispuesto a hacer la vista gorda ante cada escollo con tal de mantener viva su criatura.


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El PP exige explicaciones por la «mesa secreta» con Batasuna

 

30-10-06



ALTO EL FUEGO / Las reacciones

El PP exige explicaciones por la «mesa secreta» con Batasuna


Los 'populares' pedirán la comparecencia de Zapatero en el Congreso para que dé cuenta de «lo que está haciendo con ETA»

MADRID.- El secretario general del PP, Angel Acebes, anunció ayer que su partido pedirá la comparecencia «inmediata» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el Congreso de los Diputados para que «explique de una vez por todas a los españoles lo que está haciendo en la mesa secreta con ETA-Batasuna».

En un acto de presentación de candidatos a la alcaldía de 16 municipios del sur de Madrid en Fuenlabrada, Acebes acusó a los socialistas de estar negociando «en secreto» el futuro de España, del País Vasco y de Navarra en una «mesa secreta e infame con los terroristas».

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Acebes recordó a Zapatero que no tiene mandato para hacer esas negociaciones y que, cuando se presentó a las elecciones, no dijo a los españoles «que iba a entregar una llave de la soberanía popular a ETA-Batasuna». Según informó ayer este periódico, PSE, PNV y Batasuna estudian en secreto una fórmula de doble llave que implique la obligación de pactar todas las decisiones entre el Estado y el País Vasco.

El responsable del PP dijo que ese proceso «únicamente significa entregar la llave de la decisión y del futuro de más de 40 millones de españoles a ETA, Batasuna y los terroristas». En este sentido, advirtió de que «aquí no hay más llave que la de la soberanía del conjunto del pueblo español», y consideró necesario «poner punto y final a ese mal llamado proceso de paz» que, según él, «no es otra cosa que lo que hoy [por ayer] anuncian los periódicos, la mesa de la negociación política, la entrega del precio político a ETA de todos sus objetivos habiendo puesto encima de la mesa las 350 pistolas que robaron el otro día».

Por ello, acusó a Zapatero de mentir cuando anunció que había acreditado la voluntad inequívoca de ETA de dejar las armas porque «lo único que se ha acreditado, tras robar 350 pistolas y la munición correspondiente, es la voluntad inequívoca de rearmarse y de utilizarlas para la rendición de España y del Estado de Derecho».

El dirigente del PP señaló que, esta semana, «ETA ha ido cantando victoria día tras día», en referencia al acuerdo del Parlamento Europeo, la rebaja de la petición de pena por la Fiscalía al etarra José Ignacio De Juana Chaos, el robo de 350 pistolas o la negociación política secreta mencionada. En el caso del Parlamento Europeo, que aprobó esta semana una resolución socialista de apoyo al proceso de paz emprendido por Zapatero, consideró que «llevando al ámbito internacional el debate entre esa falsa crisis entre España y el País Vasco, ETA ha logrado uno de los objetivos que más ha pretendido en los últimos 30 años»


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Piden hasta 32 años para la 'célula Dixan'

 

30-10-06


Piden hasta 32 años para la 'célula Dixan'


MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá entre 22 y 32 años de prisión para seis presuntos miembros de una célula islamista, conocida como 'comando Dixan', detenidos en Cataluña en 2003 y en cuyo poder se hallaron sustancias que, según el FBI, sirven para fabricar 'napalm' casero.

En el juicio que comenzará hoy, el fiscal sostendrá que uno de los acusados, Mohamed Taharaoui, formó una «célula terrorista de carácter integrista islámico» con Smail Boudjelthi, Ali Kaouka, Souhil Kaouka, Mohamed Amine Benaboura y Mohamed Nebbar.

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El grupo, según la Fiscalía, «tenía como finalidad prestar apoyo logístico y de infraestructura a la célula terrorista francesa constituida por Merouane Benahmed, considerado 'el químico' o 'el artificiero'».

En el piso de Taharaoui se encontraron elementos «que componen el aparato de ignición utilizado en los artilugios explosivos», además de un teléfono móvil de la marca Trium con dos orificios en su parte superior, parecido a los usados en los atentados que Al Qaeda en Bali y en el 11-M.

La célula recibió el sobrenombre de 'comando Dixan' por el carácter supuestamente inocuo de las sustancias que se le intervinieron, circunstancia avalada por un informe que aseguraba que entre ellas había detergente y ralladura de coco.



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29.10.06

 

Hallan un listado con datos sobre concejales y policías en la 'herriko taberna' de Zarauz

 

29-10-06



ALTO EL FUEGO / La estrategia 'abertzale'

Hallan un listado con datos sobre concejales y policías en la 'herriko taberna' de Zarauz


La documentación señala los domicilios de los ediles de PNV y EA, sus vehículos y lugares de aparcamiento, y apuntes sobre sus costumbres

ELENA P. IRIARTE

VITORIA. - El registro de la herriko taberna de Zarauz, realizado esta semana en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo para inventariar los bienes de Batasuna y proceder a la liquidación de su patrimonio, permitió a la Guardia Civil localizar un completo informe sobre los concejales de la coalición PNV-EA y siete policías municipales de la localidad guipuzcoana.

La documentación incluye datos personales de los 15 ediles y los citados funcionarios, entre los que figuran sus domicilios y los de algunos de sus familiares, sus vehículos y los lugares donde suelen aparcarlos, así como apuntes sobre sus costumbres cotidianas. Recoge, además, indicaciones para facilitar a personas ajenas a la localidad encontrar las diferentes ubicaciones descritas. La información está acompañada por «detalles» que «superan la información pública accesible a cualquier persona», según constató después el propio Ayuntamiento.
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El registro fue realizado el pasado 23 de octubre. Cuatro dotaciones de la Guardia Civil acudieron a la herriko taberna donde, tras identificar a las personas que allí se encontraban, procedieron a inventariar los bienes existentes acompañados por un secretario judicial. En el transcurso del recuento, los agentes hallaron la citada documentación y decidieron paralizar el registro al valorar que la misma podía constituir un delito de terrorismo, competencia de la Audiencia Nacional. El hallazgo fue comunicado a este órgano jurisdiccional, que se hizo cargo del caso.

La Delegación de Gobierno comunicó el pasado jueves la existencia de los informes al Ayuntamiento de Zarauz, cuya Junta de Portavoces emitió ayer un comunicado en el que hacía públicos los hechos y emitía una condena.

En el texto, aprobado por todos los grupos a excepción del PP, el Consistorio denuncia la que denomina «nueva acción de presión y coacción de la izquierda abertzale» y reclama «una vez más» a este sector que «cese en su intimidaciones y amenazas a los ediles de la coalición nacionalista».

La Corporación justifica su decisión de hacer pública la aparición de los informes para que «nadie se llame a engaño en el municipio» y para evitar que, «como siempre en estos últimos años, la izquierda abertzale se haga la víctima y traspase a los demás sus responsabilidades políticas».

Contra la 'kale borroka'

Finalmente, reclama un «verdadero» compromiso por la paz a quienes «diseñan las campañas de kale borroka y mantienen una estrategia de tensión y coacciones».

Junto al comunicado, la Junta de Portavoces aprobó la convocatoria de una concentración en solidaridad con los ediles y funcionarios amenazados, que tendrá lugar mañana frente a la sede del Ayuntamiento.

El grupo de concejales populares de la localidad rehusó suscribir el comunicado por considerar que «se queda corto». El portavoz, Rafa Olaizola, lamentó que el texto «se limite» a condenar los hechos pero no incluya la prohibición de que la plataforma ilegalizada Amalda Bilgunea, con la que la izquierda abertzale trató de concurrir a las pasadas elecciones municipales, participe en los plenos del Ayuntamiento, como viene haciendo desde el inicio de la legisltura en el año 2003.

Olaizola, que precisó que su formación sí participará en la manifestación de mañana, aseguró que la plataforma «forma parte» de la herriko taberna en la que se enconró el informe.


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Embriagando a Mitrofán

 

29-10-06



CARTA DEL DIRECTOR

Embriagando a Mitrofán


PEDRO J. RAMIREZ

El 14 de noviembre de 1902 el presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt -Teddy no sólo para sus amigos, sino también para la opinión pública galvanizada por primera vez en la Historia por la yellow press- estaba a punto de culminar su quinta y exasperante jornada baldía de caza en Misisipí, cuando ocurrió algo de inesperadas consecuencias para la cultura popular del siglo XX.

Catorce meses antes, el asesinato de McKinley había convertido al vicepresidente Roosevelt en el inquilino más joven de la Casa Blanca. A los 42 años el coronel Roosevelt tenía ya una brillante hoja de servicios como héroe militar y gobernador de Nueva York. Era un hombre extrovertido, amante del ejercicio físico y de las emociones fuertes. Puesto que su Partido Republicano -ya entonces el Great Old Party- había mantenido en las elecciones legislativas de aquel noviembre su hegemonía en ambas cámaras, nada como una cacería de osos para celebrarlo, reponerse de los esfuerzos de la campaña y dar tiempo a que su esposa redecorase en su ausencia la mansión presidencial en Washington.

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Durante esas cinco jornadas el presidente y un séquito que incluía a los señores de la prensa habían deambulado entre la húmeda niebla matinal y el tórrido sol del mediodía por los algodonales de Vicksburg -escenario de grandes episodios de la Guerra de Secesión- siguiendo a los perros de su experto guía y cazador Holt Collier. Por ninguna parte aparecía, sin embargo, el ursus horribilis. Como quiera que alguno de los de la partida planteó dar la batida por su cuenta, Roosevelt advirtió: «Yo he venido a esta cacería a matar un oso, no a ver cómo lo mata otro».

Sólo durante la mañana de aquel quinto día los sabuesos parecían haber detectado el rastro de una fiera. Cuando, después de pasar varias horas empapado de agua y sudor en una vana espera, el presidente acababa de regresar al campamento, el sonido del cuerno le avisó de que el oso había aparecido. Volviendo sobre sus pasos Roosevelt se encontró con un animal pequeño -más o menos de su propio tamaño- que había resbalado en una charca aplastando a uno de los perros y al que Collier había echado con destreza un lazo al cuello, golpeándole a continuación con la culata de su rifle.

Con el nivel de adrenalina a tope y su instinto depredador en estado de máximo despliegue, Roosevelt se echó el fusil a la cara tan pronto hizo acto de presencia. Pero lo que vio a través de la mirilla agarrotó de repente su dedo en el gatillo: el oso estaba indefenso, con la cabeza ladeada y el cuello rígido por la tensión del lazo; de su cráneo manaba abundante sangre. Roosevelt bajó el arma, dijo que disparar en esas condiciones no era deportivo y, contrariado, se retiró del lugar.

Las agencias de noticias difundieron lo ocurrido y un dibujante del Washington Post llamado Clifford Berryman lo plasmó en un chiste alegórico sobre la moderada política racial del presidente. El cartoon mostraba a un oso muy negro sujetado por el lazo de un asistente blanco y a Roosevelt dándose la vuelta para no abusar de su ventaja. El texto decía: «Trazando una línea en Misisipí».

El dibujo tuvo tanto éxito que Berryman publicó unos cuantos con el mismo tema, en los que el oso iba haciéndose cada vez más pequeño y tierno y el presidente más humano y compasivo. De repente esas Navidades los dueños de la ya entonces célebre juguetería FAO Schwarz de Nueva York importaron de una fábrica alemana 3.000 muñecos representando a un cachorro de oso, rellenos de materia blanda. Mientras se vendían como rosquillas se popularizó primero el nombre de Teddy's Bear (el oso de Teddy) y enseguida, directamente, el de Teddy Bear, denominación con la que en todo el mundo anglosajón, y en gran parte del no anglosajón, se conoce desde entonces al osito de peluche.

Como ha escrito Edmund Morris -biógrafo tanto de Roosevelt como de Reagan- «durante décadas y décadas, tal vez durante los siglos venideros, incontables millones de niños alrededor de la Tierra abrazarían a su Teddy Bear incluso aunque el recuerdo de Holt Collier, de Berryman y del propio Roosevelt quedara borrado como la felpa desparramada».

Cualquiera que conozca al Rey de España sabe perfectamente que Don Juan Carlos habría preferido con toda su alma que su última aventura cinegética en las tundras rusas de la región de Vólogda hubiera dejado como secuela un cuento de Navidad tan maravilloso como éste y no la lamentable historia del oso, primero emborrachado con vodka y miel y luego abatido por su escopeta. Tal y como nos la han contado, es difícil diagnosticar si se sentirá más herido ahora en su fino instinto para darse cuenta de lo que resulta popular entre los españoles o en su amor propio como avezado cazador.

Partiendo de la base de que figuro entre los que comparten la opinión del doctor Johnson, en el sentido de que «es muy extraño y melancólico que la escasez de los placeres humanos nos lleve a considerar la caza como uno de ellos», tampoco me parece lógico que el Congreso de los Diputados deba abrir en canal al Rey -como pretende Esquerra Republicana-, a cuenta de este plantígrado llamado Mitrofán que ya debe rugir mucho más sobrio, aunque con cuerpo de resaca, en el paraíso de verdes praderas e interminables colmenas que muchos pueblos primitivos creían reservado para sus mitificados osos.

Sin llegar a los extremos de Luis XVI, cuyo diario manuscrito de aquel julio de 1789 -en el que cayó la Bastilla y con ella el respeto a cuanto él significaba- apenas refleja otra cosa que el número de ciervos que abatía, todos los Borbones han sido cazadores casi antes que reyes. Teniendo en cuenta que, como decía Dickens, «existe una pasión por cazar lo que sea, hondamente implantada en el corazón humano», es natural que, sobre todo a partir de cierta edad, tanto los monarcas como otro tipo de magnates se concentren en tratar de abatir los animales más grandes que puedan encontrar a tiro y estén dispuestos para ello a pasar por toda clase de incomodidades en lugares como Rumanía, Botsuana o esta inmensa región del noroeste ruso.

Comprendo que ni determinados retrasos a la hora de reincorporarse a sus funciones públicas sean muy edificantes, ni este último episodio resulte nada ejemplar para una sociedad española en la que el amor a los animales gana cada día terreno a los crueles atavismos populares, pero todos firmaríamos ahora mismo que los mayores reproches a los que fuera acreedor el jefe del Estado de una democracia tuvieran que ver con sus cacerías de animales irracionales. Además, es tan ridículo lo que se describe en ese relato que traslada a unos cientos de kilómetros más arriba de Moscú tanto la retranca política del así se las pusieron a Fernando VII como la leyenda bufa de los salmones con los que se fotografiaba Franco, que bastante mortificación debe llevar ya encima nuestro muy querido cazador cazado.

Pero el que debamos dar por amortizada la historia de lo que ocurrió detrás de la escopeta -qué no daría ahora el Rey, insisto, por haber tenido los reflejos rooseveltianos de indultar a Mitrofán y pasearlo por el ruedo ibérico del papel couché- no ha de impedir fijarnos en que es algo muy extraño lo que se nos dice que pasó delante. Aquí hay oso encerrado. Y no porque el plantígrado, «bondadoso y alegre», según su mentor e indignado albacea el vicejefe del Departamento para la Protección de los Recursos Cinegéticos, Serguei Starostin, pasara gran parte de su vida entre barrotes, tal y como muestra hoy nuestro suplemento Crónica.

No, aquí lo que no cuadra es la tesis de la súbita embriaguez del animal justo en el momento en que iba a hacérsele pasar -o incluso posar- ante la mira telescópica de Don Juan Carlos. Por mucha miel que acompañara al vodka, la cantidad de alcohol necesario para emborrachar de forma instantánea a un oso pardo de ese tamaño necesariamente habría hecho vomitar a un animal abstemio. Si alguien pasa de no ingerir ni una cerveza a echarse al coleto una botella de whisky, antes que ebrio se pone gravemente enfermo y no está en condiciones de hacer el oso ni siquiera ante el Rey de España.

Todo indica que el tal Starostin está ocultándonos una historia mucho más sórdida y compleja que viene de bastante atrás e incluye una etapa de degradación progresiva, hasta trasformarse en un caso de alcoholismo crónico. Probablemente fue él mismo el que inició al bueno de Mitrofán en la bebida durante esas terribles noches de invierno en las que las temperaturas llegan hasta los 20 grados bajo cero en las desoladas estepas de Vólogda y la soledad y la tristeza sólo pueden ser ahuyentadas con unos chupitos de vodka al son de la balalaika. Por eso conoce tan bien su carácter. Al principio fue una cucharadita de nada, sólo para sonreír un poco juntos. Luego la dosis fue subiendo entre rugidos y arañazos y al cabo de los años al pobre Mitrofán, borracho como una cuba con que sólo le destaparan la botella, no le cabía ya sino pedir el ingreso en una clínica de Alcohólicos Anónimos o servir de ecce ursus y entregar elegantemente su vida a un rey constitucional por un buen puñado de rublos. Lo que sí puede acreditarse es que su muerte fue placentera, que no sufrió ni un solo instante, que no se enteró absolutamente de nada...

Si hace dos años y medio, cuando se hizo cargo del oso, Serguei Zapaterostin hubiera anunciado que negociaría con ETA un régimen de «cosoberanía» entre las instituciones españolas y las vascas, a pesar del trauma del 11-M la sociedad entera habría repelido entre zarpazos de indignación un bebedizo tan repugnante, vomitivo y extraño a su naturaleza. Sólo lo que ha sucedido desde entonces, día a día, paulatinamente, al principio en pequeñas «diócesis», luego con progresiva intensidad, pero en todo caso con la implacabilidad de la gota malaya, explica que tengamos ahora la mortífera pócima escanciada ya ante nuestra faz y, en lugar de con arcadas, la contemplemos con abúlicas sonrisas.

Primero se nos dijo que la «nación» era un «concepto discutido y discutible». Luego, que la «España plural» requería de una oleada de nuevas reformas estatutarias. Después, que el consenso constitucional podía muy bien ser sustituido por la vieja regla de el que más chifle, capador. Más tarde, que a nadie debía molestarle que Cataluña se definiera como «nación», tal y como ha ocurrido. A continuación, que era bueno que el Estatuto de Valencia incluyera una cláusula arrogándose el derecho de arrebatar al Estado tantas competencias como el que más; que el de Baleares fijara criterios de financiación ad hoc; que el de Aragón blindara el Ebro y el de Castilla-La Mancha el Tajo; y que el de Andalucía -y por supuesto el de Galicia- glosara su de todos bien ignorada «realidad nacional», extrayendo la cita de un grotesco manifiesto separatista del año catapún.

Entre tanto ya estaba en marcha el proceso de paz. Su primer propósito era «verificar» si ETA tenía «intención de dejar las armas». Enseguida se nos dijo, sin embargo, que eso era compatible con la extorsión y el terrorismo callejero y que lo importante no era el desarme sino la «voluntad» de practicarlo. Pronto se reconoció que, además, había que emprender una negociación en toda regla, con la salvedad de que sería «primero la paz, luego la política». Al cabo de muy poco el orden de factores podía ya invertirse y Patxi López se reunía públicamente con los líderes del brazo político de ETA. Lo siguiente fue proclamar en uno de los salones del Congreso de los Diputados, ante el estupor del mobiliario isabelino, el «derecho a decidir de los vascos» como algo diferente al del conjunto de los españoles. De ahí a las reuniones secretas de una mesa de partidos en la que se habla ya de cómo edulcorar el reconocimiento del derecho de autodeterminación con eufemismos como esa «cosoberanía», la llamada «doble llave» y el órgano común para Navarra, sólo quedaba este último trecho que acabamos de recorrer, encañonados por las 400 nuevas pistolas incautadas por ETA al represor Estado francés. Y para amenizar el viaje, los malabarismos del Ministerio Público con los platillos de la balanza de la Justicia, rebajando incluso hasta a sólo cuatro años la petición de 96 por los nuevos delitos del sanguinario De Juana Chaos, para cumplir lo pactado con Batasuna.

Quien se siente firmemente instalado en la plenitud del seis doble sobre el que, desde el punto de vista de la estabilidad constitucional, concluyó España la pasada década, no tiende a dar importancia a que a su lado alguien ponga una ficha compuesta sólo por un seis y por un cinco. El deslizamiento es aparentemente tan pequeño, la concesión tan irrelevante en sí misma, que quien la discute sólo merece ser tildado de intransigente o incluso de tremendista. Y lo mismo cabría decir de cada uno de los siguientes peldaños que, de ficha en ficha, de analogía en analogía, de agravio comparativo en agravio comparativo, una clase política mediocre, aldeana y venal ha ido descendiendo sucesivamente en la escalera del troceamiento y la insolidaridad.

Ninguno de los protagonistas concretos de este eslalon sin frenos en la cuesta abajo -ninguno de nuestros miopes dirigentes autonómicos- ha querido ser consciente de que todas y cada una de sus pírricas conquistas eran parte de un único y autodestructivo dominó, encaminado a prepararle a Zapatero el escenario de una negociación política con el brazo armado del nacionalismo vasco. Una negociación política de la que espera obtener la efímera gloria inmediata de todo falso pacificador y la continuidad en el menguante poder coordinador de lo que irá pareciéndose a una especie de confederación de pueblos ibéricos, a cambio de continuar aventando, poco a poco, pasito a pasito, la esquilmada soberanía nacional, hasta que no quede sino un doble blanco sobre el tapete.

Nadie puede negar a Zapatero la habilidad con que gestiona la partida, confortablemente mecido por el viento de popa del crecimiento económico y la creación de empleo. Además, la inmensa mayoría de los medios de comunicación están poniendo la cuchara, el vaso de postre, la copa o el embudo para ayudar al presidente a embriagar a una fondona y perezosa España-Mitrofán, de la que tal vez algún día pueda terminar diciéndose, como del pobre oso, de Vólogda, que «tenía tanto miedo a los perros que no podía vivir en libertad». Unos lo hacen por afán de destruir su pasado y erigirse en portavoces únicos de lo que vendrá después; otros, por atolondrada codicia bilingüe.

Entre tanto siento mucho tener que reconocer que, aunque sus ideales están claros y su buena voluntad también, la trayectoria de Mariano Rajoy -mullido y condescendiente ante los suyos como el más caballeroso Teddy Bear- al frente de la Asociación de Amigos del Oso Hispano no está teniendo la rotunda eficacia que la gravedad de la ocasión requiere. Cuando en cada autonomía son los propios guardabosques del PP los que se suman a la cacería, pensando que al menos les quedará un buen trozo de piel con el que abrigarse ceremonialmente como reyezuelos de sus ínsulas o un suculento cuarto trasero que echarse al coleto a costa del puchero común, ¿queda algo más por hacer sino desear que aquel magnífico animal nacido en el 78, que tantos días de libertad y prosperidad nos ha dado a todos desde entonces, acuda lo más narcotizado posible a su eutanasia?

Que cada uno responda a su manera. Con ayuda de San Corbiniano, yo lo haré la próxima semana o tal vez la otra.

pedroj.ramirez@el-mundo.es


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