El Tribunal Superior vasco imputa a Patxi López y Rodolfo Ares por reunirse con Batasuna

04-11-06



ALTO EL FUEGO / La acción judicial

El Tribunal Superior vasco imputa a Patxi López y Rodolfo Ares por reunirse con Batasuna

Admite una denuncia del PP y una querella del Foro Ermua contra los dos dirigentes del PSE Los considera cooperadores necesarios del delito de desobediencia de Otegi,
Etxebarria y Dañobeitia

MARCOS IRIARTE

BILBAO.- Al PSE le puede terminar saliendo cara la foto que Patxi López se sacó junto a Arnaldo Otegi. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitió ayer a trámite una denuncia presentada por el PP y otra querella criminal del Foro Ermua al apreciar, en la actitud de los dirigentes del PSE y los de la ilegalizada Batasuna que se entrevistaron en San Sebastián el pasado 6 de julio, indicios de un presunto delito de desobediencia al Tribunal Supremo. Se trata del mismo delito por el que deberá declarar en calidad de imputado el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJPV, presidida por Fernando Ruiz Piñeiro, acordó por mayoría -se emitieron dos votos particulares- la admisión a trámite de estas denuncias y la apertura de un proceso penal contra los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, así como contra los miembros de Batasuna Arnaldo Otegi, Rufino Etxebarria y Olatz Dañobeitia.

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El TSJPV ha tomado esta decisión al considerar, tal y como hizo al abrir la causa contra Ibarretxe, que López y Ares se entrevistaron con Otegi, Dañobeitia y Etxebarria «en nombre, estos últimos, de Batasuna y no en el suyo propio». Por tanto, los dos socialistas vascos, a quienes la Sala da por «enterados» de la ilegalización de Batasuna, podrían haber incurrido en un delito de desobediencia al igual que los otros tres encausados, en calidad de «cooperadores necesarios».

«Al encontrarnos en presencia de hechos que tras previa, imparcial y objetiva comprobación, resultan verosímiles y revisten, en términos indiciarios, significación delictiva por ser aparentemente constitutivos de posible delito de desobediencia, procede la puesta en marcha del procedimiento penal, dado que, en el momento presente, no es posible excluir con absoluta certeza las notas caracterizadoras de lo delictivo de los hechos imputados», expone el auto.

Al igual que en el caso de Ibarretxe, el TSJPV ha desestimado la imputación de un segundo delito de quebrantamiento de medida cautelar, al entender que el auto de Baltasar Garzón, por el que consintió la cita entre López y Otegi, «matiza» el alcance de las cautelares que pesan contra Batasuna. Un día antes de la reunión, el magistrado de la Audiencia Nacional avaló el encuentro al no observar «ningún elemento que induzca a pensar que, con ella [la reunión], se pretenda favorecer la acción delictiva del complejo terrorista dirigido por ETA, en el que se incluye Batasuna; sino todo lo contrario, evitar que el hecho delictivo se continúe produciendo».

Dos votos particulares

Esta supuesta diferencia de criterio ha sido uno de los máximos argumentos que el nacionalismo vasco ha empleado en las últimas semanas para criticar al tribunal vasco por sentar al lehendakari en el banquillo; unas críticas subidas de tono contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal -llegó a advertir que «no saldría gratis»- y que incluso se han escenificado con cientos de autoinculpaciones voluntarias en la causa abierta contra Ibarretxe.

La decisión, en cualquier caso, no se aprobó por unanimidad. La magistrada Nekane Bolado, quien ya expresó su disconformidad cuando se abrió el proceso contra Ibarretxe, emitió un voto particular en el que se mostró favorable al archivo de la causa. A su juicio, «que Batasuna sea ilegal no convierte en ilegal, ni por supuesto en ilícita y delictiva, la conducta de aquel sujeto que se limita a la mera asistencia a reuniones o al trato con personas que, habiendo pertenecido al partido ilegalizado, siguen representando un planteamiento político».

Otro de los cuatro magistrados que componen la Sala, Antonio García, también emitió un voto particular al no estar de acuerdo en los motivos por los que la mayoría decidió archivar la imputación de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar, si bien él también está conforme con este archivo.

El auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV designó como instructor de la causa contra López al magistrado Roberto Martínez Saiz, y estableció tramitar dentro de un único proceso las denuncias presentadas por Foro Ermua y el PP vasco.

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