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14.12.06

 

Víctimas del 11-M denuncian al juez Del Olmo por no facilitarles la declaración de Manzano sobre los explosivos

 

14-12-06



Víctimas del 11-M denuncian al juez Del Olmo por no facilitarles la declaración de Manzano sobre los explosivos



La asociación presidida por Domínguez dice en su queja que lleva meses sin poder personarse El material que no pueden estudiar incluye la declaración judicial del jefe de los Tedax

MANUEL MARRACO

MADRID.- La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan del Olmo por impedirle el acceso a las últimas investigaciones sobre los atentados. Este material incluye la comparecencia en la que el jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, intentó aclarar a Del Olmo sus afirmaciones contradictorias sobre los explosivos.

La asociación explica en un escrito presentado el martes ante el órgano de gobierno de los jueces que desde hace casi cinco meses intenta, sin éxito, personarse en las diligencias previas en las que Del Olmo prosigue las pesquisas sobre el 11-M. Tampoco la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha logrado que el juez instructor admita su personación.
(.../...)

Entre el material reunido en las diligencias previas 147/2006 se encuentra la comparecencia en la que el comisario jefe de los Tedax explicó a Del Olmo que se había equivocado al decir en la Comisión de Investigación que en los focos de la masacre se detectó nitroglicerina. Ese hallazgo implicaba que lo que estalló no podía ser la Goma 2 ECO robada en Asturias. Ni la AVT ni la asociación presidida por Angeles Domínguez pudieron estar presentes en esa declaración.

Actualmente, sólo la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del 11-M encabezada por Pilar Manjón pueden acceder a ese material. Esta asociación fue la primera en solicitar la personación como acusación popular, que fue admitida por Del Olmo unos días más tarde.

El pasado mes de julio, concluida la instrucción del 11-M (sumario 20/2004), el juez ordenó incoar unas nuevas diligencias previas. El día 19 de ese mes, el abogado de la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M, José María de Pablo, presentó un escrito para personarse como acusación particular -puesto que otra asociación ya ejercía la acción popular-. No obtuvo respuesta del juez. Por el contrario, en el juzgado se les pidió que trasladaran la petición al tribunal que se había hecho cargo del sumario del 11-M. Este tribunal volvió a remitirles a Del Olmo, puesto que las diligencias en las que querían personarse estaban todavía en manos del instructor.

«Como transcurrían los meses y el juzgado continuaba sin tramitar la personación de esta parte, nos vimos obligados a presentar un nuevo escrito de impulso procesal con fecha 8 de noviembre», explica De Pablo. En ese escrito, la asociación hizo saber a Del Olmo que preparaba una queja ante el CGPJ. «Fue una vez que anunciamos la interposición de la presente queja cuando por fin, cuatro meses después de nuestra personación, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 proveía nuestro escrito».

Pero tampoco entonces se les comunicó que ya estaban personados. Todavía era necesario, explicaba la providencia, que el secretario judicial comprobase que las personas a las que representan han sido consideradas víctimas del 11-M. A fecha de ayer, el juzgado aún no había comunicado a la asociación que esas comprobaciones se habían realizado.

El órgano encargado de estudiar la queja de la asociación es el servicio de inspección del CGPJ, que deberá hacer una propuesta a la Comisión Disciplinaria.

Respecto a la AVT, el juez rechazó su personación como acusación popular, puesto que esta condición ya le había sido otorgada a la asociación de Manjón. El juez volvió a aplicar el criterio cronológico que ya empleó en la causa principal del 11-M: que la acusación popular la ejerza quien primero lo pida. En el sumario 20/04 fue la AVT la primera en hacerlo, lo que obligó a las otras dos asociaciones a ejercer la acusación particular.

La relación entre las nuevas diligencias y los atentados es tan evidente que la fiscal Olga Sánchez llegó a solicitar al juez que las incorporase íntegramente al sumario principal. El juez lo rechazó. La asociación presidida por Manjón, que sí pudo examinar los documentos, ha pedido al tribunal del 11-M que algunos de ellos -incluido la declaración de Manzano- se incorporasen a la causa principal para que puedan emplearse durante el juicio.

La providencia comunicada por Del Olmo incluía igualmente otro asunto que la asociación también pone en conocimiento del CGPJ. El pasado 6 de julio, Mustafá Ahmidan, hermano de El Chino -uno de los líderes de la célula terrorista-, presentó un escrito ante Del Olmo en el que «solicitaba prestar declaración para aportar datos importantes» sobre los atentados. La petición fue reiterada el 10 de julio.

«Pues bien, transcurridos más de cinco meses, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 continúa sin recibirle declaración», afirma la asociación, que añade que «este retraso podría perjudicar gravemente la investigación de los nuevos datos que el testigo dice tener».


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Egibar subraya que «un atentado puede hacer tambalear al Gobierno»

 

14-12-06



ALTO EL FUEGO / Las reacciones a la crisis

Egibar subraya que «un atentado puede hacer tambalear al Gobierno»


Advierte de que «en estos momentos ETA tiene un gran poder» y considera que «es muy difícil, pero no imposible, una vuelta atrás» de la banda

O. TORRES

VITORIA.- El presidente del PNV de Guipúzcoa y portavoz parlamentario de este partido, Joseba Egibar, aseguró ayer que un atentado de ETA puede «hacer tambalear a un Gobierno», en referencia a las consecuencias electorales que tendría para el PSOE y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero un fracaso en la negociación con la banda terrorista.

«En estos momentos, ETA tiene un gran poder. Teniendo en cuenta el ambiente político que se respira en España y la capacidad de presión que tiene el PP, con el orfeón mediático que le acompaña, un atentado puede hacer tambalear a un gobierno», señaló Egibar en una entrevista en la televisión pública vasca ETB.
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El dirigente nacionalista consideró «muy difícil, aunque no imposible, una vuelta atrás», al referirse a la comisión de atentados por parte de ETA, y subrayó que esta situación también tendría consecuencias perjudiciales para la izquierda abertzale. Estos casi cuatro años sin víctimas mortales, en su opinión, han permitido «que se pueda manejar otro tipo de escenarios». Aunque admitió que ETA tiene en su mano la decisión sobre el alto el fuego, Egibar aseguró confiar en que un momento como el actual ya esté previsto.

«No puede ser que se monte un proceso y a los nueve meses estemos en la fase de decir que esto no tiene salida y que volvemos al escenario anterior. No puede ser. Quiero pensar, quiero creer que también existirán algunas cláusulas de seguridad del proceso. La cuestión es dónde se ha hablado, entre quiénes y cómo se configura la salida», explicó.

Egibar cree que, realmente, el proceso de negociación «ha entrado en crisis», pero que cabe recuperar «los principios y los anclajes» que dieron lugar a la declaración de alto el fuego de ETA, una vuelta al punto de partida. El presidente del PNV de Guipúzcoa considera que no se ha respetado el compromiso de separar la negociación técnica, Gobierno-ETA, de la política, en la mesa de partidos, y que estas vías «no están suficientemente exploradas».

Egibar no cree, como defendió su presidente y rival en la lucha por el poder en el PNV, Josu Jon Imaz, que de romperse el proceso la culpa sería de ETA, de forma que reparte las responsabilidades entre los distintos protagonistas.

La confusión entre lo técnico y lo político es un mal, según Egibar, que ha afectado a la banda terrorista porque aunque dio por bueno el modelo anunciado por Arnaldo Otegi en Anoeta, el de las dos mesas sin interferencias, «está mirando a ver qué pasa en el carril político y observa que el Estado español les está ofreciendo un esquema de paz por presos».

Esta perspectiva es la que ETA adopta en su último comunicado cuando, según el dirigente del PNV, asocia «un ciclo acabado», el de la «lucha armada», con reivindicaciones políticas sobre Navarra o sobre el derecho de autodeterminación.

En el debe del Gobierno, por su parte, Egibar sitúa la insistencia de éste por «negar que exista un problema político», lo que, a su juicio, resulta una obviedad. «Hay un pueblo que dice ser sujeto político de derechos y una Constitución que dice que el único pueblo soberano es el español y hay que dar encaje a esta situación», explicó.

El «proceso mediático» en el que se han trasformado los contactos contribuye, en opinión de Egibar, a someter a la ciudadanía a un estrés insoportable, «cuando se señala que para Olentzero (24 de diciembre) o Reyes, esto está acabado».



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El poder que tiene ETA se lo ha dado el Gobierno

 

14-12-06



Impresiones

El poder que tiene ETA se lo ha dado el Gobierno


De todos los análisis que ha suscitado la crisis por la que atraviesa el proceso de negociación con ETA, tal vez el que refleja con más crudeza el estado de la cuestión es el de Joseba Egibar. El líder del PNV en Guipúzcoa advirtió ayer que «ETA tiene el gran poder de hacer tambalear al Gobierno». No le falta razón. Un atentado de la banda sería letal para el Ejecutivo, que parece haberse jugado el éxito o el fracaso de la legislatura a la única carta de la paz en Euskadi. Lo que no dice Egibar -aunque en el fondo lo sepa- es que ha sido Zapatero el que ha puesto en manos de los terroristas la colosal espada de Damocles que ahora pende sobre su cabeza. Lo hizo, por ejemplo, devolviendo a cambio de nada a Batasuna el status de interlocutor político que le había arrebatado la Ley de Partidos o aceptando la constitución de una mesa extraparlamentaria para discutir el futuro político vasco. Y sobre todo lo hizo dando esos pasos sin consensuarlos con la oposición, que si el proceso descarrila tendrá todo el derecho a reprochárselos. Esta falta de acuerdo con el PP deja al Gobierno en manos de las exigencias de la banda, jaleadas ayer por los partidos nacionalistas, que -conscientes de que pueden pescar en río revuelto- han intentado crear un frente de apoyo al proceso. Semejante panorama contrasta sin embargo con el paisaje beatífico que pinta Zapatero, quien aún afirma que el trabajo hecho desde el principio de la legislatura «dará sus frutos». ¿Corrobora así las versiones según las cuales ya hablaba con el entorno de ETA cuando aún no estaba en suspenso el Pacto Antiterrorista?


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Zapatero dice que el Gobierno sabrá «dar pasos firmes y no pasos en falso» para contribuir a la paz

 

14-12-06



ALTO EL FUEGO / Afirma que el trabajo del Ejecutivo desde el inicio de la Legislatura «dará sus frutos» / Rajoy le reprocha las actuaciones del fiscal del Estado y le pide que vuelva al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo

Zapatero dice que el Gobierno sabrá «dar pasos firmes y no pasos en falso» para contribuir a la paz


MANUEL SANCHEZ

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró ayer partidario de dar «pasos firmes, pero no pasos en falso» para llevar a buen puerto el denominado proceso de paz.


Zapatero contestó de esta manera al líder de IU, Gaspar Llamazares, quien por primera vez utilizó una pregunta en la sesión de control al Gobierno para abordar este espinoso asunto.
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Llamazares estuvo exquisito en las formas -«sabe que mi grupo parlamentario forma parte de la inmensa mayoría comprometida con el proceso de paz»- ; positivo en el diagnóstico de la situación -«tenemos esperanza tras más de tres años sin víctimas mortales y un largo periodo de tregua»-, pero exigente con el Gobierno.

En este aspecto, el diputado de IU pidió al Ejecutivo que busque más cohesión entre las fuerzas democráticas, que haya una estrategia compartida y con mayor información.

Zapatero, que agradeció el tono de Llamazares, también hizo una intervención positiva sobre el actual estado del proceso de paz, cuando arrecian las informaciones en sentido contrario.

Así, el presidente del Gobierno confesó que el Ejecutivo lleva trabajando en este objetivo desde el principio de la Legislatura, «trabajo en el que confío, trabajo que dará sus frutos», dijo.

No obstante, pidió que tras 30 años de violencia terrorista se haga un análisis ponderado y sereno. «Para que la tarea llegue a buen puerto, el proceso de paz exige tiempo, temple y tenacidad». Las tres t, según Fernando Moraleda, que parece que definirán el discurso político del Gobierno para la temporada otoño-invierno.

Tras Llamazares, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, insistió sobre el mismo asunto, pero desde una perspectiva distinta.

Rajoy denunció la actitud del fiscal general del Estado en los casos de terrorismo, y puso tres ejemplos concretos sobre la actuación del Ministerio Público: «A Otegi se le pide prisión incondicional y luego, porque sí, prisión eludible bajo fianza. Al mismo, se le piden 625.000 euros de fianza y luego, porque sí, 200.000 euros. Al etarra Bilbao se le piden 12 años y luego, porque sí, dos años. A de Juana Chaos, 96 años y luego, porque sí, seis».

Entonces, Rajoy preguntó directamente al Gobierno si estaba de acuerdo con estas actuaciones.

Y, Zapatero, le dijo que sí, con una respuesta meramente institucional: «El Gobierno respeta el trabajo de la Fiscalía General del Estado y, además, tiene depositada una alta confianza en el fiscal general del Estado, que tiene una trayectoria impecable, ejemplar y brillante al servicio del Estado de Derecho».

El líder del PP no quedó nada contento con la respuesta y, tras recordar al presidente del Ejecutivo que «las penas se piden en función del delito y no de la temperatura de eso que algunos llaman un proceso de paz», hizo una petición muy clara a Zapatero: «Vuelva al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Es lo más útil, lo más eficaz, es lo que ha dado mejores resultados y es lo que creo que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles».

Zapatero, tras volver a defender la actuación del fiscal del Estado con datos concretos, hizo otra apelación al presidente del PP: «Vuelva adonde ha estado siempre la oposición contra ETA y contra la violencia: apoyando al Gobierno. Ésa es la vuelta que teníamos que ver».

Es decir, un miércoles más, diálogo de sordos entre Gobierno y oposición en materia terrorista. Y van...





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13.12.06

 

LOS ENIGMAS DEL 11-M. CAPÍTULO 31 La furgoneta Kangoo llegó al complejo policial de Canillas una hora antes de lo que indican los informes oficiales

 



LOS ENIGMAS DEL 11-M. CAPÍTULO 31
La furgoneta Kangoo llegó al complejo policial de Canillas una hora antes de lo que indican los informes oficiales
Una de las incógnitas del 11-M era la gran cantidad de tiempo que le llevó a la furgoneta Kangoo llegar desde Alcalá de Henares hasta el complejo policial de Canillas, donde luego aparecería ese resto de Goma-2 ECO que los perros fueron incapaces de oler en Alcalá. La furgoneta salió de Alcalá de Henares, remolcada por una grúa, a las 14.15, pero los informes oficiales señalaban que no había llegado a Canillas hasta las 15.30. Demasiado tiempo para ese trayecto. En realidad, fue depositada en los hangares de los Tedax a las 14.35.
Leer el resto de la noticia aqui:


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12.12.06

 

Vera admite que trasladó a Ibarra su opinión de que ETA no estaba detrás de los atentados del 11-M

 

12-12-06



11-M / Afirma que estuvo en Madrid, y no en Mérida, porque fue al nacimiento de un nieto / El presidente extremeño reclama amparo al fiscal general, con quien se reúne hoy, y asegura que no tuvo nada que ver / Blanco lo niega

Vera admite que trasladó a Ibarra su opinión de que ETA no estaba detrás de los atentados del 11-M


MANUEL SANCHEZ

MADRID.- El ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera admitió ayer que trasladó al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, su opinión de que ETA no estaba detrás de los atentados del 11-M, según declaraciones realizadas a la agencia Servimedia.

Vera explicó que recibió una llamada del presidente extremeño en relación a esta masacre, y en la conversación le trasladó a Ibarra su opinión -«no basada en ningún dato», según dijo- respecto a que la banda etarra no estaba detrás de los atentados de Madrid. «Y ahí se acabó toda mi intervención; no ha habido más intervenciones mías», aseguró.

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Vera, que olvidó la conversación que también mantuvo con Alfredo Pérez Rubalcaba, según reconoció éste en la Comisión de Investigación del 11-M, aseguró ayer que es «falso» que el 12 de marzo de 2004 informara al PSOE de que al día siguiente iban a producirse detenciones de islamistas en relación con los atentados del 11-M. Incluso, por la noche, en declaraciones a la agencia Efe, llegó a decir que desde que salió de Interior no ha tenido contactos con el PSOE, que este partido no le «debe nada» sobre este tema y que la información de este periódico es «falsa de principio a fin». A su juicio, lo publicado se enmarca «en todas las conspiraciones» que lleva a cabo EL MUNDO.

Vera dijo que nunca manejó informes sobre detenciones de islamistas añadió que sí es cierto que pensó que los atentados no eran obra de ETA, pero que llegó a esta conclusión al analizar en sentido contrario los datos que estaba dando a conocer públicamente el Gobierno.

En este sentido, aludió a que la interceptación de las furgonetas de ETA que integraban la llamada caravana de la muerte suponía, a su juicio, que la organización criminal vasca no podía haber introducido en tan pocos meses otro comando en Madrid para perpetrar el 11-M.

Al mismo tiempo, Vera aseguró que es falso que Ibarra pusiese a su disposición un despacho en la sede de la Junta de Extremadura para hacer gestiones sobre quién podía ser responsable de la masacre de Madrid, según la información publicada ayer por EL MUNDO.

Según el ex secretario de Estado, la falsedad de este dato es «fácil de comprobar», puesto que el 11-M y los días siguientes estuvo en el hospital con motivo del nacimiento de un nuevo nieto suyo.

Éste fue el motivo, según señaló el ex secretario de Estado, por el que no estuvo presente en la visita que los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera realizaron a la cárcel el día de los atentados de Madrid para visitar al ex general Enrique Rodríguez Galindo.

Vera explicó que Barrionuevo y Corcuera visitaron a Galindo para «expresarle su solidaridad pensando que (el 11-M) era un atentado de ETA. Y a mí no me llamaron porque el día anterior había nacido mi nieto», afirmó.

Rodríguez Ibarra también desmintió rotundamente su mediación en la información tras el 11-M, y ha pedido amparo incluso al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Ibarra subrayó ayer que es «radicalmente falso» que tras los atentados del 11-M facilitara un despacho a Vera en Mérida.

Rodríguez Ibarra reiteró que se siente un «ciudadano indefenso» y que hoy entregará personalmente un escrito al fiscal general del Estado en el que le pedirá que le «proteja» de las acusaciones que este diario vierte contra él y le dirá que «si no le tienen miedo a Pedro J. Ramírez, que terminen con él de una vez».

El presidente extremeño insistió en que la información publicada por este periódico es un intento de meterle a él «en una historia» en la que no tiene «absolutamente nada que ver», al tiempo que lamentó que también se pretenda «meter a una juez que durante años ha tenido una actuación brillante en la lucha antiterrorista, la juez Levert».

Sostuvo también que este diario le acusa «sencillamente» porque es él. «Y como no pueden atacarme por ningún sitio, intentan inventar historias. Éste es un invento de una historia», dijo Ibarra, «secundado por el otro sinvergüenza de la Cope», en alusión al periodista Federico Jiménez Losantos.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, calificó la información de «falsa de toda falsedad». Blanco indicó que todos estos temas no son más que cortinas de humo para impedir lo que más teme el PP, «el juicio sobre el 11-M, donde quedará acreditada la realidad de lo que ocurrió y lo que percibieron, esos tres días, todos los españoles». El dirigente socialista añadió que el PSOE no tuvo información directa de Vera tras el atentado.



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Rubalcaba le llamó porque lo pidió Ibarra

 

12-12-06



Rubalcaba le llamó porque lo pidió Ibarra


MADRID.- El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció, durante su comparecencia en la Comisión del 11-M, que Ibarra le había pedido, el mismo 11 o el 12 de marzo, que llamase a Rafael Vera. Según Rubalcaba, Vera se limitó a trasladarle su opinión de que ETA no había participado en los atentados.

«¿Cuántas veces habló con Rafael Vera, ex secretario de Estado de Seguridad del Gobierno socialista, entre los días 11 y 14 de marzo?», le preguntó la diputada del PP Alicia Castro.
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Rubalcaba, que cuando se produjeron los atentados era jefe de campaña electoral del PSOE, respondió: «Creo recordar que hablé una vez. Le voy a decir cómo fue, porque me acuerdo de que me llamó Juan Carlos Rodríguez Ibarra y me dijo: 'Rafael Vera quiere deciros una cosa'. Le llamé, no sé si el jueves o el viernes. En aquel momento se estaba abriendo paso, sobre todo en internet, la tesis de que ETA y Al Qaeda podían haber colaborado, y llamaba para decirnos que, a su juicio, como experto, que lo es, en la lucha antiterrorista, esa colaboración era imposible. Eso fue todo».

El resto del diálogo entre Alicia Castro y Alfredo Pérez Rubalcaba el 29 de julio de 2004 fue, en parte, como sigue:

Alicia Castro.- ¿Cuántas veces habló con directivos del Grupo Prisa y la Ser durante los días 11 al 14 de marzo?

Alfredo Pérez Rubalcaba.- Hablé con directivos del Grupo Prisa, de la cadena Ser, de EL MUNDO, de 'La Vanguardia'... No me acuerdo. Hemos visto que el señor Aznar no paraba de hablar con directivos de los medios de comunicación.

A. C.- ¿Con qué personas de las Fuerzas de la Seguridad habló entre los días 11 y 14?

A. P. R.- Con nadie.

A. C.- ¿Con Felipe González?

A. P. R.- Hablaría tres o cuatro veces.

A. C.- ¿Con Otegi o Carod?

A. P. R.- No he hablado con ninguno de ellos y no los conozco personalmente.

A. C.- ¿Brindó con champán en un restaurante cuando se enteró de que el atentado había sido reivindicado por el terrorismo islámico?

A. P. R.- Es radicalmente falso. Una calumnia, un infundio».


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Vera miente, Ibarra amenaza y Blanco olvida

 

12-12-06



Impresiones

Vera miente, Ibarra amenaza y Blanco olvida


Tanto José Blanco como Rodríguez Ibarra como Rafael Vera negaron ayer con vehemencia la información que ayer abría la portada de EL MUNDO, pero su descoordinación arroja nuevas dudas sobre su actuación en aquellos días. La más llamativa nace de las declaraciones de Vera, que asegura que su «única intervención» entonces fue decirle al presidente extremeño que el 11-M no era obra de ETA. Alega que no llegó a esa conclusión tras hablar con la juez Levert sino por su convicción de que la banda no podía haber introducido otro comando en Madrid después de la detención de la caravana de la muerte. Al margen de lo subjetivo de la apreciación, hay algo que la hace aún menos creíble: Vera asegura que Barrionuevo y Corcuera acudieron el 11-M a visitar a Galindo con el incomprensible propósito de solidarizarse con él «pensando que era un atentado de ETA». ¿Es creíble que ellos no compartieran su análisis? Pero lo más relevante es que Vera miente cuando afirma que ésa fue su única intervención en los hechos: Rubalcaba reconoció en el Congreso que fue él quien le aseguró entonces que ETA y los islamistas no habían colaborado en el 11-M. En este sentido, es muy llamativa la amnesia de Blanco, quien aseguró en su día que Margarita Robles le había dicho que habría detenciones y que tras el desmentido de ésta sigue sin aclarar quién fue su fuente. En cuanto al histriónico Ibarra, que arremetió ayer contra el director de EL MUNDO, debería precisar a qué se refiere cuando dice: «Si no le tienen miedo, que terminen con él de una vez». ¿Acaso añora la cal viva?


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El PP llevará al Parlamento la «deslealtad» del PSOE entre el 11 y el 14-M

 

12-12-06


12-12-06



11-M / Las reacciones

El PP llevará al Parlamento la «deslealtad» del PSOE entre el 11 y el 14-M



Acebes afirma que es hora de que «los españoles sepan qué hacían Zapatero y Vera en esas fechas»


CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- El PP puso ayer en funcionamiento todos sus resortes políticos como reacción a la noticia de las conversaciones que tuvieron lugar entre la vieja y la nueva guardia del PSOE entre los días 11 y 14 de marzo de 2004.

Primero en maitines, luego en el Comité Ejecutivo y finalmente en rueda de prensa, la cúpula del PP se hizo eco de la información de EL MUNDO y, pese a poner por delante todos los condicionales posibles en torno a la necesidad de acreditar que fue Rafael Vera quien comunicó el 12 de marzo a José Blanco y a Alfredo Pérez Rubalcaba que habría detenciones de islamistas, decidió sin reservas dar prioridad política a esta cuestión y «modular» sus iniciativas parlamentarias -preguntas orales y escritas y peticiones de comparecencia- «en función de las explicaciones que se vayan dando».

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Ni en privado ni en público se alzó una sola voz en contra de la determinación de devolver el 11-M a la actividad política, pese a las antiguas reticencias expresadas por algunos de sus dirigentes, como Alberto Ruiz-Gallardón.

Como si la noticia hubiera reabierto una herida mal cicatrizada, los populares anunciaron una aún imprecisa batería de iniciativas, tanto en la Asamblea de Extremadura como en el Congreso, para aclarar lo que, según afirmaron, apunta a un «escándalo de primera magnitud que pondría de manifiesto la tremenda deslealtad del PSOE con el Gobierno de España». Así se manifestó Angel Acebes respecto de «si se acredita que fue Rafael Vera quien comunicó el 12 de marzo a Blanco y Rubalcaba que habría detenciones de islamistas».

«Zapatero tiene la obligación política y moral de ofrecer explicaciones inmediatas a la opinión pública», insistió el número dos del PP pocos minutos después de que el presidente del partido en Extremadura, Carlos Floriano, hiciera lo propio -y de manera concertada con la dirección nacional del partido- respecto del presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Floriano exigió la dimisión del veterano barón socialista si se confirmaba que había facilitado a su amigo Vera un despacho para hacer gestiones discretas en aquellas trágicas fechas.

Después de que el presidente de la Junta negara este extremo en rueda de prensa, el dirigente regional del PP decidió reservarse sus propias iniciativas parlamentarias hasta conocer el resultado de la entrevista de hoy entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el propio Rodríguez Ibarra.

Entretanto, Acebes pedía a su vez explicaciones a Blanco y a Rubalcaba. «Deben aclarar de inmediato el contenido de sus conversaciones, y el propio secretario general del PSOE y actual presidente del Gobierno debe aclarar qué sabía de la intervención de Vera en esas fechas», exhortó Acebes. «Que se aporte de una vez por todas claridad y transparencia al comportamiento del PSOE y que todos los españoles conozcamos lo que Zapatero y Vera hicieron durante esas fechas», llegó a decir.

El entonces ministro del Interior aseguró, a preguntas de los periodistas, que él no habló con la juez Levert ni dispuso de la información que se le atribuye al «condenado» Vera. Acebes se resistió, en todo caso, a bucear en su propia actuación y se concentró en pedir aclaraciones sobre la de sus adversarios políticos.

«A lo mejor», añadió, «es bueno traer a la memoria que el PP intentó que se conociese la actitud del PSOE entre el 11 y el 14-M, sin que éste permitiera avanzar ni un milímetro porque se opuso a todo». «Ahora podemos empezar a saber por qué», terminó por afirmar.


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Los Peones Negros se manifiestan en 43 ciudades para volver a «exigir la verdad»

 

12-12-06



Los Peones Negros se manifiestan en 43 ciudades para volver a «exigir la verdad»


J. M.

MADRID.- Empezaron siendo 20 y ya son 43 las ciudades en las que, cada día 11, se producen concentraciones para «honrar la memoria de las víctimas» del 11-M y «exigir la verdad sobre los atentados». La convocatoria de la plataforma cívica Peones Negros ha conseguido traspasar fronteras y, desde el mes pasado, también se celebran actos en Bruselas y en Caracas.

Ayer, miles de personas volvieron a acudir a la cita, apoyada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), entre otras. Pese al intenso frío, unos 1.500 manifestantes -según la organización- se reunieron frente a la estación de Atocha para participar en una concentración silenciosa, a la que siguió una ofrenda floral. Como cada mes, se repitió el ritual de depositar 191 velas -una por cada víctima de los ataques- bajo la torre que da acceso a los andenes de Cercanías. Entre los presentes había familiares de muchas de las víctimas.


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Un representante de los Peones Negros presentó el acto y el periodista de elconfidencial.com Federico Quevedo leyó el manifiesto 11 de cada mes: «Estamos hartos de mentiras. Ni siquiera sabemos qué explosivo utilizaron aquellos miserables. No sabemos cómo estaban hechas las bombas. No sabemos dónde se fabricaron. No sabemos quién las puso. Y estamos hartos de esa ignorancia», proclamó. También anunció su intención de seguir «estando aquí el mes que viene y el siguiente. Hasta que sepamos la verdad del 11-M». Después, intervino Virginia Prieto, que perdió a su hermano en uno de los trenes.

Durante la concentración, se exhibieron pancartas con lemas como Todos íbamos en esos trenes, 11-Mentira y el ya clásico Queremos saber. Se corearon algunas consignas alusivas a las contradicciones que los convocantes aprecian en la investigación de los atentados, aunque menos que en otras ocasiones, por expreso deseo de la organización.

Los Peones Negros -figura que representa, según sus miembros, a «la sociedad civil en marcha»- se definen como «un grupo de ciudadanos libres» que se conocieron a través del blog del periodista Luis del Pino.

Especialmente emotiva fue la concentración de Zaragoza, donde se recordó a las 11 personas que fallecieron el 11 de diciembre de 1987 en un atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de la capital aragonesa. El delegado de la AVT, José Marco Jalle, alertó contra la «vana promesa del alto el fuego» decretado en marzo por la banda terrorista, según informa Europa Press.


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La Fiscalía pide ahora que Del Olmo deje el sumario de los policías encarcelados

 

12-12-06



La Fiscalía pide ahora que Del Olmo deje el sumario de los policías encarcelados


Como ocurrió con Garzón y los peritos, el Ministerio Público admite que la competencia del caso no corresponde a la Audiencia Nacional

MANUEL MARRACO

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer por la tarde al juez Juan del Olmo que remita la investigación sobre la presunta trama de corrupción policial por tráfico de explosivos y de drogas a un juzgado ordinario. El escrito presentado por el fiscal del caso, Miguel Angel Carballo, señala que ninguno de los delitos investigados es competencia de la Audiencia Nacional. En particular, que no se han hallado indicios de un delito de terrorismo. También indica que el magistrado, de acuerdo con la ley, sí puede proseguir con las diligencias que considere urgentes hasta que otro juzgado asuma la competencia.

De hecho, Del Olmo tomó ayer declaración en calidad de testigos a varios agentes de la Brigada de Información y de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Según fuentes judiciales, los interrogatorios proseguirán a lo largo del día de hoy y con ellos se cerrarán las diligencias previstas por Del Olmo. Las mismas fuentes señalaron que aún podría quedar pendiente la localización de una testigo que había sido citada para ayer por la mañana y que no había comparecido. Tampoco había sido localizada a lo largo de la tarde, por lo que se barajaba la posibilidad de ordenar su detención para ser trasladada ante Del Olmo.
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La petición de inhibición presentada por el fiscal no vincula al magistrado instructor. Sin embargo, fuentes jurídicas insisten en que Del Olmo no dispone de elementos para defender su competencia en el asunto durante más tiempo.

A dos de los tres agentes en prisión únicamente les imputa un delito de revelación de secretos. Antonio Jesús Parrilla, uno de los policías encarcelados bajo la acusación de hablar con EL MUNDO, recurrió el pasado jueves su ingreso en prisión provisional y reclamó a Del Olmo que se inhibiera «por incompetencia manifiesta».

El recorrido de las diligencias previas incoadas por Del Olmo (253/2006) es muy similar al de la investigación abierta por Baltasar Garzón en el caso del informe modificado sobre el ácido bórico que relacionaba a ETA con el 11-M. En aquella ocasión, el juez Baltasar Garzón remitió la causa a un juzgado ordinario, pero sólo tras interrogar e imputar a los tres peritos de la Policía que lo habían elaborado.

Al igual que Del Olmo, durante los interrogatorios en su despacho Garzón acusó a los peritos de ofrecer información a este diario, aunque no llegó a imputarles un delito por esa razón. Cuando la juez competente investigó el asunto, acordó levantar las imputaciones decretadas por Garzón e imputar a quienes el juez había exonerado de cualquier delito.

Justificado

Fuentes del Ministerio Público explicaron ayer que la investigación abierta hace cuatro meses estuvo orientada hacia el tráfico de explosivos con finalidad terrorista, materia que sí es competencia de la Audiencia Nacional. Posteriormente se ordenó la intervención de varios teléfonos para proseguir con unas pesquisas en las que aún no se había descartado el componente terrorista. Las diligencias estaban declaradas secretas, lo que, a juicio de la Fiscalía, también aconsejaba que el mismo juez prosiguiera con ellas. Cuando EL MUNDO informó de la investigación en marcha, el juez ordenó las siete detenciones e interrogó a todos los arrestados. Según la Fiscalía, sólo concluida esa fase se ha podido solicitar al juez Del Olmo su inhibición.

Las mismas fuentes resaltaron que la definición de la competencia no tiene por qué ser urgente y que resulta habitual que un juzgado que finalmente no es el competente realice diligencias de investigación en una fase inicial.


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El juez autorizó las escuchas a más de 30 teléfonos de policías

 

12-12-06



El juez autorizó las escuchas a más de 30 teléfonos de policías


Entre ellos, de agentes de la Udyco, de la Brigada Provincial de Información y de efectivos destinados en varias comisarías de Madrid

FERNANDO LAZARO

MADRID.- Las investigaciones realizadas desde la Audiencia Nacional tras el hallazgo en Madrid, el pasado mes de agosto, de cinco kilos de Goma 2 ECO supusieron la intervención telefónica de más de una treintena de números correspondientes a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, tras localizar el explosivo, y después de las primeras gestiones sobre su hallazgo en Leganés, el magistrado instructor de la causa autorizó una serie de intervenciones telefónicas solicitadas por la Brigada Provincial de Información de Madrid. En los primeros momentos se sospechaba que el explosivo podía tener relaciones con tramas terroristas, motivo por el que se acudió a la Audiencia Nacional. Pero, tras realizar las primeras gestiones, la posibilidad de que estuvieran vinculados terroristas se fue descartando. No obstante, el magistrado mantuvo las pesquisas y autorizó la intervención telefónica de uno de los policías que primero apareció relacionado con el explosivo: José González Flores, El Moro. El confidente que tuvo en su poder el material era informador suyo. Pero, además, el juez autorizó también la intervención de los teléfonos móviles de varios agentes destinados en los servicios centrales de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Información.
(.../...)

Fruto de las pesquisas, los investigadores se encontraron con una actuación delictiva en la que estaría presuntamente implicado El Moro y que consistía en colocar, por encargo, un kilo de cocaína a una ciudadana rusa para encarcelarla y que perdiera la custodia de sus hijos en favor de su ex suegro.

En esas actuaciones también apareció implicado otro agente destinado, al igual que El Moro, en la comisaría de Móstoles. Y dentro de esta amalgama de investigaciones, los agentes se encontraron con que, según el juez, existían contactos entre policías y un periodista de EL MUNDO. A uno de estos agentes, destinado en la comisaría de Villa de Vallecas, también se le intervino el teléfono. Es sólo en este momento cuando se hace partícipe de las investigaciones a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Expertos policiales sostienen que tenía que haber sido esta unidad la que se encargara de estas pesquisas una vez que se descartó por completo la implicación de terroristas.

Así, según estas fuentes, durante la investigación, desde la Brigada Provincial de Información y desde Asuntos Internos, con el visto bueno de Del Olmo, se intervino el teléfono a más de una treintena de agentes: de la propia Brigada Provincial de Información, de la Udyco, y de al menos dos comisarías de Madrid.

El juez, además de ordenar el encarcelamiento de tres agentes (dos de ellos acusados de revelar secretos), mantiene en libertad bajo fianza a otro y, además, imputados en la causa a otros dos agentes de la Udyco, acusados de tenencia de explosivos, y a otro de la Brigada Provincial de Información bajo la acusación de falsificación de documentos.


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11.12.06

 

Vera anticipó al PSOE que el 13-M habría detenciones de islamistas

 

11-12-06



11-M / Comunicó al partido en la noche del 12 de marzo lo que le había dicho la juez francesa Levert, que obtuvo información de los servicios secretos españoles / El ex secretario de Estado fue a Mérida para tener un teléfono seguro / 11-M / La investigación

Vera anticipó al PSOE que el 13-M habría detenciones de islamistas


CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

MADRID.- El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera informó telefónicamente a la dirección del Partido Socialista en la noche del 12 de marzo de 2004 de que, al día siguiente, se iban a producir detenciones de islamistas en relación a la masacre del 11-M.

Según el propio Vera, su fuente era la juez antiterrorista francesa Laurence Levert, con la que había mantenido una fluida relación cuando él era número dos del Ministerio del Interior, en tiempos de Felipe González. Según esa versión, Levert habría obtenido esa información a través de los servicios secretos españoles.
(.../...)

En efecto, el sábado 13 de marzo, a primera hora de la tarde, se produjo la detención de cinco sospechosos; entre ellos, Jamal Zougam, propietario del locutorio de Lavapiés.

En la tarde del día 12 de marzo, agentes de la UCIE habían acudido a la tienda de decomisos de Alcorcón Shindu Enterprise, regentada por los indios Vinay Kholy y Suresh Kumar. Ése era el establecimiento que había vendido la tarjeta que había sido hallada en la mochila de Vallecas y que fue la pista que llevó a orientar definitivamente las pesquisas de la Policía hacia el terrorismo islamista, en detrimento de la tesis de la autoría de ETA, que había mantenido el Gobierno durante las primeras 48 horas tras la masacre. En esa primera visita, la Policía no logró avanzar en su investigación.

Sin embargo, el sábado 13 de marzo, por la mañana, los agentes volvieron a Shindu Enterprise, detuvieron a los dos indios y, ya en la sede de la Comisaría General de Información, lograron que éstos identificaran a Zougam como la persona a la que habían vendido un paquete de tarjetas entre las que se encontraba la hallada en la mochila de Vallecas. Poco después del interrogatorio, se produjo la detención de Zougam junto a la de los otros dos empleados del locutorio de Lavapiés: Mohamed Chaoui y Mohamed Bekali.

Así que Rafael Vera estaba en lo cierto.

Esa valiosísima información se transmitió a la dirección socialista tras la gigantesca manifestación que se produjo en Madrid en la tarde del día 12 de marzo en repulsa por el atentado de los trenes.

Una vez concluida la misma, un grupo de dirigentes del PSOE se dirigió hacia la sede del partido sita en la calle Gobelas. Momentos después, pasadas las 21.00 horas, el grupo se encaminó para cenar hacia el restaurante La Hacienda, sito junto a la carretera de La Coruña y muy cerca del cuartel general socialista.

En la cena estuvieron presentes Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Miguel Angel Sacaluga (consejero de RTVE) y los miembros del comité electoral Oscar López, Nacho Varela y César Mongo.

Durante la misma, varias personas contactaron con Blanco y Rubalcaba para transmitirles las noticias que iban teniendo sobre el atentado. Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior en tiempos de Belloch y ahora magistrada de la Audiencia Nacional, habló con Blanco, a quien le dijo que sus fuentes en el entorno abertzale le aseguraban que ETA no había tenido nada que ver en el atentado. Rubalcaba habló, entre otros, con la ex ministra portavoz Rosa Conde.

Sin embargo, la llamada que más congratuló a los comensales fue la de Rafael Vera. De hecho, estaban seguros de que, de ser cierto lo que decía el ex responsable de Seguridad, el PSOE ganaría las elecciones que habían de celebrarse el 14 de marzo, apenas 36 horas después de la premonitoria confidencia.

El sábado 13 de marzo, día de reflexión, ya desde por la mañana se cruzaron miles de mensajes telefónicos convocando para esa misma tarde manifestaciones frente a las sedes del PP. Por ejemplo: «Hoy 13-M a las 18.00. Sede del PP. Calle Génova, 13». Aunque el propio Blanco dio instrucciones a su partido para que el PSOE no avalara con sus siglas las convocatorias, muchos de sus militantes, a título personal, acudieron a las distintas concentraciones que tuvieron lugar en toda España.

La movilización de los dirigentes socialistas para recabar datos sobre la autoría del atentado, sobre todo los que habían tenido responsabilidades en Interior, había sido inmediata.

Ya en la mañana del día 11 de marzo, Vera contactó con su amigo el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para hacerle una petición un tanto peculiar. El ex secretario de Seguridad del Estado, que se había puesto manos a la obra para ayudar a su partido cuando todavía se estaban contabilizando los muertos, no se fiaba de su teléfono porque sospechaba que podía estar controlado por la Policía. Así que pidió a Rodríguez Ibarra que le proporcionara medios para realizar sus gestiones con ciertas garantías.

El presidente de la Junta extremeña no vaciló un momento y le ofreció un despacho y un teléfono seguros en las cercanías de Mérida, para que éste instalara allí su improvisado centro de operaciones. En efecto, Vera se trasladó hasta la provincia de Badajoz y, desde un lugar secreto, movilizó a todos sus contactos policiales en España y Francia.

Pero no fue el único. Sobre las 17.00 horas del día 11 de marzo, dos ex ministros del Interior, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, acudieron a la cárcel de Ocaña II (Toledo) para visitar y conversar durante tres horas con el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, que cumplía condena de 75 años por los asesinatos de Lasa y Zabala. Rafael Vera era un habitual en las visitas a Galindo, pero ese día no acudió a Ocaña porque viajaba rumbo a Mérida.

Sin duda, Rodríguez Galindo, a pesar de su ingreso en prisión, seguía teniendo buenos contactos en el Instituto Armado. De hecho, el responsable de la unidad de élite de la Guardia Civil, conocida por sus siglas UCO (Unidad Central Operativa), Félix Hernando, está encausado por haber llevado dinero en maletines, por orden de Rafael Vera, a Suiza para pagar el silencio de las esposas de José Amedo y Michel Domínguez. Uno de los confidentes de la UCO era Rafá Zouhier, quien había advertido a sus controladores sobre la llamada trama asturiana de la dinamita y quien, tras los atentados del 11 de marzo, dio la pista clave sobre el domicilio de El Chino.


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LA ALARGADA SOMBRA DE VERA Y LAS REBAJAS DEL 14-M

 

11-12-06


Editorial

LA ALARGADA SOMBRA DE VERA Y LAS REBAJAS DEL 14-M


Frente a quienes tienden a amortizar el 11-M como una especie de catástrofe natural de la que cuanto menos se hable mejor y a quienes aceptan dócilmente la versión oficial que, sin pruebas de ninguna clase, viene a presentar lo ocurrido como una consecuencia directa de los errores de Aznar sobre Irak, EL MUNDO no olvidará nunca ni los 192 asesinatos perpetrados en Madrid ni la manipulación de nuestro proceso democrático que tanto coadyuvó a los resultados del 14-M.

Frente a la estulticia de muchos y las obscenas risotadas de algunos, este periódico seguirá haciendo lo que esté en su mano para reconstruir, ladrillo a ladrillo, la verdad de lo sucedido. Los datos que hoy revela Casimiro García-Abadillo no aportan nada nuevo en relación a la autoría de los hechos, pero sí contribuyen a aclarar uno de los enigmas clave de aquellos días: el comportamiento durante la jornada de reflexión de un PSOE que siempre parecía ir por delante de los acontecimientos.


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En contra de la versión inicial incluida en su libro La Venganza, nuestro vicedirector ha descubierto que no fue la ex secretaria de Estado de Seguridad Margarita Robles sino su antecesor en el cargo Rafael Vera quien advirtió el día 12 por la noche a la cúpula del partido de que al día siguiente se iban a producir detenciones de islamistas. Esa información crucial -procedente al parecer de «servicios secretos» españoles contactados por la juez francesa Levert- permitió al PSOE y, sobre todo, a sus medios más afines estimular las concentraciones ante las sedes del PP y modular un discurso basado en el «queremos saber» y el «España necesita un Gobierno que no mienta» que causó un profundo impacto en la opinión pública.

Al margen de que las detenciones de islamistas del 13-M se circunscribieran a Jamal Zougam y sus empleados y de que la reciente denuncia de Cartagena sobre las ganas que tenía la Policía de echar el guante a su viejo conocido refuerce las crecientes dudas sobre su implicación real en la masacre, la imagen de Vera coordinando desde un teléfono seguro de Mérida la información policial en beneficio del PSOE no puede dejar de causar una profunda inquietud.

El secuestrador de Segundo Marey, el ladrón de los fondos reservados, fue el amo y señor del Ministerio del Interior durante los largos años del felipismo. Buena parte de sus redes de influencia permanecieron intactas en las altas esferas policiales como consecuencia de la torpe ingenuidad del PP. De ahí, por ejemplo, que el mismo teniente coronel Hernando que llevaba los maletines a Suiza para comprar el silencio de Amedo y Domínguez fuera, ya como coronel, quien dirigiera la unidad de élite de la Guardia Civil que, a través de Zouhier, controlaba a los islamistas que buscaban dinamita en Asturias.

Que la alargada sombra de un hombre sin escrúpulos como Vera, que entonces veía acercarse su ingreso en prisión por el más infame delito que pueda cometer un custodio de fondos públicos, planee sobre esas horas decisivas en las que se encauzó la investigación del 11-M, no hace sino acrecentar las fundadas sospechas de que hubo una trama policial empeñada en manipular las pruebas y engañar a la Justicia.

Fuera cual fuera su papel en esas horas, lo que ya no es ningún secreto es el beneficio obtenido por Vera con el cambio de Gobierno: sus siete años de condena se han saldado con menos de una quinta parte de prisión efectiva. Sólo le supera el ex general Galindo, también vinculado a Hernando, cuyos 75 años de cárcel por torturas y asesinato se quedaron en cinco «por motivos de salud». Unos privilegios que deberían suscitar el escándalo de la oposición y que con toda propiedad pueden ser definidos como las «rebajas del 14-M».



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¿Trato de favor o justa compensación?

 

11-12-06



¿Trato de favor o justa compensación?


CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

MADRID.- Rafael Vera, que ya había sido condenado por el secuestro de Segundo Marey, volvió a ser encontrado culpable, el 22 de enero de 2002, por la Audiencia Provincial de Madrid de un delito de malversación de caudales públicos en el conocido como 'caso de los Fondos Reservados' de Interior. Fue condenado a siete años de prisión.


El 19 de octubre de 2004, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia y el 16 de febrero de 2005 ingresó en la cárcel de Segovia.
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El 22 de agosto de 2006 (es decir, cuando sólo llevaba cumplidos 18 meses de su condena) la Dirección General de Instituciones Penitenciarias informó favorablemente a la concesión del tercer grado, que significa en la práctica salir de prisión.

La Fiscalía no recurrió la decisión de la Dirección General, lo que implica que su salida de la cárcel fue una decisión avalada políticamente.

Por su parte, Rodríguez Galindo fue condenado el 26 de julio de 2001 por el Tribunal Supremo a una pena de 75 años por los asesinatos de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. En un primer momento ingresó en la cárcel de Alcalá Meco, pero, al perder la condición de militar tras la sentencia del Supremo, fue trasladado, junto a otro condenado en el mismo sumario, el teniente coronel Angel Vaquero, a la prisión de Ocaña II en julio de 2003.

Tras cumplir apenas cinco años de su condena, en septiembre de 2004, el Gobierno anunció su excarcelación atendiendo a motivos de salud y a su avanzada edad.

La decisión se adoptó tras una visita del ex ministro del Interior José Barrionuevo al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho. Apenas 24 horas después de ese encuentro, Interior hizo pública la decisión de excarcelar de forma inminente al que fuera responsable del cuartel de Intxaurrondo.

Rodríguez Galindo acaba de publicar un libro ('Mi vida contra ETA'), en el que, a modo de moraleja exculpatoria, concluye con un verso de Calderón de la Barca: «La más principal hazaña es obedecer».


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Cuando rectificar no es oportuno

 

11-12-06



Cuando rectificar no es oportuno


Margarita Robles desmiente a José Blanco, quien le adjudicó a ella el 'chivatazo'
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

MADRID.- El 15 de junio de 2004 me presenté, como habíamos acordado, a las 11.15 de la mañana en la planta tercera del edificio anexo al Congreso de los Diputados, donde tenía su despacho el diputado y secretario de Organización del PSOE, José Blanco. El motivo de la entrevista era recabar datos sobre el atentado del 11 de marzo para el libro que estaba preparando.


Blanco me contó con mucho detalle su febril actividad durante ese día y en los posteriores hasta el 14 de marzo. Al comenzar el relato de la cena que tuvo lugar en el restaurante La Hacienda, en la noche del 12 de marzo, hizo pasar a su despacho a Oscar López, que se encontraba allí esa mañana, para contrastar con él algunos detalles de la misma.
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Fue entonces cuando Blanco me contó que Margarita Robles le había llamado durante esa cena para contarle que había hablado con la juez Levert y ésta, a su vez, le había dicho que al día siguiente se iban a producir las detenciones de islamistas.

A mí me pareció un tanto extraño que Robles hablara con Levert, dado que, durante su etapa como secretaria de Estado, sus relaciones con la juez francesa no habían sido precisamente fluidas. Robles trató incluso de prescindir de los servicios del agente secreto Angel Guerrero Lucas, hombre de confianza de Vera y su enlace con Francia. Sin embargo, di esa información por buena, dado que la fuente no podía ser más directa.

Esa revelación de Blanco la incluí en mi libro La Venganza y, después de su publicación, EL MUNDO hizo mención a la misma. Posteriormente, Blanco desmintió a un grupo de periodistas el contenido de la conversación con Margarita Robles, pero a mí nunca me llamó para aclararme el asunto. Ni siquiera pidió una rectificación al periódico.

Robles llamó a EL MUNDO para negar que ella hubiera hablado con Levert, pero no pudo contactar conmigo. Así que hubo de pasar mucho tiempo hasta que, por fin, el pasado mes de noviembre, durante un acto organizado por el periódico, tuve ocasión de hablar con ella con tranquilidad sobre ese malentendido.

Robles me confirmó que, en efecto, había llamado a Blanco en la noche del 12 de marzo de 2004, pero que ella no había hablado con la juez Levert, sino con personas ligadas a la izquierda abertzale. Sin embargo, alguien sí que habló con Levert y fue precisamente Rafael Vera, como el propio Blanco le había confesado a ella misma.

¿Se confundió Blanco cuando atribuyó en su conversación conmigo a Robles lo dicho realmente por Vera? En todo caso, una rectificación tal vez le hubiera obligado a revelar el nombre del auténtico informador, lo que, al parecer, no le resulta cómodo al Partido Socialista.


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Los Peones Negros vuelven hoy a concentrarse para exigir «la verdad»

 

11-12-06




Los Peones Negros vuelven hoy a concentrarse para exigir «la verdad»


MADRID.- Como cada día 11 de cada mes, la plataforma cívica Peones Negros ha convocado para hoy concentraciones simultáneas en 43 ciudades españolas y extranjeras para homenajear a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004 y exigir a los poderes públicos una investigación que resuelva «todas las dudas» planteadas acerca de la autoría de este ataque.

Estos actos, que tendrán lugar a las 20 horas, cuentan con el respaldo de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, entre otras, informa Europa Press.
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En esos actos, la plataforma explicará a los asistentes los motivos por los que continúa su lucha para conocer «la verdad» del 11-M y, en una solemne ceremonia de homenaje a las víctimas, encenderá una vela por cada uno de los que perdieron su vida en los atentados.

Cada concentración terminará con la lectura del manifiesto 11 de cada mes. En muchos de estos actos participarán víctimas del terrorismo y personajes públicos. Así, en el acto de Valencia intervendrá Consuelo Ordóñez, hermana del concejal asesinado Gregorio Ordóñez; en Alcalá de Henares (Madrid), las víctimas del terrorismo Gabriel Moris, Angeles Domínguez y Javier Gismero; en Madrid lo hará el periodista Federico Quevedo; en Almería, la locutora de radio María Nieves Artero; en Toledo, la escritora Carmen Vaquero, y en Murcia, el delegado de la AVT Chema Morales y el periodista José Antonio Martines-Abarca.

En Zaragoza se conmemorará también el 19º aniversario del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil que costó la vida a 11 personas, entre ellas varios niños.

Las ciudades incluidas en esta convocatoria son: Albacete, Alcalá de Henares, Alicante, Almería, Almuñécar (Granada), Badajoz, Barcelona, Bilbao, Bruselas, Burgos, Cádiz, Caracas, Cartagena (Murcia), Ceuta, Córdoba, Fresnedoso de Ibor (Cáceres), Gerona, Granada, Huesca, Jaén, La Coruña, Las Palmas, León, Madrid, Málaga, Melilla, Motril (Granada), Murcia, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Oviedo, Palma de Mallorca, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Viveiro (Lugo) y Zaragoza.



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10.12.06

 

CARTA DEL DIRECTOR La amalgama PEDRO J. RAMIREZ

 

10-12-06



CARTA DEL DIRECTOR

La amalgama


PEDRO J. RAMIREZ

Cuando paseo por los alrededores del Sena en estas mañanas brumosas que anteceden al invierno, todavía me parece escuchar, entre los tejados puntiagudos recubiertos de pizarra de las dos torres gemelas de la Conciergèrie que emergen severas desde la pequeña Ile de la Cité, la voz hercúlea de Danton tal y como sonó hace 212 años, durante el simulacro de juicio por el que el Tribunal Revolucionario le llevó a la guillotina. Cuentan las crónicas que uno de los ventanales de la llamada Sala de la Igualdad permanecía abierto y que las vehementes palabras del tribuno del pueblo, remando a pulmón partido contra su trágico destino, cruzaban el río y se extendían por su orilla derecha como si trataran de llegar hasta las Tullerías donde el Comité de Salud Pública ocupaba los salones de la realeza derrocada, hasta el convento de los Jacobinos donde tantas noches de gloria había cosechado el justiciable y hasta la casa del carpintero Duplay donde, en la misma calle Saint Honoré, a la vez corroído por la mala conciencia pero blindado por el cinismo de su sentido intransigente de la virtud, se taparía sin duda los oídos su más notorio huésped, Maximiliano Robespierre.
(.../...)

El presidente del tribunal, su paisano Herman, al que Robespierre había traído expresamente a París desde Arras, no era sino un simple títere al servicio de su estrategia de gobernar por el terror. Es fácil imaginar su agobio y desconcierto cuando abrió el interrogatorio preguntando rutinariamente a Danton por su lugar de residencia y éste le lanzó su primer gran desafío: «¿Mi lugar de residencia? Muy pronto en la nada, enseguida en el panteón de la Historia».

Previamente, el juez y el siniestro fiscal Fouquier-Tinville ya habían tenido que hacer frente al primer estallido de cólera de Danton cuando, al ser conducido a la sala en compañía de sus más estrechos colaboradores políticos, criminalizados por Robespierre como «moderados» o «indulgentes», había comprobado que no iban a estar solos en el banquillo.

«On nous associe avec des voleurs de portefeuilles!», clamó indignado Danton. «¡Se nos asocia con ladrones de carteras!».

En efecto, además de los dantonistas puros como Camille Desmoulins, Lacroix o Philippeaux contra los que se formulaba la grotesca acusación de conspirar para restablecer la Monarquía, allí estaban también no sólo los dantonistas especuladores como Fabre d'Églantine o el ex capuchino Chabot, a los que se les vinculaba a la estafa de la Compañía de las Indias, sino también una serie de pícaros estrafalarios, a mitad de camino entre la revolución y el hampa como el español Guzmán, el abate D'Espagnac, un supuesto secretario del rey de Dinamarca o dos banqueros suizos apellidados Frey.

Nada podía ofender tanto a Danton como esta sucia maniobra, destinada a realzar su fama de hombre venal y poco escrupuloso durante su viaje hacia el cadalso. Ninguna relación había entre los cargos estrictamente políticos que se formulaban contra los unos con los delitos económicos que se imputaban a los otros, pero, como ha escrito Jacques Janssens, se trataba de «envolverlos» a todos con «el relente nauseabundo» que emanaba de estos últimos. El historiador Louis Madelin compara la escena con la de la crucifixión de Cristo entre dos ladrones e incluso el, más que biógrafo, hagiógrafo de Robespierre Ernest Hamel habla de «una amalgama extravagante e inicua».

Esa es la palabra clave: «amalgama». La mezcla con plena intencionalidad de realidades muy diversas para dar una confusa sensación de totum revolutum en la que lo peor de cada uno siempre contamina al resto. En el argot de la política francesa se utiliza desde entonces el verbo «amalgamer» para describir ese tipo de montajes en los que a alguien se le termina haciendo un traje que no es el suyo.

Pues bien, durante este largo acueducto en el que la inmensa mayoría de los españoles han desconectado mentalmente de sus tribulaciones colectivas, dos policías honrados llamados Celestino Rivera y Antonio Parrilla han sido amalgamados a una trama de delincuentes con el principal propósito de dar un escarmiento interno a quienes denuncian la corrupción e intentar dañar la imagen de nuestro periódico, desacreditando sus investigaciones sobre el 11-M y el chivatazo a ETA. Sólo el avance de la civilización humana, y no la falta de ganas de la cúpula policial, impedirá que, además de amalgamados, sean guillotinados, pero -como bien apuntaba ayer nuestro subdirector de opinión, Pedro G. Cuartango- se ha dictado contra ellos un auto de prisión incondicional tan «extravagante e inicuo» como el que sirvió para condenar a los dantonistas.

Heridas del corazón al margen, el intento de suicidio de este Celestino Rivera apodado Funci da una cierta idea de la tremenda sensación de injusticia e impotencia que en estos momentos debe impregnar su ánimo. Todo su presunto delito consiste en haber alertado a un periodista de que se intentaba echar tierra sobre el asunto del tráfico con Goma 2 ECO detectado en agosto en Leganés.

Y ahora, pásmense: a su compañero Parrilla lo máximo que se le puede atribuir es haber asistido a una reunión en la que no se sabe de qué se habló, pero el sagaz juez Del Olmo y un servil Ministerio Fiscal deducen que tuvo que ser de eso, porque había papeles encima de la mesa. El motivo de amalgamarle es, sin embargo, bien distinto a la banal circunstancia de que pasaba por allí: Parrilla fue uno de los agentes que pudo oír a Emilio Suárez Trashorras explicar en Avilés que El Chino le había dicho que conocía a los etarras detenidos en Cañaveras cuando conducían la caravana de la muerte. Se trataría de erosionar al máximo su imagen y credibilidad ante la más que probable hipótesis de que sea propuesto como testigo de alguna de las partes en la vista oral del 11-M.

Amalgamándolos al inspector González Clares apodado El Moro y a sus cómplices civiles en los delitos de tráfico de explosivos, tenencia de estupefacientes y acusación falsa contra una rusa a la que le metieron droga, los mandos de Interior, la Fiscalía y el juez han facilitado su tarea a los medios gubernamentales que no han cesado de presentar a Rivera y Parrilla como dos de esos «policías corruptos» que, a mayor abundamiento, urdían un «montaje para alimentar la teoría conspirativa sobre el 11-M» en comandita sobre EL MUNDO.

Vuelvo a retar públicamente al diario El País, acuñador de tan falsa moneda, a que demuestre dónde está «el montaje». ¿O es que fue acaso nuestro respetado redactor Fernando Lázaro quien eligió que la dinamita con la que se traficara fuera la misma Goma 2 ECO que oficialmente estalló en los trenes? ¿O quien escogió un paraje de Leganés a dos minutos en coche del piso en el que murieron los islamistas como el lugar para efectuar la entrega? ¿O quien seleccionó, de entre todos los policías de Madrid, a uno destinado el 11-M en la comisaría de Vallecas en la que apareció la sospechosa mochila número 13 como principal protagonista de esta trama mafiosa? Circunstanciales o no, todos estos hechos han quedado acreditados y no creo que nadie se atreva a poner en cuestión su relevancia.

No, aquí el único «montaje» ha sido el de la amalgama. La decisión política, instrumentada por la Fiscalía y consumada por el juez, de meter en un mismo saco sumarial tres asuntos tan diversos como un inquietante caso no resuelto de tenencia y trasiego de explosivos, un rocambolesco episodio en el que la obsesión de un abuelo por proteger a sus nietos de los naufragios de sus padres en el mundo de la droga le hace perder la cabeza y contratar a El Moro y sus hampones para que tiendan una trampa a su nuera rusa, y, por último, un hipotético delito de revelación de secretos, ciertamente cogido por los pelos.

A menos que se demostrara o encontrara algún indicio de que la Goma 2 ECO estaba destinada a un grupo terrorista, la Audiencia Nacional no sería competente para investigar ninguno de estos tres asuntos e, incluso en ese supuesto, la conexidad brillaría por su ausencia. Tanto cuando -a raíz de las escuchas ordenadas para investigar el tráfico de dinamita- Del Olmo descubrió la detención prefabricada de la rusa como cuando supo que el inspector Rivera andaba haciendo pesquisas por su cuenta y hablaba con un periodista de EL MUNDO, lo procedente habría sido deducir testimonio de ambos asuntos, trasladándolos a los juzgados ordinarios de la Plaza de Castilla.

Pero la tentación para el incompetente magistrado debió de ser irresistible y la impunidad de Garzón tras el muy similar guiso en el que cocinó a los peritos sin duda contribuyó a ello. Ya que no era capaz de descubrir nada sobre la dinamita, bien podía colgarse la medalla de resolver el caso del abuelo ofuscado. Y en cuanto a lo del presunto confidente de EL MUNDO, ese periódico que tantas veces ha criticado su catastrófica instrucción del 11-M... bien, la venganza es un plato que se sirve frío. Ya que pinchó en hueso cuando hace un año intentó empitonar al director con una imputación de desobediencia tan ridícula como su propia forma de entender la función jurisdiccional, al menos podía fastidiar ahora a un distinguido redactor, poniéndole en la picota de la prensa gubernamental y segándole la hierba bajo los pies al enchironar a dos de sus presuntas fuentes informativas. ¡Ay, Del Olmo, Del Olmo, a qué degeneraciones lleva ese encarnizamiento sin tregua ni cuartel con la sintaxis!

Una vez más este juez ha sido, como el provinciano Herman, el tonto útil de la película y será quien quede en evidencia cuando una instancia superior revoque sus medidas draconianas y le obligue, como a Garzón, a apartarse del asunto. Pero de sobra sabemos que la cocinera de esta olla podrida, en la que se ha echado todo lo que había a mano, ha sido una Fiscalía -férreamente controlada, a través de Javier Zaragoza, por Cándido Conde-Pumpido- que, en lo pequeño y en lo grande, en lo personal y en lo colectivo, hace tiempo que le tiene declarada la guerra a EL MUNDO. Sin esos criterios e instrucciones de nuestro Fouquier-Tinville gallego ni se hubiera producido la amalgama, ni se habrían divulgado en un auto judicial las conversaciones privadas de un periodista con sus fuentes. ¿Cómo se puede comprender que haya existido mucho más celo a la hora de proteger la intimidad de un político sentimentalmente atrapado entre los pliegues de la operación Malaya que el derecho a la información de los lectores de Fernando Lázaro, obviamente dañado por la divulgación de las conversaciones con sus fuentes? Y está claro que no me quejo de lo uno sino de lo otro.

En todo caso, tal y como sigue quedando bien patente bajo el lifting de su nuevo estatuto, el Ministerio Público no es sino el ejecutor de la política del Gobierno en materia criminal. Esto sirve para los principios generales, pero también para las particulares mezquindades. No estoy diciendo que en este episodio Rubalcaba haya desempeñado el vil papel de Robespierre respecto a Danton y sus compañeros -entre otras cosas porque sería verdaderamente excesivo equipararlo en un mismo año a Fouché y a su más detestada némesis-, pero es indiscutible que el menú y las recetas de la comilona judicial contra Lázaro y sus supuestos informantes salieron del Ministerio del Interior y que los pinches de cocina contaron allí con el aliento y beneplácito de los más veteranos y acreditados chefs.

Ya que se acerca la Navidad, vamos a aceptar que el ministro en persona haya sido ajeno a los hechos y que el suyo sea, en realidad, un caso de recurrente mala suerte: baste que una y otra vez proclame su empeño en demostrar su neutralidad institucional, aceptando que una de las piedras de toque claves para juzgar su sinceridad son las relaciones con EL MUNDO, para que una y otra vez desde su departamento no dejen de hacernos todo tipo de putadas.

En todo caso, este no es un asunto personal ni de los amalgamadores ni de sus jefes. El comportamiento de la Policía, al igual que el de la Fiscalía, no es, en definitiva, sino el reflejo de las prioridades y problemas del Gobierno al que está supeditada. Puede que a Fernando Lázaro le tuvieran especiales ganas por el descubrimiento del chivatazo, las primeras noticias sobre Cartagena, la localización de Nayo, las noticias sobre la presunta conexión de El Chino con ETA y tantas otras páginas notables del periodismo de investigación de estos últimos años. Pero eso no es más que la fachada de este vergonzoso asunto que ha desembocado, efectivamente, en la escandalosa circunstancia de que haya dos policías en la cárcel por hablar con un periodista para contribuir a que se persiga un delito y ninguno por hacerlo con ETA para ayudarle a que los suyos queden impunes.

La verdadera trastienda es la de un presidente del Gobierno que tampoco en los últimos 15 días ha sido capaz ni de contestar a mis tres elementales preguntas sobre el 11-M -¿hará falta que vuelva a repetírselas?- ni de encomendar a nadie que lo haga por él. Teniendo en cuenta que, entre tanto, la significativa denuncia del propio Cartagena ante la Audiencia ha puesto de relieve un nuevo episodio -el encargo que recibió de «acercar» a Zougam a El Tunecino- que confirma que todos los eslabones clave de la trama del 11-M fueron soldados por inspiración policial, parece pertinente advertir que también ese sumario está amalgamado y preguntarse por consiguiente: ¿Quién lo desamalgamará? Porque el desamalgamador que lo desamalgame, buen desamalgamador será. Mañana mismo seguiremos intentándolo nosotros con el entusiasmo, la tenacidad y la buena voluntad de siempre.

pedroj.ramirez@el-mundo.es


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