El juez autorizó las escuchas a más de 30 teléfonos de policías
12-12-06
El juez autorizó las escuchas a más de 30 teléfonos de policías
Entre ellos, de agentes de la Udyco, de la Brigada Provincial de Información y de efectivos destinados en varias comisarías de Madrid
FERNANDO LAZARO
El juez autorizó las escuchas a más de 30 teléfonos de policías
Entre ellos, de agentes de la Udyco, de la Brigada Provincial de Información y de efectivos destinados en varias comisarías de Madrid
FERNANDO LAZARO
MADRID.- Las investigaciones realizadas desde la Audiencia Nacional tras el hallazgo en Madrid, el pasado mes de agosto, de cinco kilos de Goma 2 ECO supusieron la intervención telefónica de más de una treintena de números correspondientes a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, tras localizar el explosivo, y después de las primeras gestiones sobre su hallazgo en Leganés, el magistrado instructor de la causa autorizó una serie de intervenciones telefónicas solicitadas por la Brigada Provincial de Información de Madrid. En los primeros momentos se sospechaba que el explosivo podía tener relaciones con tramas terroristas, motivo por el que se acudió a la Audiencia Nacional. Pero, tras realizar las primeras gestiones, la posibilidad de que estuvieran vinculados terroristas se fue descartando. No obstante, el magistrado mantuvo las pesquisas y autorizó la intervención telefónica de uno de los policías que primero apareció relacionado con el explosivo: José González Flores, El Moro. El confidente que tuvo en su poder el material era informador suyo. Pero, además, el juez autorizó también la intervención de los teléfonos móviles de varios agentes destinados en los servicios centrales de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Información.
(.../...)
Fruto de las pesquisas, los investigadores se encontraron con una actuación delictiva en la que estaría presuntamente implicado El Moro y que consistía en colocar, por encargo, un kilo de cocaína a una ciudadana rusa para encarcelarla y que perdiera la custodia de sus hijos en favor de su ex suegro.
En esas actuaciones también apareció implicado otro agente destinado, al igual que El Moro, en la comisaría de Móstoles. Y dentro de esta amalgama de investigaciones, los agentes se encontraron con que, según el juez, existían contactos entre policías y un periodista de EL MUNDO. A uno de estos agentes, destinado en la comisaría de Villa de Vallecas, también se le intervino el teléfono. Es sólo en este momento cuando se hace partícipe de las investigaciones a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Expertos policiales sostienen que tenía que haber sido esta unidad la que se encargara de estas pesquisas una vez que se descartó por completo la implicación de terroristas.
Así, según estas fuentes, durante la investigación, desde la Brigada Provincial de Información y desde Asuntos Internos, con el visto bueno de Del Olmo, se intervino el teléfono a más de una treintena de agentes: de la propia Brigada Provincial de Información, de la Udyco, y de al menos dos comisarías de Madrid.
El juez, además de ordenar el encarcelamiento de tres agentes (dos de ellos acusados de revelar secretos), mantiene en libertad bajo fianza a otro y, además, imputados en la causa a otros dos agentes de la Udyco, acusados de tenencia de explosivos, y a otro de la Brigada Provincial de Información bajo la acusación de falsificación de documentos.
Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, tras localizar el explosivo, y después de las primeras gestiones sobre su hallazgo en Leganés, el magistrado instructor de la causa autorizó una serie de intervenciones telefónicas solicitadas por la Brigada Provincial de Información de Madrid. En los primeros momentos se sospechaba que el explosivo podía tener relaciones con tramas terroristas, motivo por el que se acudió a la Audiencia Nacional. Pero, tras realizar las primeras gestiones, la posibilidad de que estuvieran vinculados terroristas se fue descartando. No obstante, el magistrado mantuvo las pesquisas y autorizó la intervención telefónica de uno de los policías que primero apareció relacionado con el explosivo: José González Flores, El Moro. El confidente que tuvo en su poder el material era informador suyo. Pero, además, el juez autorizó también la intervención de los teléfonos móviles de varios agentes destinados en los servicios centrales de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Información.
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Fruto de las pesquisas, los investigadores se encontraron con una actuación delictiva en la que estaría presuntamente implicado El Moro y que consistía en colocar, por encargo, un kilo de cocaína a una ciudadana rusa para encarcelarla y que perdiera la custodia de sus hijos en favor de su ex suegro.
En esas actuaciones también apareció implicado otro agente destinado, al igual que El Moro, en la comisaría de Móstoles. Y dentro de esta amalgama de investigaciones, los agentes se encontraron con que, según el juez, existían contactos entre policías y un periodista de EL MUNDO. A uno de estos agentes, destinado en la comisaría de Villa de Vallecas, también se le intervino el teléfono. Es sólo en este momento cuando se hace partícipe de las investigaciones a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Expertos policiales sostienen que tenía que haber sido esta unidad la que se encargara de estas pesquisas una vez que se descartó por completo la implicación de terroristas.
Así, según estas fuentes, durante la investigación, desde la Brigada Provincial de Información y desde Asuntos Internos, con el visto bueno de Del Olmo, se intervino el teléfono a más de una treintena de agentes: de la propia Brigada Provincial de Información, de la Udyco, y de al menos dos comisarías de Madrid.
El juez, además de ordenar el encarcelamiento de tres agentes (dos de ellos acusados de revelar secretos), mantiene en libertad bajo fianza a otro y, además, imputados en la causa a otros dos agentes de la Udyco, acusados de tenencia de explosivos, y a otro de la Brigada Provincial de Información bajo la acusación de falsificación de documentos.
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