Vera anticipó al PSOE que el 13-M habría detenciones de islamistas
11-12-06
11-M / Comunicó al partido en la noche del 12 de marzo lo que le había dicho la juez francesa Levert, que obtuvo información de los servicios secretos españoles / El ex secretario de Estado fue a Mérida para tener un teléfono seguro / 11-M / La investigación
Vera anticipó al PSOE que el 13-M habría detenciones de islamistas
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
11-M / Comunicó al partido en la noche del 12 de marzo lo que le había dicho la juez francesa Levert, que obtuvo información de los servicios secretos españoles / El ex secretario de Estado fue a Mérida para tener un teléfono seguro / 11-M / La investigación
Vera anticipó al PSOE que el 13-M habría detenciones de islamistas
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
MADRID.- El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera informó telefónicamente a la dirección del Partido Socialista en la noche del 12 de marzo de 2004 de que, al día siguiente, se iban a producir detenciones de islamistas en relación a la masacre del 11-M.
Según el propio Vera, su fuente era la juez antiterrorista francesa Laurence Levert, con la que había mantenido una fluida relación cuando él era número dos del Ministerio del Interior, en tiempos de Felipe González. Según esa versión, Levert habría obtenido esa información a través de los servicios secretos españoles.
(.../...)
En efecto, el sábado 13 de marzo, a primera hora de la tarde, se produjo la detención de cinco sospechosos; entre ellos, Jamal Zougam, propietario del locutorio de Lavapiés.
En la tarde del día 12 de marzo, agentes de la UCIE habían acudido a la tienda de decomisos de Alcorcón Shindu Enterprise, regentada por los indios Vinay Kholy y Suresh Kumar. Ése era el establecimiento que había vendido la tarjeta que había sido hallada en la mochila de Vallecas y que fue la pista que llevó a orientar definitivamente las pesquisas de la Policía hacia el terrorismo islamista, en detrimento de la tesis de la autoría de ETA, que había mantenido el Gobierno durante las primeras 48 horas tras la masacre. En esa primera visita, la Policía no logró avanzar en su investigación.
Sin embargo, el sábado 13 de marzo, por la mañana, los agentes volvieron a Shindu Enterprise, detuvieron a los dos indios y, ya en la sede de la Comisaría General de Información, lograron que éstos identificaran a Zougam como la persona a la que habían vendido un paquete de tarjetas entre las que se encontraba la hallada en la mochila de Vallecas. Poco después del interrogatorio, se produjo la detención de Zougam junto a la de los otros dos empleados del locutorio de Lavapiés: Mohamed Chaoui y Mohamed Bekali.
Así que Rafael Vera estaba en lo cierto.
Esa valiosísima información se transmitió a la dirección socialista tras la gigantesca manifestación que se produjo en Madrid en la tarde del día 12 de marzo en repulsa por el atentado de los trenes.
Una vez concluida la misma, un grupo de dirigentes del PSOE se dirigió hacia la sede del partido sita en la calle Gobelas. Momentos después, pasadas las 21.00 horas, el grupo se encaminó para cenar hacia el restaurante La Hacienda, sito junto a la carretera de La Coruña y muy cerca del cuartel general socialista.
En la cena estuvieron presentes Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Miguel Angel Sacaluga (consejero de RTVE) y los miembros del comité electoral Oscar López, Nacho Varela y César Mongo.
Durante la misma, varias personas contactaron con Blanco y Rubalcaba para transmitirles las noticias que iban teniendo sobre el atentado. Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior en tiempos de Belloch y ahora magistrada de la Audiencia Nacional, habló con Blanco, a quien le dijo que sus fuentes en el entorno abertzale le aseguraban que ETA no había tenido nada que ver en el atentado. Rubalcaba habló, entre otros, con la ex ministra portavoz Rosa Conde.
Sin embargo, la llamada que más congratuló a los comensales fue la de Rafael Vera. De hecho, estaban seguros de que, de ser cierto lo que decía el ex responsable de Seguridad, el PSOE ganaría las elecciones que habían de celebrarse el 14 de marzo, apenas 36 horas después de la premonitoria confidencia.
El sábado 13 de marzo, día de reflexión, ya desde por la mañana se cruzaron miles de mensajes telefónicos convocando para esa misma tarde manifestaciones frente a las sedes del PP. Por ejemplo: «Hoy 13-M a las 18.00. Sede del PP. Calle Génova, 13». Aunque el propio Blanco dio instrucciones a su partido para que el PSOE no avalara con sus siglas las convocatorias, muchos de sus militantes, a título personal, acudieron a las distintas concentraciones que tuvieron lugar en toda España.
La movilización de los dirigentes socialistas para recabar datos sobre la autoría del atentado, sobre todo los que habían tenido responsabilidades en Interior, había sido inmediata.
Ya en la mañana del día 11 de marzo, Vera contactó con su amigo el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para hacerle una petición un tanto peculiar. El ex secretario de Seguridad del Estado, que se había puesto manos a la obra para ayudar a su partido cuando todavía se estaban contabilizando los muertos, no se fiaba de su teléfono porque sospechaba que podía estar controlado por la Policía. Así que pidió a Rodríguez Ibarra que le proporcionara medios para realizar sus gestiones con ciertas garantías.
El presidente de la Junta extremeña no vaciló un momento y le ofreció un despacho y un teléfono seguros en las cercanías de Mérida, para que éste instalara allí su improvisado centro de operaciones. En efecto, Vera se trasladó hasta la provincia de Badajoz y, desde un lugar secreto, movilizó a todos sus contactos policiales en España y Francia.
Pero no fue el único. Sobre las 17.00 horas del día 11 de marzo, dos ex ministros del Interior, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, acudieron a la cárcel de Ocaña II (Toledo) para visitar y conversar durante tres horas con el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, que cumplía condena de 75 años por los asesinatos de Lasa y Zabala. Rafael Vera era un habitual en las visitas a Galindo, pero ese día no acudió a Ocaña porque viajaba rumbo a Mérida.
Sin duda, Rodríguez Galindo, a pesar de su ingreso en prisión, seguía teniendo buenos contactos en el Instituto Armado. De hecho, el responsable de la unidad de élite de la Guardia Civil, conocida por sus siglas UCO (Unidad Central Operativa), Félix Hernando, está encausado por haber llevado dinero en maletines, por orden de Rafael Vera, a Suiza para pagar el silencio de las esposas de José Amedo y Michel Domínguez. Uno de los confidentes de la UCO era Rafá Zouhier, quien había advertido a sus controladores sobre la llamada trama asturiana de la dinamita y quien, tras los atentados del 11 de marzo, dio la pista clave sobre el domicilio de El Chino.
Según el propio Vera, su fuente era la juez antiterrorista francesa Laurence Levert, con la que había mantenido una fluida relación cuando él era número dos del Ministerio del Interior, en tiempos de Felipe González. Según esa versión, Levert habría obtenido esa información a través de los servicios secretos españoles.
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En efecto, el sábado 13 de marzo, a primera hora de la tarde, se produjo la detención de cinco sospechosos; entre ellos, Jamal Zougam, propietario del locutorio de Lavapiés.
En la tarde del día 12 de marzo, agentes de la UCIE habían acudido a la tienda de decomisos de Alcorcón Shindu Enterprise, regentada por los indios Vinay Kholy y Suresh Kumar. Ése era el establecimiento que había vendido la tarjeta que había sido hallada en la mochila de Vallecas y que fue la pista que llevó a orientar definitivamente las pesquisas de la Policía hacia el terrorismo islamista, en detrimento de la tesis de la autoría de ETA, que había mantenido el Gobierno durante las primeras 48 horas tras la masacre. En esa primera visita, la Policía no logró avanzar en su investigación.
Sin embargo, el sábado 13 de marzo, por la mañana, los agentes volvieron a Shindu Enterprise, detuvieron a los dos indios y, ya en la sede de la Comisaría General de Información, lograron que éstos identificaran a Zougam como la persona a la que habían vendido un paquete de tarjetas entre las que se encontraba la hallada en la mochila de Vallecas. Poco después del interrogatorio, se produjo la detención de Zougam junto a la de los otros dos empleados del locutorio de Lavapiés: Mohamed Chaoui y Mohamed Bekali.
Así que Rafael Vera estaba en lo cierto.
Esa valiosísima información se transmitió a la dirección socialista tras la gigantesca manifestación que se produjo en Madrid en la tarde del día 12 de marzo en repulsa por el atentado de los trenes.
Una vez concluida la misma, un grupo de dirigentes del PSOE se dirigió hacia la sede del partido sita en la calle Gobelas. Momentos después, pasadas las 21.00 horas, el grupo se encaminó para cenar hacia el restaurante La Hacienda, sito junto a la carretera de La Coruña y muy cerca del cuartel general socialista.
En la cena estuvieron presentes Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Miguel Angel Sacaluga (consejero de RTVE) y los miembros del comité electoral Oscar López, Nacho Varela y César Mongo.
Durante la misma, varias personas contactaron con Blanco y Rubalcaba para transmitirles las noticias que iban teniendo sobre el atentado. Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior en tiempos de Belloch y ahora magistrada de la Audiencia Nacional, habló con Blanco, a quien le dijo que sus fuentes en el entorno abertzale le aseguraban que ETA no había tenido nada que ver en el atentado. Rubalcaba habló, entre otros, con la ex ministra portavoz Rosa Conde.
Sin embargo, la llamada que más congratuló a los comensales fue la de Rafael Vera. De hecho, estaban seguros de que, de ser cierto lo que decía el ex responsable de Seguridad, el PSOE ganaría las elecciones que habían de celebrarse el 14 de marzo, apenas 36 horas después de la premonitoria confidencia.
El sábado 13 de marzo, día de reflexión, ya desde por la mañana se cruzaron miles de mensajes telefónicos convocando para esa misma tarde manifestaciones frente a las sedes del PP. Por ejemplo: «Hoy 13-M a las 18.00. Sede del PP. Calle Génova, 13». Aunque el propio Blanco dio instrucciones a su partido para que el PSOE no avalara con sus siglas las convocatorias, muchos de sus militantes, a título personal, acudieron a las distintas concentraciones que tuvieron lugar en toda España.
La movilización de los dirigentes socialistas para recabar datos sobre la autoría del atentado, sobre todo los que habían tenido responsabilidades en Interior, había sido inmediata.
Ya en la mañana del día 11 de marzo, Vera contactó con su amigo el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para hacerle una petición un tanto peculiar. El ex secretario de Seguridad del Estado, que se había puesto manos a la obra para ayudar a su partido cuando todavía se estaban contabilizando los muertos, no se fiaba de su teléfono porque sospechaba que podía estar controlado por la Policía. Así que pidió a Rodríguez Ibarra que le proporcionara medios para realizar sus gestiones con ciertas garantías.
El presidente de la Junta extremeña no vaciló un momento y le ofreció un despacho y un teléfono seguros en las cercanías de Mérida, para que éste instalara allí su improvisado centro de operaciones. En efecto, Vera se trasladó hasta la provincia de Badajoz y, desde un lugar secreto, movilizó a todos sus contactos policiales en España y Francia.
Pero no fue el único. Sobre las 17.00 horas del día 11 de marzo, dos ex ministros del Interior, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, acudieron a la cárcel de Ocaña II (Toledo) para visitar y conversar durante tres horas con el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, que cumplía condena de 75 años por los asesinatos de Lasa y Zabala. Rafael Vera era un habitual en las visitas a Galindo, pero ese día no acudió a Ocaña porque viajaba rumbo a Mérida.
Sin duda, Rodríguez Galindo, a pesar de su ingreso en prisión, seguía teniendo buenos contactos en el Instituto Armado. De hecho, el responsable de la unidad de élite de la Guardia Civil, conocida por sus siglas UCO (Unidad Central Operativa), Félix Hernando, está encausado por haber llevado dinero en maletines, por orden de Rafael Vera, a Suiza para pagar el silencio de las esposas de José Amedo y Michel Domínguez. Uno de los confidentes de la UCO era Rafá Zouhier, quien había advertido a sus controladores sobre la llamada trama asturiana de la dinamita y quien, tras los atentados del 11 de marzo, dio la pista clave sobre el domicilio de El Chino.
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