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2.12.06

 

Uno de los policías de la mafia de la Goma 2 nació en Marruecos y se le conoce como El Moro

 


ESTUVO EN LA COMISARÍA DE VALLECAS LA NOCHE DEL 11-M
Uno de los policías de la mafia de la Goma 2 nació en Marruecos y se le conoce como El Moro
Mochila supuestamente utilizada el 11-M. (Archivo)
Uno de los funcionarios detenidos este viernes en la operación contra una mafia policial dedicada al tráfico de dinamita y drogas nació en Nador y es conocido entre sus compañeros como El Moro, según revela El Mundo este sábado. José Antonio González Clares nació en la localidad marroquí y estaba destinado en la comisaría de Puente de Vallecas donde la misma noche del 11-M apareció la mochila con Goma 2 que reorientó la investigación sobre la masacre justo a tiempo de volcar a favor del PSOE las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Según el diario que ha descubierto la trama policial formada por "terroristas infiltrados" –en palabras del sindicato progubernamental SUP– , González Clares estaba fuera de servicio la noche del 11-M, pero se presentó en su puesto. El PP ha pedido "explicaciones totales" a Rubalcaba sobre el "descontrol absoluto" del Ministerio el Interior.
  • ME APUNTO A LA TESIS DE EL PAÍS, por Luis del Pino

  • Leer el resto de la noticia aqui.


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    Del Olmo ordena detener a cuatro policías por la trama de la Goma 2

     

    2-12-06



    BAJO SOSPECHA / Dos de ellos estuvieron destinados en la comisaría de Puente de Vallecas cuando apareció la mochila del 11-M / A los otros dos agentes se les acusa de revelación de secretos a EL MUNDO

    Del Olmo ordena detener a cuatro policías por la trama de la Goma 2

    FERNANDO LAZARO

    MADRID.- La Policía detuvo ayer, por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, a cuatro agentes de este Cuerpo por su presunta implicación en una trama delictiva. En concreto, según la nota facilitada por el Ministerio del Interior, los detenidos están acusados, entre otros delitos, de tráfico de drogas y de explosivos. El Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba informó a última hora de anoche, en un comunicado oficial, de que también habían sido arrestadas otras tres personas.


    Dos de los funcionarios (uno de ellos, recién ascendido a la escala de oficiales) estaban destinados en la comisaría de Móstoles desde fechas recientes, y anteriormente desempeñaban sus funciones en la comisaría de Puente de Vallecas. Los otros dos agentes trabajan en Villa de Vallecas.

    (.../...)

    Los agentes de Móstoles fueron los primeros en ser detenidos por la Unidad de Asuntos Internos. Poco después, los investigadores se presentaron en la comisaría de Villa de Vallecas, donde detuvieron a otros dos funcionarios. En total, han sido arrestados un inspector, un oficial y dos policías. El inspector ha solicitado un hábeas corpus.

    En la breve nota del Ministerio se indica que la operación fue desarrollada por la Unidad de Asuntos Internos (desde hace pocas fechas dirigida por la comisaria Ana María Arias) y la Brigada Provincial de Información de Madrid. Según la nota, los siete detenidos están implicados en «distintas actividades propias de la delincuencia común».

    Fuentes de la investigación explicaron a este periódico que las sospechas sobre el tráfico de explosivos recaen únicamente sobre dos de los funcionarios, los que estaban destinados en la comisaría de Móstoles y estuvieron trabajando anteriormente en la de Puente de Vallecas.

    A los otros dos se les acusa de revelación de secretos. En concreto, según citan fuentes de la investigación, de revelar datos al periódico EL MUNDO. También se vincula a los cuatro con falsificación de documentación.

    En el último párrafo de la nota oficial, el Ministerio del Interior aclara que el juez ha decretado el secreto de las actuaciones, pero «en todo caso no guardan relación con ninguna de las causas abiertas por el citado Juzgado número 6», en clara referencia a la instrucción que el juez Del Olmo estuvo realizando sobre la matanza del 11-M en Madrid.

    Círculos policiales han mostrado su sorpresa y malestar por la actuación de ayer. De hecho, en el seno de la Udyco, que inicialmente también estuvo tras la pista de los explosivos de Madrid, hay un fuerte malestar con la manera en que ha llevado a cabo las pesquisas la Brigada Provincial de Información de Madrid.

    La actuación se produce después de que EL MUNDO desvelara la existencia de una mafia policial en la que algunos agentes podrían estar implicados en el tráfico de drogas, armas y explosivos. Incluso, se sospechaba que alguno de los investigados pudo participar en la muerte de un delincuente común en Madrid.

    Este diario señaló que, por orden del juez Del Olmo, había más de una docena de teléfonos intervenidos, en concreto, 17 números.

    Uno de los detenidos, el agente de Policía destinado en Móstoles José Antonio González Clares, nació en la localidad marroquí de Nador y tiene nacionalidad española. Entre sus compañeros es conocido con el apodo de El Moro. Se da la circunstancia de que este agente estaba destinado en la comisaría de Puente de Vallecas cuando apareció la mochila décimo tercera que permitió abrir líneas de investigación para desentrañar la matanza de Madrid. De hecho, aquel día estaba fuera de servicio y, como muchos policías de aquellas dependencias, se presentó en su puesto de trabajo.

    El responsable del control de los objetos recuperados en las zonas de los atentados denunció en una carta a sus mandos que la cadena de custodia, la vigilancia sobre todos los objetos, había sido rota.

    Posteriormente fue llamado a declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional que instruía la causa e insistió en su denuncia. Además, un informe elaborado por la Unidad Central e Información Exterior conjuntamente con la Unidad Central de Información puso también sobre la mesa la posibilidad de que la famosa bolsa hubiera sido manipulada. De hecho, hay un perfil de ADN recogido del asa de la bolsa que aún está por identificar.

    Fuentes de la investigación apuntan que los autores del tráfico de explosivos podrían estar realizando una operación controlada con el fin de perjudicar a alguna trama criminal, que se dedicaba al tráfico de heroína.

    La operación ha sido finalizada por la Unidad de Asuntos Internos. Inicialmente, las pesquisas estuvieron en manos de la Brigada Provincial de Información de Madrid. Y se iniciaron a consecuencia de la localización en un polígono industrial del barrio de La Fortuna, en Leganés, el pasado 15 de agosto, de un paquete de cinco kilos de Goma 2 ECO con detonadores.

    Fue Manuel R. M., confidente de la Policía, quien alertó a su controlador -el agente conocido como El Moro- de la existencia del paquete de dinamita. Este confidente está también detenido, al igual que su mujer, que estaba con él en el momento de producirse el arresto.

    El Moro se acercó a Leganés para contactar con su confidente. Desde allí alertó al 091 y se puso en marcha un despliegue especial de seguridad en la zona al tratarse de un asunto de explosivos.

    El confidente informó de que el paquete le había sido entregado por un vecino de la localidad madrileña de El Alamo. Con el visto bueno del juez se intervino el teléfono de este sospechoso. Una vez realizadas las gestiones, comparecieron ante el juez todos los policías que participaron en las investigaciones, el confidente, su mujer y el presunto autor de la entrega. Tras varias diligencias, tomas de declaración y careos, el juez optó por dejar a todos en libertad.

    Sin embargo, fruto de las escuchas, los investigadores comprobaron cómo El Moro se vanagloriaba de que a él no le iban a pillar nunca sus compañeros de Asuntos Internos. Además, detectaron un amplio cruce de llamadas con varios de los implicados en la trama ahora destapada por la actuación policial.

    Algunas fuentes de la investigación apuntaban ayer la posibilidad de que fueran precisamente las informaciones publicadas por este periódico las que incentivaron la actuación policial que ha culminado con la detención de cuatro funcionarios policiales y tres civiles.


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    «Terroristas de uniforme»

     

    2-12-06



    «Terroristas de uniforme»


    El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), bajo el título «Terroristas de uniforme», hizo público ayer un comunicado en el que indica que si se confirma que hay policías implicados en el tráfico de explosivos «nos encontraremos ante un hecho sin precedentes de terroristas infiltrados en la Policía».


    «Pedimos el esclarecimiento absoluto de los hechos, la depuración de responsabilidades, la revisión inmediata del sistema de control interno y la potenciación de la Unidad de Asuntos Internos para garantizar a los ciudadanos y a los policías que delincuentes de esa calaña no pueden superar los filtros de ingreso en ese Cuerpo y, si lo hacen, que serán inmediatamente detenidos».
    (.../...)

    «Si se confirma que traficaban con explosivos», concluye el sindicato, «pedimos para ellos la misma condena que para el más sanguinario de los terroristas y estudiaremos la posibilidad de ejercer la acusación particular por el daño que originan a la imagen del Cuerpo Nacional de Policía».

    Por otra parte, la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Alicia Sánchez-Camacho, afirmó que la detención de estos cuatro policías demuestra el «descontrol, caos y desgobierno» del Ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.

    En declaraciones a Efe, Sánchez-Camacho aseguró que es una «muy mala noticia» que evidencia que el Ministerio del Interior «es un caos y está sumamente descontrolado», y añadió que es «otro problema más a añadir a los que ya tiene» Pérez Rubalcaba, quien, según dijo, «es incapaz de afrontar todas las cuestiones de competencia, especialmente las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Recordó que Interior es el «único» que tiene a la cúpula de la Policía Científica imputada en el 'caso del ácido bórico'.


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    UNA TRAMA QUE ESTREMECE Y LA MANIPULACION PARA TAPARLA

     

    2-12-06



    Editorial

    UNA TRAMA QUE ESTREMECE Y LA MANIPULACION PARA TAPARLA


    Todo indica que la detención de agentes de la Policía Nacional, ordenada ayer por el juez Del Olmo, se precipitó tras la publicación en EL MUNDO de la existencia de una red de tráfico de dinamita y de drogas a la que están vinculados miembros de ese cuerpo policial.

    Es muy probable que precisamente la publicación de esa información haya evitado a los responsables de las Fuerzas de Seguridad caer en la tentación de echar tierra sobre este asunto. Lo cierto es que ayer el juez instructor ordenó esas detenciones, que corroboran lo denunciado por este periódico.

    (.../...)

    Ello confirma que nos hallamos ante una violación de las leyes extraordinariamente grave, pues, tras lo que hemos vivido en España, resulta estremecedor que agentes de la Policía Nacional puedan estar implicados en una red de tráfico de Goma 2 Eco, de drogas e incluso, tal vez, en un asesinato. Como bien expresó Mariano Rajoy, «se le ponen a uno los pelos de punta».

    El propio Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitió ayer una nota particularmente dura, pidiendo «el esclarecimiento absoluto de los hechos, la depuración de responsabilidades y la revisión inmediata del control interno». El SUP calificaba a esos agentes de «terroristas infiltrados en la Policía».

    Decíamos hace unos días que existen dos sospechosas coincidencias en este asunto. La primera casualidad es que la red de tráfico de Goma 2 Eco operaba en Leganés, cerca del lugar donde murieron los siete islamistas del comando del 11-M. La segunda coincidencia es que al menos dos de los agentes detenidos trabajaban en la comisaría de Vallecas donde apareció la famosa mochila. El MUNDO revela hoy otra tercera: que uno de esos agentes que estaban adscritos a Vallecas nació en Nador (Marruecos) y sus compañeros le apodan El Moro.

    En una nota divulgada anoche, Interior intentaba desvincular estas detenciones del 11-M. Su premura en hacerlo pone en evidencia la inconsistencia de la pretensión.

    Interior dice en su nota que los siete detenidos están «implicados en distintas actividades propias de la delincuencia común». Poco antes de dar a conocer ese comunicado fuentes del Ministerio filtraban que dos de los agentes habían sido detenidos por «revelación de secretos»; o sea, por haber filtrado la información a EL MUNDO.

    Jamás revelaremos nuestras fuentes pero si esto fuera así, pondría de relieve el rasero moral de los responsables de Interior, que estarían metiendo en el mismo saco a quien trafica con Goma 2 y a quien lo denuncia. Pero, sobre todo, evidenciaría una nueva operación para manipular a la opinión pública e intimidar a quienes se atrevan a denunciar la corrupción policial, muy similar a la realizada contra los peritos de la Policía Científica.

    La cúpula de Interior ha perdido toda la credibilidad y, en vez de atajar por lo sano las irregularidades de su departamento, intenta sembrar la confusión con medias verdades y filtraciones interesadas. En lugar de tratar de averiguar quiénes hablan con los periodistas más le valdría poner algo de su parte para esclarecer qué policías le dieron hace ya seis meses el tristemente famoso chivatazo a ETA.


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    El 'geo' fallecido en Leganés recibe la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo

     

    2-12-06



    El 'geo' fallecido en Leganés recibe la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo


    MADRID.- El Gobierno otorgó ayer la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo al geo fallecido en Leganés en marzo de 2004, Francisco Javier Torronteras, y a numerosas personalidades del mundo empresarial y cultural, como el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Alvarez, o las actrices Julia Gutiérrez Caba y Lola Herrera.


    A propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el Gobierno concedió un total de 34 Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo, entre las que destacan también asociaciones sin ánimo de lucro como Cáritas Española.

    De las 29 medallas individuales, la única a título póstumo ha sido concedida a Torronteras, subinspector del Grupo Especial de Operación (GEO) que falleció en la intervención policial en Leganés tras los atentados del 11-M.
    (.../...)

    Además de Cáritas, recibirán las medallas colectivas otras organizaciones como la Asociación de Madres de Discapacitados de Baleares, Disminuidos Físicos de Aragón, el Comedor Benéfico de la Madre Alegría y la Fundación Ilundáin.

    Del mundo de la cultura, recibirá la medalla la fundadora de la célebre librería Lagun de San Sebastián, María Teresa Castells.


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    El Gobierno admite la dificultad de avanzar en el 'proceso de paz' sin el PP

     

    2-12-06



    ALTO EL FUEGO / Las consecuencias

    El Gobierno admite la dificultad de avanzar en el 'proceso de paz' sin el PP

    Fernández de la Vega dice que mantiene la «mano tendida», pero culpa a los 'populares' de la ruptura

    FERNANDO GAREA

    MADRID.- El Gobierno admite que es difícil avanzar en el proceso de paz con la oposición radical del PP, según distintas fuentes del Ejecutivo.

    Explican que, en la actual situación de bloqueo por el hecho de que ETA y Batasuna han vuelto a su programa de máximos, todo está resultando mucho más difícil para el Ejecutivo con el PP enfrente. En esta tesis coinciden destacados dirigentes socialistas y miembros del Gobierno.

    (.../...)

    Por eso, se han producido gestos del Gobierno como la foto del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, junto al portavoz del PP, Eduardo Zaplana, en el Congreso. En esa conversación, el ministro trasladó a Zaplana un mensaje muy pesimista sobre la situación.

    Ambos hablaron ya por teléfono la noche antes, nada más producirse las detenciones, y no han dejado de tener contacto en los últimos meses, pero el jueves el Gobierno quiso que, además, se supiera que hablan.

    Ayer mismo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «no se ha movido la posición del Gobierno: siempre la mano tendida al PP, y la seguirá teniendo tendida, como siempre». Eso no significa que el Gobierno vaya a rectificar su posición, vaya a frenar el proceso de paz o renuncie a responder a las acusaciones del PP o a poner de manifiesto el cambio en este partido con respecto al proceso de 1998 y 1999, como hacía el vídeo del PSOE. En este sentido, la vicepresidenta primera añadió ayer que «es bueno que haya acuerdo en la lucha contra el terrorismo. Podría ser bueno recordar quién ha roto los puentes: fueron los dirigentes del PP cuando decidieron hacer de la lucha contra el terrorismo su lucha particular contra el Gobierno. Este Gobierno no es de puentes rotos, sino de mano tendida para que el PP reflexione y se sume al resto de partidos y a la mayoría de los ciudadanos para construir la paz».

    Por ejemplo, en el Gobierno ha provocado enorme malestar -y no renuncia a salir al paso- la posición que mantiene en público el PP y el propio Rajoy sobre el futuro de Navarra.

    Rubalcaba ya respondió el miércoles que el Gobierno no quiere ni puede cambiar el estatus de Navarra y, sin embargo, el PP insiste en lo que el Ejecutivo considera táctica electoral, pensando en las autonómicas de mayo.

    La tesis de destacados miembros del Gobierno y del PSOE es que la oposición del PP en este momento es perjudicial por tres razones: convierte los lógicos altibajos del proceso en desgaste para el Ejecutivo; hace imposible que se pueda llegar a acuerdos en la negociación que deban cumplirse en otra legislatura y lanza un mensaje negativo al poder judicial. La primera se ha puesto de manifiesto en encuestas como la del CIS o la de la revista de Alfonso Guerra y tiene origen en que en este momento el proceso se percibe por los ciudadanos como algo negativo, incluso aunque no haya atentados.

    La segunda se refiere a la imposibilidad de pactar, por ejemplo, medidas penitenciarias o de reinserción de presos en un plazo de años que llegue a otra legislatura y que, por tanto, deba ser avalada por el otro partido que pueda gobernar.

    Y la tercera es considerada fundamental por miembros del Gobierno, ya que se considera que la actuación de los jueces tendrá mucho que ver con la marcha del proceso. Con el PP haciendo oposición frontal al proceso de paz y movilizándose en la calle es imposible lo que el Gobierno considera colaboración de los jueces. La mayoría de los dirigentes de Batasuna y sus aledaños tiene procesos abiertos que podrían ser activados.

    Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno «no está ni más ni menos optimista que hace nueve meses».




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    1.12.06

     

    Los policías de la Goma 2 investigados por tráfico de armas y un asesinato

     

    1-12-06



    Los policías de la Goma 2 investigados por tráfico de armas y un asesinato


    La Brigada de Información de Madrid cree que algunos de los agentes participaron en la muerte de un delincuente que conocía sus actividades

    FERNANDO LAZARO

    MADRID.- No fueron sólo explosivos. La Brigada Provincial de Información de Madrid también está investigando por traficar supuestamente con drogas y armas a los agentes de la Policía que, como ayer publicó EL MUNDO, habrían comerciado con Goma 2 ECO. Además, se sospecha que alguno de ellos intervino en la muerte de un delincuente habitual que conocía sus andanzas delictivas.


    Esas pesquisas se iniciaron tras el hallazgo en agosto de cinco kilos de Goma 2, similar a la presuntamente utilizada en la masacre del 11-M y en el piso de Leganés. La investigación está en manos del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, el mismo que instruye el sumario por los atentados.
    (.../...)

    Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, algunos de los presuntos partícipes podrían estar implicados también en tramas de narcotráfico. En concreto, según explicaron estas fuentes, se está averiguando si algunos de estos policías se dedicaban a quedarse con parte de lo que se requisaba en operaciones contra el narcotráfico en Madrid.

    Los investigadores señalan que se trata fundamentalmente de actuaciones contra delincuentes dedicados al tráfico de heroína. Los policías sospechosos despistaban parte de la droga requisada y, según estas pesquisas, luego la volvían a poner en el mercado a través de confidentes suyos que se dedican al menudeo.

    Pero los indicios también apuntan a que al menos dos de los agentes implicados en esta trama podrían haber participado en, como mínimo, una muerte. Los investigadores opinan que, en algún momento, estos agentes podrían haber acabado con la vida de algún pequeño delincuente en Madrid que conocía sus andanzas.

    Las mismas fuentes precisaron que la existencia de estos sospechosos se detectó tras la frustrada entrega de los cinco kilos de Goma 2 ECO en Leganés, el pasado mes de agosto. El correo era confidente de un agente de la Policía Nacional, que fue quien dio la alarma de la existencia del explosivo en Madrid. Tras las primeras pesquisas, los investigadores identificaron a quien, presuntamente, entregó el explosivo al confidente policial. Sin embargo, tras las actuaciones policiales y judiciales, dirigidas por Del Olmo, todos los implicados quedaron en libertad, incluido el confidente que tenía el explosivo.

    La Goma 2 ECO intervenida al colaborador policial estaba conectada a detonadores y, por lo tanto, preparada para hacer explosión. Este dato hizo sospechar, en un principio, que podría tratarse de una operación para volver a provocar una masacre en Madrid.

    Según explicaron fuentes cercanas a los investigados, el padre del confidente policial se encuentra actualmente cumpliendo condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas y de armas. Estaba internado en un centro penitenciario de Galicia aunque recientemente ha sido trasladado a Madrid.

    Durante las investigaciones sobre el padre del confidente, la Policía indagó posibles relaciones con los Grapo, ante la sospecha de que este encarcelado hubiera facilitado explosivos a los terroristas. No obstante, no se pudo comprobar este vínculo ni se le acusó tampoco de formar parte del grupo terrorista.

    Ahora, las pesquisas, como ya adelantó EL MUNDO, se centran en la implicación de policías en una trama de tráfico de Goma 2 ECO. Se da la circunstancia de que uno de los agentes investigados en esta presunta trama estuvo destinado en la comisaría del Puente de Vallecas el día en que apareció en esas dependencias policiales la polémica mochila número 13, la que permitió, tras su desactivación, obtener la tarjeta clave en las investigaciones del 11-M. En aquella bolsa había también cerca de 10 kilos de Goma 2 ECO.

    El responsable policial encargado de vigilar los enseres acumulados en aquellas dependencias judiciales denunció a sus superiores en una carta que la cadena de custodia de los paquetes se rompió en algún momento.

    Desde la Confederación Española de Policía se pidió al Ministerio del Interior que «no baje la guardia» y esclarezca definitivamente cualquier sombra de sospecha sobre esta presunta trama de corrupción.

    Lorenzo Nebrera, secretario de Organización de este sindicato, indicó que la información publicada por EL MUNDO «es de extrema gravedad». Considera poco probable que esta «extraña trama de explosivos» tuviera como objetivo provocar un delito, es decir, una entrega controlada de la Goma 2 a posibles terroristas con el fin de detenerles en plena acción, porque sería extremadamente peligroso». Recordó que hay abierta una investigación policial y judicial para esclarecer los hechos. «Nos inclinamos a pensar que puede haber una actuación delictiva encaminada a obtener dinero por la venta de explosivos», añadió.

    «Si se demuestra que hay policías implicados, hay herramientas a nivel interno para depurar responsabilidades. Además, exigiremos que caiga sobre ellos todo el peso de la ley», agregó el dirigente de la CEP.

    No obstante, recordó que el caso está en manos de un juez de la Audiencia Nacional y que deberá ser éste quien concluya si existen responsabilidades penales en las actividades de determinados miembros de la Policía Nacional, algunos de ellos destinados en los organismos centrales.



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    Una acusación proporcional a la gravedad de las conductas de los mandos de la Policía Científica

     

    1-12-06



    Impresiones

    Una acusación proporcional a la gravedad de las conductas de los mandos de la Policía Científica


    La Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo del 11-M presentó ayer su escrito de acusación contra los cuatro mandos de la Policía Científica. La Asociación solicita que se les juzgue por delitos de falsedad documental y falso testimonio. Pide para Francisco Ramírez, Pedro Luis Mélida, José Andradas y Miguel Angel Santano penas de seis años de cárcel e inhabilitación por otros tantos. Y solicita que se cite a declarar como testigos a los ministros Alonso y Rubalcaba. El castigo que demanda la Asociación es severo, pero guarda proporción con la gravedad de las imputaciones contra los cuatro imputados. En su escrito, la acusación popular reconstruye con rigor y minuciosidad la actuación de los mandos policiales para evitar que el informe de los tres peritos en el que se establecía un nexo entre ETA y los islamistas llegase al juez instructor del 11-M. «La orden que el acusado Santano dio a Mélida y éste transmitió a Ramírez fue contundente: que se elimine del informe todo lo referente a ETA», sostiene la Asociación de Víctimas del 11-M, que concluye que los cuatro acusados se concertaron para suprimir esa mención a ETA y para fabricar un documento falso. Eso es exactamente lo que sucedió, como el escrito de acusación reconstruye de forma impecable a partir de las declaraciones judiciales de los cuatro jefes de la Policía Científica. La acusación popular ha realizado un excelente trabajo, que será muy difícil de refutar por el abogado de los mandos policiales. Resta por ver si la Fiscalía va a pedir el archivo de la causa como hizo en el caso Bono, cuando antepuso los intereses del Gobierno a la defensa del principio de legalidad.


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    Los etarras detenidos experimentaban nuevos explosivos para sus comandos

     

    1-12-06



    ALTO EL FUEGO / Los expertos consideran que estaban intentando reconstruir el aparato logístico / Las Fuerzas de Seguridad descartan que estuvieran preparando un atentado / Los agentes buscan las 350 pistolas robadas

    Los etarras detenidos experimentaban nuevos explosivos para sus comandos

    Se les encontraron distintas sustancias para fabricar bombas, 10 detonadores y material informático para falsificar documentos «No hay nada más opuesto a la paz que la violencia y prepararse para ejercerla», asegura Rubalcaba «Las detenciones no son el camino», advierte Batasuna
    ANGELES ESCRIVA

    MADRID.- La Policía francesa ha encontrado una decena de detonadores y muestras de explosivos en el registro de la casa rural de la pequeña localidad de Quezac en la que se escondían el jefe del aparato logístico-militar de ETA, Zigor Garro Pérez, su novia, la también terrorista María Bernadó, y su lugarteniente Ekain Mendizabal. Los agentes están analizando el tipo exacto de material acumulado por los etarras que, según deducen, estaba destinado a la realización de pruebas y combinaciones, dado que las cantidades localizadas hasta última hora de la tarde de ayer no son abultadas.


    En la inspección del domicilio de los etarras también se ha encontrado una buena cantidad de material informático de alta calidad cuya funcionalidad era la de ser utilizado, en su mayor parte, para la falsificación de documentos de todo tipo, especialmente de carnés de identidad, que iban a ser distribuidos entre los miembros de los comandos. No en vano, Zigor Garro, antes de ascender y ser colocado al frente del aparato logístico tras el arresto de su predecesor, Félix Ignacio Esparza Luri, era el principal responsable de las falsificaciones en la banda terrorista.
    (.../...)

    El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al valorar cómo podía repercutir la operación en el proceso iniciado para conseguir el fin del terrorismo, señaló que «no hay nada más opuesto a la paz que la violencia y prepararse para ejercerla».

    Batasuna advirtió en un comunicado de que «las detenciones no son el camino».

    La Policía francesa investiga si entre las sustancias detectadas hay polvo de aluminio, material utilizado por la banda terrorista para la fabricación de amonal y amosal, y si tiene alguna relación con los más de 1.000 kilos de esta sustancia robados el pasado año por dos etarras en la localidad francesa de Rouen.

    Los expertos consultados consideran que los tres terroristas arrestados estaban intentando reconstruir y consolidar el aparato logístico de ETA, que es el que se encarga de proveer a los comandos y a los miembros de la banda del material que necesitan para mantener su actividad, en caso de que así se decida, o su operatividad administrativa en cualquier circunstancia.

    Sin embargo y, cuando todavía la operación continúa abierta, las Fuerzas de Seguridad sostienen que no hay indicios de que los arrestados estuvieran preparando la comisión de algún atentado inminente, y consideran que la banda terrorista no tiene intención, por el momento, de romper el alto el fuego.

    Argumentan que, aunque se confirmase el caso de que la banda terrorista realmente hubiese decidido el abandono definitivo de la violencia, seguiría engrasando las estructuras que la conforman, con el objetivo de estar en situación de fuerza en el momento de negociar con el Estado, y por la necesidad de no dejar a sus militantes en la inactividad.

    Los agentes franceses están siguiendo varias pistas con el fin de encontrar más material, cuya existencia es conocida por los investigadores, así como las 350 pistolas robadas el pasado 23 de octubre en la armería de Vauvert, cerca de Nimes. Están convencidos de que esa acción delictiva en la que, además, fueron secuestradas varias personas, fue ordenada por Zigor Garro, por lo que prosiguen sus investigaciones con el fin de confirmar si este responsable del aparato logístico y alguno de sus dos subordinados pudieron participar en ella de manera directa. En el registro se encontraron también las dos pistolas que utilizaban el jefe de los arrestados y su novia.

    Garro, considerado por las Fuerzas de Seguridad un terrorista preparado, con conocimiento de idiomas y con un evidente dominio de la informática, ha estado desarrollando su actividad, según algunas fuentes consultadas por este periódico, en colaboración directa con otro de los responsables del mismo aparato como es Juan Cruz Maíz Artola, todavía en libertad. Los tres detenidos, para encubrir su identidad, recurrieron a la argucia de hacerse pasar por escritores.

    El golpe policial más importante efectuado contra ETA desde que fue anunciado el alto el fuego, empezó a prepararse hace mes y medio, cuando fue detectado el jefe de los detenidos. Hace apenas seis días, y cuando las investigaciones estaban lo suficientemente avanzadas, los agentes informaron al ministro del Interior del desarrollo de la operación, y éste no dudó en ordenar que se llevase a cabo del modo más inmediato posible.

    Casi desde el principio del alto el fuego, los agentes policiales galos fueron avisando a las autoridades españolas de la existencia de movimientos sospechosos por parte de miembros de ETA, que fueron relativizados por el Gobierno con el fin de facilitar el desarrollo del proceso. A finales del pasado mes de agosto, trascendió que la Gendarmería francesa había localizado el 27 de junio un coche destrozado en la localidad de Noailles, al nordeste de Burdeos.

    Fuentes de la investigación sostuvieron que los miembros de la banda terrorista habían estado probando un artefacto en el vehículo como parte del entrenamiento de un comando. Interior, en una nota hecha pública entonces, aseguró que no tenía datos para confirmar esta hipótesis y se limitó a comunicar que ETA «destruye los coches que utiliza bien quemándolos, bien explosionándolos», aceptando de este modo que los etarras robaban vehículos para poder desplazarse en la clandestinidad, pero sin confirmar la posibilidad de un entrenamiento expreso.

    Ayer, el ministro Pérez Rubalcaba, en un cambio de actitud dada la gravedad de la situación, fue tajante al asegurar que «no hay nada más opuesto a la paz que la violencia y prepararse para ejercerla». No apuntó la posibilidad de que el Gobierno pueda ir más lejos en las consecuencias.

    Los arrestados serán trasladados a París para su interrogatorio.


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    La AVT expone en su página web que siempre rechazó la negociación con ETA

     

    1-12-06



    La AVT expone en su página web que siempre rechazó la negociación con ETA


    MADRID.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó ayer dos documentos gráficos (power point) en los que muestra que, desde su fundación en 1981, siempre ha sido contraria al «indulto» de ETA mediante una negociación con los terroristas y que «todos los intentos que se llevaron a cabo fracasaron».

    El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, expuso que con estos dos documentos gráficos -que se pueden consultar en la web www.avt.org- pretende contestar a la campaña de «calumnias» e «insultos» que se han lanzado para desacreditar a su asociación.
    (.../...)

    Alcaraz explicó que ambos documentos responden también a aquellos que afirman que la AVT y las víctimas están manipuladas políticamente y que cambian sus exigencias en función del partido político que gobierne, según informa Efe.

    En el primero de los power point, titulado Aprendamos de la historia, la asociación mayoritaria de víctimas recuerda que siempre ha defendido lo mismo en las tres negociaciones que han llevado a cabo los gobiernos de UCD, PP y PSOE: la no negociación con los terroristas.

    Insiste en que todos los contactos con ETA fueron un «fracaso» y que todos los partidos saben que «la clave» para derrotar a los terroristas se encuentra en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y la Ley de Partidos.

    En ese contexto, la asociación que preside Alcaraz sostiene que el Gobierno actual se «equivoca intentando negociar con la banda» y «olvidándose» del Pacto por las Libertades, que había sido consensuado por los principales partidos políticos.

    El segundo documento gráfico, titulado El indulto a la serpiente, está dedicado a la investigación que se ha llevado a cabo sobre los atentados del 11-M.

    En él, se insiste en que «mientras no se investigue en profundidad, sin mentiras, sin datos falsos y sin trabas, ninguna banda terrorista puede recibir la generosidad de ser indultada por los españoles».

    Reiteró que «es obligación» de la Justicia y del Gobierno investigar hasta el final la masacre perpetrada aquel día», y que «ni la Justicia ni el Gobierno tienen la voluntad de investigar toda la verdad» sobre los atentados. Por todo ello, pidió que «no se indulte a la serpiente de ETA» del 11-M, porque «descartándola se le podría estar dando un indulto inmerecido».


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    Piden seis años de cárcel para los mandos policiales que alteraron el informe ETA/11-M

     

    1-12-06



    Piden seis años de cárcel para los mandos policiales que alteraron el informe ETA/11-M


    La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M solicita también la inhabilitación de Santano, Mélida, Andradas y Ramírez, y propone que Rubalcaba y Alonso declaren como testigos en el juicio
    MARIA PERAL

    MADRID.- La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M solicita seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cada uno de los cuatro mandos policiales acusados de falsificar un informe pericial en el que se relacionaba a ETA con los atentados islamistas de Madrid. Se trata del comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas, y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez.


    Los cuatro intervinieron presuntamente en la alteración de un informe pericial realizado por otros tres funcionarios de la Policía Científica sobre los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en la vivienda de un procesado por el 11-M. Los peritos (Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique) resaltaron en su dictamen que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los terroristas.
    (.../...)


    Según la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que ejerce la acusación popular en este proceso, con la finalidad de que el «dato incómodo» -la mención a ETA- no figurase en un dictamen que tenía que ser remitido a la Audiencia Nacional, los cuatro acusados incurrieron en una cadena de falsificaciones cuya consecuencia fue «ocultar» una determinada información al juez que investigaba los atentados islamistas, a quien correspondía valorar si aquélla era relevante o no.

    «Se ocultó al Juzgado Instructor, al fiscal, a las partes personadas en el sumario, a las víctimas de aquellos terribles atentados terroristas y, en definitiva, a la sociedad española en su conjunto la existencia del informe de los peritos y la posibilidad por ellos apuntada», indica la asociación en el escrito de acusación presentado ayer, en que solicita a la juez Gemma Gallego que abra el juicio oral contra Santano, Mélida, Andradas y Ramírez.

    Les atribuye presuntos delitos de falsedad en documento oficial y falso testimonio que habrían cometido como inductores -en el caso de Santano, Mélida y Andradas- y como autor material en el caso de Ramírez, que fue quien manipuló el dictamen de sus subordinados y firmó el que se envió al juez Del Olmo. Subsidiariamente, Santano es acusado de un delito de encubrimiento por el que se solicitan tres años de prisión y 12 de inhabilitación.

    El escrito de acusación -que destaca la cualificación de los peritos que elaboraron el informe sobre el ácido bórico y consigna los numerosos informes en los que, al igual que en éste, sugirieron conexiones a partir de casos precedentes- sostiene que «Ramírez conocía la existencia de una consigna en cierto sector de la Policía» para no informar a la Audiencia Nacional de ningún vínculo entre ETA y el 11-M.

    Al conocer el dictamen de sus subordinados, Ramírez comentó con Mélida las observaciones incluidas por los peritos «y Mélida, a su vez, telefoneó a Santano, que se encontraba de vacaciones», añade.

    «La orden que Santano dio a Mélida y éste transmitió a Ramírez fue contundente: que se elimine del informe todo lo referente a ETA».

    Fue así como, según la citada asociación, los cuatro acusados, «de común acuerdo», decidieron sustituir el informe originario por otro que acabaría firmando en solitario Ramírez, pese a que la ley procesal penal exige la rúbrica de dos peritos.

    El escrito agrega que Ramírez «buscó desesperadamente un segundo perito que se prestara a firmar con él este nuevo informe», lo que no consiguió. El jefe del laboratorio entregó el documento a Andradas, «quien, consciente de su falsedad, lo remitió a la Unidad Central de Información Exterior», organismo solicitante de la pericia, para su envío a la Audiencia Nacional.

    «Los acusados buscaron confundir al instructor no sólo al ocultarle el informe original (...), sino especialmente al sustituir dicho informe por otro mutilado que pretendieron hacerse pasar por el dictamen original», sostiene la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que ve clara la intención falsaria porque «en el informe presentado al Juzgado no se menciona en absoluto la existencia de un primer informe, sino que se pretende hacer pasar aquél como si fuera el único realizado, incluso aunque ello suponga afirmar algo tan falso como que quien dice y firma haber recibido la sustancia y efectuado el análisis no es realmente quien llevó a cabo tales actuaciones».

    Entre las pruebas que propone para el juicio oral se encuentra la testifical del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la de su antecesor, José Antonio Alonso.


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    Una cadena de manipulaciones

     

    1-12-06



    Una cadena de manipulaciones


    Según el escrito de acusación de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Ramírez, Mélida, Santano y Andradas llevaron a cabo una serie de manipulaciones para impedir que la referencia a la banda ETA figurara en un informe pericial sobre los atentados islamistas. Serían las siguientes:

    Cambio del sobre. Tras conocer el informe de sus subordinados (en el que se mencionaba a ETA) y la negativa de éstos a cambiarlo, el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez, «se dirigió a la secretaría de la Unidad, se hizo con un sobre de asignación de informes (idéntico al primero, sobre en el que se habían hecho constar los datos de las muestras y su asignación a Escribano) y lo rellena él mismo, modificando los datos del primitivo sobre. En este segundo sobre, Ramírez modificó los datos de procedencia de las muestras y de asignación, escribiendo 'estudio asignado a Ramírez'».

    (.../...)

    Cambio del informe. «A continuación, Ramírez modificó sobre el ordenador el primitivo informe de los peritos, redactando un nuevo informe» que «incurre en las siguiente falsedades»:

    - En el apartado Antecedentes, al hacer referencia a lo que se solicita, se eliminó la mención al «estudio e informe pericial», estableciendo escuetamente «se solicita: análisis de las muestras».

    - En el apartado Determinaciones Efectuadas, se indica falsamente que «de lo recibido se hizo cargo el facultativo con carné profesional 195» [Ramírez]. Esto no era cierto, pues quien se hizo cargo de las muestras recibidas fue Pedro Manrique.

    - En ese mismo apartado, Ramírez hizo constar, falsamente también, que «el facultativo con carné profesional 195 procedió a realizar las siguientes técnicas analíticas (...)», para a continuación relacionar seis técnicas. En realidad, Ramírez no realizó ninguna.

    - En el mismo apartado, Ramírez suprimió la mención a algunas de las técnicas que los peritos habían practicado sobre las muestras recibidas, en concreto, ensayos a la llama, formación del éster metilbórico y estudio bibliográfico.

    - En el apartado Observaciones, Ramírez, «siguiendo las instrucciones de la superioridad», eliminó los precedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico y, en particular, la mención al piso franco de ETA en Salamanca.

    - En el mismo apartado, el acusado se delata, pues no modificó la expresión de que el informe «va extendido en dos hojas de papel, (...) cada una de las cuales lleva estampado el sello de esta dependencia y las dos primeras además la rúbrica de los firmantes». El informe de Ramírez sólo tiene dos paginas y un firmante.

    - Firma el informe el propio perito como único facultativo, a pesar de que por su cualidad de geólogo no está capacitado para realizar pruebas analíticas sobre explosivos.

    Cambio de la hoja de muestras. Una vez firmado el informe falso, Ramírez se dirigió al cuarto de muestras, donde ordena al encargado que manipule con tippex el Libro de Registro de Muestras, tachando la mención a Escribano y escribiendo en su lugar el apellido de Ramírez.



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    La defensa de Toro critica que la Fiscalía vincule el 'caso Pipol' con el 11-M

     

    1-12-06



    La defensa de Toro critica que la Fiscalía vincule el 'caso Pipol' con el 11-M


    Considera que busca «una sentencia ejemplar de cara al proceso» por los atentados de Madrid
    PATRICIA DEL GALLO. Corresponsal

    GIJON.- «Una sentencia ejemplar para Toro y Trashorras de cara al proceso del 11-M». Eso es lo que la abogada María Teresa Suárez, que ejerce la defensa de Antonio Toro, procesado por los atentados de Madrid y uno de los acusados por el caso Pipol, cree que se está buscando en el juicio que hoy concluye en la Audiencia Provincial de Asturias.

    Suárez aseguró ayer que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Gerardo Herrero, «sigue muy de cerca» a la acusación pública, representada por José Perals. La letrada, que actúa de oficio, señaló que «no es normal» que la fiscal de la Audiencia Nacional que lleva los atentados de Madrid, Olga Sánchez, pida a diario las actas de las sesiones de este juicio para tenerlas en cuenta de cara al proceso del 11-M. Por eso, en sus conclusiones, pidió «abstraerse de la realidad social en este proceso, al contrario de lo que decía José Perals», que considera que los hechos que se juzgan fueron el primer paso para lo que luego ocurrió en la capital de España.
    (.../...)

    Suárez reiteró una vez más que su defendido no era minero y que no tenía acceso a la dinamita, y aprovechó la ocasión para añadir que, en su opinión, «no es normal que un minero asturiano tenga cartuchos», como hace unas semanas comentó Gerardo Herrero.

    La letrada negó en su intervención final que hubiera pruebas que certificaran que lo que se encontró en el garaje de Avilés fuera dinamita, ya que ésta no fue analizada, y restó credibilidad a la declaración del tedax. Éste, según dijo, «no tenía ninguna cualificación científica para analizar sustancias explosivas ni detonadores». Añadió que el especialista afirmó en su momento que se trataba de Goma 2 porque era un material con el que estaba familiarizado por su trabajo en el País Vasco, y porque cuando entraba en contacto con él le daba dolor de cabeza, lo que, a su juicio, «no son argumentos de peso».

    Además, Suárez apuntó a José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, huido de la Justicia, como el posible responsable de los explosivos. Finalmente, preguntó al tribunal cómo era posible que Antonio Toro estuviese durante dos meses vigilado por la policía, e incluso con el teléfono «pinchado», y que en ningún momento «se hubiesen percatado de un posible tráfico de explosivos». Por todo ello pidió la absolución de su patrocinado por ese delito.

    Aprovechó además sus conclusiones para denunciar que en la vista oral de este juicio se había vulnerado el derecho fundamental a la defensa de su cliente, que tuvo que asistir a todas las sesiones con los «grilletes puestos», con lo que eso supone de «carga subjetiva de culpabilidad».

    El juicio quedará hoy visto para sentencia tras la presentación de conclusiones por parte de la defensa del otro principal acusado: Emilio Suárez Trashorras.



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    30.11.06

     

    Víctimas del 11-M piden 6 años de cárcel para cada uno de los cuatro mandos policiales acusados de falsificar un informe

     


    LES CONSIDERA RESPONSABLES DE LA MANIPULACIÓN
    Víctimas del 11-M piden 6 años de cárcel para cada uno de los cuatro mandos policiales acusados de falsificar un informe
    Santano, jefe de la Policía Científica.
    El caso de la presunta falsificación de uno de los informes periciales del 11-M, instruido por la juez Gema Gallego en los juzgados de Plaza de Castilla, sigue su curso. Tras el cierre de la instrucción, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, dirigida por Ángeles Domínguez, presenta este jueves en el juzgado el escrito de acusación, donde refleja sus conclusiones. El escrito considera a los cuatro mandos policiales responsables de falsificar un informe de la Policía Científica, que se remitió al juez Del Olmo dentro de las investigaciones sobre la masacre de Madrid, y pide para cada uno de ellos una pena de 6 años de cárcel, el máximo fijado por la ley para este tipo de delito.

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    Investigan una trama policial por traficar con Goma 2 ECO en Madrid

     

    30-11-06



    BAJO SOSPECHA / Uno de los agentes estaba destinado en la comisaría de Puente de Vallecas cuando apareció la mochila del 11-M / La Audiencia Nacional ha autorizado a la Policía más de una docena de 'pinchazos'

    Investigan una trama policial por traficar con Goma 2 ECO en Madrid


    FERNANDO LAZARO

    MADRID.- Todo apunta a una mafia policial. El pasado 15 de agosto apareció en Leganés (Madrid) un paquete con cinco kilos de Goma 2 ECO, similar a la que presuntamente se utilizó en la masacre de Madrid. El explosivo, ya conectado a detonadores, estaba en manos de un confidente policial, que fue quien dio la voz de alarma a su controlador.


    Todo parecía indicar que se trataba de un asunto de delincuencia común y que el explosivo había desaparecido de una cantera privada de Colmenar Viejo (Madrid).
    (.../...)

    Pero las pesquisas han dado un giro inesperado y ahora apuntan a un asunto mucho más serio, en el que estarían implicados funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Ahora, la sospecha principal es que fue un policía el que facilitó, a través de terceras personas, el explosivo al confidente para que se lo entregara a alguien aún por identificar. Y no se descarta que se tratara de islamistas radicales. Sigue en

    También se baraja la posibilidad de que toda esta operación fuera una entrega controlada para, posteriormente, desmantelar un comando islamista.

    Los explosivos en poder del confidente de Leganés pusieron en alerta a todos los servicios policiales: agentes de información, técnicos en desactivación de explosivos... Hubo detenciones. Hubo tomas de declaración por parte de la Policía y de la Audiencia Nacional.

    Pero el juez Juan del Olmo, que estaba de guardia en la Audiencia Nacional, dejó en libertad tanto al confidente que estaba en posesión de los explosivos como al que, según éste, se los había proporcionado: un vecino de la localidad madrileña de El Alamo. La mujer del confidente, que le acompañaba aquella noche también quedó en libertad.

    Luego llegarían más sorpresas: uno de los sospechosos que está siendo investigado por la Brigada Provincial de Información sobre la Goma 2 estuvo destinado, en la noche del 11-M, en la comisaría del Puente de Vallecas, la misma donde apareció la polémica mochila número 13, la bolsa con el explosivo y el teléfono móvil que aportó las claves para el esclarecimiento de los atentados que habían tenido lugar esa mañana.

    La tarea no está siendo fácil. Según explicaron a EL MUNDO fuentes de la investigación, los agentes aún no han podido acreditar siquiera dónde fue sustraído el explosivo detectado el pasado agosto.

    Inicialmente, se apuntó que había aparecido un paquete con varios cartuchos de Goma 2 ECO con un peso aproximado de cinco kilos. Ahora, las fuentes consultadas por este periódico indican que el explosivo estaba preparado para hacer explosión. Estaba conectado a detonadores.

    Este dato aumentó la incertidumbre por parte de los agentes encargados de la investigación, quienes, inicialmente, sospecharon de que podía tratarse de una operación de terroristas para perpetrar otro atentado en Madrid.

    Casi tres meses después, la situación ha variado radicalmente. Ahora, las pesquisas se centran en agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Según la información que obra en poder de este periódico, la Brigada Provincial de Información, con el visto bueno del juez Del Olmo, tiene intervenidos más de una docena de teléfonos. Muchos de ellos pertenecen a agentes de la Policía Nacional. Según estas fuentes, los agentes investigados forman parte de diferentes plantillas, la mayoría de ellas de Madrid. También se investiga a otros funcionarios de las unidades centrales. Pero el dato que más alarma ha creado entre los agentes antiterroristas de Madrid es la coincidencia de que uno de los sospechosos de formar parte de esta trama que presuntamente traficaba con explosivos estuviera también directamente relacionado con labores de vigilancia en la comisaría de Puente de Vallecas.

    Es decir, que este agente estaba trabajando en aquella comisaría la noche en que apareció la polémica bolsa. Un inspector de la comisaría de Puente de Vallecas denunció, en un escrito enviado al director general de la Policía y publicado por EL MUNDO, que la cadena de custodia de la mochila se había roto. Es decir, durante algún tiempo la prueba clave del 11-M estuvo fuera del control policial.

    Esta información provocó que el juez del Olmo, que desconocía la denuncia de este inspector, le citara a declarar. En su comparecencia ante el instructor del 11-M, este mando explicó que aquel día sólo vio una bolsa con características similares a la presuntamente utilizada por los terroristas. Cuando el magistrado le enseñó la que fue descubierta en la comisaría de Vallecas, el agente negó rotundamente que se tratara de ella y concretó que había diferencias sustanciales en la forma, el color y las asas. Además, en el informe conjunto elaborado por la UCIE y la UCI en agosto 2005 a instancias de Del Olmo, se afirma que «existe un vestigio físico sobre la parte externa de la mochila-bomba desactivada por el Tedax, registrado como PERFIL 11, que por las peripecias sufridas por dicha mochila y porque pudo ser manipulada por personas no identificadas en Ifema, consideramos que no necesariamente pertenece a un terrorista».


    Asimismo, en la trama que se investiga ahora, una de las circunstancias que más inquietó a los investigadores es la cercanía entre el lugar en el que estaba el confidente policial con el explosivo el pasado mes de agosto, y la calle Carmen Martín Gaite en Leganés, donde murieron los presuntos autores materiales de la matanza del 11-M. De hecho, entre ambos puntos hay un trayecto de apenas dos minutos en coche.


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    «El informador entrega una bolsa con explosivos y detonadores»

     

    30-11-06



    «El informador entrega una bolsa con explosivos y detonadores»


    El agente al que alertaron se encontraba en su casa el 15 de agosto junto a otros tres miembros de la Policía Nacional

    En las diligencias 4525, elaboradas por la Brigada Provincial de Información de Madrid el pasado 15 de agosto a las 6.30 horas sobre el hallazgo de la Goma 2 ECO en Leganés, constan las declaraciones de un inspector de Policía, un agente de la Udyco central, otro agente destinado en la comisaría local de Móstoles y un oficial de Policía, «actualmente inspector alumno». En la comparecencia de los agentes figuran los números profesionales de estos cuatro policías. Este periódico tiene en su poder una copia íntegra de la declaración que el agente con quien contactó el confidente que tenía la Goma 2 ECO prestó en las dependencias de la Brigada Provincial de Información de Madrid, en el madrileño barrio de Moratalaz.
    (.../...)


    «Manifiestan: que cuando los funcionarios se encontraban celebrando una reunión informal, el funcionario con carné profesional... recibió una llamada de un confidente. En dicha llamada esa persona le informa que tiene en su poder una mercancía peligrosa que quiere entregarle, pudiéndose tratar de explosivos. Acuerdan una cita en la parada del autobús sita en la carretera que va desde el Barrio de la Fortuna a la localidad de Leganés», indica el informe policial de la brigada de Información.

    Los agentes interrogados añaden que sobre las 3.00 horas «aparece el informador acompañado de su mujer, haciendo entrega de una bolsa de papel conteniendo en su interior diverso material que pudiera tratarse de explosivos y de detonadores». El informe señala también que esta persona es Manuel R. M. Ante estos extremos, continúa el relato policial, el inspector con carné profesional... «llamó a la sala del 091 informando de tales extremos con el fin de que mandara los indicativos oportunos, equipo Tedax y Brigada de Información».

    «En el interior de la bolsa se han observado superficialmente lo que parecen ser detonadores con su cable y al menos tres envoltorios. Ante la sospecha de que fueran explosivos se han ubicado en una zona despoblada de la carretera que va de Leganés al barrio madrileño de La Fortuna, procediendo indicativos de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Leganés a cortar la circulación en la vía», indicaron los agentes en su comparecencia. Al lugar acudieron funcionarios de los Tedax y de la Brigada Provincial de Información «que se hicieron cargo del caso», finaliza el escrito policial que obra en poder de EL MUNDO.



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    Una investigación a fondo sobre el tráfico de dinamita en la Policía

     

    30-11-06



    Impresiones

    Una investigación a fondo sobre el tráfico de dinamita en la Policía


    Tras el trágico atentado del 11-M, el Gobierno aprobó una estricta normativa para impedir el tráfico de explosivos y extremó los controles en los depósitos de dinamita. EL MUNDO publica hoy una información que, sin duda, suscitará la perplejidad y alarma de muchos lectores: la Brigada de Información de Madrid está investigando una red de tráfico de Goma 2 ECO en la que están implicados varios agentes de la Policía Nacional. Todo comenzó el pasado 15 de agosto cuando las Fuerzas de Seguridad incautaron cinco kilos de dinamita a un confidente policial en Leganés. El asunto fue investigado por el juez Del Olmo, que dejó en libertad al confidente. Pero la Brigada de Información siguió con las pesquisas hasta llegar a varios agentes de la Policía Nacional que, según todos los indicios, están implicados en esa red. Si los hechos no hubieran ocurrido, podría parecer increíble que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado se dedicaran a traficar con explosivos en una país donde ETA ha asesinado a cientos de ciudadanos y en el que murieron 191 personas en el 11-M. Pero todo indica que existen desalmados en el seno de la Policía Nacional que están dispuestos a traficar con dinamita a cambio de dinero. Ello requiere una investigación a fondo y un castigo ejemplar a los culpables. Pero además hay en este asunto dos coincidencias que no se pueden soslayar: el hecho de que uno de los agentes bajo sospecha estuviera destinado a la comisaría de Vallecas donde apareció la mochila con Goma 2 ECO y el hecho de que al confidente que tenía la dinamita se le detuvo en Leganés, muy cerca del piso donde fue cercado el comando islamista del 11-M. ¿Dos nuevas casualidades? Parece difícil creerlo pero de momento no existen pruebas que permitan afirmar lo contrario.


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    La extraña presencia de un agente de la Guardia Civil

     

    30-11-06



    La extraña presencia de un agente de la Guardia Civil


    Fue el confidente Manuel R. M., quien alertó de la existencia de la Goma 2, el que aportó a la Brigada Provincial de Información la identidad de la persona que, presuntamente, le había facilitado el explosivo para que lo entregara a terceras personas que aún están por ser identificadas y que no se descarta que fueran islamistas radicales.
    (.../...)

    Se trataba de un ciudadano de Madrid, residente en El Alamo y llamado Adolfo R. Hasta esa localidad se desplazaron los agentes que se habían hecho cargo de las investigaciones para identificar al sospechoso. En ese momento, estaba acompañado de un agente de la Guardia Civil. Los investigadores detuvieron a Adolfo y lo llevaron a declarar también ante el magistrado Juan del Olmo, quien tras recoger su testimonio optó por dejarle en libertad, igual que al confidente que alertó a la Policía de que estaba en posesión de la Goma 2. El guardia civil que en ese momento estaba con este sospechoso no tuvo que acudir a las dependencias judiciales.


    Se da la circunstancia de que cerca de El Alamo estuvo residiendo Mustapha Maymouni, actualmente cumpliendo condena por su relación con los atentados de Casablanca. Maymouni fue vigilado y seguido por la Policía, bajo la supervisión del juez Baltasar Garzón, tras detectarse sus relaciones con el comando Lavapiés, entre los que estaban ya controlados, entre otros, El Tunecino. Maymouni acudía a reuniones con los radicales en las que estaba presente el confidente Cartagena, que informaba a sus controladores y que alertó de que estos islamistas pretendían actuar en Madrid. La presencia de explosivos en Madrid, en Leganés, el pasado mes de agosto, apenas trascendió a los altos mandos policiales y políticos.


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    Detenidos tres etarras en el sur de Francia relacionados con el robo de las 350 pistolas

     

    30-11-06



    ALTO EL FUEGO / La acción policial

    Detenidos tres etarras en el sur de Francia relacionados con el robo de las 350 pistolas


    Los arrestados son Zigor Garro Pérez, considerado el jefe de la logística militar de la banda, su lugarteniente, Marina Bernadó y Ekain Mendizabal, que figura en la lista de terroristas más buscados


    A. ESCRIVA / F. LAZARO

    MADRID.- La policía francesa detuvo ayer en el sureste del país a tres presuntos etarras, dos hombres y una mujer, a quienes acusa del robo de 350 pistolas el pasado 23 de octubre. Los arrestados son miembros del aparato logístico de ETA e incluso uno de ellos, Zigor Garro Pérez, es considerado el jefe de la logística militar de la banda.


    La policía francesa, en una acción conjunta con la Policía Nacional española, puso en marcha ayer una operación, que permanecía abierta al cierre de esta edición, que permitió la detención del citado Garro Pérez, de su lugarteniente y compañera sentimental, María Bernadó, y de un tercer miembro de ETA, Ekain Mendizabal.

    (.../...)

    La operación, desarrollada en la localidad de Quezac, comenzó pasadas las 19.00 horas. Según fuentes de la investigación, la actuación estaba prevista para dentro de varios días -después de que la policía siguiera la pista de los ahora detenidos desde hace más de un mes- pero tuvo que precipitarse.

    La policía considera que Garro dio la orden de realizar el robo de las armas del pasado mes de octubre en Vauvert, e incluso sospecha que pudo participar directamente en los hechos junto a Bernadó. La familia que los terroristas secuestraron durante el robo podría confirmar si Garro fue uno de los asaltantes; sin embargo, la mujer que participó en el robo iba encapuchada.

    Los ahora detenidos han estado dirigiendo en los últimos meses de todas las operaciones de aprovisionamiento de la banda, tanto en armamento como en material electrónico y otras necesidades logísticas de los comandos.

    El cabecilla del grupo, Zigor Garro, estaba siendo juzgado en rebeldía en Francia por su pertenencia al aparato logístico de la banda y ayer mismo fue condenado a siete años de prisión en ese proceso. La policía le situó en el pasado en el comando Barcelona y en un comando legal en Rentería, de apoyo a Txapote y Geresta Múgica. Huyó a Francia tras intentar asesinar a un funcionario de prisiones, que resultó gravemente herido de dos disparos.

    María Bernadó, nacida en Barcelona y vinculada al movimiento okupa, fue parte del comando desarticulado en la capital condal en 2001, pero pudo escapar de la actuación policial.

    Finalmente, Ekain Mendizabal, con antecedentes por acciones de kale borroka por las que el fiscal llegó a pedir casi 40 años de prisión, figura desde hace más de tres años en la lista de los terroristas más buscados del Ministerio del Interior.

    El operativo de ayer se ha realizado en una zona considerada de retaguardia de ETA y donde habitualmente la banda instala su aparato de logística. Además, cerca de donde se han producido las detenciones fue localizada hace unas semanas una furgoneta relacionada con el robo de las pistolas.

    Estas detenciones van a poner a prueba las amenazas de la banda de responder con la violencia a las actuaciones policiales, especialmente si se tiene en cuenta la importancia de este golpe contra su aparato logístico.

    Precisamente ayer se conoció el contenido del último boletín interno de ETA en el que la banda asegura que los actos de violencia callejera son «una respuesta lógica» a «los ataques policiales y judiciales» que sufre la izquierda abertzale y anuncia que habrá más acciones de kale borroka si esta situación persiste.

    En su último Zutabe al que tuvo acceso la Cadena Ser, ETA ampara el rebrote de los actos de violencia callejera en los últimos meses del alto el fuego y critica al PNV y a Aralar por condenar estos actos de terrorismo.

    Su postura está lejos, por tanto, de aquélla que mantuvo en la primera entrevista que concedió al diario Gara tras el anuncio del alto el fuego en la que, de manera cínica, atribuyó a la expresión popular las agresiones de kale borroka. Esta vez no sólo la respalda sino que amenaza con su continuidad.

    Asimismo, se dirige al Estado francés para pedirle que «paralice los procesos judiciales» y lanza una advertencia a los periodistas galos por estar realizando últimamente «llamamientos» a la colaboración ciudadana contra ETA.



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    De la Vega dice que la Policía está en «alerta máxima» contra ETA

     

    30-11-06




    ALTO EL FUEGO / Enfrentamiento creciente

    De la Vega dice que la Policía está en «alerta máxima» contra ETA


    Acebes cree que el proceso de desarme y sin precio político «se ha convertido en un proceso de rearme de ETA y, además, con precio político»


    MANUEL SANCHEZ

    MADRID.- No estuvieron en el Hemiciclo ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy. Pero el asunto central, un miércoles más, fue el mismo: el total y absoluto desencuentro entre Gobierno y oposición en cuanto al llamado proceso de paz.


    Esta vez, los protagonistas fueron la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el secretario general del PP, Angel Acebes. Y ambos cumplieron a la perfección el papel que sus respectivos jefes habrían representado... de haber estado en el Congreso.
    (.../...)

    Acebes, que preguntó sobre las consecuencias que el Gobierno iba a aplicar tras haberse comprobado que el robo de 350 pistolas fue obra de ETA, no dio más margen que evidenciar que el PP sigue totalmente en contra del proceso de negociación con ETA iniciado por el Gobierno de Zapatero.

    Los logros de la banda

    Para el dirigente popular, la promesa del Gobierno de que dicho proceso «sería el del desarme de ETA, sin pagar precio político, se ha convertido en un proceso de rearme de ETA y con precio político». Y «en estos meses, ETA ha conseguido más dinero, más miembros y más armas», dijo en su réplica el número dos del PP.

    Acebes detalló lo que, en su opinión, son las facturas que ha pagado el Gobierno -«la ruptura del Pacto Antiterrorista, llevar el conflicto vasco a Europa, aceptar una mesa política, presionar a los jueces y elogiar a Otegi y a De Juana Chaos»-, y aseguró que, por ello, todo indica «que este proceso no es el de la rendición de ETA, sino el de la rendición del Gobierno».

    Lógicamente, el secretario general del PP sacó a la palestra la quinta manifestación convocada por la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) contra el proceso de paz.

    En este sentido, Acebes aseguró: «Escuchen la voz de la calle, las cinco impresionantes manifestaciones que ha habido y que ustedes han despreciado unas tras otra. No intenten silenciarlas con vídeos que sólo benefician a los terroristas y perjudican a la unidad de los demócratas».

    En su primera respuesta, De la Vega, fue contundente e inquietante: «Las consecuencias [del robo de armas] son evidentes. A quien comete un delito se le aplica la Ley. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están en máxima alerta, y con violencia no hay avance».

    La expresión de máxima alerta alertó a todo el Hemiciclo, aunque fuentes de Vicepresidencia indicaron posteriormente que no se quería decir más que el Estado de Derecho sigue funcionando en todos los frentes, incluido el policial.

    En la réplica, De la Vega se centró en el vídeo del PSOE. «Ustedes pueden sentarse a hablar con ETA, pueden llamar a ETA movimiento nacional de liberación y, es más, ustedes deciden si un Gobierno democrático puede o no intentar lograr un proceso de paz. Les parece muy bien, y lo peor de todo es que quieren que a los demás nos parezca muy bien. Ya que sé que a ustedes la verdad no les gusta, y es que dicen una cosa en la oposición y hacen otra cuando están en el Gobierno. Y, además, lo hacen de una manera claramente obscena».

    La vicepresidenta primera del Gobierno, además, pidió al PP un poco más de «respeto, rigor y seriedad»; y, en concreto, a Rajoy y a Acebes les solicitó «más lealtad». «Y no sólo con el Gobierno de este país, que lucha contra el terror, sino con la mayoría de los ciudadanos españoles que quieren que acabe la violencia», terminó diciendo Fernández de la Vega.

    La realidad es que fue otro debate de sordos.


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    29.11.06

     

    11-M: el juez y la fiscal se contradicen sobre cómo llegó la Policía a Leganés

     

    29-11-06



    11-M / Las lagunas de la investigación

    11-M: el juez y la fiscal se contradicen sobre cómo llegó la Policía a Leganés


    Mientras, según Del Olmo, la Policía ya cercaba desde las 16.30 horas el piso de la calle Martín Gaite, según Olga Sánchez los islamistas llegaron a las 18.45 horas perseguidos por agentes, tras participar en un tiroteo

    CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

    MADRID.- El auto de procesamiento del juez Juan del Olmo y el escrito de acusación de la fiscal Olga Sánchez ofrecen una narración contradictoria sobre un hecho relevante en la investigación sobre el 11-M. Se trata de la localización del piso de Leganés y de la llegada de la Policía al mismo.

    Del Olmo no hace mención en su auto a ningún tiroteo previo al que se produjo desde la vivienda de Martín Gaite entre los islamistas y los agentes de la Policía. Sin embargo, la fiscal da cuenta de un tiroteo anterior, tras el cual, los huidos se habrían refugiado en la citada vivienda, ya controlada por la UCI y la UCIE.
    (.../...)

    Lo lógico, lo normal, es que los escritos del juez instructor y de la fiscal coincidan en la narración de los hechos. Después, pueden diferir en su valoración, pero, al menos, deberían ofrecer al tribunal una versión homogénea y coherente, dado que tanto uno como otra han bebido de las mismas fuentes: multitud de declaraciones, informes policiales, etcétera.

    Y ello debería ser así sobre todo cuando hablamos de dos documentos que van a servir como base, como sustento, para la acusación contra los 29 procesados por los atentados del 11-M en el juicio oral que comenzará, si no hay sorpresas, a finales del próximo mes de febrero. El primero de ellos es el auto de procesamiento, dictado por el juez Del Olmo el pasado 10 de abril; el segundo, el escrito de acusación de la fiscal, remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 6 de noviembre.

    Ambos escritos ofrecen una versión diferente sobre los hechos previos a la explosión que causó la muerte a los siete presuntos autores materiales del atentado de Madrid y que se produjo cuando los GEO trataron de entrar en el citado piso a las 21.00 horas del 3 de abril de 2004.

    La versión que da Del Olmo de los hechos se basa en declaraciones de distintos miembros de la Policía, que agrupa en el apartado décimo de su auto bajo el epígrafe Actuación policial con relación a la vivienda sita en la calle Martín Gaite de Leganés el 3 de abril de 2004.

    La primera declaración que recoge el juez es la del comisario del Cuerpo Nacional de Policía con carné profesional 11.401. Según el citado funcionario, el día 3 de abril se hallaba comiendo con el comisario jefe de la UCIE cuando, sobre las 15.15 horas, recibió una llamada del comisario Gómez Menor en la que éste le informó de que creía haber encontrado el piso donde podían hallarse los terroristas que habrían participado en el 11-M. Inmediatamente, según dicha versión, se dispuso que acudieran al lugar agentes tanto de la UCI como de la UCIE.

    El atestado policial que se realizó tras la explosión de la vivienda y que el juez adjunta tras la declaración del citado comisario relata cómo, «una vez montado el oportuno dispositivo de vigilancia por funcionarios de la UCIE, se observa salir de un edificio sito en la calle Martín Gaite número 40... a una persona de raza árabe [Abdelmajid Bouchar] que parece detectar la presencia policial, emprendiendo velozmente la fuga». El atestado continúa: «Pasado un tiempo desde que se vio huir al individuo de raza árabe del lugar y tras realizar las gestiones para determinar el piso exacto, se escucharon procedentes del interior varias detonaciones, al parecer, producidas por arma de fuego...».

    Más adelante, el atestado relata: «Sobre las 18 horas 20 minutos, dada la especialidad y circunstancias del hecho, se da aviso al Grupo Especial de Operaciones (GEO)».

    Posteriormente, el juez recoge la declaración del funcionario de Policía con carné profesional 14.702, quien afirma que los GEO «llegaron al lugar escalonadamente sobre las 18.30 a las 19 horas [sic]».

    Según esta versión, la Policía rastreó las llamadas que se produjeron al teléfono 654658495 (que resultó ser de Mohamed Belhadj) y detectó una procedente de un número que pertenecía al administrador de fincas de la sociedad Geinsa, que fue la que alquiló el piso de Leganés a los presuntos autores materiales del 11-M. El administrador fue quien le dijo a la Policía dónde vivían los islamistas.

    El relato de los policías ante el juez pone de relieve que, sobre las 16.00 horas del 3 de abril, había ya una veintena de agentes en las inmediaciones del edificio de la calle Martín Gaite, 40, de Leganés.

    Ahora bien, ¿cuál es la versión que ofrece Olga Sánchez sobre esos mismos hechos en su escrito de acusación remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia? En primer lugar, fija como hora en la que la Policía localiza el piso de Leganés «a través del repetidor de la calle Holanda» (suscribiendo, por tanto, la tesis del rastreo telefónico) «sobre las 16.45 horas del mencionado 3 de abril».

    Es decir, según la fiscal, los agentes habrían descubierto el piso una hora y 30 minutos después de lo que se deduce de la declaración del comisario de Policía con carné 11.401, que sitúa la llamada de Gómez Menor a las 15.15 horas.

    Esto no sería más que un pequeño desliz si la fiscal no incluyera el siguiente párrafo en su escrito: «Sobre las 18.45 horas se recibió en la Sala del Centro Nacional de Comunicación del CNP una llamada informando de un tiroteo en las proximidades de la estación de Zarzaquemada (Leganés) entre miembros de las Fuerzas de Seguridad y personas de raza árabe, dándose estos últimos a la fuga en un vehículo Renault Megane J-2106-AC. Los huidos se refugiaron en un edificio situado entre las calles Martín Gaite e Irene Fernández de la referida localidad. Se desalojó a los vecinos de la zona y se activó el dispositivo policial ante la posibilidad de que tuviesen armas, explosivos o rehenes».

    El edificio situado entre las calles Martín Gaite e Irene Fernández es, en efecto, el que se corresponde con el número 40 de la primera de ellas.

    Es decir, que, según la fiscal, los terroristas, que la habían emprendido a tiros con la Policía poco antes de las 18.45 horas en las cercanías de la estación de Zarzaquemada, huyeron y lograron refugiarse en el piso de Martín Gaite cuando ya (incluso según su propia versión) la Policía tenía acordonado el edificio.

    Según el atestado policial que cita Del Olmo, a las 18.20 horas se habían producido las «detonaciones» desde el interior del piso de Leganés que aconsejaron llamar a los GEO. Éstos llegaron, según la fiscal, a las 19.45 horas, mientras que el juez los sitúa en el lugar 45 minutos antes.

    ¿Hubo entonces dos tiroteos, uno en la estación de Zarzaquemada y otro, anterior en el tiempo, desde el interior del piso de Leganés? ¿Cómo es posible que, pasadas las 18.45 horas, los huidos en el Renault Megane consiguieran romper el cerco policial que ya había montado la Policía en torno al piso de Martín Gaite?

    El caso es que en el sumario se incluye (folio 49.527) la notificación al 091 por parte del comisario José Manuel Gil del citado tiroteo a las 18.45 horas del día 3 de abril, que ya apuntó el periodista Luis del Pino.

    El propio Del Olmo pidió en abril de 2005 a la Policía las cintas que habitualmente se graban en el servicio del 091 con el fin de aclarar ese extremo. Sin embargo, la respuesta de la Policía fue que dichas cintas se habían borrado ¡dado el tiempo transcurrido desde los atentados!

    ¿Por qué la fiscal incluye el tiroteo de Zarzaquemada en su relato si es que no se produjo? ¿Por qué no se ha aclarado si, de verdad, los terroristas fueron localizados por la Policía fuera del piso? ¿Por qué no hay una versión coherente de esos hechos dos años y medio después?


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    Leganés: otra incógnita más sobre el 11-M

     

    29-11-06



    Impresiones

    Leganés: otra incógnita más sobre el 11-M


    Muchos son los vacíos y las lagunas sobre lo sucedido el 11-M: se ignora el tipo de explosivo utilizado por los terroristas, se sospecha que la Kangoo y el Skoda eran pistas falsas y existen casualidades y hechos que no tienen una explicación racional. Por si ello no fuera suficiente, EL MUNDO revela hoy las importantes contradicciones del juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez en el relato de lo que sucedió el 3 de abril de 2004 en Leganés, cuando murieron los siete islamistas cercados por las Fuerzas de Seguridad. El juez afirma en su auto de procesamiento que la UCIE había detectado hacia las tres de la tarde el piso donde se hallaban los miembros del comando. Inmediatamente después, la Policía desplegó un operativo de vigilancia, que culminó con la llegada del Grupo Especial de Operaciones (GEO) a partir de las seis y media de la tarde. A esa hora el piso estaba totalmente rodeado. En su versión, la fiscal Olga Sánchez sitúa la localización del comando una hora y media después y afirma que a las 18.45 horas se produjo un tiroteo en la estación de Zarzaquemada, próxima a Leganés, entre los miembros del comando y las Fuerzas de Seguridad. Dice en su relato que los islamistas fueron, tras este tiroteo, a refugiarse al piso de Leganés. Ello contradice totalmente el relato del juez, que ignora la existencia de este tiroteo y adelanta en varias horas la presencia de la UCIE en los alrededores del piso de la calle Martín Gaite. No estamos, pues, ante una diferencia de matiz, sino ante una variación sustancial que afecta a las horas, a cómo fue detectado el comando y a cómo transcurrieron los hechos. La disparidad de ambas versiones es una muestra más de la falta de seriedad y rigor de la instrucción judicial, que ni siquiera ha sido capaz de establecer con fiabilidad lo que pasó aquella tarde delante de cientos de testigos.


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    El juez de Bilbao acusa a la Ertzaintza de encubrir un delito de terrorismo

     

    29-11-06



    ALTO EL FUEGO / Considera que la Policía autonómica le sustrajo «información indispensable» tras el intento de quemar a un municipal en Bilbao / El Gobierno vasco lo desmiente y estudia presentar una queja ante el CGPJ

    El juez de Bilbao acusa a la Ertzaintza de encubrir un delito de terrorismo

    El magistrado que no pudo imputar a dos detenidos tras el intento de quemar a un agente local dice que la Policía vasca le ocultó información y pide investigar a los mandos por falsedad y obstrucción a la Justicia

    ROBERTO L. DE CALLE

    BILBAO.- El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao ha denunciado que la Ertzaintza le ocultó datos que le impidieron perseguir como un delito de terrorismo los incidentes en los que un grupo de radicales roció con gasolina a un agente de la Policía Municipal de Bilbao. Además, el instructor acusa a este cuerpo policial de tratar de «sustraer» información «indispensable» para poder atribuir un delito de terrorismo a uno de los dos detenidos en aquellos disturbios, que fue inicialmente acusado por la Policía vasca de desórdenes públicos y, por tanto, sin vinculación con los actos de kale borroka.


    (.../...)

    En su auto, el titular del Juzgado número 8 realiza un repaso profundamente crítico de las actuaciones llevadas a cabo por la Ertzain-tza en torno a estos incidentes, y determina que se deduzca testimonio de las mismas por los supuestos delitos de falsedad en documento oficial -relativa al intercambio de números profesionales de los agentes como medida de protección- y contra la Administración de Justicia.

    Además, decide, con el visto bueno de la Fiscalía, inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en la instrucción de la causa que se sigue contra uno de los dos detenidos -el otro es menor-.

    El joven imputado, Alexander G. R., fue arrestado después de volcar junto a otras personas un contenedor de basuras sobre un vehículo policial ocupado por dos agentes, en el marco de los mismos incidentes. Reconoció haber participado en la manifestación ilegal de Segi frente a la sede del PSE -germen de las algaradas callejeras que se produjeron a continuación-, y admitió haber acudido posteriormente al casco viejo bilbaíno, lugar en el que se produjeron los hechos.

    Tal y como adelantó este periódico, tras los disturbios del pasado 10 de noviembre, la Policía vasca elaboró dos atestados: por un lado, acusó a los dos únicos arrestados de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos -por el episodio del contenedor y el coche policial-, sin vinculación con los actos de kale borroka ocurridos esa misma noche, y envió el caso al Juzgado de Guardia; y, por otro, remitió a la Audiencia Nacional el resto de los actos de kale borroka, entre ellos, el relativo al incidente en el que los radicales rociaron con gasolina los zapatos, el pantalón y un brazo de un policía municipal que desarrollaba un operativo contra el botellón en la misma zona.

    Esa noche, los radicales rompieron varias lunas, quemaron cajeros automáticos, volcaron contenedores, emplearon dos mazas contra sendas entidades bancarias, y lanzaron cócteles molotov contra vehículos policiales, en lo que constituyeron los incidentes más graves desde que ETA decretó su «alto el fuego permanente», a finales de marzo.

    Dado que ambas detenciones se produjeron durante los mismos incidentes, a la misma hora y en la misma zona, el juez pidió nuevas pruebas a la Ertzaintza para determinar si los arrestos debían enmarcarse en los actos de violencia callejera de esa misma noche y, por lo tanto, si debía enviar la instrucción del caso a la Audiencia Nacional.

    Además de acordar su inhibición en favor de este tribunal, el instructor pone de manifiesto que el atestado que la Ertzaintza le remitió era «ciertamente parco», y se extraña de que la Policía vasca pusiera a disposición judicial al detenido cuando habían transcurrido «sólo» 19 horas desde que se produjeron los incidentes -el periodo máximo de detención es de 72 horas, ampliables-.

    El juez también se sorprende de que, en dicho atestado, la Ertzaintza indicara que estaba confeccionando otro para presentarlo ante la «autoridad judicial competente», porque el instructor destaca que él era el único competente a la hora de recibir cualquier «ampliación» del atestado inicial. Además, añade que, tras haber intentado en dos ocasiones que la Ertzaintza le facilitara las diligencias policiales remitidas a la Audiencia -los agentes le dieron una explicación «inaudita», consistente en que no era posible hacerlo sin autorización previa de dicho tribunal-, concedió un plazo «improrrogable» de 24 horas para poder acceder a él.

    Durante las pesquisas para tratar de averiguar si su atestado debía recalar en la Audiencia, el instructor llegó a dictar una providencia para requerir «bajo apercibimiento» al subjefe de la Unidad de la Ertzaintza y al instructor de las diligencias policiales, a fin de que le ofrecieran explicaciones adicionales sobre el caso que él tenía sobre la mesa.

    Fue entonces cuando supo que al detenido se le acusó de desórdenes públicos porque no se le ocupó en el momento de la detención «capucha, líquidos o cualquier otro elemento que hiciera pensar en su participación en los sabotajes y ataque a los policías municipales».

    El juez introduce un epígrafe especialmente críticó al afirmar: «La lógica consecuencia del razonamiento policial será que no podrá proceder, salvo orden judicial, a realizar imputación a persona alguna del delito de terrorismo, pues a ninguno de los identificados esa noche -y que no fueron detenidos- se les ocupó esa clase de objetos».

    Pero también incide especialmente en su sorpresa a la hora de discernir por qué la Ertzaintza decidió elaborar dos atestados: «No se comprende cómo pudo hacer la policía la labor de selección de hechos que dice que realizó con ocasión de unos incidentes unitarios ocurridos en la misma zona, a la misma hora y con la misma forma de actuar».

    Y se pregunta qué llevó a la Ertzaintza a «desconectar» la acción de «lanzar» un contenedor contra agentes de policía del «resto de las acciones ocurridas simultáneamente».

    De hecho, el magistrado afirma que la «selección» de los hechos entraña tal «complejidad jurídica» que no pudo ser resuelta ni por el fiscal -que pidió la conjunción de ambos atestados- ni por él mismo a través del atestado que le proporcionó la Ertzaintza -«es de suponer» que contenía la misma información que la que permitió a la policía hacer la separación y ofrecer un «tratamiento distinto» de los hechos-.

    Por último, llama la atención sobre el hecho de que la exposición de los hechos por parte de la Ertzaintza en el primer atestado se limita a tres folios, mientras que en el que obra en poder de la Audiencia Nacional se relata en 119 folios, en los que se incluye una amplia exposición de hechos, numerosas declaraciones policiales, planos de situación, etcétera.

    La Consejería de Interior del Gobierno vasco desmintió que los ertzainas que elaboraron las diligencias cometieran delito alguno relacionado con falsedad o que se impidiera a la Administración de Justicia la persecución de delitos o se le ocultaran datos.

    «El Magistrado conoce perfectamente desde el mismo inicio de la tramitación de las diligencias que todos los hechos relacionados con las imputaciones sobre participación en actos de violencia callejera que tuvieron lugar ese día en Bilbao fueron puestos por la Ertzaintza en conocimiento de la Audiencia Nacional, tal y como establece la legalidad vigente», afirmó Interior. Asimismo, añadió que estudiará la posibilidad de presentar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial.


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    ¿ADECUA TAMBIÉN LA ERTZAINTZA SU ACTUACION AL PROCESO DE PAZ?

     

    29-11-06



    Editorial

    ¿ADECUA TAMBIÉN LA ERTZAINTZA SU ACTUACION AL PROCESO DE PAZ?


    La noticia que abre hoy nuestra primera página arroja serias dudas sobre la actuación de la Ertzaintza en uno de los actos de kale borroka más sonados desde el inicio del alto el fuego: el intento el pasado 10 de noviembre de quemar vivo a un policía municipal en el casco viejo de Bilbao. En los próximos días, el juez del caso deducirá testimonio de las actuaciones de la Policía Autónoma por delitos de falsedad y obstrucción a la Justicia después de que sus mandos omitieran datos fundamentales en su primer atestado sobre los hechos y se negaran durante días a entregarle el segundo.

    El enfado del magistrado es comprensible. En vez de redactar en su primer atestado una narración minuciosa de los hechos acaecidos aquella tarde en Bilbao -desde la manifestación inicial convocada por Segi frente a la sede del PSE hasta los actos vandálicos en las calles del casco viejo en los que se encuadra el intento de agresión al policía-, los mandos de la Ertzaintza deciden entregarle al juez un informe de apenas tres folios en el que sólo relatan las circunstancias de la puesta a disposición judicial de uno de los dos jóvenes detenidos.
    (.../...)

    Ese primer documento -que ni siquiera incluye la declaración del policía municipal que fue objeto de la agresión- habla en sus conclusiones de meros «desórdenes públicos» y no de delitos de terrorismo, lo que parece un disparate, pues tanto los hechos (quema de cajeros, vuelco de contenedores, lanzamiento de cócteles molotov) como el modus operandi de sus autores (división del trabajo en grupos bajo una dirección única) presentan todos los ingredientes de otras acciones de kale borroka.

    A la vista de que le han enviado un atestado incompleto, el juez de Bilbao solicita a la Ertzaintza un segundo informe. Lo hace hasta en dos ocasiones -el día 14 y el día 20- sin recibir ninguna respuesta. Finalmente, el día 21 la Policía Autónoma responde que no puede mandárselo porque el día anterior lo ha remitido a la Audiencia Nacional, donde la AVT había presentado una querella unos días antes.

    El juez tiene todo el derecho a denunciar la incomprensible actuación de la Ertzaintza, que ha ignorado a quien en todo momento ha tenido la competencia sobre el asunto. Debía ser el propio magistrado y no un cuerpo policial quien decidiera si se habían cometido delitos de terrorismo y si por tanto el caso debía ser trasladado a la Audiencia.

    El papel de la Ertzaintza en este caso contraviene la lógica jurídica y refuerza la percepción de que no está siendo lo suficientemente dura a la hora de perseguir los delitos de kale borroka. Conviene recordar que las decenas de actos vandálicos del entorno proetarra que se han sucedido desde el inicio del alto el fuego apenas han producido cinco detenciones pese a que en muchos casos sus autores han sido identificados. Más allá de los aspectos técnicos que la envuelven, esta polémica es un indicio más de que la Ertzaintza está acompasando su actuación al proceso de paz en vez de usar todos sus medios para combatir a ETA.


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    El PSOE optó por la versión 'blanda' en el vídeo de la otra tregua

     

    29-11-06



    ALTO EL FUEGO / La estrategia socialista

    El PSOE optó por la versión 'blanda' en el vídeo de la otra tregua


    Zapatero, Blanco y Rubalcaba decidieron hace 10 días emitir la cinta, grabada desde octubre Se desechó hacer un montaje «más escandaloso»

    MANUEL SANCHEZ

    MADRID.- El PSOE prefirió difundir la versión «más blanda» del vídeo sobre la actuación del Gobierno del PP en la tregua de 1998, tras tomar la decisión política de salir al paso de lo que en este partido se consideran «infamias» de los populares contra el actual proceso de paz.

    Según fuentes cercanas al Gobierno y a la dirección del PSOE, la decisión se tomó hace unos 10 días, al ver que continuaba la escalada verbal de los populares, su inequívoco respaldo a la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y su apuesta por mantener el ataque frontal al Gobierno en esta cuestión.
    (.../...)

    Tras múltiples conversaciones, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, decidieron que, de alguna manera, habría que contestar a lo que en el Ejecutivo y en el partido se consideran «mentiras y calumnias».

    Entonces, siempre según fuentes del PSOE, se pensó en utilizar el ya famoso vídeo, que estaba grabado desde el mes de octubre, pero cuya difusión se había parado al no considerarlo adecuado al momento político que vive el proceso de paz.

    La misma manifestación de la AVT y la presencia masiva de la dirección del PP, junto a la dureza de las declaraciones de los dirigentes populares, llevaron a los socialistas a acelerar la decisión.

    Eso sí, durante varios días se estuvo peinando la cinta. Es decir, se quiso hacer un producto exquisito que no fuese tildado de manipulador y que recogiera sólo declaraciones públicas de los dirigentes del PP. Por ello, se midió milimétricamente cada declaración, el relato que hace una voz en off y cada imagen que aparece en la cinta.

    Según fuentes del PSOE, «había material para hacer un vídeo más duro o escandaloso, e igual de objetivo y real, y sólo reflejando lo que el PP dijo en 1998 y durante la tregua», afirmó un dirigente del PSOE.

    Al parecer, en estas imágenes aparecen declaraciones más significativas de miembros del Gobierno del PP, de dirigentes regionales de este partido y de otros líderes de opinión. Sin embargo, la dirección del partido decidió desechar este material y, según aseguró un dirigente socialista a este diario, ni se va a utilizar ni se va a realizar un nuevo vídeo con él.

    En este sentido, el PSOE mantiene que la difusión del vídeo sólo responde a la necesidad de que los ciudadanos conozcan «la verdad histórica», y asegura que no tenía otra manera de hacérselo llegar a la sociedad.

    La iniciativa de la dirección del PSOE provocó ayer gran satisfacción en las filas socialistas.

    Más allá de las contradicciones que puede suponer la difusión de este vídeo respecto al discurso socialista de no usar políticamente el terrorismo como arma política, entre muchos diputados del PSOE se consideraba que era necesaria una respuesta contundente al PP ante lo que entienden como ataques directos de los populares.

    A nadie se le escapa, además, que en la decisión de Zapatero/Blanco/Rubalcaba ha pesado el resultado de las últimas encuestas, y la sensación ciudadana de que el Gobierno se encuentra acorralado y arrinconado por todas las partes.

    Un alto dirigente del Gobierno lo explicó así: «Asomamos la cabeza y nos disparan de un lado o del otro. O para el PP nos rendimos a ETA; o para Batasuna no damos ni un solo paso hacia la paz y por eso hay kale borroka. De alguna manera, habría que reaccionar y explicar las cosas».


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