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2.9.04

 

Del Olmo quiere dedicarse sólo al 11-M y solicita un juez de apoyo para su Juzgado

 

02-09-04

Del Olmo quiere dedicarse sólo al 11-M y solicita un juez de apoyo para su Juzgado


Dice que «la Justicia debe resolver de la forma más rápida» la investigación de los atentados - El CGPJ atenderá la petición durante este mes

MARIA PERAL

MADRID.- El magistrado Juan del Olmo ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que nombre a un juez de apoyo con el fin de que se ocupe durante los próximos seis meses de todos los asuntos de su Juzgado mientras él se encarga exclusivamente de la investigación de los atentados del 11-M. Del Olmo reclama una «dedicación absoluta» a este sumario «para facilitar su eficaz y pronta conclusión», ya que «la Administración de Justicia debe resolver de la forma más rápida» el más grave ataque terrorista ocurrido en España.
(.../...)

Así lo afirma el juez instructor en un escrito enviado el pasado 30 de junio al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, para su remisión al CGPJ. Fuentes de este órgano aseguraron que la demanda será atendida a lo largo de este mes.

Del Olmo recuerda que el 11-M ocasionó 191 muertos y dejó más de 1.800 heridos. La envergadura de la investigación le llevaron a solicitar el 17 de marzo, sólo cinco días después de los atentados, refuerzos de personal para el Juzgado, lo que fue aprobado por el Consejo.

Además, la Junta de Jueces de la Audiencia Nacional aceptó excluir al instructor del 11-M de la realización de turnos de guardia hasta el día 30 de este mes y articuló un sistema para posponer el reparto a su Juzgado de causas procedentes de la Fiscalía Anticorrupción, habitualmente complejas.

Todas estas medidas se han revelado insuficientes a la vista de la «inexcusable y absorbente atención que requiere el sumario 20/2004 [el referido a los atentados del 11 de Marzo]», en el que, según cita, ha interrogado como imputadas a 49 personas y ha practicado 87 declaraciones testificales.

La 'presión' de la Fiscalía

La dedicación al 11-M «impide la adecuada atención y tramitación del resto de procedimientos» del Juzgado, explica Juan del Olmo en su escrito al órgano de gobierno de los jueces. «A ello se añade», indica, «que se está produciendo, por causas que en otro caso serían de elogiar y reconocer, una atención especial por parte de la Fiscalía», lo que «en este momento está generando una presión añadida en las causas, al existir un control del Ministerio Fiscal inmediato».

Del Olmo enumera cinco razones que justifican su petición de un juez de apoyo: la necesidad de un control efectivo de la investigación del 11-M, la «imposibilidad» de compatibilizar ese sumario con la llevanza de los demás procedimientos, el riesgo de que se produzca una «anormal tramitación» de las causas, el perjuicio que se generaría al resto de los Juzgados Centrales de Instrucción en el caso de que se mantenga la exclusión de las guardias y la «exigencia» de centrar los esfuerzos en el sumario 20/2004 para su pronta terminación, aunque no menciona ninguna fecha.

El magistrado propone que el juez de apoyo se ocupe de todas las causas de su Juzgado excepto del sumario 20/2004 y del caso Egunkaria, «con una especial trascendencia, volumen y complejidad» y en el que está a punto de dictar el auto de procesamiento de los implicados.

Del Olmo sugiere incluso el nombre de un determinado magistrado en el que quiere que recaiga la comisión de servicio, aunque no es éste el procedimiento que se sigue para el nombramiento de jueces de apoyo, que son seleccionados tras una oferta pública.


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1.9.04

 

La metralla de Asturias no coincide con la de los trenes

 

01-09-04

11-M LA INVESTIGACION

La metralla de Asturias no coincide con la de los trenes
MADRID.- Las muestras de metralla -puntas y tornillos- recogidas a mediados del pasado mes de junio por la Guardia Civil en la Mina Conchita, en Asturias, no coinciden con la empleada en los atentados del 11-M, informaron fuentes jurídicas.

Es la conclusión del informe pericial elaborado por el instituto armado después de que el menor Gabriel M. V., alias El Gitanillo, declarara en esas fechas ante el juez de menores de la Audiencia Nacional que el ex minero José Emilio Suárez Trashorras no sólo facilitó los explosivos a los autores del 11-M, sino también la metralla para aumentar la capacidad destructiva de los artefactos.
(.../...)

Según las manifestaciones de El Gitanillo ante el juez, cuando el marroquí Jamal Ahmidam, El Chino, acudió a la mina a recoger la dinamita, Suárez Trashorras le dijo: «No os olvidéis de coger las puntas y tornillos».

Pocos días después de esa declaración, la Guardia Civil revisó la Mina Conchita, donde encontró varios paquetes de dinamita Goma 2 inservibles y que alguien había dejado allí «por negligencia o descuido» y recogió muestras de puntas, tornillos y tierra.

Los análisis realizados posteriormente han determinado que la metralla colocada en los artefactos que estallaron el 11-M en los trenes de cercanías en las estaciones madrileñas de Santa Eugenia, El Pozo y Atocha no es la misma que la que se encontró en la explotación minera.

Las fuentes consultadas se inclinan ahora por considerar que la expresión de «puntas» supuestamente empleada por Trashorras se corresponda con el término que en el argot minero se designa a los detonadores.

El ex minero, cuya situación procesal no va a sufrir cambios, permanece en prisión incondicional desde el 22 de marzo, cuatro días después de su detención.

Por su parte, Gabriel M. V., quien admitió haber trasladado en un autocar de la línea Asturias-Madrid una bolsa con explosivos por orden de Trashorras, fue internado el 16 de junio, por tres meses prorrogables a otros tres, en un centro de menores.



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«Falta de control», «posibles sobrantes», «desfases relevantes»

 

01-09-04

11-M LA INVESTIGACION

«Falta de control», «posibles sobrantes», «desfases relevantes»



En su auto con fecha 19 de julio de 2004, el juez Del Olmo relata con profusión las irregularidades que permitieron que la Goma 2 llegara a manos de los terroristas. Así, fue la «falta de control de las sustancias explosivas» y de los detonadores en Mina Conchita la que permitió la obtención de la dinamita utilizada. Suárez Trashorras, ex trabajador de la mina y conocedor de su operativa de trabajo, aprovechó este hecho para conseguir los encargos de explosivos que le hacía Jamal Ahmidan, El Chino, desde Madrid.

Estas son las principales irregularidades:
(.../...)

Emilio Llano Alvarez, encargado de Mina Conchita, no cumplió con su obligación de control real de la entrada y salida de los explosivos de la mina. Según el auto, permitió que «los posibles sobrantes» y «detonadores no empleados no fueran destruidos».Por si fuera poco, en lugar de llevar las relaciones del consumo de explosivos anotadas «en papeles» y entregarlas a la empresa, las rompía «al finalizar cada mes».

El 1 de marzo de 2004, un día después del viaje a Asturias de una parte de la célula de Morata, Llano Alvarez corrigió en 50 kilos la cantidad de explosivos consumidos ese día.

En el análisis que hace la Guardia Civil del libro de entradas y salidas de explosivos, actualizado por el propio Llano Alvarez, queda claro que éste sólo reflejaba «números redondos», de forma que siempre eran «50, 100, 150 o 200 kilogramos» de Goma 2 y el consumo de detonadores quedaba reflejado «por centenas completas: 300, 400, 500, 700, 1.000». Y con un agravante: «A partir del 18 de marzo», esto es, siete días después de la masacre, «los consumos son más precisos: dinamita (75, 25, 45, 30, 80, etcétera).Lo mismo ocurre con los detonadores.

La Guardia Civil concluye que había «desfases relevantes» entre las cantidades reales de Goma 2 Eco y la inventariada en el libro de entradas y salidas: 415 kilos en enero de 2004, 327,5 en febrero y 585 en marzo.


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Siete encarcelados por la 'trama de los explosivos'

 

01-09-04

11-M LA INVESTIGACION

Siete encarcelados por la 'trama de los explosivos'


El aún imputado Toro Castro fue detenido dos veces y puesto en libertad


MADRID.- La investigación judicial de la masacre del 11-M en su vertiente de los explosivos ha tenido hasta el momento como consecuencia el encarcelamiento preventivo de seis personas y la detención y posterior puesta en libertad (aunque, en muchos casos, con cargos) de otras siete.
(.../...)

José E. Suárez Trashorras

Detenido en Oviedo el 18 de marzo de 2004, sólo una semana después de los atentados. Está acusado de haber facilitado los más de 100 kilos de explosivos empleados, por lo que el juez le imputa los delitos de pertenencia o colaboración con banda armada. Le considera, también, coautor, en relación con el robo o hurto de sustancias explosivas, de 190 delitos de asesinatos terroristas consumados, de otros 1.430 en grado de tentativa y de cuatro delitos de estragos terroristas.

Rafá Zouhier

Detenido el 19 de marzo de 2004 en Madrid. Confidente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está vinculado a la trama de los explosivos. Conoció a Antonio Toro Castro, cuñado de Trashorras, en la cárcel. Ha denunciado públicamente que avisó al Instituto Armado de la trama de los explosivos y que incluso obtuvo una prueba de la Goma 2 y de los detonadores.

Emilio Llano Alvarez

Detenido el 9 de junio de 2004 en Avilés.Vigilante de la Mina Conchita y responsable del control de entrada y salida de los explosivos de la mina. Fruto de su trabajo, la trama logró obtener la Goma 2 y los detonadores.

Iván Granados Peña

Detenido en la misma fecha que el anterior, también en Avilés. Emilio Suárez Trashorras le ofreció trasladar los explosivos a Madrid, pero éste ha manifestado que se negó.Aun así, acompañó a Trashorras a recoger explosivos a un lugar llamado El mirador, zona cercana a Mina Conchita, donde contactó con Raúl González Peláez.

Raúl González Peláez

Alias El Rulo, detenido el 11 de junio de 2004. Uno de los proveedores de sustancias explosivas.

Gabriel Montoya Vidal

Alias El Gitanillo, fue detenido en la misma fecha que el anterior, en Avilés. Menor de edad, se encuentra en un centro de internamiento. Recibió de Suárez Trashorras, a principios de febrero, una bolsa de deportes con un candado.Trashorras le llevó hasta la estación de autobuses Alsa de Oviedo y le dio el teléfono de Jamal Ahmidan, alias El Chino, uno de los líderes del comando terrorista islamista. El imputado debía contactar con él cuando llegara a Madrid. El Chino acudió en su coche y el menor le entregó la bolsa con los explosivos.

Los detenidos en algún momento pero que luego fueron puestos en libertad son Antonio Toro Castro, Carmen Toro Castro (hermana del anterior y casada con Suárez Trashorras), Rubén Iglesias, Javier González Díaz, Gonzalo López González, Sergio Alvarez Sánchez y Antonio Iván Reis Palicio.

En un supuesto que se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la instrucción judicial del sumario sobre el 11 de Marzo, Antonio Toro Castro (objeto de la confidencia que suscitó el «vasto y extenso operativo» de la Guardia Civil) ha sido detenido en dos ocasiones: la primera, el 28 de marzo, y la segunda, el 9 de junio. A pesar de estar actualmente en libertad, continúa imputado en la causa y debe comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio para estar permanentemente localizado.Además, tiene prohibido salir del país.



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Ascienden a general al responsable de Asturias

 

01-09-04

11-M LA INVESTIGACION

Ascienden a general al responsable de Asturias


El máximo responsable de la Guardia Civil de Asturias en el periodo en que se sustrajo, en dos minas del Principado, la dinamita presuntamente utilizada en los atentados del 11-M, el coronel Pedro Laguna Palacios, fue ascendido a general justo tres meses después de la tragedia.
(.../...)

La promoción tuvo lugar en el Consejo de Ministros del 11 de junio de 2004. El director general del Cuerpo, Carlos Gómez Arruche, le impuso el fajín de general el 5 de julio en una ceremonia en el acuartelamiento de la Benemérita en Oviedo.

Jienense, de 58 años, había asumido el mando de la Guardia Civil en Asturias en 2001. Es licenciado en Actividades Físicas y Deportes y en Derecho. Posee la medalla de mutilado por un balazo que recibió en la espalda en una operación contra el contrabando en 1988.

Tiene en su haber la Cruz de San Hermenegildo, la del Mérito Militar y la del Mérito, de plata, de la Guardia Civil. Fue condecorado también por Naciones Unidas por instruir a la Policía de Mozambique y de El Salvador.

Entre sus éxitos profesionales destaca una operación antidroga en la que se decomisaron 4.728 kilos de cocaína en la playa asturiana de Salavé (1997).

En su biografía hay también sombras. Algunos subordinados le acusan de prohibir a los componentes del Seprona que aparecieran en las zonas donde estaba cazando con sus amigos. Le achacan también un excesivo afán de protagonismo, como sucedió en el alijo de droga de Salavé. Recibió todas las felicitaciones cuando en realidad se encontraba a cientos de kilómetros del lugar de los hechos.

En los últimos años ha capeado con un asunto de corrupción por falsificación de vales de gasolina que salpicaba a guardias civiles bajo su mando.



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La Fiscalía General ya desmintió la versión del Instituto Armado

 

01-09-04

11-M LA INVESTIGACION

La Fiscalía General ya desmintió la versión del Instituto Armado



Un fiscal de Avilés recibió, en febrero de 2003, un «comentario verbal» de un oficial de la Guardia Civil respecto a la posible venta ilegal de explosivos sobrantes en las minas, una información «de carácter genérico» en la que el agente «no concretó hechos ni personas».
(.../...)

Esto fue, según un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado el 26 de julio pasado (ver EL MUNDO del día 27), todo lo que el Ministerio Fiscal supo antes del 11-M sobre la que luego resultó ser la trama de los explosivos utilizados en los trenes de la muerte, trama sobre la que el confidente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que previno a sus contactos en el Instituto Armado.

El comunicado añadía otro dato relevante: «La autoridad policial no solicitó ninguna actuación» del Ministerio Público para proseguir la investigación con más medios.

Este documento fue el resultado de una reunión que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, celebró en la misma fecha y durante hora y media con el fiscal jefe de Oviedo, Jesús Villanueva, y con uno de los fiscales de esa demarcación geográfica.Se producía así un desmentido oficial en toda regla del contenido del informe que el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, había remitido al Ministerio del Interior el pasado mes de mayo par explicar «las circunstancias de la colaboración» de Zouhier con agentes de ese Cuerpo.

El Gobierno remitió este informe al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y a la Comisión de Investigación. En él se decía que cuando la Guardia Civil comprobó que el «vasto y extenso operativo» desplegado no daba frutos, relataron «verbalmente y en detalle» la situación. La Fiscalía se «pronunció negativamente sobre la viabilidad del inicio de un eventual procedimiento penal».

Se da la circunstancia de que en aquel informe de la Guardia Civil se citaba a Suárez Trashorras como el sustractor y vendedor de los explosivos, mientras que ahora, en el informe de la UCO, el nombre citado es el de su cuñado, Toro Castro.


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La Guardia Civil sostiene que inspeccionó las minas del 11 de Marzo pero no encontró nada

 

01-09-08

11-M LA INVESTIGACION / Asegura que no halló anomalías en el mismo registro de explosivos cuyas irregularidades subrayó el juez / Insiste en responsabilizar a la Fiscalía de que no se intervinieran los teléfonos de los implicados

La Guardia Civil sostiene que inspeccionó las minas del 11 de Marzo pero no encontró nada

EL MUNDO

MADRID.- La Guardia Civil no incumplió sus obligaciones de vigilancia de los explosivos del 11-M. Realizó, por tanto, las «preceptivas inspecciones documentales en la mina de Caolines de Merillés, sobre el libro de entradas y salidas de materias y el libro auxiliar para cada clase de materias». El problema es que, a pesar de realizar estos controles con la periodicidad estipulada por la ley (mensual), «no se encontró anomalía alguna».
(.../...)

Esta es una de las conclusiones literales que se pueden leer en el informe de la Guardia Civil que el Gobierno remitió ayer a la Comisión de Investigación del 11-M, que narra las investigaciones de la Comandancia del Principado sobre la trama de los explosivos.El informe lleva fecha del 20 de agosto pasado y, al menos en este extremo, choca frontalmente con lo que el juez instructor de los atentados, Juan del Olmo, detalla en el último de sus autos (ver información adjunta) sobre la manera en que se detrajo la Goma 2 de dos explotaciones mineras asturianas y sobre cómo se ocultó documentalmente mediante la falsificación de los libros de entrada de explosivos.

Pero es que, además, la Comandancia no se limitó a los controles ordinarios. Con fecha 2 de julio de 2003, «se realizó por el Interventor de Armas una inspección inesperada sobre el terreno para determinar si se cumplían las condiciones de seguridad y, en especial, sobre depósitos auxiliares de distribución (minipoles) para ver si contenían las materias reglamentarias en su interior (detonadores y explosivos); si las cerraduras eran de seguridad, así como si las llaves de los mismos estaban o bien en la caja fuerte o en poder de persona autorizada de acuerdo con los libros».

El efecto sorpresa no se tradujo en resultados tangibles: «Finalizada dicha inspección, se levantó el acta correspondiente, siendo firmada por el interventor y el director facultativo. SIN NOVEDAD», reza el informe.

Sin embargo, se da la circunstancia de que esta inspección «inesperada sobre el terreno» se realizó dos meses después de que, en mayo de 2003, la Guardia Civil desechara la compraventa ilegal de explosivos como una de las líneas de investigación, orientándose hacia «la trama del tráfico de drogas, sobre la que es más fácil obtener indicios racionales y que, además, parece ser la principal actividad ilícita de los investigados».

La intervención de la Comandancia de la Guardia Civil en el Principado comenzó el 27 de febrero de 2003, cuando la Unidad Central Operativa comunicó, «por nota informativa dirigida a la Zona de Asturias, que a través de la fuente A-1 [código con el que se define a los confidentes mejor informados y más acreditados] había tenido conocimiento de que Antonio Toro Castro poseía 150 Kgs. de explosivos y traficaba con drogas».

Toro Castro es el cuñado de Emilio Suárez Trashorras, encarcelado por haber obtenido y entregado presuntamente los explosivos con los que los terroristas islamistas provocaron la mayor masacre de la Historia de España.

Según se relata en el informe, los agentes hicieron reconocimientos «en el entorno de los domicilios de (...) Trashorras, de Toro Castro y de un tercer objetivo de Avilés». Les siguieron y les vigilaron, «no observando actividades ilícitas».

También investigaron las «fincas e inmuebles de Cogollo», una localidad asturiana, y se obtuvo información del Registro de la Propiedad de Gijón sobre estas propiedades inmobiliarias, «resultando que eran múltiples» las que estaban a nombre de familiares de Trashorras y que éste pudiera haber utilizado para ocultar explosivos; averiguando, además, que no era bien recibido por los familiares».

Las pesquisas no daban más de sí, por lo que el «capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo» se entrevistó con los fiscales de Avilés, «informando[les] de la investigación y solicitando asesoramiento sobre la forma de judicializarla para obtener intervenciones telefónicas y, en su caso, registros domiciliarios y de las fincas».

Siempre según el informe remitido a la Comisión de Investigación y a la Audiencia Nacional, los fiscales respondieron que, «con lo obtenido hasta el momento, no era posible fundamentar un mandamiento de entrada y registro o de intervención telefónica, ya que de las actividades realizadas e información de las fuentes que querían permanecer anónimas, era de muy difícil consecución».

En otras palabras, la Guardia Civil achaca a la Fiscalía avilesina el frenazo en aquella investigación, versión que ya había sostenido con anterioridad y que se contradice radicalmente con la que emitió oficialmente la Fiscalía General del Estado (ver información adjunta).

Sea como fuere, «en vista de que la investigación no progresaba y que, al parecer, la fuente de información de la UCO parecía muy próxima a los investigados, se acordó con dicha unidad que si averiguaban alguna fecha de algún posible viaje de los investigados a Asturias con drogas, lo comunicasen al objeto de esperarlos en el Peaje de Campomanes y, una vez detenidos, solicitar los preceptivos mandamientos de entrada y registro para buscar más drogas y, de esa manera, comprobar si existían armas o explosivos o, en su defecto, obtener pruebas o evidencias de su existencia», reza el informe.

Este cambio de estrategia tampoco dio sus frutos, «pasando varias semanas sin novedades porque, al parecer, el confidente de la UCO [todo apunta a que era Rafá Zouhier] había dejado de informar del asunto».

Sin embargo, las semanas transcurridas «sin novedades» y el abandono de la línea de investigación sobre el robo y compraventa ilegal de explosivos no impidió, paradójicamente, la visita sorpresa a las explotaciones mineras de Caolines de Merillés, de donde finalmente se ha comprobado que salieron los explosivos letales del 11-M.

Pero la tenacidad de la Guardia Civil en este caso de presunto narcotráfico acabó arrojando resultados. En uno de los «controles operativos montados al efecto» en junio de 2003 (un mes antes de la visita sorpresa a las minas), se procedió «a la detención de Antonio Toro Castro por efectivos de la Comandancia de Gijón, por un delito contra la salud pública y tráfico de drogas, lo que llevó al registro autorizado de sus propiedades, con resultado» nuevamente «negativo».

No quedaba mucho más que hacer. Siempre según la versión del Instituto Armado, «la Policía Judicial de Oviedo siguió trabajando (...) hasta septiembre-octubre de 2003, no aportando datos de interés para el asunto que nos ocupa».

El informe de la UCO que ya obra en poder de los comisionados parlamentarios y del juez instructor está fechado en Oviedo y firmado por el teniente general de la Benemérita Fernando Aldea Juan, que lo suscribe en su condición de «jefe interino de la Zona» asturiana. Y es que su predecesor en el cargo, el entonces coronel Pedro Laguna Palacios, fue elevado al rango de general el pasado mes de junio, cambiando de destino.

Esta información ha sido realizada con la colaboración de la sección de Documentación.




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Ascienden a general al responsable de Asturias

 

01-09-08

11-M LA INVESTIGACION

Ascienden a general al responsable de Asturias


El máximo responsable de la Guardia Civil de Asturias en el periodo en que se sustrajo, en dos minas del Principado, la dinamita presuntamente utilizada en los atentados del 11-M, el coronel Pedro Laguna Palacios, fue ascendido a general justo tres meses después de la tragedia.

La promoción tuvo lugar en el Consejo de Ministros del 11 de junio de 2004. El director general del Cuerpo, Carlos Gómez Arruche, le impuso el fajín de general el 5 de julio en una ceremonia en el acuartelamiento de la Benemérita en Oviedo.

Jienense, de 58 años, había asumido el mando de la Guardia Civil en Asturias en 2001. Es licenciado en Actividades Físicas y Deportes y en Derecho. Posee la medalla de mutilado por un balazo que recibió en la espalda en una operación contra el contrabando en 1988.

Tiene en su haber la Cruz de San Hermenegildo, la del Mérito Militar y la del Mérito, de plata, de la Guardia Civil. Fue condecorado también por Naciones Unidas por instruir a la Policía de Mozambique y de El Salvador.

Entre sus éxitos profesionales destaca una operación antidroga en la que se decomisaron 4.728 kilos de cocaína en la playa asturiana de Salavé (1997).

En su biografía hay también sombras. Algunos subordinados le acusan de prohibir a los componentes del Seprona que aparecieran en las zonas donde estaba cazando con sus amigos. Le achacan también un excesivo afán de protagonismo, como sucedió en el alijo de droga de Salavé. Recibió todas las felicitaciones cuando en realidad se encontraba a cientos de kilómetros del lugar de los hechos.

En los últimos años ha capeado con un asunto de corrupción por falsificación de vales de gasolina que salpicaba a guardias civiles bajo su mando.



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La Fiscalía General ya desmintió la versión del Instituto Armado

 

01-09-04

11-M LA INVESTIGACION

La Fiscalía General ya desmintió la versión del Instituto Armado



Un fiscal de Avilés recibió, en febrero de 2003, un «comentario verbal» de un oficial de la Guardia Civil respecto a la posible venta ilegal de explosivos sobrantes en las minas, una información «de carácter genérico» en la que el agente «no concretó hechos ni personas».
(.../...)


Esto fue, según un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado el 26 de julio pasado (ver EL MUNDO del día 27), todo lo que el Ministerio Fiscal supo antes del 11-M sobre la que luego resultó ser la trama de los explosivos utilizados en los trenes de la muerte, trama sobre la que el confidente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que previno a sus contactos en el Instituto Armado.

El comunicado añadía otro dato relevante: «La autoridad policial no solicitó ninguna actuación» del Ministerio Público para proseguir la investigación con más medios.

Este documento fue el resultado de una reunión que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, celebró en la misma fecha y durante hora y media con el fiscal jefe de Oviedo, Jesús Villanueva, y con uno de los fiscales de esa demarcación geográfica.Se producía así un desmentido oficial en toda regla del contenido del informe que el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, había remitido al Ministerio del Interior el pasado mes de mayo par explicar «las circunstancias de la colaboración» de Zouhier con agentes de ese Cuerpo.

El Gobierno remitió este informe al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y a la Comisión de Investigación. En él se decía que cuando la Guardia Civil comprobó que el «vasto y extenso operativo» desplegado no daba frutos, relataron «verbalmente y en detalle» la situación. La Fiscalía se «pronunció negativamente sobre la viabilidad del inicio de un eventual procedimiento penal».

Se da la circunstancia de que en aquel informe de la Guardia Civil se citaba a Suárez Trashorras como el sustractor y vendedor de los explosivos, mientras que ahora, en el informe de la UCO, el nombre citado es el de su cuñado, Toro Castro.



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La Guardia Civil sostiene que inspeccionó las minas del 11 de Marzo pero no encontró nada

 

01-09-08


11-M LA INVESTIGACION / Asegura que no halló anomalías en el mismo registro de explosivos cuyas irregularidades subrayó el juez / Insiste en responsabilizar a la Fiscalía de que no se intervinieran los teléfonos de los implicados

La Guardia Civil sostiene que inspeccionó las minas del 11 de Marzo pero no encontró nada

EL MUNDO

MADRID.- La Guardia Civil no incumplió sus obligaciones de vigilancia de los explosivos del 11-M. Realizó, por tanto, las «preceptivas inspecciones documentales en la mina de Caolines de Merillés, sobre el libro de entradas y salidas de materias y el libro auxiliar para cada clase de materias». El problema es que, a pesar de realizar estos controles con la periodicidad estipulada por la ley (mensual), «no se encontró anomalía alguna».
(.../...)

Esta es una de las conclusiones literales que se pueden leer en el informe de la Guardia Civil que el Gobierno remitió ayer a la Comisión de Investigación del 11-M, que narra las investigaciones de la Comandancia del Principado sobre la trama de los explosivos.El informe lleva fecha del 20 de agosto pasado y, al menos en este extremo, choca frontalmente con lo que el juez instructor de los atentados, Juan del Olmo, detalla en el último de sus autos (ver información adjunta) sobre la manera en que se detrajo la Goma 2 de dos explotaciones mineras asturianas y sobre cómo se ocultó documentalmente mediante la falsificación de los libros de entrada de explosivos.

Pero es que, además, la Comandancia no se limitó a los controles ordinarios. Con fecha 2 de julio de 2003, «se realizó por el Interventor de Armas una inspección inesperada sobre el terreno para determinar si se cumplían las condiciones de seguridad y, en especial, sobre depósitos auxiliares de distribución (minipoles) para ver si contenían las materias reglamentarias en su interior (detonadores y explosivos); si las cerraduras eran de seguridad, así como si las llaves de los mismos estaban o bien en la caja fuerte o en poder de persona autorizada de acuerdo con los libros».

El efecto sorpresa no se tradujo en resultados tangibles: «Finalizada dicha inspección, se levantó el acta correspondiente, siendo firmada por el interventor y el director facultativo. SIN NOVEDAD», reza el informe.

Sin embargo, se da la circunstancia de que esta inspección «inesperada sobre el terreno» se realizó dos meses después de que, en mayo de 2003, la Guardia Civil desechara la compraventa ilegal de explosivos como una de las líneas de investigación, orientándose hacia «la trama del tráfico de drogas, sobre la que es más fácil obtener indicios racionales y que, además, parece ser la principal actividad ilícita de los investigados».

La intervención de la Comandancia de la Guardia Civil en el Principado comenzó el 27 de febrero de 2003, cuando la Unidad Central Operativa comunicó, «por nota informativa dirigida a la Zona de Asturias, que a través de la fuente A-1 [código con el que se define a los confidentes mejor informados y más acreditados] había tenido conocimiento de que Antonio Toro Castro poseía 150 Kgs. de explosivos y traficaba con drogas».

Toro Castro es el cuñado de Emilio Suárez Trashorras, encarcelado por haber obtenido y entregado presuntamente los explosivos con los que los terroristas islamistas provocaron la mayor masacre de la Historia de España.

Según se relata en el informe, los agentes hicieron reconocimientos «en el entorno de los domicilios de (...) Trashorras, de Toro Castro y de un tercer objetivo de Avilés». Les siguieron y les vigilaron, «no observando actividades ilícitas».

También investigaron las «fincas e inmuebles de Cogollo», una localidad asturiana, y se obtuvo información del Registro de la Propiedad de Gijón sobre estas propiedades inmobiliarias, «resultando que eran múltiples» las que estaban a nombre de familiares de Trashorras y que éste pudiera haber utilizado para ocultar explosivos; averiguando, además, que no era bien recibido por los familiares».

Las pesquisas no daban más de sí, por lo que el «capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo» se entrevistó con los fiscales de Avilés, «informando[les] de la investigación y solicitando asesoramiento sobre la forma de judicializarla para obtener intervenciones telefónicas y, en su caso, registros domiciliarios y de las fincas».

Siempre según el informe remitido a la Comisión de Investigación y a la Audiencia Nacional, los fiscales respondieron que, «con lo obtenido hasta el momento, no era posible fundamentar un mandamiento de entrada y registro o de intervención telefónica, ya que de las actividades realizadas e información de las fuentes que querían permanecer anónimas, era de muy difícil consecución».

En otras palabras, la Guardia Civil achaca a la Fiscalía avilesina el frenazo en aquella investigación, versión que ya había sostenido con anterioridad y que se contradice radicalmente con la que emitió oficialmente la Fiscalía General del Estado (ver información adjunta).

Sea como fuere, «en vista de que la investigación no progresaba y que, al parecer, la fuente de información de la UCO parecía muy próxima a los investigados, se acordó con dicha unidad que si averiguaban alguna fecha de algún posible viaje de los investigados a Asturias con drogas, lo comunicasen al objeto de esperarlos en el Peaje de Campomanes y, una vez detenidos, solicitar los preceptivos mandamientos de entrada y registro para buscar más drogas y, de esa manera, comprobar si existían armas o explosivos o, en su defecto, obtener pruebas o evidencias de su existencia», reza el informe.

Este cambio de estrategia tampoco dio sus frutos, «pasando varias semanas sin novedades porque, al parecer, el confidente de la UCO [todo apunta a que era Rafá Zouhier] había dejado de informar del asunto».

Sin embargo, las semanas transcurridas «sin novedades» y el abandono de la línea de investigación sobre el robo y compraventa ilegal de explosivos no impidió, paradójicamente, la visita sorpresa a las explotaciones mineras de Caolines de Merillés, de donde finalmente se ha comprobado que salieron los explosivos letales del 11-M.

Pero la tenacidad de la Guardia Civil en este caso de presunto narcotráfico acabó arrojando resultados. En uno de los «controles operativos montados al efecto» en junio de 2003 (un mes antes de la visita sorpresa a las minas), se procedió «a la detención de Antonio Toro Castro por efectivos de la Comandancia de Gijón, por un delito contra la salud pública y tráfico de drogas, lo que llevó al registro autorizado de sus propiedades, con resultado» nuevamente «negativo».

No quedaba mucho más que hacer. Siempre según la versión del Instituto Armado, «la Policía Judicial de Oviedo siguió trabajando (...) hasta septiembre-octubre de 2003, no aportando datos de interés para el asunto que nos ocupa».

El informe de la UCO que ya obra en poder de los comisionados parlamentarios y del juez instructor está fechado en Oviedo y firmado por el teniente general de la Benemérita Fernando Aldea Juan, que lo suscribe en su condición de «jefe interino de la Zona» asturiana. Y es que su predecesor en el cargo, el entonces coronel Pedro Laguna Palacios, fue elevado al rango de general el pasado mes de junio, cambiando de destino.

Esta información ha sido realizada con la colaboración de la sección de Documentación



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