La Guardia Civil sostiene que inspeccionó las minas del 11 de Marzo pero no encontró nada
01-09-08
11-M LA INVESTIGACION / Asegura que no halló anomalías en el mismo registro de explosivos cuyas irregularidades subrayó el juez / Insiste en responsabilizar a la Fiscalía de que no se intervinieran los teléfonos de los implicados
La Guardia Civil sostiene que inspeccionó las minas del 11 de Marzo pero no encontró nada
EL MUNDO
11-M LA INVESTIGACION / Asegura que no halló anomalías en el mismo registro de explosivos cuyas irregularidades subrayó el juez / Insiste en responsabilizar a la Fiscalía de que no se intervinieran los teléfonos de los implicados
La Guardia Civil sostiene que inspeccionó las minas del 11 de Marzo pero no encontró nada
EL MUNDO
MADRID.- La Guardia Civil no incumplió sus obligaciones de vigilancia de los explosivos del 11-M. Realizó, por tanto, las «preceptivas inspecciones documentales en la mina de Caolines de Merillés, sobre el libro de entradas y salidas de materias y el libro auxiliar para cada clase de materias». El problema es que, a pesar de realizar estos controles con la periodicidad estipulada por la ley (mensual), «no se encontró anomalía alguna».
(.../...)
Esta es una de las conclusiones literales que se pueden leer en el informe de la Guardia Civil que el Gobierno remitió ayer a la Comisión de Investigación del 11-M, que narra las investigaciones de la Comandancia del Principado sobre la trama de los explosivos.El informe lleva fecha del 20 de agosto pasado y, al menos en este extremo, choca frontalmente con lo que el juez instructor de los atentados, Juan del Olmo, detalla en el último de sus autos (ver información adjunta) sobre la manera en que se detrajo la Goma 2 de dos explotaciones mineras asturianas y sobre cómo se ocultó documentalmente mediante la falsificación de los libros de entrada de explosivos.
Pero es que, además, la Comandancia no se limitó a los controles ordinarios. Con fecha 2 de julio de 2003, «se realizó por el Interventor de Armas una inspección inesperada sobre el terreno para determinar si se cumplían las condiciones de seguridad y, en especial, sobre depósitos auxiliares de distribución (minipoles) para ver si contenían las materias reglamentarias en su interior (detonadores y explosivos); si las cerraduras eran de seguridad, así como si las llaves de los mismos estaban o bien en la caja fuerte o en poder de persona autorizada de acuerdo con los libros».
El efecto sorpresa no se tradujo en resultados tangibles: «Finalizada dicha inspección, se levantó el acta correspondiente, siendo firmada por el interventor y el director facultativo. SIN NOVEDAD», reza el informe.
Sin embargo, se da la circunstancia de que esta inspección «inesperada sobre el terreno» se realizó dos meses después de que, en mayo de 2003, la Guardia Civil desechara la compraventa ilegal de explosivos como una de las líneas de investigación, orientándose hacia «la trama del tráfico de drogas, sobre la que es más fácil obtener indicios racionales y que, además, parece ser la principal actividad ilícita de los investigados».
La intervención de la Comandancia de la Guardia Civil en el Principado comenzó el 27 de febrero de 2003, cuando la Unidad Central Operativa comunicó, «por nota informativa dirigida a la Zona de Asturias, que a través de la fuente A-1 [código con el que se define a los confidentes mejor informados y más acreditados] había tenido conocimiento de que Antonio Toro Castro poseía 150 Kgs. de explosivos y traficaba con drogas».
Toro Castro es el cuñado de Emilio Suárez Trashorras, encarcelado por haber obtenido y entregado presuntamente los explosivos con los que los terroristas islamistas provocaron la mayor masacre de la Historia de España.
Según se relata en el informe, los agentes hicieron reconocimientos «en el entorno de los domicilios de (...) Trashorras, de Toro Castro y de un tercer objetivo de Avilés». Les siguieron y les vigilaron, «no observando actividades ilícitas».
También investigaron las «fincas e inmuebles de Cogollo», una localidad asturiana, y se obtuvo información del Registro de la Propiedad de Gijón sobre estas propiedades inmobiliarias, «resultando que eran múltiples» las que estaban a nombre de familiares de Trashorras y que éste pudiera haber utilizado para ocultar explosivos; averiguando, además, que no era bien recibido por los familiares».
Las pesquisas no daban más de sí, por lo que el «capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo» se entrevistó con los fiscales de Avilés, «informando[les] de la investigación y solicitando asesoramiento sobre la forma de judicializarla para obtener intervenciones telefónicas y, en su caso, registros domiciliarios y de las fincas».
Siempre según el informe remitido a la Comisión de Investigación y a la Audiencia Nacional, los fiscales respondieron que, «con lo obtenido hasta el momento, no era posible fundamentar un mandamiento de entrada y registro o de intervención telefónica, ya que de las actividades realizadas e información de las fuentes que querían permanecer anónimas, era de muy difícil consecución».
En otras palabras, la Guardia Civil achaca a la Fiscalía avilesina el frenazo en aquella investigación, versión que ya había sostenido con anterioridad y que se contradice radicalmente con la que emitió oficialmente la Fiscalía General del Estado (ver información adjunta).
Sea como fuere, «en vista de que la investigación no progresaba y que, al parecer, la fuente de información de la UCO parecía muy próxima a los investigados, se acordó con dicha unidad que si averiguaban alguna fecha de algún posible viaje de los investigados a Asturias con drogas, lo comunicasen al objeto de esperarlos en el Peaje de Campomanes y, una vez detenidos, solicitar los preceptivos mandamientos de entrada y registro para buscar más drogas y, de esa manera, comprobar si existían armas o explosivos o, en su defecto, obtener pruebas o evidencias de su existencia», reza el informe.
Este cambio de estrategia tampoco dio sus frutos, «pasando varias semanas sin novedades porque, al parecer, el confidente de la UCO [todo apunta a que era Rafá Zouhier] había dejado de informar del asunto».
Sin embargo, las semanas transcurridas «sin novedades» y el abandono de la línea de investigación sobre el robo y compraventa ilegal de explosivos no impidió, paradójicamente, la visita sorpresa a las explotaciones mineras de Caolines de Merillés, de donde finalmente se ha comprobado que salieron los explosivos letales del 11-M.
Pero la tenacidad de la Guardia Civil en este caso de presunto narcotráfico acabó arrojando resultados. En uno de los «controles operativos montados al efecto» en junio de 2003 (un mes antes de la visita sorpresa a las minas), se procedió «a la detención de Antonio Toro Castro por efectivos de la Comandancia de Gijón, por un delito contra la salud pública y tráfico de drogas, lo que llevó al registro autorizado de sus propiedades, con resultado» nuevamente «negativo».
No quedaba mucho más que hacer. Siempre según la versión del Instituto Armado, «la Policía Judicial de Oviedo siguió trabajando (...) hasta septiembre-octubre de 2003, no aportando datos de interés para el asunto que nos ocupa».
El informe de la UCO que ya obra en poder de los comisionados parlamentarios y del juez instructor está fechado en Oviedo y firmado por el teniente general de la Benemérita Fernando Aldea Juan, que lo suscribe en su condición de «jefe interino de la Zona» asturiana. Y es que su predecesor en el cargo, el entonces coronel Pedro Laguna Palacios, fue elevado al rango de general el pasado mes de junio, cambiando de destino.
Esta información ha sido realizada con la colaboración de la sección de Documentación.
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Esta es una de las conclusiones literales que se pueden leer en el informe de la Guardia Civil que el Gobierno remitió ayer a la Comisión de Investigación del 11-M, que narra las investigaciones de la Comandancia del Principado sobre la trama de los explosivos.El informe lleva fecha del 20 de agosto pasado y, al menos en este extremo, choca frontalmente con lo que el juez instructor de los atentados, Juan del Olmo, detalla en el último de sus autos (ver información adjunta) sobre la manera en que se detrajo la Goma 2 de dos explotaciones mineras asturianas y sobre cómo se ocultó documentalmente mediante la falsificación de los libros de entrada de explosivos.
Pero es que, además, la Comandancia no se limitó a los controles ordinarios. Con fecha 2 de julio de 2003, «se realizó por el Interventor de Armas una inspección inesperada sobre el terreno para determinar si se cumplían las condiciones de seguridad y, en especial, sobre depósitos auxiliares de distribución (minipoles) para ver si contenían las materias reglamentarias en su interior (detonadores y explosivos); si las cerraduras eran de seguridad, así como si las llaves de los mismos estaban o bien en la caja fuerte o en poder de persona autorizada de acuerdo con los libros».
El efecto sorpresa no se tradujo en resultados tangibles: «Finalizada dicha inspección, se levantó el acta correspondiente, siendo firmada por el interventor y el director facultativo. SIN NOVEDAD», reza el informe.
Sin embargo, se da la circunstancia de que esta inspección «inesperada sobre el terreno» se realizó dos meses después de que, en mayo de 2003, la Guardia Civil desechara la compraventa ilegal de explosivos como una de las líneas de investigación, orientándose hacia «la trama del tráfico de drogas, sobre la que es más fácil obtener indicios racionales y que, además, parece ser la principal actividad ilícita de los investigados».
La intervención de la Comandancia de la Guardia Civil en el Principado comenzó el 27 de febrero de 2003, cuando la Unidad Central Operativa comunicó, «por nota informativa dirigida a la Zona de Asturias, que a través de la fuente A-1 [código con el que se define a los confidentes mejor informados y más acreditados] había tenido conocimiento de que Antonio Toro Castro poseía 150 Kgs. de explosivos y traficaba con drogas».
Toro Castro es el cuñado de Emilio Suárez Trashorras, encarcelado por haber obtenido y entregado presuntamente los explosivos con los que los terroristas islamistas provocaron la mayor masacre de la Historia de España.
Según se relata en el informe, los agentes hicieron reconocimientos «en el entorno de los domicilios de (...) Trashorras, de Toro Castro y de un tercer objetivo de Avilés». Les siguieron y les vigilaron, «no observando actividades ilícitas».
También investigaron las «fincas e inmuebles de Cogollo», una localidad asturiana, y se obtuvo información del Registro de la Propiedad de Gijón sobre estas propiedades inmobiliarias, «resultando que eran múltiples» las que estaban a nombre de familiares de Trashorras y que éste pudiera haber utilizado para ocultar explosivos; averiguando, además, que no era bien recibido por los familiares».
Las pesquisas no daban más de sí, por lo que el «capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo» se entrevistó con los fiscales de Avilés, «informando[les] de la investigación y solicitando asesoramiento sobre la forma de judicializarla para obtener intervenciones telefónicas y, en su caso, registros domiciliarios y de las fincas».
Siempre según el informe remitido a la Comisión de Investigación y a la Audiencia Nacional, los fiscales respondieron que, «con lo obtenido hasta el momento, no era posible fundamentar un mandamiento de entrada y registro o de intervención telefónica, ya que de las actividades realizadas e información de las fuentes que querían permanecer anónimas, era de muy difícil consecución».
En otras palabras, la Guardia Civil achaca a la Fiscalía avilesina el frenazo en aquella investigación, versión que ya había sostenido con anterioridad y que se contradice radicalmente con la que emitió oficialmente la Fiscalía General del Estado (ver información adjunta).
Sea como fuere, «en vista de que la investigación no progresaba y que, al parecer, la fuente de información de la UCO parecía muy próxima a los investigados, se acordó con dicha unidad que si averiguaban alguna fecha de algún posible viaje de los investigados a Asturias con drogas, lo comunicasen al objeto de esperarlos en el Peaje de Campomanes y, una vez detenidos, solicitar los preceptivos mandamientos de entrada y registro para buscar más drogas y, de esa manera, comprobar si existían armas o explosivos o, en su defecto, obtener pruebas o evidencias de su existencia», reza el informe.
Este cambio de estrategia tampoco dio sus frutos, «pasando varias semanas sin novedades porque, al parecer, el confidente de la UCO [todo apunta a que era Rafá Zouhier] había dejado de informar del asunto».
Sin embargo, las semanas transcurridas «sin novedades» y el abandono de la línea de investigación sobre el robo y compraventa ilegal de explosivos no impidió, paradójicamente, la visita sorpresa a las explotaciones mineras de Caolines de Merillés, de donde finalmente se ha comprobado que salieron los explosivos letales del 11-M.
Pero la tenacidad de la Guardia Civil en este caso de presunto narcotráfico acabó arrojando resultados. En uno de los «controles operativos montados al efecto» en junio de 2003 (un mes antes de la visita sorpresa a las minas), se procedió «a la detención de Antonio Toro Castro por efectivos de la Comandancia de Gijón, por un delito contra la salud pública y tráfico de drogas, lo que llevó al registro autorizado de sus propiedades, con resultado» nuevamente «negativo».
No quedaba mucho más que hacer. Siempre según la versión del Instituto Armado, «la Policía Judicial de Oviedo siguió trabajando (...) hasta septiembre-octubre de 2003, no aportando datos de interés para el asunto que nos ocupa».
El informe de la UCO que ya obra en poder de los comisionados parlamentarios y del juez instructor está fechado en Oviedo y firmado por el teniente general de la Benemérita Fernando Aldea Juan, que lo suscribe en su condición de «jefe interino de la Zona» asturiana. Y es que su predecesor en el cargo, el entonces coronel Pedro Laguna Palacios, fue elevado al rango de general el pasado mes de junio, cambiando de destino.
Esta información ha sido realizada con la colaboración de la sección de Documentación.
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