La Fiscalía General ya desmintió la versión del Instituto Armado
01-09-04
11-M LA INVESTIGACION
La Fiscalía General ya desmintió la versión del Instituto Armado
11-M LA INVESTIGACION
La Fiscalía General ya desmintió la versión del Instituto Armado
Un fiscal de Avilés recibió, en febrero de 2003, un «comentario verbal» de un oficial de la Guardia Civil respecto a la posible venta ilegal de explosivos sobrantes en las minas, una información «de carácter genérico» en la que el agente «no concretó hechos ni personas».
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Esto fue, según un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado el 26 de julio pasado (ver EL MUNDO del día 27), todo lo que el Ministerio Fiscal supo antes del 11-M sobre la que luego resultó ser la trama de los explosivos utilizados en los trenes de la muerte, trama sobre la que el confidente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que previno a sus contactos en el Instituto Armado.
El comunicado añadía otro dato relevante: «La autoridad policial no solicitó ninguna actuación» del Ministerio Público para proseguir la investigación con más medios.
Este documento fue el resultado de una reunión que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, celebró en la misma fecha y durante hora y media con el fiscal jefe de Oviedo, Jesús Villanueva, y con uno de los fiscales de esa demarcación geográfica.Se producía así un desmentido oficial en toda regla del contenido del informe que el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, había remitido al Ministerio del Interior el pasado mes de mayo par explicar «las circunstancias de la colaboración» de Zouhier con agentes de ese Cuerpo.
El Gobierno remitió este informe al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y a la Comisión de Investigación. En él se decía que cuando la Guardia Civil comprobó que el «vasto y extenso operativo» desplegado no daba frutos, relataron «verbalmente y en detalle» la situación. La Fiscalía se «pronunció negativamente sobre la viabilidad del inicio de un eventual procedimiento penal».
Se da la circunstancia de que en aquel informe de la Guardia Civil se citaba a Suárez Trashorras como el sustractor y vendedor de los explosivos, mientras que ahora, en el informe de la UCO, el nombre citado es el de su cuñado, Toro Castro.
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Esto fue, según un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado el 26 de julio pasado (ver EL MUNDO del día 27), todo lo que el Ministerio Fiscal supo antes del 11-M sobre la que luego resultó ser la trama de los explosivos utilizados en los trenes de la muerte, trama sobre la que el confidente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que previno a sus contactos en el Instituto Armado.
El comunicado añadía otro dato relevante: «La autoridad policial no solicitó ninguna actuación» del Ministerio Público para proseguir la investigación con más medios.
Este documento fue el resultado de una reunión que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, celebró en la misma fecha y durante hora y media con el fiscal jefe de Oviedo, Jesús Villanueva, y con uno de los fiscales de esa demarcación geográfica.Se producía así un desmentido oficial en toda regla del contenido del informe que el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, había remitido al Ministerio del Interior el pasado mes de mayo par explicar «las circunstancias de la colaboración» de Zouhier con agentes de ese Cuerpo.
El Gobierno remitió este informe al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y a la Comisión de Investigación. En él se decía que cuando la Guardia Civil comprobó que el «vasto y extenso operativo» desplegado no daba frutos, relataron «verbalmente y en detalle» la situación. La Fiscalía se «pronunció negativamente sobre la viabilidad del inicio de un eventual procedimiento penal».
Se da la circunstancia de que en aquel informe de la Guardia Civil se citaba a Suárez Trashorras como el sustractor y vendedor de los explosivos, mientras que ahora, en el informe de la UCO, el nombre citado es el de su cuñado, Toro Castro.
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