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24.6.06

 

Marlaska aparta de su investigación al responsable de la lucha contra ETA

 

24-06-06



ALTO EL FUEGO / Grande-Marlaska le comunicó que despacharía con un inspector al que le ordenó que no diera cuentas a sus superiores / Toma esta decisión ante los retrasos injustificados para atender todos sus requerimientos

Marlaska aparta de su investigación al responsable de la lucha contra ETA


Ante los retrasos injustificados con que atendía sus requerimientos sobre la trama de extorsión, el juez comunicó a Telesforo Rubio que en adelante despacharía con uno de sus subordinados - El magistrado ha prohibido a ese inspector jefe dar cuenta al comisario general de Información de sus iniciativas

FERNANDO LAZARO

MADRID.- Las investigaciones judiciales y policiales sobre la trama de extorsión de la organización terrorista ETA desarticulada esta semana por la Audiencia Nacional no han sido, precisamente, un paseo de rosas. Al contrario. La actuación de los responsables judiciales y policiales ha sido bien distinta y los criterios a la hora de llevar a cabo las averiguaciones, dispares.

Durante las últimas semanas, las desavenencias entre el magistrado instructor de la causa, Fernando Grande-Marlaska, y el comisario general de Información de la Policía Nacional, Telesforo Rubio, han ido en aumento hasta que el juez ha tomado la decisión de apartarle.
(.../...)

Las operaciones se iniciaron hace ya dos años, cuando al frente del juzgado de instrucción estaba el magistrado Baltasar Garzón. La mayoría de los sospechosos son históricos miembros de la organización terrorista.

Según fuentes de la investigación, la clave estaba en la velocidad con la que el juez Grande-Marlaska y el comisario Rubio querían hacer avanzar estas pesquisas.

Así, mientras el magistrado quería ir con la máquina a tope, el responsable policial prefería -cuando menos- realizar una operación más ralentizada.

Así, durante el mes de mayo, tras varios incidentes entre ambos, el magistrado tomó la sartén por el mango y decidió apartar definitivamente a Telesforo Rubio de esta operación contra el entramado etarra.

Grande-Marlaska ordenó que su contacto para este dispositivo contra el entramado financiero de ETA fuera un inspector jefe de la Comisaría General de Información. A partir de ese momento, ésa sería la única línea de comunicación con la Policía en estas investigaciones.

Pero, además, el magistrado instructor le dio orden a este interlocutor de que no despachase nada de esta operación con su superior, el comisario general. Ni con ningún otro de los comisarios de Información. Y es que, según explicaron estas mismas fuentes, el juez ya estaba molesto por algunas de las decisiones adoptadas por Telesforo Rubio durante las pesquisas. Entendía que se estaba produciendo mucho retraso a la hora de entregarle informes sobre los seguimientos, sobre las escuchas, algunas traducciones del euskara llegaban con mucha lentitud... Hasta que, en mayo, sobre las fechas en las que estaba prevista la operación contra todo el entramado, que fue frustrada por el chivatazo a ETA, el magistrado requirió un determinado informe al comisario.

Éste le contestó que no tenía datos para elaborarlo aún. El juez fue informado por otros agentes de que los datos existían, ya que de lo que estaba buscando el juez se había producido un intenso seguimiento policial en el que había participado, incluso, una docena de vehículos.

Esa información obtenida por el juez de los investigadores provocó que decidiera ya apartar a Rubio de esta operación y le notificara por escrito su decisión. El hecho de que, además, el magistrado haya abierto una pieza separada y secreta sobre un posible chivatazo a ETA por parte de un agente policial ha aumentado aún más el distanciamiento entre el responsable policial y el juez.

El nivel de crispación y de malestar en el seno de la Comisaría General de Información es enorme, según explicaron ayer a este periódico fuentes de ese complejo policial.

En cualquier caso, no es ésta la primera vez que el propio juez Grande-Marlaska aparta de investigaciones sobre terrorismo a agentes de la Comisaría General de Información.

Ya con motivo de las investigaciones sobre la denominada operación Nova, contra una célula islamista que, presuntamente, trataba de volar por los aires la Audiencia Nacional, el magistrado instructor adoptó medidas preventivas contra varios agentes de esta comisaría, en concreto de la Unidad Central de Información Exterior, dedicada a la lucha contra el terrorismo internacional. Entre los apartados se encontraba un inspector apodado Rubio que había instruido las diligencias sobre el 11-M. El juez sospechaba (y abrió una investigación sobre ello) que estaban filtrando datos sobre las actuaciones judiciales.

El magistrado prohibió a los agentes, incluso, que se acercaran a uno de los testigos protegidos en la causa, Cartagena, infiltrado policial que aportó datos clave sobre la célula dirigida por El Tunecino antes de que se perpetraran los atentados de Madrid.

Este informador convivió durante varios meses con el líder terrorista.


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Los peritos dicen ahora que no se puede saber si el explosivo de la Kangoo es el de Vallecas

 

24-06-06



11-M / Las incógnitas en la investigación

Los peritos dicen ahora que no se puede saber si el explosivo de la Kangoo es el de Vallecas


El juez Del Olmo da 24 horas a las partes para que contesten si deben realizarse los análisis


MANUEL MARRACO

MADRID.- Resulta imposible realizar el informe pericial con el que determinar si los explosivos relacionados con el 11-M tienen idéntica composición. Según informó la Policía al juez Juan del Olmo, la cantidad de explosivo hallado en la furgoneta Renault Kangoo empleada por los terroristas es insuficiente para realizar con garantías «el análisis cuantitativo de los componentes», solicitado por el propio magistrado.

La imposibilidad de analizar exhaustivamente el explosivo de la furgoneta Renault Kangoo supone que no se podrá determinar su identidad con el hallado en la mochila desactivada en Vallecas la misma noche de los atentados, que condujo a las primeras detenciones de presuntos islamistas.
(.../...)

Los sucesivos informes presentados al juez Del Olmo por el comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, han ofrecido al juez versiones contradictorias sobre la composición de los explosivos. Desde la inicial coincidencia de ambos hasta la aparición y posterior desaparición de la metenamina, un componente empleado en los explosivos de tipo militar.

El pasado miércoles, a raíz de la petición de la fiscal Olga Sánchez de dar por concluida la investigación, Del Olmo dictó una providencia en la que daba a las partes personadas en el sumario un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre la realización de ese análisis cuantitativo sobre el explosivo de la furgoneta. Respecto a la posición de la Fiscalía, en su escrito de esta misma semana a Del Olmo afirmaba que resulta «innecesaria la realización o práctica de nuevas diligencias de investigación».

«Se solicita que en el término de 24 horas las partes manifiesten si, a la vista se interesan u oponen a la realización del informe cuantitativo de los componentes de las muestras 2 y 3 del informe», dice la providencia. La muestra número 2 a la que alude el juez corresponde a los restos de explosivo hallados en la furgoneta hallada junto a la estación de Alcalá de Henares. La número 3 se trata de la llamada muestra patrón, es decir, una muestra indubitada de la dinamita Goma 2 ECO que debe servir para cotejo.

La imposibilidad de realizar el análisis cuantitativo le fue advertida al magistrado de la Audiencia Nacional a primeros de año. «Se considera, por parte de los peritos actuantes, que no se dan las condiciones óptimas para la realización del análisis cuantitativo de la muestra», señalaba el informe elaborado el pasado 1 de febrero.

El escrito explicaba que eran necesarios entre 30 y 40 gramos de la sustancia explosiva para que ese análisis cuantitativo resultara fehaciente. En el caso de la furgoneta, se disponía de menos de un gramo y medio, hallado «en un trozo de papel parafinado, conteniendo en su interior una sustancia de color blanco y textura pastosa, coincidente con el extremo de un cartucho de dinamita».

«Se hace la salvedad», añadían los expertos, «de que desde el punto de vista estrictamente técnico es posible realizar dicho análisis cuantitativo, realizando un único intento analítico con consumo de la totalidad de la muestra nº 2 [la de la furgoneta]. Sin embargo, los resultados obtenidos no se encuentran validados y no son representativos de la naturaleza compleja de la muestra». La posibilidad de realizar este análisis es la que el juez ha propuesto esta semana a las partes.

Contradicciones

En el primer informe sobre los explosivos que envió al despacho de Del Olmo -al día siguiente de los atentados- Manzano le informaba de que «en las pruebas analíticas, aún no finalizadas, los resultados obtenidos hasta el momento confirman que se trata de la misma sustancia que la hallada en la furgoneta Renault ya mencionada, que a su vez se corresponde con la muestra patrón de dinamita Goma 2-ECO».

Sin embargo, ese mismo día los peritos concluían sus informes: frente a lo afirmado por Manzano, la composición no coincidía, puesto que sólo en la furgoneta aparecía la metenamina. En otro informe posterior, de abril de 2004, se indicaba que en la mochila de Vallecas sí se había hallado metenamina.

Pero ni uno ni otro informe eran correctos. Un año después, en abril de 2005, la versión ofrecida por los Tedax a Del Olmo fue que no había metenamina por ninguna parte. Si apareció en uno de los informes como componente de la mochila de Vallecas, se debió a «un error de transcripción». Si apareció en la furgoneta, fue porque la muestra estaba «contaminada», como también estaba contaminada con metenamina la muestra patrón de dinamita Goma 2 ECO.


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CUANDO EL JEFE ANTITERRORISTA ZANCADILLEA AL JUEZ ANTITERRORISTA

 

24-06-06


Editorial

CUANDO EL JEFE ANTITERRORISTA ZANCADILLEA AL JUEZ ANTITERRORISTA


EL MUNDO revela hoy que el juez Grande-Marlaska se vio obligado a apartar a Telesforo Rubio, comisario general de Información, de la investigación de la trama de extorsión de ETA.

El juez de la Audiencia Nacional tuvo que soportar una táctica obstruccionista de Rubio, que mostró muy escaso interés -por no decir nulo- en que la investigación avanzara. El jefe policial de la lucha antiterrorista suministró al magistrado información incompleta y sesgada e intentó frenar las pesquisas. La desconfianza de Grande-Marlaska llegó hasta tal punto que pidió al inspector jefe que trabajaba en este caso que no informara al comisario general.

El juez tiene buenas razones para sospechar que una parte del aparato policial y judicial del Estado intenta boicotear su trabajo por razones políticas. A la actitud poco cooperadora de Telesforo Rubio, se suma la investigación que Grande-Marlaska acaba de poner en marcha para esclarecer si hubo policías que avisaron a ETA de una redada contra su trama de extorsión económica.

En concreto, el magistrado de la Audiencia cree que pudo ser un agente policial quien avisó, el pasado 4 de mayo, a Joseba Elosúa de que estaba siendo seguido por las Fuerzas de Seguridad y le recomendó que no se acercara al recaudador de ETA que le estaba esperando para recoger una fuerte suma.

El órgano oficioso del Gobierno publicó ayer fragmentos de una confusa conversación grabada entre Gorka Aguirre, dirigente del PNV, y Joseba Elosúa. La interpretación gubernamental deduce de ese ambiguo diálogo que la banda terrorista contactó con el PNV para que éste le ayudara a controlar el final de las extorsiones a empresarios.

La conclusión es cuando menos aventurada, ya que nadie se puede creer que una organización como ETA necesite auxilio del PNV para verificar que no hay más cartas ni chantajes a empresarios. Todo sugiere que estamos asistiendo a un intento de blanquear a ETA y demostrar que la banda ha dejado de extorsionar a partir del alto el fuego, tesis que le interesa al Gobierno para iniciar los contactos.

Pero esa tesis no se sostiene ante las numerosas evidencias que la contradicen. Sin ir más lejos, EL MUNDO revela hoy que las Fuerzas de Seguridad grabaron en mayo una conversación de Jesús Eguiguren, presidente del PSE, con un recaudador de ETA, al que pidió que la banda fuera benévola con un conocido suyo.

Grande-Marlaska está cumpliendo con su obligación al intentar desmantelar esa trama de ETA. Como también cumple con su deber al prohibir la participación de Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, en un acto público en Barcelona el próximo lunes. Lo realmente lamentable es la conducta de Rubio y de la Fiscalía, que, en lugar de ayudarle a combatir a ETA, están poniendo obstáculos en el camino.

Dada la enorme gravedad de la conducta del jefe de la lucha antiterrorista, el ministro del Interior debería comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre esa falta de colaboración con el juez y también sobre las filtraciones a ETA.


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La Policía investiga contactos de socialistas vascos con el entramado etarra

 

24-06-06


ALTO EL FUEGO / La lucha antiterrorista

La Policía investiga contactos de socialistas vascos con el entramado etarra


Tiene grabadas conversaciones recientes en las que algún dirigente del PSE intercede en nombre de un empresario extorsionado por ETA

FERNANDO LAZARO

MADRID.- En las investigaciones policiales sobre el entramado de extorsión de ETA no sólo aparecen altos representantes del Partido Nacionalista Vasco, como es el caso de Gorka Aguirre, responsable del área internacional del partido. Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, altos dirigentes del Partido Socialista de Euskadi también están incluidos en las indagaciones policiales.

Según las citadas fuentes, existen grabaciones telefónicas entre algún dirigente del PSE y varios de los máximos responsables del entramado de extorsión etarra desmantelado por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska el pasado martes, en una operación coordinada con la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert en la que fueron detenidos 12 sospechosos.
(.../...)

Tanto en el caso de Aguirre como en el de los representantes del PSE, el contacto con algunos de estos miembros del entramado se produce tras haber recibido mensajes y peticiones de ayuda por parte de empresarios extorsionados por los presuntos etarras, según los datos que obran en poder de la Policía.

Durante más de dos años, agentes de la Comisaría General de Información han llevado a cabo una intensa investigación sobre este entramado financiero de ETA. En el curso de estas pesquisas han sido numerosas las intervenciones telefónicas a varios de los sospechosos. Y, según estas fuentes, en algunas de las grabaciones realizadas por la Policía Nacional han quedado registradas conversaciones entre cargos políticos socialistas y algunos de los implicados.

En ellas, un dirigente socialista habla en nombre de un empresario que ha recibido cartas de extorsión. En la conversación, protesta porque se haya producido esta exigencia de pago y por considerar, además, que la cantidad es muy elevada.

Las grabaciones, según explicaron estas mismas fuentes, se produjeron el pasado mes de mayo, en fechas similares a las que se registraron las del dirigente nacionalista Gorka Aguirre.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron ayer a este diario que el citado dirigente del PNV aparece en la investigación al entramado de extorsión de ETA. Sin embargo, las mismas fuentes desmintieron que se incluya el nombre de algún otro representante político en general, y del PSE en particular.

Como ya adelantó este periódico, los investigadores de la Comisaría General de Información detectaron contactos de Aguirre con el presunto responsable de la trama de extorsión, Joseba Imanol Elosúa, detenido el pasado martes en España. Según estas fuentes, Aguirre mantuvo al menos tres contactos directos con Elosúa en el bar Faisán propiedad de este último, en Irún.

Aguirre y Elosúa estuvieron juntos el 18 y el 20 de abril, y el 3 de mayo.

La Policía sospecha que en alguno de esos encuentros, Elosúa le entregó cartas de las que ETA ha enviado a empresarios vascos. Y sospecha, asimismo, que en la reunión del día 3 de mayo en el mismo bar, este alto representante del PNV dio dinero a Elosúa, que le habían entregado empresarios extorsionados. Los investigadores sospechan que la cantidad desembolsada podría ascender a 60.000 euros.

Y fue tras este último de los tres encuentros, el del día 3 de mayo, cuando el magistrado quiso poner en marcha un dispositivo para tratar de bloquear el envío de ese dinero a Francia, a José Luis Cau, otro de los detenidos en la operación del martes, por parte de Elosúa.

La Policía tenía previsto disponer un control rutinario en la frontera española, detener el vehículo de Elosúa, registrarle, localizar el dinero y detenerle. En ese mismo momento se pondría en marcha el resto del dispositivo en España y Francia contra el entramado ahora desmantelado. Se trataba de actuar en caliente, de poner en marcha una operación para evitar un pago del impuesto revolucionario que se estaba haciendo en tiempo real. Además, así, se evitaba que llegaran 60.000 euros más a ETA.

Pero es aquí donde se produce un grave problema que hace añicos las intenciones judiciales y policiales. Cuando esa mañana del 4 de mayo Elosúa sale de su domicilio se le acerca un individuo (que el propio Elosúa identifica en conversaciones posteriores como un agente del Cuerpo Nacional de Policía) que le advierte de la vigilancia y de que si se desplaza a entregar el dinero a Francia iba a ser detenido.

Ese chivatazo al entramado etarra desbarató las intenciones del magistrado Grande-Marlaska para actuar contra la trama financiera.

Esta situación provocó que el magistrado abriera una pieza separada y secreta sobre estas filtraciones. Grande-Marlaska sospecha, en primera instancia, que ese chivatazo partió de algún miembro del Cuerpo Nacional de Policía destinado en operaciones antiterroristas. No obstante, no descarta que esa filtración hubiera podido salir también por algún miembro de los servicios secretos.

Desde la investigación se explica que los ahora detenidos (entre los que se encuentra el fundador de ETA y actual miembro de Aralar, Julen Madariaga) eran vigilados por varios servicios policiales desde hacía años. Y fruto de estos seguimientos y pinchazos telefónicos se obtuvieron importantes datos sobre las intenciones de la organización terrorista ETA.

El juez Grande-Marlaska ha interrogado a varios agentes de la Comisaría General de Información en el marco de esta pieza secreta para conocer su intervención en ese dispositivo policial y tratar de esclarecer el chivatazo que recibió el entramado etarra. Estas declaraciones se llevaron a cabo antes de que las policías española y francesa practicaran la docena de detenciones de presuntos implicados en este entramado.


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El Gobierno niega haber asumido compromisos con la banda

 

24-06-06



ALTO EL FUEGO

El Gobierno niega haber asumido compromisos con la banda

FERNANDO GAREA

MADRID.- La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, hizo ayer lo que José Luis Rodríguez Zapatero no quiso en la víspera: negar oficial y públicamente que haya asumido compromisos con ETA.

La portavoz del Gobierno aseguró tajantemente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «ni ha habido ni hay compromisos» con la organización terrorista. Añadió que el «único compromiso es con la paz» y aseguró que tiene detrás a la mayoría de los ciudadanos.
(.../...)

Reiteró que no habrá precio político, que debe respetarse el Estado de Derecho y que se apoyará a las víctimas.

En lo que no estuvo nada precisa la vicepresidenta, fue en explicar el proceso y el calendario que seguirá Zapatero para lograr el aval parlamentario para la apertura del diálogo con ETA. Lo único que parece claro es que será la próxima semana, en el límite del plazo comprometido por el presidente del Gobierno.

Por lo visto, Zapatero mantiene la intención del efecto sorpresa de última hora, so pretexto de que antes tiene que hablar Mariano Rajoy para consensuar una fórmula. Tal conversación se iba a producir, según La Moncloa, a principios de esta semana, pero la última versión oficiosa e imprecisa del Ejecutivo es que puede tener lugar este fin de semana.

Es posible que sea el miércoles próximo, en forma de comparecencia del presidente pactada con todos los grupos y seguida de un pequeño debate. Sin embargo, en el juego para mantener la sorpresa lo último en especulaciones es la posibilidad de que se aproveche la convalidación el jueves de un decreto que amplía a las parejas de hecho la aplicación de la Ley de Víctimas del Terrorismo. La especulación queda en el aire porque De la Vega no lo descartó.

Otra novedad de ese calendario es el de la posibilidad de que antes del Pleno se reúnan el Pacto Antiterrorista y la Comisión de Secretos Oficiales para que se informe a los grupos de la verificación del alto el fuego. A petición de Rajoy, Zapatero se comprometió a reunir el Pacto Antiterrorista, luego La Moncloa informó de que tal encuentro con el PP era imposible y ayer la portavoz del Gobierno cambió el paso y aceptó la posibilidad de que se produzca. O sea, haga lo que haga finalmente Zapatero la próxima semana es seguro que se ajusta a lo que haya dicho La Moncloa en algún momento.


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Detenidos dos empresarios navarros a los que ETA dio las gracias

 

24-06-06


ALTO EL FUEGO

Detenidos dos empresarios navarros a los que ETA dio las gracias


MADRID.- Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer a dos empresarios de Navarra por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, dentro de la investigación derivada de la desarticulación de la trama de extorsión de ETA.

Los apellidos de los dos empresarios navarros, Azpiroz y Saralegui, detenidos como presuntos autores del pago del denominado impuesto revolucionario, figuraban en sendas cartas de ETA en las que la banda les agradecía el haber abonado las cantidades exigidas.

Así los aseguraron a Efe fuentes del empresariado navarro, que precisaron que ambos detenidos son propietarios de la empresa Construcciones Azpiroz y Saralegui S.L., radicada en la Comunidad Foral. La compañía realiza numerosas obras públicas en Navarra, entre las que figura la estación de autobuses de Pamplona, en la que trabaja actualmente.

En el caso de que se adoptaran medidas judiciales contra ambos empresarios, serían las primeras que se aplican desde que, hace dos años, el juez Baltasar Garzón puso en libertad bajo fianza a cuatro directivos de la empresa navarra Azkoyen por el pago a ETA de 222.374 euros.


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Acebes: «ETA ha dicho que no tiene ninguna intención de desaparecer»

 

24-06-06


ALTO EL FUEGO

Acebes: «ETA ha dicho que no tiene ninguna intención de desaparecer»


CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- La ruptura del PP con Zapatero en relación con ETA alcanzó ayer un último aldabonazo. Ya no es sólo que los populares se nieguen a apoyar al Gobierno socialista en la «negociación» con la banda que se desprende de su anunciada reunión con Batasuna. La novedad es que ni siquiera le apoyan ya en el proceso de verificación del alto el fuego.

El último comunicado de ETA, unido a los últimos episodios de kale borroka, las nuevas cartas de extorsión y las declaraciones de Txapote y del portavoz de Batasuna Pernando Barrena en la Audiencia Nacional, constituyen, a juicio del PP, la más clara y negativa respuesta de la banda a la verificación pretendida por el Estado de Derecho español. «ETA ha dicho que no tiene ninguna intención de desaparecer», declaró ayer Angel Acebes al término del comité de dirección del PP, «por lo que ya no hay nada que hablar con ETA».

Además, el número dos del PP devolvió a Zapatero la petición de «sosiego» que hizo la víspera en torno al proceso. Le dijo que es él quien, precisamente, genera «desasosiego».


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23.6.06

 

Zaplana pide «explicaciones» a Rubalcaba sobre el presunto 'chivatazo' policial a ETA

 

23-06-06



ALTO EL FUEGO / El papel de las Fuerzas de Seguridad

Zaplana pide «explicaciones» a Rubalcaba sobre el presunto 'chivatazo' policial a ETA


Los sindicatos de policía defienden que el juez Grande-Marlaska identifique y mande a la cárcel al agente que haya podido colaborar con los terroristas, mientras la AVT exige una respuesta a Zapatero

CARMEN REMIREZ DE GANUZA / FERNANDO LAZARO

MADRID.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, exigió ayer al ministro del Interior que dé una «respuesta política», bien en sede parlamentaria, bien a los medios de comunicación, a la investigación abierta por el juez Fernando Grande-Marlaska sobre un presunto chivatazo policial a un miembro de la red de extorsión de ETA.

«Rubalcaba debe dar una explicación», dijo el dirigente popular, sobre un asunto de tan «extrema gravedad». A juicio de Zaplana, «la mera apertura de la investigación judicial», de la que informaba ayer EL MUNDO en exclusiva, merece una aclaración política, al margen del «respeto» al trabajo judicial, y pese a «quienes no quieren darle importancia por no vivir la realidad del día a día».
(.../...)

Así, la primera reflexión que hizo ayer el portavoz popular en rueda de prensa fue la del «respeto» y la «espera» a la decisión de «la autoridad judicial». La segunda, una explícita «defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» en su lucha «ejemplar» contra el terrorismo. En realidad, se trata de la segunda felicitación del dirigente popular, en una crítica implícita a las omisiones protagonizadas en este terreno por el titular socialista de Interior.

En tercer lugar, Zaplana observó la posibilidad de que las conductas investigadas deban considerarse tan «graves» como «individuales». Pero, hechas todas estar reservas en virtud de la prudencia, insistió en la necesidad de que el Gobierno ofrezca una explicación política a una noticia que «impacta» e «impresiona» a la ciudadanía española.

Los sindicatos policiales también exigieron que se investigue y aclare si algún miembro de la seguridad del Estado ha dado chivatazos a ETA. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, aseguró ayer que si hay algún agente que ha facilitado información a los terroristas sobre las últimas redadas, «hay que identificarlo y mandarlo a la cárcel con sus amigos los terroristas».

En declaraciones a Servimedia, señaló que le parece correcto que el juez haya decidido investigar si algún policía ha revelado la inminencia de operaciones como la dirigida contra el aparato de extorsión de la banda etarra. Fornet añadió que, por su años de profesión, no puede descartar que algún policía, guardia civil o ertzaina haya podido facilitar información a ETA sobre operaciones en marcha.

La Confederación Española de Policía (CEP) entiende que debe aplicarse la ley con el «máximo rigor» si se prueba que algún agente ha facilitado información a ETA sobre operaciones como la llevada a cabo esta semana contra la red de extorsión de la banda terrorista. El Comité Ejecutivo Nacional de la CEP, a través de un comunicado, señaló que no cree que haya policías que faciliten «ninguna información de utilidad a la banda ETA o al entorno que la sustenta y alienta». No obstante, este sindicado policial dijo ver «lógica» la preocupación de la autoridad judicial «ante posibles filtraciones conscientes, y por tanto, anima a que se efectúe la investigación oportuna».

José Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aseguró que sería una especie de vuelta a la guerra sucia contra ETA que algún policía hubiera podido pasar información a la banda terrorista sobre las últimas redadas.

Requero dijo a Servimedia que, de confirmarse las informaciones sobre este asunto, «estaríamos ante una connivencia de la Policía con ETA. Eso sería realmente algo trágico».

Añadió que «ya no sería una guerra sucia en el sentido de perseguir a terroristas asesinándolos», sino que «estaríamos ante una connivencia de la Policía con ETA», algo en lo que se supone podrían estar implicados «jefes políticos» de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que aclare las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska sobre las presuntas filtraciones policiales a la trama de extorsión de ETA. Para la AVT, estos hechos resultarían «tremendamente graves y preocupantes». «Por eso requieren de una explicación inmediata por parte del actual Gobierno».

La asociación explicó en un comunicado que esta vez se dirigen a Rodríguez Zapatero ya que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no les contestó cuando le preguntaron si una filtración evitó la captura de la cúpula de ETA en Francia, como se ha publicado.


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Cuando No Se Quiere Responder, No se Permite Preguntar

 

23-06-06


Editorial

Cuando No Se Quiere Responder, No se Permite Preguntar


La calidad de la democracia deliberativa que preconiza Rodríguez Zapatero quedó nuevamente retratada ayer cuando la supuesta rueda de prensa conjunta con el presidente argentino, Kirchner, se redujo a dos preguntas previamente pactadas de dos medios de comunicación públicos como TVE y RNE.

La cuestión no es en absoluto anecdótica: había mucha expectación por saber qué decía el presidente sobre el comunicado en el que ETA le emplaza explícitamente a «cumplir sus compromisos». Máxime cuando Rajoy le había pedido que aclarara si había llegado o no a acuerdos con la banda. Estaba, pues, en juego nada menos que la credibilidad del presidente ante el líder del PP -a quien, en su último encuentro en La Moncloa, él mismo aseguró que tales compromisos no existían- y también ante la opinión pública, que empieza ya a sospechar de la veracidad de sus propósitos declarados.

No podemos atribuir a la tosquedad de la política monclovita de comunicación la censura ejercida sobre EL MUNDO y el resto de los medios, porque lo que ayer se hizo evidente fue la decisión personal del presidente de dejar sin respuesta una pregunta que no podía o no quería contestar. De hecho, aunque de manera tortuosa y atribuyendo a Rajoy lo que en realidad se puede leer literalmente en el comunicado, la periodista de TVE llegó a formular la pregunta que obligaba a Zapatero a definirse. Pero, en vez de responder a la única cuestión que interesaba a la ciudadanía, y ante el estupor de los demás informadores, el presidente echó mano del habitual catálogo de tópicos y se limitó a pedir «perspectiva» y «sosiego». No deseamos caer en la tentación de un juicio de intenciones ni pasar del ámbito de las conjeturas, pero ese vergonzante silencio -convenientemente blindado frente al escrutinio periodístico- resulta inquietante. Y más si lo sumamos al anuncio de Zapatero de que no va a parar el reloj y de que anunciará su intención de abrir el diálogo con ETA antes de que acabe junio, precisamente el plazo que el propio diario Gara le dio en uno de sus recientes editoriales. Aunque sea a través de este tipo de elementos circunstanciales, empieza a calar en una parte importante de la opinión pública la sospecha de que quien calla otorga y de que Zapatero podría estar actuando a remolque de los dictados de ETA.

Como ya advertimos ayer, hay dos formas de desactivar estas sospechas. La primera es un simple monosílabo -no- que desmienta cualquier acuerdo con la banda. La segunda es alterar, en vista de los últimos acontecimientos, el calendario del proceso. Si la voluntad de ETA es firme, lo será igual en julio que en septiembre. Pero si todo depende de fechas o procedimientos, estaríamos ante un chantaje inaceptable. Lejos de tomar cualquiera de estas dos vías, el portavoz socialista, López Garrido, aseguró ayer que ya «no existen actividades terroristas». Como si no fueran exactamente eso la extorsión, las pintadas o los cócteles molotov a cargo de una banda que no parece tener el propósito de abandonar la violencia sino de hacerla compatible, en versión light, con la obtención de ventajas políticas.


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Zapatero elude contestar a Rajoy si tiene o no 'compromisos' con ETA

 

23-06-06


ALTO EL FUEGO

Zapatero elude contestar a Rajoy si tiene o no 'compromisos' con ETA


El líder de la oposición emplazó al Gobierno a que aclarara ayer mismo si lo afirmado por la banda es cierto - En la rueda de prensa con Kirchner, el presidente no respondió a la única pregunta admitida al respecto y dijo, en cambio, que mantiene su propósito de pedir autorización al Congreso la próxima semana para dialogar con ETA

FERNANDO GAREA

MADRID.- José Luis Rodríguez Zapatero eludió ayer responder, en su primera comparecencia pública tras el comunicado de ETA, si ha contraído «compromisos» con la organización terrorista, tal y como aseguró anteayer la banda.

Mariano Rajoy le había emplazado a que aclarara ayer mismo a qué se refería ETA, pero el presidente del Gobierno se limitó a pedir «sosiego, prudencia y tranquilidad». Aseguró que mantiene inalterable su calendario, que incluye comparecer la próxima semana ante el Pleno del Congreso para lograr el aval al diálogo con ETA, que se iniciará en julio.
(.../...)

Zapatero compareció ayer en La Moncloa con el presidente de Argentina, Néstor Kirchner. Ambos interpretaron sendos monólogos elogiosos y luego Kirchner obsequió a Zapatero con una camiseta de la selección argentina de fútbol y se hicieron fotos, pero todo quedó en un amago de rueda de prensa.

El presidente del Gobierno aseguró que sólo habría cuatro preguntas: dos de medios españoles y dos de argentinos. Y el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, cumplió y dio la palabra sólo a dos periodistas de dos medios públicos: Televisión Española y Radio Nacional de España. Nadie más pudo preguntar ayer a Zapatero.

En sus respuestas a las dos cuestiones sobre el llamado proceso de paz, el presidente del Gobierno repitió media docena de veces la palabra «sosiego», acompañada en ocasiones de «prudencia» y «tranquilidad» y eludió la referencia a los «compromisos contraídos» que hacía ETA en su comunicado.

Pidió también «perspectiva para no hacer cada día una valoración» y echó mano de lo del «proceso largo, duro y difícil» con el objetivo de ver el fin de la violencia, aunque destacó el «dato significativo» de que ya han transcurrido tres meses desde la proclamación del alto el fuego. No entró a rebatir ninguno de los puntos del comunicado de ETA y, obviamente, tampoco respondió al emplazamiento realizado por Mariano Rajoy para negar esos «compromisos».

Sólo fuentes autorizadas del Gobierno niegan esos compromisos, pero el presidente dejó pasar la oportunidad de hacerlo él mismo ayer en su primera comparecencia pública tras el comunicado de la banda.

Zapatero aseguró que aún no ha llamado a Mariano Rajoy, pero insistió en hacerlo en breve, con la perspectiva de cumplir su compromiso antes de comparecer en el Congreso la próxima semana, dentro del plazo del mes de junio al que se atiene siempre.

Un proceso largo

Tampoco quiso ayer decir en qué fecha irá al Pleno de la Cámara, mientras las especulaciones por la falta de información se inclinaban ayer por el miércoles día 28 de junio, a la espera de que el presidente del Gobierno anuncie su decisión.

En las respuestas a los dos medios públicos que ayer pudieron preguntarle, Rodríguez Zapatero repitió sus argumentos sobre la necesidad de buscar el consenso más amplio posible, porque «se trata de una tarea de país y no de Gobierno», y añadió que eso lo pueden compartir «todos los españoles de buena fe, que son la inmensa mayoría».

Según dijo, «se trata de trabajar para el final de la violencia y el terrorismo».

En esa petición de «sosiego» reiterado, el presidente del Gobierno se refirió a otros procesos que se han prolongado durante años, en lo que se supone era una mención a Irlanda del Norte.



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Justicia exige a los abogados de oficio del 11-M que no hablen con la prensa

 

23-06-06



Justicia exige a los abogados de oficio del 11-M que no hablen con la prensa


El secretario de Estado informa a los letrados de que si quieren cobrar antes del verano tendrán que cumplir esa y otras condiciones

ANTONIO RUBIO

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha exigido a los abogados de oficio del 11-M que no hagan ningún tipo de declaración a la prensa si quieren «solucionar la reivindicación económica antes del verano».

Esas condiciones fueron planteadas el pasado día 20 por el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Bodas Martín, a una representación de los 20 abogados del turno de oficio que defenderán a la mayoría de los imputados por el atentado del 11-M.
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Ese requisito del secretario de Estado de Justicia quedó reflejado en un comunicado interno -un correo electrónico- que los representantes de los abogados de oficio enviaron a sus compañeros: «Que no hagamos declaraciones a los medios de comunicación hasta que nos den una solución concreta en el plazo fijado».

Los abogados de oficio vienen reivindicando desde hace tiempo que, en las condiciones actuales, el juicio del 11-M no servirá para esclarecer lo que realmente sucedió porque no tienen medios ni posibilidades para rebatir las tesis de la Fiscalía.

El pasado día 12, los letrados se reunieron e hicieron pública una nota donde planteaban: «Si la actual situación no se soluciona de inmediato [ ] los abogados defensores no podemos garantizar que los procesados -que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario- van a tener un juicio justo y que conduzca al esclarecimiento de los hechos».

Al día siguiente, el ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, contestó a los abogados defensores: «Aquí no estamos hablando de la verdad, sino de dinero». Y más tarde concretó: «El Gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo, dada la importancia del proceso».

El esfuerzo del Ejecutivo se concretó el pasado día 20 en una reunión entre el Ministerio de Justicia, el Colegio de Abogados de Madrid y una representación de los letrados.

El encuentro tuvo lugar en la tarde del día 20 en la propia sede del Ministerio y por parte de los abogados asistieron el decano del Colegio de Abogados, Luis Martín Mingarro; el vicedecano, Luis Rodríguez Ramos; el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, y la coordinadora del turno de oficio, Marisol Cuevas. Por parte del Ministerio, el secretario de Estado, López Guerra; el director de Relaciones con la Administración, Ricardo Bodas, y «cuatro personas más del Ministerio».

Tras esa reunión, los representantes de los abogados de oficio emitieron una nota informativa a sus compañeros e informaron sobre los temas tratados y cómo había ido el encuentro: «Después de exponer todas nuestras reivindicaciones e incidir en que era preciso una solución urgente y, en todo caso, antes de mediados del mes de julio al problema de la falta de medios, el Ministerio se ha comprometido a lo siguiente».

El compromiso del Ministerio consistía en dos cuestiones: «Solucionar la falta de intérpretes, la dispersión de nuestros clientes presos y el DVD [con el contenido de todo el sumario] de manera casi inmediata». La segunda recogía la reclamación sobre los emolumentos de los abogados de oficio: «Solucionar la reivindicación económica antes del verano».

Pero el Ministerio de Justicia planteó dos condiciones básicas e ineludibles para resolver las demandas de los letrados: «Que no hagamos declaraciones a los medios de comunicación [ ] y hagamos urgentemente una propuesta siguiendo el modelo de baremo».

Los abogados, según ha podido saber EL MUNDO, han convocado una reunión hoy, a las 19.00 horas, para discutir la propuesta y las condiciones que les exige Justicia y contestar a las últimas declaraciones del ministro del ramo: «El Gobierno va a garantizar un juicio justo [ ] y los abogados de oficio tendrán una financiación adecuada».


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López Garrido dice que no hay «ningún tipo de actividad terrorista»

 

23-06-06



ALTO EL FUEGO / La financiación de la banda

López Garrido dice que no hay «ningún tipo de actividad terrorista»

El portavoz socialista afirma que «hay que creer» al Gobierno y asegura que no hay «constatación» de que se siga extorsionando a empresarios

MADRID. - El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, afirmó ayer que en estos momentos no existe en España «ningún tipo de actividad terrorista», por «primera vez en 40 años» y precisó que el Ejecutivo no tiene la «constatación» de que la banda continúe extorsionado a empresarios.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, López Garrido explicó que esto es lo que permite al Ejecutivo «pensar que se pueden dar las condiciones que previó la resolución del Congreso el año pasado» y que se puede estar «en un proceso que conduzca a la definitiva desaparición de ETA».
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En relación con el comunicado de ETA hecho público el miércoles, señaló que lo importante con respecto a la organización terrorista es «lo que hace», su «conducta» y «no lo que dice». En este sentido, destacó que, por primera vez en este país, existe un alto el fuego permanente de la banda, que lleva además tres años sin matar.

Además, manifestó que los compromisos del Gobierno que menciona la banda en su último comunicado «no existen ni van a existir nunca» y aclaró que «no es posible» en España que alguna institución democrática pueda negociar o pagar un precio político a una organización terrorista a cambio de que deje de matar.

A la banda, el portavoz parlamentario del PSOE le dijo que «no conseguirá ningún tipo de objetivo político nunca, gobierne quien gobierne en España», por lo que su único destino es «su desaparición», por la que el Ejecutivo «no dará nada» a cambio.

Con el objetivo de aplacar las críticas del PP por la gestión del Gobierno en materia antiterrorista, López Garrido destacó que en un país democrático se debe confiar en el Ejecutivo y no en comunicados de una banda terrorista. «Y al Gobierno hay que creerle cuando dice que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le dicen que no hay actividad terrorista desde hace varios meses», aseguró.

Las declaraciones de López Garrido se producen tan sólo un día después de que un grupo de desconocidos lanzara, en la madrugada del jueves, varios cócteles molotov contra un concesionario de Renault situado en el casco urbano de Vitoria, cuya fachada y cristales quedaron «ennegrecidos». La agresión, que no provocó daños en el interior del establecimiento, se produjo a las 0.20 horas en la capital alavesa.

Este no ha sido el único episodio de kale borroka. Un grupo de desconocidos lanzó, en la madrugada de ayer, tres botellas de cerveza con un líquido aceitoso contra la sede del PSN de la localidad navarra de Burlada. El lanzamiento de las botellas provocó daños leves y manchas en la acera y en la fachada del inmueble. En el lugar de los hechos se encontraron recortes de papel con la consigna Detenidos, libertad.


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22.6.06

 

Marlaska investiga si hay policías que avisan a ETA de redadas en marcha

 

22-06-06



ALTO EL FUEGO / Sospecha que el recaudador de ETA fue alertado de que iba a ser capturado el 4 de mayo tras recibir 60.000 euros de la extorsión / Indaga si se reunió la víspera con un dirigente del PNV en Rentería

Marlaska investiga si hay policías que avisan a ETA de redadas en marcha

Abre una pieza secreta para averiguar quién informa de sus actuaciones a los terroristas - El juez sospecha que un dirigente del PNV entregó el 3 de mayo dinero del 'impuesto revolucionario' al dueño del bar Faisán

FERNANDO LAZARO

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa sobre la trama de extorsión de ETA tiene abierta una pieza secreta y separada en la que trata de esclarecer posibles filtraciones policiales de la investigación al entramado etarra.

Fernando Grande-Marlaska está tratando de averiguar quién fue el que filtró a los investigados de la trama etarra que había un dispositivo policial contra ellos y que se iba a llevar a cabo el pasado 4 de mayo en la frontera con Francia, cuando preveían que se iba a llevar parte del dinero recaudado por ETA entre empresarios vascos.
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El magistrado coordinó una operación desarrollada el pasado martes en España y en Francia contra el entramado financiero de la organización terrorista ETA. Siete presuntos implicados fueron capturados en Francia y cinco, en España. Grande-Marlaska realizó el dispositivo policial y judicial de manera conjunta con la magistrada antiterrorista francesa Laurence Le Vert.

Según explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, el 4 de mayo la actuación habría tenido un mayor efecto puesto que estaba previsto que el recaudador francés de ETA, José Luis Cau Aldanur (detenido en el marco de la operación del martes), fuera al bar Faisán, regentado por otro detenido, Joseba Imanol Elosúa Urbieta. Cau tenía que recoger dinero del impuesto revolucionario en el hostal de Irún para llevárselo a Francia y entregárselo al aparato económico de ETA.

Los agentes tenían previsto desarrollar en ese momento la operación. De hecho, la previsión era detener el vehículo de los sospechosos, cerca de Francia, y realizar un «registro rutinario». Si detectaban el dinero, unos 60.000 euros, se habría dado luz verde al resto de la actuación.

Pero hasta el martes no se pudo poner en marcha el dispositivo. El día que se pretendía «reventar» la trama se produjo una filtración de las actuaciones policiales previstas. Según explicaron las citadas fuentes de la Audiencia Nacional, ese mismo día 4 de mayo por la mañana, cuando Joseba Elosúa salía de su domicilio, se le acercó un individuo que le alertó de que estaba siendo objeto de control policial y de que si realizaba el pago previsto para ese día, iba a ser detenido. Pero es que, además, ese comunicante anónimo le entregó a Elosúa un teléfono móvil con el que, al parecer, mantuvo una segunda conversación abundando en el aviso sobre la vigilancia policial.

Y el chivatazo surtió efecto. Elosúa tomó precauciones para evitar una actuación policial en caliente. De hecho, tras realizar una par de llamadas cortó las comunicaciones telefónicas y acudió directamente a Francia para entrevistarse con Cau Aldanur. Se trataba así de evitar la reunión en España y pasar la frontera con los 60.000 euros fruto de la extorsión a varios empresarios.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de estos hechos como consecuencia de las intervenciones judiciales que ya existían sobre los sospechosos. De hecho, el vehículo utilizado por el ahora detenido estaba, incluso, balizado. En las conversaciones, Elosúa habla de estos avisos e identifica como miembro del Cuerpo Nacional de Policía a su informador.

El juez de la Audiencia Nacional ha abierto una pieza secreta sobre estas filtraciones y trata de aclarar si ese contacto con el sospechoso fue hecho por un agente de la Policía, tratando así de evitar su detención.

Esta situación ha creado un fuerte malestar entre los agentes de la Comisaría General de Información. La posibilidad de que entre los policías que han participado haya un chivato que informa a la organización terrorista ETA ha roto los esquemas a un gran número de los agentes de Información que durante los últimos meses han estado cerrando el círculo contra el entramado de extorsión de ETA en Francia y en España.

Pero es que, además, los agentes que han realizado este dispositivo no se encontraron únicamente con esta sorpresa. La víspera de que se celebrara ese encuentro en el que estaba previsto poner en marcha la operación contra todo el entramado, los especialistas de información detectaron una reunión entre Joseba Imanol Elosúa y un dirigente del Partido Nacionalista Vasco. Según explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, este encuentro se celebró el 3 de mayo en una sidrería de Rentería, donde ambos almorzaron. Los investigadores sospechan y tratan de acreditar judicialmente que este representante del PNV le entregó dinero procedente de empresarios vascos a los que ETA había extorsionado. Se baraja que se trate de la misma cantidad, 60.000 euros, que al día siguiente tenía previsto entregar Elosúa en su bar al recaudador francés. El magistrado Grande-Marlaska trata de esclarecer estos extremos.

En la operación desarrollada en España y en Francia el pasado martes la Policía capturó, entre otros, a uno de los fundadores de la organización terrorista, Julen Madariaga, quien ha renunciado expresamente a la violencia y forma parte de la Ejecutiva de Aralar, que se escindió de Batasuna tras acabar la anterior tregua.

Las pesquisas sobre esta trama comenzaron hace más de dos años. En aquel momento, el juzgado ocupado ahora por Fernando Grande-Marlaska estaba dirigido por Baltasar Garzón, que próximamente regresará al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El juez Grande-Marlaska tendrá «inmediato conocimiento» del contenido de las declaraciones de los siete detenidos en Francia. También se facilitará a la Justicia española la documentación incautada en el país vecino, según explicaron ayer los portavoces de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy y Juan Moral.

La operación fue desarrollada por un equipo policial y judicial coordinado conjuntamente por Grande-Marlaska y la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert, por lo que no será necesario enviar comisiones rogatorias al país vecino para conocer la información que derive de las detenciones allí practicadas, entre las que está la de Madariaga.

Por su parte, el juez español remitirá a Francia el contenido de las declaraciones judiciales de los cinco presuntos miembros del aparato de extorsión de la organización terrorista capturados en nuestro país.

García Jabaloy precisó que no se contempla que Grande-Marlaska o él mismo, que es el fiscal adscrito a la investigación, estén presentes en las declaraciones en Francia, y añadió que la cooperación judicial entre ambos países se basa en la plena confianza.

Los portavoces de la Fiscalía eludieron adelantar si el Ministerio Público tiene previsto solicitar medidas cautelares contra los presuntos miembros del aparato de extorsión detenidos en España.



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Un Comunicado Que Obliga A Zapatero A Parar El Reloj

 

22-06-06


Editorial

Un Comunicado Que Obliga A Zapatero A Parar El Reloj


Cualquiera que haya seguido el desarrollo del juicio por el asesinato de Miguel Angel Blanco y evoque la terrible crueldad con la que fue «ejecutado» a cámara lenta aquel joven concejal de Ermua no podrá reprimir las arcadas al leer cómo ETA se define en el comunicado de ayer -y en presente- como «la expresión organizada de la dignidad» de quienes «han luchado y luchamos con las armas en la mano».

Sin embargo, esa instintiva reacción de repugnancia debe tornarse enseguida en honda preocupación al comprobar cómo la banda «emplaza» al Gobierno español a que cumpla «sus compromisos de 'alto el fuego' garantizando el cese total de la represión». Esta exigencia deja a Zapatero en una posición muy embarazosa, puesto que en un sector cada vez más amplio de la ciudadanía empieza a extenderse la sensación de que ha llegado ya a acuerdos con la banda y de que ésta no hace otra cosa que empezar a reclamar su cumplimiento.

Saltándose su propia costumbre de no comentar los comunicados terroristas, el Gobierno se vio ayer obligado a salir al paso y le recordó a ETA por boca del ministro del Interior que el camino hacia la paz debe ajustarse a la declaración aprobada por el Congreso el año pasado. Sin embargo, la lacónica intervención de Rubalcaba no es suficiente. La gravedad del comunicado merece un desmentido rotundo del Gobierno que destierre todas las dudas de la opinión pública.

Pero hay algo todavía peor en el texto: la exigencia terrorista de que «ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el pueblo vasco». La intención de dinamitar la legalidad es tan diáfana que empieza a sobrar incluso la reunión del Ejecutivo con la banda. Por supuesto, el Gobierno puede volver a aferrarse a la interpretación de que frases como éstas son meros señuelos incluidos por ETA para consumo interno de sus militantes. Pero cada vez que trata de relativizar sus delirios la refuerza aún más como interlocutora y le confiere un estatus ante la sociedad vasca con el que no podía soñar hace sólo unos meses.

Resulta patético escuchar a Patxi López sosteniendo falsamente que la red de extorsión de ETA no actuaba desde hace dos años, pero lo es aún más comprobar cómo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pone en circulación, a través de dos diarios afines, la tesis de que los detenidos de ayer sólo estaban cobrando «deudas atrasadas». ¡Como si todas las deudas no fueran atrasadas y como si esto rebajara la gravedad del delito!

Pero si la actitud de López y Zaragoza suscita sonrojo, produce pánico la hipótesis de que alguna autoridad pudiera estar detrás de la infamia que hoy abre la portada de EL MUNDO. Sólo alguien del entorno policial pudo filtrar a ETA que se iba a producir una redada contra su trama de extorsión. Asusta pensar que desde el propio aparato del Estado alguien haya podido haber utilizado estos chivatazos para intentar neutralizar a la Justicia y ceder a las pretensiones de la banda.

Ni esta inquietante información ni el durísimo comunicado de ayer pueden dejar indiferente a Zapatero. La única manera de cerrar la brecha de desconfianza que empieza a extenderse entre los ciudadanos es suspender provisionalmente el proceso, sentarse con Mariano Rajoy y transmitir juntos a ETA el mensaje inequívoco de que tendrá que ser ella, no el Estado, la que antes o después se rinda.


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ETA 'emplaza' al Gobierno a 'cumplir sus compromisos de alto el fuego'

 

22-06-06


ALTO EL FUEGO / Las exigencias de la banda

ETA 'emplaza' al Gobierno a 'cumplir sus compromisos de alto el fuego'


Se autodefine como «la expresión organizada de la dignidad» de quienes «luchamos con las armas en la mano» y advierte que «nuevas generaciones se sumarán a la lucha respondiendo con fuerza» si continúa «la actual opresión»


ANGELES ESCRIVA

MADRID.- ETA hizo público ayer un comunicado inequívocamente duro, que ha provocado cierta preocupación en el Gobierno y en el que mezcla las amenazas con las exigencias al Ejecutivo y con la advertencia de que no admitirá engaños.

La banda terrorista se reafirma en su decisión de mantener la situación actual, pero le recuerda al Gobierno que «para poder desarrollar un proceso de negociación, las autoridades españolas deben adoptar y cumplir los compromisos de alto el fuego». En román paladino, lo que exige es que se mueva -así lo entienden fuentes gubernamentales consultadas por este periódico- y que cumplimente unos supuestos pactos que el Gobierno niega pero que la banda dice tener asumidos.
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Estos pactos comprenderían el fin de las operaciones policiales, los acercamientos de presos a cárceles vascas y el resto de medidas penitenciarias que puedan favorecer a los reclusos etarras, así como el cierre de los procesos judiciales y la legalización de Batasuna. Según su propia expresión, exige «el cese total de la represión, los ataques contra el colectivo de presos políticos a través de las leyes de excepción y el cese de la presión, chantaje y extorsión contra las actividades políticas de la izquierda independentista».

ETA asegura que está dispuesta a alcanzar «mediante el diálogo y la negociación una paz justa y duradera con el Estado español», pero acto seguido advierte de que «nunca aceptará que el Gobierno español intente utilizar tácticamente este proceso para intentar engañar al pueblo vasco o trate simplemente de neutralizar a ETA». De hecho, y por si no hubiese quedado claro, añade: «Que no le quepa ninguna duda a nadie que, de continuar la actual situación de opresión y conculcación de derechos, nuevas generaciones se sumarán a la lucha respondiendo con fuerza a quienes por la fuerza mantengan esta situación de injusticia».

Aparte de poner las condiciones para iniciar el proceso de negociación, la banda terrorista especifica, de nuevo, qué es lo que entiende por «negociación y diálogo» para lograr lo que, desde su punto de vista, ha de ser «una paz justa y duradera». Y, para hacerlo, se refiere una vez más a cuestiones políticas que teóricamente sólo debieran ser abordadas, según las normas del proceso iniciado, por los partidos políticos.

«Quizás nunca antes hayamos estado tan cerca de solucionar el conflicto político», señala, pero para ello se debe llegar a un acuerdo en el que «Euskal Herria lograría unos mínimos democráticos con los que poder construir su futuro, recuperar su territorialidad y la responsabilidad plena de su soberanía», y «el Estado español alcanzaría la estabilidad política necesaria para poder dar soluciones a su crisis política».

ETA pone más condiciones, algunas ya exigidas en comunicados anteriores y otras precisadas en éste. Emplaza al Gobierno a «expresar su compromiso de respetar lo que el pueblo vasco acuerde y decida sobre su futuro», sin «injerencias»; y a que «pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que adopte el pueblo vasco», una condición que los socialistas vascos en más de una ocasión han asegurado públicamente que no constituiría impedimento alguno para llegar a un acuerdo.

La banda realiza un ejercicio de autoafirmación y se define como «la expresión organizada de la dignidad de miles de mujeres y hombres que con las armas en la mano luchamos [sic, en presente] para que el Estado reconozca sus derechos nacionales». Y, una vez más -es de suponer que para consumo interno-, sostiene que se ha demostrado que las estrategias desarrolladas por los diferentes gobiernos han fracasado, que el sistema autonómico ya no sirve y que suya es la autoría de la «crisis» que atraviesa el Estado.

Del mismo modo que, hace escasos días, realizaba una peculiar lectura de la Historia francesa, en este caso también prepara sus advertencias con la interpretación previa de la Historia española, que es la que justifica su actividad terrorista. Y también se dirige a la opinión pública española para que apoye la iniciativa del Gobierno y rechace la actitud del PP. Según el texto, «la sociedad haría bien en apoyar los pasos de quienes actúan de manera valiente y decidida asumiendo riesgos políticos», «dando la espalda a quienes insisten en alimentar la injusticia, el odio y la venganza de manera irresponsable y mezquina apostando por la represión y el enfrentamiento».

El comunicado finaliza con una advertencia más, y es la de que responderá según como lo haga el Gobierno. La última vez que ETA aseguró haberse sentido engañada fue en la negociación de la última tregua con el PNV. Entonces dijo haber comprobado el engaño y rompió la tregua. Pero, antes, anunció a los negociadores nacionalistas que iba a hacer pública su determinación. En esta ocasión, se limita a las advertencias, según los expertos, como un modo de presión.


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Texto íntegro del comunicado ETA

 

22-06-06


ALTO EL FUEGO / Texto íntegro del comunicado

«Nuevas generaciones se sumarán a la lucha»


La banda terrorista exige «desactivar todas las medidas represivas y de excepción» para «avanzar en el camino del diálogo»

«Transcurridos tres meses desde que el pasado 24 de marzo entrara en vigor el alto el fuego declarado por Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad), ETA hace un llamamiento a la opinión pública española para que apoye una solución negociada, duradera y justa al largo y duro conflicto que enfrenta a Euskal Herria con España.

Las raíces del conflicto

ETA es plenamente consciente de que a la opinión pública española se le ha ocultado y se le ocultan las verdaderas raíces históricas y políticas, así como la magnitud del conflicto.

A lo largo de las últimas décadas la mentira y la desinformación se han convertido en las industrias más productivas de la maquinaria represiva con la que el Estado español ha intentado acabar con la legítima lucha del Pueblo Vasco por sus derechos, por recuperar lo que simple y llanamente le corresponde.
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La lucha contra el «terrorismo» lo ha justificado todo. El Estado español, ocultando que «terrorismo» es un término acuñado por aquellos estados que precisamente, mediante el terror y la represión, tratan de mantener su dominación sobre los pueblos a los que mantienen sometidos, bajo diferentes regímenes y gestionado por distintos gobiernos, ha utilizado todas las formas de represión posibles contra el Pueblo Vasco en general y la resistencia vasca en particular.

La imposición de leyes extranjeras (españolas, en este caso), el genocidio lingüístico y cultural, la partición y militarización del territorio, los asesinatos policiales y para-policiales, las razzias y las detenciones selectivas, la utilización sistemática de la tortura, los estados de excepción, pactos y planes especiales, políticas penitenciarias criminales, la deportación, la colaboración de fuerzas autonomistas y de terceros países, el cierre de medios de comunicación, la ilegalización de organismos populares, formaciones políticas y candidaturas electorales..., la lista sería interminable. Y esta lista de opresiones y humillaciones diarias también es ocultada.

Sin embargo, el fracaso de las estrategias de guerra y represión es evidente. ETA luchó contra la opresión franquista y ha hecho frente durante los últimos 30 años a las políticas de negación y represión de los gobiernos de la UCD, PSOE y PP. Todos los mandatarios españoles han quedado en el camino y la lucha del Pueblo Vasco siempre ha sido la piedra angular que ha contribuido a su propio fracaso y a mantener abierta permanentemente una profunda crisis política en el Estado español.

Basta recordar la caída del PSOE de Felipe González por organizar los GAL o el más reciente fracaso del PP como consecuencia de la manipulación sobre la autoría de los atentados del 11-M en Madrid, intentando atribuir su responsabilidad a nuestra organización. El PP fue víctima de la paranoia represiva del hasta entonces presidente español J. M. Aznar en su obsesión por pasar a la historia como el mandatario que derrotó a ETA y aniquiló al independentismo vasco.

Es evidente también que el proyecto español basado en la negación y el sometimiento de los pueblos ha fracasado. El Estado de las Autonomías, creado y diseñado para diluir sentimientos e identidades nacionales y, fundamentalmente, para neutralizar la lucha del Pueblo Vasco combinando la zanahoria estatutaria con el palo de la represión, ha fracasado.

Una mentira por miles de veces que sea repetida no deja de ser una mentira. La posibilidad de derrotar a ETA se ha confirmado una y otra vez como un espejismo represivo. ETA, por encima de coyunturas y absurdas estadísticas policiales, es la expresión organizada de la dignidad y el compromiso de miles de mujeres y hombres que, generación tras generación, han luchado y luchamos con las armas en la mano para que el Estado español abandone su posición de fuerza y reconozca a nuestro pueblo sus derechos nacionales.

El Pueblo Vasco es un pueblo con miles de años de historia que ha sido capaz de sobrevivir a lo largo de ella gracias, fundamentalmente, a la voluntad de sus gentes. Un pueblo al que, hace varios siglos, España y Francia arrebataron su soberanía apropiándose de sus territorios y convirtiendo a sangre y fuego a sus habitantes en súbditos de sus respectivas coronas.

Conocer el pasado es necesario para comprender el presente y aspirar a un futuro mejor. El conflicto no arranca con el nacimiento de ETA en las postrimerías del franquismo. Ni siquiera como consecuencia del alzamiento fascista del 36 o posteriores masacres, como la del bombardeo de Gernika por parte de las tropas fascistas. Se trata de un conflicto histórico, en el que el más poderoso, tras atacar y ocupar militarmente el territorio vasco, ha tratado por todos los medios de engullir y asimilar social, cultural y políticamente al menos poderoso.

Que no le quepa ninguna duda a nadie que, de continuar la actual situación de opresión y conculcación de derechos, nuevas generaciones se sumarán a la lucha respondiendo con fuerza a quienes por la fuerza mantengan esta situación de injusticia.

Que nadie se lleve a engaño. La voluntad y el deseo de ETA de alcanzar mediante el diálogo y la negociación una paz justa y duradera con el Estado español es total, estamos plenamente convencidos de que la paz, aquí y ahora, es posible. Pero exactamente con la misma determinación afirmamos: ETA nunca aceptará que el Gobierno español intente utilizar tácticamente este proceso para engañar al Pueblo Vasco o trate simplemente de neutralizar a ETA y opte finalmente por insistir en la vía de la imposición.

Tenemos muy presente que el Estado español ya dejó pasar otras oportunidades en el pasado. Tras la muerte de Franco dio la espalda a una solución democrática y en Argel las autoridades españolas desaprovecharon una magnífica ocasión para encauzar el conflicto por la vía de la negociación. ETA espera que las experiencias del pasado sirvan para no caer en el error de repetir políticas abocadas de antemano al fracaso.

Una nueva oportunidad

Nos encontramos ante una nueva y gran oportunidad para ofrecer un futuro distinto a nuestros respectivos pueblos. Quizás nunca antes hayamos estado tan cerca de solucionar el conflicto político entre Euskal Herria y España.

Seguramente nunca como ahora habíamos podido vislumbrar con tanta claridad un horizonte en el que la vulneración de los derechos nacionales del Pueblo Vasco desaparezca definitivamente, la sinrazón de la imposición que alimenta el conflicto sea cosa del pasado y podamos dar paso a un nuevo tiempo político en el que todos, vascos y españoles, saldríamos ganando.

El camino hacia la paz debe ser desbrozado mediante la negociación y el acuerdo. Euskal Herria lograría unos mínimos democráticos con los que poder construir su futuro, recuperar su territorialidad y la responsabilidad plena sobre su soberanía. El Estado español alcanzaría la estabilidad política necesaria para poder dar soluciones estructurales a su profunda crisis política.

Rodríguez Zapatero y su Gobierno, el Estado español en su conjunto, tienen ante sí una oportunidad histórica para apostar definitivamente por una estrategia de paz basada en el diálogo, el acuerdo, el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a las decisiones de sus ciudadanos y ciudadanas.

Claves para solucionar el conflicto

Para avanzar en el camino del diálogo es imprescindible desactivar todas las medidas represivas y de excepción que han acompañado durante tantos años las estrategias de guerra ya fracasadas. La represión que a día de hoy aún persiste es absolutamente incompatible con un proceso de paz.

El proceso democrático que debe desarrollarse en Euskal Herria con la participación e implicación de todos los agentes vascos tiene que contar con garantías suficientes de no injerencia por parte de los poderes del Estado español. Los aparatos del Estado no pueden condicionar ni el desarrollo ni el resultado del proceso.

Al final de este proceso la ciudadanía vasca deberá tener la palabra y la capacidad de decisión en torno a su futuro, sin ningún tipo de límites.

Emplazamiento al Gobierno español

El Gobierno español debe expresar su compromiso de respetar lo que el Pueblo Vasco acuerde y decida sobre su futuro.

ETA emplaza al Gobierno español para que pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el Pueblo Vasco.

Para poder desarrollar un proceso de negociación, las autoridades españolas deben adoptar y cumplir sus compromisos de «alto el fuego», garantizando el cese total de la represión, los ataques contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos a través de la aplicación de leyes de excepción y la presión, chantaje y extorsión contra las actividades políticas de la izquierda independentista.

Llamamiento a la opinión pública española

Además, ETA quiere hacer un llamamiento a la opinión pública española para que apoye activamente la superación del conflicto por la vía del diálogo y la negociación.

La sociedad española haría bien en apoyar las posiciones y los pasos de quienes actúen de manera valiente y decidida asumiendo riesgos políticos importantes en pos de una solución democrática, dando la espalda a quienes insisten en alimentar la injusticia, el odio y la venganza de manera irresponsable y mezquina apostando por la represión y el enfrentamiento.

Por último, ETA no quiere finalizar este comunicado sin mostrar su más sincero reconocimiento a todas la personas y colectivos que, a lo largo de todos estos años y en la actualidad, han mostrado y muestran una solidaridad activa con la lucha del Pueblo Vasco, muy especialmente por su compromiso con los derechos del Colectivo de Presos Políticos Vascos.

El compromiso de ETA

ETA se reafirma en su decisión de alto el fuego permanente en vigor desde el 24 de marzo de 2006.

Asimismo, reafirmamos nuestro deseo de avanzar hacia la consecución de una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia.

Las decisiones y pasos de Euskadi Ta Askatasuna serán consecuencia de la actitud que mantenga el Gobierno español ante el proceso abierto en Euskal Herria.

La solución al conflicto, aquí y ahora, es posible. Ése es el deseo y la voluntad de ETA.

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!

JO ETA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!

Euskal Herria, junio de 2006

Euskadi Ta Askatasuna

E.T.A.»


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UN 'ROSA POR LA DIGNIDAD' EN NOMBRE DE MIGUEL ANGEL BLANCO.

 

22-06-06



UN 'ROSA POR LA DIGNIDAD' EN NOMBRE DE MIGUEL ANGEL BLANCO.


Concepción González, diputada del PP, entregó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una de las «Rosas Blancas por la Dignidad» (manchadas con rojo sangre) al inicio del Pleno -momento que recoge la imagen-, recalcando que era en nombre de Miguel Angel Blanco. Zapatero la recibió sonriendo, sin decir palabra alguna, y la puso en su mesa.


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Rajoy sospecha que Zapatero gestiona cómo sacar a Batasuna de la lista terrorista de la UE

 

22-06-06



ALTO EL FUEGO / Las consecuencias en el exterior

Rajoy sospecha que Zapatero gestiona cómo sacar a Batasuna de la lista terrorista de la UE


Todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, constatan que la Unión está estancada y en crisis - El PP propone supeditar los acuerdos con países africanos a que éstos controlen su inmigración

MARISA CRUZ

MADRID.- Mariano Rajoy no quiso ser cogido por sorpresa, y aunque desde el Gobierno se había garantizado que no sería el Pleno de ayer en el que Zapatero anunciaría a la Cámara su decisión de iniciar contactos con ETA, el líder del PP optó, por si acaso, por sacar a relucir la cuestión por su cuenta. Así, y aunque el debate estaba dedicado a la reciente Cumbre de la UE, el jefe de los populares aprovechó para dejar caer la sospecha de que desde el Ejecutivo se pretende negociar la eliminación de Batasuna de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

El líder del primer partido de la oposición se lo preguntó abiertamente al presidente. Previamente, había afirmado que la política que desarrolla el Gobierno en relación con ETA «va en el sentido opuesto a la del resto de estados miembros» de la UE, «debilita la lucha contra el terrorismo, introduce importantes incertidumbres y supone un ejemplo», dijo, «en el que se pueden amparar otras organizaciones terroristas».
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«Señor presidente», aseguró Rajoy, «le guste o no, Batasuna sigue formando parte de la lista de grupos terroristas de la UE. Cualquier negociación con dicha organización será, por tanto, una violación del derecho comunitario. ¿O es que acaso está usted haciendo gestiones para que Batasuna desaparezca de la lista europea de organizaciones terroristas?».

El interrogante del líder popular quedó en el aire. Zapatero se negó expresamente a hacer en este debate «ninguna consideración respecto al terrorismo ni a organizaciones ilegalizadas». Fue el portavoz del PSOE, Diego López Garrido, quien se encargó de afirmar que el Gobierno «trabaja permanentemente para acabar con el terrorismo», y recalcó que no tiene «nada que ver con listas», ni trabaja para sacar a Batasuna de ninguna de ellas.

Ahí quedó el conato de polémica, que fue seguido atentamente por el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), José Alcaraz, desde las tribunas de público.

El resto del debate, centrado ya exclusivamente en los asuntos abordados por el Consejo Europeo el pasado jueves y viernes, fue un ejemplo de todos frente a uno. Todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, que cerró filas en torno a la visión optimista de Zapatero, constataron sin excepción que la Unión Europea está sumida en un periodo de «estancamiento», «crisis», «desorientación» y «parálisis».

«Estoy convencido», dijo el presidente del Gobierno, «de que Europa está avanzando». Sus palabras toparon con el profundo escepticismo de todos los grupos. Ninguno ve claro el que, como asegura el Gobierno, el Tratado Constitucional de la UE tenga posibilidades de acabar viendo la luz tras los noes de Francia y Holanda. Ninguno tampoco considera realista la postura de firmeza en defensa del actual texto constitucional que pretende esgrimir Zapatero. Así se lo manifestaron ayer al presidente quien, con poco entusiasmo, pidió dar tiempo al tiempo a los socios de la Unión.

Después, llegó el turno de la inmigración. Zapatero defendió el esfuerzo hecho por su Gobierno ante los socios comunitarios para conseguir implicarlos en el problema. «España», dijo el presidente, «no se siente sola en los problemas de la inmigración porque no lo está». Tampoco esta afirmación fue recibida con entusiasmo por los grupos parlamentarios. La mayoría considera que la implicación europea es todavía muy teórica y poco práctica.

El más duro nuevamente fue el líder del PP, quien aprovechó su turno de réplica para explicar las líneas maestras de la política que él pondría en marcha si estuviera al frente del país. Rajoy rescató una vieja propuesta hecha por el Gobierno de Aznar a sus socios europeos: condicionar las relaciones y los acuerdos de la UE con países terceros a que éstos se comprometan a colaborar en el control de sus flujos migratorios.

El líder del PP también exigió al presidente del Gobierno una declaración nítida de que no volverá a haber en España un proceso de regularización masiva de inmigrantes; le pidió medidas de «control efectivo» de las aguas de Canarias y de los Pirineos, así como un refuerzo de los puertos y aeropuertos.



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Las víctimas del 11-M creen que todavía queda mucho por investigar

 

22-06-06



Las víctimas del 11-M creen que todavía queda mucho por investigar


MANUEL MARRACO

MADRID.- Las víctimas del 11-M creen que aún queda mucho por investigar sobre los atentados, aunque se dividen a la hora de pedir el cierre del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.

En respuesta al escrito de la fiscal Olga Sánchez en el que consideraba concluida la investigación, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, presidida por Angeles Domínguez, emitió ayer un comunicado en el que consideraba «inadecuada y errónea la excesiva y vehemente celeridad con que se pretenden dar por concluidas las investigaciones» por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. A su juicio, existen «constantes nuevos indicios» que producirían la necesidad de realizar nuevas diligencias de investigación.
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La Asociación concluye exigiendo «el derecho de todas las víctimas de los terribles atentados del 11 de Marzo en Madrid a saber toda la verdad sobre los hechos y autoría de la masacre», y considera que «la finalización de la investigación supondría un obstáculo insalvable para que todas las víctimas y afectados en esta tragedia pudieran continuar con sus vidas».

Por su parte, la presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, coincidió en que existen muchos elementos relacionados con los atentados que todavía es necesario investigar.

Sin embargo, y para evitar que los procesados tengan que ser puestos en libertad por cumplir el máximo de cuatro años de prisión provisional sin haber sido condenados, se mostró de acuerdo en enviar el sumario al tribunal de la Audiencia Nacional que debe preparar y celebrar el juicio. «Que se cierre este sumario de una vez, con los 29 procesados, para que pueda haber una sentencia antes de cuatro años», declaró Manjón.

La presidenta de la Asociación no ve inconveniente en el cierre de la instrucción solicitado por la fiscal, «porque los atentados del 11-M no se acaban con este sumario. «Ésa es una parte de la verdad del 11-M», añadió, «y nosotros no vamos a dar nunca por concluidas las investigaciones».

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también se ha criticado en numerosas ocasiones la negativa del juez Del Olmo y la fiscal Sánchez a realizar numerosas diligencias -algunas propuestas por la Asociación- y se han manifestado pidiendo que las víctimas puedan llegar a saber «toda la verdad» de los atentados.

El presidente de la Asociación, Francisco José Alcaraz, explicó que la protesta celebrada en Madrid el pasado día 10 debía ser una jornada de protesta por las «sombras» que todavía existen sobre los atentados de Madrid y las numerosas «irregularidades» surgidas durante la investigación del 11-M.



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El Gobierno dice que resolverá el pago a los letrados de ofici

 

22-06-06



El Gobierno dice que resolverá el pago a los letrados de oficio

El ministro de Justicia afirma que atenderá sus reivindicaciones, pero cumpliendo la ley - El PP pide que les abonen su exclusividad

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró ayer que el Gobierno va a garantizar un «juicio justo» por los atentados del 11-M, en el que los abogados de oficio tendrán «una financiación adecuada». Y, frente a las críticas del PP, aclaró que no se puede pedir un «incremento de las retribuciones a ojo de buen cubero» para esos letrados, incumpliendo las leyes.

Anunció que se va a constituir una comisión entre su Ministerio y el Consejo General de la Abogacía -el órgano que distribuye los honorarios para los letrados de oficio- con el fin de estudiar el caso de estos letrados del 11-M.
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La senadora del PP Rosa Vindel le preguntó por qué dijo hace unos días, tras las quejas de esos abogados, que en este caso no se habla «de la verdad, sino de dinero pagado con los impuestos de todos los españoles».

López Aguilar explicó que hizo esas afirmaciones cuando los periodistas le preguntaron por la petición de esos abogados, que reclamaban 60.000 euros cada uno por su trabajo en este caso, algo que es imposible según las tarifas oficiales vigentes. Pero aclaró que a esos letrados les interesa saber la verdad, y añadió: «Le complacerá y le gratificará saber que estamos en muy buen camino de encontrar una solución favorable para satisfacer los honorarios de los abogados de oficio y, por supuesto, garantizar un juicio justo, con todas las garantías, que esclarezca toda la verdad sobre la masacre del 11-M».

A la senadora Vindel no le gustó nada esa respuesta. Se quejó de la falta de medios para esos abogados, de la escasez de intérpretes e incluso de los problemas informáticos que han encontrado, y le pidió que se pague a esos abogados por dedicarse «en exclusiva» a este caso. «Debería haber puesto mucho antes remedio a este bochorno judicial», añadió.

El ministro de Justicia anunció que las reivindicaciones económicas que plantean esos abogados del turno de oficio serán estudiadas y atendidas pero, eso sí, «cumpliendo la ley punto por punto».

Por su parte, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, pidió dinero para los abogados de las víctimas de la masacre.

Manjón declaró a Servimedia que esos letrados «siguen sin ningún tipo de salario», ya que en esta asociación no tienen «ni un euro para pagarlos». Destacó que «a todo el mundo hay que pagarle en justicia, salga de donde salga».


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21.6.06

 

Del Olmo se niega a practicar las diligencias clave del 11-M y ultima el cierre del caso

 

21-06-06

SIGUE PENDIENTE LA SANCIÓN DEL CGPJ

Del Olmo se niega a practicar las diligencias clave del 11-M y ultima el cierre del caso


El juez Juan del Olmo

El juez Del Olmo prepara ya el cierre de la instrucción judicial. Y, como paso previo, ha rechazado la práctica totalidad de las diligencias solicitadas por diversas acusaciones y defensas. Después de dos años de investigaciones, seguimos sin conocer hechos básicos relativos a los atentados (quién colocó las bombas, cuál era su composición, dónde se fabricaron), pero el juez parece decidido a cerrar la instrucción sin contestar las preguntas pendientes. Tampoco parece tener el más mínimo interés en aclarar las numerosas sospechas que se ciernen sobre las tres pruebas fundamentales del caso: la furgoneta de Alcalá, la mochila de Vallecas y el coche Skoda Fabia. El "cerrojazo judicial" está en marcha.

L D (Luis del Pino) El juez Del Olmo ha decidido rechazar, sin más dilación, casi todas las solicitudes de diligencias planteadas por acusaciones y defensas. La lista de diligencias rechazada por el juez provoca auténtico estupor:

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Marlaska desmonta una red de extorsión de ETA que seguía activa tras la tregua

 

21-06-06


ALTO EL FUEGO / La Policía francesa intervino un recibo fechado este mes de junio por el pago por parte de dos empresarios de 64.000 euros / Entre los detenidos se encuentran 'históricos' como Madariaga y el 'Señor Robles'

Marlaska desmonta una red de extorsión de ETA que seguía activa tras la tregua

La Policía francesa encuentra un recibo del cobro del 'impuesto revolucionario' fechado este mismo mes de junio por valor de 64.000 - La trama estaba coordinada desde Francia por el hermano de 'Txomin', Angel Iturbe Abasolo, y por el dueño del bar Faisán de Irún, Elosúa Urbieta - Los históricos Julen Madariaga y 'Señor Robles', acusados de intermediar entre los extorsionados y los miembros en activo de la banda

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- Doce presuntos miembros de ETA dedicados a la extorsión económica a los empresarios vascos fueron arrestados ayer en una operación conjunta dirigida desde España y Francia por el juez Fernando Grande-Marlaska y por la magistrada Laurence Le Vert.

Las pruebas encontradas en los registros demuestran que la red se encontraba en activo y que al menos una parte de los detenidos ha desarrollado su labor de recaudación en los meses posteriores a la tregua. De hecho, en una de las intervenciones policiales realizadas en Francia fue encontrado un recibo fechado en junio de 2006.

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Aunque corresponde a una extorsión realizada por primera vez en 2001, el citado documento implica que ETA no ha renunciado, al menos, a seguir cobrando los plazos de deudas actuales y antiguas. El recibo está a nombre de dos empresarios que habrían pagado hace escasos días un total de 64.000 euros.

[Las conversaciones grabadas a algunos de los detenidos han sido filtradas a los diarios El Periódico y El País. En una de ellas, uno de los colaboradores de ETA detenidos dice precisamente que la dirección de la banda le ha ordenado dejar de enviar cartas a empresarios aunque le permite recaudar dinero de extorsiones anteriores. «Txorilla (dinero) puedes coger, pero cuidado»].

En otra de las inspecciones, la efectuada en Irún en el domicilio del empresario hostelero Joseba Elosua, propietario del hostal Faisán, que ha sido clausurado, fueron halladas dos tandas de dinero de más de 40.000 euros, en billetes pequeños -que es el modo como ETA suele solicitar que los pagos le sean entregados-, y un listado de matrículas de coches de policía. Según fuentes de la investigación, estos datos no estarían destinados a la preparación de atentados, sino que formarían parte de la información distribuida por la banda entre sus aparatos para facilitarles la detección de agentes que pudieran estar investigándoles.

Estos elementos fueron localizados después de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegurase que, entre los indicios de los que disponía, no había «ninguno significativo que impida continuar con el proceso de paz que el Gobierno pretende seguir desarrollando». Y después de que el fiscal portavoz de la Audiencia Nacional, Juan Moral, asegurase que no había ninguna prueba de extorsión posterior al anuncio de tregua.

Las detenciones, los registros -14 en Guipúzcoa y dos en Alicante-, los embargos por valor superior a 700.000 euros y el bloqueo de los saldos de más de medio centenar de cuentas constituyen un importante golpe a uno de los aparatos de extorsión de ETA, si bien los expertos sostienen que puede haber varios. Incluso el ministro admitió desconocer si los detenidos son los máximos dirigentes de la actividad extorsionadora. «No sé si hay cúpula de extorsión de ETA», añadió a este respecto.

En cualquier caso, las identidades de algunos de los arrestados llamaron de inmediato la atención por tratarse de veteranos de la banda que, o bien llevaban mucho tiempo aparentemente al margen de la organización, o la dejaron hace tiempo e incluso han condenado el modo de proceder de ETA, aunque en público hayan avalado el cobro del llamado impuesto revolucionario.

Es el caso de Julen Madariaga, de 74 años, fundador de la organización terrorista y miembro de la Ejecutiva de Aralar, el partido que se escindió de Batasuna cuando ETA rompió la tregua del 98. Su función habría sido la de «enlace», la de orientador para los empresarios extorsionados que habrían reclamado sus contactos para saber a quién dirigirse dentro de la organización. Una función que también se le atribuye a Eloy Uriarte, Señor Robles, uno de los principales responsables de la extorsión de ETA a lo largo de los años 80.

En un nivel distinto se encuentran, presuntamente, Angel Iturbe, el hermano de Txomin; José Luis Cau, y Joseba Imanol Elosua.

A los dos primeros -en especial a Iturbe-, el Ministerio del Interior les atribuye responsabilidades directas en el liderazgo de los arrestados en Francia. Al hermano de Txomin las fuerzas de seguridad le venían atribuyendo en los últimos meses un papel de cierta relevancia dentro de la estructura actual de ETA. A su lado, «coordinando y canalizando las exigencias del pago del impuesto», estarían Cristina Larrañaga, Izaskun Gantxegi y José Ramón Badiola.

En el territorio español, la función de organizar la actividad recaudatoria se le atribuye a Joseba Elosua, un hombre sobre cuya función favorable a la banda se ha especulado desde hace unos 20 años y que se ha encargado, según la investigación, de «establecer contacto con los extorsionados, articular plazos y vías de pago, entregar los recibos, poner en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibir el dinero». Participaban en estas actividades su yerno, Karmelo Luquín, y los legales Ramón Sagarzazu, Jean Pierre Harocarene e Ignacio Aristizabal.

En el sumario judicial también se les atribuye el desvío a «paraísos fiscales» del dinero obtenido para ETA. Se les acusa de «invertir los beneficios obtenidos de su actividad criminal y hacer desaparecer el capital obtenido de manera ilícita de los circuitos financieros regulares fiscalizables en España». En principio no trascendieron mayores detalles sobre este punto, si bien uno de los arrestados, Sagarzazu, fue relacionado en su día con las actividades en Cuba de Gadusmar, una de las empresas investigadas en el sumario abierto sobre la financiación de ETA.

La operación es producto de investigaciones relacionadas con el sumario abierto en 1998 por la Audiencia Nacional relativos al Gezi, o aparato de extorsión de la banda, y que se han visto encauzadas desde hace dos años por el equipo conjunto de trabajo hispano-francés creado al efecto. Un sumario en el que también consta el nombre de Jon Salaberria, el miembro de la antigua mesa de Batasuna que se dio a la fuga cuando fue reclamado por la Audiencia Nacional para declarar.

Rubalcaba no pudo precisar si los detenidos tienen algo que ver con las cartas denunciadas la semana pasada, y se limitó a señalar que esas misivas «se están investigando». Y después de detallar que fueron los jueces los que decidieron hace una semana llevar a cabo la operación, dijo que no sabía cuántos años llevaba funcionando el aparato desarticulado ni hasta cuándo lo había estado haciendo. «El Estado de Derecho funciona así; así son las reglas», concluyó tras negarse a responder a Arnaldo Otegi, que dijo que los arrestos «atacan la esperanza de paz».

Por cierto, que la Fiscalía informó de que Marlaska no le consultó sobre la operación, sino que se limitó a comunicar que iba a ser efectuada. No obstante, el fiscal Juan Antonio García Jabaloy consideró conveniente desplazarse al País Vasco para seguir de cerca el despliegue. Por la tarde, Marlaska y Le Vert se reunieron para seguir compartiendo información.


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