La defensa indefensa
20-06-06
La defensa indefensa
JOSÉ LUIS ABASCAL
La defensa indefensa
JOSÉ LUIS ABASCAL
El autor de este artículo, letrado defensor en el sumario sobre la masacre de Madrid, sale al paso de las acusaciones lanzadas por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, contra los abogados de oficio en esta causa. «Ni somos peseteros ni mentirosos», asegura el autor en su escrito, en el que, al igual que la veintena de abogados de oficio que asiste en este proceso, denuncia las graves deficiencias con que están trabajando estos defensores de los presuntos implicados en la matanza. Asegura que faltan intérpretes, que es necesario traducir todos los documentos al idioma madre de los sospechosos, que no hay igualdad de medios entre acusación y defensa... Asimismo, reclama un esfuerzo económico del Gobierno para estos letrados.
(.../...)
Ni somos peseteros ni mentirosos, señor ministro. Lamento profundamente que el ministro de Justicia de mi país tenga en tan baja estima a los abogados de oficio y así lo manifieste públicamente. Espero que con esta carta varíe o, al menos, cuestione su opinión acerca de nosotros y acerca de la importancia del ejercicio del derecho de defensa en un Estado de Derecho, como en el que aún nos encontramos.
El ejercicio de este derecho debe ser garantizado por el Estado a través de las leyes y sus instituciones para que hasta el más monstruoso de los criminales tenga siempre garantizados sus derechos y un abogado de oficio dispuesto a la designación. Ese ejercicio está integrado por diversos elementos consustanciales y uno de ellos, muy importante y necesario, aunque antipático, es el económico. Debe admitir, señor ministro, que ni siquiera usted aceptaría ser ministro si no le abonaran un salario justo correspondiente a su intensa dedicación exclusiva.
El salario justo es una vieja reivindicación del ser humano que creíamos superada pero, visto lo visto, resulta que no, porque nadie honestamente puede considerar digna la retribución de los abogados de oficio en el sumario del 11-M, y si el salario no es digno difícilmente percibirán la sociedad y el trabajador la dignidad de ese trabajo y esa profesión.
Pero el ejercicio del derecho de defensa también lo integran otros elementos igualmente necesarios, como son la facilitación de intérpretes, que deben ser independientes; las traducciones al idioma de nacimiento del imputado de (al menos) los autos que les afecten; la igualdad de armas entre las partes procesales (que no se ha producido durante todo el procedimiento y que sigue sin producirse tras el auto de procesamiento), la dedicación exclusiva del resto de partes procesales, a diferencia de los defensores, a un caso tan vasto, grave y decisivo para todos; o la conveniente proximidad de los imputados a centros penitenciarios que no impidan la comunicación con el cliente. Todo esto no ha existido ni existe, señor ministro, en el sumario del 11-M. La defensa está indefensa, y quien debiera proporcionar estas condiciones parece reducir tan preocupantes carencias al aspecto crematístico.
En el caso que nos ocupa y nos preocupa, no lo dude, señor ministro; la importancia y la vigencia de los elementos que integran el ejercicio del derecho de defensa debería haber sido salvaguardada con más celo que en cualquier otra ocasión por el Estado y, dentro de éste, concreta y especialmente por el Ministerio de Justicia, que debiera preocuparse y ocuparse por la dignidad y efectividad del trabajo de los abogados de oficio ante los tribunales. No obstante, somos otro apéndice del aparato estatal.
El ejercicio del derecho de defensa incluye como parte inseparable, no lo dude, nuestro compromiso con el completo esclarecimiento de los hechos. Estamos hablando de la verdad y no tanto de dinero.
Antes de realizar las desafortunadas y desalentadoras manifestaciones en contestación a nuestra cauta llamada de atención del pasado lunes, en las que puso en duda nuestro compromiso con el esclarecimiento de la verdad, debieron haberle informado, entre otras cosas, de los innumerables recursos interpuestos desde el inicio de las actuaciones por los letrados de oficio ante el señor instructor del sumario del 11-M, oponiéndonos a resoluciones que entendíamos contrarias a los intereses de nuestros clientes, o de los numerosos recursos solicitando decenas de pruebas desestimadas en la instrucción. Nosotros no hemos olvidado en ningún momento que nuestros clientes son presuntos culpables y que tienen completo derecho a una defensa con las garantías debidas reconocidas en nuestra Constitución.
Señor ministro, no desprecie el compromiso con la verdad de los letrados defensores de oficio, porque quizá sea su labor profesional la que consiga acercarnos más a la verdad, quizá sea su dedicación la que finalmente arroje rayos de luz sobre los oscuros acontecimientos de esos días de marzo.
Y, por favor, señor ministro, no compare a los imputados con las víctimas para deslegitimar nuestras reivindicaciones. El respeto y la consideración que los abogados defensores sentimos por las víctimas no los puede cuestionar nadie, dicho sea con el respeto debido. Desconoce, al parecer, los sentimientos contradictorios que albergó cualquiera de los abogados de oficio cuando, antes de que usted fuera nombrado ministro, resultaron designados, mientras persistía la conmoción nacional, para defender a los detenidos que presuntamente habían asesinado a 191 personas y herido y mutilado a más de 1.500 de manera bárbara y brutal en esos monstruosos atentados.
He dejado para el final la noticia crematística más desagradable para el Ministerio de Justicia, que ya ha expresado su intención de realizar un esfuerzo para incrementar de manera sensible la retribución de los abogados de oficio del 11-M. Los letrados de oficio asignados a este sumario son aproximadamente un centenar, y de ese centenar han sido sólo procesados los clientes de 20, por lo que en Justicia el esfuerzo ha de ser extensible proporcionalmente a todos ellos, ya que le aseguro, señor ministro, no lo dude, que todos ellos han trabajado y se han esforzado por igual, dignificando el Estado de Derecho y su juramento de honor.
Posdata: el nuevo portavoz de Jueces para la Democracia nos ha acusado de poner en entredicho nuestra profesionalidad, ya que vinculamos el ejercicio del derecho con el cobro de dinero. Su propio comentario lo dice todo sobre él, muy elegante.
José Luis Abascal es abogado defensor en el sumario del 11-M.
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Ni somos peseteros ni mentirosos, señor ministro. Lamento profundamente que el ministro de Justicia de mi país tenga en tan baja estima a los abogados de oficio y así lo manifieste públicamente. Espero que con esta carta varíe o, al menos, cuestione su opinión acerca de nosotros y acerca de la importancia del ejercicio del derecho de defensa en un Estado de Derecho, como en el que aún nos encontramos.
El ejercicio de este derecho debe ser garantizado por el Estado a través de las leyes y sus instituciones para que hasta el más monstruoso de los criminales tenga siempre garantizados sus derechos y un abogado de oficio dispuesto a la designación. Ese ejercicio está integrado por diversos elementos consustanciales y uno de ellos, muy importante y necesario, aunque antipático, es el económico. Debe admitir, señor ministro, que ni siquiera usted aceptaría ser ministro si no le abonaran un salario justo correspondiente a su intensa dedicación exclusiva.
El salario justo es una vieja reivindicación del ser humano que creíamos superada pero, visto lo visto, resulta que no, porque nadie honestamente puede considerar digna la retribución de los abogados de oficio en el sumario del 11-M, y si el salario no es digno difícilmente percibirán la sociedad y el trabajador la dignidad de ese trabajo y esa profesión.
Pero el ejercicio del derecho de defensa también lo integran otros elementos igualmente necesarios, como son la facilitación de intérpretes, que deben ser independientes; las traducciones al idioma de nacimiento del imputado de (al menos) los autos que les afecten; la igualdad de armas entre las partes procesales (que no se ha producido durante todo el procedimiento y que sigue sin producirse tras el auto de procesamiento), la dedicación exclusiva del resto de partes procesales, a diferencia de los defensores, a un caso tan vasto, grave y decisivo para todos; o la conveniente proximidad de los imputados a centros penitenciarios que no impidan la comunicación con el cliente. Todo esto no ha existido ni existe, señor ministro, en el sumario del 11-M. La defensa está indefensa, y quien debiera proporcionar estas condiciones parece reducir tan preocupantes carencias al aspecto crematístico.
En el caso que nos ocupa y nos preocupa, no lo dude, señor ministro; la importancia y la vigencia de los elementos que integran el ejercicio del derecho de defensa debería haber sido salvaguardada con más celo que en cualquier otra ocasión por el Estado y, dentro de éste, concreta y especialmente por el Ministerio de Justicia, que debiera preocuparse y ocuparse por la dignidad y efectividad del trabajo de los abogados de oficio ante los tribunales. No obstante, somos otro apéndice del aparato estatal.
El ejercicio del derecho de defensa incluye como parte inseparable, no lo dude, nuestro compromiso con el completo esclarecimiento de los hechos. Estamos hablando de la verdad y no tanto de dinero.
Antes de realizar las desafortunadas y desalentadoras manifestaciones en contestación a nuestra cauta llamada de atención del pasado lunes, en las que puso en duda nuestro compromiso con el esclarecimiento de la verdad, debieron haberle informado, entre otras cosas, de los innumerables recursos interpuestos desde el inicio de las actuaciones por los letrados de oficio ante el señor instructor del sumario del 11-M, oponiéndonos a resoluciones que entendíamos contrarias a los intereses de nuestros clientes, o de los numerosos recursos solicitando decenas de pruebas desestimadas en la instrucción. Nosotros no hemos olvidado en ningún momento que nuestros clientes son presuntos culpables y que tienen completo derecho a una defensa con las garantías debidas reconocidas en nuestra Constitución.
Señor ministro, no desprecie el compromiso con la verdad de los letrados defensores de oficio, porque quizá sea su labor profesional la que consiga acercarnos más a la verdad, quizá sea su dedicación la que finalmente arroje rayos de luz sobre los oscuros acontecimientos de esos días de marzo.
Y, por favor, señor ministro, no compare a los imputados con las víctimas para deslegitimar nuestras reivindicaciones. El respeto y la consideración que los abogados defensores sentimos por las víctimas no los puede cuestionar nadie, dicho sea con el respeto debido. Desconoce, al parecer, los sentimientos contradictorios que albergó cualquiera de los abogados de oficio cuando, antes de que usted fuera nombrado ministro, resultaron designados, mientras persistía la conmoción nacional, para defender a los detenidos que presuntamente habían asesinado a 191 personas y herido y mutilado a más de 1.500 de manera bárbara y brutal en esos monstruosos atentados.
He dejado para el final la noticia crematística más desagradable para el Ministerio de Justicia, que ya ha expresado su intención de realizar un esfuerzo para incrementar de manera sensible la retribución de los abogados de oficio del 11-M. Los letrados de oficio asignados a este sumario son aproximadamente un centenar, y de ese centenar han sido sólo procesados los clientes de 20, por lo que en Justicia el esfuerzo ha de ser extensible proporcionalmente a todos ellos, ya que le aseguro, señor ministro, no lo dude, que todos ellos han trabajado y se han esforzado por igual, dignificando el Estado de Derecho y su juramento de honor.
Posdata: el nuevo portavoz de Jueces para la Democracia nos ha acusado de poner en entredicho nuestra profesionalidad, ya que vinculamos el ejercicio del derecho con el cobro de dinero. Su propio comentario lo dice todo sobre él, muy elegante.
José Luis Abascal es abogado defensor en el sumario del 11-M.
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