18-06-06
18-06-06
Editorial
EL 'IMPUESTO REVOLUCIONARIO' Y EL LISTON DE ZAPATERO
Editorial
EL 'IMPUESTO REVOLUCIONARIO' Y EL LISTON DE ZAPATERO
Esta semana, el presidente de la patronal navarra ha denunciado el envío de cartas de ETA a empresarios pidiendo el mal llamado impuesto revolucionario fechadas en el mes de mayo y posteriores, por tanto, al alto el fuego decretado por la organización terrorista a finales de marzo. La información que hoy publica EL MUNDO indica que la banda sigue recaudando el impuesto y que Interior lo sabe. Según los datos que obran en poder de este periódico, la Policía siguió el coche balizado de dos etarras de los llamados legales, por no estar fichados por las Fuerzas de Seguridad, que cobraron 60.000 euros en San Sebastián y trasladaron el dinero a Bayona.
La versión atribuida a la Policía asegura que no se detuvo a los dos presuntos terroristas para hacer un seguimiento exhaustivo de la trama en el sur de Francia. Habida cuenta de que el Gobierno sostiene que ha verificado el cese de todas las actividades de la banda, puede quedar la duda de si no se les detuvo para no estropear esa versión oficial. El reconocimiento de que ETA sigue cobrando el impuesto revolucionario obligaría a reabrir el proceso de verificación, alterando los planes de Zapatero, que tiene previsto solicitar a final de mes la autorización del Congreso -previa recuperación, si puede, del consenso con Rajoy- para mantener una reunión entre el Gobierno y la banda fuera de España.
En principio, para celebrar este contacto no sería necesaria la autorización parlamentaria, como no lo fue durante la tregua del 98, cuando los enviados de Aznar se reunieron con ETA. Ocurre, sin embargo, que Zapatero ha puesto el listón muy alto. Primero, aprobando una resolución parlamentaria en la que se supeditaba el diálogo con la banda a «la clara voluntad» de ETA de «poner fin a la violencia» mediante «actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción». Segundo, al asegurar que el alto el fuego debía ser total, a diferencia de lo que sucedió en el 98, cuando se intensificaron durante la tregua la kale borroka y el impuesto revolucionario.
Nadie se rasgaría las vestiduras porque el Gobierno mantuviera un contacto con ETA para conminar a la banda a disolverse a cambio de la reinserción de sus activistas. Pero el empeño de Zapatero en asegurar que estamos ante una oportunidad única para lograr la «paz definitiva» le está causando problemas, porque la voluntad de ETA de disolverse sin contrapartidas políticas no se ve por ningún lado. Antes bien, lo que se aprecia es que la banda puede estar acumulando fuerzas para una negociación política a través de Batasuna, cuya Mesa Nacional volvió a desafiar al Estado de Derecho participando ayer en una concentración en Pamplona, que sustituyó a la manifestación prohibida por el juez Marlaska. Es por ello que resulta inaceptable la reunión de los socialistas vascos con Batasuna, mientras sea una formación ilegal. Si Zapatero quiere recuperar el apoyo mínimo imprescindible de Rajoy para celebrar un encuentro con ETA, debe suspender la anunciada reunión del PSE con la ilegalizada Batasuna.
La versión atribuida a la Policía asegura que no se detuvo a los dos presuntos terroristas para hacer un seguimiento exhaustivo de la trama en el sur de Francia. Habida cuenta de que el Gobierno sostiene que ha verificado el cese de todas las actividades de la banda, puede quedar la duda de si no se les detuvo para no estropear esa versión oficial. El reconocimiento de que ETA sigue cobrando el impuesto revolucionario obligaría a reabrir el proceso de verificación, alterando los planes de Zapatero, que tiene previsto solicitar a final de mes la autorización del Congreso -previa recuperación, si puede, del consenso con Rajoy- para mantener una reunión entre el Gobierno y la banda fuera de España.
En principio, para celebrar este contacto no sería necesaria la autorización parlamentaria, como no lo fue durante la tregua del 98, cuando los enviados de Aznar se reunieron con ETA. Ocurre, sin embargo, que Zapatero ha puesto el listón muy alto. Primero, aprobando una resolución parlamentaria en la que se supeditaba el diálogo con la banda a «la clara voluntad» de ETA de «poner fin a la violencia» mediante «actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción». Segundo, al asegurar que el alto el fuego debía ser total, a diferencia de lo que sucedió en el 98, cuando se intensificaron durante la tregua la kale borroka y el impuesto revolucionario.
Nadie se rasgaría las vestiduras porque el Gobierno mantuviera un contacto con ETA para conminar a la banda a disolverse a cambio de la reinserción de sus activistas. Pero el empeño de Zapatero en asegurar que estamos ante una oportunidad única para lograr la «paz definitiva» le está causando problemas, porque la voluntad de ETA de disolverse sin contrapartidas políticas no se ve por ningún lado. Antes bien, lo que se aprecia es que la banda puede estar acumulando fuerzas para una negociación política a través de Batasuna, cuya Mesa Nacional volvió a desafiar al Estado de Derecho participando ayer en una concentración en Pamplona, que sustituyó a la manifestación prohibida por el juez Marlaska. Es por ello que resulta inaceptable la reunión de los socialistas vascos con Batasuna, mientras sea una formación ilegal. Si Zapatero quiere recuperar el apoyo mínimo imprescindible de Rajoy para celebrar un encuentro con ETA, debe suspender la anunciada reunión del PSE con la ilegalizada Batasuna.
Comentarios