Un Comunicado Que Obliga A Zapatero A Parar El Reloj
22-06-06
Editorial
Un Comunicado Que Obliga A Zapatero A Parar El Reloj
Editorial
Un Comunicado Que Obliga A Zapatero A Parar El Reloj
Cualquiera que haya seguido el desarrollo del juicio por el asesinato de Miguel Angel Blanco y evoque la terrible crueldad con la que fue «ejecutado» a cámara lenta aquel joven concejal de Ermua no podrá reprimir las arcadas al leer cómo ETA se define en el comunicado de ayer -y en presente- como «la expresión organizada de la dignidad» de quienes «han luchado y luchamos con las armas en la mano».
Sin embargo, esa instintiva reacción de repugnancia debe tornarse enseguida en honda preocupación al comprobar cómo la banda «emplaza» al Gobierno español a que cumpla «sus compromisos de 'alto el fuego' garantizando el cese total de la represión». Esta exigencia deja a Zapatero en una posición muy embarazosa, puesto que en un sector cada vez más amplio de la ciudadanía empieza a extenderse la sensación de que ha llegado ya a acuerdos con la banda y de que ésta no hace otra cosa que empezar a reclamar su cumplimiento.
Saltándose su propia costumbre de no comentar los comunicados terroristas, el Gobierno se vio ayer obligado a salir al paso y le recordó a ETA por boca del ministro del Interior que el camino hacia la paz debe ajustarse a la declaración aprobada por el Congreso el año pasado. Sin embargo, la lacónica intervención de Rubalcaba no es suficiente. La gravedad del comunicado merece un desmentido rotundo del Gobierno que destierre todas las dudas de la opinión pública.
Pero hay algo todavía peor en el texto: la exigencia terrorista de que «ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el pueblo vasco». La intención de dinamitar la legalidad es tan diáfana que empieza a sobrar incluso la reunión del Ejecutivo con la banda. Por supuesto, el Gobierno puede volver a aferrarse a la interpretación de que frases como éstas son meros señuelos incluidos por ETA para consumo interno de sus militantes. Pero cada vez que trata de relativizar sus delirios la refuerza aún más como interlocutora y le confiere un estatus ante la sociedad vasca con el que no podía soñar hace sólo unos meses.
Resulta patético escuchar a Patxi López sosteniendo falsamente que la red de extorsión de ETA no actuaba desde hace dos años, pero lo es aún más comprobar cómo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pone en circulación, a través de dos diarios afines, la tesis de que los detenidos de ayer sólo estaban cobrando «deudas atrasadas». ¡Como si todas las deudas no fueran atrasadas y como si esto rebajara la gravedad del delito!
Pero si la actitud de López y Zaragoza suscita sonrojo, produce pánico la hipótesis de que alguna autoridad pudiera estar detrás de la infamia que hoy abre la portada de EL MUNDO. Sólo alguien del entorno policial pudo filtrar a ETA que se iba a producir una redada contra su trama de extorsión. Asusta pensar que desde el propio aparato del Estado alguien haya podido haber utilizado estos chivatazos para intentar neutralizar a la Justicia y ceder a las pretensiones de la banda.
Ni esta inquietante información ni el durísimo comunicado de ayer pueden dejar indiferente a Zapatero. La única manera de cerrar la brecha de desconfianza que empieza a extenderse entre los ciudadanos es suspender provisionalmente el proceso, sentarse con Mariano Rajoy y transmitir juntos a ETA el mensaje inequívoco de que tendrá que ser ella, no el Estado, la que antes o después se rinda.
Sin embargo, esa instintiva reacción de repugnancia debe tornarse enseguida en honda preocupación al comprobar cómo la banda «emplaza» al Gobierno español a que cumpla «sus compromisos de 'alto el fuego' garantizando el cese total de la represión». Esta exigencia deja a Zapatero en una posición muy embarazosa, puesto que en un sector cada vez más amplio de la ciudadanía empieza a extenderse la sensación de que ha llegado ya a acuerdos con la banda y de que ésta no hace otra cosa que empezar a reclamar su cumplimiento.
Saltándose su propia costumbre de no comentar los comunicados terroristas, el Gobierno se vio ayer obligado a salir al paso y le recordó a ETA por boca del ministro del Interior que el camino hacia la paz debe ajustarse a la declaración aprobada por el Congreso el año pasado. Sin embargo, la lacónica intervención de Rubalcaba no es suficiente. La gravedad del comunicado merece un desmentido rotundo del Gobierno que destierre todas las dudas de la opinión pública.
Pero hay algo todavía peor en el texto: la exigencia terrorista de que «ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el pueblo vasco». La intención de dinamitar la legalidad es tan diáfana que empieza a sobrar incluso la reunión del Ejecutivo con la banda. Por supuesto, el Gobierno puede volver a aferrarse a la interpretación de que frases como éstas son meros señuelos incluidos por ETA para consumo interno de sus militantes. Pero cada vez que trata de relativizar sus delirios la refuerza aún más como interlocutora y le confiere un estatus ante la sociedad vasca con el que no podía soñar hace sólo unos meses.
Resulta patético escuchar a Patxi López sosteniendo falsamente que la red de extorsión de ETA no actuaba desde hace dos años, pero lo es aún más comprobar cómo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pone en circulación, a través de dos diarios afines, la tesis de que los detenidos de ayer sólo estaban cobrando «deudas atrasadas». ¡Como si todas las deudas no fueran atrasadas y como si esto rebajara la gravedad del delito!
Pero si la actitud de López y Zaragoza suscita sonrojo, produce pánico la hipótesis de que alguna autoridad pudiera estar detrás de la infamia que hoy abre la portada de EL MUNDO. Sólo alguien del entorno policial pudo filtrar a ETA que se iba a producir una redada contra su trama de extorsión. Asusta pensar que desde el propio aparato del Estado alguien haya podido haber utilizado estos chivatazos para intentar neutralizar a la Justicia y ceder a las pretensiones de la banda.
Ni esta inquietante información ni el durísimo comunicado de ayer pueden dejar indiferente a Zapatero. La única manera de cerrar la brecha de desconfianza que empieza a extenderse entre los ciudadanos es suspender provisionalmente el proceso, sentarse con Mariano Rajoy y transmitir juntos a ETA el mensaje inequívoco de que tendrá que ser ella, no el Estado, la que antes o después se rinda.
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