Zapatero pondrá en marcha esta semana la siguiente fase del 'proceso de paz'
18-06-06
ALTO EL FUEGO / La 'hoja de ruta' del Gobierno
Zapatero pondrá en marcha esta semana la siguiente fase del 'proceso de paz'
Ofrecerá a Rajoy que elija la fórmula para tener el aval del Congreso para el diálogo con ETA - Los cauces para poder contactar con la organización terrorista ya están preparados
FERNANDO GAREA
ALTO EL FUEGO / La 'hoja de ruta' del Gobierno
Zapatero pondrá en marcha esta semana la siguiente fase del 'proceso de paz'
Ofrecerá a Rajoy que elija la fórmula para tener el aval del Congreso para el diálogo con ETA - Los cauces para poder contactar con la organización terrorista ya están preparados
FERNANDO GAREA
MADRID.- Mañana lunes día 19, una vez superada definitivamente la difícil prueba del Estatuto de Cataluña, José Luis Rodríguez Zapatero empezará a poner en marcha la siguiente etapa del proceso de paz.
Esta fase empezará con la llamada a Mariano Rajoy, probablemente mañana, para intentar restablecer el consenso, y terminará en julio con el primer contacto directo entre sus enviados y ETA y la reunión prevista entre el PSE y la ilegalizada Batasuna.
(.../...)
En medio tendrá que pasar por la petición al Congreso de los Diputados del aval para iniciar el diálogo con ETA, tal y como se ha comprometido reiteradamente. En ese momento culminará formalmente la primera etapa del proceso de paz en la que aún estamos, la de la verificación del alto el fuego permanente.
Para iniciar esta fase, al cumplirse los tres meses del anuncio realizado por la banda terrorista, ya está establecido el cauce para que se produzca la reunión entre el representante que designe Zapatero y ETA. La reunión ha sido organizada y estarán presentes representantes del Centro de Diálogo, organización internacional especializada en procesos de paz.
Si esta etapa tiene éxito, la siguiente sería la de constituir una especie de mesa de partidos o ponencia de Estatuto en el País Vasco -en la que Batasuna sólo participaría si cumple la ley- y la de hacer gestos o movimientos respecto a los presos.
Para ello, el presidente del Gobierno considera que es preciso tener la absoluta seguridad de que la palabra «permanente» que acompaña a la expresión «alto el fuego» desde el 22 de marzo se transforma en definitiva.
Destacados miembros del Gobierno no ocultan estos días su preocupación por tres circunstancias que afectan directamente a los planes de Zapatero para el proceso de paz: la oposición radical del PP, la actuación de los jueces y las prisas de los dirigentes de la izquierda abertzale.
En el primer apartado, estas fuentes no ocultan su preocupación por las dificultades que puede tener abordar un proceso como éste, no sólo con el principal partido de la oposición en contra, sino dispuesto a impedir cualquier movimiento, tal y como solemnizó el propio Rajoy en el último Pleno del Congreso.
Algunos miembros destacados del Gobierno sostienen que sería aconsejable hacer algún gesto visible que favorezca la vuelta al consenso del PP como, por ejemplo, frenar en lo posible el encuentro del PSE con Batasuna o rebajar algo la representación de los socialistas vascos en esa reunión.
Sin embargo, fuentes oficiales de La Moncloa descartan que se pueda aplazar la reunión con Batasuna y dan por hecho que se producirá en junio, tal y como se comprometió públicamente Patxi López con el respaldo de Rodríguez Zapatero.
En todo caso, lo que sí hará el presidente del Gobierno es ofrecer a Rajoy la posibilidad de que sea él mismo quien diga qué fórmula debe utilizarse para lograr el aval del Congreso. La fecha que maneja el presidente es la del 28 de junio, previa comunicación que podría hacerse pública mañana o el martes directamente en la Junta de Portavoces a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño.
De forma consensuada con Mariano Rajoy, la autorización podría lograrse en cualquier momento con acuerdo unánime de todos los grupos para modificar el orden del día de los dos únicos plenos ordinarios del Congreso que quedan en este mes.
Rodríguez Zapatero confía en que los resultados del referéndum del Estatuto de Cataluña suavicen la posición del PP y da por hecho que Rajoy no se negará a acudir a La Moncloa.
En cuanto a la actuación judicial, fuentes del Ejecutivo lamentan en privado algunas de las decisiones de las últimas semanas. La tesis es que durante la tregua de 1998 sí se produjo una cierta colaboración que no existe en este momento. Zapatero dispone de informes jurídicos sobre la viabilidad legal de los contactos con ETA y con Batasuna y las posibilidades de que la izquierda abertzale refunde una nueva formación política que se ajuste a la vigente ley de partidos.
Por ejemplo, en el Ejecutivo causa preocupación que se admita una denuncia contra Juan José Ibarretxe por reunirse con dirigentes de Batasuna, porque teóricamente será posible hacer lo mismo con el PSE tras su encuentro y con los enviados del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que se entrevisten con ETA.
Por contra, ningún juez abrió diligencias ni llamó a declarar a los enviados de José María Aznar que contactaron con ETA en el año 1999, pero sí fue citado ante un magistrado Josep Lluís Carod-Rovira tras su encuentro con el etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera. El riesgo es que ahora un juez haga lo mismo con quien vaya a reunirse con la banda en nombre del Gobierno.
La tesis del Ejecutivo es que no se pide a los jueces que hagan nada ilegal ni distinto a lo que hicieron en 1998 cuando, de hecho, se concedieron incluso libertades provisionales a presos preventivos y progresiones de grado.
Fuentes no oficiales explican que, precisamente, la actuación judicial fue lo que obligó a José Luis Rodríguez Zapatero a precipitar y permitir el anuncio de la entrevista del PSE con Batasuna en vísperas de la comparecencia de Otegi ante el juez, aun a riesgo de molestar a Mariano Rajoy.
La tercera variable que preocupa al Gobierno es la de las prisas y la presión de Batasuna, con sus dirigentes lanzados a una excesiva presencia pública. El Ejecutivo confía en que la foto con el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) sirva a los dirigentes abertzales para anunciar su intención de integrarse en la vida política, es decir, de aceptar la legalidad, incluida la ley de partidos.
El horizonte sigue siendo el de las elecciones municipales del año 2007, en las que Batasuna aspira a presentarse con un partido constituido de manera legal.
Esta fase empezará con la llamada a Mariano Rajoy, probablemente mañana, para intentar restablecer el consenso, y terminará en julio con el primer contacto directo entre sus enviados y ETA y la reunión prevista entre el PSE y la ilegalizada Batasuna.
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En medio tendrá que pasar por la petición al Congreso de los Diputados del aval para iniciar el diálogo con ETA, tal y como se ha comprometido reiteradamente. En ese momento culminará formalmente la primera etapa del proceso de paz en la que aún estamos, la de la verificación del alto el fuego permanente.
Para iniciar esta fase, al cumplirse los tres meses del anuncio realizado por la banda terrorista, ya está establecido el cauce para que se produzca la reunión entre el representante que designe Zapatero y ETA. La reunión ha sido organizada y estarán presentes representantes del Centro de Diálogo, organización internacional especializada en procesos de paz.
Si esta etapa tiene éxito, la siguiente sería la de constituir una especie de mesa de partidos o ponencia de Estatuto en el País Vasco -en la que Batasuna sólo participaría si cumple la ley- y la de hacer gestos o movimientos respecto a los presos.
Para ello, el presidente del Gobierno considera que es preciso tener la absoluta seguridad de que la palabra «permanente» que acompaña a la expresión «alto el fuego» desde el 22 de marzo se transforma en definitiva.
Destacados miembros del Gobierno no ocultan estos días su preocupación por tres circunstancias que afectan directamente a los planes de Zapatero para el proceso de paz: la oposición radical del PP, la actuación de los jueces y las prisas de los dirigentes de la izquierda abertzale.
En el primer apartado, estas fuentes no ocultan su preocupación por las dificultades que puede tener abordar un proceso como éste, no sólo con el principal partido de la oposición en contra, sino dispuesto a impedir cualquier movimiento, tal y como solemnizó el propio Rajoy en el último Pleno del Congreso.
Algunos miembros destacados del Gobierno sostienen que sería aconsejable hacer algún gesto visible que favorezca la vuelta al consenso del PP como, por ejemplo, frenar en lo posible el encuentro del PSE con Batasuna o rebajar algo la representación de los socialistas vascos en esa reunión.
Sin embargo, fuentes oficiales de La Moncloa descartan que se pueda aplazar la reunión con Batasuna y dan por hecho que se producirá en junio, tal y como se comprometió públicamente Patxi López con el respaldo de Rodríguez Zapatero.
En todo caso, lo que sí hará el presidente del Gobierno es ofrecer a Rajoy la posibilidad de que sea él mismo quien diga qué fórmula debe utilizarse para lograr el aval del Congreso. La fecha que maneja el presidente es la del 28 de junio, previa comunicación que podría hacerse pública mañana o el martes directamente en la Junta de Portavoces a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño.
De forma consensuada con Mariano Rajoy, la autorización podría lograrse en cualquier momento con acuerdo unánime de todos los grupos para modificar el orden del día de los dos únicos plenos ordinarios del Congreso que quedan en este mes.
Rodríguez Zapatero confía en que los resultados del referéndum del Estatuto de Cataluña suavicen la posición del PP y da por hecho que Rajoy no se negará a acudir a La Moncloa.
En cuanto a la actuación judicial, fuentes del Ejecutivo lamentan en privado algunas de las decisiones de las últimas semanas. La tesis es que durante la tregua de 1998 sí se produjo una cierta colaboración que no existe en este momento. Zapatero dispone de informes jurídicos sobre la viabilidad legal de los contactos con ETA y con Batasuna y las posibilidades de que la izquierda abertzale refunde una nueva formación política que se ajuste a la vigente ley de partidos.
Por ejemplo, en el Ejecutivo causa preocupación que se admita una denuncia contra Juan José Ibarretxe por reunirse con dirigentes de Batasuna, porque teóricamente será posible hacer lo mismo con el PSE tras su encuentro y con los enviados del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que se entrevisten con ETA.
Por contra, ningún juez abrió diligencias ni llamó a declarar a los enviados de José María Aznar que contactaron con ETA en el año 1999, pero sí fue citado ante un magistrado Josep Lluís Carod-Rovira tras su encuentro con el etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera. El riesgo es que ahora un juez haga lo mismo con quien vaya a reunirse con la banda en nombre del Gobierno.
La tesis del Ejecutivo es que no se pide a los jueces que hagan nada ilegal ni distinto a lo que hicieron en 1998 cuando, de hecho, se concedieron incluso libertades provisionales a presos preventivos y progresiones de grado.
Fuentes no oficiales explican que, precisamente, la actuación judicial fue lo que obligó a José Luis Rodríguez Zapatero a precipitar y permitir el anuncio de la entrevista del PSE con Batasuna en vísperas de la comparecencia de Otegi ante el juez, aun a riesgo de molestar a Mariano Rajoy.
La tercera variable que preocupa al Gobierno es la de las prisas y la presión de Batasuna, con sus dirigentes lanzados a una excesiva presencia pública. El Ejecutivo confía en que la foto con el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) sirva a los dirigentes abertzales para anunciar su intención de integrarse en la vida política, es decir, de aceptar la legalidad, incluida la ley de partidos.
El horizonte sigue siendo el de las elecciones municipales del año 2007, en las que Batasuna aspira a presentarse con un partido constituido de manera legal.
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