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25.8.06

 

ENTRE LA DESMEMORIA HISTORICA Y EL 'GUERRACIVILISMO' MAS ESTÉRIL

 

25-08-06


Editorial

ENTRE LA DESMEMORIA HISTORICA Y EL 'GUERRACIVILISMO' MAS ESTÉRIL

Una vez más, el Gobierno aprovecha el tórrido mes de agosto, cuando decaen la actividad política y la atención mediática, para adoptar una medida que en cualquier otro momento del año generaría una gran polémica. A la escandalosa concesión del tercer grado a Vera se añade ahora la retirada de la estatuta de Franco de la Academia Militar de Zaragoza en un momento en que la mayoría de los cadetes y sus familiares se hallan, como el resto de los españoles, disfrutando de sus vacaciones. En este sentido, la operación es un remedo de la que tuvo como protagonista la estatua ecuestre de Franco de Nuevos Ministerios en Madrid, que fue retirada en medio de la noche y coincidiendo con el 90 cumpleaños de Santiago Carrillo. Ambas se enmarcan dentro del empeño del Gobierno en revisar la Historia de manera selectiva, una iniciativa que no ha servido para «unir a los españoles» -expresión con la que Alonso justificó en su día la decisión materializada ayer-, sino todo lo contrario. A pesar del intento del Gobierno de apaciguar a sus aliados con gestos como la retirada de la estatua, ERC ha anunciado que presentará una enmienda de totalidad a la Ley de memoria histórica.

Sin sentir el menor aprecio por la dictadura -aunque aceptando todas las matizaciones que ya se están encargando de introducir los propios ciudadanos en nuestra macroencuesta sobre el franquismo- cabe señalar que la eliminación de símbolos fruto del pasado no es un acto de memoria histórica. En el mejor de los casos, deja en evidencia una clamorosa desmemoria histórica y, en el peor, constituye un intento de criminalizar a media España y aislar al PP. Prueba de ello es que se suprimen las referencias franquistas pero no las del otro bando. ¿O piensa el Gobierno también retirar la estatua de Largo Caballero de Nuevos Ministerios?

Este periódico siempre ha defendido que no se retirara ninguna estatua, ni las relacionadas con un bando, ni las vinculadas con el otro. Como bien manifestó en un brillante artículo reproducido en nuestras páginas el historiador Felipe Fernández Armesto, «las estatuas son para los pájaros» y respetarlas es una «señal de madurez democrática». Ahora bien, si se retiran unas, habrá que retirarlas todas. Lo cual también suscita interrogantes respecto a qué hacer con las imágenes del actual jefe del Estado, que fue nombrado sucesor a título de Rey por Franco. Si se considera que la legitimidad de Don Juan Carlos procede del refrendo constitucional, ¿deberíamos eliminar todos sus retratos realizados antes del 78? La pregunta es todavía más pertinente si se tiene en cuenta que la estatua de Zaragoza no fue colocada allí en recuerdo de la trayectoria de Franco como jefe del Estado, sino como primer director de la Academia Militar durante otro periodo dictatorial con el que por cierto colaboró una parte del PSOE liderada por el propio Largo Caballero.

Si el PSOE ha dicho con razón que, haga lo que haga, el PP no va a ganar las elecciones del 14-M, tampoco el PSOE debería empeñarse en ganar la Guerra del 36. Porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Y porque, en sí mismo, el empeño constituye un ataque contra el espíritu y los valores de la Transición. Es decir, contra la convivencia y reconciliación entre los españoles, que no fueron «apátridas», como asegura Zapatero, sino protagonistas más o menos activos, más o menos voluntarios, de una historia, por definición, compleja.


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Zapatero retira otra estatua de Franco y sus socios piden más

 

25-08-06




Zapatero retira otra estatua de Franco y sus socios piden más

ERC e IU-ICV anuncian enmiendas a la totalidad contra la Ley de Memoria Histórica, que consideran «humillante»

MANUEL SANCHEZ

MADRID.- El gesto de la retirada de la estatua ecuestre del dictador Francisco Franco de la Academia Militar de Zaragoza no le servirá, de momento, ni al Gobierno ni a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, para calmar a sus habituales socios parlamentarios y lograr su apoyo a la llamada Ley de Memoria Histórica.

El mismo día de una actuación política tan significativa, que podría estar pensada por el Gobierno para apaciguar los ánimos de los hasta ahora socios preferentes del Ejecutivo en el Congreso, ERC anunció y argumentó una enmienda a la totalidad de la Ley de Memoria Histórica, sin ahorrarse adjetivos descalificativos para la actuación del propio Zapatero, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, o el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido.
(.../...)

Además, IU-ICV también presentará, a primeros de septiembre, una enmienda a la totalidad del proyecto de ley, según anunció ayer el vicepresidente de ICV Jaume Bosch.

Joan Tardà, en una conferencia de prensa celebrada por la mañana en el Congreso, justificó la decisión de su grupo porque considera que la ley de Memoria Histórica es «deplorable», «humillante», «revisionista» y «preconstitucional», y que en sus actuales términos, «nunca tendrá el apoyo del republicanismo catalán», dijo.

Para Tardà, los dos puntos fundamentales en los que sustenta sus críticas están en que el proyecto del Gobierno no deslegitima el régimen franquista al no anular los juicios sumarísimos, y tampoco reconoce la condición de víctima a los represaliados.

«Si tiene que haber una ley como ésta, mejor que no la haya», aseguró el republicano antes de reconocer que es «triste» que ERC «tenga que enmendar la totalidad de un texto que viene de la izquierda española». Por estos motivos, Tardà considera que el proyecto del Ejecutivo es «una vergüenza para los dirigentes del PSOE, y una falta de respeto para sus bases y para la Historia».

Tardà presentó su propuesta de texto alternativo, aunque admitió que si el PSOE «recapacitase», su grupo «seguramente sí votaría a favor de una ley que anulase las causas sumarísimas», porque de ello «se desprendería una crítica al régimen franquista».

Sobre este asunto, acusó a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de actuar con «deslealtad» y «rayar en la ofensa», ya que durante el homenaje celebrado en octubre de 2004 en el castillo de Montjuic, dijo que el Gobierno anularía las causas sumarísimas.

En la misma línea se manifestó el vicepresidente de ICV, Jaume Bosch, quien dijo a Efe que IU-ICV basará su enmienda en un informe jurídico elaborado por el ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, en el que argumenta que los juicios sumarísimos del franquismo están basados en «vicios profundos de forma y fondo», fruto de una autoridad «ilegítima» y «contraria a la Constitución de 1931».

Si estos dos grupos políticos se oponen, es más que probable que la Ley de Memoria Histórica se convierta en la primera que sea devuelta al Ejecutivo en esta Legislatura, ya que a día de hoy el Grupo Socialista no tiene votos suficientes para evitar una enmienda a la totalidad si, como es previsible, el Partido Popular también vota en contra.

Tanto ERC como IU-ICV mostraron su disposición a negociar mientras duren los trámites parlamentarios, pero la situación está bastante complicada, ya que ambos grupos plantean asuntos que el Gobierno ha evitado expresamente en su proyecto de Ley y que tienen difícil marcha atrás.



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El Gobierno vasco pide que excarcelen a los etarras igual que a Rafael Vera

 

25-08-06



ALTO EL FUEGO / Política penitenciaria

El Gobierno vasco pide que excarcelen a los etarras igual que a Rafael Vera


El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, acusa al PSOE de «poner una alfombra roja a sus presos» y perjudicar a los de ETA - Roldán exige también el tercer grado tras 11 años en prisión


ROBERTO L. DE CALLE

BILBAO.- El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, se tomó un día para meditar su respuesta a la concesión del tercer grado penitenciario al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. El resultado fue un duro comunicado con el que el político nacionalista acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de poner «alfombra roja» a «sus presos», mientras «retuerce la ley» con los reclusos de ETA con el único propósito de «dar la impresión» de «firmeza ante el terrorismo» a los sectores mediáticos y políticos.

Azkarraga llegó incluso a considerar un «escándalo» la excarcelación de Rafael Vera porque, según insistió, ha constituido el «acto final de la compra de silencio» por parte de los responsables gubernamentales socialistas, y pidió que estos beneficios penitenciarios se apliquen «a todos», incluidos los presos de la banda terrorista.

(.../...)

El consejero vasco de Justicia dijo que Vera ha sido «el único de los mandos intermedios» del Gobierno de Felipe González que ha permanecido en prisión «cuando sus inmediatos superiores disfrutan de una libertad inmerecida». El también dirigente de Eusko Alkartasuna indicó este episodio como un «ejemplo» de la forma de actuar del Ejecutivo en materia antiterrorista.

Así, no dudó en afirmar que el Gobierno trata de hacer «chantaje» con el mantenimiento de la ilegalización de Batasuna -al que calificó como «un partido político de amplia representación social»- mientras «juega con la libertad de cientos de ciudadanos» -en alusión a los presos de la banda terrorista ETA- por meros intereses estratégicos.

Tras esta retahíla de descalificaciones, el consejero vasco explicó su disposición a aceptar políticas penitenciarias que permitan la excarcelación de presos, como la progresión de grados y el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, «siempre y cuando sean para todos y no con carácter selectivo». Porque éste es, insistió, el caso del ex secretario de Estado para la Seguridad, que ha obtenido el tercer grado pese a estar condenado por «delitos terroristas y apropiación de dinero perteneciente al conjunto de la ciudadanía».

Por eso denunció la «diferente vara de medir» que emplea el Ejecutivo de Zapatero con sus presos y los de ETA, contra quienes «retuerce las leyes», en alusión al papel que ha jugado contra dirigentes de la banda terrorista como Henri Parot y José Ignacio de Juana Chaos, a quienes se realizaron nuevas imputaciones tras haber cumplido ya las tres cuartas partes de sus condenas.

De esta manera, Azkarraga insistió en que la estrategia del Gobierno no es otra que la de «jugar» con la libertad de los reclusos de la banda terrorista, en contraposición con la actitud mantenida hacia otros presos, como el propio Vera.

También Aralar, la formación escindida de Batasuna, se refirió ayer a la concesión del tercer grado a Rafael Vera. Su número dos, Mikel Basabe, consideró «vergonzosa» la decisión del Gobierno.

Basabe coincidió con Azkarraga en denunciar «hasta qué punto hay raseros diferentes para medir a los delincuentes, no exclusivamente en comparación con los presos políticos, también en comparación con los presos comunes».

El dirigente de Aralar agregó que, «si Vera está en la calle, se debería abrir la puerta para muchos más» y, en este sentido, apostó por que los «movimientos de distensión con los presos se den ya», siempre en referencia a los reclusos de ETA, informa Europa Press.

«Si hay razones jurídicas para que Vera esté en la calle, hay razones jurídicas para que cientos de presos vascos estén en la calle. Y eso es lo único positivo que se puede decir de la excarcelación de Vera», concluyó.

Por su parte, la Unión del Pueblo Navarro (UPN) consideró la decisión de «escandalosa» porque es «una vuelta al lado más oscuro y vergonzoso de nuestra democracia, al asalto y violación del Estado de Derecho y a la malversación de fondos públicos».

Los regionalistas subrayaron que Rafael Vera «siempre ha negado los hechos, jamás ha colaborado con la Justicia y apenas ha pasado año y medio en la cárcel, y sin haber devuelto el dinero defraudado». Consideran que detrás de esta medida puede estar la «amenaza» de «tirar de la manta» que Vera lanzó al PSOE después de que este partido llegara al poder.

Por su parte, Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, tiene planteados ante los tribunales varios recursos para que se le conceda también un tercer grado.

Fuentes próximas a Roldán informaron a Servimedia de que la defensa argumenta que ya ha cumplido 11 de los 20 años de pena efectiva, por lo que debería poder acceder a ese régimen penitenciario.



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24.8.06

 

VERA, RUBALCABA Y LO QUE VA DEL 'FELIPISMO' AL 'ZAPATERISMO'

 

24-08-06



Editorial

VERA, RUBALCABA Y LO QUE VA DEL 'FELIPISMO' AL 'ZAPATERISMO'


El fiscal general del Estado intentó ayer escurrir el bulto apuntando que la decisión de recurrir el tercer grado concedido a Vera -sin que haya devuelto una peseta y cuando sólo ha cumplido un año y medio en prisión- depende exclusivamente de la Fiscalía de Valladolid. Lo cierto, sin embargo, es que el Ministerio Fiscal es una institución fuertemente jerarquizada, por lo que es improbable que los funcionarios actúen en contra del criterio de su máximo superior. Un criterio que curiosamente parece haber variado a la sombra del poder. En noviembre de 2004, Conde-Pumpido se opuso al indulto de Vera porque no había dado «muestra alguna de arrepentimiento» y porque «no se encuentran satisfechas las responsabilidades civiles en la sentencia». Ambos argumentos son perfectamente aplicables a la concesión del tercer grado y obligan a Conde-Pumpido a impulsar la interposición de un recurso contra una decisión escandalosa. Ello es imprescindible para que los jueces puedan actuar, y sólo el control judicial puede disipar la sospecha de favoritismo político que se cierne sobre la actuación del Gobierno.

Ayer comentábamos en estas páginas el agravio comparativo que el trato de favor a Vera supone para otros reclusos. Al caso de Roldán se suman otros, como el del ex director de la Policía, Rodríguez Colorado, también condenado por los fondos reservados y que sólo obtuvo el tercer grado después de devolver los 89 millones de pesetas que se había llevado. En este contexto, resulta inevitable preguntarse ¿por qué el Gobierno favorece de manera tan descarada a Vera? Todos los indicios -incluido el clamoroso silencio del PSOE- otorgan verosimilitud a la hipótesis planteada por el PP de que es un «pago a los silencios del ex secretario de Estado». Cabe recordar que, en octubre de 2004 -seis meses después de que Zapatero llegara al poder-, Vera publicó una carta en El País en la que veladamente amenazaba con tirar de la manta si el Gobierno no accedía a su petición de indulto. Esto se une al hecho clave de que la persona que como ministro del Interior ha concedido el tercer grado es la vez una de las más interesadas en que Vera no lleve a término esa amenaza. Como bien ha subrayado el PP, Alfredo Pérez Rubalcaba era portavoz de aquel Gobierno de Felipe González que puso tanto empeño en ocultar los gravísimos delitos cometido por Vera y sus compinches, incluida la desviación de dinero destinado a la lucha contra el terrorismo. Rubalcaba fue el cerebro de una bochornosa labor de encubrimiento político.

Este dato agranda todavía más el escándalo que supone el trato de favor a Vera. Y pone seriamente en entredicho no sólo las propias promesas de regeneración democrática realizadas por Zapatero cuando todavía era líder de la oposición, sino también el contundente compromiso expresado hace unos meses por María Teresa Fernández de la Vega tras disolver el Ayuntamiento de Marbella. Entonces, la vicepresidenta justificó su decisión por la «alarma social» que produce «el lado repugnante de quienes se enriquecen ilícitamente parapetados en la vida pública» y afirmó que el Gobierno «no tolera ni tolerará jamás procesos corruptos». Pues bien, ningún caso en la historia de la democracia española es más «repugnante» ni produce más «alarma social» que el de Vera. Si la Fiscalía -es decir, el Gobierno en su conjunto- permite que se cometa semejante atropello quedará en evidencia que el felipismo y el zapaterismo tienen más eslabones que la singular trayectoria del ministro Rubalcaba.


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Los 'populares' exigen al fiscal general que recurra la concesión del régimen abierto

 

24-08-06



FONDOS RESERVADOS / La actuación del Ministerio Público

Los 'populares' exigen al fiscal general que recurra la concesión del régimen abierto

Conde-Pumpido dice que la Fiscalía de Valladolid estudia la decisión de Instituciones Penitenciarias

MARIA JESUS MOLINA. Especial para EL MUNDO

MADRID / SANTANDER.- El Partido Popular exigió ayer al fiscal general del Estado que el Ministerio Público recurra la concesión del tercer grado a Rafael Vera. La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Alicia Castro, instó a Cándido Conde-Pumpido «a ser consecuente con sus propios actos y con sus propias palabras».

En el primer caso, explican los populares, porque Conde-Pumpido fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo que votó a favor de la condena de Vera por el secuestro de Segundo Marey, financiado con fondos reservados. En el segundo, porque siendo ya fiscal general rechazó el indulto para Vera al no haber mostrado arrepentimiento, ni haber devuelto el dinero del que se apropió.
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Castro anunció, además, que si la Fiscalía no recurre «este nuevo privilegio» al ex secretario de Estado para la Seguridad, su formación emprenderá cuantas acciones políticas estime oportuno. «Que no crea el Gobierno que por hacer esto en pleno mes de agosto el tema va a pasar desapercibido», señaló.

Por su parte, Conde-Pumpido afirmó ayer que la Fiscalía de Valladolid ya está analizando si se dan los requisitos necesarios para recurrir o no la decisión tomada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la Prisión de Segovia, de otorgar el tercer grado al ex secretario de Estado.

«La Fiscalía competente, la de Valladolid en este caso, debe estudiar la decisión de la Junta de Tratamiento aprobada por la Dirección General y constatar si concurre o no los requerimientos para el tercer grado», señaló. «A partir de ahí se tomará una decisión», puntualizó.

Sin querer hacer ningún tipo de valoración, recordó que, en caso de optar por recurrir la resolución, no sería la primera vez que la Fiscalía se opondría a conceder un beneficio a Vera. «En varias ocasiones la Fiscalía ha expresado su criterio. En primer lugar, en contra del indulto; y en segundo, recurriendo determinadas decisiones», comentó Conde-Pumpido. «En aquellos supuestos se actuaba de acuerdo a los criterios legales. En este momento, también se procederá teniendo en cuenta los mismos criterios», puntualizó. «Creo que ha quedado perfectamente demostrado que, cuando la Fiscalía ha estimado procedente recurrir, ha recurrido; del mismo modo que, cuando considera que legalmente no hay motivo para ello, no lo hace», añadió Conde-Pumpido momentos antes de clausurar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander el curso Presente, pasado y futuro del Ministerio Fiscal.

Rafael Vera, que seguirá llevando escolta, ha obtenido el tercer grado pese a que no cumple con dos de los requisitos introducidos en 2003 en una reforma impulsada por el PP para el cumplimiento íntegro de las penas, puesto que Instituciones Penitenciarias considera que esa reforma no puede aplicarse a quienes habían sido condenados con anterioridad, como es el caso de Vera.

La normativa vigente exige que, para acceder al régimen abierto, el reo tiene que haber cumplido la mitad de su condena si ésta es superior a cinco años (la de Vera es de siete años en el caso fondos reservados). También requiere que haya hecho frente a la responsabilidad civil a la que hubiera sido condenado. Vera no ha cumplido ni remotamente la mitad de su condena y no ha devuelto ni siquiera una pequeña parte de los 645 millones de pesetas que le exigió el Tribunal Supremo al confirmar su condena, aunque en este caso se puede tener en cuenta su situación de insolvencia.

Desde la entrada en vigor de la reforma, el 2 de julio de 2003, el departamento que dirige Mercedes Gallizo exigió estos dos requisitos a todos los presos, con independencia de la fecha de su condena. Este criterio, que hubiera hecho imposible la concesión del tercer grado a Vera, fue modificado por una instrucción de Instituciones Penitenciarias en marzo del año pasado, tras varias resoluciones judiciales en las que se rechazaba la aplicación retroactiva de los nuevos requisitos.


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Los 'irreductibles' amigos de Vera en el PSOE

 

24-08-06



Los 'irreductibles' amigos de Vera en el PSOE


Los ex dirigentes socialistas madrileños -renovadores y guerristas-, más Ibarra y 'los extremeños' son sus únicos apoyos

MANUEL SANCHEZ

MADRID.- El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera no ha tenido, hasta ahora, un tratamiento especial en el PSOE que lidera José Luis Rodríguez Zapatero. Es más, desde el 35º Congreso se intentó rehuir desde la dirección socialista, todo lo posible, cualquier relación con Vera y sus tramas o montajes.

Sin embargo, Vera sigue manteniendo contactos habituales con un grupo de irreductibles socialistas que, en la mayoría de los casos, cree en su inocencia firmemente y, en el menor de los casos, le considera un «compañero que ha prestado grandes servicios y al que no se puede dejar tirado», según palabras textuales de un dirigente del PSOE.
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Curiosamente, este último sentimiento proviene de las filas del sector guerrista, que ha sido el que siempre ha estado al lado de Vera, aunque éste siempre se declaró un ferviente renovador.

El líder del guerrismo madrileño, José Acosta, no faltó un sólo sábado, en cuatro meses, a la manifestación a las puertas de la cárcel de Guadalajara, cuando el ex secretario de Estado fue encarcelado por el secuestro de Segundo Marey. Además, es habitual en las comidas que periódicamente se organizan con el ex secretario de Estado. A las mismas no faltan tampoco otros dirigentes del guerrismo madrileño o extremeño, entre otros, el diputado pacense Francisco Fernández Marugán.

Y es que Vera, además de en Madrid, tiene otro fuerte apoyo en Extremadura: el presidente de la Junta y miembro de la Ejecutiva Federal, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, nunca ha ocultado su respaldo incondicional al ex secretario de Estado. Ibarra, aunque cada vez menos, también ha participado en estas comidas, a las que antes se unían dos ex ministros del Interior: José Barrionuevo y José Luis Corcuera.

Al círculo socialista de Vera se suma también un sector cercano a Joaquín Leguina. Este sector mantiene contactos con la familia de Vera y ha evitado más de un conflicto interno.

Ni que decir tiene que todos estos sectores han intentado, desde el primer día, presionar a todos los niveles para sacar a Vera de la cárcel, aunque su grado de influencia real es discutible. Por ello, se especula ahora si hay, por detrás, influencias más significativas. Los nombres de Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba son los que más se oyen.

Pero Rubalcaba sólo ha confesado una conversación con Vera durante el 11-M, y Alfonso Guerra, aunque ha asistido a las comidas de apoyo, no ha hecho ningún pronunciamiento público. Sea quien sea, el rumor que corre es claro: «Vera sí tiene un padrino». Y, tras el rumor, aparece una pregunta: «¿Felipe?».



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La Policía Nacional y la Ertzaintza dicen que Batasuna no está detrás de la manifestación

 

24-08-06



La Policía Nacional y la Ertzaintza dicen que Batasuna no está detrás de la manifestación


Consideran que no es suficiente que varios convocantes fueran candidatos de Euskal Herritarrok

MANUEL MARRACO

MADRID.- La Policía Nacional y la Ertzaintza informaron ayer a la Audiencia Nacional de que no existen elementos que indiquen que detrás de la convocatoria de la manifestación Autodeterminación para Euskal Herria se encuentre la ilegalizada Batasuna.

Basándose en ambos informes policiales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene el criterio de que no existen razones para prohibir el acto convocado para mañana en Bilbao. Así tiene previsto comunicárselo el fiscal jefe en funciones, Fernando Burgos, al juez Santiago Pedraz, encargado del sumario de Batasuna en sustitución de Baltasar Garzón.
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El martes por la tarde, Pedraz recibió, como juez de guardia, un escrito de Dignidad y Justicia en el que la asociación aseguraba que la verdadera convocante era la formación abertzale y que, por tanto, la manifestación suponía una vulneración del auto de prohibición de actividades que pesa sobre ella.

Ayer por la mañana, Pedraz recibió también un informe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) sobre la nutrida rueda de prensa en la que se convocó la manifestación.

El escrito de la Policía Nacional señala, según fuentes del Ministerio Público, que «no existe relación» entre la convocatoria y Batasuna. Así, explica que las 38 personas presentes en la convocatoria tan sólo se identificaron como «de izquierdas y abertzales»; que en el acto no estuvo presente ningún miembro de la Mesa Nacional de la formación ilegalizada ni ninguno de sus responsables; que no se detectó el uso de símbolos de Batasuna (carteles o camisetas, por ejemplo); y que, por el momento, no se ha producido ningunas adhesión pública de la plataforma ilegalizada a la convocatoria.

Por todo ello, y «hasta ahora», la Policía afirma que «no se ha detectado vínculo objetivo» entre la iniciativa de la convocatoria y Batasuna.

La única relación recogida en el informe policial es que tres de los presentes en la convocatoria fueron candidatos en elecciones municipales de Euskal Herritarrok -predecesora de Batasuna- y la plataforma abertzale Herria Aurrera. Sin embargo, la UCI resalta que esas tres personas no actuaron en la presentación como miembros de Batasuna ni exhibieron material de la formación, sino que lo hicieron como personas particulares.

Sobre este último punto, el Partido Popular elevó ayer a ocho el número de convocantes a los que vincula con Batasuna y censuró la «pasividad» de la Fiscalía por no pedir la prohibición del acto, según informa Europa Press.

El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias, consideró «absolutamente incomprensible» en un Estado de Derecho que el fiscal general avale la autorización de dicha manifestación mientras que militantes del Partido Popular, «con los escasos medios a su alcance», han detectado a «ocho miembros de Batasuna-ETA». «Si el Partido Popular es capaz de detectar estos hechos, qué no podrán hacer el fiscal general y las Fuerzas de Seguridad del Estado», subrayó.

El propio fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, declaró ayer en Santander que, «después de examinar los informes que actualmente existen, y de acuerdo con los criterios de legalidad [...] no hay base suficiente para la prohibición», según informa María Jesús Molina.

Por su parte, el informe de la Policía autónoma vasca, que llegó a la Audiencia Nacional a última hora de la mañana, tampoco vincula a Batasuna con la manifestación, según indicaron fuentes de la Fiscalía.

El Ministerio Público ya se había mostrado contrario a la prohibición del acto en un escrito dirigido al también juez de la Audiencia Juan del Olmo. El magistrado recibió el viernes pasado, en su turno de guardia, un escrito de la Consejería de Interior del Gobierno vasco en la que éste le comunicaba que no había prohibido el acto convocado por un ciudadano particular con el mismo lema.

Tras consultar con la Fiscalía de la Audiencia, Del Olmo respondió ayer que no tenía nada que resolver al respecto, puesto que autorizar o no la manifestación corresponde a la autoridad gubernativa. Sí solicitó al Ejecutivo vasco que le mantenga informado sobre circunstancias en las que discurra la manifestación.



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La UCO desacredita ante el juez la versión de Lavandera sobre el tiroteo

 

24-08-06



La UCO desacredita ante el juez la versión de Lavandera sobre el tiroteo

PATRICIA DEL GALLO. Corresponsal

OVIEDO.- La Unión Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha enviado al juez un informe sobre el tiroteo del que fue víctima el confidente Francisco Javier Lavandera el 5 de julio, cuando iba en su coche a la finca que posee en Gijón y del que salió ileso.

Según este informe, la versión del que fuera testigo protegido del 11-M «es insostenible» y contradice, al parecer, la denuncia que presentó en su día ante la Guardia Civil, según la cual habría recibido un total de cinco disparos de unos desconocidos cuando viajaba en su coche.

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Ahora la UCO, tras analizar las balas y las trayectorias de los disparos, estudiar el lugar donde se produjo el tiroteo y la declaración del afectado, contradice en su informe la versión de Lavandera.

Apenas unos días después de este suceso, el ex confidente aseguró públicamente que alguien había entrado en su finca y matado a varios de los animales que guardaba, aunque no presentó denuncia alguna ante las Fuerzas de Seguridad. Entonces afirmó que «los causantes no eran delincuentes comunes».


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23.8.06

 

LOS ENIGMAS DEL 11-M. CAPÍTULO 28 Los listados telefónicos muestran la relación de Rafá Zouhier con la mochila de Vallecas

 

23-08-06

LOS ENIGMAS DEL 11-M. CAPÍTULO 28


Los listados telefónicos muestran la relación de Rafá Zouhier con la mochila de Vallecas

Hasta ahora, ninguna de las numerosas declaraciones de Rafá Zouhier ha contribuido a esclarecer la autoría del 11-M. Siempre se ha exhibido como un atareado confidente de la Guardia Civil que no hizo sino alertar a sus controladores de lo que se avecinaba. Pero lo cierto es que gran parte de la versión oficial sobre la masacre está escrita gracias a sus aportaciones. Ahora sabemos, por los listados telefónicos que figuran en el sumario, que uno de los teléfonos con los que Rafá se comunicaba salió del mismo lote del que apareció conectado a una bomba en la famosa mochila de Vallecas. También sabemos, por esos listados, que Zouhier no dijo la verdad sobre sus contactos con El Chino.

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El Gobierno otorga el tercer grado a Vera sin que haya devuelto lo robado

 

23-08-06


El Gobierno otorga el tercer grado a Vera sin que haya devuelto lo robado


La decisión supondrá un trato de favor si el fiscal no la recurre, ya que en la práctica se exige al penado que muestre la intención de reparar el daño - Sólo ha cumplido un año y medio de cárcel de los siete a los que fue condenado por malversar 645 millones de pesetas de los fondos reservados - De los 10 años a los que se le sentenció por el secuestro de Segundo Marey cometido por los GAL sólo cumplió ocho meses antes de ser indultado

MANUEL SANCHEZ

MADRID.- La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado penitenciario al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, del que disfruta ya desde el pasado 10 de agosto.

Vera, condenado a siete años de cárcel por la malversación de los fondos reservados del Ministerio del Interior, ha sustanciado dicha condena con menos de seis meses de internamiento efectivo, y un año justo con constantes prebendas carcelarias que, en la última etapa, le autorizaban a salir de prisión seis días a la semana.
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Pero, además, Vera logra este privilegio penitenciario sin haber devuelto nada de los 141 millones de pesetas que se apropió «para sí mismo» -según dice la sentencia-, ni de los 504 millones de pesetas de los que debía responder solidariamente con algunos de los subordinados, con los que se repartía dicho dinero público.

No obstante, Rafael Vera ha hecho de la consecución del tercer grado su lucha personal desde la cárcel, una vez que vio que el Gobierno del PSOE no le iba a conceder el indulto en ningún caso.

Por ello, aunque ya disfrutaba de una situación francamente privilegiada para una condena penal tan alta, el ex secretario de Estado para la Seguridad volvió a solicitar hace unas semanas que se le fuera concedido el tercer grado penitenciario.

Según informa Efe, la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia elevó la petición, con informe favorable y por unanimidad, a la Dirección General de Prisiones en la primera semana de agosto y, en menos de 10 días, ha resuelto.

El propio Vera confirmó ayer a Europa Press que hace ya dos semanas, concretamente el día 10 de agosto, la Dirección General de Prisiones le concedió el tercer grado.

Si la Fiscalía no recurre la decisión, Vera vivirá fuera de la cárcel y estará controlado por teléfono, con llamadas aleatorias, y con visitas periódicas a los servicios sociales de la prisión de Segovia, donde se realiza el control de los internos en régimen abierto.

La decisión ha sido comunicada al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, del que depende la prisión de Segovia, pero dicho juzgado no podrá hacer nada salvo petición del Ministerio Fiscal o del propio reo.

Lógicamente, una decisión tan favorable no será recurrida por Vera, por lo que la única posible actuación del juez está en manos de la Fiscalía. Es decir, si la Fiscalía no recurre la decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el tercer grado es irreversible.

Hay que recordar que el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya se opuso al indulto de Vera por dos motivos que siguen en vigor a la hora de la concesión del tercer grado. Según afirmó en noviembre de 2004, el indulto no era admisible «porque no ha dado muestra alguna de arrepentimiento» y porque «no se encuentran actualmente satisfechas las importantes responsabilidades civiles en la sentencia». A día de hoy, aunque no se trate de un indulto, ni una ni otra circunstancia se han modificado.

De hecho, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, la práctica habitual es exigir al penado la intención de reparar el daño causado.

Dichas fuentes apuntan que esto obligaría a la Fiscalía a recurrir el tercer grado de Vera, como ya ha hecho en algunas ocasiones con medidas de gracia a favor del ex secretario de Estado.

Vera fue condenado en enero de 2002 por la Audiencia Provincial de Madrid a siete años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, al considerar probado que se lucró personalmente «en cantidades importantísimas» y sustrajo mucho dinero más en favor de otros individuos «hasta una cifra global que supera los 600 millones de pesetas».

No fue hasta octubre de 2004 cuando el Tribunal Supremo confirmó íntegramente la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid, rechazando los argumentos de la defensa del ex secretario de Estado para la Seguridad de que ya había sido juzgado por los mismos hechos en el caso Lasa y Zabala o en el mismo caso Marey, por el que también fue condenado a 10 años de cárcel.

A partir de la sentencia en firme de este caso, Vera jugó a pedir el aplazamiento de la condena al haberse presentado varias peticiones de indulto, pero tanto el fiscal del Estado, como el propio ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguraron que «no hay ninguna intención ni pronóstico favorable» para dicha medida de gracia. Con todo visto para sentencia -o más bien, para prisión-, Vera logró un nuevo privilegio. La sala que lo juzgó le concedió no ir esas Navidades a prisión y esperarse hasta después de la fiesta.

No fue hasta el 16 de febrero del pasado año cuando Vera acudió, voluntariamente, a la cárcel de Segovia para cumplir la pena de siete años.

Pero sólo tuvo cinco meses y medio de reclusión. El 5 de agosto de 2005 -también en periodo vacacional, un momento en que las noticias pasan más desapercibidas-, consigue salir seis horas de prisión de lunes a jueves.

Posteriormente, en el otoño -después de que el Tribunal Constitucional rechazara expresamente suspender la condena-, logró un régimen mixto entre el segundo y el tercer grado que le posibilitaba ir a dormir un solo día a prisión y estar controlado en una determinada zona por dispositivos electrónicos y de seguridad.

Dicha decisión fue recurrida por la Fiscalía, que perdió el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. En esta ocasión, la Fiscalía entendía que se trataba ya de un «tercer grado encubierto». No obstante, la misma Audiencia Provincial denegó en febrero la enésima petición de tercer grado solicitada por Vera.

DIARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS

(16/02/95) Ingresa en la cárcel por el caso Marey tras prestar declaración ante el juez Baltasar Garzón.

(13/07/95) Sale de la prisión de Alcalá-Meco después de que el PSOE deposite un aval bancario de 200 millones de pesetas en la Audiencia Nacional.

(29/07/1998) Condenado por el Tribunal Supremo (TS) a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta por detención ilegal y malversación de fondos públicos por el caso Marey.

(10/09/98) Ingresa en la prisión de Guadalajara junto con José Barrionuevo arropados por militantes y dirigentes del PSOE; entre ellos, Felipe González.

(23/12/98) Vera ve reducida su pena de 10 a tres años y cuatro meses y obtiene el régimen abierto tras un indulto parcial del Gobierno.

(24/12/98) Obtiene permiso penitenciario por Navidad. Regresa a la cárcel el 28 de diciembre.

(29/12/98) El Tribunal Constitucional (TC) suspende las penas por el caso Marey durante la resolución del recurso de amparo y Vera abandona la prisión.

(16/03/01) El TC rechaza el recurso y confirma la condena por el caso Marey.

(16/05/01) El TS decide que Vera y el resto de condenados por el caso Marey ingresen en la cárcel.

(22/01/02) La Audiencia Provincial de Madrid condena a Vera a siete años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos.

(19/10/04) El TS confirma la pena de siete años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial a Vera por el caso fondos reservados.

(11/11/04) La defensa de Vera solicita a la Audiencia Provincial que suspenda su ingreso en la cárcel por el caso de los fondos reservados hasta que el Gobierno resuelva las peticiones de indulto a su favor.

(16/02/05) Vera ingresa en la prisión de Segovia para cumplir la pena por el caso fondos reservados.

(05/08/05) La Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia acuerda que Vera salga de la cárcel seis horas diarias de lunes a jueves por la depresión que le ha producido su encierro.

Septiembre 2005 Vera solicita un nuevo indulto alegando que hay una situación de tregua del terrorismo de ETA.

Octubre 2005 El TC rechaza suspender la condena de Vera por malversación de fondos públicos.

Febrero 2006 La Audiencia le deniega el tercer grado penitenciario por la gravedad de la condena, el tiempo que debe cumplir aún y la repercusión social.


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El PP denuncia que cinco de los convocantes de la marcha de Bilbao están vinculados con Batasuna

 

23-08-06


ALTO EL FUEGO / La denuncia

El PP denuncia que cinco de los convocantes de la marcha de Bilbao están vinculados con Batasuna

Asegura que el acto del viernes ha sido organizado por el «brazo político-festivo» de la banda

LEYRE IGLESIAS / M. IRIARTE

BILBAO.- El PP del País Vasco exigió ayer la prohibición de la manifestación convocada para este viernes en Bilbao, tras constatar que cinco de sus anónimos organizadores, autoproclamados «ciudadanos de izquierdas y abertzales», están vinculados -y algunos incluso han sido candidatos- a listas ilegalizadas por el Tribunal Supremo.

Ha sido organizada, según el presidente del PP de Vizcaya, Antonio Basagoiti, por el «brazo político-festivo» de ETA.

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La manifestación fue anunciada el lunes por un grupo de 40 personas supuestamente sin vinculación con Batasuna y bajo el lema Euskal Herriak Autodeterminazioa. Sin embargo, según denunció Basagoiti, su partido identificó «en apenas una hora» a cinco de los anónimos convocantes como candidatos o personas vinculadas al entorno de Batasuna en anteriores citas electorales en el País Vasco.

Una de esas personas es Zuriñe Zorrozua Santesteban, quien fuera candidata de Herria Aurrera por Bilbao en las municipales de 2003 y que, además, fue la persona que hace un año solicitó el permiso para la manifestación que la izquierda abertzale celebró también en el día grande de la Aste Nagusia bilbaína; una marcha que fue autorizada y que terminó con un discurso político por parte de Pernando Barrena. Zorrozua también está vinculada, según el PP, a la asociación en defensa de presos de ETA Askatasuna.

El segundo anónimo identificado por el PP es Luis Muñoz, candidato por Bilbao de Euskal Herritarrok en las elecciones municipales de 1999. El tercero es Iker Urigüen, actual portavoz de Bilboko Konpartsak, la coordinadora de las asociaciones festivas en la Semana Grande, y actúa en calidad de representante de la ilegalizada plataforma Herria Aurrera durante las reuniones del consejo de Distrito de Deusto (Bilbao).

Aitor Balda Azurmendi es otro de los rostros que Basagoiti ha reconocido a partir de la foto de la rueda de prensa celebrada el lunes por este colectivo. Balda fue candidato por Herria Aurrera en los comicios de 2003 y también tiene relación, según el PP, con Askatasuna.

Por último, el PP ha identificado a José Alfonso Rojo Martín, que también engrosó las listas de la plataforma que trató de sustituir a Batasuna en los comicios municipales de 2003.

Dado que existen «nombres y candidaturas oficiales, con gente que está incluida dentro de las organizaciones ilegalizadas», Basagoiti exigió al Gobierno vasco, al Ejecutivo central y a la Justicia que «impidan la manifestación, porque ya no nos pueden contar eso de que nada tienen que ver». «Son el mismo perro con distinto collar», recalcó. La manifestación no debe celebrarse, según sus palabras, no sólo porque la Ley así lo exige, sino por razones prácticas, porque «cuanto más presente esté Batasuna en las calles, más exigirá y más imposible será la paz».

Además, la inclusión de estas personas en la lista de convocantes demuestra la situación de «debilidad» en la que se encuentra la izquierda abertzale, que cuenta con «menos gente de lo que ellos creen o intentan hacernos ver». La intención de Basagoiti es poner en conocimiento de las autoridades las identidades de estas personas, aunque dijo que la Policía «no es tonta, ni está manejada políticamente», de modo que ésta va a ser capaz de encontrar a más convocantes relacionados con Batasuna.

Al margen de esta denuncia de Basagoiti, su formación registró ayer un escrito en el Parlamento vasco, dirigido al titular del departamento vasco de Interior, Javier Balza, en el que le insta a actuar con «la máxima diligencia» y «colaboración» con la Justicia para evitar que este viernes se produzca «un nuevo desfile proetarra» por las calles de Bilbao.

Urquijo exige a Balza que impida la celebración de esta marcha, ya que «todos sabemos fehacientemente, en el País Vasco y en el resto de España, que está organizada por Batasuna, se enmarca en la estrategia de la formación ilegalizada y sirve a los fines del entramado terrorista».


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La Fiscalía no ve ningún motivo para «prohibir ni restringir» la marcha 'abertzale' del viernes

 

23-08-06



ALTO EL FUEGO / Se basa en un informe del Gobierno vasco que sostiene que no hay pruebas de que el solicitante tenga relación con ninguna formación suspendida / La AVT pide una investigación y denuncia «fraude de ley»

La Fiscalía no ve ningún motivo para «prohibir ni restringir» la marcha 'abertzale' del viernes

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve ningún motivo para «prohibir ni restringir» la manifestación convocada por un ciudadano para este viernes en Bilbao bajo el lema Autodeterminación para Euskal Herria porque, a su parecer, no hay pruebas, por el momento, de que detrás de la iniciativa pudiera estar la ilegalizada Batasuna.

La decisión del Ministerio Público se circunscribe a las características sólo del convocante y se basa en informes elaborados por la Ertzaintza y remitidos por el Gobierno vasco. Por este motivo, el fiscal se cura en salud y aclara que ésa es su decisión, «sin perjuicio de que con anterioridad a la celebración de la marcha se revelaren indicios de que ha sido convocada por o a favor de organizaciones suspendidas, y se comunique de inmediato al juzgado».
(.../...)

No obstante, el trabajo de la Fiscalía no ha finalizado y tendrá que volver a pronunciarse próximamente porque cuatro organizaciones han presentado sendas denuncias sobre otros aspectos distintos de la convocatoria con el fin de impedir que la marcha se lleve a cabo. De hecho, el caso, en estos momentos, está repartido en tres juzgados de la Audiencia Nacional, aunque lo más probable es que sea dirimido por el juez Pedraz.

Todas ellas -la Asociación de Víctimas del Terrorismo, las plataformas España y Libertad, Rosas Blancas por la Dignidad y Dignidad y Justicia-, sostienen que se está produciendo un «fraude de ley».

Aunque lo cierto es que la izquierda abertzale, en esta ocasión, ha empleado el ardid de evitar una convocatoria directa por parte de Batasuna y, tras el auto redactado por el juez Garzón para la anterior manifestación, hay muy pocas posibilidades de que sea suspendida.

La Fiscalía se ha pronunciado después de que el pasado viernes llegase a la Audiencia Nacional una solicitud firmada por el departamento de Interior del Gobierno vasco reclamando un informe sobre la manifestación convocada para el viernes para saber qué actitud definitiva adoptar. Se adjuntaba una fotocopia de la petición de un ciudadano, José Ignacio Ladislao Eguiarte, del que se especificaba que no tiene «filiación explícita de ninguna clase», y se daba como única referencia la participación en los actos de un sindicato cuyas siglas el portavoz del Ministerio Público no especificó y que merecieron la calificación por éste de «hechos menores».

En su informe, la Ertzaintza, que ni siquiera menciona a Batasuna, sostiene que no tiene conocimiento de que haya relación alguna entre este ciudadano y la formación suspendida y sostiene que, en su opinión, «no va a haber ningún problema» en el desarrollo de la marcha. En consecuencia, se adjunta la resolución administrativa por la que el Gobierno vasco no prohíbe y, por ende, permite, que el convocante organice la manifestación.

La Fiscalía de la Audiencia ha advertido al Ejecutivo de Vitoria que debe indicar a la Ertzaintza que si durante la manifestación «se exhibiesen símbolos de las organizaciones suspendidas por la Justicia, o se expresaren consignas o frases de apoyo favorables a esas organizaciones, debería procederse a la disolución inmediata» del evento.

Dicho esto, no ve inconveniente en que se celebre la convocatoria al amparo del artículo 21 de la Constitución, que sostiene que «ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización» y el desarrollo de este punto efectuado en su correspondiente Ley Orgánica.

Sin embargo, ésa no es la lectura jurídica de la ley que realizan la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ni España y Libertad, Rosas Blancas por la Dignidad, y Dignidad y Justicia, que solicitan del Ministerio Público que investigue y ordene la elaboración de informes policiales para demostrar lo que, para ellas, es «evidente»: que detrás está la formación ilegalizada y que, por lo tanto, se está burlando la Ley de Partidos.

Las tres primeras presentaron ayer una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco en Bilbao -y registraron después un duplicado en la Audiencia-, argumentando que se está preparando la comisión de un delito de desobediencia y de quebrantamiento de medida cautelar. Las afectadas por esta acusación son, no sólo el convocante, sino las personas que el pasado lunes anunciaron la manifestación en una rueda de prensa, según la AVT, «en apoyo y propaganda de los fines políticos perseguidos por Batasuna».

Las víctimas sostienen que, «con independencia» de la persona física que haya solicitado la autorización, ésta ha sido organizada y alentada por la ilegal Batasuna, «y la verdadera realidad que se esconde detrás de una convocatoria realizada en fraude de ley es su clara intención de burlar las prohibiciones legales a que está sometida ETA».

La Asociación Dignidad y Justicia comparte este punto de vista, convencida de que hay una relación entre todas las manifestaciones organizadas hasta ahora, y de que es imposible que un ciudadano particular tenga la capacidad de articular una cita como la convocada. Tras resaltar que «el uso de personas interpuestas no puede obviar esta circunstancia», añade en su escrito presentado ayer que «la manifestación presenta el mismo lema que la convocada en su momento por Don José Luis Sayés Alzúa y cuyo protagonismo asumió Batasuna», y que la «cartelería es la misma». Y, en igual sentido, sostiene que «cinco de los ciudadanos anónimos que participaron en la convocatoria habrían sido candidatos electorales de la izquierda abertzale», según información de prensa que remite al juez.

Por ello realiza una lectura distinta a la de la Fiscalía sobre el artículo 21 de la Constitución. Precisa que «las reuniones sometidas a la presente ley sólo podrán ser promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles» y que todos los datos mencionados -y que refuerzan la idea de fraude- indican que este precepto legal se está incumpliendo.


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84 ataques de violencia callejera durante la tregua

 

23-08-06



ALTO EL FUEGO

84 ataques de violencia callejera durante la tregua


MADRID.- El pasado 22 de marzo la banda terrorista ETA declaró un «alto el fuego permanente». Desde entonces, el número de ataques realizados por la kale borroka o lucha callejera ha ascendido a 84, según un informe realizado por el Foro Ermua, que ayer adelantó los primeros datos.

El mes en que se contabilizaron más actos violentos fue mayo, con un total de 37. Agosto (22), junio (13), julio (10) y abril (2) completan esta clasificación vandálica, informa Servimedia.

A pesar de las cifras totales, desde un punto de vista cualitativo el mes más complejo está siendo agosto, ya que el pasado fin de semana se registró el incidente más grave con la quema de un autobús municipal en San Sebastián.

El Foro Ermua, que ha recogido el informe bajo el título «ETA en alto el fuego: el terrorismo continúa», explica en el documento que los ataques de la kale borroka se han dirigido en 22 ocasiones contra sedes de partidos políticos. Otras 17 veces el blanco de los terroristas callejeros fueron sedes de empresas, mientras que cinco ataques se lanzaron contra instalaciones públicas. Finalmente, los ayuntamientos fueron objetivo en cuatro ocasiones.

El informe será presentado íntegramente en las próximas semanas.


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EL TRATO DE FAVOR A VERA, UN ESCANDALO POLITICO REVELADOR

 

23-08-06


Editorial

EL TRATO DE FAVOR A VERA, UN ESCANDALO POLITICO REVELADOR

Cuando no ha transcurrido ni siquiera un año y medio desde su ingreso en prisión, a pesar de la gravedad de su delito, y aunque no ha mostrado aún señal alguna de arrepentimiento ni la más mínima voluntad de devolver los 645 millones de pesetas que robó de los fondos reservados, Rafael Vera quedará prácticamente en libertad. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias -que depende del Ministerio del Interior- ha informado favorablemente sobre la solicitud de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia para conceder el tercer grado al ex secretario de Estado de Interior. A todos los efectos, esto supone otorgar la libertad a Vera, ya que el juez no puede actuar de oficio en contra de esta decisión y la Fiscalía ya ha dado sobradas muestras de sumisión al dictado de Moncloa como para generar cualquier esperanza de que vaya a actuar de acuerdo con su obligación.

Es cierto que en la práctica la situación personal de Vera no variará sustancialmente. El tercer grado no hace más que culminar la serie de beneficios que ha ido obteniendo desde que el PSOE recuperó el poder. Y sin embargo este último paso supone a la vez un salto cualitativo y un escándalo político de primera magnitud. Su gravedad no reside en el hecho de que el hombre que se enriqueció a costa del dinero público destinado, entre otras cosas, a la lucha contra ETA vaya finalmente a disfrutar de una amplísima libertad, sino en la absoluta falta de fundamento con la que el Ejecutivo ha adoptado esta decisión.

En primer lugar, resulta absurdo alegar, como motivo para justificar la salida de Vera, la «depresión» que supuestamente le habría aquejado por el hecho de estar solo en un módulo, privilegio que se le otorgó, precisamente, por el importante cargo que había ostentado. Pero mucho más importante aún es la flagrante discriminación, el evidente trato de favor que ha recibido Vera en comparación con otros casos sonados, empezando por el de Luis Roldán, quien por cierto también estaba incomunicado y deprimido. En este sentido, no es difícil llegar a la conclusión de que el silencio de Vera -que, a diferencia del ex director general de la Guardia Civil, nunca llegó a implicar a sus colegas y superiores en los delitos de los que fue acusado- ha sido decisivo a la hora de reducir el cumplimiento de su condena.

A esta desigualdad se añade el ataque frontal que la concesión del tercer grado a Vera supone contra el principio de prevención general positiva. La imposición correcta de las penas es imprescindible para afianzar la vigencia de las leyes. Es un instrumento ejemplarizante esencial. Al beneficiar a Vera en contra de la práctica habitual según la cual el penado debe como mínimo mostrar su voluntad de satisfacer la responsabilidad civil establecida en la sentencia, el Gobierno lanza el nefasto mensaje de que basta con la cercanía o complicidad con el poder para obtener clemencia. En todo caso, resulta significativo que de las cuatro personas que se reunieron en la cárcel de Ocaña durante la tarde del 11 de marzo de 2004, las dos que tenían cuentas pendientes con la Justicia hayan salido beneficiadas por decisiones tomadas por el Gobierno que inesperadamente llegó al poder tras aquellos drámaticos acontecimientos.


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22.8.06

 

INTERIOR FLETA VUELOS PARA 'ILEGALES'

 

22-08-06


Editorial

INTERIOR FLETA VUELOS PARA 'ILEGALES'


El problema de la inmigración está desbordando por completo al Gobierno, que se muestra incapaz de frenar las oleadas de subsaharianos que llegan a nuestras costas, de atenderlos debidamente y, sobre todo, y lo que resulta lo más preocupante, de ordenar su inmediata repatriación cumpliendo la Ley de Extranjería.

Lejos de tomar medidas en esa dirección, el Ejecutivo pone parches como puede, aun a riesgo de crear agujeros mucho mayores. En lo que va de año, Interior ha trasladado a más de 11.000 sin papeles desde Canarias a la Península en aviones alquilados a una compañía suiza. Esta práctica no es nueva, pero se ha incrementado en los últimos tiempos con las avalanchas de cayucos. Después de aterrizar, los inmigrantes son conducidos a centros de internamiento -que ya están colapsados-, donde pernoctan unos cuantos días antes de salir a la calle, sin papeles, sin hogar, sin dinero, sin trabajo y sin futuro.

Por otro lado, el Gobierno valenciano denuncia que el 85% de los ilegales son enviados a autonomías o ayuntamientos gobernados por el PP. En este mismo sentido se pronunció la Comunidad de Madrid hace poco más de un mes. De confirmarse este dato, la política de inmigración del PSOE quedaría totalmente deslegitimada ante la opinión pública, ya que por un lado el Gobierno ofrece un discurso solidario y cargado de buenas intenciones -que ciertamente no le faltan- y, por otro, utilizaría electoralmente la inmigración para crear problemas a sus adversarios.

El ministro del Interior, Rubalcaba, deberá explicar a su regreso no sólo los acuerdos a los que ha llegado con Senegal -hasta el momento se sabe que dos patrulleras y un helicóptero vigilarán las costas del país africano- sino el turbio asunto de los traslados aéreos, incluido el coste de todas estas chapuzas de ida y vuelta. Por su parte, el ministro de Trabajo, Caldera, tiene pendiente desde hace mucho tiempo aclarar cuántos inmigrantes ilegales son repatriados, de qué modo se hace y, sobre todo, por qué no se cumple la Ley de Extranjería y si tiene alternativas que no impliquen la concesión de nuevos permisos de trabajo extraordinarios.

El problema es muy grave, ya que no cabe duda de que en España se ha producido un efecto llamada por lo fácil que lo tienen para quedarse los ilegales que llegan, y el Gobierno debe aplicar inmediatamente remedios eficaces, evitando declaraciones vagas y planes superfluos. Igualmente, la UE tiene la obligación de contribuir a paliar la situación.


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11.000 'sin papeles' dispersados por la Península en lo que va de año

 

22-08-06



EL DRAMA DE LA INMIGRACION / Las brigadas provinciales de extranjeros de la Policía están desbordadas por los continuos traslados de 'sin papeles' / El sindicato CEP denuncia el ocultismo con que Interior realiza los vuelos

11.000 'sin papeles' dispersados por la Península en lo que va de año

El Gobierno valenciano denuncia que el 85% va a comunidades del PP / El ministro del Interior acordó ayer con Senegal realizar patrullas conjuntas

'RUBALCABA AIRLINES'.

Los vuelos de inmigrantes desde Canarias a la Península se han intensificado en los últimos meses tras la masiva oleada de cayucos que está llegando al archipiélago. En la imagen, un grupo de subsaharianos viaja este verano desde Fuerteventura a Madrid, en uno de los aviones fletados por el Ministerio del Interior, que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, a través de la compañía aérea Swiftair.


ANA DEL BARRIO

MADRID.- Más de 11.000 inmigrantes han sido trasladados a la Península en lo que va de año ante el colapso que sufren las instalaciones de las islas Canarias. Esta cifra supone casi el triple de los que fueron derivados durante 2005, que alcanzaron un total de 4.200, según los datos del Ministerio del Interior.

La mayoría de los sin papeles son desplazados a Madrid, Málaga, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. El Gobierno de esta comunidad denuncia el desigual reparto, ya que, según sus datos, el 85% de los subsaharianos es enviado a autonomías del Partido Popular. Sigue en
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Los vuelos de los subsaharianos a la Península se realizan con la máxima discreción y casi de manera clandestina para no crear alarma social ni levantar las suspicacias de los gobiernos autonómicos.

Los inmigrantes salen de los centros de internamiento canarios justo antes de cumplir los 40 días que marca la ley y después son embarcados en vuelos de la compañía Swiftair fletados por el Ministerio del Interior. La mayoría de los vuelos termina en Madrid, Valencia, Murcia, Málaga y Barcelona.

Las comunidades del PP ya han dado la voz de alarma y se quejan de la distribución desigual de los inmigrantes en la Península. La consejera valenciana de Bienestar Social, Alicia de Miguel, denunció ayer a este diario que el 85% de los traslados se realizan a comunidades gobernadas por el PP. De Miguel aseguró que si en 2005 la Comunidad Valenciana registró el desplazamiento de 172 subsaharianos, en lo que va de año ya van 1.220.

«Somos solidarios con Canarias, pero queremos un reparto igualitario. Aquí llegan todos los días vuelos con 40 personas porque estamos ante la mayor avalancha de la Historia. Es el caos más absoluto, pero ¿dónde están el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí?», se preguntó De Miguel.

La consejera de Inmigración de Madrid, Lucía Figar, también ha protestado, ya que, según afirma, esta Comunidad recibe el 65% de los traslados, mientras que otras regiones como Cataluña apenas registran el 6% del total. Según sus datos, hasta el mes de junio, mientras Madrid había acogido a 3.527 subsaharianos, el Gobierno sólo había enviado a 350 a Cataluña.

'Efecto llamada'

En las últimas semanas, la comunidad catalana ha recibido a 408 sin papeles más, por lo que en total se han desplazado 758 en 2006. Sin embargo, en la capital de España esta cifra asciende a más de 5.000.

Desde la Confederación Española de Policía (CEP) denuncian el ocultismo con que Interior realiza los vuelos: «Estos son los viajes secretos que hace Interior y ya van más de 11.000 africanos desplazados. Son los famosos vuelos solidarios que nunca quieren sacar a la luz. Culpamos a Caldera de que se esté produciendo y se siga generando un efecto llamada», manifestó ayer Rodrigo Gavilán, portavoz de este sindicato policial.

Gavilán critica los continuos parches que está poniendo el Ejecutivo a la política migratoria, que vaga sin rumbo: «Primero anunciaron que iban a instalar un SIVE [Sistema Integral de Vigilancia del Exterior] en Marruecos; luego, el Plan Africa y la ofensiva diplomática; después, que iban a comprar un satélite para detectar los cayucos y ahora se han inventado algo que no existe y se llama Frontex [la operación contra la inmigración ilegal puesta en marcha por la Agencia Europea de Fronteras]», afirmó el dirigente de la CEP.

Los continuos traslados de subsaharianos están desbordando a las brigadas provinciales, que tienen a gran parte de su personal dedicado exclusivamente a custodiar a los inmigrantes durante los desplazamientos, descuidando otras de sus labores, como hacer redadas o perseguir a las mafias que trafican con seres humanos.

La Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid no da abasto, ya que, según denuncia en un escrito al que ha tenido acceso EL MUNDO, los traslados se realizan casi a diario e incluso en fines de semana y en ocasiones se ven obligados a incumplir la ley.

El escrito destaca «el desgaste y el coste diario que supone para la Brigada dar cumplimiento a este servicio y lo costoso que resulta para la propia Dirección General de la Policía por el derroche de medios que ha de poner a disposición».

Los responsables de esta Brigada admiten que «como no se nos facilitan todos los medios de transporte necesarios, el traslado debe efectuarse con los pocos recursos de que se dispone y esto supone tener que sobrepasar en demasía el número de personas que la normativa vigente permite trasladar por cada [vehículo] celular».

En el escrito, los jefes de la Brigada muestran sus temores por la seguridad en el transporte y ante el hecho de que «alguna ONG pueda hacer comentarios al respecto nada favorecedores», en el caso de tener algún problema. Según la ley, para un traslado de 100 subsaharianos serían necesarios 16 vehículos celulares con más de 16 funcionarios, algo inviable para el funcionamiento de la brigada.

Todos estos desplazamientos se realizan porque los subsaharianos, una vez que aterrizan en la Península, pasan por los centros de internamiento para realizar un trámite protocolario: se les da de alta en el centro y, a los pocos minutos, se les da de baja para ponerles en libertad.

Ante esta situación, los responsables policiales piden que sean los funcionarios del centro de internamiento los que se trasladen directamente al aeropuerto de Madrid y allí procedan in situ a liberar a los subsaharianos. La propuesta supone que los autocares de las ONG, en lugar de acudir a recogerlos a los centros de internamiento, vayan directamente a Barajas para trasladarlos a los albergues de acogida. De esta forma, se ahorrarían el traslado de miles de personas a los centros de internamiento.

Tras ser puestos en libertad, los inmigrantes permanecen alojados durante unos días en las dependencias de ONG como Cruz Roja o Accem, donde se intenta ponerles en contacto con algún familiar o amigo que les pueda alojar. Los que no tienen esa suerte, terminan en la calle con una orden de expulsión imposible de cumplir, pero que les impide trabajar y conseguir los papeles.


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Batasuna modula su desafío, pero no da pasos hacia la legalización

 

22-08-06



Impresiones

Batasuna modula su desafío, pero no da pasos hacia la legalización


Un grupo de 40 ciudadanos anónimos anunció ayer la convocatoria de una marcha en Bilbao en favor de la autodeterminación para el próximo viernes. A nadie se le escapa que es Batasuna quien se esconde detrás de estos convocantes, que se definen como «de izquierdas y abertzales». Sobre todo teniendo en cuenta que se concentrarán en el mismo día y lugar en que todos los años lo hace la formación ilegalizada y que como ella reclaman la retirada de la bandera española del balcón del Ayuntamiento de la capital vizcaína en el día grande de las fiestas. Es evidente que se trata de un nuevo desafío al Estado, con un esquema muy similar al que los radicales siguieron hace unos días en San Sebastián. Como entonces, la convocatoria cubre los requisitos para que el Gobierno vasco no la prohíba y para que, con la ley en la mano, un juez permisivo no se vea obligado a impedirla. A la espera de que tanto la Consejería de Interior como Garzón se pronuncien, este nuevo movimiento revela que se ha suscitado un debate dentro del entorno proetarra. Frente a aquéllos que -como publicábamos ayer- quieren buscar el choque frontal, con encierros en iglesias e insumisión ante la Justicia, se impone de momento la tesis de quienes, como Arnaldo Otegi, se inclinan por mantener el desafío al Estado sin dejar de guardar hipócritamente las apariencias. Lo que desde luego no se vislumbra por ningún lado es la tercera hipótesis que abandera el Gobierno, la que aseguraba que Batasuna -que ayer volvió a exigir a Zapatero que derogue la Ley de Partidos- iba a empezar a dar a lo largo del verano los primeros pasos hacia su legalización.


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La marcha convocada por 40 'anónimos' en Bilbao es igual que las de Batasuna de otros años

 

22-08-06



La marcha convocada por 40 'anónimos' en Bilbao es igual que las de Batasuna de otros años

El lema en favor de la autodeterminación y el recorrido es el mismo que el de la formación ilegal - Exigen al Ayuntamiento que este año no ice la bandera española en el día grande de las fiestas

MARCOS IRIARTE

BILBAO.- La izquierda abertzale está decidida a celebrar otra manifestación en el País Vasco. La cita es este viernes, día grande de las fiestas de Bilbao, y el lema escogido es Euskal Herriak Autodeterminazioa [Autodeterminación para Euskal Herria], el mismo de la marcha de San Sebastián anunciada por Batasuna hace dos semanas.

El nuevo anuncio tuvo lugar ayer. Fue realizado por un grupo de ciudadanos que se identificó como «de izquierdas y abertzales» y que han escogido para manifestarse el mismo día por el que siempre opta Batasuna: el día grande de las fiestas de Bilbao, el único en el que se iza, por unos minutos, la bandera española en el Ayuntamiento de la villa, y que coincide en el tiempo con el aniversario de la suspensión judicial de sus actividades.

Los 40 ciudadanos que están detrás de esta nueva convocatoria de manifestación, cuyo recorrido coincide también con el habitual de las marchas de Batasuna en Bilbao, proclamaron que con esta nueva cita pretenden lograr «un clamor en favor del derecho de autodeterminación» ante las «agresiones» que, a sus ojos, padece la izquierda abertzale de manos del Gobierno. También exigieron al Ayuntamiento de Bilbao, tal y como hace Batasuna todos los años, que no ice «el símbolo de imposición», en referencia a la bandera española, y le instaron a que «la ikurriña ondee en solitario».

El año pasado, Batasuna logró burlar la suspensión judicial de sus actividades en esta misma cita. Entonces, la convocatoria corrió a cargo de un particular después de que, dos semanas antes, Interior prohibiese otra manifestación en San Sebastián -Batasuna acabó celebrándola igualmente y la Ertzaintza tuvo que disolverla- por haberla convocado un ex concejal de la formación ilegalizada. Una vez concluida la marcha de Bilbao, el convocante cedió la palabra al líder batasuno Pernando Barrena, quien ofreció a Zapatero «contrapartidas» en el proceso de paz.

El lema escogido en esta ocasión es idéntico al anunciado por Barrena para la manifestación de hace dos semanas en San Sebastián, que tuvo que ser desconvocada tras la citación de éste y de otros cuatro miembros de Batasuna por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y que posteriormente fue sustituida, el mismo día y a la misma hora, por la convocatoria de otro grupo de ciudadanos anónimos.

Los que ayer anunciaron la nueva cita en Bilbao rechazaron identificarse ante los medios de comunicación -aunque había rostros conocidos del sindicato LAB- y tampoco aceptaron preguntas de ningún tipo.

Los carteles que presentaron no hacían referencia alguna a Batasuna o a cualquier otra organización ilegal; si bien han aparecido otros carteles por el casco viejo bilbaíno y en otros puntos de la ciudad en los que, junto al lema de la manifestación, aparece la iconografía que Batasuna usa desde hace unos meses: un grupo sombreado de personas alrededor de una mesa con el escudo de Euskal Herria y, en la parte superior, el recuadro del anagrama de Batasuna, aunque sin su nombre escrito.


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21.8.06

 

Los 'fontaneros' del comisario Rubio investigados por el chivatazo a ETA

 

21-08-06



ALTO EL FUEGO / Los agentes a las órdenes de Garzón se centran en la Unidad Central de Apoyo Operativo / Fue la encargada de colocar los dispositivos de escucha y videograbación del aparato de extorsión de la banda

Los 'fontaneros' del comisario Rubio investigados por el chivatazo a ETA

Las nuevas pesquisas ordenadas por Garzón se centran en miembros de la Unidad Central del Apoyo Operativo (UCAO) que intervinieron en la vigilancia del bar Faisán - Los investigadores creen que agentes de esta unidad entregaron a Elosua el móvil por el que se le dio el aviso tras intentar en vano abordarle a la salida de su casa

FERNANDO LAZARO

MADRID.- La investigación para tratar de localizar y detener a los autores del chivatazo a ETA que alertó a la banda de la operación policial contra su entramado financiero sigue dando sorpresas. Ahora, según han revelado a EL MUNDO fuentes policiales, los encargados del esclarecimiento de este caso apuntan hacia los fontaneros de la Comisaría General de Información, a cuyo frente se encuentra el comisario Telesforo Rubio.

Los agentes que trabajan a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sospechan en concreto de la implicación de funcionarios destinados en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), un departamento dependiente de la Comisaría General de Información y dedicado a realizar los trabajos más delicados en la lucha antiterrorista.
(.../...)

Los fontaneros son agentes superespecializados, dotados con la tecnología más sofisticada relacionada con las investigaciones policiales. Así, cuando se trata de intervenir algún teléfono, es la UCAO la que se encarga de ello. Esta unidad también es la que coloca los dispositivos de seguimiento en los vehículos investigados y los aparatos de videograbación que controlan todos los movimientos de aquéllos que están siendo investigados.

Y es que esta unidad especializada, conocida como los fontaneros de la Policía, también tuvo una participación muy intensa en las investigaciones de la trama de extorsión de ETA liderada por el presunto integrante de la organización Joseba Elosua, dueño del bar Faisán.

Agentes de esta unidad fueron los que colocaron, hace ya varios años, los dispositivos de videovigilancia en la entrada trasera del establecimiento propiedad de Elosua. También fueron ellos los que colocaron la conocida como chicharra en el interior del vehículo de este sospechoso.

Este dispositivo permitió recoger y grabar las conversaciones que Elosua mantenía en el interior de su coche. Entre ellas, la que mantuvo con su cuñado en la que desveló que había sido alertado por dos policías de que estaba siendo investigado y que había en marcha una operación policial contra ellos.

Fue esta unidad la que, incluso, detectó cómo sus cámaras estaban teniendo interferencias y descubrió que la Ertzaintza también había montado un dispositivo de vigilancia sobre el bar Faisán.

Ahora, los investigadores sospechan que el teléfono utilizado para dar el chivatazo a ETA salió de la UCAO. Incluso, investigan si fue algún funcionario de esta unidad el que se lo entregó en mano al propio etarra.

Porque Elosua cuenta en su conversación con su cuñado, (intervenida por la Comisaría General de Información) cómo un «madero» le entregó un teléfono móvil el pasado mes de mayo y allí, otro «madero» le alertó de que estaba siendo vigilado y que se iba a actuar contra todo su entramado en cuanto se desplazara a Francia para entregar el dinero recaudado del denominado impuesto revolucionario.

Los investigadores rastrearon todas las llamadas realizadas en la zona de influencia donde estaba aquel día Elosua. Hubo dos investigaciones sobre estas llamadas. La primera la realizó la Guardia Civil, que localizó una gran cantidad de números de teléfono pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Policía Nacional realizó un segundo informe sobre el seguimiento de estas llamadas, con un margen de horas diferente al de la Guardia Civil. El Instituto Armado presentó un informe al juez instructor con todos los datos obtenidos pero sin aportar ninguna conclusión sobre la procedencia de la llamada.

Posteriormente, el juez encargó las pesquisas a la Policía Nacional, en concreto a un inspector jefe de la Comisaría General de Información, quien está desgranando todas las llamadas realizadas en aquellas fechas a Elosua. Y sus pesquisas ya se centran en la UCAO como la unidad desde la que procede el teléfono utilizado en el chivatazo.

Además, los agentes ya han llegado a la conclusión de que los autores del soplo trataron de contactar primero con Elosua cuando salía de su casa pero que éste les dio esquinazo. Según las pesquisas, los agentes que dieron el chivatazo pretendían darle la información sobre el dispositivo a Elosua verbalmente, de forma directa, y en las cercanías de su domicilio, sabedores de que alrededor del bar Faisán había un fuerte dispositivo de vigilancia y se hubiera detectado el encuentro.

Una vez frustrado este encuentro en persona, los organizadores del chivatazo decidieron, siempre según la investigación, entregarle un teléfono móvil por medio de un funcionario al que Elosua no conociese. Posteriormente, otro agente le transmitió los datos sobre las investigaciones.

Las decisiones se tuvieron que tomar rápido. Los agentes alertaron a Elosua una vez que supieron que se iba a producir la operación policial. De hecho, el margen con el que alertaron al presunto etarra fue de apenas unas horas.

Sin embargo, lograron su objetivo. La operación policial contra el entramado de ETA tuvo que ser aplazada. En su alerta, los chivatos le dijeron que evitara pasar a Francia con dinero del impuesto revolucionario porque iba a ser detenido. Elosua así lo hizo y la operación quedó frustrada inicialmente.


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INQUIETANTES SOSPECHAS SOBRE LOS 'FONTANEROS' DE TELESFORO RUBIO

 

21-08-06



EDITORIAL

INQUIETANTES SOSPECHAS SOBRE LOS 'FONTANEROS' DE TELESFORO RUBIO

La definición de «fontanero» aplicada a agentes de confianza de los gobernantes para hacer trabajos sucios -el nombre remite precisamente a quienes se ocupan de las cañerías del Estado- se hizo tristemente famosa durante el caso Watergate. Cinco de estos agentes fueron los que asaltaron el célebre hotel para pinchar teléfonos, robar documentos e instalar dispositivos de escucha. Las investigaciones descubrieron posteriormente que estaban al servicio del presidente Nixon, que dimitió a causa del escándalo.

Nada tiene de extraño que exista un cuerpo especializado en trabajos como las escuchas con autorización judicial, el seguimiento de los vehículos, la videovigilancia y todo lo que sea necesario paracombatir la delincuencia en el marco de la legalidad. Lo terrible, como sucedió en el caso Watergate, es que esos funcionarios sean utilizados al servicio de los intereses del partido gobernante.Desgraciadamente, en España tenemos algunos antecedentes parecidos, como el caso de las escuchas del Cesid o el espionaje al ex lehendakari Carlos Garaikoetxea.

La información que hoy publica EL MUNDO acerca de las investigaciones de la Policía sobre el chivatazo a ETA de la operación contra el entramado financiero de la banda resulta muy inquietante para el Ministerio del Interior. Los agentes que investigan el caso al mando del juez Garzón apuntan hacia los llamados «fontaneros» de la Comisaría General de Información, como responsables del chivatazo desvelado por este periódico.

La Policía centra sus sospechas en los funcionarios de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que es la encargada de poner en marcha todos los dispositivos de vigilancia electrónica y las escuchas que ordenan los jueces. Precisamente por ello, esta unidad fue la que colocó la videovigilancia en el establecimiento de Elosua y la chicharra en el interior del vehículo en el que que grabó la conversación en la que el correo de ETA desveló a su cuñado que había sido alertado de la operación por dos policías.Los investigadores creen que el teléfono utilizado para alertar a la banda salió de la UCAO e incluso que un funcionario de esta unidad se lo pudo entregar en mano.

Es difícil imaginar una actuación más sucia e inmoral que la de agentes al servicio de la lucha antiterrorista facilitando información a ETA para eludir la acción de la Justicia. Naturalmente, la investigación policial y judicial sigue en marcha y habrá que esperar sus resultados para conocer quiénes fueron los responsables.Es inevitable, sin embargo, relacionar estas nuevas sospechas con la circunstancia de que el comisario general de Información, Telesforo Rubio, -responsable también de la investigación del 11-M- fue apartado de este asunto por el juez Marlaska por su falta de colaboración y diligencia. Habida cuenta de la alarma social que ha producido este caso, es necesario acelerar la investigación para que los culpables puedan ser castigados como merecen.


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El comisario que no quiso decir si estuvo en Gobelas

 

21-08-06



El comisario que no quiso decir si estuvo en Gobelas


MADRID.- Apenas llevaba un mes al frente de la Comisaría General de Información cuando Telesforo Rubio se convirtió en uno de los protagonistas de la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11-M.

Su comparecencia ante los diputados el 8 de julio de 2004 estaba a punto de concluir sin demasiados problemas para el comisario. Rubio no se esperaba la sorpresa que le preparaba el portavoz popular Jaime Ignacio del Burgo, empeñado en saber dos cosas: si había participado en la elaboración del programa electoral del PSOE sobre seguridad y lucha antiterrorista y, sobre todo, si el 28 de junio había visitado la sede socialista de Gobelas, cuando la investigación parlamentaria ya estaba en marcha.

El comisario se acogió a su derecho a no responder, sirviendo en bandeja el correspondiente escándalo.

Pronto se complicarían aún más las cosas para el principal responsable de la lucha antiterrorista. Su forma de dirigir la Comisaría General de Información y una serie de nombramientos que muchos interpretaron como una purga provocaron el malestar entre sus nuevos subordinados. Se le acusa además de haberse rodeado de personas que no son expertas en la materia principal de su departamento.

A Rubio se le critica también su obsesión por controlarlo todo, de no fiarse de nadie y que, ante todo, no haya filtraciones a los medios de comunicación.

La reciente operación contra el entramado de extorsión de la banda terrorista es otro de los charcos que ha salpicado a Telesforo Rubio, dando lugar a una situación sin precedentes en una investigación policial: el juez encargado del caso, Fernando Grande-Marlaska, decidió apartarle de las investigaciones e, incluso, prohibió a uno de los subordinados del propio comisario al que encargó la tarea que informara a su jefe de la pesquisas.

El motivo fue que Telesforo Rubio tardó tres días en avisar al juez de que la operación no había dado todos los frutos esperados por culpa de un chivatazo. Una situación rocambolesca que ahora se complica aún más con las sospechas sobre el origen del soplo que alertó a los implicados en la extorsión etarra sobre los empresarios vascos.

Para terminar de complicar más las cosas, la última remodelación de la Dirección General de la Policía ha puesto a sus órdenes a los Tedax, dirigidos por un personaje no menos polémico: el también comisario Sánchez Manzano.


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Otra extraña decisión de Del Olmo

 

21-08-06



IMPRESIONES

Otra extraña decisión de Del Olmo


Este periódico reveló en su edición del viernes 19 de agosto que la Policía había detenido a un correo que debía entregar cinco kilos de Goma 2 en la localidad madrileña de Leganés, cerca del piso de los suicidas del 11-M. El hombre llevó por voluntad propia los explosivos a una comisaría e informó a los agentes que alguien le había encargado que se los diera a una tercera persona. Evidentemente, el suceso desató todas las alarmas debido a que reunía elementos coincidentes con el 11-M. Cinco kilos de Goma 2 -el explosivo cuyos restos fueron encontrados en algunos escenarios utilizados por los islamistas- y la cercanía al piso ocupado por los suicidas de Leganés. Para mayor coincidencia, la detención se produjo precisamente estando de guardia el juez Del Olmo, instructor del sumario de la masacre. Tras interrogar al presunto correo y someterle a un careo con otro arrestado en la misma operación, el juez dejó a ambos en libertad con cargos. Decretar la libertad de dos personas cazadas in fraganti traficando con explosivos es una extraña decisión del juez, aunque ciertamente no sorprende conociendo la extravagante y poco rigurosa instrucción del sumario del 11-M. Indudablemente, estamos ante un suceso plagado de circunstancias que pueden ser sin duda casuales, pero que debería ser investigado a fondo. Los cinco kilos de explosivo -una cantidad con la que se puede matar a varias personas- procedían de una cantera de Colmenar Viejo, lo que indica que la estricta vigilancia de los polvorines que nos anunciaron tras el 11-M no funciona como debiera.


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Del Olmo libera a dos detenidos por traficar con dinamita

 

21-08-06



Del Olmo libera a dos detenidos por traficar con dinamita

MADRID.- El juez Juan del Olmo ha dejado en libertad con cargos a dos españoles detenidos por un supuesto tráfico de dinamita. Uno de los dos arrestados es Manuel R. M., supuesto confidente de la Policía, quien entregó el pasado miércoles a los agentes cinco kilos y medio de Goma 2 ECO. Este explosivo se lo había facilitado supuestamente el español Adolfo R. R., para que se lo entregara a una tercera persona, según informó ayer El País.

Como adelantó EL MUNDO el pasado viernes, un hombre de raza gitana se presentó el miércoles en las dependencias policiales con un paquete de Goma 2 ECO, similar al que presumiblemente se utilizó en los atentados del 11-M. La persona aseguró que era un mero correo y que desconocía que el paquete tuviese dinamita dentro. Los policías detuvieron a Adolfo R. R. tras mostrar varias fotografías a Manuel R., quien reconoció a éste como la persona que le había hecho el encargo.

El explosivo hallado tiene su origen en una cantera de Colmenar Viejo (Madrid) y las pesquisas policiales van a intentar indagar cómo pudo salir de allí.


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20.8.06

 

LA RESPUESTA DE ZAPATERO EVIDENCIA UN PULSO ENTRE ETA Y EL GOBIERNO

 

20-08-06


EDITORIAL

LA RESPUESTA DE ZAPATERO EVIDENCIA UN PULSO ENTRE ETA Y EL GOBIERNO



Aunque la reacción inicial del Gobierno sobre el comunicado de ETA fue minimizar su trascendencia, tanto la magnitud de la amenaza y el chantaje lanzados por la banda terrorista como la justificada alarma social que ha provocado obligaron a Zapatero a responder al emplazamiento de los terroristas y de Batasuna durante un mitin en Las Palmas. Y de la respuesta del presidente del Gobierno -con gesto duro y en términos más concretos de lo que en él es habitual- se deduce, efectivamente, que el mal llamado proceso de paz se ha convertido en un pulso entre ETA y el Gobierno.
Zapatero aseguró que lo único que está en «crisis total y definitiva», en referencia explícita al contenido del comunicado, es «la violencia, quien ampara la violencia y quien se queda detrás de la violencia». El presidente del Gobierno respondió a la banda y a Batasuna que «el único camino que vamos a transitar para llegar a la paz es el de la legalidad, en todos y cada uno de sus principios, empezando por la Ley de Partidos».

Las palabras de Zapatero, igual que el comunicado de ETA, indican que el principal caballo de batalla de los proetarras en este momento no es la negociación con el Gobierno para tratar sobre las medidas de reinserción o la situación de los presos a cambio de que ETA renuncie definitivamente a la violencia, sino la legalización de Batasuna. Los plazos, en efecto, apuran, puesto que si la formación ilegalizada quiere presentarse a las elecciones municipales de mayo, ha de estar inscrita en el registro de partidos a finales de año.

Batasuna y el PSOE se culpan mutuamente del bloqueo del proceso. Los dirigentes de Batasuna reiteraron ayer que no aceptan la condición de cumplir la Ley de Partidos para volver a la legalidad y el portavoz de los socialistas vascos -en consonancia con Zapatero- acusó a los proetarras de poner en peligro la consecución de la paz al negarse a respetar las leyes. Da la sensación de que unos y otros están, como dijo ayer Jaime Mayor Oreja, en «un tira y afloja» relacionado, sin duda, con lo tratado en las conversaciones que han venido manteniendo en los últimos años, sobre las que ni el Gobierno ni el PSOE quieren aclarar nada. Precisamente ayer, Mariano Rajoy emplazó a Zapatero a dejar claro que no aceptará el «chantaje» de los terroristas. Aún cuando podía haberse pronunciado en términos más duros, el presidente del Gobierno sí respondió a ETA ayer -no así otras veces- de forma adecuada. La opinión pública española vería con muy buenos ojos la vuelta al consenso con el PP en el Pacto Antiterrorista.



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Rajoy teme un pacto «inmoral» sobre Navarra

 

20-08-06



ALTO EL FUEGO

Rajoy teme un pacto «inmoral» sobre Navarra



RIBADUMIA (PONTEVEDRA).- El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró ayer tener «sospechas fundadas» de que el PSOE prepara una «inmoralidad atroz» contra los intereses de los navarros. Se trataría de una coalición poselectoral de los socialistas con aquellos partidos que quieren que Navarra pase a formar parte del País Vasco.
En una entrevista concedida a Europa Press, el líder de los populares afirmó tener «sospechas muy fundadas» de que se está urdiendo algo en contra de la voluntad y los intereses de los navarros: «Para disipar esas sospechas, bastaría con que el presidente del Gobierno dijera que después de las elecciones al Parlamento de Navarra, el PSOE no haría ninguna coalición con aquellos partidos que quieren que Navarra deje de ser Navarra y pase a formar parte del País Vasco, que son PNV, EA, Batasuna, Batzarre, Aralar».

(.../...)

«Si Zapatero -advirtió- nos dice que el PSOE no se coaligará con estos partidos, estaríamos todos mucho más tranquilos, porque sería una inmoralidad atroz que el PSOE llegara a un acuerdo. Sería el primer paso para la integración de Navarra en el País Vasco».

Rajoy también se refirió a la posible legalización de Batasuna para que ésta se presente a las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2007. «ETA quiere la autodeterminación, la independencia, que los presos salgan a la calle. Quiere todo. Pero lo que más desea ahora es que Batasuna se presente a las elecciones, aunque la Ley de Partidos, que impedía eso, fue el golpe más eficaz en la lucha contra ETA en toda la historia de la lucha contra el terrorismo».

Aseguró que la legalización sería «un error descomunal y una enorme barbaridad» permitir que lo que más daño le hace a ETA pueda ahora quedar liquidado porque, a su juicio, «tendríamos dos ETA: una que seguirá pegando tiros y otra que ya sería legal y que estaría en las instituciones y para negociar tendría el apoyo de otra ETA que estaría detrás con las pistolas».

«Es un disparate y un suicidio del Estado que no se puede aceptar de ninguna manera», concluyó.

Por ello, exigió a José Luis Rodríguez Zapatero que «explique con la máxima urgencia» qué es lo que «ha acordado con ETA» y si tiene compromisos con la banda, porque «cada vez que ETA-Batasuna habla, los españoles tenemos más dudas sobre las actuaciones del presidente del Gobierno».

Respecto al comunicado de la banda terrorista, Rajoy considera que es un «nuevo chantaje» al conjunto de la sociedad española. «Una nueva muestra de que ETA sigue haciendo lo que ha hecho siempre: chantajear, amedrentar y coaccionar a los españoles», aseguró el dirigente popular, quien reiteró que «ETA quiere, una vez más, imponer sus condiciones a través del chantaje». En su opinión, el Gobierno «debe dejar claro que no lo aceptará y debe recuperar la política de firmeza democrática en la lucha contra ETA recogida en el Pacto por las Libertades».




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El franquismo fuimos todos

 

20-08-06


CARTA DEL DIRECTOR

El franquismo fuimos todos


PEDRO J. RAMIREZ

Cuando un amigo mío le dijo hace un par de meses a Zapatero «¡cómo se nota que eres el primer presidente del Gobierno que no vivió el franquismo y que no asume los valores de la Transición sobre el respeto al pasado!», el presidente se lo tomó como un piropo.
Le contestó que, en efecto, él no podía sentir respeto por una «dictadura atroz» que sumió a España en una «noche oscura» y privó de sus derechos básicos a todos los ciudadanos durante varias generaciones. Mi amigo trató entonces de poner los hechos en su contexto histórico y, palabra arriba, palabra abajo, se produjo el siguiente diálogo platónico:

-Algo de positivo tuvo que tener aquel régimen para que durante tantos años lo apoyaran o al menos lo consintieran los españoles...

-Durante el franquismo no había españoles.

-¡Qué me dices, presidente!

-Que durante el franquismo no había españoles.

-Y si no éramos españoles, ¿qué éramos entonces los que ya vivíamos aquí?

-Apátridas.

-¿Estás diciendo que en España había treinta y pico millones de apátridas?

-Exactamente eso. Sí.

Cuando me contaron la conversación, lo primero que sentí fue un indescriptible estupor: ¿cómo es posible que alguien que ha llegado a primer ministro pueda hacer tabla rasa de la realidad histórica, hasta el extremo de convertir en transparentes a las generaciones que le precedieron? Reflexionando más, pensé que la boutade no dejaba de ser coherente con el radicalismo democrático que Zapatero profesa dentro de la variante del «republicanismo cívico». E incluso que si yo perteneciera a su quinta, y no a la primera generación de la Transición, tal vez también estaría contagiado de ese «negacionismo» del pasado y correría el riesgo de establecer la fecha del nacimiento de Adán en el 6 de diciembre de 1978 en que se aprobó la Constitución.

Más allá de la anécdota queda, en efecto, el gran debate pendiente. No sobre lo que hay que hacer respecto a lo que pasó en España entre 1939 y 1976. (En mi opinión no hay que hacer nada que vaya más allá del reconocimiento de los derechos económicos de quienes fueron discriminados por razones políticas y por eso recurrí hace dos domingos a la más ácida ironía para descalificar el Baile de las Víctimas en que se ha transformado la absurda Ley de la Memoria Histórica). No, el debate es previo y mucho más sustancial: estereotipos ideológicos y prejuicios sentimentales al margen, ¿cuáles fueron los hechos y cuál es su interpretación más razonable?

Teniendo en cuenta que a finales de este año se cumple el 30 aniversario del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política que puso término al franquismo, un año después de la muerte del dictador, parece que ha llegado el momento de mirar al pasado con ese margen de objetividad que establece la distancia, pero contando aún con el testimonio y la memoria de los millones y millones de españoles que no sólo pasaban por allí sino que -por mucho que le moleste a Zapatero- tuvieron conciencia de su pertenencia a un proyecto nacional, a pesar del franquismo e incluso a causa del franquismo.

El maniqueísmo con que el Partido Socialista y sobre todo sus aliados nacionalistas han traído al primer plano la cuestión acrecienta, paradójicamente, el sentido de la oportunidad. Ha llegado la hora de la sinceridad, de la confesión de culpa colectiva hasta donde haya lugar, pero también de la explicación y hasta de la reivindicación de algunos aspectos de una época que en todo caso debe ser considerada no tanto la antítesis como la antesala de la zaherida España constitucional de hoy.

Se trata de que todas las cartas queden boca arriba, en un ejercicio de honestidad intelectual equivalente al que Max Ophuls realizó a comienzos de los 70 -o sea tras un intervalo temporal muy parecido- respecto a la Francia de Vichy con ese documental río titulado Le chagrin et la pitié que tanto fascinó entonces a Woody Allen.

No habrá que ahorrar ni grandes dosis de «tristeza» ni unas cuantas cucharadas de «piedad» para digerir desde la perspectiva actual cuanto tuvo de bochornoso un régimen implacablemente opresor y cruel en sus primeros años, que luego fue ablandando su yugo y no desapareció sin protagonizar nuevos estertores sangrientos. Pero la prueba de que el franquismo fue mucho menos criminal que otras experiencias totalitarias alumbradas casi de forma contemporánea y que evolucionó con el tiempo hacia un sistema político aceptable para una parte muy significativa de la población es el ordenado tránsito legal que se produjo hacia la democracia, con un presidente del Gobierno que había sido Secretario General del Movimiento y bajo el factor de continuidad encarnado en la figura del Rey Juan Carlos.

Es verdad que la jura de la Carta Magna y sobre todo su legitimidad de ejercicio como rey constitucional han transfigurado la percepción popular del personaje, pero ni Petain pudo testar en nadie, ni el almirante Doenitz dispuso de una oportunidad así. Mientras en esos casos la mera asociación con un pasado repugnante excluía toda posibilidad de proyección política e incluía tremendas responsabilidades penales, ni en 1976 ni ahora las fotos del Príncipe de España con Su Excelencia el Generalísimo le escandalizan a casi nadie. Podrá alegarse con cinismo que la Historia la escriben los vencedores, podrá aducirse con fatalismo que sólo mediante tal componenda se pudo sortear el obstáculo que suponía el Ejército franquista erigido en poder fáctico, pero también que el balance que los españoles que hace 30 años eran ya adultos hacían -y siguen haciendo- de la Dictadura era -y sigue siendo- una ambivalente suma de luces y sombras.

Así va quedando reflejado, día tras día, en la macroencuesta que EL MUNDO viene publicando, sin rubor ni auto restricción alguna, desde el pasado 18 de julio. Fue lo primero que se nos ocurrió tras conocer el comentario de Zapatero sobre los «treinta y pico millones de apátridas»: preguntemos a los ciudadanos cuál es hoy su percepción sobre todos los aspectos básicos de la historia del franquismo y segmentemos sus respuestas por edades. El resultado está siendo extraordinariamente interesante e incluso en algunos aspectos fascinante.

Lo más notorio de todo es que quienes no lo vivieron tienen una opinión mucho más horrible del franquismo que quienes lo vivieron. Así mientras en el segmento de entre 18 y 29 años apenas un 10% piensa que ese régimen «fue bueno para España», entre los mayores de 45 el porcentaje se triplica y entre los mayores de 65 casi se cuadruplica, hasta poco menos que igualar a los que opinan lo contrario. ¿Nostalgia del género de que «todo tiempo pasado fue mejor» o más bien contraposición entre la narrativa en boga de lo ocurrido y la experiencia empírica de quienes recuerdan lo que de verdad les ocurrió?

Las respuestas a la pregunta sobre «en qué época hubiera preferido que transcurriera la mayor parte de su vida» parecen indicar que estamos ante la segunda opción. Dentro del bloque de mayores de 65 años un 46,5% contestó que «en una época como la del franquismo» y sólo un 28,1% que «en una época como la de la Segunda República». Sin embargo, en el segmento entre 45 y 64 años la preferencia por el franquismo se redujo a sólo tres puntos, en el segmento entre 30 y 44 años las tornas se invirtieron claramente y al llegar a los menores de 30 nos encontramos con que un abrumador 65% optó por la turbulenta Segunda República, en una proporción de más de tres a uno sobre la demasiado estable dictadura.

El aspa casi perfecta que formaría en un eje de coordenadas la representación gráfica de estas respuestas es la mejor instantánea de la evolución de los valores políticos y de la cultura cívica en la España del cambio de siglo. Incluso permitiría sustentar la paradoja de que uno de los más genuinos méritos del régimen de Franco fue crear las condiciones sociológicas para que las nuevas generaciones pudieran detestarlo y repudiarlo sin ambages. Pero también indica que empieza a existir una historia oficial de lo que fue el corazón de nuestro siglo XX, basada en la superposición tópica de algunos clichés que son fruto del amplio margen de maniobra moral del que disfrutamos los españoles de hoy.

Es imposible, por supuesto, que las nuevas generaciones sientan las urgencias, necesidades e ilusiones de sus padres y sus abuelos. Por eso resulta tan disparatado pretender reavivar en sus conciencias los viejos rescoldos de los odios fratricidas. Pero ha llegado, en cambio, el momento adecuado de hacer una completa auditoría de la distancia que hay entre lo que muchos creen que sucedió y lo que en realidad sucedió. Por eso EL MUNDO ha abierto la segunda fase de su macroencuesta preguntando a toda página: «¿Y a usted qué le han contado?».

La pregunta es inocente, incluso ingenua. Yo no guardo ningún tambor de hojalata que de repente pueda ponerse a tocar solo en el armario. Ni tuve una beca de la organización sindical, ni trabajé en la Prensa del Movimiento, ni me dieron un cargo en la televisión de Arias Navarro. Por no ser, no fui ni de la OJE porque me espantaban las acampadas y prefería ir a otro sitio a jugar al futbolín. Ningún familiar mío tuvo cargo público alguno o relación directa con el franquismo. Jamás estreché la mano al Dictador y cuando viví en Estados Unidos me di cuenta de que mi forma de sentirme español incluía avergonzarme de nuestro sistema político.

Pero esa modalidad del patriotismo -si ZP me permite utilizar el término- tampoco fue mucho más lejos porque, si bien yo no me encuadraría entre el 76,4% de españoles que confiesa que no hizo absolutamente «nada» para contribuir a que concluyera el franquismo, tampoco podría salirme del redil de ese 11% -una carrera ante los grises por aquí, un artículo en una revista crítica por allá- que admite que hizo «poco» para acelerar su defunción.

La suma de estas dos magnitudes sí que requiere explicaciones sinceras. ¿Cómo es posible que un 87% de españoles nos quedáramos con los brazos cruzados, sobre todo cuando menos del 36% vincula la duración del régimen a la represión? ¿Es que estábamos de acuerdo -yo desde luego no- con una ecuación que limitaba las libertades a cambio de paz, prosperidad y orden o es que había una inercia histórica que justificaba extremar la prudencia e incluso la resignación con tal de no volver a las andadas?

Aunque la muerte de Franco me pilló haciendo la mili, estoy dispuesto a digerir mi treinta millonésima ración de culpa colectiva, siempre y cuando aquí no se escaquee nadie. Tan insoportable no debía ser en todo caso la situación cuando sólo el 7,3% de los españoles de hoy -el 4,6% de los mayores de 65 años- aprueba el asesinato de Carrero Blanco. Es obvio que un porcentaje muy superior de alemanes desearía que el coronel Von Stauffenberg no hubiera fallado en su atentado contra Hitler.

Viví como reportero la etapa del «Arias, ya estoy curado» -tan similar al intervalo que acaba de abrirse en Cuba- y me alegré de la muerte de Franco, no en términos personales, pero sí políticos. El mismo pasmo que como entomólogo me producían entonces los actos de adhesión inquebrantable del Movimiento Organización, me lo producen ahora las iniciativas demonizadoras de todo un tiempo y todo un país, por supuesto mucho más conexos con la España de hoy que esa falazmente idealizada Segunda República que primero lo arrojó todo por la borda y después se tiró ella sola al precipicio.

¿Y si al final resultara que los interminables 40 años de la oprobiosa no hubieran sido en el fondo sino una larga travesía del desierto encaminada hacia un único destino posible, una especie de mastodóntico puente de ojos agrietados tendido entre el guerracivilismo y la reconciliación, una fastidiosa pero útil sucesión de anteprólogos, prólogos y preámbulos a lo que hemos bautizado como la Transición?

No adelantemos acontecimientos, pero si yo fuera descendiente de uno de estos 300 soldados británicos condenados y fusilados hace 90 años durante la batalla del Somme bajo acusaciones de deserción o supuesta cobardía ante el enemigo, no me importaría nada que el Gobierno británico cumpliera o no su propósito de otorgarles ahora -lo del Baile de las Víctimas parece ser contagioso- un estéril perdón retrospectivo. Me encantaría en cambio que alguien me contara con exactitud sus vidas.

pedroj.ramirez@el-mundo.es



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