EL TRATO DE FAVOR A VERA, UN ESCANDALO POLITICO REVELADOR

23-08-06


Editorial

EL TRATO DE FAVOR A VERA, UN ESCANDALO POLITICO REVELADOR

Cuando no ha transcurrido ni siquiera un año y medio desde su ingreso en prisión, a pesar de la gravedad de su delito, y aunque no ha mostrado aún señal alguna de arrepentimiento ni la más mínima voluntad de devolver los 645 millones de pesetas que robó de los fondos reservados, Rafael Vera quedará prácticamente en libertad. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias -que depende del Ministerio del Interior- ha informado favorablemente sobre la solicitud de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia para conceder el tercer grado al ex secretario de Estado de Interior. A todos los efectos, esto supone otorgar la libertad a Vera, ya que el juez no puede actuar de oficio en contra de esta decisión y la Fiscalía ya ha dado sobradas muestras de sumisión al dictado de Moncloa como para generar cualquier esperanza de que vaya a actuar de acuerdo con su obligación.

Es cierto que en la práctica la situación personal de Vera no variará sustancialmente. El tercer grado no hace más que culminar la serie de beneficios que ha ido obteniendo desde que el PSOE recuperó el poder. Y sin embargo este último paso supone a la vez un salto cualitativo y un escándalo político de primera magnitud. Su gravedad no reside en el hecho de que el hombre que se enriqueció a costa del dinero público destinado, entre otras cosas, a la lucha contra ETA vaya finalmente a disfrutar de una amplísima libertad, sino en la absoluta falta de fundamento con la que el Ejecutivo ha adoptado esta decisión.

En primer lugar, resulta absurdo alegar, como motivo para justificar la salida de Vera, la «depresión» que supuestamente le habría aquejado por el hecho de estar solo en un módulo, privilegio que se le otorgó, precisamente, por el importante cargo que había ostentado. Pero mucho más importante aún es la flagrante discriminación, el evidente trato de favor que ha recibido Vera en comparación con otros casos sonados, empezando por el de Luis Roldán, quien por cierto también estaba incomunicado y deprimido. En este sentido, no es difícil llegar a la conclusión de que el silencio de Vera -que, a diferencia del ex director general de la Guardia Civil, nunca llegó a implicar a sus colegas y superiores en los delitos de los que fue acusado- ha sido decisivo a la hora de reducir el cumplimiento de su condena.

A esta desigualdad se añade el ataque frontal que la concesión del tercer grado a Vera supone contra el principio de prevención general positiva. La imposición correcta de las penas es imprescindible para afianzar la vigencia de las leyes. Es un instrumento ejemplarizante esencial. Al beneficiar a Vera en contra de la práctica habitual según la cual el penado debe como mínimo mostrar su voluntad de satisfacer la responsabilidad civil establecida en la sentencia, el Gobierno lanza el nefasto mensaje de que basta con la cercanía o complicidad con el poder para obtener clemencia. En todo caso, resulta significativo que de las cuatro personas que se reunieron en la cárcel de Ocaña durante la tarde del 11 de marzo de 2004, las dos que tenían cuentas pendientes con la Justicia hayan salido beneficiadas por decisiones tomadas por el Gobierno que inesperadamente llegó al poder tras aquellos drámaticos acontecimientos.