Los 'populares' exigen al fiscal general que recurra la concesión del régimen abierto
24-08-06
FONDOS RESERVADOS / La actuación del Ministerio Público
FONDOS RESERVADOS / La actuación del Ministerio Público
Los 'populares' exigen al fiscal general que recurra la concesión del régimen abierto
Conde-Pumpido dice que la Fiscalía de Valladolid estudia la decisión de Instituciones Penitenciarias
MARIA JESUS MOLINA. Especial para EL MUNDO
MADRID / SANTANDER.- El Partido Popular exigió ayer al fiscal general del Estado que el Ministerio Público recurra la concesión del tercer grado a Rafael Vera. La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Alicia Castro, instó a Cándido Conde-Pumpido «a ser consecuente con sus propios actos y con sus propias palabras».
En el primer caso, explican los populares, porque Conde-Pumpido fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo que votó a favor de la condena de Vera por el secuestro de Segundo Marey, financiado con fondos reservados. En el segundo, porque siendo ya fiscal general rechazó el indulto para Vera al no haber mostrado arrepentimiento, ni haber devuelto el dinero del que se apropió.
(.../...)
Castro anunció, además, que si la Fiscalía no recurre «este nuevo privilegio» al ex secretario de Estado para la Seguridad, su formación emprenderá cuantas acciones políticas estime oportuno. «Que no crea el Gobierno que por hacer esto en pleno mes de agosto el tema va a pasar desapercibido», señaló.
Por su parte, Conde-Pumpido afirmó ayer que la Fiscalía de Valladolid ya está analizando si se dan los requisitos necesarios para recurrir o no la decisión tomada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la Prisión de Segovia, de otorgar el tercer grado al ex secretario de Estado.
«La Fiscalía competente, la de Valladolid en este caso, debe estudiar la decisión de la Junta de Tratamiento aprobada por la Dirección General y constatar si concurre o no los requerimientos para el tercer grado», señaló. «A partir de ahí se tomará una decisión», puntualizó.
Sin querer hacer ningún tipo de valoración, recordó que, en caso de optar por recurrir la resolución, no sería la primera vez que la Fiscalía se opondría a conceder un beneficio a Vera. «En varias ocasiones la Fiscalía ha expresado su criterio. En primer lugar, en contra del indulto; y en segundo, recurriendo determinadas decisiones», comentó Conde-Pumpido. «En aquellos supuestos se actuaba de acuerdo a los criterios legales. En este momento, también se procederá teniendo en cuenta los mismos criterios», puntualizó. «Creo que ha quedado perfectamente demostrado que, cuando la Fiscalía ha estimado procedente recurrir, ha recurrido; del mismo modo que, cuando considera que legalmente no hay motivo para ello, no lo hace», añadió Conde-Pumpido momentos antes de clausurar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander el curso Presente, pasado y futuro del Ministerio Fiscal.
Rafael Vera, que seguirá llevando escolta, ha obtenido el tercer grado pese a que no cumple con dos de los requisitos introducidos en 2003 en una reforma impulsada por el PP para el cumplimiento íntegro de las penas, puesto que Instituciones Penitenciarias considera que esa reforma no puede aplicarse a quienes habían sido condenados con anterioridad, como es el caso de Vera.
La normativa vigente exige que, para acceder al régimen abierto, el reo tiene que haber cumplido la mitad de su condena si ésta es superior a cinco años (la de Vera es de siete años en el caso fondos reservados). También requiere que haya hecho frente a la responsabilidad civil a la que hubiera sido condenado. Vera no ha cumplido ni remotamente la mitad de su condena y no ha devuelto ni siquiera una pequeña parte de los 645 millones de pesetas que le exigió el Tribunal Supremo al confirmar su condena, aunque en este caso se puede tener en cuenta su situación de insolvencia.
Desde la entrada en vigor de la reforma, el 2 de julio de 2003, el departamento que dirige Mercedes Gallizo exigió estos dos requisitos a todos los presos, con independencia de la fecha de su condena. Este criterio, que hubiera hecho imposible la concesión del tercer grado a Vera, fue modificado por una instrucción de Instituciones Penitenciarias en marzo del año pasado, tras varias resoluciones judiciales en las que se rechazaba la aplicación retroactiva de los nuevos requisitos.
Conde-Pumpido dice que la Fiscalía de Valladolid estudia la decisión de Instituciones Penitenciarias
MARIA JESUS MOLINA. Especial para EL MUNDO
MADRID / SANTANDER.- El Partido Popular exigió ayer al fiscal general del Estado que el Ministerio Público recurra la concesión del tercer grado a Rafael Vera. La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Alicia Castro, instó a Cándido Conde-Pumpido «a ser consecuente con sus propios actos y con sus propias palabras».
En el primer caso, explican los populares, porque Conde-Pumpido fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo que votó a favor de la condena de Vera por el secuestro de Segundo Marey, financiado con fondos reservados. En el segundo, porque siendo ya fiscal general rechazó el indulto para Vera al no haber mostrado arrepentimiento, ni haber devuelto el dinero del que se apropió.
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Castro anunció, además, que si la Fiscalía no recurre «este nuevo privilegio» al ex secretario de Estado para la Seguridad, su formación emprenderá cuantas acciones políticas estime oportuno. «Que no crea el Gobierno que por hacer esto en pleno mes de agosto el tema va a pasar desapercibido», señaló.
Por su parte, Conde-Pumpido afirmó ayer que la Fiscalía de Valladolid ya está analizando si se dan los requisitos necesarios para recurrir o no la decisión tomada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la Prisión de Segovia, de otorgar el tercer grado al ex secretario de Estado.
«La Fiscalía competente, la de Valladolid en este caso, debe estudiar la decisión de la Junta de Tratamiento aprobada por la Dirección General y constatar si concurre o no los requerimientos para el tercer grado», señaló. «A partir de ahí se tomará una decisión», puntualizó.
Sin querer hacer ningún tipo de valoración, recordó que, en caso de optar por recurrir la resolución, no sería la primera vez que la Fiscalía se opondría a conceder un beneficio a Vera. «En varias ocasiones la Fiscalía ha expresado su criterio. En primer lugar, en contra del indulto; y en segundo, recurriendo determinadas decisiones», comentó Conde-Pumpido. «En aquellos supuestos se actuaba de acuerdo a los criterios legales. En este momento, también se procederá teniendo en cuenta los mismos criterios», puntualizó. «Creo que ha quedado perfectamente demostrado que, cuando la Fiscalía ha estimado procedente recurrir, ha recurrido; del mismo modo que, cuando considera que legalmente no hay motivo para ello, no lo hace», añadió Conde-Pumpido momentos antes de clausurar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander el curso Presente, pasado y futuro del Ministerio Fiscal.
Rafael Vera, que seguirá llevando escolta, ha obtenido el tercer grado pese a que no cumple con dos de los requisitos introducidos en 2003 en una reforma impulsada por el PP para el cumplimiento íntegro de las penas, puesto que Instituciones Penitenciarias considera que esa reforma no puede aplicarse a quienes habían sido condenados con anterioridad, como es el caso de Vera.
La normativa vigente exige que, para acceder al régimen abierto, el reo tiene que haber cumplido la mitad de su condena si ésta es superior a cinco años (la de Vera es de siete años en el caso fondos reservados). También requiere que haya hecho frente a la responsabilidad civil a la que hubiera sido condenado. Vera no ha cumplido ni remotamente la mitad de su condena y no ha devuelto ni siquiera una pequeña parte de los 645 millones de pesetas que le exigió el Tribunal Supremo al confirmar su condena, aunque en este caso se puede tener en cuenta su situación de insolvencia.
Desde la entrada en vigor de la reforma, el 2 de julio de 2003, el departamento que dirige Mercedes Gallizo exigió estos dos requisitos a todos los presos, con independencia de la fecha de su condena. Este criterio, que hubiera hecho imposible la concesión del tercer grado a Vera, fue modificado por una instrucción de Instituciones Penitenciarias en marzo del año pasado, tras varias resoluciones judiciales en las que se rechazaba la aplicación retroactiva de los nuevos requisitos.
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