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31.1.07

 

Del Olmo archivó una denuncia contra Hernando cuando tenía pruebas de que había mentido

 

31-01-07



Del Olmo archivó una denuncia contra Hernando cuando tenía pruebas de que había mentido


Desestimó la iniciativa contra el jefe de la UCO pese a tener el escrito que dejaba en evidencia su falsedad

ANTONIO RUBIO

MADRID.- El juez Del Olmo resolvió en noviembre de 2006 archivar la denuncia que había presentado el confidente marroquí Rafá Zouhier el 8 de agosto de 2005 contra el coronel Félix Hernando, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por mentir ante la Comisión de Investigación del 11-M. Esta decisión fue tomada por el magistrado a pesar de tener en su poder dos pruebas que demostraban lo contrario. Sigue en página 14

La primera de esas pruebas era un informe que la UCO elaboró el 6 de marzo de 2003, en el que se demostraba que Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras traficaron con explosivos a nivel nacional. Ese documento fue ocultado por Hernando a los diputados de la Comisión.

(.../...)

La segunda de ellas era la declaración del comandante Francisco Javier Jambrina, segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, donde mantenía que el alférez Jaime Trigos, de la UCO, lo llamó y le pidió que destruyera el informe que demostraba que su jefe no había dicho la verdad.

El magistrado de la Audiencia Nacional, apoyándose en un dictamen favorable al archivo por parte de la Fiscalía, consideró que las denuncias de Zouhier eran, simplemente, «valoraciones particulares» del denunciante.

Hay que recordar que EL MUNDO reveló, en sus ediciones de ayer y anteayer, que el coronel Hernando declaró en la Comisión del 11-M que el último informe que elaboró su unidad sobre los explosivos utilizados en los atentados y sobre los vendedores de esa sustancia era del 27 de febrero de 2003.

Este periódico documentó que Hernando mentía, que había un documento posterior, que correspondía al 6 de marzo de 2003, y que allí se demostraba que el tráfico de explosivos era de ámbito nacional y no regional, como declaró el jefe de la UCO en la Comisión del 11-M.

Además, se da la circunstancia de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la encargada de juzgar los atentados del 11-M, ha solicitado al Congreso que le envíe con la «máxima urgencia» la intervención que realizó el coronel Hernando ante la Comisión parlamentaria.

El informe que presentó la Fiscalía de la Audiencia Nacional para pedir el archivo de la denuncia de Zouhier está recogido en el auto que elaboró el juez Del Olmo el 14 de noviembre de 2006: «La reconstrucción de supuestos hechos realizada por el denunciante sobre la base de sus particulares valoraciones de la conducta de funcionarios de la Guardia Civil no constituye indicios de comisión de los delitos de que pudiera ser competente la Audiencia Nacional, por lo que procede el archivo de las actuaciones».

Sin embargo, el 25 de enero de 2005 el comandante Jambrina realizó una serie de declaraciones ante el juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez en las que reflejó que el alférez Trigos le llamó por teléfono el 26 de julio de 2004 y le pidió que destruyera el documento del 6 de marzo de 2003. Ése era el informe que Hernando ocultó a la Comisión del 11-M.

La denuncia de Zouhier contra Hernando y varios miembros de la UCO fue presentada, en un principio, en un Juzgado de Instrucción de Madrid. Ese Juzgado se inhibió y finalmente llegó hasta la Audiencia Nacional. Una vez en ese organismo superior, recaló en el Juzgado Central de Instrucción número 6, que investigaba e instruía el 11-M y cuyo titular es el juez Del Olmo.

Y Del Olmo resolvió: «Los extremos reflejados por el denunciante no constituyen datos, o indicios, en los que sustentar ninguna imputación motivadora de una actuación de instrucción judicial, especialmente cuando prolijamente han sido investigados dichos comportamientos, no sólo en la Comisión de Investigación».

Desde la presentación de la denuncia de Zouhier (agosto de 2005) hasta la resolución por parte del juez Del Olmo (noviembre de 2006) transcurre más de un año. Tras esa resolución judicial, el abogado de Rafá Zouhier, Antonio Alberca, presentó en diciembre de 2006 el correspondiente recurso.

Y ese recurso de Zouhier y de su abogado fue resuelto, de forma sorprendente, por el magistrado Del Olmo indicando que no permitía la personación de Antonio Alberca. El juez no explicó por qué resolvía que no se podía personar el abogado de Zouhier y, además, todavía no ha notificado oficialmente su determinación.

Ese hecho -la no notificación oficial del recurso- impide que el abogado Alberca pueda, a su vez, recurrir el auto del juez Del Olmo. Es decir, en estos momentos están paralizadas todas las acciones legales que Zouhier pueda llevar a cabo contra el coronel Hernando.

En la denuncia de Zouhier se recogía, de forma pormenorizada, cada una de las declaraciones realizadas por Hernando en la Comisión de Investigación del 11-M y se demostraba que el coronel secuestró información a los diputados.

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¿Por qué no imputó Del Olmo a Hernando?

 

31-01-07



Impresiones

¿Por qué no imputó Del Olmo a Hernando?


Decíamos ayer que era increíble que el juez Del Olmo no hubiera actuado contra el jefe de la UCO, Félix Hernando, y contra su subordinado el alférez Trigo, pese a que tenía indicios sobrados de que uno y otro podían haber delinquido. Nuestra perplejidad es doble a la luz de la información que hoy publicamos: el propio Del Olmo llegó a desestimar una denuncia de Rafá Zouhier contra Hernando. El confidente marroquí le acusó de cometer falso testimonio ante la comisión parlamentaria que investigaba la masacre. Lo que este dato revela es que el instructor del 11-M no sólo no hizo nada por indagar en la conducta de Trigo y Hernando, sino que zanjó de antemano cualquier investigación. Y eso pese a que tenía en sus manos el documento que demuestra que Hernando había mentido: la prueba de que la trama de Antonio Toro operaba fuera de Asturias y de que el último informe de la UCO sobre la dinamita asturiana no se efectuó en febrero de 2003, sino el 6 de marzo. Por si esto fuera poco, aunque en un careo Del Olmo apreció menos serenidad y firmeza en el alférez -que presumiblemente encubría a Hernando- que en el comandante, no hizo absolutamente nada. En este contexto, llama la atención que el Gobierno le negara al PP hasta tres veces el famoso informe del 6 de marzo de 2003 con el pretexto de que era parte del sumario -entonces secreto- del juez Del Olmo. Levantado ese secreto, esperemos que el tribunal no mire también ahora hacia otro lado.

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El CGPJ acusa: Ibarretxe 'hostiga' a los jueces para que archiven su causa

 

31-01-07



CRISIS ANTITERRORISTA / Declaración unánime del Consejo General del Poder Judicial tras la manifestación de Bilbao / Afirma que la Justicia «no puede ser enfrentada con otras instituciones pretendidamente más propias»

El CGPJ acusa: Ibarretxe 'hostiga' a los jueces para que archiven su causa


MARIA PERAL

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer en defensa de los jueces vascos con una contundente declaración oficial -aprobada por unanimidad- en la que «reclama» el «cese inmediato» de las «campañas o manifestaciones que pretendan hostigar y deslegitimar» a los Tribunales.

Para el CGPJ, la manifestación del lunes en Bilbao, en la que se exigió el archivo del proceso penal abierto contra el lehendakari Ibarretxe por celebrar una reunión institucional con la ilegalizada Batasuna, forma parte de esa campaña de «hostigamiento» que trata de deslegitimar al Poder Judicial.
(.../...)

El órgano de gobierno de los jueces asegura que éstos actúan «exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada a razones políticas» y considera especialmente rechazable la «presión» a la que se está sometiendo a los jueces que ejercen en el País Vasco, que ya trabajan en condiciones difíciles de «peligro físico real».

Es la declaración institucional más tajante de las aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial cuando ha tenido que reaccionar ante los ataques a los jueces.

Su valor es mayor por el hecho de que, a diferencia de otras ocasiones, ha sido aprobada por todos los miembros de la Comisión Permanente, órgano que preside Francisco Hernando, presidente del Consejo, y del que forman parte Carlos Ríos y Enrique López (propuestos por el PP) y Luis Aguiar y Juan Carlos Campo (propuestos por el PSOE).

Los cinco miembros de la Comisión labraron un laborioso acuerdo en el que emplearon casi tres horas sobre la base de un borrador que llevó redactado Enrique López.

Era un documento «de máximos» -según admitieron fuentes del grupo mayoritario- que fue limado sucesivamente para que satisficiera al sector minoritario.

Así, en el último punto de la declaración, se sustituyó el verbo «exigir» por el de «reclamar» el cese de las campañas antijudiciales y en el párrafo cuarto se introdujo el concepto de la «debida exigencia de responsabilidad» a los jueces.

Uno de los aspectos más discutidos fue el relacionado con la defensa de la independencia judicial que, a juicio del CGPJ, corresponde a todos los poderes públicos.

Los vocales de la mayoría pretendieron añadir que esa defensa incumbe, de modo especial, al Ministerio Fiscal dado el mandato del artículo 124 de la Constitución. Los consejeros del sector minoritario se negaron a que se incluyera una mención específica a la Fiscalía ya que podría ser interpretada como una crítica a Cándido Conde-Pumpido.

En el camino hacia el consenso quedaron otras alusiones contenidas en el borrador inicial, como la referida a que ninguna Constitución democrática permite espacios de impunidad para el poder político.

La declaración aprobada es del tenor siguiente:

«La Justicia (...) es la clave de la efectividad del Estado de Derecho. No existe otra garantía final, distinta o mejor a la Justicia, que asegure que los ciudadanos y los poderes públicos actúan respetando las normas aprobadas democráticamente.

«La Justicia (...) es una institución al servicio de todos los ciudadanos. Jamás puede ser vista como ajena o extraña a aquellos a los que sirve y menos aún puede ser enfrentada con otras instituciones pretendidamente más propias.

«La sujeción a un procedimiento jurisdiccional de un responsable político, en identidad de situación a cualquier ciudadano, en modo alguno puede ser percibido como una agresión externa e ilegítima, sino bien al contrario, como la más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley. (...)

«Los Tribunales actúan única y exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada en sus decisiones a razones políticas o de otra naturaleza. Los posibles errores en los que pudieran incurrir esos mismos Tribunales deben ser enmendados, como en cualquier otra democracia constitucional, a través del sistema procesal de recursos o la debida exigencia de responsabilidad de quienes las dicten, pero nunca mediante presiones o campañas de acoso.

«La manifestación celebrada en el día de ayer [por el lunes] en Bilbao, tras el lema En defensa de nuestras instituciones, tenía como objeto obtener una determinada decisión jurisdiccional (el sobreseimiento de un procedimiento) a través de presión política y al margen de los cauces legales.

«No cabe olvidar en este momento la especial situación en la que ha sido ejercida la jurisdicción en el País vasco en estas últimas décadas. Una situación de acoso y de peligro físico real que incluso, en ocasiones, se ha materializado en atentados contra la vida de jueces. Esa realidad, que no puede desconocerse, debiera demandar un apoyo institucional constante a los jueces y magistrados que prestan sus servicios en el País Vasco. Esta misma situación hace especialmente rechazables los actos que puedan agravarla.

«La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía ciudadana (...). La defensa de la independencia judicial nos incumbe a todos, especialmente a las instituciones y poderes públicos.

«Por todo lo anterior, este Consejo General del Poder Judicial reclama el cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces (...)

«Todo lo indicado lo es, por supuesto, con pleno respeto al ejercicio legítimo, aunque no absolutamente ilimitado, de derechos constitucionales esenciales como son el de expresión y manifestación».

El Gobierno vasco contestó al CGPJ que «no es un órgano facultado para censurar o aplaudir la actuación política» y sostuvo que Ibarretxe, que hoy está citado como imputado ante el Tribunal del País Vasco, «no es un ciudadano más, por lo que no se puede pretender juzgar sus actuaciones como si no ejerciera una alta representación».

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EL CGPJ HABLA ESTA VEZ CON CLARIDAD Y FIRMEZA

 

31-01-07



Editorial

EL CGPJ HABLA ESTA VEZ CON CLARIDAD Y FIRMEZA


La ofensiva nacionalista contra la Justicia suscitó ayer la reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, de forma unánime, acusó al lehendakari Ibarretxe de «hostigar» y «presionar» a los magistrados para que archiven la causa en la que está imputado por reunirse con la dirección de Batasuna.

Tras la manifestación en la que decenas de miles de personas en Bilbao pidieron que la Justicia «no controle» al presidente del Gobierno vasco, todos los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ -y hay que subrayarlo- se pusieron de acuerdo para solicitar «el cese inmediato de las campañas para deslegitimar a los jueces» en esa comunidad.
(.../...)

El CGPJ recuerda en su comunicado que la independencia judicial no es «un privilegio» sino «una garantía ciudadana» y se lamenta de «la situación de acoso y de peligro físico» que han padecido los magistrados en el País Vasco ante el silencio de los Gobiernos nacionalistas.

Así es. Lo que cualquier demócrata podría exigir de las autoridades vascas es que se movilizaran en defensa de la independencia de los jueces frente al chantaje de ETA. Pero siempre que han salido a la calle lo han hecho para pedir impunidad para sus líderes, como en el caso Atutxa. Resulta patético a este respecto el comunicado de ayer del Gobierno vasco, en el que afirma que el CGPJ carece de autoridad para valorar la conducta de Ibarretxe y que el lehendakari «no es un ciudadano más». ¿Quiere decir que está por encima de la crítica y de las leyes? ¿Que no responde ni siquiera ante los tribunales?

Ibarretxe y el PNV siguen sin entender que la separación de poderes es uno de los principios esenciales de una democracia y que ningún dirigente político está al margen o por encima de la legalidad.

Zapatero daba a entender ayer que los manifestantes de Bilbao ejercían «su libertad de crítica». No es cierto. Movilizar a las masas no es criticar ni argumentar. Es sencillamente «presionar», como muy bien dice el CGPJ. El problema del PNV con la Justicia es que se trata del único poder que no controla, y eso saca de quicio a Ibarretxe y sus compañeros.

Aunque el Supremo haya considerado que reunirse con Batasuna no es delito, Ibarretxe -citado hoy a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)- tiene que respetar los procedimientos de la Justicia, máxime cuando el instructor considera que el hecho de que el encuentro con Otegi tuviera lugar en Ajuria Enea constituye un factor esencial para imputarlo.

No resulta, pues, extraño que Batasuna adopte la misma estrategia de deslegitimación del Estado de Derecho. Arnaldo Otegi, acusado de un delito de desobediencia, calificó ayer al TSJPV de «tribunal de excepción» que funciona como en «el franquismo». Casi al mismo tiempo, el sanguinario Henri Parot -condenado por 82 asesinatos- aseguraba que no reconoce la autoridad que le juzga por enviar una carta en la que instaba a atentar contra «edificios vitales» del Estado. ¿Pretende acaso que le condecoren por sus amenazas?

La actitud de Parot y Otegi entra dentro de su lógica política, pero resulta inconcebible que un partido que se llama democrático, como el PNV, incurra -como denuncia el CGPJ de forma clara- en este desprecio a uno de los pilares del Estado.

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Destrozan la placa conmemorativa del 11-M instalada cerca de Tetuán

 

31-01-07



Destrozan la placa conmemorativa del 11-M instalada cerca de Tetuán


ALI LMRABET. Corresponsal en Marruecos

La placa que recuerda a las víctimas del 11-M en un monte cercano a Tetuán, al norte de Marruecos, ha sido destrozada de nuevo por unos desconocidos. Hace menos de dos años, se produjo otro acto de vandalismo en el lugar cuando fueron arrancados los cipreses plantados alrededor del monumento.

En este segundo ataque, se han encontrado casquillos de bala cerca de la pequeña estela despedazada, como si se tratara de un mensaje dejado por los profanadores. «¿Pero un mensaje para quién, para Marruecos o para España?», se preguntaba ayer preocupado el periodista de Tetuán Jamal Ouahbi.

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El monte donde está ubicada la placa conmemorativa se encuentra en Buanan, una aldea que se asoma sobre la antigua capital del Protectorado español en Marruecos. Esta boscosa colina escondida suele servir de punto de encuentro de varias organizaciones islamistas ilegales que convocan allí a sus simpatizantes para rezar en grupo, practicar las artes marciales y «entrenarse militarmente», según una fuente local.

La investigación policial ordenada por Rabat para descubrir a los autores del primer ataque no dio ningún resultado. Un pastor fue interrogado durante varios días sin que se le llegara a acusar. Tetuán es, con Fez y Oujda, en el oeste del país, uno de los feudos del islamismo radical en Marruecos. No pasa una sola semana sin que haya detenciones masivas de islamistas.

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Los expertos internacionales califican de 'incidente' el atentado

 

31-01-07




Los expertos internacionales califican de 'incidente' el atentado


ELENA P. IRIARTE

VITORIA.- Los expertos internacionales en resolución de conflictos que asesoran al lehendakari, Juan José Ibarretxe, calificaron ayer de «incidente» el atentado mortal cometido por ETA en el aeropuerto de Barajas hace un mes y consideraron que no es un motivo suficiente para «hacer descarrilar el proceso de paz». Ésta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por la comisión permanente de asesores impulsada por el Ejecutivo vasco tras analizar la situación actual del conflicto.

Roalf Meyer, ministro de Asuntos Constitucionales en el primer Gobierno de Nelson Mandela en Sudáfrica, ejerció de portavoz del comité tras mantener una reunión con Ibarretxe y los otros miembros del consejo político del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo.

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Según destacó, la bomba de la T-4, que se llevó por delante la vida de dos personas, supone «un reto y un desafío» para el proceso de paz, pero en ningún caso debe «significar el final del mismo». Los expertos sustentan esta consideración en la «propia opinión pública vasca y española» que, constató Meyer, es «favorable a una solución dialogada del conflicto».

Tras incidir en que la violencia «nunca es la solución para nada» sino que lo son «el diálogo y la negociación», reclamó que no se permita que «un solo incidente», en referencia al atentado del 30 de diciembre, «haga descarrilar el proceso». En este punto, el experto equiparó este hecho a «la actuación de aquellos que defienden que el proceso debe detenerse». En su opinión, esta postura «es tan contraproducente como el propio atentado».

Frente a quienes piden el fin del denominado proceso, Meyer insistió en que, muy al contrario, el atentado debe verse como una oportunidad «para reforzarlo y afrontar nuevas negociaciones».

En este sentido, los expertos designados por el Gobierno vasco aportaron «cuatro iniciativas» para reconducir la situación actual. La primera consistiría en adoptar un «enfoque incluyente», lo que obligaría a la «participación de todas las partes en el proceso». Habría que «conseguir un contexto» en el que todos los implicados en el conflicto «tengan representación política», y procurar configurar el proceso como algo «interno» de forma que «los protagonistas sean los vascos y españoles, y no agentes externos».

Por último, aconsejan «concentrarse en construir el propio proceso y en conseguir una confianza entre los agentes» y no tanto en los contenidos de las propias negociaciones. Posteriormente, tanto el director del Centro para la Resolución de Conflictos Internacionales de la Universidad de Columbia, Andrea Bartoli, como el ex primer ministro de Irlanda en el periodo 1992-1995, Albert Reynolds, pusieron el acento en el último punto, en la necesidad de que los actores en el proceso recuperen «la confianza» para poder avanzar.

Así, Bartoli consideró «peligroso» que «se instaure la desesperanza» y realizó un llamamiento a trabajar «con seriedad y disciplina», ya que «cuestiones tan importantes no se resuelven fácilmente». Añadió que «la violencia no puede ganar» y que «hay que colocarla en el sitio que le corresponde». Tras admitir que el atentado de la T-4 «destruyó algo», aseguró que «la política debe ser más fuerte». «La responsabilidad es la creación de nuevas oportunidades y de nuevos inicios», indicó.

Por su parte, Albert Reynolds deseó que el trabajo de este grupo «contribuya a rescatar el proceso de paz», que «tan bien avanzaba antes del atentado», dijo. Asimismo, apreció ciertos paralelismos entre el proceso español y el desarrollado en su país, y apostó por lograr «una confianza duradera entre todas las partes».

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30.1.07

 

El nacionalismo vasco exige que los jueces «no controlen» a los políticos

 

30-01-07



CRISIS ANTITERRORISTA / Iñigo Urkullu afirma que «no se puede admitir que el 'lehendakari' sea llamado a declarar como si fuera un delincuente común» / Los convocantes exigen el archivo de la causa contra Ibarretxe

El nacionalismo vasco exige que los jueces «no controlen» a los políticos


«No se puede admitir que el 'lehendakari' sea llamado a declarar como si fuera un delincuente común», declaró el portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, en la manifestación que congregó a miles de personas en Bilbao

ROBERTO L. DE CALLE

BILBAO.- Los partidos que conforman el Gobierno vasco (PNV, EA y Ezker Batua) y Aralar consumaron ayer en Bilbao la segunda de las iniciativas concebidas para exigir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el archivo de la causa que se sigue contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y sacaron a la calle a miles de personas en torno a un lema -En defensa de nuestras instituciones- y un mensaje: el control que efectúa el Poder Judicial «nunca» puede «impedir» a los representantes institucionales el «ejercicio democrático de la política».


En su afán por preservar la acción política «democrática» del control judicial, el portavoz de la Ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu, rechazó admitir, «bajo ningún concepto, que se cite a declarar al lehendakari como si fuese un delincuente común» por el hecho de «dialogar» con los representantes de la ilegalizada Batasuna.

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Los organizadores no pusieron en duda el principio de separación de poderes ni el sistema de «controles mutuos» que pretende garantizar la limitación de cada uno de ellos, pero aseguraron que ese equilibrio «está siendo claramente violentado» por actuaciones judiciales como las que denunciaron ayer en la calle.

Tras reconocer «la capacidad de control» del Poder Judicial sobre otros poderes del Estado, lo limitaron hasta afirmar que dicho control «nunca puede realizarse para impedir a nuestros representantes sus derechos fundamentales y el ejercicio democrático de la política».

De hecho, incidieron en la misma idea al reclamar «el ejercicio de la política sin la amenaza de su judicialización», porque tanto el diálogo como las actuaciones dirigidas a «impulsar soluciones justas y democráticas a los problemas nunca pueden ser ilegales ni delictivas».

Más de 10.000 personas -45.000, según la Policía Municipal de Bilbao-, entre ellas, la propia esposa del lehendakari, Begoña Arregi, siguieron las consignas de los partidos convocantes y secundaron una marcha presidida por los representantes políticos e institucionales vascos del ámbito nacionalista, a excepción del propio Ibarretxe, y por sus dos predecesores en el cargo, Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza.

Fueron éstos quienes, con un notable simbolismo -la manifestación partió del Hotel Carlton de Bilbao, cuyo sótano albergó al Gobierno vasco durante la Guerra Civil-, cerraron la manifestación y dieron lectura a un comunicado en el que no se hizo mención alguna a la legalidad vigente -en la que se enmarca la Ley de Partidos Políticos-, pero que incidió de forma reiterada «en el ejercicio democrático de la política».

Además de reiterar que la causa contra Ibarretxe -como cooperador necesario en un delito de desobediencia supuestamente cometido por los miembros de Batasuna con los que se reunió- supone «un ataque al conjunto de la sociedad vasca», los ex lehendakaris reiteraron que el proceso penal constituye una «clara interferencia política» que «condiciona la actividad» del jefe del Ejecutivo vasco.

En el comunicado, los organizadores, que también se arrogaron la función de «preservar» el espacio de «deliberación pública» y su defensa frente a «cualquier intento de agresión», llegaron a asegurar que la sola «pretensión de impedir» el «ejercicio libre y responsable de la política» constituye también una «limitación» a sus «libertades públicas».

El texto volvió a dejar claro que las críticas del nacionalismo no se dirigen al conjunto de la Judicatura -«sabemos de muchos jueces que, en condiciones difíciles, llevan a cabo su tarea con una integridad encomiable»-, sino a los miembros de la Sala de lo Civil y lo Penal, que han recibido un aluvión de críticas desde que se admitió a trámite, el verano pasado, la querella del Foro Ermua contra Ibarretxe.

Tras volver a exigir el «archivo inmediato» de la causa penal, el ex lehendakari José Antonio Ardanza insistió en que las movilizaciones no buscan únicamente transmitir «solidaridad» a Ibarretxe, sino defender el principio de la acción política frente a «la amenaza de la criminalización del diálogo».

El acto concluyó con el envío de un «cálido agradecimiento» de Juan José Ibarretxe a los asistentes, la mayoría de ellos de avanzada edad.

La manifestación de ayer constituyó el punto y seguido de las movilizaciones en defensa del lehendakari, que se repetirán, esta vez en forma de concentración, mañana mismo, cuando Juan José Ibarretxe afronte su histórica comparecencia ante el magistrado que instruye su caso.

El coordinador general de Ezker Batua, Javier Madrazo, señaló ayer que la movilización se había hecho «a favor de la ciudadanía vasca y del conjunto de las instituciones y en favor del libre ejercicio de los derechos fundamentales como es el de reunión y el ejercicio de la libertad de expresión», por lo que consideró «incomprensible» la ausencia del PSE , sobre todo cuando este partido «se ha reunido permanentemente con ETA y con Batasuna», afirmó.

Una opinión compartida por el secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, quien sostuvo que se ha «judicializado en exceso la política vasca» y calificó de «despropósito jurídico» que se llame a declarar a Ibarretxe por ejercer su «derecho y obligación» de hablar con una «representación política», mientras que el Gobierno puede dialogar con una organización terrorista como ETA.

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Un subordinado del coronel Hernando intentó destruir el documento que probaba que su jefe mintió en la Comisión

 

30-01-07



11-M / La investigación

Un subordinado del coronel Hernando intentó destruir el documento que probaba que su jefe mintió en la Comisión

Pidió a la Comandancia de Oviedo que se deshiciese del informe que, antes del 11-M, detallaba los pasos de Toro y Trashorras

ANTONIO RUBIO

MADRID.- Seis días después de que el coronel Félix Hernando Martín, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cometiera falso testimonio ante la Comisión de Investigación del 11-M del Congreso, uno de sus subordinados, el alférez Jaime Trigos, intentó destruir la prueba que demostraba que su jefe había mentido.


El hecho se produjo el 26 de julio de 2004. Trigos, miembro de la UCO, intentó convencer al comandante Francisco Javier Jambrina, segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, para que «destruyese la nota del 6 de marzo de 2003, de la que sólo obraba copia en las dos unidades».
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Esa nota, cuyo contenido reveló ayer EL MUNDO, recogía una información que la UCO recibió en aquellas fechas sobre dos individuos asturianos, «Antonio Toro» y «Emilio [posteriormente se supo que se trataba de Emilio Suárez Trashorras]», que intentaban vender explosivos en Madrid, comprar armas cortas y largas (pistolas y fusiles repetidores), encargar la eliminación de una persona y traficar con cocaína y hachís.

Para llevar a cabo todos esos actos delictivos, Toro y Trashorras se pusieron en contacto con un uruguayo llamado Martín R. O. y se desplazaron de norte a sur de la Península, desde Asturias hasta Cádiz pasando por Madrid, utilizando dos Renault Megane que alquilaron en Hertz. Es decir, las actuaciones de los dos delincuentes asturianos eran de ámbito nacional y no regional, como mantuvo Hernando en su declaración ante la Comisión de Investigación.

Trigos reconoció el 26 de enero de 2005 ante el juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez que, efectivamente, había llamado a Jambrina, y explicó sus motivos: «Que la conversación tuvo su razón de ser por las manifestaciones que había realizado el 20 de julio de 2004 ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados D. Félix Hernando Martín, coronel jefe de la UCO, en las que se refirió a que la única nota interna que se transmitió desde la UCO a la Comandancia de Oviedo fue la del 27 de febrero de 2003».

Ese mismo día, el 26 de enero de 2005, y ante Del Olmo y Sánchez, Jambrina declara y aclara cómo fue aquella llamada de Trigos: «Hubo una conversación con el alférez, se produce la tarde anterior al día en que iban a comparecer ante la Comisión los dos oficiales de la UCO, el alférez lo llama al móvil y le dice que si no le importaría destruir la nota del 6 de marzo, ya que sólo consta en las dos unidades».

La respuesta del comandante al alférez, según consta en la declaración judicial del primero, fue contundente: «No la voy a destruir». Jambrina, además, explica que se sintió muy molesto con el subordinado de Hernando porque «no le dio ninguna explicación para solicitar algo así».

Pero la principal sospecha que llevó al segundo jefe de la Comandancia de Oviedo a negarse a la destrucción de la prueba que demostraba que Hernando había ocultado información a la Comisión del 11-M fue: «Me llamó la atención porque en la nota del 6 de marzo de 2003 se ponía en evidencia que había una delincuencia organizada de ámbito que supera la comunidad autónoma [se refiere a Asturias], que es ámbito de intervención de la UCO».

Jambrina también descubre en su declaración judicial que Trigos no le ofrecía «confianza». Jambrina, tras negarse a destruir el informe del 6 de marzo de 2003, como solicitaba el subordinado del jefe de la UCO, reconoce que se sintió «molesto». «Lo puse a parir y conservé la nota».

Trigos, que era uno de los controladores del confidente marroquí Rafá Zouhier, argumentó ante el juez y la fiscal: «Es cierto que llamé al comandante Jambrina, pero simplemente le dije que procurase que la nota [se refiere a la del 6 de marzo de 2003] no se filtrase a los medios de comunicación».

Se da la circunstancia de que el propio Trigos omitió en su primera declaración ante Del Olmo que Zouhier avisó a la UCO de que los asturianos Toro y Trashorras estaban traficando con explosivos y que disponían de 150 kilogramos de Goma 2 para vender al mejor postor. Esa primera declaración judicial del suboficial de la UCO se produjo el 12 de mayo de 2004, dos meses después de los atentados.

Ese hecho se supo porque EL MUNDO así lo reveló antes de la comparecencia de Hernando en la Comisión. Después, el jefe de la UCO terminó reconociendo en el Congreso que su Unidad había recibido esa información con anterioridad a los atentados del 11-M y, sin querer, dejó en evidencia que el alférez Trigos no había dicho toda la verdad ante Del Olmo.

Y el juez, aprovechando la nueva declaración del subordinado del coronel Hernando sobre la destrucción de una prueba, preguntó al alférez Trigos: «¿Por qué omitió la información que dio ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados [se refiere al coronel Félix Hernando] sobre que Rafá Zouhier había advertido de que los asturianos tenían 150 kilos de explosivos?».

La respuesta del miembro de la UCO fue simple y poco ingeniosa: «Pudo ser que ese día se me olvidó decirlo». Después del olvido, el suboficial recuperó la memoria: «Pero es cierto que Rafá me dijo que había 150 kilos de explosivos a disposición de los asturianos». Y concluyó el agente de la UCO: «Rafá me dio esa información el 6 de marzo de 2003 sobre las 22.00 horas por teléfono».

Esa última fecha, 6 de marzo de 2003, que señala Trigos en su segunda declaración judicial, coincide con la que aparecía datada en el documento que Hernando omitió a la Comisión del 11-M y que su subordinado intentaba destruir, según manifestó judicialmente Jambrina.

Tras la declaración de Jambrina y de Trigos, Del Olmo decide ese mismo día, el 26 de enero de 2005, someter a un careo a los dos miembros de la Guardia Civil para intentar aclarar quién dice la verdad.

Jambrina, según se recoge en el acta del careo, manifiesta que «la petición fue de destruir el documento, al margen del sentimiento que se tenía en la Comandancia por lo que consideraban un traslado de responsabilidades de la UCO a Asturias».

Trigos intentó, al parecer, dar más explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a llamar al comandante Jambrina: «La petición fue exclusivamente de evitar filtraciones, no hubo solicitud de destruir ningún documento y sí es cierto que hubo un nivel de cierta crispación verbal por la cuestión de las actuaciones de la UCO y de la Comandancia de Oviedo y de la Guardia Civil de Asturias, especialmente atendiendo a la comparecencia del coronel Hernando en la Comisión de Investigación el día 20 de julio de 2004».

El subordinado de Hernando se atrevió incluso a hacer una valoración sobre lo que pudieron pensar en la Comandancia de Oviedo cuando él llamó a Jambrina: «A lo mejor en la Comandancia, tras la conversación mantenida con el comandante Jambrina, la interpretación que dieron a la misma fue que la UCO quería ocultar la nota, y que la petición podía entenderse así».

Del Olmo, instructor del sumario del 11-M, llegó a la siguiente conclusión después de escuchar en un careo a Jambrina y a Trigos: «Este instructor aprecia una dosis de firmeza y serenidad en sus manifestaciones por parte del comandante Jambrina que no apreció en las manifestaciones del alférez Trigos, por cuanto éste trata de una forma verbal más locuaz de introducir elementos que este instructor considera de desvío de atención respecto de lo que es el núcleo de controversia».

Del Olmo también explica el «comportamiento y actitud» de los dos agentes: «Con una dosis de mayor nerviosismo gesticular por parte del señor alférez, tanto en brazos y manos como en la posición que ha adoptado en el sillón, como en ciertas miradas de inseguridad».

La última de las conclusiones a la que llega el juez es realmente llamativa: «El distinto rango que en la escala profesional tienen uno y otro careado, que desconoce el instructor si puede influir o no en la actitud mostrada por el señor alférez».

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La Sala pide al Congreso copia de la declaración de Hernando

 

30-01-07



11-M / La investigación

La Sala pide al Congreso copia de la declaración de Hernando


Los peritos empiezan hoy a realizar el nuevo análisis de los explosivos


MADRID.- La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar el 11-M, ha solicitado al Congreso que le envíe con la «máxima urgencia» la intervención que realizó Félix Hernando, coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil, ante la Comisión parlamentaria que investigó los atentados.

El Tribunal también ha pedido, entre otras, copias de las declaraciones del ex jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, y del ex ministro del Interior Angel Acebes.
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La Audiencia dirigió la pasada semana varios oficios al presidente de la Cámara Baja, Manuel Marín, en los que reclama que, antes del próximo 15 de febrero -fecha de comienzo del juicio oral- le remita certificación de una serie de documentos, informa Europa Press.

En primer lugar, solicita las intervenciones realizadas ante la Comisión parlamentaria de Investigación del 11-M por el «agente Víctor» (guardia civil, que contactó con el confidente Rafa Zouhier, uno de los 29 acusados); Calleja Menéndez, comisario jefe responsable de la Unidad de Droga y Crimen Organizado, y Félix Hernando.

EL MUNDO informó ayer de que este coronel de la Guardia Civil pudo cometer falso testimonio en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria, ya que omitió que su unidad había elaborado mucho antes, el 6 de marzo de 2003, un documento donde ya se informaba con detalle de las personas que estaban llevando a cabo tráfico de explosivos, armas y drogas.

En segundo lugar, la Audiencia Nacional pide la transcripción de las comparecencias del inspector jefe del grupo de Policía Científica de la comisaría de Alcalá de Henares, Luis Martín González; la del ex jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, la del ex subdirector general operativo de la Policía, Pedro Díaz Pintado y la del ex ministro del Interior Angel Acebes. También solicita una copia del video en el que se grabaron estas intervenciones.

La de Acebes es de las pocas intervenciones de políticos que ha aceptado el Tribunal que juzgará a los 29 acusados. La Sala ha rechazado llamar en calidad de testigos para que declaren durante la vista oral a altos cargos del anterior Gobierno del PP.

Las certificaciones solicitadas al Congreso forman parte de la prueba documental propuesta por las partes y que la Sala sí ha aceptado practicar. En particular, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo son las que han reclamado las intervenciones parlamentarias mencionadas.

Por otra parte, hoy comenzará a practicarse la nueva prueba pericial sobre los explosivos usados el 11-M. Los peritos que van participar juraron ayer sus cargos en la Audiencia y hoy celebrarán una reunión preparatoria de la pericia en la sede de la Comisaría General de Policía Científica.

Los expertos firmaron un contrato de confidencialidad por el que se comprometen a no revelar el resultado de sus análisis. Éste será plasmado en un informe del que la Sala debe tener a su disposición un borrador el 13 de febrero.

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La UCO intentó encubrir un presunto delito con otros dos más

 

30-01-07



Impresiones

La UCO intentó encubrir un presunto delito con otros dos más


Cuanto más sabemos sobre el papel de la UCO y de su jefe en la investigación del 11-M, más sombras aparecen en torno a su actuación antes y después de la masacre. Si ayer revelábamos que Hernando no dijo la verdad ante el Congreso cuando afirmó que la UCO dejó de indagar en el tráfico de explosivos en Asturias en febrero de 2003, EL MUNDO cuenta hoy cómo uno de sus subordinados trató de destruir la prueba irrefutable de que había mentido. Se trata de un informe redactado por la UCO y fechado el 6 de marzo de 2003, en el que se detallan las andanzas de Toro y Trashorras buscando compradores para sus explosivos por distintos puntos de la Península. Según publica hoy EL MUNDO, seis días después de la intervención de Hernando ante la Comisión, su subordinado el alférez Jaime Trigo llamó al móvil del segundo jefe de la Comandancia de Asturias, Francisco J. Jambrina, para que destruyese la nota que dejaba en evidencia a su superior. Jambrina declaró ante el juez Del Olmo que se sintió molesto por la petición y decidió conservar la nota. El alférez negó esta versión y dijo que llamando al comandante sólo quería cerciorarse de que la nota no se filtraba a los medios. A la vista de estas declaraciones, no se entiende cómo Del Olmo no dedujo el testimonio del alférez para que la jurisdicción ordinaria investigase el caso, máxime cuando él mismo confiesa haber observado menos serenidad en sus palabras que en las de Jambrina. Trigo podría haber cometido un delito de encubrimiento y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos -castigados con penas de hasta siete años- y su jefe, uno de falso testimonio, por el que podría ir a la cárcel. En este contexto, cobra un gran valor el que el tribunal pidiera ayer las declaraciones de Hernando y Manzano en el Congreso, que ayudarán a aclarar nuestras últimas revelaciones.

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Ortega Lara: «No se puede ceder al chantaje de De Juana, no podemos negociar con asesinos»

 

30-01-07



CRISIS ANTITERRORISTA / Víctimas y verdugos

Ortega Lara: «No se puede ceder al chantaje de De Juana, no podemos negociar con asesinos»


El funcionario de prisiones secuestrado por ETA durante 532 días sostiene en una entrevista en Telemadrid que el diálogo puede «coartar nuestras libertades y las de generaciones futuras»

EL MUNDO

MADRID.- José Antonio Ortega Lara rompió esta madrugada su silencio mediático para decir «no a la negociación» del Gobierno con los etarras, para reivindicar «una paz basada en la Justicia» y reclamar el respeto que merecen las víctimas del terrorismo.

El funcionario de prisiones que fue secuestrado en 1996 por ETA, y cuyo cautiverio duró 532 días, concedió su primera entrevista en televisión a Fernando Sánchez Dragó, que se estrenaba como conductor y director de Diario de la noche, el informativo nocturno de Telemadrid.

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Ortega Lara, con mucho aplomo, justificó su aparición en el programa porque «durante muchos años las víctimas del terrorismo han sido bien tratadas y ahora se les insulta», incluso «hay quien dice que son los culpables de que no haya paz».

Cuando Sánchez Dragó le preguntó sobre su postura en torno al diálogo con los terroristas, afirmó: «No se puede ceder al chantaje de De Juana Chaos, estoy en contra de la negociación con asesinos». «No podemos arriesgarnos a que se coarten nuestras libertades, por nuestras generaciones futuras».

En este sentido, recordó que tras ser liberado fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo (San Sebastián). Allí recibió la visita del por entonces ministro del Interior, el popular Jaime Mayor Oreja. Al estrechar su mano, Ortega Lara le dijo: «Entiendo que su Gobierno no haya negociado». Para liberarlo, la banda terrorista exigía el reagrupamiento de los presos.

La entrevista, con un marcado perfil humano, rememoró el calvario vivido por Ortega Lara en el zulo de 2,40 metros por 1,70 metros. Durante el cautiverio, sobrevivió gracias a «la familia, la religión y al método». Contaba escrupulosamente los días, hablaba en voz alta con su mujer para ejercitar las cuerdas vocales, rezaba varios rosarios al día y hacía gimnasia para no perder la elasticidad. Todo ello siguiendo una estricta rutina, para no enloquecer.

Fernando Sánchez Dragó, que lo tildó de «pararrayos de la solidaridad de toda la sociedad española junto a Miguel Angel Blanco», le preguntó si era cierto que había pensado en «el suicidio». Respondió que «sí», que lo había ensayado con cuerdas de las bolsas de basura y que, de no haber sido liberado, se habría ahorcado a los pocos días. Confiaba tan poco en sobrevivir -de 73 kilos se había quedado en 49-, que cuando irrumpió en el zulo un guardia civil para liberarlo lo confundió con un etarra y le gritó: «Mátame de una puta vez y déjame en paz».

El funcionario, ahora jubilado e integrado en la lista del PP de Burgos en 2003, también admitió no sentir «odio» hacia sus secuestradores -todos ellos en prisión-, debido al «síndrome de Estocolmo». Para cerrar la entrevista, Sánchez Dragó, haciendo gala de su estilo tan personal, le regaló un libro y le abrazó.

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La sustancia que Zouhier entregó a la UCO se destruyó sin analizar

 

30-01-07



La sustancia que Zouhier entregó a la UCO se destruyó sin analizar
A. R.

MADRID.- Desde que ocurrieron los sucesos del 11-M, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que todavía dirige el coronel Félix Hernando, han puesto un gran interés para que las pruebas y documentos relacionados con los atentados lleguen al Juzgado Central de Instrucción número 6 y a la Comisión de Investigación bajo su particular visión.


Cuando Rafá Zouhier estaba en la cárcel de Valdemoro (Madrid), poco después de su detención a finales de marzo de 2004, recibió la visita de un agente de la UCO en compañía de otros. El objeto de la visita, según ha declarado el propio Zouhier, era recordarle al confidente marroquí que hablara lo menos posible sobre sus relaciones y contactos con los agentes de la UCO.

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Después, los guardias civiles pidieron a Zouhier una carta de presentación para visitar a Antonio Toro en prisión. El marroquí accedió a la petición, pero la misiva que llegó hasta Toro tenía tres folios más que no había escrito Zouhier.

El confidente ha denunciado ante el juez Juan del Olmo esa presunta falsificación, pero el magistrado, de momento, no ha hecho nada.

La segunda presunta irregularidad de los miembros de la UCO se produjo en febrero de 2003. Zouhier consiguió una muestra del explosivo que intentaban vender Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras. Esa muestra, según consta en el sumario del 11-M, fue destruida después de ser analizada.

Sin embargo, en un documento firmado por el propio coronel Félix Hernando en septiembre de 2004, se reconoce que «no se efectuó ningún análisis pericial de la misma, únicamente se realizó un estudio visual por persona especialista». Y termina la nota: «Dado su mal estado de conservación y escaso valor identificativo, procediéndose posteriormente a su destrucción».

De esa forma, nunca se ha podido saber si la muestra del explosivo obtenida por Zouhier de Toro y Trashorras era igual a la empleada por los terroristas islamistas en los trenes de la muerte.

Y por último, la UCO, según la versión del comandante Francisco Javier Jambrina, intentó destruir el documento del 6 de marzo de 2003 donde se demostraba que los actos delictivos que estaban llevando a cabo los asturianos -venta de explosivos, compra de armas, eliminación física de un chivato y tráfico de cocaína y hachís- eran de ámbito nacional y no regional.

En total, tres presuntas manipulaciones de pruebas que todavía no han tenido ninguna repercusión judicial para los guardias civiles que intentaron llevarlas a cabo.

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«ETA atentó en la T-4 porque el Gobierno no estaba cumpliendo lo prometido»

 

30-01-07



CRISIS ANTITERRORISTA / La entrevista / ALEC REID / Sacerdote redentorista irlandés

«ETA atentó en la T-4 porque el Gobierno no estaba cumpliendo lo prometido»


JOSÉ MANUEL VIDAL

El religioso redentorista Alec Reid lleva más de 40 años actuando como mediador en distintos conflictos para tratar de lograr la paz. Lo consiguió en Irlanda del Norte y desde hace cuatro años intenta hacer lo mismo en el País Vasco.

Pregunta.- ¿Dónde estaba y qué sintió al enterarse del atentado de ETA en la T-4 de Madrid?

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Respuesta.- Cuando estalló la bomba, acababa de llegar a Bilbao. Me llamó alguien del PSOE y me contó lo que había pasado. Inmediatamente, me acordé del atentado del IRA en 1996 en Irlanda, que también rompió el alto al fuego.

P.- ¿Por qué reaccionó así ETA?

R.- Fundamentalmente, porque el Gobierno español no estaba cumpliendo lo que había prometido. Habían pasado nueve meses desde el alto al fuego y todavía no se había sentado a la mesa de partidos. Eso sí, estaba muy cerca de hacerlo.

P.- ¿En qué se equivocó el Gobierno?

R.- El Ejecutivo cometió el error de no dar pasos. Creo que actuó así por miedo. O porque quizás las medidas que tenía que tomar hubieran comprometido su futuro electoral. Pienso que el Gobierno no quería arriesgar demasiado. También tenía encima mucha presión por las críticas procedentes del PP. Lo que no puede hacer el Gobierno es comprometerse a algo y, luego, no hacerlo. Eso es una locura. El Ejecutivo tiene que aprender de sus errores. En estos nueve meses hubiera debido dar más pasos. Ahora tiene que sentarse otra vez con ETA, hablar y escuchar.

P.- ¿Acertó en algo Zapatero?

R.- Para ser honesto con el Gobierno, creo que también hizo un serio esfuerzo por lograr la solución del conflicto. En estos nueve meses, el PSOE estaba pensando seriamente en cambiar la Ley de Partidos para legalizar a Batasuna.

P.- ¿Está irremediablemente roto el proceso de paz o todavía se puede recomponer la situación?

R.- Debe recomponerse la situación. Hay que hacerlo. La cuestión que origina el conflicto son los derechos de la comunidad vasca en España. Creo que esto sólo se puede solucionar en una mesa de diálogo. No se puede resolver esto en la calle. Lo bueno de la actual situación es que Batasuna tiene un interés real por la mesa de partidos. Y Batasuna es la que puede tener más influencia para restaurar el alto al fuego y la que más interés tiene en que sea así.

P.- Pero, ¿se puede seguir confiando en la palabra de los terroristas después de este atentado?

R.- Si anunciaran un alto al fuego, por supuesto que se podría confiar en su palabra.

P.- ¿Qué pide ETA?

R.- Sus peticiones, fundamentalmente, son: trasladar los presos al País Vasco para que puedan estar cerca de sus familias, tal y como establece la ley europea; que se sienten todos los partidos en la mesa de diálogo, y volver a legalizar a Batasuna como partido. Hace un mes, un amigo me contó que, en una entrevista, un miembro del PSOE había anunciado que posiblemente en febrero los presos iban a ser trasladados cerca de sus casas. Y, como dije ya, la mesa de partidos estaba a punto de constituirse.

P.- ¿Qué pasó, entonces?

R.- Poco después de Navidad, el Gobierno hizo unas declaraciones que molestaron mucho a ETA. Decía que la línea que iba a tomar respecto a la banda iba a ser más dura de la que había tenido el PP en la época del Gobierno de Aznar. Además, Batasuna acusaba al Ejecutivo de que no le pasaba suficiente información sobre el proceso. En el mes de agosto, Batasuna declaró que el Gobierno no estaba cumpliendo sus promesas. Y, en octubre, otra vez. Hace dos o tres semanas, mis propios contactos me decían ya que la situación era muy crítica. Muy parecida a la de 1998, cuando se interrumpió el alto al fuego

P.- ¿Sigue usted ejerciendo de hombre bueno en el conflicto vasco?

R.- Sí. Fui llamado a colaborar por Joseba Segura, un cura muy preparado para trabajar en estas situaciones y muy inteligente, que me pidió que le ayudase en la diócesis de Bilbao a trabajar por la paz.

P.- ¿Zapatero puede volver a sentarse con los terroristas?

R.- Claro. Puede y debe. Lo importante es que se hablen. Lo fundamental es hablar con ellos.

P.- ¿Todos los partidos están buscando sacar tajada electoral de la resolución del conflicto vasco?

R.- Absolutamente todos. Pero está claro que si el PSOE solucionara el conflicto, ganaría las elecciones.

P.- ¿Hay que pagar un precio político por la paz?

R.- No me gusta hablar de precio político, prefiero hablar de sentido común. Para el proceso de paz es importante que Batasuna vuelva a ser un partido legal y, luego, poner en marcha la mesa de partidos.

P.- ¿Cree que los terroristas están realmente decididos a abandonar las armas y la violencia?

R.- Hay que volver a la historia del País Vasco y de ETA. En tiempos de Franco, los vascos se vieron oprimidos y ni siquiera podían utilizar su lengua y conservar sus costumbres. Hay que recordar estas cosas y tenerlas presentes. Se puede decir que, una vez muerto Franco, ETA habría tenido que disolverse. Sin embargo, por la situación política posterior siguieron. Ahora quiere abandonar las armas de verdad. Pero, para eso, quieren una vía alternativa para conseguir sus pretensiones. No pueden renunciar a las armas si no tienen un camino alternativo. Lo que quieren ahora es una mesa de diálogo. Para ETA y su cúpula, no hay nada peor que un alto al fuego interrumpido. ETA ha perdido mucha credibilidad, porque anunció un alto al fuego sin mucha prudencia, arriesgándose demasiado.

P.- ¿Hay margen para la esperanza?

R.- Tenemos que ser pacientes.

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29.1.07

 

Los enviados del Gobierno ni siquiera sabían con qué etarras negociaban

 

29-01-07



CRISIS ANTITERRORISTA / La banda no aseguró que no fuera a romper la tregua, pero los intermediarios lo entendieron así porque mantenía los cauces abiertos / Al último encuentro no acudió el prófugo 'Josu Ternera'

Los enviados del Gobierno ni siquiera sabían con qué etarras negociaban


Tras el último encuentro tuvieron que repasar los ficheros policiales para averiguar la identidad de alguno de sus interlocutores Interpretaron que el mero hecho de que se hubiera celebrado la reunión de diciembre implicaba que ETA estaba dispuesta a mantener su «alto el fuego permanente»

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- ETA cambió a sus interlocutores habituales, al menos, en la última reunión que mantuvo con los intermediarios del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Según las fuentes consultadas, al último encuentro celebrado en diciembre no acudió Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera. Y además, otro de los negociadores presentados por la banda terrorista no fue reconocido por los enviados gubernamentales.

Aun así, los representantes del Ejecutivo consideraron que el encuentro encerraba todas las garantías requeridas y decidieron su continuación. Posteriormente, tuvieron que cotejar fotos y alias con las Fuerzas de Seguridad del Estado para poder concretar la identidad de los interlocutores.

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Ésa fue la reunión de la que los intermediarios gubernamentales -probablemente los socialistas Jesús Eguiguren y Francisco Egea, según una identificación policial, así como el ex fiscal general del Estado, Javier Moscoso- extrajeron la conclusión de que la banda había decidido no romper la tregua, al menos, a corto plazo.

De hecho, el Gobierno, aunque no trabajaba con un horizonte en el que fuera creíble la existencia de atentados, abordaba la situación a corto plazo y únicamente se atrevía a dar garantías por un mes.

Este espacio de tiempo era, efectivamente y, de por sí, excesivamente corto, pero, según las fuentes consultadas, suficiente para intentar convencer a Batasuna de la conveniencia de llegar a un preacuerdo sobre los contenidos y los plazos de la mesa oficial de partidos políticos, y para cerrar con ETA una reunión, ya no preparatoria ni con intermediarios, sino con los representantes oficialmente designados por el Ejecutivo.

El encuentro que, probablemente, se celebró de nuevo en una capital nórdica -el Gobierno ha negado que tuviera lugar en Turquía- se produjo después de que la banda terrorista y la izquierda abertzale advirtiesen de la existencia de una crisis en el proceso iniciado para acabar con el terrorismo. Durante meses, la banda vino avisando de lo que consideraba «incumplimientos» del Ejecutivo.

Como ya había señalado de manera reiterada y prácticamente desde sus comunicados del mes de junio, su prioridad era la creación de una mesa de partidos políticos en la que, como dejó bien claro, no podía llegarse a un acuerdo que conllevase una reedición del Estatuto de Gernika.

Desde el primer momento aclaró que el marco jurídico español debía verse superado y añadió a sus exigencias la ausencia de detenciones, la paralización de los procedimientos judiciales contra la izquierda abertzale y la legalización de Batasuna, tres puntos en los que el Gobierno se había mostrado más que receptivo en las negociaciones previas al alto el fuego.

Esta situación de reproches y exigencias cuajó a mediados del mes de agosto cuando ETA, en un comunicado oficial, avisó de la gravedad de la crisis abierta.

La izquierda abertzale aparentó que quería encontrar una solución y propuso la firma de un pacto previo para la convocatoria oficial de la mesa de partidos, un preacuerdo para cuya negociación, secreta y extraparlamentaria, fue incorporado el PNV.

Ni los compromisos ni la idea del atisbo de acuerdo fueron suficientes para la banda terrorista porque en el Zutabe posterior -el boletín dirigido al pueblo vasco, tal como se ocupó de especificar ETA- incluyó determinadas advertencias a la izquierda radical y, después de cambiar varios plazos, puso como época definitiva para cumplir con sus condiciones la de finales de otoño.

A pesar de las amenazas, el Ejecutivo creyó contar con datos que indicaban que ese ultimátum de ETA estaba más dirigido a presionar y a escenificar una situación de dureza ante sus bases, que a indicar la fecha aproximada de un atentado con víctimas mortales. Aun así, se consideró oportuna la concertación de un encuentro para asegurar la continuación del proceso de paz.

En aquella reunión, los etarras no garantizaron expresamente a los enviados del Gobierno que no fueran a romper la tregua, pero aseguraron que mantenían los canales abiertos y dieron a entender con ello que, por el momento, no tenían de qué preocuparse.

Esta confirmación de que las vías de comunicación permanecían abiertas fue suficiente para que el Gobierno se diera por satisfecho. La impresión optimista se vio reforzada por el hecho de que la banda terrorista siempre ha adelantado a sus interlocutores mediante un comunicado y, previamente, de manera privada, su intención de romper las treguas que ha iniciado.

En la citada reunión, al parecer, no hubo asomo de advertencia en este sentido y el Ejecutivo extrajo la conclusión de que el plazo de finales de otoño estaba superado.

Sin embargo, poco después quedaría claro que ETA, saltándose sus propias normas, había decidido inaugurar el sistema de las treguas para negociar compatibles con atentados y que, desde este punto de vista, tampoco tenía por qué advertir a sus interlocutores.

Eguiguren, en cualquier caso, no supo en aquellos momentos con quién había estado negociando. Respecto al alcance de la ausencia de Josu Ternera, hay varias lecturas.

Las Fuerzas de Seguridad venían advirtiendo incluso desde antes del verano que este terrorista en el que el Gobierno basaba la fiabilidad del proceso, había recibido la advertencia de los más radicales sobre la necesidad de verificar la intención del Gobierno de dar pasos en el proceso.

Después se constató que había quedado mermada su autoridad. Sin embargo, los expertos sostienen que Ternera asumió la decisión de atentar por consenso como el resto y que, probablemente, no acudió a la cita por dos razones intimamente conectadas entre sí: la primera, porque quería preservar su eventual papel futuro de negociador y la segunda, porque ya sabía lo que se estaba preparando en diciembre, en Madrid, a pocos días del encuentro.

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LAS CHAPUZAS DE LA NEGOCIACION Y LA FALTA DE AUTOCRITICA

 

29-01-07



Editorial

LAS CHAPUZAS DE LA NEGOCIACION Y LA FALTA DE AUTOCRITICA


El presidente Zapatero debe todavía a los españoles una explicación sobre el gigantesco fallo de información que le llevó a trasladar un mensaje de optimismo sólo 24 horas antes del atentado de la T-4. A pesar de que el Gobierno ha intentado desviar la atención hacia otros debates, como el de la unidad de los partidos, es evidente que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué fue lo que falló y qué medidas se están tomando para evitar que una cosa así pueda volver a suceder. A falta de estas aclaraciones oficiales, los datos que han trascendido acerca de los contactos del Gobierno con la banda terrorista abonan la tesis de que Zapatero -que pilotó el proceso en primera persona- ha actuado con ingenuidad y exceso de confianza.

Tanto los comunicados de ETA como las informaciones que viene publicando Gara, el periódico próximo a la banda, permiten deducir que los terroristas pudieron llegar a creer -porque lo dedujeron de las conversaciones con los enviados de Zapatero- que el presidente del Gobierno iba a relajar la presión policial, a paralizar los procesos judiciales y a conceder la autodeterminación y la adhesión de Navarra. De ahí que la banda asegure que el Gobierno no ha cumplido sus «compromisos».

La información que hoy aporta EL MUNDO demuestra que, además de producirse estos malentendidos, el proceso de conversaciones con la banda tuvo mucho de chapuza. ETA cambió de interlocutores en la última reunión que mantuvo con la delegación de Zapatero, a la que no acudió Josu Ternera. Los enviados del Gobierno ni siquiera pudieron reconocer a algunos de los terroristas que se sentaron a la mesa, lo cual ciertamente es increíble tratándose de un diálogo de tanta trascendencia. Posteriormente al encuentro, los representantes del Gobierno recurrieron a la Policía para descubrir la identidad de sus interlocutores. Aun así, la delegación -compuesta por los socialistas Jesús Eguiguren, Francisco Egea y el ex fiscal general Javier Moscoso, según fuentes policiales- creyó que ETA no atentaría porque la banda se comprometió a mantener los canales abiertos.

A la vista está que se equivocaron, aunque nadie quiera asumir la responsabilidad. Es verdad que Zapatero pidió disculpas por el error, pero no explicó cuáles habían sido las causas de su equivocación. Una de ellas bien podría tener que ver con las personas que designó para negociar con ETA, que se han comportado como amateurs. Eguiguren, con Patxi López en la retaguardia, es el representante del sector del PSE más proclive al nacionalismo y Javier Moscoso hace mucho tiempo que está apartado de la política.

Como tampoco los socialistas vascos admiten haber cometido ningún error, a pesar de las evidencias. Patxi López, en una entrevista que publicamos hoy, asegura: «Ni el Gobierno ni quienes nos hemos implicado en este proceso nos hemos equivocado ni hemos cometido errores». La negación de la realidad que ven los ciudadanos es el peor camino de los posibles en democracia.

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Un documento prueba que el coronel Hernando no dijo la verdad a la Comisión del 11-M

 

29-01-07



Un documento prueba que el coronel Hernando no dijo la verdad a la Comisión del 11-M


La UCO controló la trama de explosivos después de que cediera la investigación a la Guardia Civil de Asturias

ANTONIO RUBIO

MADRID.- Félix Hernando, coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cometió falso testimonio en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11-M del Congreso. Hernando omitió el 20 de julio de 2004 que su Unidad había elaborado el 6 de marzo de 2003 un documento donde ya se informaba detalladamente sobre las personas que estaban llevando a cabo tráfico de explosivos, armas y drogas.


El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) está datado el 06-03-03, con la Clave: «MAL COM 016», la Referencia «TK» y el destinatario es la «Comandancia de Oviedo». Y en el apartado «ASUNTO» figura: «Ampliación de información sobre depósitos de explosivos». Efectivamente, la información que se recoge en el documento oficial explica la llegada a Madrid, desde Asturias, de Antonio Toro y un tal Emilio con el fin de vender una importante cantidad de Goma2, comprar una pistola y dos fusiles de la marca rusa Kalasnikov, adquirir una importante cantidad de hachís y encargar la «eliminación» de una persona.

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El documento de la UCO, del que no tuvo conocimiento la Comisión de Investigación del 11-M, refleja paso por paso los movimientos de los asturianos un año antes de los atentados: «El pasado día 6 del presente mes (sic), Antonio Toro y Emilio (hermano de la novia de Antonio) llegaron a Madrid a bordo de un vehículo monovolumen de alquiler de la casa Hertz». En Madrid, el seguimiento de los vendedores de explosivos también fue exhaustivo: «Una vez en la capital se trasladaron hasta la casa de alquiler de vehículos del aeropuerto de Barajas en donde cambiaron el vehículo por otro monovolumen Renault de color verde, matrícula 2720BXW».

En esas fechas los agentes de la UCO todavía no tienen claro que Emilio Suárez Trashorras es el que ejerce de novio de la hermana de Toro y no al revés.

Sin embargo, los miembros de la Unidad Central Operativa no pierden el rastro de Antonio Toro y su acompañante desde que llegan a Madrid e informan: «En este viaje intentan contactos con diversas personas a fin de obtener lo siguiente». Y los subordinados del coronel Félix Hernando detallan todas las cuestiones: «En relación con la Goma2, están intentando conseguir algún comprador».

El siguiente movimiento de Toro y Suárez Trashorras -en aquella fecha la UCO todavía no tenía centrado e identificado al cuñado de Toro-- consiste en: «Quieren adquirir un arma corta con silenciador y dos Kalasnikov. En relación con estas últimas hacen referencia a que sean iguales a las que utilizaron dos búlgaros que hace unos días mataron a dos individuos en Madrid».

Efectivamente, el 26 de febrero de 2003 fueron asesinados en Madrid dos individuos búlgaros que se dedicaban al robo de vehículos. Fueron tiroteados con un fusil de asalto del calibre 762.

Según el informe de la UCO, Toro es el que lleva toda la iniciativa en las operaciones: «Antonio Toro comenta que en el transcurso de la semana pasada la Policía, sin especificar Cuerpo, le registró sus locales». El asturiano cree saber quién fue la persona que lo delató: «Antonio está convencido de que una persona que él conoce es el chivato de la Policía por lo que quiere eliminarlo, para lo que está intentando buscar a algún ciudadano marroquí o de algún país del Este que pueda hacer este trabajo».

En noviembre de 2004 el confidente marroquí Rafá Zouhier, que avisó en varias ocasiones a la UCO de que Toro y Suárez estaban traficando con explosivos, reveló a EL MUNDO que Carmen Toro y su marido, Emilio Suárez Trashorras, le encargaron que buscara a una persona para que eliminara a Francisco Javier Villazón Lavandera.

El matrimonio estaba convencido de que Lavandera fue el causante del registro del domicilio y garaje de Antonio Toro, donde la Policía encontró 84 kilos de hachís, tres de cocaína, 16 cartuchos de Goma2 y detonadores.

Cuando el coronel Hernando compareció en la Comisión de Investigación del 11-M aclaró que el tráfico de explosivos que habían investigado «era de ámbito local, reducido a la Comunidad Autónoma de Asturias». El jefe de la Guardia Civil argumentó que por ese motivo remitió sus informaciones «al coronel jefe de la zona de Asturias para que continuara con las investigaciones». Y sentenció que «la competencia en la continuidad de la investigación es de la zona de Asturias y no de la UCO».

Félix Hernando, además, dijo que el 27 de febrero de 2003 «le doy todos los datos -en referencia al jefe de la zona de Asturias- que hasta ahora hemos podido conseguir: los iniciales que nos dice Rafá Zouhier, las investigaciones y los datos que nosotros hemos concluido después de que este equipo de vigilancia se desplazara a la zona, la muestra del explosivo, etcétera...». El coronel concluye su exposición sobre este punto diciendo: «Y cerramos el documento».

El coronel Hernando no descubre en ningún momento ante la Comisión del 11-M que hay un informe posterior al que él realiza el 27 de febrero de 2003, donde se explica que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras se movían con total impunidad por Madrid y que llegaron hasta la provincia de Cádiz. Es decir, que las fechorías que llevaban a cabo los asturianos eran de ámbito nacional y no comunitario o provincial.

El documento de la UCO del 6 de Marzo de 2003 también aclara que «el mismo día que estuvieron aquí -en referencia a Toro y Suárez- se desplazaron hasta Cádiz en el monovolumen Renault Megane con el objeto de formalizar una compra de hachís bastante importante».

El siguiente punto del que informa la UCO en su documento es de extrema importancia y vuelve a tocar el tema de la venta de explosivos por parte de Toro y Suárez Trashorras: «En fechas próximas, es posible que a lo largo de esta semana, pretenden ponerse en contacto con un súbdito de Uruguay, cuyo único dato conocido sobre éste es que es identificado como MARTIN, que está interesado en la compra del explosivo y que lo pagaría con cocaína».

Los subordinados del coronel Hernando también aclaran en su informe que el tal Martín de Uruguay «está interesado en vender armas a Antonio». Y hacen la siguiente observación: «Se están realizando gestiones para averiguar la identidad del chivato y de Martín».

Informaciones posteriores, que se remontan al 16 de Marzo de 2003, aclaran quién es y a qué se dedica el tal Martín de Uruguay: «La fuente facilita los siguientes datos: MARTIN R... O... Domicilio: Paseo ... Fuenlabrada (Madrid). Vehículos: Posee dos Volkswagen Golf». Ese informe de la UCO está encabezado con la referencia «Ampliación de información sobre tráfico de armas» y hace mención a que existen dos confidentes policiales que han confirmado el tema y califican la información de nivel «A-1». Ésa es la valoración más alta que se da a una fuente en información.

Esa misma información sobre Martín R... O... también está complementada con otra serie de datos que aporta el GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) de la Guardia Civil y que en el documento se indica que «se adjunta» y se suma a una serie de «datos de tráfico».

Es decir, el uruguayo que vivía en Madrid y se dedicaba al tráfico de armas y que pretendía adquirir explosivos estaba perfectamente identificado por la UCO.

El coronel Félix Hernando reiteró en varias ocasiones durante su comparecencia que «después de remitir este informe -se refiere al del 27 de febrero de 2003- y dejar la puerta abierta para algún dato que posteriormente pudiera dar el informador, ya no hicimos nada porque no nos compete; compete a la comandancia de Asturias». Del otro informe, el del 6 de Marzo de 2003, Hernando no reveló ningún detalle y lo ocultó a sus señorías.

Además, el jefe de la UCO se dedicó durante toda su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11-M a tirar balones fuera y en un momento determinado explicó a sus señorías que «no es mi competencia el control y la vigilancia de los explosivos...Mi especialidad es exclusivamente la investigación».

Hernando asumió, a la pregunta de «¿fallaron las alarmas?» del diputado Jané i Guasch, de Convergencia i Unió, que «indudablemente, fallaron los controles o los seguimientos, etcétera».

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Hernando mintió en la Comisión del 11-M

 

29-01-07



Impresiones

Hernando mintió en la Comisión del 11-M


Aunque hace mucho tiempo que la credibilidad de Félix Hernando, coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es nula, EL MUNDO aporta hoy todos los datos de un informe oficial que demuestran, sin margen de duda, que mintió y ocultó información en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11-M del Congreso. El informe, elaborado en marzo de 2003 -un año antes de los atentados de Madrid-, recogía información sobre quiénes estaban llevando a cabo un importante tráfico de explosivos, armas y drogas en todo el territorio español. De forma detallada, dejaba constancia de la llegada a Madrid, procedentes de Asturias, de Antonio Toro y «un tal Emilio» -Suárez Trashorras- con el fin de vender una importante cantidad de Goma2, comprar una pistola y dos fusiles Kalasnikov y encargar «la eliminación» de una persona. En la capital, fueron seguidos de forma exhaustiva por los subordinados de Hernando, que siguieron sus pasos hasta Cádiz, donde se desplazaron posteriormente. Pese a estos hechos, en su comparecencia, Hernando sostuvo que su departamento sólo había investigado en 2003 una red de tráfico de explosivos «de ámbito local, reducida a Asturias», por lo que había remitido sus pesquisas al coronel jefe de esta comunidad, escudándose -sin razón- en que las investigaciones no eran competencia de la UCO. Ante la gravedad de este falso testimonio, cabe esperar su inmediata destitución, al margen de que los tribunales determinen si ha incurrido en responsabilidad penal, como todo parece indicar.

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«Goyo les sigue fastidiando, hasta muerto»

 

29-01-07



CRISIS ANTITERRORISTA / Los ataques de los radicales

«Goyo les sigue fastidiando, hasta muerto»


Consuelo, hermana de Gregorio Ordóñez, dice que se personará en la causa por la profanación de su tumba
O. TORRES

VITORIA. - La hermana de Gregorio Ordóñez lamentó ayer el ataque que, protagonizado por un grupo de menores de edad que fueron detenidos, sufrió la tumba del concejal del PP asesinado hace 12 años por ETA. «Es triste pensar hay tanto odio en estas personas, que con 14 ó 15 años deberían estar pensando en otras cosas. Pero si no conocieron a mi hermano, si tendrían tres años cuando lo mataron», explicó a EL MUNDO Consuelo Ordóñez.

Como ya sucedió cuando un grupo de encapuchados atacó su casa con cócteles molotov, la hermana del político asesinado asegura querer «positivizar» lo ocurrido.
(.../...)

«Goyo les sigue fastidiando, hasta muerto, esto demuestra que dejó poso y yo me siento muy orgullosa. Ahora, también me pregunto cuánto habrá de perverso en la mentalidad de los que rodean a jóvenes como éstos, en la familia, los amigos, el colegio...», subrayó. La Fiscalía de Menores decretó, tras su detención, que los detenidos fueran puestos bajo la custodia de sus padres hasta el momento de ser citados judicialmente.

La familia de Gregorio Ordóñez está especialmente satisfecha por la detención y la identificación de los causantes de los destrozos, que afectaron, sobre todo, a los adornos florales colocados con motivo del duodécimo aniversario del asesinato y la celebración de un acto de homenaje en el que estuvo presente el ex presidente del Gobierno José María Aznar.

«Yo me alegro mucho de que les hayan detenido y ya sé que son menores. Pero nos personaremos en las diligencias, que llevará la Audiencia Nacional, me imagino, por un delito de terrorismo. Ahora tendrán sus inconvenientes, tendrán juicio, tendrán que declarar, estarán fichados. Estoy contenta de que les hayan detenido. Es la primera vez», señaló Consuelo Ordóñez.

Han pasado 12 años desde que el etarra Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, descerrajara un tiro en la nuca de Gregorio Ordóñez, un crimen por el que fue condenado en diciembre a 30 años de cárcel.

Desde entonces, «en cuatro o cinco ocasiones», los dos lugares del cementerio de Polloe en los que han descansado los restos de su hermano, han sido escenario de actos violentos.

«Una vez, nos hicieron unos destrozos bastante grandes en el panteón, rompieron el mármol y todo. De esto hace algunos años. Luego, nos han hecho pintadas, rompieron algunos jarrones», explicó.

Consuelo Ordóñez agradeció la actuación de la Ertzaintza, que se puso en contacto de inmediato con la familia para dar cuenta de los hechos, y el gesto del portavoz del PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián, Xabier Ezeizabarrena, que hizo pública una nota en la que calificó de «brutal y miserable» el ataque y anunció que su partido repondría los adornos dañados.

La Fundación Gregorio Ordóñez, por su parte, pidió a las instituciones que «desmantelen el fanatismo terrorista presente entre los jóvenes» y demandó firmeza para que estos hechos «no queden impunes». Tras considerar que el ataque, protagonizado por «una vil chusma», fue «inducido por terroristas», agradeció al PNV su solidaridad y deseó que ésta se corresponda «con el compromiso de los nacionalistas para derrotar al terrorismo».

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Reflexiones sobre el 'caso De Juana'

 

29-01-07



A FONDO

Reflexiones sobre el 'caso De Juana'


CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

A pesar de que el Gobierno no ha cedido explícitamente a las exigencias políticas de ETA («compromisos» ya aceptados previamente, según Gara), los terroristas han logrado un éxito sin precedentes que, probablemente, ni siquiera ellos mismos esperaban.

No sólo han logrado romper el sólido bloque que constituían el PSOE y el PP en la defensa de los principios básicos del Estado de Derecho, sino que, paso a paso, y como consecuencia lógica de la estrategia del «final dialogado de la violencia», han conseguido blanquear su imagen dotándola de un rostro, digamos, más humano. Esa transmutación lleva a algunos políticos a comprender no sólo una parte de sus reivindicaciones, sino, lo que es aún más terrible, sus métodos.

(.../...)

La interiorización del discurso de que el objetivo de la paz está por encima de los medios que se utilicen para alcanzarla está presente en las actitudes condescendientes que ha despertado en los nacionalistas y en las filas del PSOE la huelga de hambre de Ignacio De Juana Chaos.

Los mismos que cerraron los ojos a los 28 asesinatos de los GAL, los mismos que quisieron cubrir con cal viva las huellas de una política de asesinatos selectivos que, en el fondo, comparte la misma filosofía (el fin justifica los medios), lagrimean ahora ante la pérdida de peso de un preso que, a diferencia de sus 25 víctimas mortales, cuenta con todas las garantías que ofrece el Estado de Derecho a todos los ciudadanos, sean o no de ETA.

Deseo que De Juana no muera y espero que el Tribunal Supremo, que debe resolver próximamente sobre su recurso, actúe con la máxima ecuanimidad, sin dejarse influenciar por las presiones políticas y ambientales.

Pero, una vez dicho esto, comparto absolutamente la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La salida de prisión de De Juana hubiera sido ceder a su chantaje, con todas las implicaciones que ello hubiera supuesto.

El daño que se ha infligido esta semana a la Justicia no ha provenido de las descalificaciones hechas al auto de la Audiencia por parte de Batasuna, cuya postura ha explicitado el editorial de Gara titulado «Venganza», sino de la respuesta brutal que se ha dado desde el mundo nacionalista y por parte de destacados miembros del PSOE (naturalmente jaleados por sus voceros mediáticos). Tanto los planteamientos de Iñaki Anasagasti como los de Patxi López, de una forma más matizada, asumen la envenenada tesis de que la decisión de los jueces ha sido fruto de la presión del PP. En fin, que, en el fondo, la decisión adoptada por la Audiencia Nacional lo que intenta es poner trabas al «proceso de paz».

La irresponsabilidad en las declaraciones ha ido subiendo de tono hasta alcanzar el sábado su punto culminante con la declaración institucional del Gobierno vasco en la que se acusa abiertamente a los jueces de «desbordar» el Estado de Derecho y se hace un duro alegato contra la Ley de Partidos.

La inaudita confluencia argumental entre el nacionalismo y una parte destacada del socialismo a la hora de socabar la independencia de los jueces oculta diferentes objetivos.

El nacionalismo levanta la bandera de la equidistancia, que iguala a los asesinos y a sus víctimas, para mostrarse como única vía pacífica para obtener la independencia. Está de acuerdo con los objetivos de los que matan, pero rechaza sus métodos. Siente lástima por los que mueren, pero repudia que no compartan el ideario nacionalista. ¿Hay acaso mejor ejemplo de esa igualación entre verdugos y asesinados que el homenaje propuesto por el Ayuntamiento de Arrigorriaga (controlado por el PNV) para recordar en un único acto al etarra Argala y a un taxista y un policía nacional asesinados por ETA?

Esa burla, sin embargo, no erosiona al Estado de Derecho tanto como la maniobra de rectificación que se está haciendo por parte del Gobierno de una política de unidad frente a ETA que tuvo como colofón el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

No se trata, en absoluto, de sacralizar un papelito, como dijo María Teresa Fernández de la Vega, sino de validar o no una apuesta política de gran calado que tenía como objetivo la derrota de ETA sobre la base del respeto a la legalidad.

En esa recomposición de la política llevada a cabo de forma consensuada en la Historia reciente y que ha dado excelentes resultados en la debilitación de ETA y su entorno, cobra especial importancia el auto emitido por Baltasar Garzón el pasado viernes en el que rechaza imputar a Arnaldo Otegi un delito de desobediencia por haber hecho una rueda de prensa presentándose como representante de Batasuna tras el atentado de la T-4 que costó la vida a dos personas.

A pesar de que Otegi dijo hablar en nombre de Batasuna en ese acto al menos en siete ocasiones, Garzón, con el respaldo del fiscal, Carlos Bautista, sostiene que actuó como represetante de la izquierda abertzale, un «movimiento más amplio» que la organización cuyas actividades suspendió él mismo.

Releer ahora su auto del 26 de agosto de 2002 debe producirle sonrojo. En él, el juez de la Audiencia Nacional decía: «HB-EH-Batasuna se encuentra integrada en el grupo terrorista dirigido por ETA, habiendo sido creada para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz».

Ese mismo juez que distingue sutilmente entre Batasuna y la izquierda abertzale, advirtió en el auto de procesamiento de 36 dirigentes de Batasuna dictado el 25 de enero de 2005 (¡hace tan sólo dos años!): «ETA busca encubrir... las circulaciones financieras entre las organizaciones de la Izquierda Abertzale (IA), de modo que permanezca oculta la dependencia orgánica y funcional de todas ellas de ETA».

Otegi, que no sólo se presenta públicamente como portavoz de la ilegalizada Batasuna, sino que asiste a reuniones políticas con Ibarretxe, con Patxi López o con Jesús Iguiguren, representando a dicha organización, que aún no ha condenado ni un sólo asesinato de ETA, tiene patente de corso porque es el hilo al que se aferra Rodríguez Zapatero para mantener abierta la esperanza de reanudar la negociación con la banda, a pesar de todo.

La actitud respecto a De Juana Chaos (un hombre que, según el presidente, «está en el proceso») tiene que ver no con un repentino impulso humanitario sino con el mantenimiento de la viabilidad de la negociación con ETA. Su vida se ha convertido en importante porque Batasuna y ETA han hecho de ella una prueba para que el Gobierno demuestre su capacidad para controlar la Justicia.

Afortunadamente, los jueces, la mayoría de los jueces, no están dispuestos a modificar sus criterios, es decir, a torcer la ley, porque el Gobierno esté empeñado en un proceso negociador con una banda terrorista.

La ofensiva sin precedentes contra la Justicia que se ha producido en los últimos días tiene que llevar a la reflexión a los dos grandes partidos. Es la pervivencia del Estado de Derecho lo que está en juego.

Las fuentes de la lucha antiterrorista advierten de que ETA puede estar planteándose la ruptura de su alto el fuego. La situación de De Juana puede ser la excusa perfecta. Si eso ocurre, el PSOE y el PP tendrán que volver a caminar juntos. Es la demanda de la mayoría.

casimiro.g.abadillo@el-mundo.es

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Zouhier pregunta al jefe de la Guardia Civil

 

29-01-07



Zouhier pregunta al jefe de la Guardia Civil


El marroquí Rafá Zouhier, que durante más de dos años trabajó para la UCO y dio la alarma sobre el tráfico de explosivos que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras habían montado desde Asturias a Madrid, ha enviado una carta a EL MUNDO donde plantea y hace una serie de preguntas al coronel de la Guardia Civil.

Zouhier recuerda al jefe de la UCO su actuación ante la Comisión del 11-M: «Sr Hernado Martín llegó a decirme chivato en la Comisión... pero yo como chivato he cumplido con mi misión en darte la información que sabía para salvar a los 192 españoles de la muerte...pasaré mis últimos 40 años con la conciencia muy tranquila y dormiré por las noches...».
(.../...)

El confidente de la UCO también lanza una serie de preguntas a Felix Hernando: «¿Por qué no detuvo a los traidores asturianos que ofrecían explosivos en Madrid antes y no después del 11-M?».

Y Zouhier concluye: «No engañe al Cuerpo que representa, tampoco a su pueblo, que juró defender... porque usted vivirá toda su vida con el peso de 192 almas españolas que te juzgarán arriba».

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28.1.07

 

CARTA DEL DIRECTOR Doce hombres con piedad PEDRO J. RAMIREZ

 

28-01-07



CARTA DEL DIRECTOR

Doce hombres con piedad

PEDRO J. RAMIREZ

Desde que Platón la planteara en La República, la pregunta clave de todo sistema de gobierno es quién vigila a los vigilantes, quién controla a quienes nos controlan, quién nos guarda de nuestros guardianes, quién nos protege de nuestros protectores. En el latín de las Sátiras de Juvenal todavía suena mejor: Quis custodiet ipsos custodes?

La respuesta, en boca de Sócrates, no puede dejar de producir zozobra en cualquier sincero demócrata: sólo los propios «ángeles» custodios nos custodiarán frente a sí mismos, pues ellos constituyen la «clase» que ejerce el poder. A tales efectos el resto de los ciudadanos debe fomentar la «noble mentira» de que quienes desempeñan esos cargos públicos o magistraturas son mejores que los demás, estimulando así su sentido de la responsabilidad y su rectitud en el cumplimiento del deber.
(.../...)


Frente a esta concepción del gobierno aristocrático que inevitablemente degenera -en el momento en que la «noble mentira» se convierte en verdad oficial- bien en la monarquía de derecho divino, bien en la dictadura, el racionalismo impone el principio constitucional de la separación de poderes. Los famosos checks and balances que teóricamente garantizan el control parlamentario de los actos del Ejecutivo -alcantarillas y bajos fondos incluidos- y la independencia del poder judicial.

Pero digo teóricamente porque la práctica política en la era de los medios de comunicación de masas ha neutralizado buena parte de esos mecanismos de equilibrio y contrapeso al servicio de lo que Arthur Schlesinger bautizó como «la presidencia imperial». Incluso en los sistemas parlamentarios -y España es un típico ejemplo- en los que no se elige directamente al primer mandatario, la fuerza determinante del liderazgo gubernamental es tal que todos los partidos quedan estructurados desde arriba, mientras la ley electoral convierte a los diputados en meros peones de brega de unos aparatos -esta es la palabra definitiva- integrados por dóciles funcionarios que defienden su puesto de trabajo. En cuanto al poder judicial, los mecanismos para fomentar su sintonía con el poder ejecutivo terminan constituyendo la clave del arco que sustenta el conjunto de la bóveda de la partitocracia y la nefasta reforma de su Ley Orgánica, promovida en 1985 por Alfonso Guerra invocando la muerte de Montesquieu, supuso en nuestro caso el golpe de gracia a todo idealismo democrático.

Este final de la inocencia nos devuelve paradójicamente al punto de partida de Platón y Sócrates: tal es la elasticidad de las leyes que, al cabo del día, su recta aplicación, es decir la primacía del genuino interés público por encima de la conveniencia de partido o la propia razón de Estado, depende de la integridad moral y de la conciencia individual de quienes desempeñan sus funciones en un departamento ministerial, una comisaría de policía o un tribunal de Justicia. Y es la suma de todas esas decisiones jurisdiccionales la que, en definitiva, determina el grado de salud o enfermedad de una sociedad como la nuestra.

¿Pero cuáles son los baremos para medir si estamos sanos o infectados? El hecho de que, por fortuna, cada vez haya más ciudadanos con la formación e información necesarias para considerarse capaces de mantener un criterio autorizado sobre casi cualquier asunto potencia extraordinariamente el valor del sentido común -lo que los británicos llaman el conventional wisdom- y convierte de forma casi automática en sospechosas aquellas conductas de los servidores del Estado que o bien se hurtan al escrutinio público o bien resultan difíciles de explicar y entender en términos coloquiales.

Un ejemplo palmario lo hemos tenido en la instrucción del sumario del 11-M. Durante meses y meses hemos estado preguntando en vano al Gobierno dónde estaban y qué decían los análisis realizados el mismo día de la masacre a partir de los restos de los explosivos colocados en los focos de los trenes. Hemos tenido que averiguarlo nosotros mismos, horadando el túnel de la opacidad hasta llegar a la pieza separada donde el juez Del Olmo tenía escondida la inaudita declaración del comisario Sánchez Manzano. Resulta que, según su propia versión, este alto mando policial en quien recayó la recogida, custodia e investigación de esos restos se comportó como el perro del hortelano del complejo de Canillas: ni hizo ningún análisis con valor pericial porque no tenía medios para ello, ni los dejó hacer a la instancia correspondiente -la Policía Científica- sencillamente porque no le remitió las muestras.

El rictus de estupor que el conocimiento de todo esto suscita en el rostro del ciudadano medio ha quedado corroborado por la decisión del tribunal de encargar ahora esos análisis, cuando al cabo de tres años parte de los elementos químicos han podido volatilizarse y sus mecanismos de custodia -dependientes del propio Sánchez Manzano y del procesado Santano- no ofrecen ninguna garantía de fiabilidad. Pero lo inaudito de verdad es que ni el ex jefe de los Tedax ni el propio juez Del Olmo tengan sendos expedientes abiertos por lo que como mínimo son flagrantes ejemplos de negligencia profesional.

En el caso del instructor estos pecados por omisión -ni siquiera le preguntó al policía por qué incumplió los más elementales protocolos del cuerpo- se agregan además a su sádico ensañamiento con los policías a los que encarceló e impuso fianzas astronómicas por hablar con EL MUNDO, aun a sabiendas de la levedad del imaginario delito y de que no era competente para ello. Sólo el altruismo de un ciudadano tan ejemplar como anónimo permitió que sus víctimas pasaran la Nochebuena en familia, pero nada indica que el juez vaya a tener que responder de su patente abuso de autoridad. Y tres cuartos de lo mismo puede decirse de Garzón en relación con la imputación de los peritos que relacionaron a ETA con el 11-M: tres instancias judiciales diferentes -la Audiencia Nacional, la juez natural de plaza de Castilla y la Audiencia Provincial de Madrid- le han desautorizado expresamente y la tercera de ellas ha llegado a decir por escrito que su conducta fue «incomprensible».

Sobre todo después de verle desdoblarse en solícito entrevistador del presidente del Gobierno, augurando que tal vez su futuro esté en el talk show, somos ya multitud los que comprendemos mucho mejor por qué Garzón -conchabado con el fiscal Zaragoza y muy probablemente con el Ministerio del Interior- hizo lo que hizo que por qué no le va a ocurrir nada por hacerlo. Y es que al corporativismo de los jueces le llaman en el CGPJ «respeto a la función jurisdiccional».

Pues bien, el que haya tenido lugar en un contexto tan viciado como éste hace doblemente valiosa la reacción moral de esa docena de magistrados de la Audiencia Nacional que el jueves abortaron la bochornosa pretensión de la Fiscalía de ceder ante el chantaje de un terrorista sanguinario que, enarbolando una vez más su desafiante puño en alto desde la cama del hospital, ya esbozaba la «carcajada» anunciada hace nueve años cuando dejó constancia escrita de la satisfacción que le producía contemplar las lágrimas de unos pobres huérfanos.

El procedimiento seguido podrá no ser muy habitual, pero la iniciativa del juez Alfonso Guevara, recabando las firmas de sus compañeros para abocar la decisión sobre De Juana al pleno de la Sala de lo Penal, implica un compromiso ético con su función como magistrado que no quiero dejar de destacar en esta página, en la medida en que en mi caso sirve, además, para disipar las prevenciones y recelos fruto de un antiguo encontronazo cuyo recuerdo se remonta ya casi 23 años -¡cómo va pasando la vida, Su Señoría!- en la noche de los tiempos.

Cabe alegar que lo estrictamente correcto tal vez hubiera sido dejar que los tres miembros de la Sección Primera que estaban lamentablemente dispuestos a excarcelar al etarra hubieran adoptado la resolución sobre la que ya habían empezado a deliberar, que la AVT hubiera interpuesto a continuación un recurso con carácter suspensivo y que entonces se hubiera pronunciado el pleno. Pero por un camino distinto se habría llegado a la misma Roma porque lo esencial es que las tres cuartas partes de los jueces que participaron en la decisión tenían fijado el criterio de atornillarse en la defensa del Estado de Derecho.

Puesto que la ortodoxia de su decisión en términos técnicos está fuera de toda cuestión -ningún reo debe poder influir en los actos de los tribunales por otra vía que no sean los recursos tasados por la ley- yo quiero reivindicar también su humanidad. Cualquiera que haya podido escuchar estos días la voz serenamente dolorida de Teresa Jiménez Becerril tendrá que admitir que lo verdaderamente inhumano no habría sido dejar en manos de los médicos la suerte de quien, después de haber asesinado a tantos, se empeña en asesinarse ahora a sí mismo, sino permitir obtener a tal individuo una siniestra victoria final a costa de la memoria de sus víctimas.

Sí, ya sé que De Juana está ahora en prisión por un motivo más incruento. Pero, si nos aferramos al principio de legalidad, no sería de recibo amortizar a beneficio de inventario que nuestra sociedad ha aceptado sin pestañear que cada asesinato haya podido salirle por poco más de nueve meses de cárcel y rasgarse a la vez las vestiduras porque sus amenazas terroristas por escrito le hayan hecho acreedor a una nueva condena a 12 años. Y si damos el salto al plano de los sentimientos, entonces es imposible compartimentar el dolor y ansia de justicia de sus víctimas, pues sólo un rotundo acto de contrición -que en el caso de este miserable ha brillado por su ausencia- podría permitir alegar que el nada sutil amenazador de hace unos meses era ya una persona distinta al contumaz asesino de hace dos décadas.

Los honorables magistrados que han asumido con coraje y decencia su responsabilidad son, en realidad, el reverso de aquellos Doce hombres sin piedad del jurado que encabezaba Henry Fonda en la gran película de Sydney Lumet. En primer lugar porque no han abandonado a su suerte a De Juana Chaos, sino que han instado al hospital a que mantenga y, si es necesario, intensifique su régimen de alimentación intravenosa (si la cuestión esencial es el deterioro de su estado de salud, ¿dónde va a estar mejor un enfermo sino en un centro sanitario de primera y rodeado de médicos?). Y, en segundo lugar, porque han sabido orientar esa compasión, esa piedad, ese impulso generoso y solidario que debe impregnar la conducta de todo servidor público hacia quienes más lo merecen y necesitan: las personas que siguen sufriendo las secuelas de unos ataques terroristas contra los que un Estado vulnerable e insuficiente no fue capaz de protegerlas con eficacia.

Es cierto que su decisión coincide con la martilleante insistencia de ETA en acusar al Gobierno del incumplimiento de los supuestos compromisos adquiridos durante el alto el fuego -cosa que Zapatero niega en público y en privado- y que todo ello no augura nada bueno. Podemos estar, como macabramente ha insinuado Askatasuna, «en el tiempo de descuento» que preceda a una nueva escalada de atentados, asesinatos y secuestros pero siempre será mejor afrontar todos estos riesgos que ver deslizarse nuestra dignidad nacional por el tobogán de la condescendencia con la coacción, hacia el que nos empujaba esta semana un fiscal general más zapaterista que Zapatero.

Ante este eventual escenario el presidente debe redoblar sus esfuerzos para recomponer el Pacto Antiterrorista con el PP, potenciar al máximo la capacidad de respuesta policial y -aunque no sea santa de su especial devoción- recordar la forma en que reaccionó Margaret Thatcher cuando tras los fallecimientos de Bobby Sands y nueve presos más, a resultas de su huelga de hambre, el IRA lanzó su siguiente zarpazo. A cambio de unas últimas referencias que me ha hecho llegar sobre Pettit, ahí va el párrafo clave del relato incluido en Los años de Downing Street:

«Pusieron una bomba a un autocar que transportaba guardias irlandeses, matando a un transeúnte e hiriendo a varios soldados. La bomba contenía clavos de seis pulgadas para tratar de causar el mayor daño y sufrimiento posibles. Me apresuré a presentarme en la escena del atentado y, con gran espanto, extraje uno de los clavos de un lateral del autocar. Decir que alguien capaz de eso es un animal, sería equivocado: ningún animal haría tal cosa. Fui a visitar a los heridos a los tres hospitales de Londres a los que habían sido trasladados. Salí más decidida que nunca a que se aislara, se privara de ayuda y se venciera a los terroristas».

Le esperaba un camino largo, duro y difícil.

pedroj.ramirez@el-mundo.es

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