El CGPJ acusa: Ibarretxe 'hostiga' a los jueces para que archiven su causa
31-01-07
CRISIS ANTITERRORISTA / Declaración unánime del Consejo General del Poder Judicial tras la manifestación de Bilbao / Afirma que la Justicia «no puede ser enfrentada con otras instituciones pretendidamente más propias»
El CGPJ acusa: Ibarretxe 'hostiga' a los jueces para que archiven su causa
MARIA PERAL
CRISIS ANTITERRORISTA / Declaración unánime del Consejo General del Poder Judicial tras la manifestación de Bilbao / Afirma que la Justicia «no puede ser enfrentada con otras instituciones pretendidamente más propias»
El CGPJ acusa: Ibarretxe 'hostiga' a los jueces para que archiven su causa
MARIA PERAL
MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió ayer en defensa de los jueces vascos con una contundente declaración oficial -aprobada por unanimidad- en la que «reclama» el «cese inmediato» de las «campañas o manifestaciones que pretendan hostigar y deslegitimar» a los Tribunales.
Para el CGPJ, la manifestación del lunes en Bilbao, en la que se exigió el archivo del proceso penal abierto contra el lehendakari Ibarretxe por celebrar una reunión institucional con la ilegalizada Batasuna, forma parte de esa campaña de «hostigamiento» que trata de deslegitimar al Poder Judicial.
(.../...)
El órgano de gobierno de los jueces asegura que éstos actúan «exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada a razones políticas» y considera especialmente rechazable la «presión» a la que se está sometiendo a los jueces que ejercen en el País Vasco, que ya trabajan en condiciones difíciles de «peligro físico real».
Es la declaración institucional más tajante de las aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial cuando ha tenido que reaccionar ante los ataques a los jueces.
Su valor es mayor por el hecho de que, a diferencia de otras ocasiones, ha sido aprobada por todos los miembros de la Comisión Permanente, órgano que preside Francisco Hernando, presidente del Consejo, y del que forman parte Carlos Ríos y Enrique López (propuestos por el PP) y Luis Aguiar y Juan Carlos Campo (propuestos por el PSOE).
Los cinco miembros de la Comisión labraron un laborioso acuerdo en el que emplearon casi tres horas sobre la base de un borrador que llevó redactado Enrique López.
Era un documento «de máximos» -según admitieron fuentes del grupo mayoritario- que fue limado sucesivamente para que satisficiera al sector minoritario.
Así, en el último punto de la declaración, se sustituyó el verbo «exigir» por el de «reclamar» el cese de las campañas antijudiciales y en el párrafo cuarto se introdujo el concepto de la «debida exigencia de responsabilidad» a los jueces.
Uno de los aspectos más discutidos fue el relacionado con la defensa de la independencia judicial que, a juicio del CGPJ, corresponde a todos los poderes públicos.
Los vocales de la mayoría pretendieron añadir que esa defensa incumbe, de modo especial, al Ministerio Fiscal dado el mandato del artículo 124 de la Constitución. Los consejeros del sector minoritario se negaron a que se incluyera una mención específica a la Fiscalía ya que podría ser interpretada como una crítica a Cándido Conde-Pumpido.
En el camino hacia el consenso quedaron otras alusiones contenidas en el borrador inicial, como la referida a que ninguna Constitución democrática permite espacios de impunidad para el poder político.
La declaración aprobada es del tenor siguiente:
«La Justicia (...) es la clave de la efectividad del Estado de Derecho. No existe otra garantía final, distinta o mejor a la Justicia, que asegure que los ciudadanos y los poderes públicos actúan respetando las normas aprobadas democráticamente.
«La Justicia (...) es una institución al servicio de todos los ciudadanos. Jamás puede ser vista como ajena o extraña a aquellos a los que sirve y menos aún puede ser enfrentada con otras instituciones pretendidamente más propias.
«La sujeción a un procedimiento jurisdiccional de un responsable político, en identidad de situación a cualquier ciudadano, en modo alguno puede ser percibido como una agresión externa e ilegítima, sino bien al contrario, como la más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley. (...)
«Los Tribunales actúan única y exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada en sus decisiones a razones políticas o de otra naturaleza. Los posibles errores en los que pudieran incurrir esos mismos Tribunales deben ser enmendados, como en cualquier otra democracia constitucional, a través del sistema procesal de recursos o la debida exigencia de responsabilidad de quienes las dicten, pero nunca mediante presiones o campañas de acoso.
«La manifestación celebrada en el día de ayer [por el lunes] en Bilbao, tras el lema En defensa de nuestras instituciones, tenía como objeto obtener una determinada decisión jurisdiccional (el sobreseimiento de un procedimiento) a través de presión política y al margen de los cauces legales.
«No cabe olvidar en este momento la especial situación en la que ha sido ejercida la jurisdicción en el País vasco en estas últimas décadas. Una situación de acoso y de peligro físico real que incluso, en ocasiones, se ha materializado en atentados contra la vida de jueces. Esa realidad, que no puede desconocerse, debiera demandar un apoyo institucional constante a los jueces y magistrados que prestan sus servicios en el País Vasco. Esta misma situación hace especialmente rechazables los actos que puedan agravarla.
«La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía ciudadana (...). La defensa de la independencia judicial nos incumbe a todos, especialmente a las instituciones y poderes públicos.
«Por todo lo anterior, este Consejo General del Poder Judicial reclama el cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces (...)
«Todo lo indicado lo es, por supuesto, con pleno respeto al ejercicio legítimo, aunque no absolutamente ilimitado, de derechos constitucionales esenciales como son el de expresión y manifestación».
El Gobierno vasco contestó al CGPJ que «no es un órgano facultado para censurar o aplaudir la actuación política» y sostuvo que Ibarretxe, que hoy está citado como imputado ante el Tribunal del País Vasco, «no es un ciudadano más, por lo que no se puede pretender juzgar sus actuaciones como si no ejerciera una alta representación».
Para el CGPJ, la manifestación del lunes en Bilbao, en la que se exigió el archivo del proceso penal abierto contra el lehendakari Ibarretxe por celebrar una reunión institucional con la ilegalizada Batasuna, forma parte de esa campaña de «hostigamiento» que trata de deslegitimar al Poder Judicial.
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El órgano de gobierno de los jueces asegura que éstos actúan «exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada a razones políticas» y considera especialmente rechazable la «presión» a la que se está sometiendo a los jueces que ejercen en el País Vasco, que ya trabajan en condiciones difíciles de «peligro físico real».
Es la declaración institucional más tajante de las aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial cuando ha tenido que reaccionar ante los ataques a los jueces.
Su valor es mayor por el hecho de que, a diferencia de otras ocasiones, ha sido aprobada por todos los miembros de la Comisión Permanente, órgano que preside Francisco Hernando, presidente del Consejo, y del que forman parte Carlos Ríos y Enrique López (propuestos por el PP) y Luis Aguiar y Juan Carlos Campo (propuestos por el PSOE).
Los cinco miembros de la Comisión labraron un laborioso acuerdo en el que emplearon casi tres horas sobre la base de un borrador que llevó redactado Enrique López.
Era un documento «de máximos» -según admitieron fuentes del grupo mayoritario- que fue limado sucesivamente para que satisficiera al sector minoritario.
Así, en el último punto de la declaración, se sustituyó el verbo «exigir» por el de «reclamar» el cese de las campañas antijudiciales y en el párrafo cuarto se introdujo el concepto de la «debida exigencia de responsabilidad» a los jueces.
Uno de los aspectos más discutidos fue el relacionado con la defensa de la independencia judicial que, a juicio del CGPJ, corresponde a todos los poderes públicos.
Los vocales de la mayoría pretendieron añadir que esa defensa incumbe, de modo especial, al Ministerio Fiscal dado el mandato del artículo 124 de la Constitución. Los consejeros del sector minoritario se negaron a que se incluyera una mención específica a la Fiscalía ya que podría ser interpretada como una crítica a Cándido Conde-Pumpido.
En el camino hacia el consenso quedaron otras alusiones contenidas en el borrador inicial, como la referida a que ninguna Constitución democrática permite espacios de impunidad para el poder político.
La declaración aprobada es del tenor siguiente:
«La Justicia (...) es la clave de la efectividad del Estado de Derecho. No existe otra garantía final, distinta o mejor a la Justicia, que asegure que los ciudadanos y los poderes públicos actúan respetando las normas aprobadas democráticamente.
«La Justicia (...) es una institución al servicio de todos los ciudadanos. Jamás puede ser vista como ajena o extraña a aquellos a los que sirve y menos aún puede ser enfrentada con otras instituciones pretendidamente más propias.
«La sujeción a un procedimiento jurisdiccional de un responsable político, en identidad de situación a cualquier ciudadano, en modo alguno puede ser percibido como una agresión externa e ilegítima, sino bien al contrario, como la más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley. (...)
«Los Tribunales actúan única y exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada en sus decisiones a razones políticas o de otra naturaleza. Los posibles errores en los que pudieran incurrir esos mismos Tribunales deben ser enmendados, como en cualquier otra democracia constitucional, a través del sistema procesal de recursos o la debida exigencia de responsabilidad de quienes las dicten, pero nunca mediante presiones o campañas de acoso.
«La manifestación celebrada en el día de ayer [por el lunes] en Bilbao, tras el lema En defensa de nuestras instituciones, tenía como objeto obtener una determinada decisión jurisdiccional (el sobreseimiento de un procedimiento) a través de presión política y al margen de los cauces legales.
«No cabe olvidar en este momento la especial situación en la que ha sido ejercida la jurisdicción en el País vasco en estas últimas décadas. Una situación de acoso y de peligro físico real que incluso, en ocasiones, se ha materializado en atentados contra la vida de jueces. Esa realidad, que no puede desconocerse, debiera demandar un apoyo institucional constante a los jueces y magistrados que prestan sus servicios en el País Vasco. Esta misma situación hace especialmente rechazables los actos que puedan agravarla.
«La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía ciudadana (...). La defensa de la independencia judicial nos incumbe a todos, especialmente a las instituciones y poderes públicos.
«Por todo lo anterior, este Consejo General del Poder Judicial reclama el cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces (...)
«Todo lo indicado lo es, por supuesto, con pleno respeto al ejercicio legítimo, aunque no absolutamente ilimitado, de derechos constitucionales esenciales como son el de expresión y manifestación».
El Gobierno vasco contestó al CGPJ que «no es un órgano facultado para censurar o aplaudir la actuación política» y sostuvo que Ibarretxe, que hoy está citado como imputado ante el Tribunal del País Vasco, «no es un ciudadano más, por lo que no se puede pretender juzgar sus actuaciones como si no ejerciera una alta representación».
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