El nacionalismo vasco exige que los jueces «no controlen» a los políticos
30-01-07
CRISIS ANTITERRORISTA / Iñigo Urkullu afirma que «no se puede admitir que el 'lehendakari' sea llamado a declarar como si fuera un delincuente común» / Los convocantes exigen el archivo de la causa contra Ibarretxe
El nacionalismo vasco exige que los jueces «no controlen» a los políticos
«No se puede admitir que el 'lehendakari' sea llamado a declarar como si fuera un delincuente común», declaró el portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, en la manifestación que congregó a miles de personas en Bilbao
ROBERTO L. DE CALLE
CRISIS ANTITERRORISTA / Iñigo Urkullu afirma que «no se puede admitir que el 'lehendakari' sea llamado a declarar como si fuera un delincuente común» / Los convocantes exigen el archivo de la causa contra Ibarretxe
El nacionalismo vasco exige que los jueces «no controlen» a los políticos
«No se puede admitir que el 'lehendakari' sea llamado a declarar como si fuera un delincuente común», declaró el portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, en la manifestación que congregó a miles de personas en Bilbao
ROBERTO L. DE CALLE
BILBAO.- Los partidos que conforman el Gobierno vasco (PNV, EA y Ezker Batua) y Aralar consumaron ayer en Bilbao la segunda de las iniciativas concebidas para exigir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el archivo de la causa que se sigue contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y sacaron a la calle a miles de personas en torno a un lema -En defensa de nuestras instituciones- y un mensaje: el control que efectúa el Poder Judicial «nunca» puede «impedir» a los representantes institucionales el «ejercicio democrático de la política».
En su afán por preservar la acción política «democrática» del control judicial, el portavoz de la Ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu, rechazó admitir, «bajo ningún concepto, que se cite a declarar al lehendakari como si fuese un delincuente común» por el hecho de «dialogar» con los representantes de la ilegalizada Batasuna.
(.../...)
Los organizadores no pusieron en duda el principio de separación de poderes ni el sistema de «controles mutuos» que pretende garantizar la limitación de cada uno de ellos, pero aseguraron que ese equilibrio «está siendo claramente violentado» por actuaciones judiciales como las que denunciaron ayer en la calle.
Tras reconocer «la capacidad de control» del Poder Judicial sobre otros poderes del Estado, lo limitaron hasta afirmar que dicho control «nunca puede realizarse para impedir a nuestros representantes sus derechos fundamentales y el ejercicio democrático de la política».
De hecho, incidieron en la misma idea al reclamar «el ejercicio de la política sin la amenaza de su judicialización», porque tanto el diálogo como las actuaciones dirigidas a «impulsar soluciones justas y democráticas a los problemas nunca pueden ser ilegales ni delictivas».
Más de 10.000 personas -45.000, según la Policía Municipal de Bilbao-, entre ellas, la propia esposa del lehendakari, Begoña Arregi, siguieron las consignas de los partidos convocantes y secundaron una marcha presidida por los representantes políticos e institucionales vascos del ámbito nacionalista, a excepción del propio Ibarretxe, y por sus dos predecesores en el cargo, Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza.
Fueron éstos quienes, con un notable simbolismo -la manifestación partió del Hotel Carlton de Bilbao, cuyo sótano albergó al Gobierno vasco durante la Guerra Civil-, cerraron la manifestación y dieron lectura a un comunicado en el que no se hizo mención alguna a la legalidad vigente -en la que se enmarca la Ley de Partidos Políticos-, pero que incidió de forma reiterada «en el ejercicio democrático de la política».
Además de reiterar que la causa contra Ibarretxe -como cooperador necesario en un delito de desobediencia supuestamente cometido por los miembros de Batasuna con los que se reunió- supone «un ataque al conjunto de la sociedad vasca», los ex lehendakaris reiteraron que el proceso penal constituye una «clara interferencia política» que «condiciona la actividad» del jefe del Ejecutivo vasco.
En el comunicado, los organizadores, que también se arrogaron la función de «preservar» el espacio de «deliberación pública» y su defensa frente a «cualquier intento de agresión», llegaron a asegurar que la sola «pretensión de impedir» el «ejercicio libre y responsable de la política» constituye también una «limitación» a sus «libertades públicas».
El texto volvió a dejar claro que las críticas del nacionalismo no se dirigen al conjunto de la Judicatura -«sabemos de muchos jueces que, en condiciones difíciles, llevan a cabo su tarea con una integridad encomiable»-, sino a los miembros de la Sala de lo Civil y lo Penal, que han recibido un aluvión de críticas desde que se admitió a trámite, el verano pasado, la querella del Foro Ermua contra Ibarretxe.
Tras volver a exigir el «archivo inmediato» de la causa penal, el ex lehendakari José Antonio Ardanza insistió en que las movilizaciones no buscan únicamente transmitir «solidaridad» a Ibarretxe, sino defender el principio de la acción política frente a «la amenaza de la criminalización del diálogo».
El acto concluyó con el envío de un «cálido agradecimiento» de Juan José Ibarretxe a los asistentes, la mayoría de ellos de avanzada edad.
La manifestación de ayer constituyó el punto y seguido de las movilizaciones en defensa del lehendakari, que se repetirán, esta vez en forma de concentración, mañana mismo, cuando Juan José Ibarretxe afronte su histórica comparecencia ante el magistrado que instruye su caso.
El coordinador general de Ezker Batua, Javier Madrazo, señaló ayer que la movilización se había hecho «a favor de la ciudadanía vasca y del conjunto de las instituciones y en favor del libre ejercicio de los derechos fundamentales como es el de reunión y el ejercicio de la libertad de expresión», por lo que consideró «incomprensible» la ausencia del PSE , sobre todo cuando este partido «se ha reunido permanentemente con ETA y con Batasuna», afirmó.
Una opinión compartida por el secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, quien sostuvo que se ha «judicializado en exceso la política vasca» y calificó de «despropósito jurídico» que se llame a declarar a Ibarretxe por ejercer su «derecho y obligación» de hablar con una «representación política», mientras que el Gobierno puede dialogar con una organización terrorista como ETA.
En su afán por preservar la acción política «democrática» del control judicial, el portavoz de la Ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu, rechazó admitir, «bajo ningún concepto, que se cite a declarar al lehendakari como si fuese un delincuente común» por el hecho de «dialogar» con los representantes de la ilegalizada Batasuna.
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Los organizadores no pusieron en duda el principio de separación de poderes ni el sistema de «controles mutuos» que pretende garantizar la limitación de cada uno de ellos, pero aseguraron que ese equilibrio «está siendo claramente violentado» por actuaciones judiciales como las que denunciaron ayer en la calle.
Tras reconocer «la capacidad de control» del Poder Judicial sobre otros poderes del Estado, lo limitaron hasta afirmar que dicho control «nunca puede realizarse para impedir a nuestros representantes sus derechos fundamentales y el ejercicio democrático de la política».
De hecho, incidieron en la misma idea al reclamar «el ejercicio de la política sin la amenaza de su judicialización», porque tanto el diálogo como las actuaciones dirigidas a «impulsar soluciones justas y democráticas a los problemas nunca pueden ser ilegales ni delictivas».
Más de 10.000 personas -45.000, según la Policía Municipal de Bilbao-, entre ellas, la propia esposa del lehendakari, Begoña Arregi, siguieron las consignas de los partidos convocantes y secundaron una marcha presidida por los representantes políticos e institucionales vascos del ámbito nacionalista, a excepción del propio Ibarretxe, y por sus dos predecesores en el cargo, Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza.
Fueron éstos quienes, con un notable simbolismo -la manifestación partió del Hotel Carlton de Bilbao, cuyo sótano albergó al Gobierno vasco durante la Guerra Civil-, cerraron la manifestación y dieron lectura a un comunicado en el que no se hizo mención alguna a la legalidad vigente -en la que se enmarca la Ley de Partidos Políticos-, pero que incidió de forma reiterada «en el ejercicio democrático de la política».
Además de reiterar que la causa contra Ibarretxe -como cooperador necesario en un delito de desobediencia supuestamente cometido por los miembros de Batasuna con los que se reunió- supone «un ataque al conjunto de la sociedad vasca», los ex lehendakaris reiteraron que el proceso penal constituye una «clara interferencia política» que «condiciona la actividad» del jefe del Ejecutivo vasco.
En el comunicado, los organizadores, que también se arrogaron la función de «preservar» el espacio de «deliberación pública» y su defensa frente a «cualquier intento de agresión», llegaron a asegurar que la sola «pretensión de impedir» el «ejercicio libre y responsable de la política» constituye también una «limitación» a sus «libertades públicas».
El texto volvió a dejar claro que las críticas del nacionalismo no se dirigen al conjunto de la Judicatura -«sabemos de muchos jueces que, en condiciones difíciles, llevan a cabo su tarea con una integridad encomiable»-, sino a los miembros de la Sala de lo Civil y lo Penal, que han recibido un aluvión de críticas desde que se admitió a trámite, el verano pasado, la querella del Foro Ermua contra Ibarretxe.
Tras volver a exigir el «archivo inmediato» de la causa penal, el ex lehendakari José Antonio Ardanza insistió en que las movilizaciones no buscan únicamente transmitir «solidaridad» a Ibarretxe, sino defender el principio de la acción política frente a «la amenaza de la criminalización del diálogo».
El acto concluyó con el envío de un «cálido agradecimiento» de Juan José Ibarretxe a los asistentes, la mayoría de ellos de avanzada edad.
La manifestación de ayer constituyó el punto y seguido de las movilizaciones en defensa del lehendakari, que se repetirán, esta vez en forma de concentración, mañana mismo, cuando Juan José Ibarretxe afronte su histórica comparecencia ante el magistrado que instruye su caso.
El coordinador general de Ezker Batua, Javier Madrazo, señaló ayer que la movilización se había hecho «a favor de la ciudadanía vasca y del conjunto de las instituciones y en favor del libre ejercicio de los derechos fundamentales como es el de reunión y el ejercicio de la libertad de expresión», por lo que consideró «incomprensible» la ausencia del PSE , sobre todo cuando este partido «se ha reunido permanentemente con ETA y con Batasuna», afirmó.
Una opinión compartida por el secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, quien sostuvo que se ha «judicializado en exceso la política vasca» y calificó de «despropósito jurídico» que se llame a declarar a Ibarretxe por ejercer su «derecho y obligación» de hablar con una «representación política», mientras que el Gobierno puede dialogar con una organización terrorista como ETA.
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